AGLI Recortes de Prensa   Lunes 19 Marzo 2018

La "ataraxia" de Rajoy puede llevarse por delante al PP
EDITORIAL Libertad Digital 19 Marzo 2018

Los votantes parecen tener cada vez más claro que Rajoy no es el dirigente que necesita España... ni el PP la fuerza más indicada para responder a los desafíos que tiene planteados la Nación.

El Partido Popular celebró este lunes su Consejo Ejecutivo, reunión al más alto nivel en la que, en principio, se analiza la situación política, se elaboran estrategias y se marca la acción de Gobierno. A tenor de lo que dicen los estudios demoscópicos y de la abierta disposición de la extrema izquierda a violentar la convivencia, cabría esperar una reflexión profunda de los populares sobre los asuntos que están marcando el debate público, como las pensiones o la crisis catalana. También sería de esperar una severa autocrítica por el desplome del PP en todas las encuestas, que se está traduciendo en una subida extraordinaria de Ciudadanos, que podría arrebatar a los populares la primacía entre el electorado de centro-derecha.

Tanto la situación política general como las cuestiones internas que afectan al partido del Gobierno deberían, ciertamente, suscitar un debate a fondo en las filas populares. Sin embargo, la confrontación de pareceres es inexistente y la discusión sincera sobre los grandes temas del momento una entelequia, de manera que los cónclaves populares se caracterizan por su inanidad y por el servilismo de los asistentes, ninguno de los cuales se atreve a replicar a Mariano Rajoy, a pesar de que todo indica que los está conduciendo al desastre.

Los barones del partido siguen agazapados, bendiciendo con su silencio a un Rajoy encampanado y cuya única receta para resolver los problemas consiste hacer el menor ruido posible y confiar en que la amenaza podemita sea, nuevamente, determinante para no sucumbir en las urnas.

No es eso lo que anuncian los estudios demoscópicos ni, mucho menos, lo que se exige de un Gobierno que tiene que afrontar asuntos de hondo calado, como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la reforma de las pensiones, el debate parlamentario sobre la prisión permanente revisable o la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional.

El presidente del Gobierno vive como en estado de ataraxia, al decir de algunos barones de su partido; pero nadie parece dispuesto ahí a pedirle que entre en acción. Los votantes, en cambio, parecen tener cada vez más claro que Rajoy no es el dirigente que necesita España... ni el PP la fuerza más indicada para responder a los desafíos que tiene planteados la Nación.

Militantes vs. votantes del PSOE
Guillermo Dupuy Libertad Digital 19 Marzo 2018

El problema de Pedro Sánchez no es tanto su disonancia con la militancia del partido como con el tradicional electorado socialista.

El tiempo dirá si Susana Díaz vuelve a disputar a Pedro Sánchez el liderazgo nacional del PSOE, tal y como apunta Pedro de Tena en su convincente artículo en nuestro diario. Con todo, sea la presidenta andaluza u otro miembro, todavía agazapado, del partido, lo que resulta incuestionable es que la victoria de Sánchez en las primarias dista mucho de haber resuelto el gravísimo problema de liderazgo que, entre algunos otros de no menor calado, sigue padeciendo este partido desnortado.

Pese al inesperado y triunfal retorno de Sánchez a la Secretaría General del PSOE, una cosa es convencer a los militantes y otra, muy distinta, a los votantes. Y en este último y decisivo campo Pedro Sánchez sigue siendo el responsable político bajo cuyo liderazgo el PSOE ha obtenido los más calamitosos resultados electorales de su historia. Y lo peor es que con él no parece haber límite al deterioro: ahí está el sondeo del mes pasado de Metroscopia que detecta una nueva fuga de hasta un millón de votantes hacia Ciudadanos. A este respecto, recuérdese también la encuesta de NC Report para La Razón según la cual nada menos que el 76,3% de los electores socialistas renegaban de la consideración de España como "nación de naciones", a pesar de lo cual Pedro Sánchez ha logrado incluirlo como compromiso de partido ante una eventual reforma constitucional.

Recuérdese también aquella otra encuesta de Sigma 2 para El Mundo, tan interesante como ignorada, que aseguraba que una mayoría de votantes del PSOE –como también, por cierto, del PP, de Ciudadanos y hasta un tercio del electorado de Podemos– ya era partidaria de aplicar el artículo 155 de la Constitución un mes antes de que los nacionalistas consumaran su ilegal consulta secesionista del pasado 1 de octubre.

Esa disonancia entre militancia y electorado del PSOE también se ha percibido en estos últimos días a propósito del debate en torno a la prisión permanente revisable: nada menos que el 81 por ciento del electorado socialista y hasta un 62 por ciento del electorado podemita se muestra a favor de mantener dicha pena.

Así las cosas, en lugar de quitar votos a Podemos denunciando su radicalismo trasnochado y, sobre todo, su proximidad a las formaciones secesionistas –algo que ni siquiera comparte el electorado podemita–, el PSOE de Pedro Sánchez se dedica a competir en radicalidad programática con Podemos, a hacer suyo el contradictorio disparate plurinacional y, en general, a diluir todavía más el compromiso socialista con España como nación de ciudadanos libres e iguales. No es, por tanto, de extrañar que, en lugar de quitar votos a Podemos, sean los socialistas los que pierdan votantes en beneficio de Ciudadanos.

Susana Díaz podrá tener muchas otras limitaciones, incluso todavía menos apoyos entre la militancia, pero es Pedro Sánchez el responsable y máximo símbolo de esta imparable disonancia entre la militancia y el tradicional electorado de este partido ante lo que un creciente número de españoles –muchos de ellos de izquierda– percibe como el principal problema de nuestro país: su crisis nacional por causa de los secesionistas y por el poco compromiso en sus defensa de los dos grandes partidos supuestamente nacionales.

El liderazgo del PSOE, gracias a un encomiable proceso de primarias, seguirá en manos de una militancia sectaria y maniquea, pero no va a ver militancia que otorgue indefinidamente la batuta a quien no sepa otra cosa que llevar al PSOE de derrota en derrota electoral. Y Sánchez no parece que sirva para otra cosa.

(III) Qué hacer con el Manifiesto por la Historia y la Libertad
Pío Moa gaceta.es 19 Marzo 2018

Para la feria del libro publicaré: La Reconquista y España, y una tercera edición de De un tiempo y de un país, memorias de una juventud poco burguesa
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Lo que más me alarmó cuando conocí el nuevo proyecto de ley de memoria histórica, que aplica el contenido implícito de la anterior, fue la escasa reacción de quienes debían haber puesto el grito en el cielo. No pensaba en el PP, desde luego, gran colaborador de la ley de memoria histórica y en general de la política de Zapatero. Tampoco en Ciudadanos, un partido también zapaterista y oportunista. Pensaba en la Academia de la Historia, en los historiadores y profesores de historia en general, en los periodistas decentes –que los hay–, en fin, en todos aquellos que realizan una función intelectual. Pero, aunque se detectaba cierta insatisfacción y un comienzo de denuncia en algunos ambientes, la reacción era demasiado débil para una ofensiva de tal calibre contra la libertad de todos. Ya he expuesto cómo se me ocurrió encauzar esa insatisfacción, y aumentarla, mediante un manifiesto, así como dedicar por un tiempo “Una hora con la Historia” a Comisión de la verdad sobre el PSOE.

El manifiesto ha conseguido en primera instancia más de doscientas firmas, incluyendo a personajes bien conocidos de la cultura o de la política como Jaime Mayor Oreja, Stanley Payne, Fernando Savater, Joaquín Leguina, Luis Suárez, Jiménez Losantos, Hermann Tertsch, Carlos Bustelo, Andrés Trapiello, Elvira Roca, Jon Juaristi, Jesús Palacios, Francisco Contreras, Arnaud Imatz, Julius Ruiz y tantos más de diversa adscripción ideológica. Creo que Tertsch y Palacios se ocuparon especialmente de coordinar el trabajo y que invitaron a firmar a Preston, pero este se hizo el sueco, como muchos otros. Se ve que a tales “demócratas” una ley de tipo soviético les parece bien.

Se trata de un éxito, pero puramente inicial, que puede quedar en nada ante la terquedad de sus promotores. El manifiesto debe ser un comienzo para informar a la más amplia opinión pública de los peligros que corre la libertad política, incluso personal, en España, y para aclarar la verdadera historia del partido de “los cien años de honradez y firmeza”, el sentido de su “lucha” contra el franquismo como pretexto para cercenar la libertad de todos. Es necesario recoger muchas más firmas, a ser posible cientos de miles de ellas, y eso solo puede hacerse si quienes no estamos dispuestos a que nos tiranicen en nombre de cualquier monserga falsaria y sensiblera o victimista, entendemos bien el peligro y obramos en consecuencia. La gran mayoría de la gente no se ha enterado del manifiesto, que debe llegar a millones de personas. Con la anterior ley de memoria histórica ya tuvimos una experiencia de cómo los liberticidas de siempre, socialistas, comunistas y separatistas, siempre unidos contra España y la democracia, la sacaron sin más problemas que una falsa oposición del PP, de hecho un bloqueo a la oposición en nombre de un “mirar al futuro” no menos fraudulento.

En democracia, la lucha por la opinión pública, por forjarla, es crucial. Recordemos que en principio el PSOE iba a contar con la colaboración de Podemos, IU y separatistas, desde luego, pero también con la de Ciudadanos y la inhibición del PP. El manifiesto solo ayudará a cambiar la situación si llega a millones de personas y es aprovechado para mostrar la clase de sociedad a que quieren llevarnos los actuales partidos, cuya putrefacción se ha extendido mucho a la sociedad. Y esa no es tarea de doscientos, sino de miles.

Para adherirse al manifiesto: revistakosmospolis@gmail.com
Texto del manifiesto: http://www.valoresysociedad.org/manifiesto-historia/ (Observen que mi nombre no aparece por ninguna parte. Qué le vamos a hacer.
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Comisión de la verdad sobre el PSOE: Cómo Negrín, sirviendo a los intereses soviéticos, alargó la guerra civil con objeto de enlazarla con la mundial https://www.youtube.com/watch?v=0Uh8nI3K5nw&t=2s


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Un fallo que nos hace fuertes

CARLOS VIDAL  El Mundo 19 Marzo 2018

La anulación por parte del Tribunal Constitucional del procedimiento para escolarizar en Cataluña a quienes solicitaban la enseñanza en castellano ha provocado que pasase inadvertido lo que, en mi opinión, es el contenido más relevante de la sentencia. Cierto que llegó en medio la intensa discusión en la opinión pública española sobre esta cuestión, y por ello los titulares es lo que han destacado. Pero merece la pena detenerse en dos elementos de la sentencia muy relevantes. El Constitucional avala la nueva distribución competencial prevista en la LOMCE para la definición de los contenidos de la enseñanza, así como la realización de las pruebas de evaluación al final de cada ciclo. Se trata de dos instrumentos fundamentales de la Administración estatal, que permitirían reconducir algunos problemas de nuestro sistema educativo y dotarlo de una mínima homogeneidad.

Hasta la aprobación de la LOMCE se atribuía al Estado la determinación de las enseñanzas mínimas de todas las asignaturas, correspondiendo a las comunidades autónomas el desarrollo de los demás aspectos del currículo. Dichas enseñanzas mínimas debían ocupar el 55% de los horarios escolares para las autonomías que tuvieran lengua cooficial y el 65% para las que no la tuvieran. Esto no era fácil de verificar, porque se trataba de porcentajes a cumplir dentro de cada una de las materias.

Seguramente con el objeto de clarificar la situación, la LOMCE distingue tres bloques de asignaturas en todos los ciclos: las troncales (Ciencias Sociales y de la Naturaleza, Lengua Española y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera), las específicas y las de libre configuración autonómica. Pues bien, el Estado se reserva casi exclusivamente la competencia para fijar los contenidos de las primeras, cediendo a las comunidades total o parcialmente los otros dos bloques. Así, el Gobierno central determina los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo mínimo de las asignaturas troncales, que en todo caso no será inferior a un 50%. Las comunidades podrán, simplemente, «complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales», dentro de la regulación y límites establecidos por el Estado.

La Generalitat catalana (y otros gobiernos autonómicos) entendían que esto suponía privar a las comunidades autónomas de su capacidad de actuación en el ámbito educativo y que se producía una vulneración de las competencias autonómicas de ordenación curricular previstas en los respectivos Estatutos.

Sin embargo, el TC considera ajustado a la Constitución este nuevo reparto de competencias, lo que habilita al Gobierno para hacer uso de esta facultad y elimina las dudas sobre el cumplimiento de la Ley que arrojaron algunas comunidades. También avala esta sentencia la regulación de las pruebas finales de ESO y Bachillerato, cuya superación es necesaria para la obtención de los correspondientes títulos académicos, y que se proyectan casi exclusivamente sobre las asignaturas troncales. Estas pruebas, junto con las de Primaria, tienen carácter nacional, y su contenido es determinado por el Gobierno central, aunque quienes la ejecutan sean las comunidades. En la medida en que la evaluación se centra en las materias troncales, se fomenta que se les preste una atención preferente en todas las autonomías, si quieren obtener unos resultados en dichas evaluaciones comparables a los de los demás territorios.

Es decir, el Gobierno tiene dos importantes instrumentos para dotar de una mínima homogeneidad al sistema educativo: por un lado, la fijación de los contenidos de las asignaturas troncales; por otro, el diseño y definición de las evaluaciones finales de cada ciclo. Son dos mecanismos que, combinados, ofrecen grandes posibilidades a la Administración central para garantizar unas condiciones mínimas en el disfrute de los derechos educativos y una armonización de las enseñanzas adquiridas. Los contenidos ya se fijaron en dos decretos en 2014. Las evaluaciones, entre otras cuestiones permiten verificar el grado de aprovechamiento con que se están impartiendo, y al tratarse de pruebas nacionales, arrojarán resultados homogéneos y comparables en las diferentes comunidades. La OCDE de modo permanente recuerda que la evaluación externa es un mecanismo imprescindible para garantizar la calidad de un sistema educativo. Por ello, sorprende que un partido como Ciudadanos, que ha llegado a hablar de una recentralización de las competencias educativas, exigiese al inicio de la legislatura la paralización de estas pruebas de evaluación, privando así al Gobierno de un instrumento decisivo para conseguir armonizar nuestro sistema educativo.

Hay todavía otra herramienta que el TC destaca en su sentencia: la Alta Inspección educativa. Se ha escrito mucho en estos últimos meses sobre la utilidad de dicho órgano. Sin embargo, el hecho de que hasta ahora no se haya aprovechado plenamente, ni se le haya dotado de medios humanos y materiales necesarios para ejercer correctamente sus funciones, no quiere decir que no sea una institución útil. Cuando se transfirieron las competencias en materia educativa a las comunidades autónomas, el Estado fortaleció la Alta Inspección, y desarrolló su regulación. La presencia de la Administración Central del Estado en el ámbito educativo autonómico pasa por recuperar la verdadera misión de la Alta Inspección, que es la de vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa básica y, por supuesto, la utilización del castellano como lengua vehicular, compatible con el de otras lenguas cooficiales.

Por eso se pidió a la Alta Inspección un informe sobre los contenidos de los libros de texto en Cataluña, que sorprendentemente no se ha hecho público aún. Y por eso el artículo Quinto del Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo (el primero que reguló la Alta Inspección en Cataluña y País Vasco, que se fue extendiendo luego a las demás comunidades), establece un procedimiento para garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de la comunidad, de manera que si tras varias advertencias a la Administración persistiese la infracción detectada, el Ministerio podría llegar incluso "a privar de efectos oficiales a las enseñanzas afectadas y a denegar la expedición de los títulos".

En definitiva, aunque no se pueda utilizar el artículo 155 para cambiar la política educativa de una comunidad, la legislación básica estatal tiene otros instrumentos para reconducir la situación. Si no se han utilizado antes, podrían usarse ahora: se ha demostrado (el 155 es un ejemplo más) que preceptos que parecían imposibles de aplicar, se han puesto en práctica sin problemas. Lo que hace falta es voluntad política y coraje, sin dejarse llevar por intereses electoralistas o personalistas, sino pensando en el interés general de España y los españoles.

Carlos Vidal Prado es catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.

Felipe VI puede y debe instalar su residencia en Barcelona
El Rey representa a la única institución, la Monarquía, que se ha comprometido en defensa de la unidad de España, aunque haya sido a través de gestos hoy insuficientes
Roberto Centeno elconfidencial 19 Marzo 2018

Casi cinco meses después de su irrisoria aplicación, el artículo 155 de la Constitución ha dejado todo el poder de adoctrinamiento, propaganda y coacción en manos de la misma organización separatista que lo generó. Algo que no ha sucedido jamás en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, además, donde el Jefe de Gobierno lleva casi siete años ignorando su función más esencial de cumplir y hacer cumplir la ley, y de proteger los derechos humanos más elementales de los catalanes no nacionalistas, discriminados y acosados cada día.

Por si fuera poco, el Jefe de Gobierno ha facilitado a los separatistas los medios materiales (utilización de edificios y medios propiedad del Estado) y financieros (a través del Fondo de Liquidez Autonómica) para llevar a cabo la preparación y la consumación de todo un 'golpe' contra la nación. Con independencia de las responsabilidades penales que un su día puedan corresponder a Mariano Rajoy y a su Gobierno por dejación grave de sus funciones más esenciales, la situación a día de hoy es el abandono total del Gobierno de Cataluña en manos de los mismos cuya intención declarada es la de separarse de España aún cuando la mayoría del pueblo catalán se oponga a ello.

Según el mencionado artículo 155, la responsable máxima del Gobierno en Cataluña es la vicepresidenta del Gobierno de España, Sáenz de Santamaría –responsable principal de la desastrosa gestión de la crisis e impulsora de las elecciones exprés del 21-D. A su vez, varios ministros del Gobierno son los “ministros” correspondientes de la Generalitat. Pocos de ellos han aparecido por Cataluña, y peor aún, siguen entregando puntualmente el dinero para que los actuales responsables de la banda criminal puedan financiar otro movimiento independentista. Además, aunque no hay dinero para las pensiones, parece que si lo hay para seguir subvencionando a los medios separatistas, como TV3 y todos los medios digitales .cat. Y es para no creérselo: los balcones de todos los edificios públicos de la Generalitat están llenos de lazos amarillos en honor a Puigdemont sin que nadie lo impida.

La cobardía, la miseria moral y la dejación de funciones que esto supone no tiene paralelo en la historia del mundo contemporáneo. Sin duda, Rajoy y su Gobierno están escribiendo una de las páginas más negras de la historia de España y de Europa. Y ante tamaña indignidad, resulta inevitable volver la vista primero hacia la Constitución, algo literalmente sagrado en un Estado de derecho, y luego hacia el monarca Felipe VI y sus deberes constitucionales. El Art. 2 establece que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”; y el Art. 3 “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles el deber de conocerlo y el derecho a usarla”. Para vergüenza y escarnio de la Ley Fundamental y de los españoles, para el Ministro de Educación y Portavoz del Gobierno de Rajoy, Méndez de Vigo, el que este artículo se vulnere de plano en Cataluña “no representa ningún problema”.

Finalmente, el Art. 56 de nuestra Carta Magna establece que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Pues bien, ¿en que momento el monarca ha arbitrado y moderado el funcionamiento regular de las instituciones? ¿Cuándo ha convocado a los responsables de la Generalitat y del Estado a su despacho para tratar de buscar una solución al problema? ¿Cuándo, en caso de no existir acuerdo, ha arbitrado entre las distintas posiciones? De hecho, fue cuando el clamor ante la inacción del Gobierno era general, cuando el Rey –en contra de la opinión del Jefe del Gobierno– salió en televisión a exigir exactamente lo mismo que el pueblo español exigía en la calle y en sus casas. Por desgracia, el Ejecutivo no ha hecho caso al Rey y menos aún al clamor de la ciudadanía.

“Clama al Cielo que en todas sus declaraciones el Presidente de Vuestro Gobierno no haya reconocido error propio alguno; aún sabiendo como debe saber que es el responsable principal de esta inverosímil situación causada por la corrupción de las ideas; los complejos y la manifiesta incapacidad de afrontar el problema nacionalista. Esto sin mencionar la falta de autoridad moral que arrastra por los casos de corrupción que han afectado gravemente a su partido junto al resto de partidos e instituciones en España” (1).

El Rey representa a la única institución, la Monarquía, que se ha comprometido en defensa de la unidad de España, aunque haya sido a través de gestos insuficientes y declaraciones tan grandilocuentes como inútiles. El monarca tiene ahora la obligación grave de, en su condición de Jefe del Estado y Conde de Barcelona, liderar una respuesta efectiva, continuada y a gran escala que desmonte la trama nacionalista e imposibilite su resurgimiento futuro.

Para ello cuenta con el apoyo de la gran mayoría social de la España no afiliada ni representada por unos políticos que se muestran incapaces de defender y garantizar la unidad de la Nación. El Rey debe liderar la sociedad civil catalana, hoy completamente abandonada y sometida a un dominio impuesto por el gobierno regional catalán y el resto de instituciones autonómicas de cariz separatista.

Para ello, y en lugar de hacer omisión de sus funciones, como la vicepresidenta y los ministros que en teoría gobiernan la Generalidad están haciendo, el Rey puede y debe trasladar su residencia a su casa de Barcelona (la segunda capital de España) para permanecer allí el tiempo que haga falta y cumplir su función constitucional, empezando por llamar a capítulo a las cien familias catalanas responsables de este desastre y exigirles su lealtad inmediata y explícita a España y a la institución monárquica. Para este movimiento no necesitaría el permiso de presidente del Gobierno, pues ¿donde dice la Constitución que el Monarca necesita permiso para cumplir su más sagrada función? Solo así se lograría detener el desafío contra la unidad de España promovido desde la Generalitat.

Ante la cobarde ausencia del Ejecutivo, es el Rey quien puede y debe poner toda la maquinaria del Estado de Derecho al servicio de la democracia y la unidad de España, hoy gravemente amenazadas por un Gobierno central y una clase política de cobardes y antipatriotas, una casta de pícaros sin sentido del honor. España lo necesita y la gran mayoría de españoles así se lo exige a su Rey. Su padre, el monarca emérito D. Juan Carlos, tenía una personalidad muy segura de sí misma, y no digamos su abuelo D. Juan, el último gran Conde de Barcelona, que además de personalidad tenía honor. Majestad Don Felipe de VI Borbón, si quiere usted consolidar la Monarquía debe demostrar que posee ambas cualidades, y esta es probablemente su última oportunidad. La Corona es la única institución que debe revertir esta vergonzante situación; si no lo hace, su mantenimiento carecerá de justificación alguna. España, majestad, es una unidad nacional con más de 500 años y no puede ser destruida por la voluntad de solo un 4% de su población.

(1) Carta dirigida al Rey el 2 de octubre de 2017 por D. Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada.

El 155 gobierna Cataluña
 larazon   19 Marzo 2018

La aplicación del artículo 155 por el que se intervenía la autonomía de Cataluña ha sido la decisión más compleja de las tomadas por el Gobierno en torno al «proceso» independentista. Nadie pensaba que se pudiera poner en marcha porque los dirigentes secesionistas creían que el Estado cedería antes y el Gobierno por su parte confiaba en que la irresponsabilidad del presidente de la Generalitat no llegaría tan lejos y acabaría convocando elecciones. El Parlament declaró la independencia –o escenificó un simulacro, según se justifican ahora ante la Justicia– y Puigdemont y algunos de sus consejeros huyeron a Bruselas.

Previamente, el pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 27 de octubre, aprobó, por mayoría absoluta, autorizar las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del 155. Algunos catalanistas moderados advirtieron de que de exigir la independencia, acabarían reclamando la restitución de la autonomía. Así ha sido, aunque convendría matizar que la intervención del Gobierno no anulaba ninguna institución, ni derecho, tal y como especifica el acuerdo de la Cámara Alta, sino que restituía el normal funcionamiento de la Generalitat, dada «la extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y la realización de actuaciones gravemente contrarias al interés general por parte de las Instituciones de la Generalitat de Cataluña».

La prueba ha sido que la administración ha seguido funcionando, incluso ha agilizado asuntos de importancia que Puigdemont había desatendido, en servicios sociales, pago de proveedores y ayuntamientos, incluso ha desbloqueado acuerdos entre la consejerías y los ministerios homónimos. El gobierno secesionista había incumplido la tramitación de importantes contratos en Justicia, Sanidad, Educación y Asuntos Sociales, que ahora han sido actualizados. En total, el Gobierno central ha movilizado más de 1.500 millones de euros en los casi cinco meses de aplicación del 155.

Los hechos han demostrado que los partidos independentistas habían utilizado la administración de la Generalitat para llevar a cabo un verdadero golpe a la legalidad. El próximo jueves, el Gobierno tiene que informar al Senado de la intervención y deberá presentar un balance en un momento en el que las perspectivas sobre el levantamiento del 155 son una incógnita. A tres meses de las elecciones del 21-D y casi a dos del frustrado pleno de investidura del pasado 30 de marzo, Cataluña sigue sin gobierno y sin formarse una mayoría de los partidos independentistas. Rajoy optó por un 155 «de mínimos», incluso en el acuerdo se especificaba que el Gobierno «atendiendo a la evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas por el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación hasta la formación de un gobierno en Cataluña».

Ahora se abre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional resuelva que el 30 de marzo se cumple el plazo de los dos meses establecidos y que el reloj empezó a correr desde la frustrada investidura de Puigdemont, siguiendo el criterio del Consejo de Estado que permitió repetir las elecciones en la Comunidad de Madrid tras el «tamayazo» de 2003. Es un posibilidad, pero no la única, porque todo depende de un acuerdo entre JxC –divididos entre los fieles a Puigdemont y los que siguen la disciplina ex convergente–y ERC. Un acuerdo que no asegura la gobernabilidad y rectificar el camino de ilegalidad emprendido. Todo indica que persisten en el delito y que el Gobierno debe actuar en consecuencia.

No me siento representado por la mediocridad de nuestros diputados
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 19 Marzo 2018

La terrible, vomitable y oprobiosa intervención del diputado Juan Carlos Campo en torno a la derogación de la Ley de prisión permanente revisable, tras la conmoción del asesinato del niño Gabriel en Almería, ha desatado una ola de indignación por la falta de sensibilidad y respeto a las víctimas presentes en el hemiciclo, cuyos hijos han sido terriblemente asesinados, con crímenes absolutamente abominables.

Yo no entiendo a este partido socialista, y eso que milité en ese partido durante 18 años, y fui parlamentario vasco, portavoz del Grupo juntero socialista en las Juntas Generales de Alava, delegado territorial de Educación, secretario de Educación y Cultura, de Política Institucional, de Movimientos sociales, miembro del Comité nacional (sic) de Euskadi y alguna cosa más que no recuerdo. En el año 1999 abandoné el partido ante la persistencia en hacer la ola al nacionalismo, tras un par de décadas de genuflexión circunspecta ante las políticas nacionalistas que, a su vez, colaboraban por acción u omisión con el espacio político y social de ETA. Las dejaciones en materia de Educación, poniendo ese preciado instrumento al servicio de los fines del secesionismo tanto en Cataluña como en las Vascongadas y otras comunidades así lo demuestran y son la carga de la prueba de mis afirmaciones.

Pero lo de estos últimos tiempos de “podemización” del PSOE simplemente es canallesco. Pues ese partido político que tanto contribuyó al tránsito de la dictadura a la democracia y a la concordia entre los españoles, con una transición ejemplar según se dice y se afirma, es francamente insufrible y hasta esperpéntico. Es la pérdida de los signos de identidad de una socialdemocracia moderna, sensata y constructiva que se inauguró con el triunfo de Felipe González en Suresnes, con alguna que otra ayuda de instancias ajenas al socialismo, todo sea dicho de paso.

Volviendo al tema de la deleznable intervención del diputado Campo, que se pavonea diciendo que es juez, como si serlo fuera garantía de sensatez; es de una bajeza moral ilimitada. Acusar al ministro de Interior por recibir de forma emocionada la prenda del niño Gabriel de la mano de su digna madre, y de llevarla al interior del templo es absurdo y del género idiota. ¿Qué hubiera hecho en su lugar el ínclito acusador? ¿Eludir tan preciado gesto? ¿Desestimar el trasladarla al oficio religioso? Es de una gilipollez de tal tamaño esa afirmación que yo no sé como no tiene la vergüenza de desaparecer por un tiempo para que el bochorno pase y se olvide su paso por la tribuna del Congreso de los Diputados.

Pero lo peor de todo es que sus compañeros diputados (socialistas) le aplaudieron con fruición con lo que se hicieron eco y contribuyeron a tamaño acto grotesco e infamante.

Por otra parte, si los diputados, soberbios y altaneros, creyeran de verdad que representan al pueblo deberían hacer caso a la voz de la calle. Y es un clamor que delitos tan execrables no pueden quedar impunes, posibilitando que psicópatas logren la libertad para seguir haciendo de las suyas tras un periodo breve de estancia en la cárcel; en unas cárceles, por cierto, que parecen hoteles de cinco estrellas en algunos casos; no centros penitenciarios. Una cosa es la reinserción y otra la contrición y arrepentimiento reales y confirmados de forma probada y concienzudamente estudiada. Y eso es, ni más ni menos, es la revisión, no la pamema de hacer cursos inexistentes en la universidad, como fue el caso de varios de los etarras cuya reducción de penas fue realizada por la puerta trasera de la legalidad, y cuya excarcelación enfrió el corazón dejándolo helado, en palabras de la madre de Joseba Pagazaortundua.

No sé por qué motivo la izquierda tiene la tendencia de ponerse al lado de los delincuentes en lugar de junto a las personas civilizadas que cumplen sus deberes con la sociedad. Es un enigma que a mí siempre me ha producido una curiosidad científica. Lo vimos en la República, cuando se dejaron las cárceles vacías de delincuentes para llenarlas de enemigos políticos.

Lo mismo ocurre con el tema de la Memoria histórica. ¡Con lo fácil que sería reconocer que el tramo final de la República que dio paso a la Guerra Incivil fue un verdadero disparate teledirigido por el Komintern estalinista desde las bambalinas…! Y admitir que en la Guerra se hicieron barbaridades por los dos bandos. Y que la posguerra fue una prolongación de una guerra que a la vez fue el resultado de un proceso de preparación que buscaba la confrontación para provocar el salto revolucionario cuyo modelo fue la ocupación leninista del poder; y que la transición democrática pretendía precisamente dar carpetazo e iniciar una andadura democrática, que con todas sus imperfecciones liquidó y amnistió el enconamiento entre las dos Españas. Hubiera sido un gesto honroso seguir con el legado transmitido por las derechas y las izquierdas con el punto y aparte del 78 y de la reforma política anterior. Pero no… un señor apellidado Zapatero abrió la caja de Pandora. Y otro señor llamado Sánchez se suma al comunismo de Podemos para dar el último zarpazo al ensayo constitucional… Y esto es simplemente penoso. El incidente mencionado en este artículo sobre las víctimas que demandan justicia es simplemente el epitome de este lamentable tránsito hacia lo desconocido.

Veremos más sobre estas u otras cuestiones. Por ejemplo, seremos testigos de la manipulación de los pensionistas que con justicia reclamamos lo que nos corresponde. Pero no se preocupen ustedes, todos encontrarán la varita mágica para intentar llevarles a su redil, con falsas proclamas, dividiéndoles para reducir su fuerza, con engañosas promesas o con banderas insidiosas, todo menos buscar las fuentes realistas de la solución, como sería reducir el elefantiásico Estado burocrático generado por unas comunidades autónomas sin bridas que hacen crecer sus aparatos administrativos de manera artificial para dar de comer a estómagos agradecidos. Y que es la principal fuente del derroche y del incremento desbocado de los gastos de Estado y del déficit en las cuentas públicas. Pero de eso nadie dice nada porque todos están muy confortablemente calentitos al calor del dispendio. Me refiero, claro está, a los partidos políticos. A los que están en sus palacios de invierno.

"Hay un renacer del patriotismo español"
Académicos y expertos publican 'El delirio nihilista', con Fernando Savater, en el que alertan sobre el peligro de los totalitarismos y vislumbran el auge de un "patriotismo español"
Manel Manchón cronicaglobal 19 Marzo 2018

“Patriotismo español” como reacción a lo que ocurre en Cataluña, esa es la idea de los académicos Fernando Navarro y Gabriel Alonso. Populismos y nacionalismos. En toda Europa han resurgido partidos que se cuelan en los parlamentos y que encarnan “proyectos autoritarios o totalitarios”, en Francia, Holanda, Austria, o en Grecia. También en España, a juicio de Fernando Navarro y Gabriel Alonso, presidente y vicepresidente del CITMA (Centro de Investigaciones sobre los Totalitarismos y Movimientos Autoritarios), coautores de El delirio nihilista, que cuenta con la colaboración de diferentes académicos y expertos, entre ellos el filósofo Fernando Savater​, con un prólogo, y que han presentado la obra este lunes en Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Navarro y Alonso consideran que, con el proceso soberanista y todo lo ocurrido tras el referéndum del 1-O, se ha despertado en el conjunto de España un sentimiento, que podría vehicularse políticamente, que se mantenía silenciado: “Hay un renacer de un patriotismo español”, señala Alonso, mientras Navarro añade que puede ser un “patriotismo constitucional” si, a corto plazo, se acomete una reforma constitucional que acabe de consolidar lo que se inició en 1978 con la transición.

Contra las sociedades liberales
En ese renacer, aunque con matices, ven como catalizador a Ciudadanos, y también al PP, aunque con una posición más centrada en la defensa del orden jurídico, más apegado a la frialdad de las leyes.

El CITMA pretende difundir, con ensayos y trabajos académicos, un fenómeno que se creía superado, y que ha cobrado fuerza en toda Europa como reacción a la crisis económica que explotó entre 2007 y 2008. Pero la intención es también la de hacer ver que en España los nacionalismos, el catalán y el vasco, pueden condicionar lo que hasta ahora eran sociedades liberales, democráticas, desarrolladas a partir de la Constitución de 1978. En ese cuadro de preocupaciones también aparece Podemos.

¿Quién pacta con la CUP?
“Se trata de un populismo, que no ofrece soluciones, y que aparece al calor de una crisis económica, sin respuestas, y que aborrece los postulados de una democracia liberal. En Cataluña eso se ve también en partidos como la CUP”, asegura Navarro, que se pregunta “cómo es posible” que otras formaciones, las herederas de lo que fue CiU, hayan acabado llegando a acuerdos con la formación anticapitalista.

Los dos autores señalan que el nacionalismo catalán se equivoca cuando contrapone su proyecto a un nacionalismo español. “No lo ha habido desde la transición, en gran medida porque se quería pasar página y se recordaba la apropiación del franquismo. Pero sí puede suceder y se comprueba ahora que se despierta un patriotismo español, que no nacionalismo, que se muestra molesto y perplejo con lo ocurrido en Cataluña”, apunta Alonso, autor en el libro de un capítulo, junto a Victoria Atlas Prilutsky, sobre el marxismo comunista.

Demasiada polarización
Navarro, que aporta un trabajo histórico sobre el proceso de sincronización nazi en las instituciones, entiende que la vía de solución en el conjunto de España pasa por una reforma constitucional, aunque “no puede ser inmediata”.

La actual polarización política, con dirigentes políticos nacionalistas en prisión preventiva y con un caldo de cultivo poco propenso a los pactos, aconseja, según Navarro, ser cauto. “Es indudable que esa reforma es necesaria, para fijar mejor las competencias, para actualizar una Constitución que no reflejaba en aquel momento, porque no había sucedido, la entrada de España en las instituciones europeas comunitarias”.

Nacionalismo, autoritarismo disfrazado
Alonso remata esa idea, pero considera que esa reforma constitucional, aunque pudiera ser ahora más difícil por la aparición de nuevos actores como Podemos o Ciudadanos, “no debería demorarse mucho en el tiempo”.

El libro aborda, al margen de procesos históricos y el análisis de fenómenos como el fascismo o el nazismo, los nacionalismos en España. Se trata de las aportaciones de Gonzalo Sichar, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Málaga, con el artículo Nacionalismo: el autoritarismo disfrazado, donde se refiere al caso catalán, y de Gorka Maneiro, exportavoz de UPyD, e impulso de Plataforma Ahora, con Euskadi... después del terrorismo: la batalla por el relato. Un capítulo que arranca con un trabajo de la filóloga y ensayista Rosa Sala Rose, bajo el título de ¿Cómo se construye una identidad nacional?, el caso de Alemania.

CONVOCADOS POR SCC
Miles de personas vuelven a marchar contra el procés en Barcelona
La Gaceta  19 Marzo 2018

Los manifestantes han portado pancartas con mensajes como “Estamos hartos” y “Som Catalunya, somos España” y carteles en apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Varios miles de personas se han manifestado este domingo en Barcelona bajo el lema “Ahora más que nunca, ‘seny'” para denunciar la situación de bloqueo de la política catalana, que sigue sin Govern tres meses después de las elecciones autonómicas.

El ex primer ministro socialista francés Manuel Valls ha encabezado esta manifestación, en la que también han participado dirigentes de Ciudadanos, el PSC y el PPC, así como el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y la actriz Rosa María Sardà, entre otras personalidades.

La marcha se ha iniciado poco después de las 12:15 horas en la avenida Marquès de Argentera y ha finalizado a pocos metros, frente a la estación de Francia, donde está situado el escenario, junto al Parque de la Ciutadella.

Los manifestantes han portado pancartas con mensajes como “Estamos hartos” y “Som Catalunya, somos España”, carteles en apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional y multitud de banderas españolas, catalanas y europeas, y corean consignas como “Que no nos engañen, Cataluña es España” o “Puigdemont a prisión”.

A la convocatoria han acudido dirigentes del PP como Xavier García Albiol, Andrea Levy, la ministra Dolors Montserrat y Enric Millo; de Ciudadanos, como Albert Rivera y Juan Carlos Girauta, y del PSC, como Miquel Iceta, Salvador Illa, Núria Marín y Carles Ruiz.

Una asociación crea un servicio para atender a "las víctimas del acoso nacionalista"
Catalunya Somos Todos ofrece un "servicio de canalización y primera orientación" a los perjudicados por el separatismo "totalitario"
Alejandro Tercero cronicaglobal 19 Marzo 2018

La asociación Catalunya Somos Todos ha anunciado la puesta en marcha un servicio gratuito de consultas jurídicas para ayudar a "las víctimas del acoso nacionalista" en Cataluña.

"Se trata de un servicio de canalización y primera orientación al perjudicado, con el fin de que pueda decidir si inicia acciones por su cuenta ante la administración, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o tribunales, o bien se interesa por los servicios de un profesional de su confianza para defender sus derechos", explica en su página web la entidad contraria a la independencia de Cataluña.
Separatismo "totalitario"

Catalunya Somos Todos es una asociación que "defiende la concordia entre todos los españoles porque creemos que unidos somos más, somos mejores y tenemos mucho más que aportar a Europa y al resto del mundo". En ese sentido, acusa al separatismo de tratar de "enterrar" el Estado de derecho "con el fin de construir un Estado totalitario".

La entidad justifica la puesta en marcha del servicio de consultas jurídicas por "la situación que muchas de las personas que viven en Cataluña sufren en sus vidas cotidianas por no compartir la ideología separatista: acoso y adoctrinamiento en las aulas, agresiones físicas y verbales o daños en los comercios y hogares".

Societat Civil Catalana también había convocado para este sábado una concentración en la plaza Colón de Madrid bajo el lema “Dos colores, un sentimiento”, pero la acabó posponiendo debido a las malas condiciones meteorológicas.

Marcha constitucionalista para denunciar el bloqueo en Cataluña: “Estamos hartos”
OKDIARIO 19 Marzo 2018

Miles de ciudadanos se manifiestan este domingo en Barcelona convocados por SCC bajo el lema ‘Ahora más que nunca, seny’, desde la plaza Colón, la avenida Marquès d’Argentera hasta la estación de França, donde están programados varios parlamentos.

Con la presencia de exprimer ministro socialista francés Manuel Valls, la manifestación ha arrancado pasadas las doce del mediodía con el apoyo de varios líderes de partidos constitucionalistas, entre los que figuran la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo; el presidente de Cs Albert Rivera y Juan Carlos Girauta; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la alcaldesa de L’Hospitalet Núria Marín.

También han secundado la marcha la actriz Rosa María Sardà; el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo; el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo; además de varios miembros de Societat Civil Catalana y dirigentes de partidos que han apoyado la convocatoria.

Es la tercera vez que la entidad constitucionalista llama a los catalanes a llenar las calles para evidenciar que “el pueblo catalán no es solo el de los independentistas” y reivindicar unos dirigentes políticos que piensen en el bien de todos los ciudadanos.

Las dos anteriores movilizaciones fueron masivas y tuvieron lugar también en la capital catalana en octubre, mes en el que se celebró el referéndum y se proclamó, sin efecto, la independencia en el Parlament.
 


 


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