AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 14  Marzo 2018

Pacto de Toledo: escandalosa hipocresía de la clase política
EDITORIAL Libertad Digital 14 Marzo 2018

Frente a las deficiencias y problemas que ofrece el actual sistema público de reparto, dicen una cosa pero luego privadamente hacen otra muy distinta.

Muchas cosas se podrían y se deberían decir contra el sacrosanto sistema público de pensiones, monumental estafa piramidal sólo sostenible mediante el permanente menoscabo de los derechos de sus supuestos beneficiarios, presentes o futuros. Con todo, no se trata aquí tanto de reiterar la necesidad de llevar a cabo una transición del sistema de reparto a uno de ahorro y capitalización individual como de denunciar la enorme hipocresía de los firmantes del Pacto de Toledo, que, ante las deficiencias y problemas que presenta el sistema actual, dicen una cosa pero luego privadamente hacen otra muy distinta.

A este respecto, cabe recordar la lluvia de críticas que, hace un par de años, y desde todos los partidos firmantes del Pacto, le cayó encima al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, simplemente por considerar muy necesario "hacer entender a los jóvenes que tienen que ahorrar porque la pensión media será cada vez menor de forma inevitable, debido al declive demográfico". Si el socialista Pedro Saura acusó a Linde de "reírse de los españoles" con afirmaciones que suponían un "insulto" a los ciudadanos, el representante de IU Podemos, Alberto Garzón, le acusó de "generar miedo" para favorecer a los planes privados y acabar "destruyendo el sistema público de protección social". También el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, arremetió contra los pronósticos de Linde afirmando: "El sistema público de pensiones en España está garantizado por el Estado".

Nada confirma tanto los pronósticos de Linde como el creciente envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad; y nada desmiente tanto lo que dicen los firmantes del Pacto de Toledo respecto de las bondades y la sostenibilidad del sistema que la manera en que ellos mismos preparan sus jubilaciones. La inmensa mayoría (empezando por los representantes del PSOE y de Podemos) poseen planes de pensiones privados, cuentas de ahorro y otros activos, como bienes inmuebles; a lo que hay que sumar el hecho de que todos cuentan con una serie de privilegios fiscales que no alcanzan al resto de los mortales.

Con semejantes salvavidas para salvarse del naufragio del deficiente sistema al que tantísimas personas permanecen ligadas, no es de extrañar que el Pacto de Toledo sea, desde hace años, un pacto de silencio de unos privilegiados que hacen el avestruz ante las deficiencias estructurales del sistema público de reparto; deficiencias que abocan a los representados por estos representantes desvergonzados a unas pensiones cada vez más míseras.

EN EL CONGRESO
Los diputados (con ‘sueldazo’ y retiro dorado) debaten sobre las pensiones
La Gaceta  14 Marzo 2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apelará este miércoles al consenso para abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo y defenderá las reformas de su Gobierno, mientras que la mayoría de la oposición le reclamará revalorizar las pensiones según el IPC.

El presidente del Gobierno comparece en el pleno del Congreso a petición propia, para debatir sobre el actual sistema de pensiones, aunque varios grupos parlamentarios habían solicitado que acudiera a la Cámara Baja tras las multitudinarias manifestaciones de pensionistas que reclaman al Ejecutivo una subida de sus prestaciones sin pérdida de poder adquisitivo.

Unas manifestaciones con reivindicaciones justas pero que la izquierda ha querido instrumentalizar para su beneficio electoral. Ya lo advirtió Podemos hace unas semanas cuando anunció que se acercaba una primavera llena de movilizaciones, coincidiendo con el descalabro de la formación en los sondeos.

Críticas de toda la oposición
El debate comenzará a las nueve de la mañana en medio de las críticas de toda la oposición por un formato en el que no podrán presentarse propuestas de resolución para ser votadas por el pleno.

Como en todos los plenos de este tipo, Rajoy podrá intervenir sin límite de tiempo, mientras que los portavoces tendrán un turno de réplica de diez minutos, y otro adicional de cinco minutos, cerrando el debate el presidente del Gobierno.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha avanzado que el discurso de Rajoy no tendrá “golpes de efecto” ni “ocurrencias” sino que expondrá con “rigor” cómo funciona el sistema público de pensiones.

PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT han lamentado que este pleno no sirva para acordar propuestas conjuntas y afirman que únicamente evidenciará la unanimidad de la mayoría de que el actual índice de revalorización de las pensiones (IRP) debe modificarse.

Los socialistas y los nacionalistas vascos y catalanes urgirán a que las pensiones aumenten el 1,6 por ciento en 2018, que es la pérdida de poder adquisitivo de 2016 y 2017, y apoyarán la suspensión del factor de sostenibilidad, ligado a la esperanza de vida y que entrará en vigor en 2019, para que sea modificado.

Además, todos los partidos políticos de la oposición criticarán la inacción del Gobierno.

Mejorar las pensiones de viudedad
La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, pedirá a Rajoy que adopte medidas para mejorar también las pensiones de las mujeres y solicitará reconocer a las madres trabajadores un “bonus” de dos años en sus carreras de cotización por hijo nacido o adoptado.

Robles instará a Rajoy a que cumpla con el compromiso de aumentar la base reguladora de la pensión de viudedad del 52 por ciento al 60 por ciento para mayores de 65 años que no perciban otra pensión pública y que mejore las carreras de cotización de las madres trabajadoras.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha recordado a Efe que esta iniciativa frente a las pensiones de viudedad fue promovida por su formación, que pactó dicha enmienda con el PSOE.

Los nacionalistas catalanes están a favor de cambiar la fórmula del IRP para que sea “más flexible” y no tenga en cuenta sólo la evolución de los gastos e ingresos del sistema, actualmente en déficit y que impide revalorizar las pensiones más allá del 0,25 %.

Iglesias lo achacará todo a la corrupción
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, instará a la derogación inmediata del IRP y del factor de sostenibilidad y previsiblemente aludirá a los casos de corrupción en los que presuntamente está implicado el PP y que -en su opinión- cuestan 90.000 millones de euros al año, frente a una revalorización que representaría en 2018 cerca de 2.000 millones.

Iglesias criticará, previsiblemente, que la Mesa del Congreso haya avalado este martes -con el voto del PP y Cs- el veto del Gobierno a la tramitación de su proposición de ley que planteaba que las pensiones se revaloricen con el IPC previsto y que, en caso de no cumplirse ese dato, se abonara la diferencia en un pago único.

El PNV también urgirá a Rajoy a que tome medidas “extraordinarias” ante una situación “extraordinaria” y se ha alineado con la tesis de que el 0,25 % no sirve.

Ciudadanos está abierto a ligar las pensiones al IPC pero siempre y cuando se hagan reformas profundas en el mercado laboral y con medidas que fomenten la natalidad, para garantizar que el sistema es sostenible a largo plazo y no son “parches”.

¿Quién debate sobre nuestro futuro?
Hace unos días el gobernador del Banco de España sembraba la polémica al sugerir que los jubilados hagan frente a parte de su pensión con sus pisos en propiedad. Los partidos criticaron las declaraciones de Linde, que ya en 2014 advirtió de la insostenibilidad del sistema de pensiones y propuso el incentivo de los planes privados.

Pero esos mismo políticos que critican a Linde ya tomaron nota hace tiempo y gozan de patrimonio y planes alternativos a las prestaciones públicas para garantizarse una ‘jubilación de oro’. Concretamente los representantes de la Comisión del Pacto de Toledo, encargados de dar salida al problema, no tendrán problema para costear su retiro.

Libertad Digital ha enumerado algunos de los casos más llamativos, como el de Celia Villalobos, que pidió a los jóvenes que fueran ahorrando para garantizarse su futuro. Ella, por ejemplo, posee dos viviendas en régimen de gananciales y más de 200.000 en cuentas corrientes.

Su compañera de filas en el PP y secretaria primera de la citada Comisión, Mar Cotelo, tiene dos viviendas unifamiliares y un local comercial en régimen de gananciales; 39.600 euros en el banco; 65.000 en acciones; el 50% de Hubal Food Industry; el 50% de Bodegas Hueda, que, a su vez, tiene el 10,4% de Bodegas Fuenmayor; así como un seguro de vida por valor del 138.000 y un plan de pensiones de casi 38.000.

La portavoz socialista, Mercé Perea, cuenta con un total de 11 pisos en propiedad (2 en Barcelona, 5 en L’Hospitalet y 4 en Castelldefels), así como más de 21.000 euros en el banco y otros 25.000 en planes de pensiones. Su compañero de partido, Jesús María Fernández, tiene cuatro inmuebles, 450.000 euros en acciones y, atención, 232.000 euros en planes de pensiones.

Juan Pedro Yllanes Suárez, de Podemos, tiene un piso en Baleares; y más de 220.000 euros en cuentas corrientes, seguros de ahorro y planes de pensiones.

Y sus ‘sueldazos’…
Si bien los planes de pensiones privados de los parlamentarios fueron suprimidos en 2011, los más veteranos sí los conservan. Aun así, sus altos salarios les permiten contratar planes alternativos al sistema de pensiones público.

Con la subida del 1,5% decretada por la Mesa para el año 2018, el sueldo base de sus señorías quedará fijado en 2.884,64 euros al mes. A este salario bruto hay que añadirle una indemnización neta por los gastos que ocasione su actividad parlamentaria (dieta) de 870 euros mensuales para los electos por Madrid y 1.823 euros para el resto.

A esto hay que sumarle los complementos en función de los cargos que ocupen los diputados tanto en la propia Cámara (Mesa, portavoces) como en las diferentes Comisiones (presidente, vicepresidente, secretarios…). Estas cuantías van desde los 600 hasta los 3.000 euros dependiendo del puesto.

Por último sus señorías disponen de una tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid con un límite de 3.000 euros anuales. Además, si viajan en misión oficial, recibirán 150 euros diarios en concepto de dietas, si salen al extranjero, y 120 euros si el viaje es en territorio nacional.

Cómo la izquierda nos impone un nuevo lenguaje y no lo queremos ver
Fran Carrillo okdiario 14 Marzo 2018

Anda la izquierda revuelta a cuenta de la huelga coral que el feminismo mundial convocó la pasada semana. No tanto por visibilizar una realidad, como por aprovechar una oportunidad más en su cruzada por la configuración de un nuevo orden mundial semántico. Desde que Fukuyama advirtiera del fin de la historia y su maestro Huntington le replicara poco después con su imperdible choque de civilizaciones, asistimos a un mundo bipolar donde la izquierda moderada aceptó vivir tras 1989 en el entramado capitalista siempre y cuando la derecha abdicara de cualquier batalla cultural o moral. Desde entonces, seguimos diferenciando acciones políticas según su pedigrí doctrinal.

En la lógica de construcción del lenguaje, éste se ha considerado a menudo la palanca que mueve toda polea ideológica. El psicolingüista canadiense Steven Pinker nos habla de instintos y de la consciencia de ser conscientes cuando nos referimos a dicho lenguaje, ya que no es innato, sino que sufre un proceso de adecuación evolutiva a nuestro entorno. Concluye que el pensamiento es más complejo que las palabras, pero que lo adaptamos de manera lineal para utilizar expresiones sencillas que faciliten el entendimiento y la comunicación. De ese instinto nace nuestra capacidad como seres humanos de alcanzar espacios de convivencia y concordia.

La izquierda siempre se ha sentido cómoda en la guerra de significantes. En su versión actual hiprógrita y neocomunista, no se afana tanto en controlar el pensamiento ajeno, dado su complejidad, sino en emitir sonidos que busquen la repetición colectiva. Palabras que resuenen y de las que se adueñan para imponer una visión del mundo determinada. Ya no le basta con haber hecho suyos términos como igualdad, justicia, progreso o solidaridad, sospechosos en manos políticas diferentes. Ahora quiere para sí el concepto feminismo, en toda su extensión. Te dice quién ha hecho méritos por ser mujer y quién permanece esclava del hombre, adocenada en su heteropatriarcado fetén y opresor de derechas. Si no eres progre femen, ya no eres mujer. Ni justa. Ni solidaria.

Pero qué sucede cuando su marco buenista escapa al libre albedrío de la acción humana. Que hay que alterar la atención emocional del pensamiento cautivo, potenciando su prejuicio acrítico. Una de sus estrategias más sibilinas, pero efectivas, es la creación de un foco alternativo de despiste, consistente en introducir un tema igual de polémico que el que les afecta con objeto de desviar la atención y centrar el debate social y mediático en otra cuestión. Así, ha sido capaz de articular una estrategia para que no se comente que la presunta asesina del pequeño Gabriel es una mujer —“las mujeres no matan”, decían algunas feministas el pasado 8M—, y además de las suyas ideológicamente, y crean por ello el marco —más poderoso— del racismo y el machismo. Münzenberg y Goebbels en la era digital.

Esta izquierda banaliza el mal para erigirse como portadora del bien, basándose en los presuntos instintos del ser humano. La masa, sumisa bajo eslóganes biempensantes, corre a abrazar al salvador paternalista que le ofrezca sensaciones de seguridad personal, bajo palio de subvención o prestación, dádivas modernas que esconden el clientelismo moral que persigue los protectores del pensamiento ajeno. En sus manos, el lenguaje no es una herramienta de comunicación, sino un arma política, como la concibe también el nacionalismo, con la que adultera y cohíbe cualquier juicio crítico de la persona. Si el lenguaje, como sostiene Gould, es un subproducto de la supervivencia humana, una vía por la que penetrar en el mundo de las emociones que nos rodea, la izquierda siempre ha sabido descifrar el perfecto código que permite el control y manipulación de masas. Por eso sobrevive tan bien.

¿Nos sale muy caro el Estado autonómico?
Juan Ramón Rallo elconfidencial 14 Marzo 2018

Suele decirse que los estados descentralizados son mucho más caros de mantener que los estados fuertemente centralizados: ya saben, en los estados descentralizados existen duplicidades por todas partes y, por tanto, la factura de la burocracia se dispara. En el caso particular de España, es habitual escuchar lo disparatado que supone contar con 17 parlamentos autonómicos, 17 consejerías de Sanidad o incluso 17 embajadas regionales: si pudiéramos suprimir todos esos estamentos burocráticos y centralizar sus competencias en una única Administración territorial, lograríamos importantísimos ahorros del gasto que podríamos destinar a partidas mucho más urgentes, como la educación o las pensiones. Algunas formaciones políticas incluso se han aventurado a cuantificar en 60.000 millones de euros el sobrecoste que representan las duplicidades del Estado autonómico.

Tales planteamientos suelen olvidar que centralizar no es lo mismo que desburocratizar: si un órgano centralizado, precisamente por el hecho de concentrar un enorme volumen de competencias, delega parte de sus funciones en otros órganos subordinados, no estamos reduciendo el número total de órganos, sino que únicamente estamos modificando la relación jurídica que existe entre ellos (la centralización somete a todos los órganos a una relación de estricta jerarquía, mientras que la descentralización otorga una relativa autonomía a cada uno de esos órganos). En otras palabras, para saber si un Estado descentralizado, como el de las autonomías, es mucho más ineficiente y caro que otros estados centralizados similares, necesitaremos comparar el coste de la burocracia de unos y de otros.

Afortunadamente, Eurostat nos proporciona cada año las estadísticas sobre clasificación funcional del gasto público, donde encontramos dos rúbricas que nos permiten medir lo que podríamos denominar 'gasto burocrático' o 'gasto gerencial'. Por un lado, la rúbrica de “órganos ejecutivos y legislativos, asuntos financieros y fiscales, asuntos exteriores”, donde se estima el gasto público de los parlamentos, gobiernos, agencias fiscales y embajadas exteriores. Por otro, la rúbrica de “servicios generales”, donde se incluye el gasto del personal dedicado a coordinar, planificar, implementar y evaluar el conjunto de políticas sectoriales de la Administración. Por tanto, si sumamos ambas partidas, alcanzaremos el gasto específicamente burocrático.

Pues bien, ¿cuánto gasta España en estas dos materias? El 2,6% de su PIB, es decir, alrededor de 30.000 millones de euros cada año. De entrada, fijémonos en que la cifra es voluminosa, pero no da para hacer los milagros que algunos partidos suelen prometer: aun cuando consiguiéramos eliminar totalmente este gasto (un objetivo del todo ilusorio, dado que todo Estado necesita de una cierta burocracia), no conseguiríamos, por ejemplo, compensar el agujero medio que tendría la Seguridad Social (5,3% del PIB) en caso de suprimir las dos últimas reformas del PSOE y del PP.

Pero vayamos a lo que realmente nos ocupa: ¿es esta cifra del 2,6% del PIB escandalosamente alta dentro del contexto europeo? No, no lo es: de hecho, está ligeramente por debajo de la media europea (2,8% del PIB) y apreciablemente por debajo de otros países tan centralizados como Francia (3,5% del PIB), Portugal (3,2%) o Italia (3,1%). En otras palabras, y como ya apuntamos, centralización no es ni lejanamente garantía de desburocratización: existen estados muy centralizados y enormemente burocratizados justamente porque mantienen una enorme estructura administrativa pero sometida a una organización puramente jerárquica.

Por supuesto, cabría alegar que el volumen de gasto burocrático estará relacionado con el volumen total de gasto público: cuanto más grande es un Estado, más burocracia necesitará para gestionarlo (si bien también cabría pensar que existen ciertas economías de escala en esta materia, esto es, que un volumen determinado de burocracia sea capaz de gestionar distintos niveles de gasto público). En tal caso, dado que el gasto público de España es inferior al de otros estados europeos, no resultaría significativo que nuestro país gaste menos en burocracia que otros.

Sin embargo, aun cuando pongamos el gasto burocrático en relación con el gasto público total, España no es uno de los países europeos con mayor despilfarro en esta sede: en concreto, nuestro país destina poco más del 6% de todo su presupuesto a sufragar la burocracia, exactamente lo mismo que la hipercentralizada Francia.

En definitiva, no parece que el Estado de las autonomías español se halle especialmente sobreburocratizado en relación con otros estados europeos más centralizados: si de lo que se trata es de eliminar burocracia —algo que evidentemente sería deseable—, podemos hacerlo con o sin descentralización. Pero no es de recibo manipular a la ciudadanía prometiendo inverosímiles ahorros de gasto público en caso de recentralizar la estructura estatal.

Economistas versus ingenieros
Nota del Editor 14 Marzo 2018

No todos los economistas, pero si una gran parte, no se preocupan de analizar las partidas de entradas y salidas, especialmente si se trata de economistas favorables al gobierno, se dedican a justificar el aumento de las partidas de entradas (las que extraen de nuestros bolsillos) para tratar, deuda imparable por medio, de igualarlas a las salidas (despilfarro, ineficiencia, estupidez). Deberían pensar como ingenieros, buscar soluciones y no crear problemas.

En cuanto a la comparación con la "hipercentralizada Francia", hay que tener en cuenta que sufren innumerables consejos regionales de toda índole que dan cobijo a cientos de miles de profesionales de la  política y funcionarios.

Defender el estado autonómico es un disparate inadmisible.

ENTREVISTA EN ESRADIO
Abascal: ‘La Ley de Memoria Histórica ataca la libertad de conciencia’
Julio Llorente gaceta.es 14 Marzo 2018

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha concedido una entrevista a ‘Es la mañana de Federico’ en la que también se ha mostrado proclive a la derogación de la Ley de Violencia de Género.

En una entrevista concedida a esRadio, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha reflexionado sobre el hodierno vigor de su proyecto político, sobre el programa de éste para España y sobre la identidad europea , que, de acuerdo con él, estriba en tres ejes fundamentales: la libertad, la igualdad natural entre el hombre y la mujer y la separación entre Iglesia y Estado.

De esta manera, Abascal ha valorado el estado de salud de su partido, que goza en estos momentos de un importante número de afiliados: 5.500 (el mayor de toda su historia). ‘En lugares donde antes venían a vernos cuarenta personas y encontrábamos sillas vacías, ahora nos encontramos con cien personas, con actos llenos. Percibimos mayor adhesión’, ha aseverado el político, cuyas perspectivas electorales están trufadas de esperanza.

En esta línea, el líder de la formación derechista se ha ufanado de la ‘notoriedad’ que están alcanzando algunos de sus compañeros en los últimos meses. No en vano, personas como Javier Ortega-Smith, secretario general del partido, y Rocío Monasterio, presidente de VOX Madrid, cada vez disfrutan de mayor protagonismo en los medios de comunicación.

El proyecto para España
En lo que se refiere a los propósitos de VOX para España, Abascal ha adoptado una tono contundente y desacomplejado. Así, ha abogado por el desmantelamiento del Estado autonómico y la derogación de dos leyes: la de ‘violencia de género’ y la de ‘Memoria Histórica’.

El líder de la formación patriótica se ha mostrado proclive, en definitiva, a la constitución de un Estado más centralizado (sin prescindir, eso sí, de las diputaciones provinciales): ‘VOX es el único partido que aboga por la eliminación de las Comunidades Autónomas y la constitución de un Estado unitario con un solo Parlamento’, ha señalado Abascal, que considera que las autonomías no sólo no protegen la diversidad lingüística y folclórica de las regiones españolas, sino que la persiguen.

Asimismo, Abascal, que ha abogado por la abolición de la ‘Ley de Violencia de Género’ (la ha motejado de inconstitucional), se ha pronunciado sobre la ‘Ley de Memoria Histórica’; una norma que, según él, han aceptado todos los partidos políticos y que no hace sino atacar la ‘libertad de expresión, de conciencia y de cátedra’.

Preguntado por el desafío separatista catalán, el presidente de VOX ha expresado su particular e integral visión de la nación. Así, en la entrevista, ha rechazado la extendida y deletérea idea de que una generación de españoles puede disponer a su antojo de lo que es producto de siglos: ‘La nación también son nuestros muertos y aquellos españoles que están por venir’, ha sentenciado.

Europa y la identidad
Durante su feliz intervención, Abascal ha reivindicado la ronda de contactos que su formación mantuvo con diversos partidos de derecha alternativa. Para hacerlo, ha enumerado algunas ideas que comparte con ellos: el posicionamiento contra la ‘corrección política’, la protección del ‘Estado-Nación’ y la defensa de la ‘identidad judeocristiana europea frente al multiculturalismo’.

Asimismo, ante las acometidas de los contertulios, el político vasco ha salido en defensa del Frente Nacional (ahora Agrupación Nacional) de Marine Le Pen: ‘El Frente Nacional tiene más apoyo en Francia que Rajoy en España (…) No es como lo han presentado los medios de comunicación españoles’, ha manifestado.

Por último, Abascal se ha referido a la esencia de la identidad europea; esencia que, de acuerdo con él, radica en la unión de lo grecolatino y lo judeocristiano y en valores tales como la igualdad natural entre hombres y mujeres, la libertad o la separación entre poder civil y poder religioso.

Vara, con apoyo de Podemos, permitirá que se estudie religión islámica en los colegios públicos extremeños
OKDIARIO 14 Marzo 2018

La Consejería de Educación de Extremadura ofertará el próximo curso 2018/2019 la enseñanza de la religión islámica en algunos colegios extremeños cuyo número de alumnado musulmán sea “suficiente” para la contratación del profesorado.

Esta decisión nace de la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y la Comisión Islámica de España. El socialista Guillermo Fernández-Vara gobierna la comunidad extremeña con el apoyo de Podemos.

Cabe destacar que este martes se han reunido, en la sede de la Consejería de Educación en Mérida, el delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, Adel Najjar, con el secretario general de la Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz.

En dicho encuentro, Rodríguez de la Cruz ha entregado a Adel Najjar un ejemplar del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Comisión Islámica de España sobre la enseñanza de la religión islámica en centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanza de educación infantil, educación Primaria o educación Secundaria.

De este modo, y según ha informado la Comisión Islámica de España en Extremadura en nota de prensa, la Consejería de Educación se encargará de anunciar en próximas fechas, los nombres de los colegios que darán la oferta de la enseñanza de la religión islámica, a base de un estudio elaborado por la propia Consejería sobre el número del alumnado musulmán los centros educativos.

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Urge depurar la Stasi catalana de los Mossos
EDITORIAL El Mundo 14 Marzo 2018

Los Mossos d'Esquadra dejaron de comportarse como un cuerpo de seguridad de un Estado democrático para erigirse en policía política al servicio de la ideología nacionalista en el poder. La lista de políticos espiados no deja de crecer, desde Alicia Sánchez Camacho a Albert Rivera. Pero el principal objetivo de esta suerte de Stasi catalana no era otro que el ministro del Interior entonces, Jorge Fernández Díaz. El hallazgo del operativo que le vigilaba tuvo lugar entre 2014 y 2015. Los Mossos disponían de material técnico para interceptar comunicaciones sin orden judicial, desplegaban furgonetas de escuchas frente a los domicilios de los objetivos e incluso destacaron en Madrid a agentes en funciones de espía. Confidentes infiltrados en los Mossos elaboraron una relación de mandos que debían ser "neutralizados en caso de intervención del Gobierno por su lealtad manifiesta al movimiento independentista". Entre ellos figuran Josep Lluís Trapero y el actual jefe, Ferran López.

Ante estas informaciones publicadas en EL MUNDO, nos preguntamos por qué el Gobierno pese a lo que sabía confió en los Mossos para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre, y por qué López sigue al frente del Cuerpo con el 155 en vigor. ¿Por qué?

Valor de Rey
«La república es proclamada en Cataluña para romper con el Estado y con la Nación española. Y, sin que ello nos sorprenda, concretando la propaganda en ataques furibundos a la figura del Rey Felipe. Los insultos, los desaires se lanzan desde estos falsos republicanos como si nuestro Monarca, su persona, y lo que simboliza fueran la perfecta inversión de todo lo que ellos pretenden representar»
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR ABC 14 Marzo 2018

La ofensiva del separatismo catalán se ha impulsado gracias a la fuerza de dos elementos simbólicos, de extrema capacidad para desarrollar la energía emocional que precisan las fases históricas de ruptura. Para compensar el miedo al cambio y vencer los sólidos recursos de la inercia, hay que proporcionar a las masas la fuerza de una creencia. Y en los momentos de crisis de legitimidad como los que vivimos, en el sofocante escenario de desertización moral en el que caminamos, incluso un espejismo irresponsable puede disponer de perfil más atractivo que la compleja y dura realidad que se alza en nuestro entorno.

El primero de estos mitos tranquilizadores es la patria entendida en su forma romántica y elemental. «Viva la tierra», proclaman al final de sus mítines los de la CUP. Lo sorprendente no es que un puñado de ignorantes nos devuelva, con un siglo de retraso, lo que ha significado en la historia ese apego instintivo al determinismo de una ley de la gravedad nacionalista. Lo triste no es que unos cuantos extremistas, de palabra embadurnada con dos de los grandes errores de la humanidad, el nacionalismo y el comunismo, se entreguen a ese sombrío entretenimiento para consolar el desconcierto de una juventud desdichada. Lo abrumador es que una parte significativa de los catalanes se haya dejado expropiar las vinculaciones culturales de una sociedad democrática, para creerse a salvo en el arraigo primitivo de un paisaje inconsciente. Lo preocupante es que dos millones de personas que, hasta ahora, habían asumido la modernidad del impulso cosmopolita de la Cataluña liderada por Barcelona durante doscientos años, hayan aceptado ahora el sermón de quienes rechazan el aprendizaje cívico sobre el que se construyen las naciones modernas. Las naciones que no son brotes espontáneos del paisaje ni espasmos folclóricos con los que se rinde servidumbre a la tierra dominante; las naciones que son comunidades políticas construidas en la historia, afirmadas en la libertad de sus ciudadanos, sostenidas en un permanente proceso de perfeccionamiento de sus derechos y deberes.

El segundo mito es el de la República. Como para salir al paso de la polvorienta guardarropía del nacionalismo rústico, el separatismo habla a todas horas de «hacer República», incluso –sálvese la consigna aunque perezca la elegancia del lenguaje– de «implementar la República». Cabe imaginar lo que pensarían nuestros republicanos históricos de esa forma de poner un nombre digno de causas bien distintas a lo que está haciendo el secesionismo catalán. Al incumplimiento de las normas que dan poder legítimo a la propia Generalitat, a la destrucción de un consenso encabezado por los mismos nacionalistas desde la recuperación de la democracia, al uso y abuso de medios de comunicación que deberían estar al servicio de todos, a la sembradura de una idea ficticia de España y a la quiebra de los mecanismos de convivencia de estos últimos cuarenta años, se los quiere llamar nada menos que república. A la exaltación del desgobierno, al jolgorio de la desobediencia, al desprecio de lo que piensa la mayoría de los propios catalanes, se los quiere identificar con una cultura republicana. A la pérdida de seguridad jurídica, a la liquidación de buena parte de la prosperidad difícilmente reconstruida tras la crisis, a la incertidumbre injusta, se los pretende dotar de la solemne resonancia de la palabra república.

Al paso de esta injuria deberían salir, de entrada, los que se sientan más cercanos a la experiencia de quienes con ese ideal cruzaron los senderos de la historia de España, y que tan difícilmente se verán reconocidos en lo que está ocurriendo en Cataluña. Pero no desdeñemos la fuerza de esta consigna. Porque han sido las leyes del mercado verbal las que han aconsejado a los secesionistas hablar de independencia y a los nacionalistas a hablar de república. Y no les ha ido mal, por incomparecencia constante de quienes solo han ofrecido Estado, pero no Nación, para responder a ese desafío. De quienes han sido paralizados por su propio vacío ideológico, y se han mostrado incapaces de vencer una fantasía con la envergadura de una idea. Así, los separatistas han podido hablar de república e identificarla con la nación verdadera, la soberanía popular, la democracia viva, la comunidad movilizada. Ha tenido que ser la gente de a pie, la honradez insobornable de los españoles al raso, la que ha tenido que salir a la calle a denunciar esta farsa, a proclamar su madurez cívica sin fanatismo, su apego a la dignificante militancia en una patria de ciudadanos libres.

Pero hay algo que habrá de afirmarse con especial rotundidad en estos tiempos de confusión. La república es proclamada en Cataluña para romper con el Estado y con la Nación española. Y, sin que ello nos sorprenda, concretando la propaganda en ataques furibundos a la figura del Rey Felipe. Los insultos, los desaires se lanzan desde estos falsos republicanos como si nuestro Monarca, su persona, y lo que simboliza fueran la perfecta inversión de todo lo que ellos pretenden representar. Basta ya de criterios instrumentales y de apuntes de oportunidad táctica a la hora de considerar la cuestión de la monarquía en España. Basta ya de cínico distanciamiento y de abúlica neutralidad. La Monarquía es la forma de gobierno de la España constitucional. Pero ¿habremos de recordar que el Rey es algo más? ¿Habremos de subrayar que debe serlo especialmente ahora, cuando solo parece ser útil para quemarlo en escenarios desfavorables y coyunturas ni siquiera gestionadas por él?

Hablemos de la institución. Pero hablemos también de la forma en que esta se concreta ahora en la persona de Felipe VI. Consideremos la fuerza de un símbolo como este en una nación tan carente del ímpetu indispensable que suponen los signos de reconocimiento colectivo. Consideremos la fortuna de tener un Rey que se hizo hombre mientras maduraba la democracia. Un Rey que ha vivido, en esa edad crucial que va de los treinta a los cincuenta, algunas de las más terribles experiencias de España: las que deberían haber servido, como el terrorismo, el desafío separatista y la crisis económica, para unir y crear conciencia. Pero que han sido utilizadas para dividir, deslegitimar y desorientar. Un Rey educado para indignarse ante la injusticia y promover los derechos de todos. No ser elegido en una votación popular no es un signo de flaqueza institucional, sino de fuerza representativa. No ser votado por nadie es ocupar una institución suprema en nombre de todos. Porque el Rey no pertenece a un partido, a una región, a una clase o a un grupo de presión cualquiera. No solo es factor visible de continuidad y permanencia de la Nación; es, en estos momentos de fractura, quien puede encarnar su unidad de fondo. Es el hombre que se identifica con un tiempo difícil, para ejercer su responsabilidad desde un lugar al que no ha llegado casual y apresuradamente, sino como producto de una herencia y fruto de un aprendizaje en la representación de todos los españoles. Oscar Wilde dijo que es propio de los cínicos conocer el precio de todo y no dar valor a nada. Para una serie de aduladores sin principios, este es el precio de un jefe del Estado. Para esa inmensa mayoría de buenos patriotas españoles, este es el valor que posee el Rey.

Fernando García de Cortázar es director de la Fundación Vocento

Los Mossos de Zoido sancionan a un agente por utilizar el español en las actas
La decisión lleva aparejada la suspensión de empleo y sueldo durante 16 días.
 Libertad Digital 14 Marzo 2018

El Departamento de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra ha elaborado una propuesta de sanción grave "por falta de consideración y respeto" a un agente que defendió ante sus superiores su derecho a redactar las actas en español, según informa El Mundo.

Esta propuesta de sanción se produce en plena vigencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con los Mossos bajo el mando del Ministerio del Interior, o sea, de Zoido.

Los hechos se remontan al 18 de octubre de 2016, cuando el sargento responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano de Sant Andreu reprendió al agente sancionado por elaborar las actas de denuncia en castellano. El mando le recriminó que estaba incumpliendo las pautas establecidas en el comunicado interno que él mismo había elaborado en noviembre de 2009. El agente se negó a acatar la orden, salió del despacho y pidió a tres compañeros que entraran para que fueran testigos de los hechos.

Asuntos Internos tilda de "desafiante" el tono que utilizó el agente y considera que "desprestigió" a los mandos al llevarles la contraria en presencia de otros policías. La decisión lleva aparejada la suspensión de empleo y sueldo durante 16 días.

Los ‘amigos’ de Estrasburgo parecen enemigos
OKDIARIO 14 Marzo 2018

Con algunos amigos de la Unión Europea, España no necesita enemigos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) vuelve a condenar a nuestro país por segunda vez en menos de un mes. Y de nuevo la incomprensión es unánime. Si en febrero la máxima autoridad jurídica continental obligaba a nuestro país a pagar 30.000 euros al asesino Igor Portu y 20.000 a su sosias Mattin Sarasola —responsables ambos del atentado de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006 que mató a dos personas e hirió a otras 20— ahora se descuelgan con otra sentencia incomprensible, ya que España tendrá pagar 9.000 euros a los dos radicales independentistas que quemaron la foto de los Reyes en 2007.

El TEDH contradice de manera irresponsable el veredicto de los tribunales españoles y considera que quemar la foto del jefe del Estado no constituye delito, sino una forma de libertad de expresión. Curioso, cuanto menos, el concepto de “libertad de expresión” que tienen los componentes de dicho tribunal. Curioso y equivocado, porque es un claro caso de injurias contra la Corona —amén de que el modo de manifestación es nefasto—. Dicho tribunal considera que quemar las fotos forma parte del “pluralismo, tolerancia y amplitud de miras sin las cuales no hay una sociedad democrática”. Sociedades que se basan en la destrucción de imágenes y símbolos están más cerca de la anarquía que de una democracia. Un peligroso precedente si tenemos en cuenta el preocupante contexto de represión que los separatistas intentan instaurar en Cataluña desde hace años. Esta sentencia les dará munición propagandística.

De hecho, el fugado de la justicia Carles Puigdemont ha demandado, con claro ánimo de violencia implícita, “hacer caer el régimen instalado en España”. España es —reconocida por los informes internacionales más prestigiosos— un Estado de Derecho de plenas garantías, pero sentencias como las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo hace que personajes como Puigdemont se sientan legitimados para pronunciar ese tipo de barbaridades. Dislates declarativos que se extienden incluso al propio Congreso, donde la diputada de Compromís Marta Sortí ha citado al rapero Valtonyc para decir que el Rey “se pasa los derechos humanos por los cojones”. Esto es lo que consigue el TEDH con sus desvaríos. Sin ir más lejos, Reino Unido estuvo a punto de abandonar su jurisprudencia cuando impidieron extraditar a terroristas confesos como el yihadista Abu Qatada. Más que el máximo órgano jurídico de Europa, parece un grupo de amigos abonados al escándalo y que ahora tienen a España en su punto de mira.


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