AGLI Recortes de Prensa   Martes 13  Marzo 2018

Cansancio y hartazgo en el Tribunal Constitucional.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 13 Marzo 2018

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRAMITARÁ EL RECURSO SOBRE EL BLOQUEO INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SIN DARLE CARÁCTER DE URGENCIA.

¿Se ha hartado el Tribunal Constitucional de que le usen como brazo ejecutor de conflictos y decisiones políticas? Puede que sí, porque con el desafío secesionista del Gobierno y del Parlamento de Cataluña dominado por fuerzas independentistas y golpistas, no hay día en que no surjan conflictos de legalidades y legitimidades. Una especie de pulso entre los golpistas y el Estado de Derecho que no se atreve a dar el paso decisivo para terminar con esa situación. Porque deben ser el Ejecutivo y el Parlamento de España los que respondan a los golpistas de la única forma que la Constitución permite y es la de suspender la autonomía y tomar el control de todas sus competencias, además de proceder a la ilegalización de los partidos golpistas. La decisión del Tribunal Constitucional de darle carácter normal y no de urgencia al recurso del PSC sobre el bloqueo institucional y exigir que comience a contar el plazo de dos meses para la convocatoria de nuevas elecciones, caso de no haber investidura de Presidente de la Generalidad, dilata esta situación muchos meses más de los que el recurso intenta delimitar.

Y esto vuelve a ser una incongruencia en lo que se supone, según la doctrina del propio Tribunal Constitucional, la preservación del bien jurídico superior que se debe proteger. En este caso el espíritu de la ley que fija ese plazo de dos meses, pero dando por supuesto que existe un candidato viable y que se celebra la sesión de investidura. Y es precisamente la actitud del Presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, con su decisión unilateral de posponer “sine die” ese pleno de investidura, lo que provoca la situación inaceptable de bloqueo institucional. Se crea así una suerte de limbo jurídico donde se están vulnerando los derechos de los diputados en su labor como tales como representantes de los ciudadanos, con la designación de una Presidencia y Gobierno de la Generalidad para la Administración de la autonomía y las propias del debate parlamentario y de legislación. Al impedir este proceso, se comete un fraude de ley y una vulneración manifiesta de esos derechos con perjuicio de los intereses de los ciudadanos de esa comunidad.

Una situación que podría terminarse si el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria presentasen una candidatura, a la que el Presidente de la Mesa no podría oponerse, ya que no lo hizo admitiendo la de Jordi Sánchez que tampoco contaba con votos suficientes para ser investido ni en primera ni en segunda vuelta. Me refiero a una candidatura de consenso como la de Miquel Iceta del PSC si contase con el apoyo de PPC y CIUDADANOS. Una alternativa viable que podría sustituir a la candidatura de Inés Arrimadas de CIUDADANOS que ya ha expresado repetidamente que no piensa presentarla por no disponer los apoyos suficientes, algo que la de Jordi Sánchez tampoco cumple. Y es que lo que se debe perseguir es que no continúe esta burla al Estado de Derecho por indefinición de la ley. Para ello hay que usar los mismos argumentos que han usado los golpistas con la actitud manifiestamente cómplice de Roger Torrent, para admitir a un candidato sin apoyos suficientes, ya que la CUP ha manifestado públicamente que solo votará a un candidato que tenga un compromiso claro para implantar la república independiente de Cataluña.

No se puede todo fiar, como ha hecho el Gobierno de España y ahora el PSOE a través de su socio el PSC de Miquel Iceta, a que sea el Tribunal Constitucional el que vaya legislando sobre la marcha en un terreno inexplorado que ninguna Constitución, Estatuto de Autonomía, ni Reglamentos o leyes autonómicas contemplan. Bien por no haberse considerado como escenarios posibles o bien por ambigüedad o vacío normativo. No se puede judicializar la política, así como tampoco se puede politizar la justicia. La separación de poderes exige que cada cual cumpla con su parte de responsabilidad. La justicia, como la política, necesita sus tiempos para el estudio sereno de los asuntos que se le presentan. Y al igual que es una norma no escrita que no se puede legislar "en caliente", tampoco se puede sentenciar sin haber considerado en profundidad todos los aspectos antes de emitir sentencias y crear jurisprudencia.

El Ejecutivo y el Legislativo de España tienen los medios suficientes y necesarios para adoptar decisiones acordes con las leyes en vigor. Una realidad que ha hecho posible que el Senado de España aprobase las medidas de intervención de la comunidad autónoma de Cataluña amparadas bajo el artículo 155 de la Constitución. Otra cosa es si estas medidas han sido las oportunas y suficientes para el objetivo que se perseguía. Y aquí existe discrepancia entre opiniones, en las que algunos opinamos que han sido precipitadas, insuficientes e ineficaces para el objetivo pretendido de sofocar una rebelión manteniendo a los mismos partidos golpistas legalizados, a sus representantes y fracasando en poner ante la justicia a los principales inductores y actores del que fue, sin duda, un golpe de Estado. Un fracaso en toda regla que ahora se ve agravado tras unas elecciones autonómicas donde los independentistas han vuelto a obtener la mayoría parlamentaria en coalición.

El Tribunal Constitucional con esta decisión de no dar urgencia al recurso del PSC, se posiciona marcando distancia con esta judicialización de la política y obliga al Ejecutivo y Legislativo a cumplir con su responsabilidad con los medios más que suficientes que disponen. Y es que va siendo hora de que “cada palo asuma su vela”.

¡Que pasen un buen día!

Alquiler, compra u okupación del PP
Guillermo Dupuy Libertad Digital 13 Marzo 2018

El tiempo dirá si las millonarias ayudas aprobadas el viernes por el Gobierno a los menores de 35 años que alquilen o compren viviendas en ciudades de menos de 5.000 habitantes, van a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y la "rehabilitación urbana y rural", tal y como pretende el Ejecutivo de Rajoy. No faltan quienes aseguran que esas subvenciones servirán, en realidad, para que los propietarios de pisos suban el alquiler a sus inquilinos sabiendo que tienen más capacidad de pago, tal y como ya pronostican algunos expertos.

Sea como fuere, lo que es innegable es que se trata de una medida típicamente socialdemócrata, prácticamente calcada a la que en su día llevó a cabo el Gobierno de Zapatero con la critica de la oposición liberal-conservadora que entonces todavía representaba –o fingía representar– el PP Rajoy. En lugar de fomentar el empleo con una reducción de la presión fiscal y del gasto público, en general, y liberalizar y dotar de mucha mayor seguridad jurídica al mercado del alquiler de vivienda, muy en particular, el Gobierno de Rajoy, como en su día el de ZP, se dedica a fomentar la cultura del subsidio para satisfacer las apetencias de unos colectivos muy concretos; apetencias absolutamente lógicas, que no tendrían además nada de ilegítimas si no fuera –claro está– porque son sufragadas por todos los demás ciudadanos.

Aunque siempre sea oportuno recordar, en este sentido, la manida pero brillantísima afirmación de Bastiat, según la cual "el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de todos los demás", no vamos a insistir a estas alturas en que la victoria del PP de Rajoy en las elecciones de 2011 significó, en realidad, el fin de la representación parlamentaria de la derecha liberal en nuestro país.

Por mucho que sea un asunto relativamente menor comparado con la multitud y la gravedad de cosas en las que el PP ha alquilado sus siglas o puesto en venta sus principios a la socialdemocracia imperante, las subvenciones de los populares al alquiler no son mero electoralismo o hipocresía de quien hace ahora de manera puntual lo que en su día criticó. Es mucho más grave.

El alquiler, compra o mera okupación de las siglas del PP por parte de una socialdemocracia –muy pusilánime y condescendiente, además, con la lacra del nacionalismo– constituye, en mi opinión, una de las cosas más graves y desestabilizadoras que le ha sucedido a nuestra democracia. Y mucho me temo que ese hueco liberal dejado por este irreconocible PP socialdemócrata no lo venga a ocupar la formación que lidera Albert Rivera, por mucho que se hagan ilusiones algunos y por mucho que Ciudadanos se diga "progresista y liberal". Pero, en fin, el tiempo dirá… Si no lo está haciendo ya.

«La verdad»
RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS ABC 13 Marzo 2018

El evangelista san Juan nos cuenta como el Gobernador romano, Poncio Pilato, interrogó a Jesús de Nazaret sobre las acusaciones que le formulaba el Sanedrín y le preguntó si verdaderamente era Rey, cuando Jesús responde afirmativamente, añade: «Para eso nací y vine al mundo, para dar testimonio de la verdad». Pilato contesta, con lo que hoy llamaríamos pregunta retórica: «¿Y qué es la verdad?», dando la vuelta y saliendo al exterior para dirigirse a los judíos.

La respuesta la había dado el Nazareno varios meses antes cuando dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Para los creyentes solo Dios tiene la verdad, los hombres poseemos «nuestra verdad», que tenemos derecho a sostener y defender, pero no a imponerla a los demás. Al margen de creencias religiosas, la libertad democrática se asienta en el principio de que a nadie se puede obligar a aceptar una verdad que rechace; eso no quiere decir que no existan realidades incontestables desde el punto de vista jurídico, pero son únicamente la verdad formal que un Tribunal de Justicia libre e independientemente declare sobre hechos que juzgue.

Hace pocos días, en Barcelona, hablé de la tentación totalitaria de los que no se someten a la Ley porque tienen una verdad absoluta por encima de ella, perdón por la autocita, que me permite señalar ahora que hay otra tentación, igualmente totalitaria, la de intervenir con la Ley, creando verdades y sustrayendo a la investigación científica y a la libre opinión la existencia de unos acontecimientos y su valoración, creando una especie de verdad revelada políticamente; es el caso de la pretensión que se apunta en la proposición de Ley de ampliación de la de Memoria Histórica, que publicó el Boletín del Congreso de los Diputados el pasado 22 de diciembre.

Comienza dicha propuesta por una Exposición de Motivos singularmente extensa, lo que me hace recordar aquel consejo que recibí en la Escuela Judicial de la boca de un insigne jurista, a la sazón director de dicho órgano formativo y presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, don Manuel de la Plaza, que nos dijo: «Los considerandos (así se llamaban los actuales Fundamentos Jurídicos) han de ser solo los necesarios, la pluralidad de argumentos revela inseguridad en la convicción de lo que se dice», cuando hay que exponer tanto los motivos de algo que se va a hacer puede causar la impresión de que no se está seguro, o peor aún, que no se confiesan los verdaderos motivos.

Personalmente era un niño de dos años cuando empezó la guerra, que cumplí cinco justo al terminar; por aquellos tiempos cuando se hablaba de la guerra era siempre la Guerra Civil Española de 1936-39; conocí por tanto el horror de aquel desastre histórico y fui testigo, aunque infantil, de los odios, los crímenes y las venganzas que cometieron uno y otro bando y que permanecieron durante algunos años siguientes. En la adolescencia recibí el ejemplo de reconciliación y paz que me dio mi padre y lo cultivé y seguí fielmente; después consagré mi vida al Derecho, y más tarde también a la Justicia, de manera apasionada, consumiendo en ello mi propia vida y cuando esa reconciliación y esa paz cristalizaron en una ejemplar Transición a la Democracia, creí sinceramente que, por fin, habíamos encontrado los españoles el perdón recíproco. Pues bien, ahora se apunta la posibilidad de ahondar de nuevo en aquella absurda distinción entre buenos y malos, que creíamos desterrada y que únicamente cambia de signo.

Bien recientemente y en estas mismas páginas, un político de Estado, que no de partido, Fernando Suárez, que además es jurista y hombre de bien, puso de manifiesto los peligros y las situaciones absurdas a que llevaría la conversión en Ley de esta propuesta, que entre otras cosas, anuncia la creación de una «Comisión de la Verdad» que, aunque sin comparación posible, podría recordar aquel organismo que desde Moscú se ocupaba de realizar periódicas correcciones de la Enciclopedia Soviética, según la situación política de los dirigentes del Kremlin en cada momento y que llegaba hasta la pintoresca supresión de la figura de los que habían caído en desgracia desde la última edición, suprimiéndolos de las fotografías de grupo, en un absurdo y siniestro «photoshop».

Respetemos y apoyemos todos, sin reserva alguna, el legítimo derecho de los familiares de los asesinados a rescatar sus restos, pero tratando exactamente igual a los desaparecidos cadáveres de García Lorca y de Muñoz Seca, y todo ello para darles una sepultura digna, no para resucitar el enfrentamiento desde el BOE.

Dejemos a los muertos en paz y confiemos a los profesionales que investiguen y discutan los acontecimientos históricos, como lo hicieron a lo largo de los tiempos hombres tan insignes como Sánchez Albornoz y Américo Castro, por ejemplo, pero sin condicionar sus libertades de creación científica y de cátedra, que les reconoce y protege, dentro de la libertad de expresión a la que todos debemos poder acceder, el art. 20 de la Constitución, y no estableciendo una proscrita censura, con la amenaza legal de sanciones administrativas y hasta penas de cárcel, viniendo a instaurar una suerte de «Inquisición laica», disparatada pretensión que confiemos no llegue a plasmarse y ante la que tendría que salir al paso, por una u otra vía, el Tribunal Constitucional.

Los ochenta años que están a punto de transcurrir desde el final de la Guerra Civil y los cuarenta que también llegarán en este mismo año desde la promulgación de la Constitución, que proclama, reconoce y protege nuestras libertades, exige no solo el perdón de cualquier culpa de los unos o de los otros, sino también un misericordioso olvido de ellas, porque esa generosa actitud que nació en 1978, no es incompatible con el sereno recuerdo de las víctimas, fueran también propias o ajenas. La paz se construye mirando al futuro; no volvamos más la vista atrás, como no sea para perdonar.

Una obligación moral para con las víctimas
Cayetano González Libertad Digital 13 Marzo 2018

Acabamos de vivir un nuevo aniversario del mayor atentado terrorista que han sufrido nuestro país y Europa, el del 11 de marzo de 2004, con 192 muertos y casi 2.000 personas heridas, algunas de ellas no recuperadas del todo, ni física ni psíquicamente. Un nuevo aniversario, con sus rituales de homenaje, en la Puerta del Sol, en el Bosque del Recuerdo del Retiro, en las estaciones donde explotaron los trenes. La misma liturgia de siempre, con la presencia de políticos de uno u otro signo. Por cierto, ¿qué cosa más importante tenía que hacer el domingo por la mañana el presidente del Gobierno –o la vicepresidenta– para no estar en ninguno de esos actos de recuerdo y limitarse a poner un tuit?

Las víctimas, las del 11-M y las de ETA, están ya un poco cansadas de homenajes, de rosas, de globos soltados al aire. Exigen, demandan, desean conocer, en el caso del 11-M, toda la verdad de lo que pasó y, en el caso de los crímenes de ETA, que se resuelvan judicialmente los más de 300 asesinatos de los que aún no se sabe quiénes fueron los autores.

Hace unos días tuve la oportunidad de charlar largo y tendido con José Ignacio Ustarán, un ciudadano desconocido para la mayoría de los españoles. José Ignacio tenía trece años cuando, el 29 de setiembre de 1980, un comando de ETA político-militar llamó a la puerta de su casa, en Vitoria, en busca de su padre, miembro de la UCD de Álava. Los terroristas ataron a su madre y a sus hermanas, se llevaron a su padre y después de darle una vuelta en coche por la ciudad, le pegaron dos tiros y dejaron el cadáver en su vehículo, a la puerta de la sede que el partido de Adolfo Suarez tenía en la céntrica calle de San Prudencio de Vitoria.

Treinta y ocho años después de aquel horrible crimen, José Ignacio, su madre y sus hermanas –que se trasladaron a vivir a Sevilla al mes siguiente del atentado– siguen sin saber quiénes fueron los asesinos. Y como en el Estado –en este caso, en la judicatura– no han encontrado ni ayuda ni respuestas a sus preguntas, se están planteando iniciar una investigación por su cuenta. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo un Estado puede permanecer impasible ante tan manifiesto fracaso? Pues el caso de José Ignacio Ustarán es uno de los más de 300 crímenes de ETA que están sin resolver y que de forma tan acertada denuncia la película Contra la impunidad, de ese gran director de cine y enorme persona que es Iñaki Arteta.

En el caso del 11-M, la situación es muy similar. Muchas víctimas no se quedaron para nada conformes con la sentencia del juicio. Quieren saber toda la verdad, quién estuvo detrás, quién fue lo que se ha venido en denominar el "autor intelectual" de un atentado que sin ningún género de dudas cambió el rumbo político de España. Y ante ese deseo de las víctimas del 11-M, y con ellas muchos ciudadanos, ¿qué han hecho o qué hacen los políticos, los de antes y los de ahora? Pasar página, intentar cerrar uno de los capítulos más trágicos de nuestra historia reciente. No quieren conocer la verdad ni que ésta sea conocida, por muy dura que resulte. Pero, eso sí, acuden a los homenajes y depositan flores ante los monolitos.

No es que las víctimas, las del 11-M y las de ETA, tengan el derecho, que lo tienen, a conocer toda la verdad y a los autores de los asesinatos. Es que es una obligación moral del Estado impulsar y llegar a esa verdad. Habrá que agarrarse a lo que dice mi admirado Gabriel Moris, víctima del 11-M –perdió a su hijo Juan Pablo en el atentado– al final de su magnífico artículo publicado estos días en LD: "La esperanza es lo último que debemos y podemos perder". Tienes razón Gabriel, pero cuánto cuesta a veces mantenerla, sobre todo si sólo miras de tejas abajo.

El chollo del 'nivel 33': 500 expolíticos cobran sobresueldos "discriminatorios" de Hacienda
Un tribunal considera un gasto irracional el complemento vitalicio a funcionarios que pasaron por la política. La partida ha sobrevivido a todos los recortes. Solo Baleares lo ha tumbado
Jesús Escudero. Rafael Méndez. elconfidencial 13 Marzo 2018

Los funcionarios lo conocen como el 'nivel 33'. Aunque el máximo en el escalafón es el 30, este sobresueldo se conoce así porque fue creado por el artículo 33 de una ley de 1990. Esa norma establecía que los funcionarios que pasasen dos años en un puesto de alto cargo, de designación política, cobrarían a su regreso a la función pública un plus hasta su jubilación. El Confidencial ha pedido a través de la Ley de Transparencia que cada ministerio desglose un gasto hasta ahora oculto: unos 500 ex altos cargos cobran cada año ese plus, que de media supone 180 euros al mes, una factura que asciende a los dos millones de euros al año. Esta cantidad solo incluye a los funcionarios de la Administración General del Estado, pero en las comunidades autónomas hay muchísimos más y con complementos mayores. Solo Baleares lo ha eliminado completamente —gastaba un millón al año— y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares acaba de avalar su decisión al considerar que el plus es "discriminatorio".

El 'nivel 33' es una de esas cosas de las que se sabe poco fuera de la Administración. En 1990, con el PSOE en el Gobierno, la Ley de Presupuestos creó un privilegio para los funcionarios que pasasen dos años en política. Ha sido una norma que nadie ha discutido y que disfrutan tanto ex altos cargos del PP como del PSOE. La ley fijaba que al volver a su nivel original de funcionario cobrarían un complemento hasta la jubilación "para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los directores generales de la Administración del Estado". Según la interpretación de Presidencia, incluida en la respuesta a este medio, "se trata de un derecho reconocido por haber desempeñado dicha persona un alto cargo en la Administración". La partida ha sobrevivido a todos los recortes. Ni el Gobierno del PSOE ni el del PP la han tocado.

Todos los ministerios salvo Interior, que ha ignorado las solicitudes presentadas por este medio, han identificado a estos funcionarios que han pasado por la política, al considerar que prima el interés público sobre la protección de los datos personales. Según esos datos, casi 600 ex altos cargos cobran o han cobrado en algún momento este sobresueldo en los últimos cinco años. En el último semestre lo percibían 422. En los listados aparecen algunos nombres ilustres. Por ejemplo el de Esperanza Aguirre, que solicitó cobrar el 'nivel 33' el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre, la que popularizó el término de 'mamandurrias', lo cobró durante los tres meses que estuvo en Turespaña antes de pasar en 2013 a una empresa privada de cazatalentos. Lo mismo hizo Jaime García-Legaz tras abandonar la Secretaría de Estado de Comercio, cobrando este complemento hasta su designación como presidente de Aena hace un mes. Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey durante los últimos tres años del reinado de Juan Carlos I, o el exdiputado del PP Gabriel Elorriaga también figuran entre los beneficiarios, siempre según el listado remitido a este diario por todos los ministerios salvo Interior.

De los 422 expolíticos que cobraban el 'nivel 33' en el segundo semestre del pasado año, uno de cada cuatro está encuadrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los destinos en el extranjero en la red de embajadas y consulados españoles explican esta circunstancia. El departamento dirigido por Alfonso Dastis dobla a los siguientes en la clasificación: Empleo, Hacienda, Medio Ambiente y Economía.

El complemento de director general solo se extingue al cambiar el puesto público por la empresa privada o por otra Administración (autonómica o local, en el caso de los funcionarios estatales) o con la jubilación. Según los datos enviados por el Ejecutivo, medio centenar de altos cargos llevan cobrando este sobresueldo desde antes de 2000. Y como resulta lógico, los reconocimientos del 'nivel 33' se multiplican en los años electorales, consecuencia de los cambios de personal. Además, los funcionarios estatales que ocupen estas responsabilidades durante al menos dos años en otras administraciones (gobiernos autonómicos, parlamentos o ayuntamientos) también tienen derecho a este sobresueldo al reincorporarse a su puesto original. Por eso en el listado remitido por los ministerios aparecen diputados, alcaldes, consejeros y altos cargos autonómicos.

"No lo tocan porque está hecho para beneficiar a los funcionarios de la cuerda. Y por eso nadie se ha quejado. Lo disfrutan funcionarios afines a todos los partidos que han gobernado", explica un veterano de la función pública. Después de que en 1990 se aprobara la ley estatal, las comunidades, que tienen competencias sobre la mayoría de los funcionarios al gestionar sanidad y educación, fueron aprobando normativas similares.

Cuando en 2015 una coalición entre PSOE, Podemos y nacionalistas llegó al Gobierno en Baleares, pactó eliminar este complemento, y así lo hizo en enero de 2016. Solo en Baleares, 152 ex altos cargos cobraban ese complemento y a final de 2015, con la salida del PP de los puestos de poder, otros 17 lo tenían solicitado. Eso da una media de un complemento de 453 euros brutos al mes en 14 pagas. El plus es mayor para aquellos funcionarios con menor categoría y viceversa, no todos cobran lo mismo. En algunos casos llegaba a rondar los 1.000 euros brutos al mes.

En 2015, el coste para las arcas autonómicas se aproximaba al millón de euros (964.367 euros), según informa la Consejería de Hacienda balear, dirigida por Catalina Cladera. Esta explica por teléfono que la decisión la tomaron por coherencia y por "acabar con un privilegio". Inicialmente, el Gobierno insular barajó tres opciones: obligar a devolver el sueldo a los funcionarios que lo hubieran cobrado (cosa que se desechó inmediatamente), suprimirlo a partir de ese momento pero mantenerlo a los que ya tuvieran el complemento (como hicieron en Castilla-La Mancha y Extremadura durante la crisis) o dejar de pagarlo a todos. Esa fue la decisión y comenzó a aplicarse en enero de 2016.

Medio centenar de altos cargos llevan cobrando este sobresueldo desde antes de 2000
"Hubo resistencia dentro de los partidos del Gobierno también, porque lo cobra gente de todos los partidos, pero pensábamos que es un tema de justicia", explica la consejera, que es funcionaria de la Cámara de Cuentas de la comunidad. Ella ya cobró ese complemento y le suponía unos 500 euros brutos. La cuantía de la partida no es elevada para los más de 1.000 millones de euros que gasta Baleares en personal (incluidos todos los profesores y sanitarios, pues las competencias están transferidas), pero el ahorro en dos años ya ha sido de dos millones. Además, es una partida destinada a crecer conforme los altos cargos vayan saliendo de la Administración.

Los expolíticos que vieron su nómina reducida por la decisión del Gobierno que preside Francina Armengol recurrieron en masa la decisión de suprimir el complemento. Alegaron que era una decisión retroactiva que vulneraba "un derecho económico consolidado, un derecho adquirido". El primer caso que ha llegado a sentencia firme es el de Miquel Mateu Roig, director general de Patrimonio de Baleares entre 2003 y 2007. En primera instancia, el juzgado consideró que los ex altos cargos funcionarios no tenían ningún "derecho adquirido" a este sobresueldo, pues se trata de un "complemento que nació de forma excepcional en relación a determinados cargos directivos políticos cuyo ámbito de aplicación pasó a ampliarse sucesivamente". "Al no haber derecho adquirido alguno, no puede hablarse de retroactividad", falló el juzgado en esa reclamación.

El funcionario recurrió al TSJ, que ha ratificado la decisión de suprimir el pago. El Tribunal Superior de Justicia falló el pasado 27 de febrero que la supresión del complemento era perfectamente legal, que su relación con la Administración no estaba grabada en piedra, y que igual que se había retrasado su edad de jubilación podía suprimirse el complemento. El tribunal deja la carga de profundidad contra todo argumento a favor del sobresueldo para responder a la petición de que planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE para ver si se había vulnerado la normativa europea: "El legislador autonómico, atendiendo a los intereses generales [...] rectifica y pone fin a una situación de privilegio denunciada por organizaciones sindicales, y que cuestiona un racional gasto público, el principio de no discriminación y el principio de 'a igual trabajo, igual salario". Ya hay dos sentencias en ese sentido avalando las tesis de la consejería.

Sin embargo, la partida ha continuado inalterable en los Presupuestos Generales del Estado desde 1991, cuando entró en vigor el 'nivel 33'. Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha recortado pensiones, retrasado la edad de jubilación, anunciado la supresión de organismos públicos y hasta limitado el uso de los coches oficiales. Una portavoz de Hacienda asegura no tener respuesta a por qué no han recortado esa partida. Una portavoz del grupo parlamentario socialista asegura que no hay ninguna iniciativa sobre el tema. Montoro, Sáenz de Santamaría, Cañete, Cospedal, De Guindos, Soria... son funcionarios y podrían pedir ese complemento de ex alto cargo si deciden regresar a la función pública estatal.

La consejera balear cree que es evidente por qué ningún Gobierno ha tocado el complemento de director general: "Mucha de la gente que hay en los gobiernos son funcionarios, así que es difícil tomar esa decisión. La oposición tampoco lo pide porque tienen muchos expolíticos con ese complemento, así que no se mueve. Pero en tiempos de crisis, donde se han recortado tantas partidas, es de justicia hacerlo". Añade que es una discriminación con los funcionarios que no han sido altos cargos y que trabajan codo con codo con los que han sido políticos. Y también discrimina a quien llega a la política procedente del sector privado, que sale sin un plus vitalicio.

Jordi Solé Estalella, inspector de Hacienda y presidente de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores ?de la Administración Civil del Estado (Fedeca), considera que el complemento es difícilmente defendible. Para la federación es un tema delicado, porque en las organizaciones que agrupa hay gente cobrando ese complemento. "No nos parece mal que haya medidas que faciliten el acceso de ciudadanos a cargos políticos. Y quizás ahí estarían medidas de retorno como este complemento, pero entendemos que deben ser medidas limitadas y prudentes, no desmedidas y fuentes de abuso. La idea no es mala, sino el uso y el abuso. El problema del sistema no es tanto el complemento como que se ha nombrado a determinadas personas para determinados cargos no por el mérito y duele mucho ver que vuelven a su origen", añade. Y concluye: "Podríamos aceptar que los cargos tengan cierta facilidad a volver, pero funcionarios y no funcionarios, y durante un tiempo limitado".

El Ministerio de Hacienda no ha querido hacer comentarios para este reportaje. Tampoco el Grupo Socialista en el Congreso ni Podemos han querido opinar. Solo Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y portavoz de Ciudadanos en la comisión de Administraciones Públicas ha entrado en el fondo. Él lo conoce bien, entre otras cosas porque podría ser beneficiario a su regreso a la Agencia Tributaria. "Lo razonable es que al entrar en política no se ganase pero tampoco se perdiese. Tampoco puede ser que sea un riesgo ocupar un alto cargo porque cuando vuelves te discriminan y te pagan peor. Si quieres mejorar los salarios de los políticos se puede hacer, pero mientras están en el cargo. No tiene sentido que alguien cobre un plus porque hace 20 años fue subsecretario".

De la Torre intuye una explicación al hecho de que el mismo Gobierno que quitó una paga extra a los funcionarios no tocase este complemento. "Imagino que durante toda la crisis, mientras se suprimió la extra a los funcionarios, no querían afectar a los suyos". Y avisa de que Ciudadanos está por la supresión: "Nuestra postura es que los puestos hay que retribuirlos mientra se desempeñan, no hasta que te jubiles; esto no tiene sentido. Quizá no sea una partida enorme, pero parte de la regeneración pasa por esto y está bien que haya transparencia y se conozca quién lo recibe".

Además del 'nivel 33', los funcionarios que han pasado por la política tienen otro privilegio: la mochila, llamada así porque va pegada a la persona. Al funcionario se le crea un cargo específico hasta que concurse para un nuevo destino y tiene un complemento específico, mucho mayor que el complemento de destino al que se refiere el 'nivel 33'. Ese cargo no lo paga el departamento al que se adscribe sino Hacienda y no pueden ser cesados. Originalmente se pensó como algo temporal para los funcionarios que habían colaborado con los gobiernos del PSOE para que tuvieran cobijo y como algo temporal, pero como no hay límite de tiempo los hay que se han quedado 20 años de mochileros en un cargo sin mucho contenido y con mejor sueldo. Incluso hay quien ha rechazado ser cargo de confianza para no perder la mochila. La Administración está jalonada de recovecos para funcionarios avispados. Y estos son mucho mayores si uno ha pasado por la política.
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‘UNA LEY DEMOLEDORA’
FAES, contra el revanchismo histórico del PSOE: ‘Estrangula la libertad’
La Gaceta  13 Marzo 2018

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha censurado al PSOE por pretender “barrenar el sistema constitucional” con su iniciativa de reformar la Ley de la Memoria Histórica para “arrebatar la bandera del antifranquismo” a Podemos.

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Corral ha arremetido contra los socialistas en un análisis titulado “Memoria y desmemoria de la reconciliación” publicado en “Papeles FAES” por la fundación que preside el expresidente del Gobierno José María Aznar.

La proposición de ley que el PSOE registró el pasado mes de diciembre en el Congreso busca completar la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas piden exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, priorizar la apertura de fosas e introducir en el Código Penal diversos tipos para castigar “las manifestaciones de odio contra víctimas del franquismo y de la Guerra Civil”. Su ley prevé el secuestro de libros, la cárcel, la inhabilitación y la prisión para los cargos públicos que obstruyan su aplicación.

Para Corral, la proposición de ley del PSOE es “absolutamente demoledora” al ser “la última carga para barrenar el sistema constitucional, fundamentado en la concordia y la reconciliación”. “Es el as en la manga que los socialistas se reservaban para responder a las pretensiones de Podemos en su afán de arrebatarles la bandera del antifranquismo casi medio siglo después de la muerte del dictador”, añade el concejal madrileño del PP.

Ante “el envite podemita”, Corral opina que el PSOE se ha visto en la necesidad de “dar una vuelta de tuerca más” a la Ley de Memoria Histórica y provocar “el estrangulamiento de la libertad de los españoles en aras del culto a un relato oficial infalible e inatacable” sobre lo ocurrido en la Guerra Civil y en la dictadura.

Las recientes visitas al Valle de los Caídos protagonizadas por delegaciones de PSOE y Podemos responden, a juicio de Corral, al afán de estos dos partidos por ganar “protagonismo mediático en esta singular competición de antifranquismo ‘postmortem'”. “La Basílica y la Cruz de Cuelgamuros se han convertido en un foco de peregrinación para la izquierda española, cual gruta de los milagros de donde manara el agua de la curación de todos los problemas de España y de la propia izquierda”, censura el edil.

Para Corral, “judicializar y penalizar la visión del pasado” es “una gravísima amenaza para las libertades de pensamiento, opinión, expresión, creación, cátedra e información” y “retrotae a los regímenes totalitarios y represivos”.

El concejal del PP considera que “lo más aberrante” de la propuesta del PSOE es limitar la definición de víctima a aquellos que sufrieron una violación de sus derechos humanos por su lucha por los derechos del pueblo español. Esto implica, reflexiona Corral, que “elimina de un plumazo la consideración de víctima a todo aquel que sufriera violencia o persecución por parte del bando republicano”.

LA IZQUIERDA SE OPONE
Polonia reduce en una cuarta parte el número de altos cargos
La Gaceta  13 Marzo 2018

“Los cambios permitirán hacer la Administración más eficiente y profesional”, ha dicho el primer ministro Mateusz Morawiecki.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunció la supresión de 17 viceministros como parte de un plan para hacer la Administración estatal “menos política” y reducir en una cuarta parte el número de altos cargos.

“Los cambios permitirán hacer la Administración más eficiente y profesional” de acuerdo con el modelo de “las democracias occidentales”, aseguró Morawiecki en rueda de prensa.

“Un Estado eficiente es un Estado que evita un sistema burocratizado”, explicó Morawiecki.

El plan del Gobierno polaco -conservador- incluye reducir el número de ministros y altos cargos con rango de viceministro en un 25 %, así como acabar con los suplementos salariales para los altos directivos de la Administración estatal, que en algunos casos ascienden a la mitad de sus sueldos.

La comparecencia de Morawiecki se produjo después de que hace una semana se conociese que altos cargos del Ministerio de Defensa gastaron más de 15 millones de zloty (3,75 millones de euros) con las tarjetas de crédito facilitadas por ese departamento.

La oposición ha criticado la medida, ya que considera que la mayoría de personas cuyos cargos han sido eliminados seguirán trabajando para el Gobierno en otras posiciones.


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Cataluña no necesita Gobierno, ni autonomía
Carlos Gorostiza. vozpopuli 13 Marzo 2018

Así parecen pensar los independentistas que, lejos de abrumarse por los cuatro meses y medio transcurridos en medio de la absoluta paralización de la vida política catalana, se muestran sorprendentemente despreocupados por la obviedad de que no hay Govern, ni actividad en el Parlament y que, sin embargo, el país sigue funcionando tan bien o mal como antes.

No solo no parecen percibir que esta excepción tan prolongada estaría poniendo en solfa la misma necesidad de un Govern autonómico, a la vista de qué la vida sigue sin mayores contratiempos, sino que parecen dispuestos a mantener la situación todo el tiempo que haga falta, mientras repasan sus diferencias, las mastican, las digieren y ven la forma de encajar el imposible sudoku de contentarse simultáneamente todos ellos: el huido de Waterloo, su antiguo partido, los republicanos del preso Junqueras, los movimientos ciudadanos que con tanta pasión como dinero público siguen empujando pero, sobre todo, tratan de camelar a la asombrosa e inefable CUP, que vive momentos de gloria e influencia política que no hubiera soñado ni en el mayor subidón.

La última de los cupaires ha sido desmontar de un golpe la candidatura del preso Sánchez, una jugada que estaba hecha a medida para que, una vez que el Estado opresor impidiese al candidato acudir al pleno de investidura (como todo el mundo sabía que iba a pasar y como, efectivamente certificó el juez el viernes), salir mesándose los cabellos, dándose golpes de pecho y, ya después, presentar algún candidato o candidata “presentables”. Hasta el Gobierno de España entendía que iba a ser así y que pronto se podría dar por concluida, por fin, la aplicación del 155.

Pues ha sido que no. Que la CUP dice que ya vale de gestos, que son unos blandengues y unos autonomistas sumisos y que ni de coña. Que eso del simbolismo de una presidencia desde Bélgica, no va a ningún lado. Una cosa hay que reconocer a la CUP: la nitidez con que se expresan y lo bien que se les entiende. En su día dijeron no a Mas y fue no. Hoy es no a Sánchez. El problema es que el no de la CUP al ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana ha devuelto a los estrategas del procés la flecha envenenada que iba destinada a Rajoy. De momento, la desbandada ha supuesto el aplazamiento del pleno que estaba previsto para ayer. Primero con la excusa de esperar al TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y a unas excepcionalísimas y muy improbables medidas cautelares de urgencia que no estaban ni solicitadas. Vista la obvia imposibilidad de tales ayudas, ahora se conformarán con un recurso de apelación ante el Supremo, con parecido recorrido pero que al menos le ahorra al procés un nuevo y muy probable “disgusto europeo”.

Los socialistas de Iceta, que ya consideraban ilegal el pleno ahora aplazado, se han sumado al lío pidiendo amparo al Constitucional para que al fin pase algo y se empiecen a contar los plazos para unas nuevas elecciones en Cataluña que, vaya usted a saber si no serían una estación más en el itinerario del desastre.

Y para que no se pierda ni un poquito de presión, el domingo Barcelona acogió otra manifestación convocada por la ANC para exigir a los partidos independentistas que acuerden de una vez. Los manifestantes desfilaron al grito de "Ni un pas enrere" pero el problema hace tiempo que es que Cataluña no da “Ni un pas endavant” y ni parece que la cosa vaya a cambiar ni que a los políticos independentistas les cause apuro.

Mientras tanto, el tiempo va pasando, la autonomía no está, ni se la espera y la Administración sigue en funcionamiento en Cataluña, como corresponde a un Estado, conflictivo pero real. No es seguro que los independentistas se hayan apercibido de que de seguir mucho más tiempo sin Govern, pueden hace brotar la idea de ¿para qué un Govern?

Pero, y de Pujol, ¿qué?
Miquel Giménez. vozpopuli  13 Marzo 2018

Mientras andan preocupados por si hay candidato a la investidura o si el reloj de los plazos se ha puesto en marcha, lo importante se nos escapa. ¿Qué pasa con la presunta corrupción de la familia Pujol? ¿Por qué el patriarca va tan tranquilo por la calle?

De Madres Superioras, herencias del abuelo y negocios con la China
Preguntar en Cataluña acerca de cómo está el tema de la presunta corrupción del clan Pujol es mentar la bicha. Todo el mundo hace aspavientos y te miran como si fueses un orate enseñando la fuchinga en medio de la calle. En primer lugar, los separatistas, porque con la banderita estelada se ocupan de tapar el inmenso edificio de corrupción que ha regido en este país en las últimas décadas; los demás, en mayor o menor medida, porque resulta más sencillo hablar de independencias de la Señorita Pepis que afrontar el tremendo problema que supone para los partidos políticos la corrupción.

Nadie habla del tres por ciento, aunque hay que reconocer que, en eso, no hay ninguna novedad. Es un viejo tabú en esta tribu y el sempiterno problema de mi tierra: nadie habla, nadie dice, nadie opina si el tema del que se trata son las cantidades millonarias que bolsillos poco honorables se han ido metiendo en su saca sin el menor sonrojo. En este juego del despiste contribuyen no pocos elementos. Los medios de comunicación, por ejemplo. Si tenemos en cuenta que la memoria del consumidor de televisión es la de un pez, no resulta difícil escamotear a la opinión pública escándalos como el de la familia del fundador de Convergencia.

Recordemos, aunque sea molesto para muchos, que desde la Fiscalía Anticorrupción se considera a la familia Pujol Ferrusola como organización criminal. Como suena. De entrada, al ex President y a su esposa, Marta Ferrusola, se les investiga por presunto delito de asociación ilícita. Recordemos también que la señora, siempre presuntamente, se ocupaba de las transferencias de las presuntas cuentas corrientes que presuntamente tenía la familia, presunta o no, en la también presunta Andorra utilizando el apodo de Madre Superiora. “¿Cuántos misales hay que traspasar hoy?” le decía el presunto banquero, y ella respondía la cantidad que más le conviniese, entendido que un misal equivalía a un millón de las antiguas pesetas. ¿Hablan de eso, han hablado o se prevé que hablen TV3, El Punt-Avui, RAC1, Catalunya Ràdio et altri? Los deliciosos tertulianos del proceso independentista – pienso en los inefables Francesc Marc Álvaro,Empar Moliner, Toni Soler o Jordi Basté, aunque este parece que se está tirando de la moto – ¿escribirán alguna cosa al respecto?

Pues no. Para esta gente solo existe lo que diga Puigdemont desde Bruselas, la última manifestación de veinticinco mil personas de la ANC – el clamor de todo un pueblo, dicen – y si el President del Parlament, Torrent, aplaza el plenario de investidura mientras que no sé qué tribunal dictamina algo a lo que pueda aferrarse esta tropa.

Pero que existe una confesión del propio Pujol por haber ocultado una cantidad de dinero que le legó su padre Fulgenci, es algo comprobable; que la presunta fortuna ilegal proveniente del cobro de colosales comisiones de esta familia, sita en paraísos fiscales, ascendería a varios millones, también; que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia y apodado Junior, ha estado en la cárcel por todo este trapicheo, librándose de ella pagando una fianza descomunal, es algo real como la vida misma. Digo más, que este señor, junto con su socio Jordi PuigGodés, hermano del ex conseller Felip Puig, tuvieron un despacho en la barcelonesa calle Ganduxer en el que había un trasiego de dinero y entrevistas, es cierto como la luz del día. Por cierto, la última de estos dos: cobraron de la empresa H.J.M Estéllez SA por asesorar en China a un ex alto cargo de Felipe González. En Zhejiang, para ser más exactos. Con el diez por ciento de todo este quilombo, y lo he resumido muchísimo porque el tema es más largo que Los Hermanos Karamazov, en cualquier país no se hablaría de otra cosa. Aquí, hablamos de la independencia. ¿Lo pillan?

“¡Pero si nosotros no tenemos un duro!”
Eso decía la señora Ferrusola cuando tuvo que comparecer en el parlamento catalán. También decía la matriarca del clan que “Cataluña no se merece esto”, en alusión a las imputaciones de cobros ilegales que se le hacían. Claro está que, para esta señora, Cataluña empieza y acaba en los ombligos de sus hijos, en el de ella y en el de su marido. Que Oleguer Pujol, hijo suyo, comprase 1.152 oficinas del Banco de Santander por 2.170 millones de Euros, y que esta operación – hagan memoria: se le alquilaron después a la misma entidad financiera – tenga a la Audiencia Nacional investigando, es cosa que se la trae al pairo. Ellos no tienen dinero, son pobres, todo lo han dado por Cataluña y no se hable más. Ni cuentas en Panamá, ni en Belice, ni en ningún otro sitio. De la sociedad patrimonial Drago Capital, que se ocupa en disfrazar el origen del dinero y a sus propietarios, no ha oído hablar nunca. Es normal, tanto misal, tanta Madre Superiora, en fin, tanta vida interior mística no da para ocuparse de los temas terrenales.

Pero en aquella omisión de la vergüenza comparecía el periodista Jaume Reixach, uno de los pocos que se han mojado en la denuncia de todo el entramado de intereses, comisiones ilegales y negocios sucios del pujolismo. Busquen su testimonio en internet. Cuando oigan la interminable lista de sociedades en las que están involucrados los prohombres del nacionalismo alucinarán.

Claro que los Mossos intentaron quemar toda la documentación comprometedora que poseían veinticuatro horas antes de que el fugadísimo de Bruselas declarase aquella independencia de usar y tirar. Claro que los Mossos pusieron el grito en el cielo en el momento que agentes de la Policía Nacional los interceptaron cuando el coche de la policía autonómica estaba a punto de llegar a la incineradora de San Adrián del Besós. Claro que los independentistas quieren tanto a Josep LluísTrapero, el por entonces jefe de los Mossos, siempre presto en echar una mano, ya sea en referéndums ilegales o eliminar papeles molestos. Claro que se ha organizado todo este lío con la independencia, la república, el gobierno en el exilio, la vía unilateral y la madre que nos parió a todos.

Tenían que tapar toda esta historia, y, conocedores del carácter de sus votantes, los convergentes decidieron que la mejor manera era emplear una bandera. Viejo método, sí, pero de una eficacia absoluta como ya se vio en el caso de Banca Catalana. Hay que reconocerles el mérito. La operación ha sido un éxito total, a las pruebas me remito. El matrimonio Pujol pasea tranquilamente por la calle, permitiéndose incluso acudir a votar el día del chorraferéndum – entre aplausos del personal, añado – mientras que muchísimas familias en Cataluña pasan verdaderos apuros para llegar, no a fin de mes, sino a día diez.

A la pregunta que da título al artículo cabe añadir otra: ¿y el Gobierno de España, qué? Porque son los jueces quienes deben y pueden actuar en caso de presunción de delitos, pero también existe una parte en la que los políticos han de mojarse, han de dar la cara, especialmente cuando de corrupción política se trata. No esperen eso de Mariano Rajoy. Ha delegado todo el problema catalán en la justicia, el 155 y pensar que ya escampará algún día. Sospecho que a él también le va de perlas que la independencia sea el tema estrella en la arena política. Porque en materia de comisiones y corrupción, Convergencia tiene poco que envidiar a su partido.

Resulta difícil aleccionar a cualquier joven en Cataluña acerca de las bondades que tienen la honradez, la seriedad, el trabajo duro, el mérito propio, el esfuerzo o la iniciativa. Uno está tentado de recomendarles que se metan en determinadas formaciones políticas, se forren, compren unas cuantas bolsas de la basura, las llenen de billetes y se vayan a colocarlas en una sociedad off shore.

Con o sin Madre Superiora, eso ya a criterio de cada uno.


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