AGLI Recortes de Prensa   Viernes 16  Marzo 2018

Los hombres que han hecho fracasar la socialdemocracia
A los socialistas les recomendaron que fuesen pragmáticos y realistas. La consecuencia es que les han pasado por todos lados: derecha, izquierda y centro
Esteban Hernández elconfidencial 16 Marzo 2018

Klaus Schwab, economista, empresario y fundador del Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, acaba de formular, en el WEF América Latina, la idea fundamental que anima las posiciones ideológicas de las élites globales: “La línea de la división de hoy no está entre la izquierda y la derecha políticas, sino entre los que abrazan el cambio y los que quieren conservar el pasado. Estos últimos se quedarán atrás”.

La frase de Schwab no es únicamente suya, sino que define el esquema ideológico con el que están operando las nuevas fuerzas conservadoras y del que habría que hablar con más amplitud. De momento, constatemos que existen una serie de creencias que se repiten, que constituyen el centro de esa ideología, y que marcan un nuevo eje: la educación, la formación, la tecnología, los grandes cambios que se avecinan, las innovaciones que podemos crear y nuestra capacidad de poner en marcha nuevos sistemas son el futuro; las 'fake news', la desinformación, el populismo, el nacionalismo, la demagogia y la izquierda son el pasado. Por supuesto, ellos están entre los primeros y por eso se declaran optimistas, y quienes señalan que el sistema no está funcionando, entre los segundos, y por eso son pesimistas.

Joaquín Almunia pertenece a esta élite global, pero también a la socialdemocracia de viejo cuño, lo cual no es en absoluto contradictorio. El ex secretario general del PSOE y ex comisario europeo presenta nuevo libro, en el que, cómo no, el porvenir está presente desde el mismo título. 'Ganar el futuro' (Ed. Taurus) describe los retos que afrontan los nuevos conservadores, pero ciñéndolos a Europa y a la socialdemocracia, asuntos que vincula. No es extraño, porque es una operación que vienen realizado desde hace 20 años: cada vez que le preguntaban a Felipe González sobre redistribución y asuntos similares, decía que lo importante era construir Europa, porque era la única posibilidad de que hubiera una sociedad más justa; hagamos una UE más sólida y luego ya vendrá la justicia social. Muchos años después, Almunia exhibe en su libro el mismo discurso, pero dejando de lado el hecho de que en todos estos años las clases medias y las populares han salido perdiendo y la socialdemocracia ha entrado en crisis, y que él ha sido parte importante en ese proceso, tanto por su papel en la UE como por la opción ideológica que ha defendido en España.

El miedo y la pereza socialistas
Sin embargo, a la hora de explicar los motivos de esta falta de popularidad de los viejos socialistas, Almunia prefiere recurrir al esquema madre: muchos de los socialdemócratas europeos se han visto desorientados, solo ofrecen la reproducción de políticas viejas o soluciones mágicas que provienen del mundo de la ilusión o se fijan más en proteger lo que se había conseguido en el pasado que en cómo afrontar el futuro. En resumen, son gente que tiene miedo o pereza a la hora de pensar nuevas soluciones. Almunia tampoco ofrece medidas concretas, más allá de las invocaciones generales a la mejora de la educación y de la eficacia redistributiva, y la lucha contra el cambio climático y la exclusión social. Solo apunta que, en lugar de fijar un impuesto a las transacciones financieras, es mucho mejor eliminar ciertas deducciones del impuesto de sociedades, una propuesta que “bien explicada, arrasaría en las elecciones”. Quizás esto sea el futuro, y probablemente así ocurra, pero no deja de asemejarse a lo que los viejos partidos socialistas vienen diciendo desde hace años, y es justo lo que les ha conducido a una posición de irrelevancia en Europa.

Los socialistas han actuado desde hace varias décadas como el recambio amable de las políticas económicas conservadoras. Cuando los partidos de la derecha se desgastaban, ellos exhibían una mayor empatía para con los perdedores, ascendían al Gobierno y seguían haciendo más o menos lo mismo que sus predecesores. A partir de 2001, pero especialmente tras la crisis, esa versión simpática, que fundamentaba su pertenencia a la izquierda en asuntos culturales, ya no les basta.

Sed realistas
A Almunia le gustaba contar, y lo sigue haciendo, que en la debilidad socialdemócrata hay una causa fundamental. Cada vez que tenían que ganar el poder, realizaban promesas en la campaña que olvidaban una vez obtenido el triunfo, y eso pasaba factura entre su electorado. Suena razonable, pero el ex comisario europeo concede a esa afirmación un sentido diferente del aparente: lo que quiere subrayar es que no se pueden hacer promesas y que hay que ser más realistas en los programas. No es posible decir a la gente que va a vivir mejor o que habrá más servicios públicos o que tendrán mejores condiciones laborales, porque ese tipo de cosas te pueden llevar a gobernar, pero luego generarán mucho desencanto. Bien podría argumentarse al contrario: si esos asuntos son demandados por su electorado, lo lógico sería que se llevaran a efecto una vez en el Gobierno. Lo que les ha minado es precisamente defraudar a los suyos por no hacer lo que les pedían.

Esa debilidad de fondo ha dejado la socialdemocracia a merced de las nuevas fuerzas políticas surgidas tras la crisis. Han perdido mucho terreno en sus estratos de voto tradicionales, como las clases populares y las medias bajas, pero tampoco les han respondido bien las clases medias urbanas y las medias altas, que eran el público al que habían optado por dirigirse en los últimos tiempos. De modo que les han pasado por la derecha, con los populismos, les han restado fuerza por la izquierda (en el caso español) partidos como Podemos y hasta les han adelantado por el centro, y Macron es el mejor ejemplo.

No a Corbyn
El caso francés es un retrato idóneo de hasta qué punto se han convertido en irrelevantes para la socialdemocracia las ideas que defiende Almunia, porque Macron las representa mucho mejor. Algo que hasta el propio político insinúa de soslayo. Preguntado por las propuestas que podrían guiar a los nuevos socialistas, contesta que “Corbyn propone transformaciones, aunque algunas demasiado radicales” y, sin embargo, “hay elementos del proyecto de Macron inspirados en su pasado como miembro del Gobierno de un presidente socialista” que sí podrían ser válidos.

El asunto es importante para España, porque el recambio está más o menos claro, y se llama Ciudadanos, no PSOE. Las simpatías que Rivera genera entre las élites son notables, y parte con mucha ventaja si se pretende restarle votantes en ese terreno. El líder de Cs defiende los intereses globales y las posiciones europeístas de Almunia mucho mejor que los socialistas, y eso es algo que indican las encuestas y que subraya cada vez que tiene opción el que fuera su periódico de referencia, 'El País', cuyo afecto por Rivera es ya indisimulado.

El recambio se llama Rivera
De modo que el PSOE lo tiene complicado, porque hay fuerzas de su partido, justo aquellos que han fracasado, los que provienen de la escuela de Solana y Almunia, Rubalcaba, Susana Díaz, que los quieren empujar a que disputen el espacio con Ciudadanos, lo cual es harto dudoso, dados los apoyos con que cuenta Rivera. Por otra parte, convertirse en una opción estilo Corbyn no es fácil, porque tendría que lidiar con la desconfianza que opciones anteriores han generado en la izquierda y con la resistencia que se plantearía dentro del partido. Pero quizá todas estas discusiones sean ociosas, porque la idea de fondo, la que sería mejor vista por las élites europeas y buena parte de las nacionales, que es la salida de Rajoy del Gobierno y su sustitución por Rivera, probablemente necesitará del apoyo de los socialistas para su éxito definitivo. Y quizás es lo que esté haciendo Pedro Sánchez, nadar entre dos aguas sin mojarse del todo en ninguna por si tiene que dar un giro cuando lleguen las elecciones. Mientras tanto, los socialdemócratas que apuestan por las ideas de Almunia también son prudentes, porque nunca se sabe si tendrán que dar el salto y marcharse a otro partido, como ocurrió en Francia.

Las recetas de los que han fracasado
En fin, en todo caso, estas disquisiciones nacionales no son más que expresiones concretas de un problema europeo, de un cambio en la política que ha llevado a que Bannon, el Frente Nacional y la Liga Norte se miren con ojitos, que las fuerzas de la derecha conservadora sigan en el poder en Europa y que la izquierda esté cada vez más débil. Y eso no se soluciona con las recetas de quienes, como Almunia, la han conducido a ese lugar. Si hay que pensar la crisis de la socialdemocracia y de la izquierda europeas, es hora de abandonar las ideas de ese pasado tan cercano y tan lejano que las ha dejado a los pies de cualquiera que pasara por allí. El realismo y el pragmatismo que propugnaban han resultado todo lo contrario. Es hora de pasar página.

(II) Manifiesto por la Historia y la Libertad. Amenazas
Pío Moa gaceta.es 16 Marzo 2018

Comisión de la verdad sobre el PSOE: Cómo Negrín, sirviendo a los intereses soviéticos, alargó la guerra civil con objeto de enlazarla con la mundial https://www.youtube.com/watch?v=0Uh8nI3K5nw&t=2s
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Usted se ha atribuido en tuíter la idea y la redacción del manifiesto por la historia y la libertad…
–Me lo he atribuido porque es verdad y puede usted comprobarlo en mi blog, consultando las fechas. La redacción ha sido consensuada sobre la base de mi texto…

…Sin embargo ud aparece como uno más entre los firmantes, en el puesto treinta más o menos.
–Ya ve usted. Realmente tendría que ir el primero, ¿no es cierto? Pero la realidad es que eso habría echado atrás a muchos ya de entrada. La izquierda, muy ofendida por las verdades que le canto, ha decidido declararme apestado, lo que no me extraña, y lo peor es que casi todos los demás lo secundan, por mala fe o por miedo, porque la izquierda infunde mucho miedo a mucha gente (¡que no me llamen facha!, y esas cosas). Pero no me parece mal estar en el montón por así decir. De lo que se trataba era de que el manifiesto lo firmase el mayor número posible de personalidades significadas de distintas ideologías, y creo que se ha conseguido. Según se mire, puede decirse que les he colado un gol, es algo cómico aunque la cosa no deja de molestarme. Realmente tendrían que felicitarme y agradecerme la iniciativa, pero las cosas están así.

El manifiesto dice ud que es de consenso. ¿Hay en él aspectos que ud desapruebe o que vayan contra la redacción que ud quería?
–Básicamente hay una omisión, que a mí me parece fundamental pero que, a la vista de la realidad, ocurre como con lo de mi nombre. Me refiero a la condena explícita del PSOE como el partido promotor de este ataque a la libertad de todos, porque el PSOE ha sido siempre eso, un partido radicalmente antidemocrático. Después de la transición se fingió civilizado, porque era muy débil, hizo como que abandonaba el marxismo, pero sus ideas, o su talante guerracivilista y liberticida ha vuelto a la luz de lleno con Zapatero, cuando se ha creído fuerte, y lo era a causa de la debilidad moral y política, pero ante todo moral, del PP, cuando se ha creído fuerte ha vuelto a reivindicar abiertamente su repulsivo historial, y esta es una consecuencia lógica. El PSOE ni siquiera tiene el valor de los comunistas de haber luchado contra el franquismo, tan malo según todos ellos. Pero la omisión creo que tampoco tiene importancia decisiva, porque el manifiesto condena implícitamente a ese partido, y si la cosa fuera explícita mucha gente se negaría a firmarlo. La mayoría de la gente es poco coherente, acepta la condena implícita pero no la explícita.

¿A qué se debe que Stanley Payne aparezca como primer firmante? ¿Quizá porque defiende tesis muy parecidas a las suyas? Quiero decir si es otro gol
Ese es el único aspecto al que me opuse en redondo, pero sin éxito. Porque se trata de un asunto español, en el que un extranjero debe aparecer como apoyo, no como protagonista principal, y estoy seguro de que a Payne, que es amigo mío, tampoco le habrá complacido esa oficiosidad. Pero la intelectualidad y los políticos españoles, sean de izquierda o de derecha, comparten una gran paletería y complejo de inferioridad. Se sienten inferiores y probablemente lo son. Están ansiando siempre la aprobación de extranjeros, en particular de anglosajones. Pero contra eso no se puede hacer nada hoy por hoy. Es así, como en relación con el PSOE o con mi nombre. Ya irán cambiando las cosas.

¿Qué efecto espera del manifiesto?
—Espero que sea el inicio de una reacción que haga comprender a la población los graves riesgos que corre su libertad y su convivencia. Es un logro que un número considerable de intelectuales y políticos los hayan apoyado de entrada, pero es también alarmante que la reacción no haya sido mucho más masiva. Las academias de historia, los profesores universitarios, algún partido por lo menos, tendría que haberse movilizado en masa contra el engendro. Espero que lo vayan haciendo poco a poco. Por otra parte, durante todos estos años de propaganda revanchista y guerracivilista subvencionada, es decir, que nos han obligado a pagar a todos, se ha creado un ambiente de auténtica ferocidad o fanatismo en muchos ambientes, un poco como lo que ha pasado en Cataluña con el separatismo. Y la cosa no tiene un remedio inmediato. Por eso digo que el Manifiesto debe ser el comienzo de una gran labor de clarificación.

Quizá muchos no se han movilizado porque no lo conocen la guerra civil y los problemas de la democracia en españa-pio moa-9788490551394
—Puede que en algunos casos sea así, pero, y esto es lo que más me alarma, por lo menos las instituciones culturales o intelectuales tenían que conocer el carácter y contenido del proyecto de ley. Ya cuando la anterior ley de memoria histórica apenas hubo oposición, y esta, que la empeora de forma activa, tendría que haber suscitado un rechazo radical. La verdad es que en España apenas existe hoy por hoy conciencia democrática más allá de la invocación de la democracia como una palabra mágica que lo mismo utilizan unos partidos que otros. Lo he analizado en La guerra civil y los problemas de la democracia, pero como si nada. No ven las amenazas porque no saben de qué se trata. Pasa con muchas otras cosas. Aquí todo el mundo se ha vuelto europeísta y casi nadie, políticos o intelectuales incluidos, sabe gran cosa sobre Europa y, lo que es peor, tampoco tienen el menor interés por enterarse. La política en España es una farsa que puede abocar a la tragedia si no nos movilizamos a tiempo.

Como se gestó el Manifiesto por la Historia y la Libertad/ Gibraltar
Pío Moa gaceta.es 16 Marzo 2018

Como recordarán, el PSOE ha traído un proyecto de ley típico de una dictadura totalitaria, en el que, so pretexto de defender la dignidad de las víctima de la guerra civil, quería introducir la persecución abierta contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra. En cuanto a la dignidad de las “víctimas”, se trató en su mayoría de torturadores y asesinos abandonados por sus jefes, juzgados y fusilados por sus crímenes. Con tales “víctimas” se identifican el PSOE, Podemos, y de modo solapado, el PP y Ciudadanos. No menos demostrativo es que para condenar el franquismo tengan que atentar contra la libertad más elemental de los españoles; y que no puedan defender su versión histórica en debate libre, sino que precisen imponerla por la violencia del estado.

Esta ley sería la aplicación de la aprobada hace años con Zapatero, que entre otras lindezas deslegitima la transición democrática y la monarquía. Lo cual demuestra, una vez más, que el PSOE nunca fue un partido democrático y sí la mayor amenaza para las libertades y la convivencia en paz de los españoles. Pero lo más alarmante no ha sido eso, sino la falta de reacción a esa ley y al nuevo proyecto de ley, debido a la debilidad del sentimiento y la cultura de la libertad en España. Comenzaron algunas quejas aquí y allá, pero difusas y con escasa proyección, porque al parecer todo lo que sea atacar al franquismo, con las mayores calumnias y falsedades, pasa por cultura democrática.

Por mi parte pensé que era una buena oportunidad para pasar de la queja a la acción tratando de aglutinar esas críticas difusas en un movimiento contra dicha ley, mediante un manifiesto que, para empezar, debían firmar personajes relevantes, intelectuales y políticos. Elaboré uno, que expuse en mi blog el 7 de febrero resumiendo al final la historia siniestra del PSOE; luego otro, el día 9, en que dicho historial era solo aludido, para conseguir más firmas, y finalmente se ha consensuado un tercero, (“Por la Historia y la Libertad”), sobre la base del segundo propuesto por mí y sin mencionar al PSOE, a fin de allegar firmantes también de izquierda. Esto me ha parecido bien, porque le da mayor efecto. Insistí en la necesidad de hacer agitación al respecto, pues aparentemente pocos se percataban del alcance criminal del proyecto socialista, o no pasaban de quejarse, sin salida concreta. El inicio de la campaña se debe a un servidor y a otra persona que no ha firmado, siendo apoyada por varias fundaciones, la revista Kosmos Polis y más personas. El manifiesto lo presentó el miércoles la fundación Valores y sociedad, de Mayor Oreja.

Por otra parte, La Gaceta recogió más de trece mil firmas con otro manifiesto, y Hazte Oír ha hecho lo mismo. No conozco los textos pero me figuro que se parecerán al mencionado, porque tanto la ley como el proyecto actual atentan gravísimamente contra la libertad y la convivencia de todos. Y es preciso ir de frente contra tales cosas y no perder tiempo en quejas. Como es sabido, el PP vetó la discusión del proyecto de ley en las Cortes, en apariencia no porque la ley le pareciera mal sino por falta de financiación. Una treta, claro está, para ahorrarse una discusión parlamentaria en la que iba a recibir muchas bofetadas de Podemos y del PSOE. Pues el PP es incapaz constitutivamente de defender la verdad o la libertad sea frente a una izquierda que sigue siendo incivilizada, sea frente a los separatismos. Y por supuesto el peligro persiste, porque la política general del PP está creando las condiciones para la victoria de una especie de nuevo frente popular, y la ley podría volver tras las próximas elecciones. Por tanto, es preciso mantener la acción y llegar muy ampliamente a una opinión pública amodorrada por los ilusionismos de la farsa política actual.

El manifiesto debe ser un principio y no un final.
Y quiero hablar de otro punto: vengo denunciando desde hace años la importancia de la colonia de Gibraltar, única colonia en Europa, que soportamos nosotros y que constituye un auténtica violación permanente de España. Pues bien, todos los partidos y políticos y medios de masas tratan de ocultar el problema a los españoles o lo tratan como un problemilla insignificante, cuando define perfectamente la posición internacional de nuestro país como satélite o lacayo de intereses ajenos.

El problema de Gibraltar va íntimamente ligado a otros dos: en primer lugar a la política internacional. Desde aquí hemos sostenido la conveniencia de volver a una política de neutralidad, que tan beneficiosa fue siempre para España. Porque no tenemos los mismos intereses ni los mismos condicionantes históricos que la OTAN. Esto es algo que debe debatirse. Y en segundo lugar Gibraltar atañe a la colonización cultural o gibraltarización que sufre España por el inglés.

Pues bien, la denuncia debe convertirse, nuevamente, en movimiento. A ese efecto un reducido núcleo de amigos vamos a organizar en abril un seminario de cuatro sesiones. La primera tratará la historia hasta la pasada guerra civil, como manifestación de una decadencia profundizada en el siglo XIX; la segunda expondrá la batalla diplomática por Gibraltar, ganada por España en los años 60, y el subsiguiente cierre de la verja, que prácticamente arruinó a la colonia; el tercero se referirá a la situación creada por el PSOE al abrir nuevamente la verja y convertir la colonia en un emporio de negocios opacos para Inglaterra; y la cuarta discutirá las opciones ante una clase política interesada en mantener la situación actual.

Las historias de Marcelino Oreja y del abuelo de Leguina que dejan en evidencia el revanchismo de la 'Memoria Histórica'
Un grupo de historiadores y políticos de la Transición mostró su oposición a la memoria histórica y a la ley que promueve el PSOE .
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 16 Marzo 2018

La protesta popular contra la memoria histórica y su proyecto de ampliación, que quiere castigar con cárcel, multa e inhabilitación a quienes contradigan la versión de la historia que impone la izquierda, presentado por el PSOE en el Congreso de los Diputados llenó ayer el auditorio de la Mutua Madrileña, mientras fuera caía una tromba de agua. Varios cientos de personas acudieron a un acto convocado por las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad, así como por la sociedad de estudios Kosmospolis.

La mesa estuvo presidida por el columnista Alfonso Ussía, que consiguió de los cuatro participantes un elemento que, sin duda, influyó en el éxito: brevedad. Cada uno de ellos habló poco más de cinco minutos, lo que dio agilidad al acto.

En sus primeras palabras Ussía, cuyo abuelo, Pedro Muñoz Seca, fue asesinado en una saca, destacó que la historia de España no empieza en 1931 y que Franco no inventó la bandera rojigualda. Para él, la ‘memoria histórica’ supone venganza, rencor, odio y mentira.

El primer interviniente, el ex ministro de UCD y del PP Rafael Arias Salgado, describió la elaboración de la Ley de Amnistía de 1977. Fue una proposición de ley, es decir, no la presentó el Gobierno, de todos los partidos políticos; fue el primer texto legal aprobado por las Cortes democráticas; y tuvo el contenido más amplio posible.

Es falso que en España se cometiera un genocidio
La nueva ley que quiere aprobar el PSOE, siguió Arias Salgado, hace tabla rasa de la Ley de Amnistía; pretende crear una verdad oficial, pero no la define; parte de la falsedad de afirmar que en España se cometió un genocidio, que no lo hubo; para legitimarse acude a la Constitución de 1931; y deja fuera a todos los que no lucharon a favor de la República.

Se pretendía con ella la reconciliación nacional (en la que insistía el PCE desde los años 50) y superar la guerra civil, sacándola del debate político y dejándola a los historiadores e investigadores. Según Payne, citó Arias Salgado, en los últimos 20 años se han publicado más de 1.800 libros sobre la guerra y la posguerra.

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid y diputado socialista en las dos legislaturas en que gobernó Rodríguez Zapatero, contó la trayectoria de su abuelo, miembro de Acción Popular y concejal en Guarnizo (Santander).

El alcalde, que era del PSOE, lo encarceló para salvarle de un paseo y luego él le devolvió el favor. Sin embargo, las izquierdas mataron al marido de una de sus hijas. Ya en la paz, una noche los familiares de uno de esos asesinos vinieron a buscarle para que les ayudara con el parto de una vaca.

Ante la oposición de sus hijas, el abuelo de Joaquín Leguina les respondió: "¡O bajo o esto no acabará nunca!". "La herida fue restañada y no hay derecho a abrirla", añadió.

Oreja liberó al asesino de su padre
Otro ex ministro de UCD, Marcelino Oreja, dijo primero que el proyecto de ley de memoria histórica quiere ilegalizar a las asociaciones y fundaciones con ideas distintas a las de los socialistas.

Luego, explicó por qué no conoció a su padre, ya que éste fue asesinado por pistoleros socialistas en la casa del pueblo de Mondragón durante la Revolución de Octubre de 1934, cuando su madre estaba embarazada de él.

Los asesinos fueron detenido y encarcelados en Ondarreta hasta que la toma del poder por el Frente Popular los puso en libertad. El jefe de la cuadrilla al final volvió a la cárcel, porque siguió haciendo de las suyas.

Cuando antes de la ley de 1977, se plantearon las primeras medidas de amnistía por parte del Gobierno de Adolfo Suárez (en el que Oreja era ministro de Asuntos Exteriores), vio el nombre del asesino de su padre en una de las listas. "Me estremecí, pero no dije nada", de modo que el pistolero salió libre.

La ley de memoria histórica "es un error, una falsedad y un mal servicio a España", concluyó.

Menos ejecutados por el franquismo que en Paracuellos
Después del testimonio de Oreja, que arrancó una prolongada ovación, Alfonso Ussía dijo que el historiador Pedro Corral, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y presente en el acto, le había contado que los tribunales militares de la posguerra en Madrid instruyeron 250.000 procesamientos, con trámites legales, pruebas, testimonios…, pero que sólo produjeron 3.000 ejecuciones.

"La mitad de los ejecutados por Carrillo en unos pocos días en Paracuellos del Jarama" y otros lugares de Madrid, entre los que hubo, prosiguió, docenas de niños.

La diferencia de víctimas entre una represión y otra le condujo a Ussía a subrayar que la capacidad de perdón y olvido, "quizás por el cristianismo", fue mucho mayor en los vencedores que en los vencidos.

Tom Burns Marañón señaló que "la mala historia hace mala política y la mala política hace historia". La mala historia, prosiguió, "no tiene espacio en una sociedad abierta y liberal; y la buena historia debe estar salvo de los dictámenes y las órdenes gubernamentales. Como otros de sus compañeros, insistió en que la historia y la memoria son diferentes; ésta incluso puede ser una creación neurasténica.

"La memoria histórica", dijo, como colofón, es una manifestación "del pensamiento desordenado" de nuestro tiempo.

Velarde: "¿No puedo elogiar a Navarro Rubio y Ullastres?"
El economista Juan Velarde se preguntó si le iban a prohibir el elogio a los ministros de Franco que abrieron España al desarrollo económico y la sacaron de la pobreza, como Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres.

Desde Estados Unidos, el mejor hispanista vivo, el profesor Stanley Payne, envió su adhesión mediante un mensaje de vídeo. En su opinión, el proyecto constituye, por su control de la historiografía y sus sanciones, "una ley de sovietismo suave" y un paso en el "derrocamiento del constitucionalismo español y de la democracia".

El acto concluyó con la lectura del manifiesto por el escritor Jesús Palacios, autor, junto con Payne, de una excelente biografía de Franco y luego con colas de los asistentes para firmarlo.

La verdad del PSOE
Emilio Campmany Libertad Digital 16 Marzo 2018

El intento del PSOE de imponer, mediante una Comisión de la Verdad, una concretísima historia oficial y castigar a quien vaya en contra de ella no es ni mucho menos el primer intento que se hace en el mundo para imponer oficialmente una narración indiscutida de lo ocurrido. Cada vez con más frecuencia, la Historia se emplea como arma arrojadiza contra el enemigo político. Así las cosas, es muy conveniente asegurarse de que lo que aquélla cuente favorezca a quien gobierne. Casualmente, David Irving, quizá el historiador que con más vehemencia ha sido acusado de mentir, empezaba su libro La guerra de Hitler recordando que a los historiadores les está reservado el don que a los mismos dioses se les ha negado: alterar el pasado. Naturalmente, los políticos han querido participar de semejante privilegio y el PSOE ha decidido que ellos también quieren contar qué ocurrió.

Pero no se conforman con eso, y quieren además ostentar el derecho en exclusiva, al menos por lo que respecta a la II República, la Guerra Civil y el franquismo. Tiene todo el sentido del mundo que así sea porque fueron militantes de ese partido los principales responsables de que la II República fracasara como régimen democrático y acabara convirtiéndose en una dictadura comunista. Fueron igualmente socialistas los máximos culpables de que nuestra nación se deslizara poco a poco hacia la guerra civil. Fueron asimismo miembros del PSOE los que alargaron inútilmente la guerra incrementando brutalmente el número de sus víctimas con la remota esperanza de que un conflicto internacional estallara y salvara a la moribunda república, que ya no era más que un régimen títere de Moscú. Fue encima el PSOE el partido republicano que menor resistencia opuso franquismo. Y fue por último ese partido el que renegó de todos sus supuestos ideales durante la Transición a cambio de que le fuera entregado el poder omnímodo del que disfrutó en España a partir de 1982. Un poder que luego emplearon buena parte de sus líderes en enriquecerse y corromperse, incluidos asesinatos y secuestros.

Lo gracioso del caso es que una virtual comisión de la verdad hace tiempo que existe en España. No hay castigos legales para quienes pongan en duda la fábula a la que la izquierda recurre para contar nuestro atribulado centro del siglo XX, pero sí una suerte de muerte civil, ostracismo intelectual y desprecio social contra quienes denuncian públicamente la naturaleza fantástica de ese cuento chino. Prohibiendo legalmente sus publicaciones quizá alcancen la notoriedad que hoy les está vedada a causa de la indiferencia de los medios adheridos a la corrección política, que son casi todos. Ya se sabe que, en España, lo mejor que te puede pasar para vender un libro es que lo prohíban. Así se enterarán los españoles de una vez de cuál es la verdadera historia del PSOE. Habrá que peregrinar nuevamente a París a hacerse con los nuevos libros proscritos, publicados por una refundada editorial Ruedo Ibérico, un nombre muy apropiado, ahora que también los toros están en trance de ser prohibidos.

Delicada salud del Estado autonómico
JAVIER GARCÍA ROCA El Mundo 16 Marzo 2018

Se ha discutido este miércoles en el Senado el Informe de las Comunidades Autónomas que el Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona organiza cada año y elabora una treintena de juristas de referencia. La principal -y nada agradable- noticia en 2017 ha sido la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución. Es la primera vez que se llega a esta situación de emergencia. Pero la aprobación por el Parlament de la Ley del Referéndum de Autodeterminación y de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, situadas en un escenario totalmente ajeno a la Constitución, y la reiterada desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional, suponían un grave atentado al interés general de España y un serio incumplimiento de las obligaciones constitucionales, supuesto que habilita este mecanismo extraordinario de coerción estatal ante un intento de "destrucción de la Constitución" y del Estatuto.

La experiencia ha sido menos dramática de lo que podía haberse pensado: coerción no es sólo fuerza, sino intervención administrativa. Pero mucho nos tememos que, tras su finalización, las cosas sigan estando donde estaban: en un impasse. Únicamente una decidida voluntad de diálogo y para acometer las reformas jurídicas necesarias -constitucionales, estatutarias y legales- podrían arreglar este conflicto, recuperar la integración y reforzar la legitimidad de las instituciones.

Sin embargo, este conflicto no puede monopolizar la información sobre el Estado autonómico, aunque lo condicione. Hemos tenido desde 2016 un Gobierno con escasos apoyos en el Congreso, lo que ha producido cierta parálisis legislativa y en el impulso del Estado autonómico. No se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2018, un indicio de problemas en la gobernabilidad. Hay varias instituciones cuyos titulares no se han renovado. Se ha aprobado este año una docena de leyes; pero, significativamente, casi el doble de decretos-leyes, y salvo en un caso todos fueron convalidados y nada más que tres tramitados como leyes. No es una buena práctica. La Mesa del Congreso ha aceptado con frecuencia el veto gubernamental a las proposiciones de ley de los grupos minoritarios, y se ha prorrogado a menudo el plazo de presentación de enmiendas; dos expedientes que permiten el bloqueo de estas iniciativas. Tampoco son buenas prácticas en el funcionamiento del parlamentarismo.

Por el contrario, los gobiernos y parlamentos autonómicos han funcionado con estabilidad institucional. Las comunidades autónomas se están adaptando mejor a la nueva cultura política, una "democracia de consenso" (la consociational democracy de la que hablaba Lijphart), según reclama la presencia de cuatro grandes partidos más los propios de cada comunidad. Se han alcanzado pactos, acuerdos de investidura o gobiernos de coalición (Castilla-La Mancha), y se han aprobado los Presupuestos en la inmensa mayoría de las comunidades. Incluso se ha producido la reforma de algún Reglamento parlamentario (Aragón) o se han adoptado medidas de Parlamento abierto (Castilla y León). Los gobiernos regionales con mayoría absoluta han casi desaparecido. Los sistemas de Gobierno autonómicos se están parlamentarizando, restringiendo el intenso liderazgo presidencial. El nuevo sistema de partidos ha interactuado con el sistema de Gobierno.

Estado autonómico y Estado de bienestar están muy imbricados y los servicios públicos esenciales siguen sufriendo los efectos de la crisis. En 2017 se ha recuperado el nivel de Producto Interior Bruto (PIB)previo a la crisis. Pero subsiste un elevado desempleo (16,55%), pese a que ha bajado la cifra, que ha caído desde un 26%, así como un muy alto porcentaje de deuda pública (98,7%). Todo ello unido a unas políticas sociales débiles. No obstante, la economía ha crecido un 3,1%.

En este contexto, el modelo de financiación de las comunidades autónomas, un asunto crucial, continúa sin revisarse. No obstante, tras la Conferencia de Presidentes se creó una comisión de expertos que ha elaborado un importante informe, buscando acabar con los desequilibrios verticales, mejorar la corresponsabilidad fiscal, alcanzar una suficiencia financiera y organizar unos nuevos mecanismos de nivelación y, al cabo, de solidaridad. Veremos si la imprescindible reforma finalmente tiene lugar.

La Ley de Garantía de la Unidad del Mercado, que junto a esta finalidad de remoción de obstáculos auspiciaba otra desreguladora, ha recibido una declaración parcial de inconstitucionalidad en la sentencia 79/2017 en lo que atañe a la llamada licencia única. Se corrobora que es difícil resolver cuestiones de distribución de competencias con simples medidas legales de ingeniería constitucional. Incorporar una cláusula constitucional sobre la unidad del mercado es imprescindible.

El Tribunal Constitucional sigue dificultando que las comunidades autónomas hagan muchas de sus políticas sociales (sentencias 134 y 145/2017 sobre acceso a las prestaciones sanitarias), avalando un entendimiento muy amplio y material de las normas básicas del Estado y alejando a las CCAA del ejercicio de sus competencias sobre servicios públicos esenciales. No estamos seguros de que sea la perspectiva correcta.

Por último, ha seguido habiendo propuestas de comisiones de expertos sobre la necesidad de la reforma constitucional. Se creó una comisión parlamentaria en el Congreso para la evaluación y modernización del Estado autonómico cuyos trabajos han comenzado con múltiples comparecencias, pero no parecen generar todavía acuerdos y varios grupos aún no forman parte de ella. También el Consell de la Generalitat valenciana acaba de hacer una propuesta de reforma constitucional donde se insinúa la vía de una iniciativa de varias comunidades autónomas. La reforma constitucional no será rápida, no puede serlo por la compleja situación política que vivimos y la falta de compromisos parlamentarios. Pero los acuerdos, así como las reformas constitucionales, sólo se consiguen trabajando.

Javier García Roca es catedrático de Derecho constitucional. Junto a Eliseo Aja, José Antonio Montilla y Laura Díez ha dirigido el del Informe Comunidades Autónomas.

¡ A ver si se muere !
Nota del Editor 16 Marzo 2018

El tinglado autonosuyo es un disparate en todos los sentidos y si goza de delicada salud, será una enorme alegría celebrar su defunción.

La unidad de mercado, el derecho a la libre circulación y establecimiento, el deber de conocer el idioma español contra la imposición de las lenguas regionales, la imposibilidad de recibir la educación en lengua española, las obligaciones y los derechos desiguales para todos los españoles, los impuestos, la sanidad, la burocracia disparatada, los profesionales de la política en sus cortijos, los interventores que no intervienen, los procesos administrativos opacos y en lenguas regionales, y todo lo que nos hacen sufrir con el tinglado autonosuyo se convertirá en un horrible sueño.

La paulatina desaparición del derecho de propiedad privada en España
“Si es verdad, como aseguran, que la propiedad es un robo, el día que todo sea de todos, todos seremos ladrones.” (Santiago Rusiñol)
Miguel Massanet diariosigloxxi 16 Marzo 2018

Puede resultar contradictorio, incluso un verdadero contrasentido pero, desde cualquier punto de mira que se quiera observar podemos señalar, sin el menor temor a equivocarnos, como una verdad irrebatible el hecho cierto de que, en España, bajo un nominal gobierno de derechas, se está llevando a cabo en algunas partes de la geografía patria, consentida y, en ocasiones, alentada desde el propio Gobierno, una verdadera y preocupante política de izquierdas que, poco a poco, bajo una interpretación extensiva y poco restrictiva del precepto constitucional que establece la “función social de la propiedad”, que busca apartarlo del concepto napoleónico del término, que anteriormente se le daba, entendiéndolo como un derecho absoluto en favor del propietario; para darle un sentido menos categórico y más amplio, supeditándolo al concepto socializante de “bien común”, una acepción lo suficiente indefinida que permite un sinfín de interpretaciones, especialmente cuando su aplicación corre a cargo de gobernantes que tengan la potestad de imponer su particular visión de lo que se entiende por “bien común” y los efectos limitativos, en el derecho de propiedad privada, de quien o quienes gozen del título legal que los acredita como legítimo/s dueño/s del bien de que se trate.

Si hay, en estos momentos, un lugar donde el Gobierno central a pesar de la aplicación excepcional del Artº 155 de la Constitución, se puede decir que haya quedado inmovilizado, superado e incomprensiblemente impotente, en cuanto a lo que debiera ser la defensa del derecho de propiedad de sus ciudadanos (los ciudadanos que lo votaron especialmente para que se preservara este derecho constitucional contra aquellos que pretenden establecer un régimen al estilo soviético, cuando la propiedad se traslada al Estado y es él el que fija, a su modo y manera, la forma en la que los ciudadanos pueden hacer uso de los bienes del Estado, dentro de una concepción igualitaria que, por desgracia, tan malos resultados ha venido dando en aquellos países ( la URRS) donde se estuvo aplicando desde la revolución de 1917) se puede decir que es la comunidad catalana. Es sabido que la estatalización de la economía de un país supone, en la mayoría de casos, la supresión de aquellos incentivos, libertades y objetivos que en el mercado libre son los que incitan al emprendedor a ambicionar mejorar su estatus mediante un esfuerzo adicional, una implicación y una preparación que le permitan alcanzar su objetivo, algo de lo que carece una comunidad en la que un mayor esfuerzo o dedicación no supone un avance significativo en las condiciones de vida del ciudadano. Incomprensiblemente el PP, que fue un claro defensor de las libertades individuales, de la propiedad privada, de la falta de intervención del Estado en la economía privada y de darles a las empresas privadas todas las facilidades para que, libremente, pudieran organizarse, capitalizarse, dotarse de los medios de producción adecuados, contratar al personal preciso y establecer sus propios programas de márquetin con los que poder competir con sus rivales del resto de la comunidad económica; desde que ha entrado en su segunda legislatura ( en la primera ya dejó claro que no iba a cumplir una parte importante de sus promesas electorales; seguramente condicionado por una serie de decisiones poco inteligentes y el deseo del señor Rajoy de mantenerse al frente del Gobierno a toda costa), se viene obligado a ir tragando bilis siempre condicionado por su minoría parlamentaria y por su escasa libertad para poder legislar según los intereses del partido, dependiendo del apoyo de otros partidos que, como se ha demostrado, no siempre se prestan a hacerlo.

Fuere como fuere, es evidente que, en Cataluña, esta autonomía a la que los señores del PP, teniendo en sus manos una mayoría absoluta, fueron incapaces de poner orden y acabar con sus veleidades independentistas; han permitido por su indecisión proverbial, por sus cálculos electorales, por su mojigatería en los momento cruciales en los que debiera de haber tomado el mando para impedir determinadas actitudes de los nacionalistas catalanes, que ya dejaban ver a las claras cuáles eran sus intenciones respecto al resto de la nación española y sus habitantes. En Barcelona, una activista que ya demostró cuál era su capacidad para luchar en contra del orden establecido, las leyes y los tribunales españoles, formando parte activa dentro de un grupo de alteradores del orden, de creadores de algaradas y de obstrucción a la justicia a la que, por incuria y falta de control de la situación, en lugar de ingresarla en la cárcel, que era el lugar que le correspondía, se la permitió que formara parte de una candidatura que, de un modo sorprendente y para vergüenza de los catalanes que la votaron , salió elegida alcaldesa de la ciudad de Barcelona. Desde aquel día en el que tomó la batuta del Ayuntamiento se puede decir que fiel a sus principios (dijo con toda claridad que, cuando las leyes no le gustaban, no tenía inconveniente alguno en no cumplirlas), empezó a llevar a cabo sus primeras actuaciones oficiales, que ya dejaron claras cuáles iban a ser sus manejos de acuerdo con sus modos anarquistas y cuán poco iba a ser su respeto por la libertad de los ciudadanos y sus posibilidades de ejercer sus decisiones en el ámbito de la Ciudad condal. Moratorias impidiendo la puesta en funcionamiento de nuevos hoteles, restaurantes, pisos turísticos, establecimientos comerciales, grandes superficies, intentos de impedir la llegada de cruceros y decretar órdenes para que los turistas que nos visitaban tuvieran que ir, como corderos, siguiendo unos itinerarios prefijados para que, según su cuestionable criterio, no molestaran al resto de ciudadanos de la ciudad.

Claro que ello no fue más que una primera etapa, que fue seguida por un control exhaustivo de los pisos alquilados a turistas, una vigilancia de las viviendas que no estuvieran ocupadas, una serie de sanciones a aquellos que no pusieran en alquiler sus viviendas no utilizadas ( algo que ha venido afectando a todos aquellos bancos que se tuvieron que quedar con viviendas, que no pagaron sus hipotecas, y que forman parte de un activo del que cada banco tiene interés en deshacerse cuanto antes, debido a que camuflan en sus balances unas valoraciones muy superiores a su precio de venta actual. El alquilarlos, evidentemente, significaba un elemento negativo a la hora de ofertar dichos pisos para la venta. Un evidente intento de tomarse la justicia por su mano y una interpretación muy laxa de las facultades municipales para aplicar el concepto de interés común, cuando se sabe que en Barcelona existen cientos de pisos de propiedad municipal que podrían ser ofrecidos para arrendamiento.

No se puede rotular en castellano (se multa a quienes lo hagan) y es preciso duplicar la rotulación de los artículos que se pongan a la venta en los dos idiomas. No se puede enviar a los niños a un colegio público donde impartan clases en castellano y donde quienes lo hablen no sean considerados y tratados como bichos raros. Todo ello conocido perfectamente por nuestros gobernantes, que se vienen escudando en recursos ante el TC que se eternizan como es el caso del recurso contra el aborto o el que se interpuso contra los matrimonios gays. Un gobierno que no se sabe imponer, que no quiso legislar cuando tenía la mayoría absoluta por miedo a perder votos, que se ha mostrado incapaz de cumplir con sus promesas electorales y que ahora, vuelve a marear la perdiz intentando que, una parte importante de los jubilados de la clase media, sigan en una situación complicada debido a que las pensiones, que en su día fueron suficientes y por las que estuvieron cotizando religiosamente, se hayan convertido en virtud de los ridículos aumentos de los últimos años en insuficientes y con una evidente pérdida de poder adquisitivo, cercana al 9%. Sin ánimo de reivindicar la autoría de la idea, hace ya muchos meses que insinuamos la posibilidad de que, si no se estaba en condiciones de aumentar las pensiones a los que no tenían pensiones mínimas (que sí han ido recibiendo complementos para adaptarlas un poco a la realidad) se adoptaran medidas fiscales para quienes cada año se ven obligados a presentar la declaración del IRPF, que compensaran, en parte, esta falta de actualización de las pensiones.

Ayer el señor Rajoy, con la boca pequeña, insinuó la posibilidad de establecer, para aquellos que no tuvieran pensiones mínimas (para éstas ya anunció posibles mejoras), la posibilidad de arbitrar algún tipo de reducciones del IRPF, sin precisar ni dar más explicaciones respecto a lo que consistirían ni en qué cantidades se podrían concretar. Claro que el Presidente todo lo dejó en el aire, pasando la pelota a la oposición, cuando condicionó cualquier tipo de mejora de las pensiones a la eventual aprobación de los PGE, una cuestión que, evidentemente, puede que dé al traste con cualquier posible acuerdo. Ni tan siquiera ha quedado la esperanza de que, como ocurrió hace años (1958) cuando se tomaron los acuerdos de la Moncloa para poner en solfa el tema de la Seguridad Social y que, posteriormente, se volviera tratar en el Pacto de Toledo de marzo de 1995; se lleven, de nuevo, ante el indicado foro para que, una vez más, entre todos, se llegara a un acuerdo razonable.

Lo cierto es que cada vez más se van cortando las facultades del ciudadano. Ya se hablan de medidas de discriminación positiva para las mujeres que establezcan programas de igualdad dentro de las empresas de más de 250 empleados. ¿De qué leyes va a depender el que el director de una empresa pueda elegir a la persona que mejor le parezca para ocupar un puesto de trabajo?, ¿qué tipo de exámenes se deberán aplicar para averiguar, dentro de una misma categoría, quien tiene más derecho a un mejor salario, sea un hombre o una mujer?, ¿han pensado todos estos sabios que un robot o una máquina robotizada, o un solo técnico puede, hoy en día, manejar toda una cadena de montaje? ¿Se va a imponer direcciones paritarias de hombres y mujeres? Y, si se siguen en esta idea de igualdad ¿se ha pensado cuántos empresarios van a exponer sus capitales si saben que no pueden mandar en sus propias empresas, sujetas a la intervención del feminismo o a la intromisión continuada de los sindicatos para decirle cómo ha de actuar en su propia casa? Una paulatina socialización promovida por el, cada día más evidente, populismo que parece que se está haciendo dueño de una sociedad evidentemente desorientada, que no sabe hacia dónde mirar y que es posible que, al final, tome la decisión equivocada que la lleve a volvernos a poner ante la quiebra del país.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, deberemos reconocer que, cada día que pasa, son menos las esperanzas de que, dado el rumbo que está tomando la política de nuestro país y la paulatina, pero continuada intromisión de los poderes públicos en la vida y negocios de los ciudadanos, llegue un momento en el que la incuria de quienes tienen el poder nos vuelva a poner ante una de estas situaciones en las que, cualquiera que sea el camino que se elija, el resultado siga siendo terrible.

 ¿Populismo punitivo?
Antonio Robles Libertad Digital 16 Marzo 2018

Los debates en el Congreso de los Diputados sobre las pensiones y la prisión permanente revisable son dos claras evidencias de la inclinación gregaria de nuestra clase política. Está más preocupada por pavonearse de sus mantras ideológicos que dispuesta a guiarse por el libre pensamiento y la búsqueda del bien común. Es de difícil digestión catalogar de derechas el deseo científico de racionalizar el futuro de las pensiones, como insoportable llamar "populismo punitivo" al deseo de la víctima por asegurar la reinserción real del reo mediante la prisión permanente revisable.

Algo le pasa a nuestra izquierda plurinacional, muy dada últimamente al fundamentalismo piadoso. Tanto se preocupó de garantizar los derechos de nuestros presos, que se olvidó del infierno de las víctimas. Las intervenciones en contra de la prisión permanente revisable no repararon en ese detalle cruel.

Dejaré el derecho y sus rituales para visualizar la indiferencia que otorgamos a las víctimas mientras nos entregamos a la defensa incondicional de los culpables. No es esta la visión de los brutos, es la de los perplejos. No es falta de sensibilidad ni de sutileza jurídica, sino hartazgo de una sociedad adolescente cada vez más entregada a una piedad empalagosa. Justifica escraches, comprende robos, excusa agresiones, defiende chantajes, disculpa agresiones y siempre rebaja la responsabilidad del agresor frente a la víctima en nombre de la injusticia social, de la desigualdad económica, de la marginación, de los traumas infantiles o de la ignorancia de quien no tuvo oportunidades educativas. Es la edad de la piedad.

De tanto preocuparnos por garantizar el derecho a la reinserción de los malos, nos hemos olvidado de los derechos quebrados en vida de las víctimas. De tanto preocuparnos por la estética moral, nos desentendemos del derecho a la venganza emocional, aunque tal derecho lo guardemos en el alma espantados por los sacerdotes de la buena conciencia. Está bien que el Estado sea la garantía soberana para evitar la venganza y garantizar la justicia; está muy mal que quienes administran políticamente esa gestión se dediquen a satanizar el sufrimiento de la víctima cuando la víctima exige la dureza suficiente para que su dolor no haya sido ni siga siendo en vano. Y esa dureza legítima exige que el criminal demuestre arrepentimiento y propósito de enmienda, garantías de que nunca más volverá a delinquir.

La gente tiene derecho a que respeten su duelo, tiene derecho a convertir su venganza instintiva en prueba fehaciente de la reinserción de quien tanto mal le ha hecho. Y de esa manera metabolizar su dolor a través del arrepentimiento del otro. Ya está bien de satanizar la venganza, somos humanos y tenemos derecho a desahogarnos, al menos a desahogarnos con rituales donde a la víctima se le garantice el derecho a no volver a ser humillada. Ni un solo recluso que esté condenado a prisión permanente revisable debe salir a la calle sin esa garantía. La víctima ha de tener el derecho a que nadie ofenda su ira o satanice su indignación, y a exigir las máximas garantías de que quien le ha destrozado la vida sea tratado con todo rigor.

Ni la prisión permanente revisable es un eufemismo de la cadena perpetua, tal como dicen los nuevos sacerdotes de la izquierda piadosa, ni es de derechas desear que un preso tenga la menor oportunidad de volver a delinquir. ¿O acaso el concepto revisable no es la garantía que tiene el preso para disponer, por sí mismo, si quiere seguir en prisión o salir libre? ¿Acaso es cruel que siga en prisión aquel que no muestra predisposición alguna a rectificar su conducta criminal? ¿Hemos de convenir que es mejor que salga de prisión sin rehabilitarse, y no que se le tenga en prisión permanente revisable? La rehabilitación no se consigue por el mero paso del tiempo, sino por la voluntad de enmendar errores. De ahí la necesidad de la PPR en los casos de crímenes de especial crueldad.

Me pregunto qué actitud tendrían aquellas almas bellas dispuestas a limitar en el tiempo la prisión de psicópatas y violadores si el juez encargado de su libertad dispusiera que vivieran en el rellano de su escalera. O que el propio juez cargara con la misma condena que su liberado, si éste reincidiera. No sé ellos, pero yo preferiría que, antes de salir libres, hubieran enmendado sus crímenes y pedido perdón a sus víctimas.

¿Populismo punitivo? Un respeto.


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Educar en cestas podridas

El autor señala el 'Programa 2000 de recatalanización' como instrumento de ingeniería social del separatismo y defiende el derecho a otra "cesta educativa" en Cataluña.
Pedro Gómez Carrizo elespanol 16 Marzo 2018

Hace tiempo era bastante habitual emplear el relato de las manzanas podridas del cesto para alertar a los escolares ante aquellas compañías que convenía evitar. La moraleja del cuento era que un alumno perverso, la «manzana podrida», podía pervertir él solito a toda una clase. Por suerte, esta filosofía pedagógica aberrante, que condenaba al niño malo tras promover su aislamiento —y lo afirmaba así en su supuesta maldad—, es cosa del pasado. El dicho popular que aconseja evitar las malas compañías sigue siendo útil y vigente entre adultos, pero aplicar ese principio a los niños es negar la esencia misma de la educación.

Una versión modificada de este relato de las manzanas, no obstante, sí puede servirnos para describir qué sucede hoy con la Escola Catalana. La modificación a la que me refiero consiste en quitar el foco de las manzanas y ponerlo en el cesto. Hay un excelente libro del célebre psicólogo social Philip Zimbardo, El efecto Lucifer, que se centra en estudiar qué es lo que ocurre cuando pones a gente buena en un lugar malo, y el resultado es el que cabría esperar: la capacidad para intoxicar de una mala cesta puede corromper cualquier manzana sana.

La reflexión anterior me ha surgido tras leer algunas de las soluciones propuestas por quienes entienden que el sistema educativo ha tenido gran parte de culpa en el desastre que estamos viviendo en Cataluña. Hay quienes niegan de pleno este extremo, y defienden a ultranza tanto la inmersión como sus efectos. Esta posición no me sorprende, o al menos me sorprende tanto como el hecho de que dos millones de mis vecinos sigan apoyando el separatismo: simplemente comulgan con un posicionamiento ideológico al que subordinan todo lo demás, la verdad y la ética incluidas. Pero sí me resulta sorprendente que entre quienes no niegan el daño causado por la Escola Catalana haya algunos que consideren que con un parche, por ejemplo, como el de un 25% de clases en castellano, el problema estará resuelto.

Acaso sea candidez, acaso sea otra cosa. No lo sé. Sí sé cuál es la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Nunca está de más recordar el afortunadamente cada vez más conocido Programa 2000 de «recatalanización», fechado en 1990 y revisado personalmente por Jordi Pujol, que propuso las bases de una estrategia nacionalista que, como lluvia fina, incesante durante los últimos veintiocho años, ha calado en todos los aspectos de la vida cotidiana catalana, y con especial incidencia en la educación, ámbito al que se ha consagrado una atención prioritaria.

Lo expuesto ahí negro sobre blanco para «impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes ... aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas», para la «catalanización de los programas de enseñanza», subvencionando libros de textos afines «previo análisis y aprobación del contenido por parte de personas responsables y de confianza», para «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza» —y añaden: «Vigilar de cerca la elección de este personal»—, o para «velar por la composición de los tribunales de oposición», es un plan que en Cataluña se ha cumplido meticulosamente.

Repito, resulta cuando menos de una candorosa ingenuidad pensar que semejante ingeniería construida para el único fin de la «construcción nacional» pueda soslayarse escapando por las tímidas rendijas que ofrece una ley por otro lado sistemáticamente incumplida. La cesta está podrida porque se tejió con mimbres podridos. Ningún barnizado la sanará, mucho menos si el barniz es aguado y el pincel es microscópico.

La Escola Catalana tiene su razón de ser, porque hay demanda. Son muchos los que entienden que la configuración de la personalidad catalana es un principio rector válido de la enseñanza. Pero quienes queremos abrirles otros horizontes a nuestros hijos tenemos que poder elegir otra cesta educativa, sin la obligación de gastarnos un dinero, que podemos no tener, en escuelas concertadas o privadas.

Necesitamos otra cesta, que no haya sido elaborada siguiendo la receta del Programa 2000. Es hora de empezar a desmentir las falsedades que el pensamiento hegemónico catalanista ha vertido sobre los sistemas educativos que ofrecen la posibilidad de escoger entre modelos según lengua vehicular. Como referente, cuando se habla de educación, es ya un lugar común aludir al sistema educativo de Finlandia, que, de acuerdo con los sucesivos informe PISA, aparece año tras año situado a la cabeza de Europa.

Pues bien, para muestra un botón: en Finlandia «segregan» a los alumnos por lengua, según la materna sea el finés o el sueco, y no parece que aquel sea un país especialmente poco «cohesionado» o turbulento. Sucede que en Finlandia piensan que la función de la lengua vehicular es talmente esa: ser «vehículo» de la enseñanza, de una buena enseñanza, y cualquier otro fin se considera espurio.

***Pedro Gómez Carrizo es filólogo y editor.

¿Vosotros habláis de nazismo?
OKDIARIO 16 Marzo 2018

El Gobierno debe extender y endurecer la aplicación del artículo 155. Una de las medidas insoslayables es intervenir TV3. El altavoz del separatismo catalán no puede seguir emitiendo a su libre albedrío, atacando de manera sistemática a España. El documental en el que comparan a los españoles con los nazis es una prueba más de la utilización abyecta que los golpistas hacen de este medio pagado con dinero público. En concreto, 300 millones de euros al año que aportamos todos los ciudadanos sin contar las ingentes deudas que deben saldar con Hacienda. Esta última creación está producida, además, por la misma empresa que rodó ‘Ciutat Morta’, el pseudorreportaje que presentaba al asesino Rodrigo Lanza como un héroe a pesar de haber dejado parapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona.

La cinta no repara en ofensas contra nuestro país: “El españolismo es una ideología que ampara el racismo y la cultura del odio”. También relaciona con un simplismo totalitario la Fiesta Nacional del 12 de octubre con la extrema derecha —idea que siempre han defendido tanto independentistas como populistas bolivarianos— y que en este documental llega al punto de equipararla con una hipotética conmemoración anual de los campos de exterminio de Adolf Hitler. Ante esta ristra de ataques, TV3 se limita a decir que es una “aproximación a las raíces del colonialismo, del racismo y de la xenofobia”. El Ejecutivo de Mariano Rajoy debe actuar inmediatamente. La imagen de España no puede aguantar menoscabo tras menoscabo, mucho menos dentro de su propio país. TV3 está para dar pocas lecciones de nada. Menos si lo hace mediante falacias.

Al margen de ser los transmisores de las consignas golpistas, tienen un historial que destaca, entre otras cosas, por cuestiones tan democráticas como quemar la Constitución en un programa en directo, permitir que sus presentadores hagan apología de los golpistas con simbología de Puigdemont o Los Jordis o tener estrellas televisivas en nómina —caso de Toni Albà— que incluso llegan a llamar “puta” a Inés Arrimadas. Si insultar a una política por el mero hecho de defender la legalidad vigente no es fascismo, entonces no lo es nada. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales no puede seguir campando a sus anchas. Si la sociedad se parece a sus medios de comunicación, la catalana merece unos medios públicos muy distintos. Para conseguirlo, es fundamental que el Gobierno tome cartas en el asunto a través del 155. De otro modo, el totalitarismo separatista seguirá diseminando su odio a costa de mancillar la imagen y la historia de España.

España en busca de líder
CARLOS DOMÍNGUEZ El Mundo 16 Marzo 2018

Desde la celebración (o no celebración, según los ojos con que se mire), el pasado 1 de octubre, del referéndum proyectado por las fuerzas independentistas catalanas como paso previo para la declaración unilateral de independencia operada semanas después, han corrido ríos de tinta, navegados por los más sólidos analistas, en los que se han escrutado hasta los vértices más imperceptibles de la problemática suscitada en torno al denominado procés soberanista.

En verdad, el asunto ha dado mucho que hablar. No en vano, por vez primera en nuestra historia democrática reciente, se ha aplicado una norma -el artículo 155 de la Constitución- de frecuente apelación retórica pero de desconocida dimensión práctica. De otro lado, se han incoado novedosos procesos penales por la presunta comisión de delitos de rebelión por parte de quienes promovieron la indicada declaración unilateral de independencia, acontecimiento procesal que ha irrumpido también con notoria originalidad en la España constitucional y que resulta llamativo que haya tenido que producirse en unos tiempos marcados por un mundo cada vez más globalizado. Finalmente, y sin ánimo de ser exhaustivos, la situación de un ex presidente de Comunidad Autónoma que permanece prófugo de la Justicia y que sigue participando, bien que de forma virtual, en los avatares políticos de aquélla, al punto de reclamar su investidura como máximo mandatario a distancia, parece el relato envenenado de una comedia esperpéntica, que, sin embargo, debe producir poca gracia si se repara en la imagen que, como país, proyectamos hacia el exterior.

De todas estas cosas se ha reflexionado, y mucho, en los últimos meses. Hay, empero, un solo aspecto sobre el que quizá merezca la pena ahondar. Y es que lo ocurrido en Cataluña -y que, lamentablemente, sigue ocurriendo- ha destapado otro problema latente en la dinámica de la vida política actual: la ausencia de liderazgos fuertes en los que la ciudadanía pueda hacer descansar su ávida confianza.

A diferencia de lo acaecido durante la Transición -etapa en que la cantera de políticos de primer nivel y elevada formación parecía no tener fin-, asistimos ahora a un momento en el que resulta difícil encontrar representantes públicos que respondan a tal perfil. En el caso concreto de la crisis catalana, la sensación perceptible es que el Estado, en muchos momentos, ha caminado a rebufo de los planes independentistas y con apoyo en el siempre resistente bastón de la prudencia. A veces, no ha quedado claro si el proceder seguido estaba basado en esa prudencia o en la falta de iniciativa, en la prudencia o en la simple falta de pericia en la gestión de problemas de primera magnitud.

El resultado de las últimas elecciones celebradas en Cataluña, convocadas bajo el manto jurídico del artículo 155 de la Constitución, ha demostrado la existencia de una fractura social -y política- en aquel territorio de incierto -y tenebroso- futuro. Ciertamente, el objeto de reflexión no puede ser, en estos momentos y por mucha gravedad que concite, el desplante reciente hecho al Rey, a propósito de su última visita a Barcelona, por algún flamante nuevo cargo institucional catalán. La cuestión digna de análisis debe estar referida al porqué de que esa persona ocupe ese concreto cargo, es decir, al porqué del elevado respaldo electoral con el que sigue contando el bloque independentista.

En el contexto actual, escurrir el bulto, es decir, aplicar puro tecnicismo y renunciar a la implementación de políticas valientes que apuesten por el interés general de España de una vez, que rompan con las hipotecas heredadas desde hace lustros e impuestas por el nacionalismo como garantía de los préstamos leoninos otorgados en contrapartida de la sostenibilidad gubernamental en Madrid, se concilia mal con el ansiado liderazgo que se reclama en la vida pública nacional. Resulta quimérico pensar que, hoy por hoy, los ciudadanos quedemos obnubilados con expresiones del tipo "hacer lo que se debe hacer" o "es de sentido común", cuando la trepidante -y cruda- realidad evidencia que el problema catalán, pese a la heroica actuación de jueces y fiscales, se oxida socialmente y, lejos de resolverse, arraiga en generaciones nutridas por una educación a menudo distorsionada.

El liderazgo político ha de partir de que la gran sabiduría no es algo obvio, porque lo que todo el mundo conoce y da por hecho no se llama sabiduría. El líder, el verdadero líder, sabe presentar como normal lo original y brillante. Entusiasma y emociona con su discurso y afronta los problemas y toma de decisiones con estrategia predeterminada. Tiene principios e ideario claros. Por decirlo gráficamente: vence primero y batalla después, pues lo que está en juego, el interés general, no admite derrotas. Por desgracia, distan mucho estos rasgos distintivos del líder con la dictadura del eufemismo que sigue instalada en España desde hace lustros.

Sabe también el líder que hay que evitar las pugnas con vocación de permanencia en el tiempo, so pena de agotamiento de las fuerzas y nacimiento del desánimo. Como dijo Sun Tzu hace 2.500 años, el ejército empleado en empresas duraderas es como el fuego: si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Es el riesgo que se corre en Cataluña. Y, probablemente, el mejor signo de que algunos son conscientes de ello es su decidida resolución a estirar la problemática cuanto más mejor.

Pero, además de en la valentía y la sabiduría, el liderazgo ha de descansar en una cualidad igualmente añorada en la política española en estos tiempos que corren: la reputación. Como bien es sabido, la reputación puede estar ligada a la habilidad o al carácter. La primera se adquiere al desplegar ciertos talentos particulares que, a ojos de los demás, revelan un elevado nivel de pericia en el ámbito de que se trate. La reputación ligada al carácter, por el contrario, se adquiere por ser persona veraz y digna de confianza, íntegra y honesta. No es necesario mostrar ninguna habilidad especial para adquirir una reputación de buen carácter, pero sí será preciso exhibir a lo largo del tiempo una conducta que otros puedan considerar merecedora de su estima.

Ocurre que, en política, acumular una buena reputación ligada al liderazgo suele llevar mucho tiempo. Aunque es posible hacerse rico con rapidez, el líder -o líderes- en un sistema democrático serio no nace de la noche a la mañana (como parece suceder en España, mediante sistemas digitales), sino tras un proceso de acopio de buena reputación largo y arduo, tejido en redes de relaciones en las que poder obtener el reconocimiento de los demás.

De otro lado, y si bien es cierto que la reputación, en cuanto factor dependiente de la estima de otros, es un elemento intrínsecamente abierto a la posibilidad de desacuerdos y disputas, no lo es menos que nos hallamos ante un recurso que no se agota con el uso. Antes al contrario, su exhibición en el correcto sentido puede consolidarla e, incluso, aumentarla, al atraer la atención de otras personas sobre ella.

Pero la buena reputación en política es también un recurso muy frágil, que puede reducirse rápida y completamente. No se puede vivir de él sin cultivarlo a diario. La vinculación, por ejemplo, con temas de corrupción constituye hoy en día un elemento que puede deshacer a gran velocidad la red de juicios y valoraciones que forman la base de la reputación. En estos casos, la reputación es un tipo de recurso que puede ser muy difícil de restaurar en el supuesto de ser seria y sustancialmente mermado. En otras palabras, la reputación es, en ciertas circunstancias, un recurso no renovable.

Pues bien, no hay líder que se precie sin una buena reputación. Si nunca se tuvo o, habiéndola tenido, ha desaparecido, el liderazgo real estará muerto, por más que siga figurando en la tarjeta de visita. La debilidad comenzará a transitar y, ahí, hasta los propios prepararán el asalto. El problema es que, entretanto, el interés general se compromete. Y esto no va de supervivencias personales. Va de que nuestros hijos puedan seguir teniendo un futuro digno en este país. Y sólo liderazgos fuertes, con valentía e ideas claras pueden conseguirlo.

Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado excedente y abogado en ejercicio.

El auge del separatismo catalán cuesta más de 18.500 millones de euros a la economía española
La contribución de Cataluña al crecimiento de la economía nacional se reduce a la mitad en el último año por el procés.
M. Llamas Libertad Digital 16 Marzo 2018

¿Cuánto cuesta el proceso separatista catalán? Esta es la pregunta que pretende contestar el estudio que publicaron este jueves el think tank Civismo y Sociedad Civil Catalana ante la falta de cálculos oficiales al respecto. Numerosos indicadores reflejan el deterioro que ha padecido la economía catalana en los últimos meses tras la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y el posterior órdago secesionista, pero ningún informe ha arrojado hasta la fecha una estimación sobre su impacto global en términos de PIB, tanto a nivel autonómico como nacional.

Según el citado estudio, la factura del procés rondaría los 828 millones de euros tan sólo en 2017, una cifra muy similar a los 1.000 millones avanzados en su día por el exministro de Economía Luis de Guindos. Sin embargo, si a ello se suma el negativo efecto que ha causado el auge del independentismo desde 2004, fecha en la que el movimiento secesionista comenzó a tomar fuerza con la negociación del Estatut, las pérdidas acumuladas para el conjunto de la economía nacional ascienden a un total de 18.535 millones de euros. Esta es la cuantía que habría dejado de aportar Cataluña al crecimiento del conjunto del país por la inseguridad jurídica y las graves tensiones políticas derivadas del proceso separatista.

Estos analistas muestran, en primer lugar, cómo ha evolucionado la incertidumbre asociada al movimiento independentista mediante el Índice SCC, que mide la evolución de diferentes variables económicas (licitación de obras, consumo de energía, actividad industrial y hotelera, etc.) en función del riesgo percibido en materia regulatoria e institucional.

Tal y como indica el siguiente gráfico, la incertidumbre marcó máximos históricos el pasado octubre, con una lectura de 212 puntos, superior incluso a la registrada durante los peores momentos de la crisis financiera, en 2012, acumulando un aumento del 112% desde 2004. Pero el riesgo apenas ha bajado, ya que el citado índice aún marcaba 196 puntos el pasado enero.

Esta elevada incertidumbre se traduce en un menor volumen de inversión, consumo y actividad empresarial, lo cual se acaba reflejando, de una u otra forma, en el PIB. Una vía para calcular el coste del movimiento separatista es estudiar la evolución de la contribución de Cataluña al crecimiento del PIB de España en comparación con la Comunidad de Madrid.

El estudio refleja que, por primera vez desde que España volvió a crecer (en el cuarto trimestre de 2013), Madrid contribuye más al crecimiento del PIB nacional que Cataluña, superándola además tanto en PIB nominal como en peso sobre el total de España. Así, mientras que Madrid aportó en 2017 un total de 0,91 puntos porcentuales al crecimiento nacional (3,3% en total, según Funcas), Cataluña contribuyó con 0,84 puntos.

Además, ambas comunidades autónomas incrementarían significativamente su distancia en 2018: 0,81 puntos procederían de Madrid frente a los 0,52 de Cataluña. Es decir, en tan sólo un año, esta última perdería casi la mitad de su peso en el crecimiento del conjunto de la economía española.

De hecho, si se amplía la perspectiva temporal, se observa que, desde el año 2000, el peso de Madrid en el PIB total de España ha seguido una tendencia fuertemente alcista, mientras que el de Cataluña se ha mantenido prácticamente estable, en torno al 18,9%, con un rango de variación de dos décimas al alza y a la baja.

Este estancamiento, según dicho informe, se debe a la pérdida estructural que ha sufrido Cataluña como consecuencia del auge secesionista, ya que, desde 2004, la contribución catalana al PIB nacional ha caído en 1,73 puntos porcentuales en comparación con Madrid.

De este modo, sólo en 2017, la pérdida cuantificada en millones de euros (sobre el PIB de España) asciende a 827,9 millones, pero si se suman los efectos desde 2004, puede concluirse que el procés ha costado, por el momento, 18.535 millones de euros.

Por último, el informe también cuantifica la diferencia entre el crecimiento real y el potencial de la economía catalana. De este modo, a fecha de 2017, la brecha ascendería al 3,9% del PIB catalán, un incremento importante aun teniendo en cuenta la crisis económica entre 2008 y 2013.

Montoro ofrecerá a las comunidades no pagar su deuda con el Estado hasta dentro de 30 años
Carlos Cuesta okdiario 16 Marzo 2018

Hacienda ofrecerá a las CCAA aplazar durante 30 años el pago de los intereses de su deuda. La propuesta del Ministerio no sería una reestructuración del pasivo de las CCAA. Pero sí un mecanismo que permitiría olvidarse durante un largo periodo de tiempo a las comunidades españolas de la devolución del dinero recibido por medio del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del resto de sistemas de ayuda, un volumen que supera con creces los 200.000 millones de euros.

Este propuesta es la concreción de lo que hace más de un mes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció de forma genérica de la siguiente forma: “Tenemos que ver qué hacemos respecto a la deuda de las comunidades autónomas y, en especial, la que tienen contraída con el Estado. Tenemos que ver qué parte de esa deuda se corresponde con insuficiencias del sistema de financiación actual”.

La idea ya se ha empezado a concretar y se habla incluso de periodos de pago que podrían terminar dentro de 20 o 30 años. Y es que en el Ministerio y en muchas de las CCAA se empieza a asumir la idea de que, o hay una fuerte reducción del gasto, o será prácticamente imposible que las regiones devuelvan sus deudas en un corto plazo de tiempo.

Entre los territorios más afectados por la deuda se encuentran Cataluña y Valencia. Cataluña acumula ya 76.831 millones de deuda pública, tras haber recibido más de 71.000 millones en ayudas totales por la crisis. De hecho, esta comunidad ha multiplicado por tres su deuda desde 2009. La Comunidad Valenciana, por su parte, acumula 44.435 millones de euros de pasivos públicos. Y también ha triplicado su volumen de apalancamiento.

Fuentes del Ministerio, señalan que no se trata de una quita, como reclamaron algunas regiones -Cataluña la primera- desde el primer momento. El propio Miquel Iceta (PSC) respaldó esta exigencia. Pero es que la quita está directamente prohibida por Bruselas.

La medida no sería esa: se trataría de una fuerte ampliación de los plazos y, posiblemente, reducción de los tipos de interés, de forma que la dilatación en el tiempo no implicase un pago muy superior en el cómputo global de intereses.

La oferta a los dirigentes territoriales se realizará en el momento de la negociación del nuevo sistema de financiación de las CCAA, de manera que se convierta en un aliciente a la aceptación del nuevo modelo. E iría acompañada de requisitos adicionales de control del déficit. Algo que permitiría argumentar técnicamente y ante Bruselas que la dilatación de los plazos de pagos se acompasa de una rebaja del riesgo de impago de los territorios.

Comunidades del PSOE piden un alivio
Varias comunidades socialistas han reclamado ya abiertamente un alivio en el pago de la deuda. El más activo en esta reclamación ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder del PSC, Miquel Iceta, también se han sumado a esta reclamación.

Pero Montoro no está dispuesto a que se extienda la sensación de que esa mejora de las condiciones de pago es un regalo. Y, por ello, anunciará en esa misma negociación que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) deberá desaparecer tras implantarse el nuevo sistema de financiación.

Desde que se crearon los distintos sistemas de ayuda a las CCAA por la crisis, las autonomías han recibido 251.000 millones en liquidez. De ellos, 95.000 se han destinado a pagar directamente las facturas a proveedores metidas en los cajones por los regidores regionales. Pero las autonomías han recibido más ayudas. Hacienda calcula, por ejemplo, que sólo en mejoras de su capacidad de financiación han logrado otros 22.000 millones en intereses.

Podemos se une a Bildu y Geroa Bai para imponer la oficialidad del euskera en Navarra
Carlos Cuesta okdiario16 Marzo 2018

Podemos se ha unido a EH Bildu y Geroa Bai para imponer la oficialidad del euskera en Navarra. El apoyo de los hombres de Pablo Iglesias es decisivo para que las formaciones separatistas hayan conseguido dar el primer paso en el camino de obligar a usar en la administración y en todos los colegios una lengua ajena a la comunidad foral: han logrado, con su apoyo, que se inicien ya los trabajos preparatorios para impulsar posteriormente la imposición legal del uso oficial del euskera.

El objetivo es obligar a usar una lengua que ahora sólo habla el 6% de la población. Una meta intermedia que pretenden que dé paso a acabar imponiendo un acercamiento al País Vasco a través de la Educación y subordinar Navarra -política y territorialmente- a los deseos vascos.

La iniciativa ha sido de EH Bildu. Ha contado con la inestimable ayuda de Podemos y Geroa Bai -el partido de Uxue Barcos-.

Hasta ahora, la denominada popularmente Ley del Euskera, determina lo que se conoce como “zonificación lingüística” de Navarra. Así, se establece el apoyo al vascuence dependiendo del uso real de esta lengua minoritaria. De esta manera, el euskera sólo es plenamente cooficial en la zona vascófona: situada en el norte de la comunidad foral.

EH Bildu y sus socios de Podemos y Geroa Bai han conseguido ahora que se impulse la comisión que debe lanzar los trabajos previos al lanzamiento de una ley que convierta en cooficial el vascuence en toda Navarra.

La propuesta impulsada afirma textualmente que el Legislativo navarro “adopta el compromiso de constituir” una comisión parlamentaria, “para que en el plazo de seis meses proceda a elaborar una propuesta para una nueva ley foral del Euskera”. Y esa ley, según ese mismo texto deberá tener “como principios inspiradores o básicos” la “superación de la zonificación lingüística y la oficialización del euskera en toda Navarra”. Es decir, imponer en zonas donde nadie habla euskera el uso de esta lengua en la Administración, trámites oficiales, colegios, etc.

Geroa Bai -el partido de Uxue Barcos- defiende igualmente el fin de la zonificación porque, según su versión, debe avanzarse en la “normalización lingüística”. Para ellos, “normalizar” es imponer una lengua que sólo habla el 6% de la población. Y eso, tras años de impulso con subvenciones a la introducción del euskera en las escuelas y a través de asociaciones supuestamente civiles.

Podemos, por su parte, se ha sumado de cabeza a esta propuesta. Porque, según su argumento general, debe dialogarse y ello mejorará la vida pública en Navarra.

CARTA DE COVITE
Lección de dignidad de Consuelo Ordóñez a los ‘artesanos de la paz’
La Gaceta  16 Marzo 2018

Les recrimina que utilicen términos como “paz” y “conflicto” que en ningún momento “se ajustan a la realidad vivida y padecida gracias a ETA y a su entorno”.

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha rechazado reunirse con dos representantes de los autodenominados ‘artesanos de la paz’, intermediarios vascofranceses que participaron en la entrega de armas de ETA, a los que ha pedido que digan qué etarras fueron los que les entregaron el arsenal.

Ordóñez ha respondido en una carta a la misiva que le remitieron Michel Tubiana y Jean Noël Etcheverry “Txetx”, quienes le reclamaron la celebración de un encuentro para intercambiar puntos de vista.

La presidenta de Covite agradece a ambos representantes de los artesanos de la paz que se hayan puesto en contacto con esta asociación de víctimas del terrorismo, aunque les indica que en algún momento pensaba que se habían “confundido de interlocutor”.

Les recrimina, en este sentido, que utilicen términos como “paz” y “conflicto” que en ningún momento “se ajustan a la realidad vivida y padecida gracias a ETA y a su entorno”.

Ordóñez entiende que Covite debe contribuir a “deshacer ciertas confusiones” y explica a Tubiana y Etcheverry que lo que ellos llaman de “manera desangelada violencia política es, en realidad, terrorismo”.

A continuación reproducimos íntegramente la carta de Consuelo Ordóñez:

“Estimados señores Tubiana y Etcheverry,
Mediante la presente carta, le agradecemos en primer lugar que se hayan puesto en contacto con COVITE, la asociación de víctimas del terrorismo que agrupa a alrededor de 500 familias y que es mayoritaria en el País Vasco. No obstante, en algún momento hemos pensado que se habían confundido de interlocutor: ustedes utilizan términos como “paz” y “conflicto” que en ningún momento se ajustan a la realidad que hemos vivido y padecido gracias a ETA y a su entorno.

Entendemos, por lo tanto, que debemos contribuir a deshacer ciertas confusiones:
– Lo que ustedes llaman de manera desangelada violencia política es, en realidad, terrorismo.
– El conflicto al que ustedes hacen referencia nunca ha existido y lamentamos profundamente que hayan sucumbido a la trampa dialéctica de los terroristas y su entorno.

– La paz no es aplicable fuera de contextos bélicos y, en lo que a COVITE respecta, lo único que tiene cabida en este escenario es la aplicación de la ley para acabar definitivamente con ETA.

– La situación de “bloqueo” de la que ustedes hablan tiene una solución sencilla: que el Gobierno de España dé la orden a las Fuerzas de Seguridad para disolver a ETA. Se trataría, ni más ni menos, que de la aplicación del Estado de Derecho, ese que los terroristas se han empeñado en destruir.

– Las víctimas no tenemos que aprender lecciones de convivencia porque desde hace décadas hemos compartido calles y ciudades con nuestros verdugos, con quienes habían asesinado a nuestros familiares o quienes planeaban hacerlo, quienes han atacado nuestras casas, atentado contra nuestros negocios o secuestrado y extorsionado. Y nunca, jamás, hemos respondido con la misma moneda.

– Hablar del “desarme completo” de ETA es una falacia desmentida, incluso, por los responsables franceses de la lucha antiterrorista.

Para COVITE, cualquier contribución tanto suya, tanto en nombre de los Artesanos de la Paz como de la autodenominada “Delegación de Iparralde” tiene que ir precedida por una exigencia al mundo de ETA y de la izquierda abertzale: la condena sin paliativos de la violencia terrorista. Cualquier paso que ustedes den en este terreno sin plantear claramente esa exigencia estará moralmente desacreditado y significará que se han prestado a participar en un juego sucio que sólo pretende trabajar por los intereses maliciosos de una organización terrorista que se pavonea de su pasado criminal. Los convertirá, en definitiva, en cómplices de los asesinos.

Como saben, COVITE se ha reunido con Vicent Bru y Max Brisson, ambos cargos electos franceses, y lo hará próximamente con el alcalde de Bayona. Ninguno de ellos está imputado por la comisión de un delito. Sin embargo, ustedes, señores Tubiana y Etcheverry, sí lo están, ya que la justicia francesa les investiga por la destrucción de armas de ETA en Luhuso en diciembre de 2016. Por si no habían caído en la cuenta, esas armas sirvieron para asesinar, amenazar, coaccionar o herir a ciudadanos españoles, a nuestros familiares, y podrían haber servido para resolver los más de 400 asesinatos terroristas que siguen impunes. Sin embargo, ustedes decidieron seguir instrucciones de ETA para, con un taladro y una pulidora, limpiar las armas y, con ello, borrar las huellas que revelarían los detalles de su uso.

Gracias por su propuesta de encuentro pero, tras lo expuesto anteriormente, comprenderán que declinemos la invitación. El único encuentro que deseamos tener con ustedes debe producirse en los tribunales. Sólo esperamos que la justicia de su país pueda brindarnos el derecho de ver cómo unas personas implicadas en la comisión de un delito muy grave cargan con sus responsabilidades.

No obstante, lo que aceptaríamos de su parte sería que nos facilitaran la información privilegiada sobre la remesa de armas, que según ustedes representaba el 15% del arsenal de ETA, y que estaba en su poder ese diciembre de 2016. Querríamos saber qué miembros de ETA se las entregaron. Como les hemos expuesto, es una cuestión de vital importancia dado el elevado número de crímenes de la organización terrorista sin resolver“.

POR LA IZQUIERDA BALEAR
La única neuropediatra de Ibiza renuncia por la imposición del catalán
La Gaceta  16 Marzo 2018

La única neuropediatra del hospital Can Misses de Ibiza ha anunciado que deja su puesto tras expresar públicamente su rechazo al decreto que establece que los empleados de la sanidad pública que ganen una plaza en las oposiciones verán limitada su movilidad y retribuciones si no saben catalán.

Según publica este jueves el diario El Mundo, Ileana Antón, especialista argentina de 46 años que desde hace cuatro trabajaba en el hospital público ibicenco, se ha despedido porque considera que solo debe ser valorada por su currículum profesional como médico, no por el conocimiento de un idioma.

Un portavoz de la Gerencia de Salud de Ibiza y Formentera ha explicado a Efe que en el preaviso que ha presentado para anunciar su marcha la neuropediatra alude a “motivos personales”, sin referirse a su desacuerdo con el futuro decreto de catalán.

La doctora declaró el pasado diciembre a El Mundo que se marcharía por “una cuestión de convicciones” y su abandono dejará en una situación deficitaria el servicio de pediatría de Can Misses, que, como ocurre en otras plazas de la sanidad pública en Ibiza, tiene dificultades para cubrir las vacantes por la futura exigencia de catalán y también por las dificultades de encontrar viviendas de alquiler a precios asequibles en la isla.

La Gerencia de Salud de las Pitiusas ha puesto en marcha el procedimiento para reemplazar a Antón y tratar de compartir con el hospital Son Espases de Palma a algún especialista que pueda desplazarse periódicamente a Ibiza con la finalidad de atender a los pacientes.

Obligatorio saber catalán
El Consejo Consultivo, órgano asesor en materia legal del Gobierno balear, ha emitido un dictámen favorable al proyecto de decreto que regula el conocimiento del catalán en el sector sanitario de las islas, que la Consejería de Salud aprobó con el respaldo del 65% de la representación sindical.

La futura regulación establece que el conocimiento de catalán no será un requisito para poder presentarse a las oposiciones, pero establece obligatoriamente un plazo de dos años para que, aquellos que consigan una plaza, obtengan los certificados exigidos de la lengua cooficial, que son el de nivel B1 (elemental) para médicos y enfermeros y A2 (básico) para auxiliares de enfermería.

El Ejecutivo pactó con la mayoría de la representación sindical sanitaria unos requisitos de conocimiento de catalán menores que los que rigen para el resto de la Administración autonómica, en la que, según la Ley de Función Pública aprobada en 2016, conocer la lengua cooficial propia es un “requisito” para trabajar.

El pasado 18 de febrero, unas 2.500 personas se manifestaron por las calles del centro de Palma para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Gobierno balear para exigir a partir de este año la acreditación del conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas.


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