AGLI Recortes de Prensa   Jueves 15  Marzo 2018

Jubilar a Rajoy
Eladio Del Prado cronicaglobal 15 Marzo 2018

¿Quién lo va a conseguir? Los jubilados. Como lo lee. Sus compañeros de partido, no. Le tienen más miedo que al lobo. Quien abre la boca es fulminado. Ejemplos ya hay varios. Los partidos políticos, tampoco. No lo han conseguido en las dos últimas legislaturas y méritos ha hecho. Pero no hay oposición. Ni líder con garantías y algo más. Nadie de ellos. Ni siquiera la ola de feminismo que recorre las calles de España. Los únicos que lo van a conseguir son los jubilados. Al tiempo.

Sabemos que el 46% de los pensionistas​ cobra menos de 736 euros al mes. Sabemos que casi cinco millones de personas mayores de 65 años están en riesgo de pobreza. Sabemos que desde el Gobierno se promociona los fondos de pensiones privados, para beneficio de los mismos, o sea la banca. Sabemos que el fondo de pensiones se ha terminado porque el Gobierno lo ha gastado y, sabiendo lo que venía, en siete años no ha hecho nada por buscar alguna solución. Lo sabemos todos y los jubilados también. Por eso van a jubilar a Mariano Rajoy. Van a romper el cristal de su techo electoral en miles de pedazos. Para que pierda el Gobierno. La seguridad del PP en los jubilados se ha terminado. Porque los jubilados se sienten traicionados. Esta generación ha sido la más trabajadora. Por las circunstancias de la época que le tocó vivir. Y el Gobierno juega con el dinero que debiera ser intocable para los jubilados, porque son los máximos merecedores de sus pensiones. Que bastante bajas son. Pues ellos también les negarán su voto. Porque se les ha terminado la paciencia con los cargos que llevan años sentados en las poltronas sin ocuparse de ellos, sus problemas y lo que se veía venir. Los echarán del Gobierno. Jubilarán a Rajoy.

Más de cuatro millones de jubilados perciben una pensión inferior al salario mínimo interprofesional. Si son viudas menos de la mitad. Porque las mujeres trabajaron mucho pero no cotizaron. Y si vamos al mundo rural... el problema es general. Las madres viudas no llegan a 400 euros. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular en dos legislaturas? ¿Qué ha hecho Mariano Rajoy? Nada. Mirar hacia otro lado. Vivir en la penumbra y disfrutar del poder sin ver la realidad del pueblo llano. Disfrutar de los escaños y despachos sin ver la realidad de la gente de a pie, de la gente de pueblo. Estos jubilados van a por todas. Ya fueron de jóvenes en el cambio de régimen. Ahora, de mayores, a por todas, porque les sobra experiencia de su juventud. Van a jubilar a Rajoy.

Los jubilados se han rebelado. Han salido a la calle. Van a jubilar a Rajoy
Cartas. Cuando se recibía, en tiempos, una carta había alboroto en la casa. Alegría. El familiar estaba bien y se comunicaba. Pero ha habido una carta distinta. La de la ministra Báñez. La nulidad hecha persona. "El incremento de las pensiones será del 0,25%...". Toma subidón. Toma vacile, ministra Báñez. Valió más la carta que la subida de la pensión. A lo peor le has cobrado la carta a cada jubilado. Le costó a Báñez, o sea a todos, 2,3 millones de euros. ¡Qué despropósito! El jubilado, además de sometido, ha sido vacilado por la ministra y por Mariano, que la mantiene en su cargo. Pues no les ha gustado. Se han rebelado. Se han colocado un lazo marrón y han salido a la calle. A manifestarse. Si no hay gobierno, si no hay oposición que los defienda, se defienden solos. Se reivindican solos. Manifestándose. No precisan ni sindicatos. El próximo sábado más. Cuidado Mariano, esto sólo es el principio.

Y ahora nos vende Rajoy que si hay presupuestos para el 20018 subirá las pensiones mínimas y de viudedad. Para eso no se necesitan presupuestos y mucho menos usarlos como chantaje. Presupuestos para este año. Ya estamos en Semana Santa, presidente Rajoy. Los Presupuestos siempre se presentaban con antelación. La desidia de este Gobierno bate todos los récords. “Nos estamos muriendo por los cuatro costados”, que escribió Celaya. Y es hora de vivir y recuperar los derechos sociales. Por ello se llenan las calles de jubilados para reclamar sus derechos. Y, de paso, para jubilar a Mariano Rajoy.

Contra el totalitarismo 'historicida'
EDITORIAL Libertad Digital 15 Marzo 2018

Con la atención del país centrada en Cataluña, el PSOE presentó a finales del año pasado una proposición de ley para la reforma de la ya de por sí despreciable Ley de Memoria Histórica de 2007, con la que pretende, además de imponer una verdad histórica única y oficial sobre la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista, castigar penalmente a los que no claudiquen ante una operación liberticida tan infame.

El articulado del proyecto contempla una suerte de orwelliana Comisión de la Verdad y medidas penales con condenas de hasta cuatro años de cárcel y lustros de inhabilitación –también en el ámbito docente– para quien haga interpretaciones de la historia del siglo XX que difieran de una verdad oficial que, básicamente, es una apología acrítica de la II República y del Frente Popular y una demonización del llamado bando nacional y del régimen franquista.

Este aberrante proyecto totalitario ha provocado que historiadores de la talla de Stanley Payne, Luis Suárez, Serafín Fanjul, Pío Moa o Guillermo Gortázar, junto a otros intelectuales destacados, como el presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, hayan suscrito un contundente Manifiesto por la Historia y la Libertad al que también se han sumado personalidades políticas como Teo Uriarte, Joaquín Leguina, Francisco Vázquez, Santiago Abascal, Javier Nart, Alejo Vidal-Quadras o Jaime Mayor Oreja.

Como afirman los más de 200 firmantes del manifiesto, "legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo"; también lo es "amenazar con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes o se opongan a la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no gratos y a la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España".

Es verdaderamente repugnante que una formación como el PSOE abandere semejante salvajada estalinista, a la que deben hacer frente con toda claridad el Partido Popular y Ciudadanos y la propia ciudadanía, víctima principal de este gravísimo atentado contra las libertades.

Ya está bien de que los complejos y la condescendencia de unos exciten las pulsiones totalitarias de quienes, en nombre de la democracia, quieren acabar con la libertad de expresión e imponer una versión única y corrompida de la Historia. Como bien dice el manifiesto, "los hechos históricos son hechos históricos y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un Estado democrático".

Instituto Cervantes
Juan Manuel Bonet viaja a Bruselas para defender la presencia del español en los organismos europeos
EP. ABC 15 Marzo 2018

El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, dictará este jueves 15 de marzo, en la sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, en Bruselas, una conferencia para impulsar el español en las instituciones europeas.

Asimismo, mantendrá una reunión de trabajo con responsables del Departamento de Español de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. La agenda que mantendrá Bonet este jueves en la capital comunitaria estará centrada en el español.

Bajo el título «El español en el mundo y en la Unión Europea», el director del Instituto Cervantes analizará la situación actual y las perspectivas de crecimiento de la segunda lengua de comunicación internacional del mundo.

En la Representación Permanente de España ante la UE, Bonet defenderá una mayor presencia del español en los organismos europeos, donde entiende que el protagonismo de la lengua española «no se corresponde con su peso real en el mundo». Ese peso lo ilustra un significativo dato: en el mundo hay más de 572 millones de hispanohablantes, de los cuales 477 millones de ellos son nativos.

La conferencia, seguida de debate, estará dirigida principalmente a intérpretes y traductores de español en las instituciones de la UE, hispanistas y profesores universitarios. Previamente, el director mantendrá un encuentro con el director del Departamento de Español de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, José Luis Vega, y con otros responsables de dicho departamento.

La reunión de trabajo se centrará en el proyecto Terminesp, con el que se pretende organizar la terminología en español. El objetivo de esta iniciativa, en la que participa el Instituto Cervantes, es encontrar un punto de referencia común para todas las organizaciones, los profesionales y los particulares en relación con el léxico científico-técnico en español.

Además, este miércoles Bonet dictará en el Cervantes de Bruselas una conferencia titulada «Tintín en España o la aventura que no fue». El escritor y crítico de arte, que se reconoce tintinófilo o tintinólogo, analizará el personaje de Tintín, uno de sus objetos de estudio preferidos desde su infancia. Así, hablará sobre los libros que protagonizó el joven creado por el historietista belga Hergé (1907-1983) y repasará el legado intelectual que sus aventuras dejaron en la cultura española.

TEXTO CONTRA LA LEY DEL PSOE
‘La herida de la Guerra Civil está restañada y no hay derecho a reabrirla’
Agustín Benito gaceta.es 15 Marzo 2018

Más de 200 políticos, catedráticos, empresarios e historiadores, entre ellos el presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, han firmado un manifiesto contra la nueva proposición de Ley sobre Memoria Histórica presentada por el PSOE y que supone imponer por la fuerza una “única versión de la historia”.

Denuncian que en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante ‘historicidio’ desde diciembre de 2007 y que esto es “una vuelta de tuerca más con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo en España” y recuerdan que con la implantación de una “Comisión de la Verdad”, amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’ atacando directamente los fundamentos de la Constitución.

“Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido ni individuo que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España”, afirma el texto.

El “Manifiesto por la historia y la libertad” ha sido presentado este miércoles en el marco del II ciclo sobre “El necesario fortalecimiento de España”, que organizan las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad, un acto dirigido por el columnista de La Razón, Alfonso Ussía y que ha contado con la presencia del exministro de UCD Rafael Arias-Salgado, el expresidente de la Comunidad de Madrid y “socialista patriota”, Joaquín Leguina, el ensayista hispano-británico Tom Burns y el exministro Marcelino Oreja.

Ussía ha cargado en su intervención inicial contra la Ley de Memoria Histórica y ha recordado que fue mantenida y respetada por el PP durante sus cuatros años con mayoría absoluta “muy probablemente influido por esa persona de enorme fuerza ideológica que se llama Soraya Sáenz de Santamaría”, ha dicho con sarcasmo delante del vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Casado, antes de tildar la Ley de la Memoria Histórica de ley del resentimiento, del odio, de la venganza, del rencor y de la mentira, y asegurar que “no puede haber una ley expresamente promulgada para estos fines”.

Arias-Salgado ha asegurado que la proposición socialista vulnera la Ley de Amnistía de 1987, cuyo contenido estuvo presidido por la idea de la reconciliación nacional y la superación de la Guerra Civil, y el gran pacto de la Transición. “Tiene un propósito orwelliano al tratar de crear una verdad, pero no definirla y parte de una falsedad histórica, es decir, de la afirmación de la existencia de un genocidio. La Guerra Civil Española no fue nunca un genocidio sino un enfrentamiento civil-bélico brutal (…) no es aceptable pretender aplicar una legislación internacional pensada para otros supuestos”, ha afirmado. Ha censurado, asimismo, que en el ámbito de las penas y las sanciones el revanchismo logre su zenit al castigar la defensa del franquismo en un medio de comunicación o Internet con dos años de prisión y multa, y no decir nada sobre los que defienden la legitimidad de las checas.

El exdirigente socialista Joaquín Leguina ha dicho que la herida de la Guerra Civil está restañada y “no hay derecho a reabrirla”, y que la ley “no va a salir nunca para bien de todos y también para bien del PSOE”: “No puede salir adelante, simplemente”.

A juicio de Tom Burns, la mala historia hace la mala política y al revés, y “está infectada por totalitarios que atentan contra la libertad individual, se escribe con criterios sectarios y se divulga con fines propagandísticos”. “La Memoria en esta proposición de Ley es una nostalgia neurasténica que ha sido creada por revanchistas. Esta sinrazón no tiene nada que ver con la Historia. Lo triste y dramático es ver como se ha generalizado ese oxímoron de Memoria Histórica”, ha declarado. También se ha preguntado por qué este disparate: ¿Qué pretende el PSOE con esta ley? ¿Es necesario amenazar con sanciones penales a quién no comulga con tus ideas para poder afirmar ‘somos la izquierda?”.

En esta línea, Marcelino Oreja ha denunciado que Sánchez pretenda instaurar con una ley tan sectaria como errática una supuesta memoria “llena de falsedades y tergiversaciones”, y olvide otras memorias que muchos “han preferido guardar con respeto y silencio aunque no exento de dolor”. Ha contado que no conoció a su padre, miembro de Acción Católica, porque fue asesinado en Mondragón el 5 de octubre de 1934 por las hordas revolucionarias -meses antes de que él naciera- y que la amnistía otorgada por el Gobierno al que pertenecía al autor material del asesinato le puso en libertad: “Cuando lo supe y oí su nombre tuve un escalofrió, pero no dije nada. Esta es la primera vez que menciono este hecho en público”.

Finalmente, ha rememorado las palabras del expresidente del Ejecutivo Felipe González el 18 de julio de 1986 cuando en el 50 aniversario del inicio de la Guerra Civil recordó con respeto a los luchadores de ambos bandos muchos de los cuales sacrificaron su vida en el afán de una España mejor y expresó su deseo de que esa efeméride sellara definitivamente la reconciliación entre los españoles.

Manifiesto Íntegro por la Historia y la Libertad
"No se puede imponer por ley un único relato de la historia"
www.latribunadelpaisvasco.com 15 Marzo 2018

El “Manifiesto por la Historia y la Libertad”, firmado por una larga lista de perrsonalidades de la cultura, surge con motivo del nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica que ha presentado Margarita Robles, en nombre del PSOE, en el Parlamento.

Ante la gravedad de esta propuesta, que pretende criminalizar la historia, y amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y multas cuantiosas a quienes discrepen de la ”verdad única”, un grupo de historiadores, investigadores, profesores y periodistas ha respondido de modo contundente a dicho proyecto de ley.

Para ello, han firmado un manifiesto en el que se afirma que “la Historia debe ser siempre un espacio libre para el debate de las ideas y la investigación, pero nunca para dogmatizar sobre la historia y sus hechos”.

El periodista Jesús Palacios, en nombre de la Sociedad de Estudios Contemporáneos Kosmos-Polis, es el responsable de la puesta en marcha de la iniciativa. Ésta cuenta con el apoyo expreso de más de 150 historiadores y otras personalidades, encabezados por el Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde Fuentes, y el historiador Stanley Paine. Entre ellos se encuentran Fernando Savater, Antonio Escohotado, Joaquín Leguina, Enrique Clavet, Félix Ovejero y Andrés Trapiello.

Puntos fundamentales del Manifiesto:
“No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante historicidio desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007".

"Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria 'Ley de Memoria Histórica', con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España".

"Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra":

la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra);
la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales);
la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social);
el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución).

MANIFIESTO ÍNTEGRO POR LA HISTORIA Y LA LIBERTAD
No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.

Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.

Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España.

Con la implantación de una "Comisión de la Verdad", amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la 'verdad única', la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no 'gratos', y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.

Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.

El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con diversos regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.

Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.

Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.

Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.

Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.

Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.

Un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica del PSOE dice que es “de tipo soviético”
OKDIARIO 15 Marzo 2018

Joaquín Leguina, Fernando Savater o el ex eurodiputado Marcelino Oreja, entre otras 150 personalidades, firman el ‘Manifiesto por la historia y la libertad’, que critica la nueva Ley de Memoria Histórica propuesta por el PSOE a la que acusa ser “de tipo soviético“, “reabrir viejas heridas” y buscar imponer el “pensamiento único”.

El documento ha sido firmado por personas como el historiador e hispanista Stanley Payne, los escritores Fernando Savater, Andrés Trapiello o Félix Ovejero; el socialista y expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina; el ensayista Antonio Escohotado; o el catedrático Juan Velarde. Además lo apoyan los periodistas Alfonso Ussía y Tom Burns; el político Rafael Arias-Salgado, que fue ministro con Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y José María Aznar; y el exministro y exeurodiputado Marcelino Oreja.

“Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad”, denuncia el manifiesto, que critica que a su juicio la nueva legislación puesta sobre la mesa por el PSOE “solo sirve para reabrir viejas heridas” que se creían “ya cicatrizadas”.

Los firmantes consideran que resultaría “dramático” para la convivencia entre los españoles que, casi ochenta años después de finalizada la Guerra Civil y más de cuarenta después de la extinción del franquismo, “se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles”.

Censuran que el PSOE pretende, según ellos, dar “una vuelta de tuerca más” con su propuesta de reforma, en la que plantean declarar nulas las resoluciones judiciales y administrativas dictadas por motivos políticos durante el franquismo, crear una Comisión de la Verdad, ilegalizar entidades como la Fundación Francisco Franco y sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

“Los hechos históricos son históricos”
El manifiesto defiende que “los hechos históricos son históricos” y entiende que si saliese adelante esta reforma de la “mal llamada” Ley de Memoria Histórica de 2007, se estarían confrontando las ideas “bajo la mordaza y el castigo penal”.

A su juicio, ningún parlamento puede ni debe legislar sobre la Historia, pues la “criminalizaría estableciendo una checa de pensamiento único”. “El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada”, continúa, y añade que la invocación “a modo de pantalla” de la memoria de las víctimas del franquismo o su “equiparación” con otros regímenes totalitarios “son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles”.

“No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos”, advierte el escrito, que carga contra el camino que comenzó con un “flagrante historicidio” con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007.

Ataque a la Constitución
La declaración califica de “espuria” esta propuesta por su intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación “que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la historia contemporánea de España”.

Sostiene que supone un ataque a “los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra”, tales como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

“Resignificar” el Valle de los Caídos
En su iniciativa los socialistas también plantean medidas para los particulares a los que se les confiscaron bienes muebles e inmuebles –hasta ahora solo se ha restituido el patrimonio incautado a partidos y sindicatos–.

También prevé la aplicación de las recomendaciones del grupo de expertos que en 2011 planteó sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco para poder “resignificar” este espacio, de forma que deje de ser un lugar de memoria franquista y se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Las cloacas de los Mossos
Pablo Planas Libertad Digital 15 Marzo 2018

A los Mossos d'Esquadra no les cabe un marrón más. Las investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil demuestran la participación de cientos de mandos y números en la preparación y celebración del referéndum ilegal del 1-O, la absoluta renuencia de la cúpula policial a hacer cumplir las órdenes judiciales para impedir su celebración, los chivatazos que se dieron a los organizadores sobre los movimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la completa sintonía entre la dirección policial y la política. Las comunicaciones internas de los Mossos durante el 1-O expresan con insólita crudeza su actitud, en el mejor de los casos pasiva.

Los Mossos no hicieron nada durante ese día porque ya lo habían hecho todo durante semanas antes. Entorpecieron de todas las maneras posibles las actividades que por mandato de los jueces realizaban la Policía Nacional y Guardia Civil y facilitaron el asedio a una comitiva judicial en pleno centro de Barcelona. El actual jefe del cuerpo, Ferran López, ha declarado en sede judicial que no se actuó porque temían que manifestantes borrachos se hubieran hecho con las armas de los coches de la Guardia Civil que se había pasado horas destrozando una turba muy cívica pastoreada por los Jordis con la colaboración de Tardà, Rufián y otros dirigentes políticos. Hasta el exconsejero de Interior Jordi Jané ha dicho en el Supremo que él también estuvo en aquella fiesta del 20 de septiembre. Se pasó por curiosidad al salir del trabajo de asesor de Interior. Para ver el ambiente. Gente trepando y botando en los coches de los picoletos, esteladas al viento, Els Segadors cada media hora, un mosso por la independencia haciéndose fotos al lado de un coche de la Guardia Civil destrozado, una secretaria de juzgado escapando por las azoteas y luego camuflada entre el público que salía de un teatro y los guardias civiles atrapados durante casi 24 horas en el interior de la consejería del pacifista Oriol Junqueras y el feminista Lluís Salvadó.

Nada más trascender por TV3, al filo de las nueve de la mañana, que la Guardia Civil registraba la Consejería de Economía, la ANC de Sànchez y el Òmnium de Cuixart convocaron una movilización frente al edificio. A las diez ya habían cortado la Gran Vía y dirigentes de ERC hacían acto de presencia para las fotos y las conexiones en directo. Un exterrorista de Terra Lliure aparecía a sus espaldas. La república catalana era cuestión de días y las calles, suyas. En veinte minutos podían montar un Maidan. España quedaba avisada.

Luego pasó que no había estructuras de Estado ni con qué sostener el órdago, que los que daban órdenes a los Mossos se rindieron al 155, que la Guardia Civil intervino las comunicaciones de la policía regional y que la Policía Nacional se incautó de documentación que los Mossos, ya supeditados al 155, estaban a punto de entregar a las llamas.

Esa parte de los papeles que se salvaron de la quema contiene pormenorizados seguimientos a particulares, políticos y periodistas desafectos al nacionalismo; grabaciones, fotografías, fichas y pormenorizados informes de organizaciones, manifestaciones e individuos no separatistas; documentación antiterrorista y un montón de material que habría hecho las delicias de los capos de la Gestapo y la Stasi.

Contra lo que cabría suponer, agentes con el uniforme de los Mossos d'Esquadra siguen patrullando por toda Cataluña como responsables máximos de la seguridad ciudadana, y el único expediente del que se tiene conocimiento es el que ha impuesto una suspensión de empleo y sueldo a un mosso de la comisaría de Sant Andreu de Barcelona que tiene la manía de redactar en español las denuncias que se formulan en español.

Con el 155 en vigor, con el ministro Zoido al frente de la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña, con todo lo que consta negro sobre blanco o en audio de las cloacas de los Mossos, el primer y único damnificado es un poli de barrio que no comulga con la inmersión lingüística en comisaría, cosa que explica a la perfección todo lo anterior y lo que pasará cuando el separatismo agote los plazos y vuelva a formar un Gobierno autonómico de obediencia republicana.

Memoria
David Gistau ABC 15 Marzo 2018

Al considerar la vigencia de ciertos tramos de nuestra historia, podríamos pensar que la española es una sociedad que cultiva la memoria. Que es obsesivamente memoriosa, de hecho, lo cual no sería incompatible con un parámetro general de ignorancia que permite hacer pasar hechos históricos, una vez ahormados por un prejuicio ideológico contemporáneo, por lo contrario de lo que fueron y significaron.

Recién leída una información de Luis Aizpeolea sobre charlas impartidas por víctimas de ETA en universidades vascas, me quedo atónito por un dato que el periodista da. El 50 por ciento de los universitarios vascos no sabe qué fue el atentado de Hipercor. El 40 por ciento no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. No es que estén entregados a alguna militancia por la cual desarrollan hostilidad a las víctimas o al relato oficial. Es que no saben de qué se les habla. En un país dado a la memoria, que hasta promulga leyes basadas en ese término para introducir en los titulares de actualidad y revisarlos una y otra vez sucesos de hace más de setenta años, este desconocimiento de asuntos que sacudieron la España de hoy mismo resulta impresionante. Esto explica mejor por qué el libro «Patria» fue un acontecimiento revelador cuando, para saber lo que ahí se cuenta, bastaba con haber mantenido los ojos abiertos durante unos años en concreto que no son precisamente los remotos de la Guerra Civil.

Cuando ETA es un tema de conversación evitado en las familias vascas y existen un alivio general y un afán de superación, puede entenderse que para la generación de veinteañeros todo aquello sea algo impreciso, lejano. Porque lo cierto, según cuenta Aizpeolea, es que tampoco están influidos en sentido inverso ni mantienen el concepto de asalto militante de las aulas que antaño formó parte de la estrategia batasuna. Durante las charlas sabían en detalle de ETA por primera vez y muchos rompían a llorar con una empatía limpia y extrovertida por las víctimas que habría sido impensable en los campus de los años ochenta. No hay, por tanto, prejuicio ideológico. Sólo una necesidad terapéutica de distanciamiento en la sociedad que tal vez se haya llevado demasiado lejos, como cuando engañamos a los niños y les decimos que no existen los monstruos para que su pequeño mundo sea perfecto y protector.

No existe una sola tragedia europea de cuyo recuerdo haya que preservar a la generación siguiente. Al revés, ha de enfrentarse a ello como recordatorio y admonición, como advertencia de lo que puede ocurrir si se degrada una estructura de certezas morales que ya estaba ahí cuando esos jóvenes llegaron. Una generación siguiente en el País Vasco que ignora qué fue Hipercor o que necesita leer «Patria» para saber qué ocurrió en su vecindario hace un par de décadas tiene agujeros por los que se le puede colar cualquier cosa. Por ejemplo, hay que explicarle por qué Otegui no puede pretenderse un gurú de la nueva política biempensante que nos da a los demás lecciones de democracia.

Empleo público
Avalancha de interinos en el Gobierno aragonés: 5.000 más en cuatro años
A finales de 2013 tenía un total de 49.000 asalariados, y ahora supera los 54.000 a base de contratar temporales
Roberto Pérez ABC 15 Marzo 2018

La plantilla del Gobierno aragonés no para de aumentar desde finales del año 2013. Ha sumado más de 5.000 en cuatro años, y todo a base de interinos. Tras un fugaz recorte de personal que se produjo entre 2011 y 2013, a partir de ese momento volvió a engordar: empezó a hacerlo en la recta final de la legislatura PP-PAR y ha seguido en los tres años que lleva el actual Gobierno PSOE-Chunta.

Según los datos oficiales del propio Gobierno aragonés recopilados por ABC, en diciembre de 2013 la Administración autonómica aragonesa sumaba 49.110 asalariados, frente a los 54.251 con los que acabó el último año, 2017. Es decir, un aumento de más de 5.000 empleados públicos, que tienen su reflejo directo en el gasto de personal del Gobierno aragonés, situado ya por encima de los 2.000 millones de euros anuales. Y la cifra sigue en aumento.

Además, esta escalada en la plantilla de la Administración aragonesa se ha producido íntegramente a base de incorporar interinos. De hecho, según las estadísticas oficiales, desde que comenzó la actual legislatura -en el verano de 2015- el personal fijo de plantilla se ha reducido en más de mil efectivos, mientras que la cifra de temporales se ha disparado en unos 4.600.

Cuando la popular Luisa Fernanda Rudi tomó las riendas del Gobierno aragonés en coalición con el PAR, en julio de 2011, se encontró con una Administración que sumaba 50.596 empleados públicos. La crisis económica -y las promesas de recorte del gasto público con las que Rudi llegó al Ejecutivo regional- forzaron una reducción de efectivos. En dos años y medio redujo la plantilla del Gobierno aragonés en 2.400 personas. Sin embargo, en el año y medio final de su legislatura hizo justo el camino inverso: engordó la plantilla con 1.900 asalariados más.

Cuando el PP dejó el Gobierno aragonés, en junio de 2015, la Administración autonómica rozaba los 51.000 empleados públicos, unos 400 más que los que tenía cuando Rudi había tomado las riendas del Ejecutivo regional.

Ese incremento de 1.800 efectivos que se produjo entre diciembre de 2013 y junio de 2015, en la recta final del Gobierno PP-PAR, ha tenido continuidad con el Ejecutivo PSOE-Chunta que preside el socialista Javier Lambán. Desde que sucedió a Rudi, la plantilla del Gobierno aragonés ha engordado con 3.300 empleados públicos más en menos de tres años.

De esos 3.300 asalariados que ha sumado el Gobierno aragonés desde que lo ocupa la coalición PSOE-Chunta, unos 2.800 han sido incorporados en Sanidad (+1.200) y en Educación (+1.600).

Toda esa escalada en la plantilla de la Administración autonómica se está realizando a base de interinos. De hecho, en los últimos años el personal fijo va a menos, mientra que el temporal crece de forma acelerada. Baste un dato: en los dos últimos años, de diciembre de 2015 a diciembre de 2017, la Administración aragonesa ha prescindido de 1.200 trabajadores fijos, mientras qu eha incorporado a más de 2.400 interinos. El personal temporal supone acutalmente el 46% de la plantilla total del Gobierno aragonés.

El Consell de Mallorca valorará más la ortografía catalana que la balear a la hora de subvencionar libros o discos en catalán
La institución insular, que preside el ecosoberanista de MÉS Miquel Ensenyat, destinará este año 260.000 euros para ayudas en materia lingüística
Josep María Aguiló ABC 15 Marzo 2018

El Consell de Mallorca, que preside el ecosoberanista de MÉS Miquel Ensenyat, anunció ayer que este año volverá a conceder subvenciones para libros y discos editados en catalán. El presupuesto total para estas ayudas asciende a 260.000 euros, de los cuales 200.000 se destinarán a libros y los 60.000 restantes a discos. Cabe recordar que en la actual legislatura gobierna en la institución insular un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Podemos.

Para la concesión de las nuevas ayudas previstas a editoriales y discográficas, el Consell de Mallorca valorará la calidad y el interés de la obra, así como la calidad editorial o fonográfica, su carácter innovador, el precio de venta, la trayectoria del autor y también la de la editorial o discográfica. Como novedad con respecto a la convocatoria del pasado año, por vez primera la Dirección Insular de Política Lingüística también otorgará puntos a aquellas obras que estén adaptadas a la nueva «Ortografia catalana» («Ortografía catalana»), aprobada por el Institut d'Estudis Catalans (IEC) en 2016 y publicada un año después.

En el Archipiélago existe el Institut d'Estudis Baleàrics (ILLENC), que depende de la Consejería de Cultura del Gobierno balear y que sería el equivalente del IEC. Aun así, el Consell de Mallorca ha optado en este caso por valorar más los criterios ortográficos establecidos hace dos años por un organismo vinculado a la Generalitat que los criterios ortográficos defendidos por estudiosos y expertos isleños. Además, la «Ortografía catalana» del IEC se realizó sin que participase en su elaboración el ILLENC.
Peculiaridades lingüísticas

La mayoría de filólogos de Baleares aceptan desde los años ochenta que en las Islas se habla el mismo idioma que en Cataluña, es decir, la lengua catalana. El propio Estatuto de Autonomía de Baleares señala, en su artículo cuarto, que «la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tiene, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial».

En cualquier caso, aun aceptando la unidad de la lengua catalana —cuestión sobre la que aún hoy no existe unanimidad en el Archipiélago—, es evidente que la gramática, la ortografía y el léxico de Cataluña y de Baleares presentan divergencias y peculiaridades de mayor o menor relevancia. Esta circunstancia no ha sido tenida ahora en cuenta por el Consell de Mallorca, que, como se ha señalado, ha optado por valorar más la ortografía específica catalana que las modalidades propias de la ortografía balear a la hora de subvencionar libros y discos en catalán.

Más allá de las posibles controversias que pueda suscitar esa decisión, el objetivo de las nuevas subvenciones es, según señaló ayer el Consell de Mallorca a través de un comunicado, «aumentar el conocimiento y la presencia social de la lengua catalana al mismo tiempo que se apoya el mantenimiento de la industria editorial y discográfica en la lengua propia de Mallorca». Otra novedad con respecto a la convocatoria de 2017 es que la institución insular tiene también prevista en esta ocasión una partida presupuestaria para ayudas para los rótulos en catalán.

La ‘catalanización’ sigue amenazando en Baleares y Valencia
Profesionales de sanidad y educación lamentan que el catalán o el valenciano sean un requisito para poder trabajar.
B. Medina | P. Cuevas Libertad Digital 15 Marzo 2018

Continúan las fugas de profesionales sanitarios en las Islas Baleares debido al decreto del Gobierno balear que obliga a los médicos a tener el título de catalán para poder ejercer su trabajo en la sanidad pública. Esta exigencia del tripartito sobre todo afecta a las islas de menor tamaño como Formentera, Menorca o Ibiza, donde ha hecho que haya aún más dificultades de las que ya había para poder encontrar profesionales de la sanidad que quieran realizar su labor allí. Y los que están, se están marchando.

El pasado miércoles se produjo la última renuncia en Ibiza. Ileana Antón, la única neuropediatra que quedaba en la isla, abandonó su puesto. Antón ejercía su labor en el hospital de Can Misses (el único público que hay en Ibiza), pero presentó su dimisión porque "no traga más". La neuropediatra está cansada de que se le valore más por el idioma que habla que por su currículum.

Esta fuga ha supuesto un grave contratiempo para la ya mermada área de Pediatría del hospital, como así ha reconocido el propio responsable de este departamento en Can Misses, Bartolomé Bonet, en el programa de Es la tarde de Dieter: "Es un problema añadido, tenemos una plantilla muy ajustada.Hay que reorganizar las cosas porque se trata de enfermos con enfermedades neurológicas, niños con epilepsia, con retraso mental, con parálisis… Hay que reorganizar todo".

De momento, se van a tener que conformar con reorganizar el área de Pediatría porque, debido a esa exigencia del catalán, entre otros pormenores, está siendo complicada la búsqueda de posibles sustitutos."No va demasiado bien. Hemos puesto anuncios en diferentes ámbitos pediátricos para que la gente sepa que está esta plaza, pero de momento estamos a la espera de ver a quién le interesa", ha reconocido Bonet.

Esa falta de profesionales sanitarios repercute en los pacientes. Estos son los más afectados por un decreto del Gobierno balear que Bartolomé Bonet, espera que eliminen porque "lo único que hace es crear más problemas de los que ya hay".

CSIF critica la imposición del C1 de valenciano
Si en Baleares son varios los profesionales sanitarios que han dejado sus puestos, en la Comunidad Valenciana el gobierno ha ido paso más allá en la exigencia del valenciano en la educación.

En Es la tarde de Dieter el presidente nacional de Educación del sindicato de funcionarios CSIF, Mario Gutiérrez, ha relatado que en el borrador de la convocatoria de las próximas oposiciones para docentes de Infantil y Primaria en la Comunidad Valenciana se establece que será necesario acreditar un C1 de valenciano. Estamos ante una de las convocatorias más extensas de los últimos años, saldrán a concurso alrededor de 3.000 plazas. Según Gutiérrez, las personas que no posean este título se podrán examinar pero posteriormente será obligatorio que se matriculen para obtener el certificado en valenciano.

El responsable de Educación de CSIF ha lamentado que muchos interinos pueden ser excluidos de las próximas oposiciones debido a esta falta de titulación. A esto hay que sumar que poseer el título de C2 de valenciano puntuará dos puntos, más que hablar otra lengua extranjera o un máster.

Para Mario Gutiérrez estamos ante un paso mas hacía una "catalanización" de la Comunidad Valenciana. En este sentido, ha reclamado al gobierno de Mariano Rajoy que "tome cartas en el asunto". Por ello, ha pedido al Ejecutivo mayor actuación de la alta inspección, que se cambie el decreto de acceso a las oposiciones en esta comunidad y que se alcance un pacto estatal para impedir estas situaciones.

Nuevas amenazas de los cachorros de la CUP en Baleares contra Jorge Campos
Los cachorros de la CUP en Baleares han vuelto a amenzar a Jorge Campos, presidente de Actua Baleares.
Libertad Digital 15 Marzo 2018

El presidente de Actua Baleares, Jorge Campos, ha presentado esta mañana denuncia ante la Policía Nacional contra el grupo violento separatista Arran por amenazas, injurias e incitación al odio y a la violencia contra su persona.

El grupo Arran, vinculado a partidos políticos de extrema izquierda independentista, ha colgado una pancarta junto a la Catedral de Palma en la que se indica, junto a una imagen de Jorge Campos: "El Estado señala, el fascismo apuñala. Iluminemos la oscuridad, ahoguemos el fascismo".

Tras la condena por parte del Tribunal Supremo al rapero Valtonyc, colaborador del grupo Arran, se han incrementado las amenazas hacia Jorge Campos. Por lo que el presidente de Actua Baleares no ha dudado en denunciar nuevamente estos hechos para demostrar que la incitación al odio y a la violencia tienen que combatirse con los instrumentos del Estado de Derecho.

"Estos individuos se siente respaldados y envalentonados gracias a la irresponsable actitud de aquellos cargos públicos o miembros del gobierno balear que se solidarizan con ellos, como ha sucedido con el rapero condenado Valtonyc. Son los causantes de este incremento de las amenazas. Aún así, vamos a seguir defendiendo la libertad, la democracia y la unidad de España", explicó Jorge Campos.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial