AGLI Recortes de Prensa   Sábado 17  Marzo 2018

La izquierda, siempre contra la propiedad ajena
EDITORIAL Libertad Digital 17 Marzo 2018

La radicalización que ha experimentado la política española como consecuencia del estallido de la crisis económica, y cuyo máximo exponente es el nacimiento y auge de Podemos a nivel nacional, constituye una gran amenaza para el patrimonio de los españoles, ya que la extrema izquierda no solo pretende imitar la oleada de nefastas expropiaciones que en su día puso en marcha el sátrapa Hugo Chávez en Venezuela, sino que arrastra consigo al PSOE de Pedro Sánchez, siempre dispuesto a apoyar cualquier disparate con tal de evitar que el partido de Pablo Iglesias le robe votos por uno de sus flancos. En este sentido, resultan muy preocupantes algunas de las últimas propuestas lanzadas por ambas formaciones.

Destaca, en primer lugar, la proposición de ley que ha presentado el partido morado en el Congreso bajo la excusa de solventar el acceso a la vivienda de las rentas bajas. Así, en lugar de reforzar la seguridad jurídica e impulsar la construcción de nuevos pisos en las grandes ciudades para aumentar la oferta inmobiliaria y, de este modo, presionar a la baja los precios, al tiempo que se fomenta la creación de riqueza y empleo para que la población mejore sus condiciones de vida, la receta de Iglesias y los suyos consiste, directamente, en expropiar su propiedad a los españoles mediante diversos mecanismos.

En primer lugar, impidiendo los desahucios por razón de impago de alquiler e hipoteca ye incluso por okupación del inmueble hasta que se garantice una "alternativa habitacional". De este modo, el legítimo propietario, tanto empresas como particulares, no podría recuperar en ningún caso su inmueble hasta que la Administración de turno ofreciese una vivienda de similares características a morosos y okupas, dejándolo así en la más absoluta indefensión. Esta medida fue, precisamente, la que adoptó el régimen chavista poco después de llegar al poder y el resultado no fue otro que un masivo impago de alquileres y créditos, robando con ello la propiedad a sus legítimos dueños, al tiempo que se colapsaba el mercado inmobiliario e hipotecario.

Además, por si no fuera suficiente, la iniciativa de Podemos también contempla la cesión obligatoria a las Administraciones Públicas (expropiación) de todos los pisos que se mantengan vacíos durante más de seis meses con el objetivo de poder ofrecerlos en "alquiler social". Si a ello se suma su intención de despenalizar la okupación, este particular texto supone uno de los mayores ataques contra la propiedad privada que presencia el país desde hace décadas.

Pero no es el único. El PSOE también plantea fórmulas para empobrecer al conjunto de la sociedad. En este caso, los socialistas pretenden disparar la fiscalidad sobre el ahorro con la excusa de aumentar las pensiones. De este modo, entre la expropiación indiscriminada de inmuebles y el nuevo hachazo tributario sobre los activos financieros (depósitos y activos financieros), la izquierda pretende embolsarse buena parte de la riqueza que con tanto esfuerzo han ido acumulando millones de honrados trabajadores y familias durante años.

Más allá del atentado que suponen este tipo de propuestas, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, estos políticos son auténticos expertos en hipocresía al querer hacerse con la propiedad de los demás mientras mantienen a buen recaudo la suya propia, tal y como ejemplifica, entre otros muchos casos, el abultado patrimonio que poseen los miembros del Pacto de Toledo para asegurarse una jubilación de oro.

Lo más grave, sin embargo, es que la ideología que subyace en estas propuestas, consistente en minar el capital que posee la población, supondría, simplemente, la ruina de los españoles. Y en eso, en generar miseria, la izquierda tiene, sin duda, una larga y exitosa trayectoria...

Nuevo escándalo en el Congreso.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Marzo 2018

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SEGÚN EL TEDH. LA MEZQUINDAD DE PARLAMENTARIOS EN UNA SESIÓN BOCHORNOSA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

No hace ni horas que el TEDH se pronunció sobre la condena de dos activistas independentistas catalanes por la justicia española por el delito de injurias a la Corona al quemar públicamente fotos del Rey de España. En su sentencia recoge que ese acto debe considerarse inmerso en la libertad de expresión y por tanto exige a España que anule la condena impuesta exonerando a los autores. Una vez más un Tribunal Europeo de Derechos Humanos impone su criterio y rectifica al sistema judicial español, esta vez basándose en una interpretación muy benevolente de lo que debe considerarse como libertad de expresión o un simple delito de apología de la violencia al quemar la imagen que representa a la más alta autoridad del Estado, en este caso S.M. el Rey D. Felipe VI como Jefe de Estado de España. Un acto muy similar a la extendida quema de la bandera de España, símbolo máximo de España y, por consiguiente, del pueblo español. Y es verdad que es muy legítimo que una persona, o grupo de personas no se sientan españoles y quieran manifestarlo y hacerlo patente, pero ello no les da derecho alguno a violar los símbolos nacionales del resto de ciudadanos que sí nos sentimos españoles.

La libertad de expresión no puede ser un cheque en blanco donde quepan todas las injurias, infamias y actos de desprecio a los símbolos nacionales y menos los reconocidos en las Constituciones de los países. No me imagino a ningún estadounidense quemando la bandera de barras y estrellas y que salga indemne de su acto. NI a un francés que asista impasible a esa misma acción o al silbido de su himno nacional, la mundialmente conocida “Marsellesa”. De hecho, cuando tuvo lugar una pitada en un estadio de fútbol con el Presidente de la República presente, se ordenó la suspensión del evento deportivo y el desalojo del estadio. Y es que ese tipo de acciones van mas allá de la simple reivindicación y se enmarcan directamente en actos de provocación y de agitación popular por unos determinados sectores que persiguen objetivos políticos concretos, como en el caso de los independentistas catalanes, nada menos que la secesión e independencia de la autonomía.

La única respuesta posible a este tipo de acciones es su sancionarlas de modo proporcional al delito cometido. Y sí, hay que seguir considerándolo como delito contra el Estado, que es lo mismo que decir contra los ciudadanos. Algo muy similar a cuando se atenta gravemente contra la libertad religiosa, como interrumpir violentamente un oficio religioso en un lugar de culto reconocido y respetado y presentarse de forma obscena y profiriendo arengas políticas. Eso no es libertad de expresión, sino un simple acto de vandalismo y falta de respeto por los derechos de los demás que se violan de forma delictiva. Y es verdad que desde hace tiempo existen otras formas de crítica al poder como una espita de escape más o menos consentida para el “pueblo llano” frente a los desmanes de los poderosos. Un ejemplo lo tenemos en el siglo IV A.C. con Aristófanes en la antigua Grecia o mucho más actualmente en las fallas de Valencia con sus composiciones de figuras y ninots. La comedia, el humor como herramienta de la más mordaz crítica al poder.

La crítica es saludable para la existencia de una democracia, pero no puede caer en la intransigencia ni en el sectarismo excluyente. La libertad de expresión no es infinita, sino que su límite está allí donde entra en conflicto con otros derechos que deben ser respetados y defendidos como parte esencial de la democracia.

Y la prueba de que la libertad de expresión está sobrevalorada ha sido el lamentable y bochornoso espectáculo que una vez más dieron ayer Sus Señorías en el Congreso de los Diputados, bajo pretexto del debate sobre el tema de la revocación del supuesto de prisión permanente revisable. Unas declaraciones llenas de descalificaciones personales y del uso de referencias sin ningún pudor a víctimas inocentes de asesinato, como el caso del niño de 8 años Gabriel a manos de la pareja sentimental del padre. Un debate que causó sonrojo y vergüenza a una inmensa mayoría de ciudadanos que no comprendemos que se usen a las víctimas en la confrontación de ideologías políticas, que en este caso divergen de la opinión mayoritaria del llamado “pueblo español”. Una voluntad refrendada en las más de tres millones de firmas presentadas por padres de esas víctimas inocentes reclamando justicia y que los asesinos no queden libres tras unas condenas irrisorias.

No hace muchos días que traté este tema de la prisión permanente revisable, que es una forma suave de llamar a la “cadena perpetua”, quizás porque la imagen de cadena hace referencia a la atadura, a la represión, a tratos inhumanos propios de las mazmorras más oscuras, húmedas y tenebrosas de la antigüedad y de algunas cárceles de dictaduras y países subdesarrollados. Y una palabra “perpetua”, que evoca a la eternidad y no al límite temporal de la vida de un ser humano. Y es que ninguno de esos conceptos son los que esa ley representa en absoluto, y es por eso por lo que no es admisible hacer sectarismo ni demagogia populista con ella. La prisión de por vida fue algo natural, al igual que la pena de muerte cuando se aplicó por el Tribunal de Nüremberg que juzgó a los criminales nazis tras la segunda guerra mundial. Nadie puso en cuestión la dureza de las condenas, ni tampoco su ejecución sin cuestionar nada de derechos humanos ni la dignidad de las personas, ya que siempre se respetó dentro de la firmeza de su aplicación íntegra sin revisión alguna.

Creo sinceramente que el PSOE, un partido esencial para la democracia y alineado hasta ahora con la social democracia, no puede caer en los mismos argumentos que PODEMOS y su ultra radicalidad que se apoya en esa demagogia y populismo en el clásico “agitpro” simplista, deformando la realidad y mostrando esas imágenes irreales fáciles de asumir en quienes ven al PP y a CIUDADANOS como fuerzas represoras de la derecha más retrógrada heredera de la dictadura. Una imagen que el PSOE no puede asumir y sumarse a ese frente popular Sánchez – Iglesias revanchista y profundamente anti español en sus objetivos. Porque hay una parte no despreciable del PSOE que no comparte ni las formas ni el fondo de lo que ayer planteó el grupo parlamentario liderado por una desencajada portavoz y un parlamentario que evidencio su ruindad con un discurso inaceptable.

He leído que existen ya contactos discretos entre PP y PSOE para reconducir lo que ha sido uno de los mayores errores del PSOE que, sin esperar al dictamen del Tribunal Constitucional sobre el tema, despreciando a tres millones de españoles y las justas reivindicaciones de unas familias sumidas en el dolor, se puso al frente de la revocación alineado con PODEMOS y con el apoyo de los enemigos de España, forzó que prosperase el rechazo y se iniciase el proceso de revocación de la prisión permanente. Errar es humano, rectificar de sabios, aunque sea por pura estrategia política.

¡Que pasen un buen día!

Manifiesto contra la mentira obligatoria
La nueva Ley de Memoria Histórica persigue la verdad con la cárcel
Hermann Tertsch ABC 17 Marzo 2018

Han firmado inicialmente doscientos. De muy diverso cargo, profesión, procedencia y trayectoria. Las primeras dos firmas son de dos referentes intelectuales y morales, dos hombres longevos y cuajados de sabiduría, el historiador Stanley Payne y el presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde Fuertes. Deberían ser pronto dos millones. O mejor veinte. Por nuestro bien. Porque el peligro que pretende conjurar el Manifiesto por la Historia y la Libertad que se presentó en Madrid el miércoles nos afecta a todos los españoles, a los actuales y a los que vendrán. Nos jugamos nada menos que el derecho a decir la verdad y no ser castigados por ello. Porque aunque la mayoría de los españoles aún no lo sepan, corremos el peligro de que pronto tengamos que mentir por ley y obligación y bajo amenaza de graves represalias. Porque los socialistas españoles, que contarán para ello con los comunistas españoles de Podemos y todas las fuerzas antiespañolas del Parlamento, han preparado una reforma de la Ley de Memoria Histórica que no da solo una vuelta de tuerca a la ya injusta, sectaria y falsaria Ley de 2007, piedra angular de la política revanchista de Zapatero para dinamitar el pacto de transición y la reconciliación nacional.

Es mucho más grave que eso. Porque implica al Código Penal en una ofensiva legal que, de ser aprobada, permitiría falsear por completo la historia de España del siglo XX. Imponiendo como incuestionable historia oficial la versión comunista de República, Guerra Civil, Franquismo y Transición. Bajo la amenaza de encarcelar o inhabilitar a todo aquel que se resistiera. Dirán algunos que es alarmismo, que algo así jamás se podría aprobar por ser abiertamente anticonstitucional. Recuerden que la ley de violencia de género era y es abiertamente anticonstitucional. Porque invierte la carga de la prueba y porque rompe la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Pues lleva una década aplicándose con tanta brutalidad y abuso contra los hombres como falta de eficacia en la protección de las mujeres. Aun así, ya nadie la cuestiona. Aunque sea un insulto a la inteligencia y a la Justicia. Nadie ha hecho nada contra ningún ley ideológica de Zapatero. Hoy ya no está en manos de quien lo prometio.

La izquierda intentará que este texto, adornado con unas cuantas enmiendas, sea aprobado. Con mecanismos intactos para intimidar y reprimir toda crítica a los postulados ideológicos del Frente Popular. Liquidaría los últimos vestigios de potestad sobre unos hijos condenados al adoctrinamiento en la mentira. Quien intentara educarlos en la verdad estaría cometiendo un delito. Cierto que los colegios españoles, incluso en regiones sin educación abiertamente antiespañola, sirven ya hoy un pienso ideológico nauseabundo y mendaz. Se han impuesto fábulas, fraudes y mitos porque nadie tuvo el coraje en cuarenta años de levantar la voz contra la mentira. No fueran a llamarle franquista o «facha». Pero para poder reconstruir una educación libre, eficaz y de calidad se necesita una sociedad abierta con libertad para investigar, debatir, crear y estudiar sin trabas ideológicas. Lo quieren impedir. La nueva ley condena a los españoles a transmitir mentiras y negar verdades porque de lo contrario pueden ser encarcelados, expropiados e inhabilitados. También les podrían requisar y destruir material impreso y en otros soportes privados y públicos con versiones que contradigan a la oficial. Permitiría hacer desaparecer bibliotecas y archivos enteros. Quieren cambiar el pasado por ley. Para secuestrar presente y futuro. Bajo la amenaza de cárcel y persecución. Todo suena a la ley de Defensa de la República de 1931 y sus abusos. Pero habrá que callar, claro. De aquella ley no se podrá hablar. Firmen el manifiesto, todavía se puede evitar.

Nihil obstat
Quén nos habría dicho, en una democracia europea del siglo XXI, que la biblioteca se nos iba a poner tan emocionante
David Gistau ABC 17 Marzo 2018

Me sumo a la analogía con Fahrenheit 451 que ayer hizo Ignacio Camacho para definir la purga de autores propuesta por CC.OO. con la ausencia de remilgos que concede la aplastante hegemonía feminista. Que ya hasta ha puesto en circulación, por boca de la alcaldesa de Madrid, teorías frenológicas acerca del determinismo violento del macho de la especie, cuyos últimos ejemplares deberán ser conservados en cautividad para la reproducción y la observación científica. Como con las amazonas de los argonautas, con la diferencia de que aquellas amazonas mitológicas, antagonistas de Hércules y de Aquiles, eran guerreras feroces tan entregadas a la violencia que se cortaban un pecho para manejar el arco con mayor soltura.

En términos más prosaicos, podríamos referirnos también a las hogueras de libros y a la consideración de «arte decadente» con las que el nacionalsocialismo se propuso evitar la infiltración de impurezas en su construcción del hombre nuevo europeo. O al «nihil obstat» de los censores católicos que tal vez convenga a los ramalazos inquisitoriales de estos capataces de la ingeniería social que llevan más de un siglo buscando soluciones de evacuación para el material humano sobrante que no se deja reprogramar. Pero la referencia a Bradbury es especialmente acertada por lo que su libro tiene de augurio distópico. Adjetivo éste, el de distópico, del cual soy consciente de que se me cuela mucho en las columnas desde que las pandillas de la nueva política comenzaron a diseñar la España y los españoles tal y como deberíamos ser, ya reeducados, una vez terminada esa Transición Verdadera cuya patente fue reclamada en algún momento hasta por Rivera cuando aún parasitaba la imagen de Suárez: tantas imágenes ha parasitado Rivera, últimamente la de Macron, que parece uno de esos recortables de mi infancia donde a un mismo personaje se lo podía vestir con infinidad de uniformes.

En unos tiempos caracterizados por una justificada alarma por las agresiones a la libertad de creación y por la pujanza de nuevas formas de moralismo, sorprende que ninguno de los «plurales» profesionales que patrullan las televisiones para desfacer entuertos haya expresado la menor inquietud ante la propuesta de un sindicato mayoritario de prohibir directamente a novelistas contemporáneos que sólo son culpables de no hacer doctrina oficialista ni de someter a ésta a sus personajes, algunos de los cuales hasta dicen palabrotas. De esta manera comprobamos, una vez más, que las defensas de la libertad con las que se nos llena la boca quedan respaldadas cuando el pensamiento agredido nos identifica, pero no cuando nos provoca. Y esto vale a un lado y al otro del Misisipi.

Por otra parte, quién nos habría dicho, en una democracia europea del siglo XXI, que la biblioteca se nos iba a poner tan emocionante, llena de libros perseguibles, blasfemos, clandestinos, en cuya carga de peligro social ni siquiera habíamos reparado. Mira Arturo, qué potra, superventas y proscrito a la vez.

La deuda pública marca un nuevo máximo al subir en 1.184 millones en enero
OKDIARIO 17 Marzo 2018

La deuda pública se ha marcado un nuevo máximo en el mes de enero tras alcanzar 1,145 billones de euros en enero, lo que representa un aumento de 1.184 millones de euros respecto al mes anterior. Con hasta situarse en el 98,14% del PIB, según el cálculo del Ministerio de Economía de acuerdo con la proyección del PIB de la última actualización del Plan Presupuestario.

En tasa interanual, la deuda de las administraciones públicas respecto a enero del año pasado creció en 33.527 millones de euros, un 3,01% más, según datos del Banco de España publicados este viernes. A nivel mensual sube en 1.184 millones de euros, un 0,1% más.

El porcentaje de deuda pública en términos de PIB registrado en enero (98,14%) supera el objetivo del 96,8% marcado para este año, pero Economía destaca que es inferior a la ratio de cierre de 2017, que se situó en el 98,36% del PIB, según los últimos datos actualizados por el Ministerio tras los datos de Contabilidad Nacional publicados por el INE.

Se prolonga la tendencia bajista
De esta forma, la ratio de deuda pública sobre PIB cerró el año 2017 por encima del objetivo anual pactado con Bruselas (98,1%), aunque supuso el tercer año de descenso respecto al 98,98% del año 2016, el 99,8% del ejercicio 2015 y el 100,4% de 2014.

Economía subraya que se prolonga por tanto la tendencia a la baja y que la reducción del déficit público y el crecimiento económico explican esta evolución.

La deuda del Estado cae
Por administraciones, la deuda del Estado bajó en 439 millones en el primer mes del año, hasta los 996.033 millones, lo que supone una bajada del 0,05% mensual, pero un alza del 4,3% interanual.

Asimismo, la deuda de las comunidades autónomas se elevó en 755 millones, un 0,3% menos mensual, pero un 3,2% más respecto a enero de 2017, en tanto que la deuda de las corporaciones locales bajó en 136 millones, un 0,5% menos mensual pero un 9,2% más a nivel interanual.

De su lado, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social disminuyó en 30 millones respecto a diciembre, hasta los 27.363 millones, lo que supone un descenso mensual del 0,1% pero un repunte interanual del 59,3%.

Valores a largo plazo
El grueso de la deuda en manos de las administraciones públicas se sigue encontrando en valores a largo plazo, que suponen las tres cuartas partes (78,1%) de la deuda total.

De hecho, estos valores se elevaron en 438 millones de euros respecto al mes de diciembre, hasta los 895.345 millones de euros, y tasa interanual registraron un crecimiento del 7,4%.

Por su parte, la deuda pública en valores a corto plazo disminuyó en el primer mes del año en 734 millones de euros en comparación al mes anterior, hasta los 74.078 millones, un 2% menos. En el último año, los valores a corto plazo en manos de las administraciones públicas se han reducido un 10,3%.

Por último, el resto de préstamos se incrementaron en enero, con un repunte del 1,3%, con 2.255 millones de euros más, hasta los 171.912 millones, mientras que respecto a enero de un año antes registraron una caída del 10,5%.

Bajar Impuestos para Crecer Más
Daniel Lacalle elespanol 17 Marzo 2018

“The real effect of tax rate reductions is to make future prospects of profits more favorable, leading to more current investments that generate more current economic activity and more jobs”. Thomas Sowell.

La propuesta del gobierno de la Comunidad de Madrid de bajar impuestos no solo es una excelente noticia para los ciudadanos de la región, sino que responde a una lógica aplastante. Incentivar el ahorro, fomentar la renta disponible y la creación de empleo. Lo que deberían hacer el resto de comunidades autónomas.

El plan se puede resumir en tres partes:

.- Aumentar la renta disponible por trabajo. Reducir el tramo autonómico del impuesto sobre la renta (IRPF) beneficiando a tres millones de contribuyentes, en especial a los más desfavorecidos.

.- Reducir los gastos de familias, fomentar el ahorro y mejorar conciliación. Deducciones a familias por nacimiento, adopción, discapacidad o alquiler. El Impuesto de Sucesiones y Patrimonio es un impuesto inmoral, confiscatorio y contraproducente y bonificarlo para hermanos, tíos y sobrinos es una demanda social y de justicia.

.- Iniciativa empresarial y economía social. La importancia de las deducciones para la creación de empresas y donaciones a fundaciones es crucial para seguir atrayendo empresas e inversión y fortalecer la Comunidad como centro global de nuevas empresas.

El coste de estas medidas es ínfimo comparado con la evidencia de mejora de ingresos fiscales y aumento de bases imponibles por mayor inversión, consumo y empleo. Ya lo hemos visto en el pasado. Los ingresos crecen más que el PIB.

Los que critican la bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid no piensan en los servicios públicos ni en sus ciudadanos, porque los garantiza, sino en mantener sus administraciones paralelas.

La Comunidad Autónoma de Madrid recauda por IRPF, IVA e Impuestos Especiales (datos de la Agencia Tributaria), más de 75.000 millones de euros, pero se transfieren a la región unos 16.160 millones de euros (datos 2015, último liquidado). El resto va a cesión y reparto al Sistema de Financiación Autonómica.

La Comunidad de Madrid no es un paraíso fiscal, es que otras son un infierno fiscal y quieren seguir siéndolo. No por prosperidad, sino por intervencionismo. Ni recaudan ni crecen ni crean empleo como deberían y podrían. La Comunidad de Madrid es, de hecho, la mayor fuente de solidaridad fiscal con el resto. Un aumento del 19,5% en la solidaridad con otras regiones en 2018, más de 4.350 millones de euros.

Con unos gastos de 19.000 millones de euros para 2018 y unos ingresos estimados de 22.000 millones, no solo se financia el 100% del gasto no financiero con cargo a los recursos generados en la comunidad de Madrid, comparado con otras regiones que no llegan al 60%, sino que se fortalece la actividad económica, se reduce el paro y se atrae mayor inversión. Es decir, se garantizan mayores y mejores ingresos fiscales y servicios públicos hoy y en el futuro.

Lo que no pueden pretender otros es “armonizar” al alza, para que todos adopten sus infiernos fiscales. Solo lleva a más paro y menores ingresos.

Si el resto de Comunidades Autónomas aplicasen planes similares no se desplomarían los ingresos. Lo hemos visto en países desde Irlanda a Holanda y en comunidades autónomas desde hace años. De hecho, los ingresos fiscales son menos cíclicos y más sostenibles porque no se dinamitan las bases imponibles, que garantizan los recursos futuros.

Es una falacia decir que se desplomarían los servicios públicos. No solo no ocurre, porque mejoran los ingresos y bases imponibles por mayor actividad e inversión. Es que la “solidaridad” que exigen es para financiar entidades innecesarias. Por ejemplo, solo la administración paralela de Andalucía cuesta casi 7.000 millones de euros al año, y en Cataluña casi 22.000 millones. Con más 1.100 entidades públicas deficitarias todavía en marcha, hablar de “poner en peligro los servicios públicos” es una broma. Con el aumento de empleo, inversión y crecimiento se mejoran los ingresos, no subvencionando a sectores improductivos.

Cabe resaltar un aspecto esencial de la política fiscal. El uso de deducciones en vez de subvenciones. Es una diferencia esencial. Las deducciones responden a una demanda real y no crean efecto llamada falso en sectores buscadores de rentas. Las subvenciones dan poder a los políticos que “las reparten” y las deducciones a los ciudadanos.

El error monumental que se comete constantemente es pensar que el único objetivo de la fiscalidad es recaudar, y se equipara de manera falsa e ideológica bajar impuestos con bajar recaudación.

Nuestros populistas siguen creyendo que los ciudadanos somos cajeros de su insaciable sed de gasto. Pero deberían recordar:
No hay mejor manera de hundir la recaudación que a través de una fiscalidad confiscatoria.

No hay estado de bienestar sin crecimiento económico, crecimiento del empleo e inversión privada.
No hay sector público sin ingresos de un sector privado fuerte y creciente.

Los ingresos fiscales desaparecen cuando se ataca el crecimiento, el consumo y la inversión.

Todo esto lo saben los populistas, pero la razón por la que se empecinan en una fiscalidad confiscatoria no es por defender unos servicios de calidad, sino por expropiar y asfixiar la riqueza y actividad económica para maximizar el control de lo que quede. Los redistribuidores de la nada no tienen problema en destruir el crecimiento económico siempre que controlen lo que sobre.

No existe mejor manera de asegurar los servicios públicos que tener una fiscalidad orientada al crecimiento y orientada a aumentar las bases imponibles. Lo que nunca ha funcionado es una política fiscal que penalice a los sectores productivos y las familias y erosione las bases imponibles a futuro. Crea estancamiento ahora y destrucción de ingresos y crecimiento después.

La bajada de impuestos propuesta no es un chollo ni un regalo. Es lógica económica.

La impostergable reforma del sistema electoral
Mikel Buesa Libertad Digital 17 Marzo 2018

Sin una cultura de cooperación e intercambio, nuestro sistema electoral conduce al caos político.

Lo más importante de un sistema político democrático es su ley electoral. Es ésta la que modela a aquél y no a la inversa, de manera que de sus especificaciones se deriva no sólo la representación de los ciudadanos en las cámaras legislativas, sino la configuración misma de los partidos políticos, tanto por lo que se refiere a su estructura y funcionamiento interno como en lo que concierne a su modo de resolver su poder o, si se prefiere, a su cultura política.

En la España democrática ulterior al franquismo, el sistema electoral fue diseñado como una institución transitoria que había de llevar a la UCD —que no era sino una amalgama de los que podrían considerarse como los aperturistas del régimen, interesados en conservar sus logros, aunque no sus formas autoritarias, y la oposición democrática de inspiración liberal y democristiana— al poder tras las elecciones del 15 de junio de 1977. Su principal artífice, Óscar Alzaga, un opositor al régimen de Franco, nunca pensó que la vigencia del real decreto-ley electoral de marzo de aquel año fuera a sobrevivir a las elecciones para las que fue diseñado, y, de hecho, desde su escaño en el Congreso pidió sin éxito que su contenido no fuera fosilizado al trasponerse a la Constitución de 1978. Los motivos de tal circunstancia eran claros, pues tanto los socialistas como los nacionalistas se comprobaron beneficiarios adicionales al partido de Suárez en los resultados electorales. Y pugnaron para no cambiar las cosas dejando escritas a fuego las reglas básicas del sistema electoral –las mismas que les habían llevado a sus escaños– en esa norma fundamental.

La ley electoral consagraba así el bipartidismo en el conjunto de España, otorgando a la vez preeminencia a los nacionalistas vascos y catalanes en sus respectivas regiones. Y, de este modo, desde entonces hasta 2011 los votos a los dos primeros partidos han sumado un porcentaje mayoritario –entre un mínimo del 64,8 y un máximo del 83,8 por ciento– y han dado lugar a una representación amplísima de entre 282 y 323 diputados. Este resultado tenía como fundamento, esencialmente, el hecho de que la circunscripción electoral fuera la provincia –y cada provincia tiene al menos dos puestos en la cámara legislativa– y la circunstancia de un electorado poco fragmentado que confiaba en los principales partidos nacionales o regionales.

Es a partir de estos mimbres como acabó construyéndose un sistema de partidos políticos en el que los contendientes exitosos fueron los que se configuraron como maquinarias electorales muy centralizadas, represoras de cualquier singularidad discursiva o ideológica –no digamos de las disidencias–, proclives al clientelismo y crecientemente desideologizadas, en las que la selección de los líderes, basada en la sumisión de los candidatos a quienes en cada momento ostentaban el poder interno, fue degenerando hasta el punto de que, sorprendentemente, los resultados electorales dejaron de ser un instrumento para su validación. A nadie se le oculta que hoy en día el debate político se ha convertido en una diatriba de ocurrencias sin sustento ideológico y sin referencias a un modelo de sociedad; ni tampoco que, con pocas excepciones, todos los partidos relevantes están dirigidos por fracasados electorales. Además, hay que añadir que, de manera creciente, esos partidos han acabado configurando su identidad por oposición a los otros, de modo que se autodefinen, a partir de una mezcla de adanismo y cainismo, no por lo que son sino por lo que no son; y ello ha dado lugar a una creciente dificultad para cooperar y llegar a acuerdos en asuntos básicos que impide la normalidad política en las situaciones en las que los Gobiernos son minoritarios.

El bipartidismo, aunque no desapareció, se vio seriamente dañado tras las elecciones de 2015 y 2016. En las primeras, PP y PSOE sumaron sólo el 50,7 por ciento de los votos y un total de 213 diputados. El "No es no" del segundón —sin duda la expresión más acabada del cainismo y adanismo que antes se apuntaba— hizo imprescindible repetirlas al año siguiente, sin que sus resultados cambiaran mucho las cosas, pues los votos a esos partidos se quedaron en el 55,7 por ciento y los diputados en 222. Ni que decir tiene que, en esta situación, podría haberse arbitrado una solución de emergencia para la gobernación del país al estilo de la gran coalición alemana que, ahora, trabajosamente, se ha visto revalidada. Pero para ello se hubiese requerido una cultura de cooperación con la que ninguno de los partidos políticos, viejos o nuevos, cuenta.

La causa de esta situación hay que achacarla a la fragmentación del electorado –que seguramente es una consecuencia del empobrecimiento que la crisis financiera indujo sobre la mayor parte de las clases medias—, pues el sistema electoral seguía siendo el mismo. Una fragmentación que empezó en la izquierda ya en 2011 –barriendo al partido socialista y privándole de su ascendencia sobre el electorado de centroizquierda– y que más tarde se trasladó a la derecha –dando lugar al decaimiento del PP, moderado al principio, pero al parecer imparable en la actualidad–. Esta fragmentación la que ha conducido a una situación de ingobernabilidad de la que da muestra la posición del presidente Rajoy, impedido para legislar con normalidad, pues para ello requiere el apoyo que los otros partidos no están dispuestos a darle a ningún precio razonable.

Todo ello muestra que, sin una cultura de cooperación e intercambio, nuestro sistema electoral conduce al caos político. Por eso es impostergable su reforma, pues de otro modo ese caos amenaza con llevarse por delante la democracia misma. Naturalmente, habrá que pensar y acordar a dónde se quiere llegar, pues si de lo que se trata es de hacer gobernable el país, entonces o se corrige la proporcionalidad, introduciendo total o parcialmente un sesgo mayoritario en la representación de los ciudadanos, o se modifica radicalmente la cultura de los partidos, haciéndolos maleables al trasiego de votos por poltronas en los despachos del poder. Personalmente, confío más en lo primero que en lo segundo. Pero mis preferencias son lo de menos. Lo relevante es que, por donde por ahora nos llevan en esta materia nuestros políticos, seguramente no llegaremos a ninguna parte.

El PSOE roto y descolocado
Marcello republica 17 Marzo 2018

La convocatoria de ‘la escuela’ del ‘buen gobierno’ del PSOE resultó ser un fracaso por las destacadas ausencias de notorios dirigentes históricos y líderes regionales y gobernantes autonómicos. A lo que hay que añadir el gran malestar en el partido por la pésima actuación de sus portavoces en el Congreso de los Diputados los en muy recientes debates como los de las pensiones o la prisión permanente revisable.

Y no digamos por la actitud pro soberanista y nacionalista del PSC de Iceta en Cataluña, de Puig en Valencia o Armengol en Baleares. Y todos ellos en línea directa con la España federal y plurinacional de Pedro Sánchez, la que nadie quiere, y también como consecuencia del malestar general de varios de los barones regionales socialistas a los que Sánchez les acaba de quitar el control de las listas electorales en los comicios generales y su cuota de influencia en pactos políticos de gobierno o de investidura.

De lo que se deduce que las jornadas del ‘buen gobierno’ del PSOE han sido un fracaso. Faltaron Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, Josep Borrell, Susana Díaz, Ximo Puig y Javier Fernández entre otros, mientras algunos de los asistentes como Javier Solana, criticaron abiertamente la dirección de Sánchez y sus políticas advirtiendo del riesgo de un tercer y lamentable fracaso electoral, como el que le vaticinan las encuestas.

Además la ausencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados favorece al resto de líderes de la oposición como Rivera e Iglesias sobre todo porque su portavoz Robles no actúa como se esperaba y en el partido hay muchas voces y bastante confusión.

Vamos a ver qué conclusiones salen a la luz al término de esta ‘escuela del buen gobierno’ del PSOE pero mucho nos tememos que no serán una notas sobresalientes y además con falta de cohesión y de un claro y muy decidido proyecto político. Sobre todo en el ámbito territorial y de la unidad nacional.

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Urnas a contrarreloj
Jesús Laínz Libertad Digital 17 Marzo 2018

En los próximos años el voto no separatista descenderá con brusquedad, mientras que el separatista, sembrado incesantemente desde parvulitos, no puede dejar de crecer.

Proliferan los optimistas que consideran que el separatismo catalán está acabado y que el golpe de Estado de octubre fue su última bala. ¿Sus argumentos? El encarcelamiento de varios dirigentes por graves delitos, el ridículo internacional de los fugados, el desprestigio provocado por la corrupción generalizada de los jerarcas catalanistas, la antipatía de una UE que no quiere inestabilidad, los problemas económicos que no han hecho más que empezar con la fuga de numerosas empresas y el despertar de la respuesta al pensamiento único catalanista que se ha plasmado en la victoria pírrica de Ciudadanos y la parodia tabarnesa.

Razón no les falta, indudablemente, y el tiempo dirá lo que efectivamente vaya cambiando en la sociedad catalana, pero hay otros hechos que conviene no olvidar. En primer lugar, la escasa atención que cientos de miles de votantes prestan a dichas cuestiones. ¿Encarcelamiento de dirigentes? Lejos de aplacar las ansias separatistas, las aviva porque incontables fanáticos se empeñan en considerarlos presos políticos. ¿Ridículo de los fugados? Al revés: los perciben como héroes. ¿Corrupción? Prefiero que me roben los gobernantes de Barcelona a que lo hagan los de Madrid. ¿La oposición de la UE? Ya cambiará de opinión cuando compruebe nuestra voluntad inquebrantable de construir un nuevo Estado. ¿Problemas económicos? Ya irán solucionándose con el paso del tiempo. Además, ¿qué importancia tiene un puñado de euros frente a la liberación de la patria oprimida? En cuanto a la victoria de Ciudadanos, ¿hace falta recordar que el voto separatista, aunque dividido en varios partidos, sigue siendo mayoritario? Y Tabarnia no es más que una payasada de perdedores enrabietados que no tardará en aburrir y que demuestra que contra el ideario nacionalista no caben argumentos serios.

En segundo lugar, veremos qué sucede en las próximas elecciones generales. Si las gana el PP, nos espera más de lo mismo: la nada. Si las gana la izquierda, con un Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias, ya podemos ir subastando España. Y si las gana Ciudadanos, que obviamente debería gobernar en colaboración con el PP o el PSOE, no parece que tampoco haya demasiadas esperanzas de un cambio de rumbo.

Además, todos estos no son más que asuntos pasajeros que no afectan al fondo del problema, mucho más difícil de remover. Pues el adoctrinamiento nacionalista, efectuado sin interrupción desde que lo diseñara el Honorable Gran Timonel, no se anula con un par de encarcelados y un par de votaciones. Está enquistado de tal modo en varias generaciones que, en el mejor de los casos, habrán de transcurrir otras tantas libres de adoctrinamiento totalitario para que empiecen a cambiar las cosas.

Hoy ya no son los intereses económicos de la burguesía, aquel primer motor del catalanismo hace un siglo, los que dirigen el movimiento secesionista. Las masas se han echado a la calle, y a esas masas no les mueve tanto la avaricia como el furor nacionalista. Cuando arrancó el nacionalismo en torno al Desastre del 98, el factor esencial fue la cartera. Hoy, por el contrario, tras tantas décadas de lavado de cerebro, lo que pesa es la bandera. Y no se olvide que las bases nacionalistas, envenenadas por intelectuales, profesores, curas y periodistas, son mucho más radicales que sus acomodados gobernantes.

Por otro lado, no olvidemos el hecho demográfico. Porque es evidente que la opción separatista es minoritaria entre los catalanes nacidos en otras provincias españolas y llegados a la industrializada Cataluña en busca de trabajo. Pero con sus hijos y nietos no sucede lo mismo, ya que el rodillo envenenador en aulas y medios durante cuatro décadas ha conseguido que se desprecien a sí mismos, que desprecien su origen familiar y una nación de la que reniegan.

A esa tenaz labor de los separatistas hay que añadir la inestimable ayuda de una izquierda que, convencida de que la rebelión contra España formaba parte de la revolución social, persuadió a muchos de sus seguidores charnegos de que, mientras que ellos eran víctimas socioeconómicas del régimen franquista, los catalanes eran víctimas culturales. Por ello había que hacer causa común contra el franquismo, es decir, contra España, a los que, con abismal ignorancia, se proclamó sinónimos. Y así se consiguió la fusión del internacionalismo marxista con el nacionalismo aldeanista, absurdo político que sigue siendo hoy, cuarenta años después de Franco, el principal problema político de una España en perpetuo cuestionamiento de sí misma. Por no hablar de los llamados nous catalans, esos recién llegados desde lejanos continentes que, sin tener la menor idea de qué va la cosa y sin ni siquiera hablar español ni catalán, se han apuntado a la moda separatista confiados en el Edén que les han prometido sus subvencionadores.

Hagamos, generalizando bastante, el retrato robot del emigrante del resto de España en Cataluña: una persona nacida en la postguerra (aproximadamente en la década de los 40) que, al llegar a su veintena (aproximadamente en la década de los 60), se instaló en Cataluña. Allí tuvo sus hijos, precisamente los del baby boom, muchos de los cuales forman parte hoy de los cuadros dirigentes del separatismo. Y de sus pobres nietos, mejor ni hablar. Dado que la esperanza de vida en España está en torno a los ochenta años, buena parte de aquellos miles de emigrantes está falleciendo y fallecerá en torno a la década de los 20. Es decir, precisamente ahora. Por eso en los próximos años el voto no separatista descenderá con brusquedad, mientras que el separatista, sembrado incesantemente desde parvulitos, no puede dejar de crecer. Lo mismo que en Valencia y Baleares, piezas esenciales en la estrategia pancatalanista a largo plazo.

Ya lo advirtió Josep Maria Batista i Roca, presidente del Consell Nacional Català en el exilio, cuando en 1973 señaló entusiasmado el hecho clave que habría de facilitar la secesión de Cataluña en un futuro no lejano:

En las Tierras Catalanas aumentamos de población ganando no-catalanes. En las Tierras Castellanas disminuyen de población perdiendo castellanos. Lo esencial es el balance demográfico final entre unos y otros, y su repercusión en la infraestructura demográfica del sistema de fuerzas centrífugas y centrípetas periféricas y centrales.

Impecable argumento para la época de la mitad más uno convertida en verdad.
www.jesuslainz.es

Bienvenidos a la cordura
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 17 Marzo 2018

No pongo la mano en el fuego por nadie, pero he vislumbrado un matiz alentador en el discurso catalanista.

Los secesionistas arman sus planes de ruptura como si sus dos millones de seguidores circunstanciales configuraran un bloque homogéneo, eterno y hegemónico. Para ellos, los 3.500.000 ciudadanos que componen el resto del censo electoral de Cataluña no existen o son invisibles. Nunca entran en sus cálculos ni en sus planes de futuro para la república, que, por este mismo punto de partida discriminatorio y excluyente, solo podrá ser totalitaria. Totalitaria y gobernada por un politburó compuesto por fuerzas etnocéntricas mal avenidas, con un ventrílocuo más allá de las fronteras y unos muñecos serviles dentro de ellas, dictando leyes para complacer a la minoría y oprimir a la mayoría. Una aberración que sería insensato repetir en la Europa del siglo XXI.

Simulacro torpe
Dada la magnitud de la insensatez y, sobre todo, dada la imposibilidad de llevarla a la práctica en medio de una civilización avanzada, empiezan a abrirse nuevas grietas –amén de las muchas ya existentes– en el seno del contubernio secesionista. La experiencia acumulada nos enseña que debemos acogerlas con desconfianza, para separar las iniciativas puramente oportunistas y falaces de las que, sinceramente escarmentadas, buscan vías para el retorno a la convivencia dentro de una sociedad catalana plural y respetuosa de la ley, sin renunciar por ello a su herencia sentimental.

La actual fractura de la sociedad catalana es profunda y los sediciosos contumaces hacen todo lo que está a su alcance para ahondarla con el consabido esperpento de la república totalitaria. Es imposible contar con ellos para el apaciguamiento. Los enjuagues de JxCat con ERC para congraciarse con los energúmenos de CUP los muestran tal como son: incorregibles. Pero también debemos cuidarnos de los emboscados que, con mensajes aparentemente descafeinados, solo buscan ganar tiempo y "ampliar la base popular" (ERC dixit) para repetir la asonada.

El simulacro más torpe fue el de Roger Torrent, quien, en su discurso de investidura como presidente del Parlament, prometió "recoser" la sociedad catalana. Para a continuación ponerse a las órdenes del híbrido de Atila, Terminator y Don Corleone y sus cortesanos del palacete de Waterloo, con la confesada intención de cancelar la vigencia del ejemplarizante artículo 155 y de recomponer la maquinaria golpista.

"Lo urgente es tener Gobierno y que funcione", dictamina, con el aplomo de un timador consumado, el veterano experto en chanchullos políticos y económicos Jordi Pujol (El Nacional, 8/3). Más astuto que sus mediocres continuadores, el exhonorable sabe que el tal Puigdemont es descartable y que lo que apremia es librarse del 155, que, aplicado a rajatabla, todavía puede convertirse en una barrera infranqueable para la horda secesionista. Necesitan entronizar a un candidato que parezca potable a los despistados.

Cómplice de los desafueros
Ahí está, en primera fila, el trepador camaleónico Santi Vila, que se apresuró a postularse con el memorial de agravios titulado De héroes y traidores, publicado simultáneamente –detalle sintomático– en catalán y castellano, para que los influyentes se enteren, en el resto de España, de que en Cataluña hay alguien predispuesto a componendas, un aventajado discípulo del pujolismo que enseñó a tener paciencia para conquistar la independencia.

Vila fue cómplice, asimismo, de todos los desafueros perpetrados por Artur Mas y Carles Puigdemont, a los que acompañó en consejerías de la Generalitat, aunque supo cultivar, previsoramente, una imagen de heterodoxia para afrontar contingencias futuras. En las presentaciones de su libro, en artículos periodísticos y en la entrevista que concedió a Víctor M. Amela ("La Contra", LV. 7/3), exhibe con orgullo los insultos que le disparan sus antiguos compadres ortodoxos y, de paso, explota en su propio beneficio las meteduras de pata de sus expatrones, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

Critica con especial dureza el atropello cometido en el Parlament el 7 de septiembre con la Ley de Transitoriedad y el 27 de octubre con la declaración de independencia unilateral. Pero reivindica el referéndum ilegal del 1-O y enarbola las tres banderas del supremacismo impenitente: libertad de los acusados de sedición y de los propagadores del odio presos, perdón tácito a los prófugos retornados y derogación del artículo 155 para poder continuar el desmadre anticonstitucional. En la entrevista con Amela desahoga el rencor que acumuló contra esta gentuza: cuenta que sus asociados se negaron a sacar dinero del fondo de solidaridad para pagar la fianza que le impuso el juez. "Por no ser unilateralista… no merezco ya nada. Me dejaron con el culo al aire".

Simiente de racionalidad
Mis muchas veces confesados pragmatismo y posibilismo me obligan, empero, a rebuscar en los escritos de quienes contribuyeron a armar el tinglado secesionista indicios del retorno a la cordura. Pienso que si encuentro estos indicios puedo alimentar la esperanza de que también entre los dos millones de seguidores hasta ahora incondicionales del proceso desintegrador madure una simiente de racionalidad. Condición sine qua non para que la sociedad catalana vuelva, gradualmente, a la órbita normal que le dio renombre. Hasta que la única fractura incurable sea la que separará a la totalidad de los ciudadanos de talante creativo y humanista, por un lado, de la nefasta cúpula sembradora de cizaña, por otro.

No pongo la mano en el fuego por nadie, pero he vislumbrado un matiz alentador en el discurso catalanista, hasta ahora desvirtuado por el maniqueísmo de la minoría hispanófoba que ha usurpado el poder gracias a una ley electoral tramposa. Aunque una golondrina no hace verano, es un buen síntoma que un catalanista de pura cepa reconozca y valore, sin renunciar a sus principios, la existencia de esos 3.500.000 ciudadanos que los supremacistas expulsaban a las tinieblas. Y reclame que, si se desea recuperar la convivencia, se tengan en cuenta sus aportes a la cultura y la economía y se respeten sus derechos. Escribe Antoni Puigverd ("La rectificación", LV, 6/3):

Si Catalunya fuera una larga melena con la raya en medio, se podría decir que una mitad de la cabellera, la catalanoparlante, ha sido durante décadas (…) lavada, vitaminada y peinada diariamente en el ideal de una catalanidad esférica, mientras la otra mitad, castellanohablante, ha sido dejada culturalmente de la mano de Dios.
(…)
¿Una lengua que predomine en su histórico territorio? No, porque esto, además de imposible es poco inteligente.
(…)
Las propuestas defensivas, los frentes nacionales, los soberanismos redentoristas o irredentos solo producirán vinagre. La deprimente agrupación de nostálgicos maldecirá la época que le ha tocado vivir, seguirá demonizando España y acabará maldiciendo Europa. Un nacionalismo que se martirizará día y noche dando cabezazos contra el muro de la realidad.
(…)
Sería necesario que los dirigentes intelectuales y políticos del procés se atrevieran a rectificar, pero es posible que esto no ocurra nunca. (…) Ha llegado el momento, por lo tanto, de iniciar otro proceso: el de la rectificación. (…) Habría que elaborar un proyecto para Catalunya que, sin divisiones emotivas ni sometimientos, tenga posibilidades de cristalizar y de recuperar la centralidad. Rectificar significa pasar del divide et impera que ahora nos abruma al e pluribus unum, o sea: la unión hace la fuerza.

La exhortación aperturista de este catalán de abolengo, hoy crítico con la beligerancia identitaria, es doblemente valiosa cuando se la compara con la cerrazón atrabiliaria de los conversos que "no tuvieron como primera lengua el catalán" y pretenden imponerlo, contra la ley, como única lengua en la escuela. Son, según la información periodística (LV, 13/3), los socialistas José Momtilla y Núria Parlón, el esquerrano Gabriel Rufián, el teniente de alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello y el expodemita Albano-Dante Fachín, que acaban de sumarse a la campaña xenófoba de Plataforma per la Llengua.

Pirañas voraces
El conglomerado etnocentrista y parasitario ha usufructuado el poder sin escrúpulos, comportándose como si no existiera la mayoría emprendedora y culta que sustentaba con su trabajo la riqueza y el prestigio de Cataluña en España y en el mundo. Ahora que los jueces y el artículo 155 han puesto a los depredadores en su sitio, los caciques de la tribu insurrecta exhiben sus miserias sin recato ante la masa atónita. Como pirañas voraces se asestan dentelladas los unos a los otros disputándose la carnaza frente a las paredes transparentes de la pecera. Están a la vista de todos..

Se explica, entonces, que quienes abrazaron el nacionalismo inicialmente, y el secesionismo después, víctimas de un adoctrinamiento tenaz que idealizaba valores míticos, empiecen a reaccionar con asco al descubrir la podredumbre de sus líderes. El paso siguiente será la vuelta a la cordura y el reencuentro con el colectivo mayoritario, derribando el muro con que los arquitectos de la discordia pretendían separar a unos catalanes de otros para convertirlos a todos, supremacistas y constitucionalistas, en súbditos indistintamente sometidos al yugo de la república totalitaria,

Bienvenido sea todo aquel que contribuya a recuperar la cordura y, con ella, la convivencia entre iguales.

PD: Según la oenegé Save the Children, "más de 348.000 menores catalanes viven en una situación de pobreza" (LV, 13/3). Para huir de este espectáculo deprimente, la élite autóctona ha creado un "espacio libre en el exilio" con una Asamblea de Representantes por la República, un Consejo por la República y una Presidencia del Consejo por la República, con sede en el reino de Bélgica. Una corte de los milagros donde la casta republicana seguirá disfrutando del costoso sibaritismo cotidiano en la palaciega Casa de la República, como antes en Barcelona, pero ahora lejos de la plebe desdichada, cuya incómoda presencia podría cortarle la republicana digestión.

Podemos está detrás de todo
OKDIARIO 17 Marzo 2018

“Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Lo decía uno de los más siniestros propagandistas políticos del siglo XX: el nazi Joseph Göebbels. Una frase que no deja de tener vigencia a pesar del paso de las décadas y de su repetida utilización. Resulta paradójico, sin embargo, que sea la izquierda radical quien ejerza con más disciplina la perfidia de ese principio. El origen de los disturbios acaecidos en Lavapiés es un ejemplo perfecto de cómo crear un enfrentamiento a partir de una mentira e intentar sacar rédito político con la intervención del brazo político de los radicales: Podemos. El partido que dirige Pablo Iglesias siempre está detrás de todo. Esta vez ha tratado de aprovechar la muerte natural por infarto de un inmigrante para levantar el vuelo ante el electorado. Un vuelo que, por otra parte, no va a dejar de ser rasante por mucho que traten de manipular. Hace tiempo que los españoles han descubierto todos los trucos de estos prestidigitadores de la demagogia. Tienen un discurso tan laxo que con poco que se profundice las costuras saltan por los aires.

Juan Carlos Monedero ha sido el primero en hacer el ridículo al tirar de demagogia con la muerte del joven senegalés, del que ni siquiera sabía su nombre. Mmame Mbage, así se llamaba el hombre de 35 años que falleció de parada cardiaca cuando estaba a punto de llegar a su casa. Llevaba desde los 21 años en España, había llegado procedente de Senegal buscando un futuro mejor. Un esfuerzo muy duro, en unas condiciones de absoluta precariedad, que sólo puede entender quien lo ha vivido. Nadie pone eso en discusión, como nadie pone en duda que su vida ha tenido que ser durísima. No obstante, tratar de hacer política con una muerte así de súbita y repentina es de una ruindad supina. Para empezar porque desde el entorno de la izquierda radical dijeron que Mbage había muerto perseguido por la Policía, algo totalmente falso. Después, porque Pablo Iglesias ha aprovechado este hecho luctuoso para denunciar “la impunidad de los corruptos”, como si lo primero fuera consecuencia de lo segundo o tuviera algún tipo de relación. Con este nivel político se presenta el líder de Podemos ante los ciudadanos y, como es normal, los ciudadanos no se creen nada.

Para completar el esperpento, también ha participado el inefable Ramón Espinar, que con su inagotable capacidad para hilar argumentos estólidos ha culpado a la Policía Municipal de la muerte del inmigrante senegalés, lo que le ha valido una querella por parte de los agentes. Al margen de denotar un nivel paupérrimo así como un desprecio absoluto por la muerte de Mmame Mbage, lo peor de este tipo de declaraciones interesadas es que aumentan la tensión en las calles, ya de por sí muy inflamada. Los senegaleses lo ha dicho claro: no quieren políticos aprovechándose de la muerte de su compatriota. Saben que con esa excusa se infiltrarán entre ellos los miembros de grupos radicales al grito de “gora ETA” para convertir el centro de Madrid en un auténtico campo de batalla. Una excusa que también será utilizada por Podemos para sacar tajada a base de estirar el chicle de la demagogia. Demostración, una vez más, de que el asalto a los cielos era sólo la falacia de unos desestabilizadores de la política sin el más mínimo sentido de la responsabilidad.

La convivencia no se vota

Manuel Cruz elconfidencial 17 Marzo 2018

No tengo una sólida razón para afirmarlo, lo reconozco. Es tan solo una cuestión de intuición. Pero el caso es que siempre he pensado que a José María Aznar le gusta más acertar profetizando desastres que anunciando finales felices, atinar con los malos augurios que con las soluciones. De ser ello cierto, es de suponer que se habrá sentido extremadamente halagado al comprobar que su pronóstico según el cual antes se rompería Cataluña que España se ha cumplido. No hace ahora al caso entretenerse en analizar los fundamentos de su pronóstico y en dilucidar hasta qué punto se basaba en un profundo conocimiento de la sociedad catalana o más bien en una fe inquebrantable en que los españoles no permitirían nunca que saltara por los aires la unidad de su patria. Sospecho que se debía más a lo segundo que a lo primero pero, sea como sea y al margen de la fundamentación de su profecía, lo cierto es que hizo bien en poner el foco de la atención sobre las consecuencias a que podía dar lugar el 'procés' dentro de Cataluña, en vez de aceptar el diseño que el independentismo se empeñaba en proponer, esto es, el de que lo que había era un conflicto entre Cataluña y España, entendidas cada una de ellas como unidades internamente homogéneas y enfrentadas entre sí.

Resulta obvio que Aznar no acertaba por completo, en la medida en que la otra cara de la moneda de su pronóstico era el reproche, dirigido a Rajoy, de no haber actuado con mayor firmeza atajando de raíz el conflicto a las primeras de cambio y haber esperado, indolente (a la manera mariana) a que se pudriera solo. Pero la mera reclamación de firmeza por parte del expresidente olvidaba algo fundamental, y es que el hecho, sobradamente contrastado a estas alturas, de que exista un problema dentro de Cataluña —quiere decirse, entre catalanes— no significa en modo alguno que España en su conjunto no tenga el suyo. Parece obvio no solo que lo tiene, sino que ha resonado de manera directa en todo lo que ha ocurrido aquí del 2012 hasta hoy.

Probablemente sea el reconocimiento de la existencia de ambas dimensiones —interna y externa, si se me permite la simplificación— lo que nos esté proporcionando una primera indicación acerca de la línea que debería seguir cualquier intento de solución del conflicto catalán. A este respecto, lo que habría que empezar a dilucidar, o en lo que deberíamos ponernos de acuerdo previamente, es en cuál constituye el principal problema con el que en estos momentos nos enfrentamos, asunto en el que, sin duda, no va a resultar fácil la coincidencia. Pues bien, a mi juicio, es precisamente la fractura antes señalada la cuestión que urge empezar a resolver.

Ya sé que algo parecido gustan de declarar políticos de distinto signo sirviéndose de un verbo que no me parece precisamente un hallazgo, ni literario ni conceptual, el verbo "recoser". Pero no deja de ser significativo que muchos de ellos, tras declarar tan noble propósito, la emprenden con medidas que no hacen más que ahondar en la fractura (el caso del nuevo 'president' del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, resulta paradigmático a este respecto). Por eso prefiero, para designar la tarea pendiente, el término reconciliación, que, más allá de las resonancias histórico-políticas que pueda tener para los más veteranos, proporciona desde su mismo enunciado una clave acerca de cómo proceder.

Porque, desde luego, parece claro que iniciativas como las de Tabarnia (más allá de lo que tenga de broma catártica) o la del referéndum de autodeterminación a toda costa, lejos de ayudar a la reconciliación pendiente, solo contribuyen a ahondar la fractura. La primera iniciativa está claro que no puede cumplir la función reconciliadora en la medida en que lo que consagra es precisamente la división incluso territorial entre dos comunidades. La segunda porque, además de apoyarse en una grosera falacia, si para algo sirve es para hacer volar los puentes que pudieran quedar en pie entre los sectores contrapuestos de la sociedad catalana.

El argumento, reiterado hasta la extenuación para justificar la necesidad del referéndum por parte del independentismo (e incluso por la de algún constitucionalista de buena fe), de que "se trata de contarnos", hace tiempo que decayó. Los ciudadanos catalanes estamos contados y recontados, y sabemos con escaso margen de duda que, movimientos coyunturales al margen, nuestra sociedad se encuentra partida por la mitad. ¿Para qué entonces el empecinamiento? Artur Mas lo ha manifestado en diversas ocasiones, dejando claro de esta manera al mismo tiempo el escaso fuste de su manera de argumentar: "En democracia, los problemas se resuelven votando".

A nadie se le escapará que la afirmación es prima hermana de la tesis del derecho a decidir y, como ella, compatibiliza su apariencia de obviedad con su inconsistencia de fondo. Porque no es el caso que en democracia todos los problemas se resuelvan votando o pudiendo elegir. Los ciudadanos no pueden elegir sobre todo y en cualquier momento. Ni siquiera sobre asuntos que les importen sobremanera. Así, cuando el PP y Cs, en un alarde de oportunismo político digno de mejor causa, han sacado a pasear la cuestión lingüística y el modelo educativo catalán convencidos de que les iba a proporcionar réditos electorales inmediatos, han sido los sectores independentistas quienes más han puesto el grito en el cielo, precisamente con el argumento de que dejar elegir a los padres cosas, tales como la lengua vehicular de sus hijos, iba a romper la cohesión social en Cataluña.

Exageraban con sus presagios más catastrofistas (resulta difícil de entender, por ejemplo, que el mero hecho de impartir en castellano la asignatura de lengua castellana y otra más pueda romper cohesión alguna, a no ser que esta ya viniera muy deteriorada de fábrica), pero acertaban en el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que hay valores vertebrales, constituyentes de la vida en común, que no están en el mismo rango que decisiones de orden político susceptibles de ser corregidas cuando se produzca un cambio de mayorías parlamentarias.

Dudo que, a este respecto, haya valor más vertebral de la vida en común que el de la convivencia en cuanto tal (esto es, no como mera descripción del estar juntos). Pero, precisamente porque la convivencia en Cataluña está dañada, lo que urge promover es la reconciliación en sus diversos niveles. No solo con España, articulando dicho objetivo con propuestas de todo tipo (sociales, culturales, económicas y, cómo no, políticas), sino también entre catalanes. Pero habría que añadir, por metafísico y especulativo que pueda parecer en primera instancia, una tercera reconciliación pendiente, la que debería tener lugar dentro de cada uno de nosotros, esto es, entre las diversas dimensiones y registros que nos constituyen y nos hacen ser quienes y como somos.

Y precisamente esto último es lo que me permite no abandonarme (al menos por completo) al pesimismo respecto a las posibilidades de reconciliación en el seno de la sociedad catalana. Si hay posibilidad de alcanzarla ello se debe no solo a la disponibilidad de los sectores más sensatos de sus dos "comunidades" sino también a que ninguno de nosotros es de una pieza, a que en todos y cada uno coexisten elementos de las dos (cuando no de más). El problema es que, de la misma manera que en el plano general político y social algunos pretenden que una comunidad se imponga y silencie a la otra, así también se diría que en ocasiones, sobre todo de un tiempo a esta parte, son muchos en nuestro entorno los individuos que parecen empeñados en no aceptar su propia condición heterogénea, mestiza. En suma: la pluralidad en muchos sentidos que les habita, el real caleidoscopio de su identidad. Y son ellos mismos quienes silencian una de sus lenguas, se niegan a emocionarse ante los símbolos del adversario político o ante sus manifestaciones culturales, aunque también les puedan emocionar a ellos, etc. Deberían sustituir ese autoodio inducido desde fuera por una gozosa aceptación de la complejidad de la que están amasados y que, a fin de cuentas, les hace más ricos. Deberían, en fin, reconciliarse consigo mismos. Nos iría mejor a todos, no les quepa a ustedes la menor duda.

Lección de dignidad
Rosa Cuervas-Mons gaceta.es 17 Marzo 2018

España entera tiene el deber de comprometerse con la verdad y no traicionar nunca la memoria de quienes murieron por el terror etarra. No fue violencia política; fue terrorismo.

Este viernes traemos a la portada de nuestra Gaceta una lección de dignidad. La que ha dado la presidenta de COVITE Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, a los autodenominados “artesanos de la paz”, a saber, los intermediarios vascofranceses que participaron en la entrega de armas de ETA.
“Lo que ustedes llaman de manera desangelada violencia política es, en realidad, terrorismo. El conflicto al que ustedes hacen referencia nunca ha existido y lamentamos profundamente que hayan sucumbido a la trampa dialéctica de los terroristas y su entorno. La paz no es aplicable fuera de contextos bélicos y, en lo que a COVITE respecta, lo único que tiene cabida en este escenario es la aplicación de la ley para acabar definitivamente con ETA. Las víctimas no tenemos que aprender lecciones de convivencia porque desde hace décadas hemos compartido calles y ciudades con nuestros verdugos, con quienes habían asesinado a nuestros familiares o quienes planeaban hacerlo, quienes han atacado nuestras casas, atentado contra nuestros negocios o secuestrado y extorsionado. Y nunca, jamás, hemos respondido con la misma moneda”… Y hay más en una carta que pueden leer íntegra y que recuerda a España entera el deber que tiene: el de comprometerse con la verdad y no traicionar nunca la memoria de quienes murieron por el terror etarra. No fue violencia política; fue terrorismo.

No todo vale
Y, hablando de lecciones, la de buen hacer y elegancia que ha dado la Guardia Civil durante la rueda de prensa que informaba de las novedades del caso Gabriel. Los máximos representantes de la Unidad Central Operativa atajaron las preguntas más morbosas de la prensa -¿dormirán algunos bien por la noche?- sobre la muerte del pequeño ‘pescaíto’. “No sufrió”, concluyó breve el comandante Juan Jesús Reina en lo que se convierte en un bofetón a distancia para quien firmara y titulara la peor información publicada sobre la muerte del niño. Nos referimos a un artículo que describía la muerte por ahogamiento de un ser humano. Un oportunismo morboso y miserable que ha encontrado, con una elegancia no merecida, la respuesta de la Guardia Civil.

Rusia, estado paria
Para terminar, les contamos el que creemos que es el plan que manejan países como Reino Unido o Estados Unidos con respecto a Rusia. “Tiene toda la pinta de que lo próximo en el acoso y (anhelado) derribo de Rusia en la arena internacional será el intento de arrebatarle su puesto de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que comparte con Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia”, explica Carlos Esteban en una pieza que pone la pista sobre el camino de lo que podemos esperar próximamente en las cabeceras internacionales: Aislar a Rusia. La pregunta es, ¿es buena idea?
 


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