AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 21 Marzo 2018

¿Socialdemocracia o separatismo?
OKDIARIO 21 Marzo 2018

Francina Armengol es el claro ejemplo de lo que nunca debería ser el Partido Socialista: la socialdemocracia degenerada en separatismo. La presidenta de Baleares está asentando el catalán al tiempo que margina y persigue el español. Una iniciativa diabólica tanto para sus conciudadanos como para la imagen del PSOE en el resto de España. La formación que tiene su sede en la calle Ferraz de Madrid debería ser el PSOE ganador de los tiempos de Felipe González: un partido que apueste por la unidad de España, con un ideario asentado sobre la Constitución y de índole eminentemente nacional. Lejos de eso, lo que nos encontramos es que las siglas de la formación que más tiempo ha gobernado nuestro país en democracia están contagiadas por el separatismo catalán.

La dictadura lingüística de Armengol no sólo carcome la Sanidad, ahora también se ha instalado en la Educación. Así, el nuevo Reglamento de Usos Lingüísticos de la Universidad de Baleares (UIB) establece el catalán como “lengua propia” con carácter de “lengua oficial” y, como tal, determina que debe tener “un uso prioritario”. La regidora autonómica refuerza así el disloque que ya inició cuando decidió penalizar sin promoción ni posibilidad de traslado a los médicos que no hablaran catalán. Daba igual la calidad de su currículo o la profundidad de su experiencia, si no hablaban catalán se les purgaba sin miramientos. Un dislate que queda absolutamente retratado si tenemos en cuenta que de las 7.000 quejas que han recibido en la sanidad balear sólo cinco fueron por no atender en catalán.

Como es obvio, los pacientes quieren que los médicos estén preparados lo mejor posible para poder curarlos, no para entrar en disquisiciones lingüísticas que, como en el caso de Armengol, sólo se trata de un subterfugio para ganarse el apoyo de los sectores radicales de Baleares y contentarlos con lo que más les llena: el ataque constante a España a través de marginar su idioma. No debería consentirlo Pedro Sánchez, si es que tiene alguna ambición de llegar a la Presidencia del Gobierno, y últimamente se le acumulan los errores. A los malos resultados en Cataluña por la cercanía del PSC con los independentistas, se añade la negativa a respaldar la prisión permanente revisable y el silencio ante la calamitosa gestión política, social y lingüística de una Armengol que parece concursar por ser la más independentista del año. Justo lo contrario de lo que debería ser el PSOE.

De la Sanidad a la Educación: la socialista Armengol impone la dictadura del catalán en la universidad
Luz Sela esdiario 21 Marzo 2018

Tras la polémica por la exigencia del catalán en la Sanidad, el gobierno de Francina Armengol (PSOE) refuerza su imposición lingüística en el ámbito educativo. El nuevo Reglamento de usos lingüísticos de la Universidad de Baleares (UIB) -al que ha tenido acceso OKDIARIO y que entrará en vigor esta misma semana- establece el catalán como “lengua propia” con carácter de “lengua oficial” y, como tal, determina que debe tener “un uso prioritario”.

Así, el acuerdo del rectorado de la universidad pública balear, insta a “fomentar y normalizar” el uso de la lengua catalana, a la que se le da un trato absolutamente preferencia en todos los ámbitos universitarios, desde la docencia, a las comunicaciones o las distintas convocatorias de empleo.

El reglamento advierte a los docentes de que “el catalán es la lengua oficial propia de la Universidad de las Islas Baleares y, en consecuencia, la comunidad universitaria se ha de esforzar por hacerla vehículo preferente de enseñanza” sin perjuicio, se añade, “del derecho a usar el castellano como lengua oficial, y otras lenguas dentro de los ámbitos que las correspondientes facultades y departamentos determinen”.

En este sentido, se explica que, si bien “los alumnos y profesores tienen derecho a expresarse en la lengua oficial que prefieran” pueden existir excepciones según “la naturaleza de la asignatura” y que ésta “implique el uso de una lengua determinada”. Esa salvedad se observa también cuando se avisa de que ningún estudiante podrá ser “discriminado” o verse “perjudicado” por la lengua en las clases o exámenes. De nuevo, “salvo que la naturaleza de la materia implique el uso de una lengua determinada”.

“La Universidad debe poner al alcance de todos los estudiantes y el personal docente visitante que lo requiera la formación necesaria en lengua catalana y castellana para que puedan adquirir el dominio adecuado en un corto plazo de tiempo”, se añade.

A tal fin, el reglamento obliga a planificar cursos y “sistemas de autoaprendizaje” para que alumnos y profesores puedan “perfeccionar el conocimiento de la lengua catalana” y “adquirir un perfil lingüístico óptimo”.

Saber catalán será mérito
En cuanto a los estudiantes que procedan de regiones no catalanoparlantes, la UIB obliga a que sean informados “adecuadamente” de los usos lingüísticos de la institución. Saber catalán será considerado un mérito. La universidad creará un programa de “acogimiento lingüístico” dirigido a estos alumnos y que, se explica, “actuará como red de apoyo lingüístico y de conocimiento de la cultura de las Islas Baleares”.

La imposición del catalán afecta también a la rotulación, interna y externa, de todos los centros universitarios, que será “únicamente en catalán”, además de en “caminos, vías e indicaciones”. También irán en catalán los indicadores de oficinas y despachos, logotipos, matasellos, y otros elementos que sirvan para identificar a la institución, así como la documentación y comunicaciones internas, tanto de carácter administrativo como institucional, que se harán “preferentemente en catalán”. El reglamento advierte también de que “en la atención a los usuarios, los empleados de la UIB se dirigirán en catalán a su interlocutor, salvo que éste solicite ser atendido en castellano o, en la medida que sea posible, en otra lengua”.

Ordenadores en catalán
De igual forma, los ordenadores “han de tener instalada su programación preferentemente en catalán” y esta lengua será la oficial en la representación institucional de la UIB y en sus publicaciones. “Los servicios universitarios gestionados por empresas externas han de cumplir las disposiciones establecidas en este reglamento”, se advierte.

El catalán como lengua preferente afectará también a las comunicaciones externas, la publicidad en medios de comunicación en territorios de habla catalana y los proyectos, estudios y otros trabajos que se encarguen a personas o empresas ajenas a la institución.

En los procesos de selección de personal, se indica que los aspirantes “tendrán que acreditar un nivel adecuado y suficiente” de catalán y español.

La libertad como coartada
FRANCISCO MARTÍNEZ VÁZQUEZ El Mundo 21 Marzo 2018

La libertad de expresión y sus límites se han convertido en objeto de polémica en los últimos días, con motivo de algunas sentencias del Tribunal Supremo que han coincidido con iniciativas políticas y parlamentarias que invitan a reflexionar sobre la protección de algunos derechos fundamentales. La discusión acerca del derecho fundamental a la libertad de expresión debe partir del reconocimiento universal de que tal libertad está grabada en el código genético del Estado democrático y constituye un nutriente insustituible del sistema contemporáneo de libertades públicas. El problema se plantea al tratar de definir si este derecho fundamental tiene límites.

La tradición constitucional norteamericana y la jurisprudencia del Supremo se han inclinado por una interpretación maximalista del freedom of expression, presidida por la lógica del mercado libre de ideas (free trade in ideas), original construcción del juez del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes, en el voto particular más célebre de la jurisprudencia norteamericana, formulado en el caso Abrams vs United States (1919).

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha construido su doctrina sobre los límites de la libertad de expresión, dado que esta libertad no puede amparar expresiones que inciten al odio o a la violencia (hate speech). La sentencia del pasado 13 de marzo, en el caso de la quema de fotografías del Rey, es una muy discutible aplicación de esa ponderación entre libertad de expresión y prohibición del discurso del odio. Ésta no niega que existan límites a la libertad de expresión, pero entiende que en este caso no se han sobrepasado.

En un intervalo de apenas unos días, la Sala II del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que se concentra lo esencial de este debate. En la sentencia de 15 de febrero de 2018 se confirmaba la condena al presunto cantante apodado Valtonyc por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de sus autores y de humillación a las víctimas, calumnias e injurias graves a la Corona y un delito de amenazas no condicionales. Tan solo unos días después, el Supremo anulaba la condena impuesta por la Audiencia Nacional a la tuitera Cassandra por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Las razones que sustentan ambas resoluciones exigen un análisis detallado que no es posible en estas líneas, aunque sí nos permite decir que el debate sobre los límites de la libertad de expresión está vivo en la jurisprudencia.

Sin embargo, lo que resulta incomprensible es la posición defendida por algunos representantes políticos que han criticado con dureza la condena a Valtonyc con el argumento de que las letras de una canción nunca justifican la imposición de una pena privativa de libertad, imputando la responsabilidad al Partido Popular y al Gobierno de Mariano Rajoy.

«En estos tiempos de Gobierno del PP está habiendo un retroceso en materia de derechos y libertades», coreaban voces del Grupo Socialista en el Congreso o «hay una regresión en las libertades civiles», afirmaba Pablo Iglesias. Unos y otros reclamaban airados la derogación de la que llaman Ley mordaza e incluso se presentaban iniciativas con esta finalidad. La presidenta de Baleares criticaba la condena que, a su juicio, emana de la Ley Mordaza que desde la izquierda consideran que «es muy represiva y recuerda a otros tiempos».

Pues bien, la realidad es que la criticada sentencia del Supremo no cita absolutamente ningún precepto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015. Primero, porque los hechos enjuiciados se cometieron en 2012 y 2013 y la citada Ley se aprobó en 2015 pero, sobre todo, porque se trata de un proceso penal en el que, obviamente, se aplica el Código Penal, mientras que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, como la precedente de 1992, regula sólo infracciones administrativas, no delitos.

Por cierto, ninguna infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana se refiere a la difusión de ideas o pensamientos, de ningún tipo. En realidad, el 90% de las denuncias que se realizan con fundamento en dicha ley guarda relación con drogas, armas y explosivos y el 10% restante con una amplia variedad de infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

En definitiva, no hay nada, ni una línea, en la sentencia Valtonyc imputable a ninguna Ley impulsada por el PP y, por tanto, si determinadas fuerzas políticas consideran un atentado a la libertad condenar a un cantante por sus secreciones de odio contra las víctimas del terrorismo o por injurias y calumnias graves a la Corona deben saber que esa condena es posible porque hay un Código Penal que así lo prevé, aprobado y reformado, por cierto, con el voto favorable del PSOE. Los jueces se limitan a aplicarlo.

El cinismo crece si observamos las iniciativas parlamentarias impulsadas por esos mismos partidos que se escandalizan del supuesto retroceso de libertades que, según ellos, ha patrocinado el PP.

Así, en el Congreso se ha iniciado la tramitación de una Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, presentada por Podemos. En la finalidad de erradicar la discriminación todos los grupos parlamentarios coinciden. Precisamente porque tales expresiones constituyen una bajeza moral, el artículo 510 del Código Penal ya castiga a quienes promuevan el odio, la hostilidad o la discriminación contra una persona o contra un grupo por razón de su orientación o identidad sexual.

Sin embargo, lo que no han explicado las fuerzas parlamentarias que apoyan esta iniciativa es por qué las infracciones recogidas en la Ley de Seguridad Ciudadana que tanto escandalizaron a la izquierda se tacharon de inconstitucionales, mientras que las del texto que se tramita en la Cámara se consideran oportunas. En ambos casos las sanciones las impone la Administración y no los jueces pero la izquierda propone declarar inconstitucionales las primeras al tiempo que celebra las segundas. Tampoco explican por qué las infracciones de la proposición de ley son necesarias si existe un delito específico en el Código Penal para castigar esa misma conducta.

La incoherencia llega al extremo cuando analizamos las enmiendas que el Grupo Socialista ha presentado en el registro del Congreso a la mencionada proposición de ley entre las que se encuentra la propuesta de elevar la cuantía máxima de las sanciones desde los 45.000 euros del texto original de Podemos a 500.000 euros, por infracciones escuetamente definidas como, por ejemplo, «las conductas de acoso discriminatorio». La página web que el PSOE elaboró en 2015 contra la Ley de Seguridad Ciudadana calificaba las infracciones de inconstitucionales afirmando que se trataba «tipos sancionadores abiertos y multas desproporcionadas».

Desafortunadamente, ésta no es la única iniciativa legislativa en la que anida la contradicción y el dogmatismo ideológico. El propio PSOE ha presentado una proposición de Ley para modificar la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica que, entre otras novedades, pretende incluir en el Código Penal un nuevo delito que castiga con hasta cuatro años de cárcel a «las autoridades o funcionarios que hubiesen votado en contra de medidas que supongan la aplicación y desarrollo de leyes o disposiciones de carácter general relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil española y del franquismo, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas». Además de muchas otras consideraciones, la duda que plantea semejante precepto es por qué no se condena también como inductor del delito a quien somete el asunto a votación, teniendo en cuenta que sólo es posible votar a favor y que se corre el riesgo de ir a la cárcel cuatro años si se vota en contra. Es fácil entender y compartir que las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo o su memoria merezcan protección frente a expresiones que incitan al odio. Lo que resulta imposible compartir es que no merezcan esa misma protección las víctimas del terrorismo o su memoria.

La calificación de las ideas a través de leyes sancionadoras no es otra cosa que la manifestación de un prejuicio mayúsculo, al servicio de la ingeniería social, del rédito electoral o de ambos, pero nunca de la defensa de la libertad de expresión, que se convierte en una mera coartada. Lo difícil de considerar la libertad de expresión ilimitada es aceptar que al amparo de la misma se protejan discursos abominables, sean cuales sean y ofendan a quien ofendan. Si, por el contrario, entendemos que la libertad de expresión debe tener límites y que el discurso del odio nunca puede refugiarse en ella, serán merecedoras de reproche todas las formas de discriminación y serán dignas de protección las víctimas de todas las ofensas rezumantes de odio. Cobijar a unas bajo durísimas normas sancionadoras e indignarse en nombre de la libertad de expresión cuando los tribunales castigan otras no es más que una preocupante forma de hipocresía.

Francisco Martínez Vázquez es diputado y profesor de Derecho Constitucional.

Venezuela: hambre y cadenas
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli 21 Marzo 2018

En el régimen chavista, el hambre, como los continuos cortes eléctricos o las dificultades para conseguir o renovar el pasaporte, son hace tiempo algo intencionado, una efectiva arma política

El puesto fronterizo de Cucutá entre Colombia y Venezuela es uno de los más concurridos de toda América del sur. Por el puenteSimón Bolívar que sortea el río Táchira pasan cada día unas 40.000 personas en dirección a Colombia. Buscan comida, medicinas o simplemente huir del infierno cotidiano en el que se ha convertido su país.

El Gobierno colombiano lleva meses alertando a la comunidad internacional de la tragedia humanitaria que se abate sobre su frontera oriental, pero casi nadie escucha. Con el chavismo, como con casi todos los males, han aprendido a coexistir y fuera se conforman con que no se extienda. En Washington, en Bruselas y en todas las cancillerías hispanoamericanas se sigue confiando en que la dictadura caiga sola fruto del puro desgaste, de la ruina económica y de las protestas callejeras. Pero no termina de hacerlo.

Las bolsas con lo básico para sobrevivir sólo llegan a los que jalean a Maduro, y para acceder a ellas no hay tener informes en contra de los círculos bolivarianos que vigilan cada rincón de Venezuela"

Entretanto, el hambre es la norma. Son pocos los alimentos subsidiados a los que pueden acceder los venezolanos y para ello se les exige fidelidad política al régimen. Las bolsas CLAP con lo básico para sobrevivir sólo llegan a los que jalean a Maduro y sus ministros. Para acceder a ellas hay que contar con un carné especial y no tener informes en contra de los círculos bolivarianos que vigilan cada rincón de Venezuela.

El socialismo ha empobrecido a todo el país, excepción hecha del Gobierno, sus secuaces y de quienes hacen negocios con él. El resto de la población o padece un desabastecimientocrónico que ha ocasionado ya la muerte de miles de personas, especialmente niños y ancianos, o tiene que escapar del país y buscarse la vida en los países vecinos, en Estados Unidos o en la lejana España.

Se calcula que unos tres millones de venezolanos han huido del país en los últimos años. Nunca antes Venezuela había experimentado una diáspora semejante. El país, de hecho, era receptor de inmigrantes llegados primero de distintos puntos de Europa y posteriormente de los países limítrofes. Pero Venezuela no exporta pobres, exporta clase media empobrecida. Exactamente lo mismo que Cuba en 1960.

Las cifras de la diáspora son meras estimaciones porque el Gobierno no facilita estadística alguna al respecto. Ni de esto ni de la inflación, que este año alcanzará según el FMI un increíble 13.000% alimentada por la creación masiva de dinero nuevo. El régimen vive instalado en un gigantesco déficit fiscal, Maduro gasta mucho más de lo que el país produce y se hace trampas a sí mismo imprimiendo bolívares en tiradas industriales con una interminable ristra de ceros.

Se calcula que unos tres millones de venezolanos han huido del país en los últimos años. Pero Venezuela no exporta pobres, exporta clase media empobrecida. Exactamente lo mismo que Cuba en 1960"

La divisa venezolana no vale ya ni el papel en el que está impresa. Para comprar un dólar se necesitan hoy unos 230.000 bolívares, hace tres años bastaban 250, en 2010 por sólo 7 bolívares se conseguía un dólar en el mercado paralelo de Caracas. Más tarde o más temprano se tendrá que aplicar un electroshock al sistema monetario venezolano, como ya hizo el Gobierno de Zimbabue cuando en 2009 abandonó la acuñación del dólar zimbabuense.

Mugabe tuvo finalmente que rendirse ante la evidencia y autorizó el uso de otras monedas. Hoy Zimbabue es un país en el que conviven varias divisas de curso legal, las más importantes son el dólar americano, el rand sudafricano y el euro. El dólar zimbabuense desapareció formalmente en 2015.

Algo similar está abocado a hacer el régimen chavista, a no ser, claro, que su plan pase por la cubanización monetaria, que es lo más probable. En Cuba hay dos monedas nacionales: el peso y el peso convertible. Como su propio nombre indica, el segundo se puede cambiar por otras monedas, el primero es dinero de Monopoly, pero es este último el que el cubano de a pie está obligado a padecer.

La dolarización en Venezuela es quizá la única salida y la más razonable, pero choca con la ideología gobernante. Miraflores no puede emitir dólares y eso parte en dos la columna vertebral de su política económica. Maduro no podría gastar más de lo que le entra, que no es mucho porque cada vez vende menos petróleo y a un precio inferior. No hay mucho más de donde sacar, la economía está paralizada tras quince años de expropiaciones, corrupción e incentivos perversos.

Para comprar un dólar se necesitan hoy unos 230.000 bolívares; hace tres años bastaban 250. El precio de una taza de café con leche ha pasado de 1.800 a 75.000 bolívares en solo un año"

El Gobierno mantiene aún así un desorbitado gasto militar y suntuario para la casta dirigente, las misiones bolivarianas subsisten reducidas al mínimo y el resto se emplea en importar comida y en llenar bolsillos de políticos y sus allegados. Simplemente no hay dinero o, mejor dicho, no hay dinero de verdad. El de mentira, toneladas y toneladas de papel pintado con la cara de Simón Bolívar y otros próceres inunda el país. Y no es hablar por hablar. Una taza de café con leche cuesta hoy en Caracas 75.000 bolívares, hace un año costaba 1.800.

Claro que, bien mirado, una población hambreada y sin esperanzas es más controlable que un pueblo con dólares en el bolsillo y la barriga llena. Los asesores cubanos del régimen han hecho un trabajo impecable. La gente se queja sí, pero de ahí no pasa porque tiene que ingeniárselas a diario para salir adelante.

El hambre es, como los continuos cortes eléctricos o las dificultades para conseguir o renovar el pasaporte, algo intencionado, una efectiva arma política. Es fácil desmoralizar a la gente cuando se lleva 60 años en eso. En Cuba hace tiempo que dejaron de protestar. Los llantos mutaron primero en resignación y luego en cinismo. Algo similar sucederá en Venezuela. La revolución es, a decir de sus líderes, algo irreversible, no hay vuelta atrás. A no ser que suceda un milagro -que tiene necesariamente que venir de fuera- hay hambre para rato, y cadenas también.

Europa: la rápida propagación de la dhimmitud
Artículo publicado inicialmente en la web del Gatestone Institute
Judith Bergman  latribunadelpaisvasco.com 21 Marzo 2018

Aunque Europa no forma parte del mundo musulmán, muchas autoridades europeas parecen no obstante sentirse obligadas a someterse al islam de formas más o menos sutiles. Esta sumisión voluntaria no parece tener precedentes: "dhimi", en términos históricos, es el término árabe para los no musulmanes conquistados, que acceden a vivir como ciudadanos de segunda clase, "tolerados", bajo el régimen islámico, sometiéndose a un conjunto distinto y degradante de leyes y a las exigencias de sus señores islámicos.

En Europa, la sumisión a las exigencias del islam, en nombre de la "diversidad" y los "derechos humanos", también se ha producido de forma voluntaria. Esta sumisión al islam es, naturalmente, muy irónica, ya que los conceptos occidentales de "diversidad" y "derechos humanos" no existen en los textos fundacionales del islam. Al contrario: estos textos condenan en los términos más contundentes —y supremacistas— a los que se niegan a someterse al concepto islámico de divinidad —Alá—, ya que los infieles deben convertirse o pagar el impuesto de la yizia [protección] o morir.

Uno de los aspectos más perturbadores de esta rápida propagación de la dhimmitud es la aplicación de facto de las leyes islámicas sobre blasfemia en las jurisdicciones europeas. Las autoridades locales europeas han estado utilizando las leyes del "discurso del odio" para prohibir las críticas al islam, aunque el islam represente una idea —una religión y una ideología— y no una nacionalidad o etnia. El propósito convencional de la mayoría de las leyes sobre el "discurso del odio" es proteger a las personas del odio, no a las ideas. Se diría por tanto que las autoridades europeas no tienen la obligación legal de enjuiciar a la gente por criticar al islam, sobre todo porque la ley islámica, la sharía, no forma parte de la ley europea, y sin embargo lo están haciendo de excesivo buen grado.

El ejemplo más reciente de este tipo de "dhimmitud" proviene de Suecia, donde un pensionista ha sido imputado por decir en Facebook que el islam es una ideología "fascista". La norma legal por la que se le acusa (Brottsbalken, capítulo 16, párrafo 8-1) alude explícitamente a la "incitación" (en sueco: "hets mot folkgrupp") contra grupos de personas definidos por su "raza, color de piel, origen nacional o étnico, credo o preferencia sexual". Sin embargo, la norma no ilegaliza las críticas a la religión, la ideología o las ideas, porque las democracias occidentales, cuando eran democracias de verdad, no ilegalizaban el libre intercambio de ideas.

La dhimmitud también se manifiesta en Europa en muchos otros aspectos. En el Día Mundial del Hiyab, un acontecimiento que se celebra cada febrero y que fue fundado por una inmigrante bangladesí en EEUU, Nazma Jan, "para combatir la discriminación contra las mujeres musulmanas mediante la concienciación y la educación", varias diputadas británicas optaron por ponerse el hiyab. Entre ellas, Anne McLaughlin, Dawn Butler, exsecretaria de Igualdad de la oposición laborista, y Nasim Shah. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que parece ignorar la desesperada lucha de las mujeres iraníes por la libertad, y que ha guardado un elocuente silencio durante las recientes protestas de los iraníes contra su régimen [1] llegó nada menos que a repartir pañoletas gratuitas a su personal. Según el Evening Standard, los empleados recibieron un correo electrónico que decía:

¿Te gustaría probarte un hiyab o saber por qué las musulmanas llevan la pañoleta? Ven a nuestro acto de intercambio cultural. Se entregarán pañoletas gratuitas a las que decidan llevarla durante el día o parte del día. Las musulmanas, como muchas otras adeptas de otras religiones, deciden llevar el hiyab. Muchas encuentran la liberación, el respeto y la seguridad cuando lo llevan. #FuerteConHiyab. Únete a nosotras en el #DíaMundialdelHiyab.

Mientras, al menos 29 mujeres iraníes fueron detenidas por quitarse el hiyab, y probablemente sometidas a violaciones y otras torturas, como es habitual en las cárceles iraníes. Sin embargo, las diputadas y empleadas del Ministerio de Asuntos Exteriores estaban celebrando neciamente el hiyab como una suerte de instrumento distorsionado de "empoderamiento femenino".

Este incidente no es tan extraño: en Gran Bretaña abundan algunos de los ejemplos más estremecedores de dhimmitud. Las autoridades británicas tienen desde hace años conocimiento de las violaciones colectivas de menores por pandas de musulmanes, y no hicieron nada para detener estos delitos por temor a parecer "racistas" o "islamófobas".

La dhimmitud se puede ver también en las molestias que se toman las autoridades británicas para excusar o explicar costumbres que se están practicando en las comunidades musulmanas británicas. El jefe de la policía responsable de luchar contra los crímenes por honor, la mutilación genital femenina (MGF) y el matrimonio forzoso, Ivan Balchatchet, escribió hace poco una carta en la que decía que la razón por la que no había habido ninguna condena por MGF (ilegalizada en 1985), a pesar de que se calcula que unas 137.000 mujeres y niñas son víctimas de la MGF en Inglaterra y Gales, es que el delito "tiene muchos matices". Después se disculpó por sus palabras:

Pido disculpas por la carta [...] La MGF es un terrible maltrato infantil. Es inaceptable que no haya habido condenas. Mediante la cooperación, esto es algo que hay que cambiar.

De forma similar, según nuevas cifras, cientos de delitos de violencia "por honor" y matrimonios forzosos quedan impunes en Londres. Los datos muestran que entre 2015 y 2017, la policía registró 759 delitos "por honor" y 265 matrimonios forzosos sólo en Londres, pero sólo se imputo a 138 personas por los delitos. Diana Nami, directora ejecutiva de la Organización por los Derechos de las Mujeres Iraníes y Kurdas, que proporciona refugio a las víctimas, dijo:

Lo que es muy alarmante es que las cifras obtenidas mediante peticiones amparadas por la ley de libertad de información demuestran que, desde la ilegalización del matrimonio forzoso en 2014, hay al mismo tiempo muchas más personas en riesgo que antes de que pidieran ayuda.

La dhimmitud, sin embargo, conduce no "sólo" a la violación de menores, la mutilación genital femenina y los asesinatos "por honor", todo ello propagándose bajo la ceguera voluntaria de las autoridades nacionales, sino también a la obstrucción de la lucha antiterrorista. En una reciente entrevista de la televisión pública SVT, Peder Hyllengren, investigador de la Universidad de la Defensa sueca, dijo:

Corres el riesgo de que te identifiquen como racista de una forma insólita en otros países europeos. Aquí, la cuestión ha sido tan poco polémica como la importancia de combatir el nazismo y la extrema derecha. Pero en Suecia, se tardó mucho tiempo en considerar aceptable hablar sobre el yihadismo de la misma manera como hemos hablado del nazismo.

Hyllengren está siendo demasiado duro con Suecia: los líderes occidentales han estado obstaculizando las medidas contra el yihadismo desde el 11-S, cuando el presidente George W. Bush declaró que el "islam es la paz". El presidente Obama eliminó todas las referencias al islam en los manuales de formación antiterrorista del FBI que a los musulmanes les parecían ofensivas. Theresa May afirmó que el islam es una "religión de paz". El actual gobierno municipal de Nueva York amenazó a los neoyorquinos, inmediatamente después del atentado del pasado octubre en Manhattan, para que no vincularan el atentado con el islam.

Más recientemente, el observador sobre terrorismo del gobierno y analista independiente de leyes antiterroristas, el consejero de la Reina Max Hill, dijo que es "esencialmente erróneo" emplear la expresión "terrorismo islamista" para referirse a los atentados perpetrados en Gran Bretaña y otros lugares.

Según un reportaje del Evening Standard, dijo que la palabra "terrorismo" no se debería adherir a "ninguna de las religiones del mundo", y que se debería usar en su lugar el término "terrorismo inspirado por el Daesh". El año pasado, Max Hill opinó que algunos yihadistas que volvían de Siria e Irak no debían ser juzgados porque eran "ingenuos".

En Alemania, la dhimmitud tiene tanto arraigo que la ministra de Asuntos Familiares sugirió hace poco que se podrían evitar las agresiones sexuales cometidas por migrantes musulmanes invitando a más migrantes musulmanes al país, a las madres y hermanas de los migrantes musulmanes que ya están allí. Esta era la respuesta de la ministra alemana a una pregunta en el Bundestag sobre "qué medidas educativas y de prevención de riesgos concretas" estaba previendo su ministerio para "proteger e informar a las mujeres y niñas a la larga sobre el desproporcionado aumento de los ataques físicos, sexuales y las amenazas para la vida que vienen cometiendo los migrantes desde 2015".

Esta fue la patética respuesta de la ministra:
Por un lado, esto atañe a los centros para refugiados donde viven los menores sin acompañante. También, por supuesto, está la... sí... cultura machista de la que suelen venir... Eso no es óbice para que intentemos ahora y otras veces debatir este tema aquí, y por supuesto hacer algo al respecto, eso es bastante evidente... Tenemos aquí el informe experto del profesor Pfeiffer, que aporta algunos puntos de partida muy concretos [...] Debemos trabajar con los jóvenes y también sabemos que la reagrupación familiar es importante [...] Él [el profesor] dice justo lo mismo de los hombres jóvenes, sean de aquí o de otra parte, que son más fáciles de manejar cuando sus madres y hermanas están con ellos.

En Europa abundan muchos otros ejemplos de dhimmitud, exhibidos por incontables actores estatales y comerciales. Está la retirada de la cruz, ordenada por un juez presidente de un tribunal alemán, durante el juicio de un afgano acusado de amenazar a otro musulmán por convertirse al cristianismo; H&M, que retira una gama de calcetines después de que los musulmanes se quejaran de que el patrón se asemejaba a la palabra "Alá" escrita en árabe en vertical; un tribunal francés retiró los cargos por delitos de odio de un escrito de la acusación contra un sospechoso de asesinato, que confesó haber asesinado a una vecina judía de 66 años, una mujer a la que había torturado antes de matarla tirándola por su balcón, mientras gritaba "Alá Akbar". Al parecer también llamó "sucia judía" a la hija de la víctima dos años antes del asesinato.

La lista sigue. El jeque Yusuf Qaradawi, el líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, que dijo que Europa será conquistada no mediante la espada, sino mediante la dawa, no podría estar más contento, seguramente. Europa se está aprestando a satisfacer su petición.

(1) El ministro de Exteriores, Boris Johnson, se limitó a decir:
Debería haber un debate a fondo sobre las causas legítimas e importantes que los protestantes están planteando, y esperamos que las autoridades iraníes lo permitan [...] Los ciudadanos deberían poder tener libertad de expresión y manifestarse pacíficamente dentro de la ley [...]. Pedimos a todos los concernidos que se abstengan de emplear la violencia y que se respeten todas las normas internacionales sobre derechos humanos.

Manifiesto en Le Figaro
100 intelectuales franceses denuncian el "nuevo totalitarismo islamista" que amenaza a Europa
www.latribunadelpaisvasco.com  21 Marzo 2018

Cien intelectuales franceses de todas las ideologías han denunciado la amenaza del "nuevo totalitarismo islamista" que en su opinión amenaza en Europa "no solo la libertad de expresión sino también la libertad, propiamente dicha".

Los firmantes del llamamiento, que han hecho público a través de la publicación de un artículo exclusivo en el periódico Le Figaro titulado "No a los islamistas separatistas", reconocen que son muchas las cosas que les separan intelectual y políticamente, pero coinciden en querer denunciar que "el nuevo islamismo totalitario busca ganar terreno por todos los medios, especialmente, haciéndose pasar por ser una víctima de la intolerancia".

El artículo de Le Figaro está firmado por grandes nombres del pensamiento galo como Alain Finkielkraut, Bernard Kouchner, Sylvain Tesson, Yann Queffelec, Luc Ferry, Françoise Laborde o Élisabeth Lévy. Todos ellos afirman que el islam quiere crear una sociedad paralela y separada porque en ella se esconde el alma "de su conquista política y cultural".

Los firmantes del manifiesto se reafirman públicamente en que desean vivir en un mundo en el que "ambos sexos puedan mirarse sin sentirse ofendidos; donde las mujeres no sean consideradas inferiores por naturaleza, donde la gente pueda mezclarse sin miedo entre sí y donde ninguna religión haga la ley".

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¿Separación por sexos sí, estudiar en español no?
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 21 Marzo 2018

La sentencia que prepara el Constitucional sobre la denominada ley Wert supone un varapalo para las tesis de la izquierda, opuesta a aceptar la educación diferenciada por sexos y contraria a reconocer la Religión como una asignatura más. Y es que el fallo que ultima el Alto Tribunal avala la constitucionalidad de aspectos clave de una norma que han venido rechazando tanto el PSOE -que la recurrió- como Podemos.

Para los socialistas, por ejemplo, la educación separada de niños y niñas contraviene el precepto de igualdad de sexos, y con ese argumento la Junta de Andalucía llegó a retirar los conciertos con colegios que educaban con ese modelo. Podemos también ha promovido en el Congreso iniciativas para evitar que se destinen fondos públicos a este tipo de centros.

Como los colegios mixtos
El Constitucional determina, en cambio, que el artículo 27 de la Carta Magna, que avala la libertad de enseñanza, permite la educación diferenciada, puesto que nada indica que atente ni contra el desarrollo de las personas ni contra derechos y libertades fundamentales. Y recuerda, además, que está vigente en otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Reino Unido.

En coherencia, la resolución del Tribunal determina que no cabe excluir a los centros que opten por este modelo del acceso a financiación pública, y tampoco se les podrá exigir condiciones distintas a las que se piden a los centros mixtos.

Ni por el artículo 155
Estando de acuerdo con el fondo de la sentencia, por cuanto refuerza además la idea del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, no deja de sorprender que, al final, vaya a resultar más fácil en España llevar a niños y niñas a colegios separados que educarlos en la lengua oficial del país.

Pese a controlar la Generalitat a través del artículo 155, el Gobierno acaba de declararse impotente para garantizar la implantación del español como lengua vehicular. Su frustración y su incapacidad, lejos de llevar a bajar los brazos debería ser un acicate para acabar de una vez por todas con esta anomalía y esta injusticia.

Rajoy bolinaguea
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 21 Marzo 2018

Menos mal que está Vox. Si el partido de Santi Abascal y David Ortega no estuviera personado en la persecución judicial del Golpe de Estado catalán, el Gobierno acabaría queriéndonos convencer de que, en realidad, lo que ocurrió en los dos días de septiembre que derogaron la legalidad nacional y regional (el verdadero Golpe, momento en el que si Rajoy no tuviera la columna vertebral de un anélido debió haber aplicado el 155) y en la infame jornada del 1 de octubre con todos sus perejiles proclamatorios fue tan sólo un ejercicio de redacción sobre la Utopía del catalán Tomás Moret. El sonrojante número del fiscal general del Estado, instando ayer a los cuatro representantes del Ministerio Público a pedir la libertad provisional de Forn, muestra que, entre la encina y el ciprés, Rajoy está dispuesto a repetir su infame actuación en el caso Bolinaga, cuando sacó de la cárcel al asesino, carcelero y torturador de Ortega Lara.

Jorge Fernández Díaz -el pésimo ex ministro, no el gran escritor y periodista argentino- fue más lejos que Pachi López con De Juana ("lo que importa es que Iñaki no se muera", decía el sociatakari tras la huelga de hambre del etarra que no pasó de dieta con vis a vis) y aseguró que sólo le quedaban dos o tres semanas de vida y había que soltarlo por "razones humanitarias". Reclusos con menos crímenes que De Juana mueren en el hospital penitenciario cumpliendo su pena, como debe ser, porque las razones humanitarias que deben primar son las del respeto a las víctimas. Pero Rajoy ha seguido la política de apaño con la ETA de Rubalcaba y ZP, y su ministro aseguró que si no soltaba a Bolinaga incurriría en un delito de prevaricación, y que a él no se le podía pedir eso.

Lo que cabía pedirle, por prevaricación, son tres años de cárcel, los que se tiró Bolinaga inaugurando herriko tabernas, negándose a colaborar con la justicia en tres asesinatos pendientes y, por supuesto, sin el menor arrepentimiento por el secuestro y tortura de Ortega Lara. Pero el fiscal general Doctor-Vidente ha cambiado de opinión en una semana y dice que a Forn le han encontrado en un análisis restos de tuberculina (cualquier vacuna) y no presenta riesgo de reiteración delictiva. Vamos, que le dices al Padre Rajoy que no darás más golpes de Estado y te da la absolución.

Estimados golpistas: váyanse a tomar por el ‘seny’
Jose Alejandro Vara vozpopuli.es 21 Marzo 2018

SCC reclama “seny” a los golpistas. A los perseguidores de todos cuantos no piensan como ellos, a quienes amordazan a las fuerzas democráticas, a quienes fusilan civilmente a los disidentes. Vaya ocurrencia

“Muy señores míos: váyanse a freír espárragos. Queda a su eterna disposición, suyo affmo. Atentamente, su seguro servidor”. El chiste del gran Chumy Chúmez puede resumir el mensaje dirigido por Rosa María Sardà a los manifestantes congregados el pasado domingo en Barcelona para clamar contra el soberanismo golpista. Estaban todos menos Inés Arrimadas. ¿Por qué esa ausencia? A saber. Había representantes del PP, PSC, Ciudadanos y asociaciones varias en defensa del bilingüismo y la libertad.

Sardà, notable actriz, digna heredera del histrionismo escénico de la enorme Mary Santpere, envió un mensaje a dos bandas. Esto es, equidistante. Sacudió estopa a Puigdemont y a Rajoy. Por partes iguales. Es decir, al golpista y a quien defiende la Constitución. “Son el egocentrismo”, dijo, y acuñó una fase para el titular: “Que dejen de jugar los de aquí y los de allá por ver quién la tiene más larga”. Una imagen gráfica y expresiva, una gracieta como de viejo teatro del Paralelo. El prófugo de Flandes y el presidente democrático de la Moncloa, en el mismo plano. Vaya por Dios. Socialismo catalán en estado puro. Jugar a la ‘puta y la ramoneta’, podría decirse.

Lo del ‘seny’, más que a cortesía, suena a temor reverencial, a espíritu acomplejado. Andar reclamando ‘seny’ a estos tipos es como invitar al conde Drácula a que se apunte como donante de sangre"

Sardà, a quien no hay que negarle un ápice de valentía, porque no sólo devolvió en persona la Cruz de Sant Jordi con la que le obsequió la Generalitat, sino que se ha pronunciado abiertamente en contra de ‘la estafa antidemocrática del 1 de octubre”, salió este domingo a dar la cara. Cuidándose, eso sí, de que se la partieran. Era una manifestación convocada bajo un lema sorprendente: “Seny”, decía el rótulo de la pancarta. SCC reclama “seny” a los golpistas. Vaya ocurrencia. A los perseguidores de todos cuantos no piensan como ellos, a los usurpadores de la Constitución, a quienes amordazan a las fuerzas democráticas, a quienes hostigan a los partidos discrepantes, a quienes fusilan civilmente a los disidentes…”. Seny” es una palabra a la que se recurre cuando quizás no se quiere llamar a las cosas por su nombre.

Las banderitas blancas de la Cibeles
Es posible que Sardà entusiasmara a una parte de los miles de asistentes congregados en el corazón de Barcelona. Seguramente a aquellos que consideran a Miquel Iceta un valiente y un osado, un luchador por las libertades. Algo es algo. Pero recuerda a aquella manifestación que montaron en la Cibeles en Madrid, tiempo atrás, unos virtuosos del apaciguamiento armados de banderitas blancas y con la palabra ‘diálogo’ en la boca.

También Sardà reclamaba diálogo. A estas alturas. Desde 2012, las instituciones democráticas no han hecho otra cosa. El Rey ha viajado en estos tres años más de cincuenta veces a Cataluña con la mano tendida al acuerdo. Rajoy lo ha intentado en forma obsesiva, sin recibir más respuesta que la convocatoria de referéndums ilegales culminados en un pronunciamiento golpista. Hasta Soraya Sáenz de Santamaría montó un despachito en la delegación de Gobierno en Cataluña bajo el espíritu de la ‘operación diálogo’ con un resultado estremecedor.

También Sardà reclamaba diálogo. A estas alturas. Desde 2012, las instituciones democráticas no han hecho otra cosa. El Rey ha viajado en estos tres años más de cincuenta veces a Cataluña"

Manuel Valls, exprimer ministro francés, también orador en ese cónclave, dejó las cosas mucho más claras. “Querer cambiar las fronteras de Europa es guerra. Este nacionalismo es la guerra”. La Europa del siglo XX está plagada de ejemplos terribles. Y definió a la grey soberanista con dos palabras bien claras: “racistas y separatistas”. Item más: reveló que “se me cayeron las lágrimas cuando vi cómo silbaban al rey Felipe VI”. Ese es el resumen palmario del estado de la situación. Sardà no osó llegar tan lejos. Se quedó a mitad de camino. Muy pendiente de repartir equilibrados sopapos a Puigdemont y Rajoy.

“Queremos seny. Suya afectísima, su segura servidora”. Lo del ‘seny’, más que a cortesía, suena a temor reverencial, a espíritu acomplejado. Andar reclamando ‘seny’ a estos tipos es como invitar al conde Drácula a que se apunte como donante de sangre. Lo tienen claro.

El burdo intento del nacionalpopulismo de abrir heridas y destruir la Transición
Esdiario 21 Marzo 2018

Podemos y los independentistas fracasan en otro intento más de destruir la convivencia, demoliendo la Transición para lograr su objetivo diario: irrumpir como únicos salvadores posibles.

Los partidos políticos que menos hacen por la convivencia en la España actual se aliaron ayer en el Congreso para intentar agitar el pasado, como la misma lógica frentista y nada constructiva que preside su día a día. Esta vez fue, técnicamente, para derogar la Ley de Amnistía, presentada como un apaño de la Transición para conceder impunidad a los crímenes del franquismo.

La idea de ERC, Podemos, Bildu, PdeCat y PNV, ya algo manida pero siempre recurrente, era esparcir la idea de que nuestra democracia es una mala democracia, demoliendo la Transición como modelo político encomiable e hilando una relación entre la represión de la Dictadura y la de este democracia a la que cada día caricaturizan de la peor manera.

Demoler la Transición forma parte de la caricatura que intenta presentar la España actual como un régimen represor necesitado de salvadores

Que partidos íntimamente relacionados con ETA o protagonistas de un Golpe de Estado en Cataluña o comprensivos con ambos fenómenos y otros tan poco edificantes como el de Venezuela se permitan pontificar sobre democracia es insólito. Y que además lo hagan con el fin de colocar a los tres partidos constitucionalistas en el lado contrario, cómplices de aquella época y por tanto protagonistas de la inexistente falta de libertad en la España actual, resulta indignante.

Es una falacia tan burda como perfectamente coherente con la trayectoria de todas esas formaciones y su intento, diario, de generar una atmósfera irrespirable en España: cuando no es la libertad de expresión, a su juicio en peligro cuando la justicia actúa contra un rapero violento que amenaza de muerte a personas con nombre y apellidos o agrede a las víctimas del terrorismo; es con la inventada brutalidad policial en Lavapiés o la transformación de presuntos golpistas catalanes en pobres presos políticos.

No hay causa, que a veces se asienta en inquietudes reales como las pensiones pero frecuentemente se erige sobre mentiras forzadas, que no sea distorsionada y soflamada por un conjunto de formaciones que difieren en los objetivos políticos pero no en los medios de agitación y en una meta compartida: degradar la convivencia, a cualquier precio, para irrumpir como salvadores en sus respectivos ámbitos.

Contra la democracia
Es en esa línea en la que hay que ubicar la demolición de la modélica Transición que hizo España entre la Dictadura y la democracia, sin derramar una gota de sangre pese a tener en la memoria reciente la cruel Guerra Civil, sin dejar en el camino a nadie imprescindible para construir un auténtico Estado de Derecho capaz en apenas tres décadas de consolidarse como una de las democracias más sólidas del mundo y de dotarse de un Estado de Bienestar puntero y de un papel sólido en Europa y el mundo.

Tratar de triturar eso centrándose en la Ley de Amnistía, la parte más controvertida pero necesaria para culminar la imprescindible conciliación que sustentó el salto democrático de España, es bochornoso, injusto e incompatible con el más elemental rigor intelectual y político. Ese esfuerzo compatido, lleno de renuncias en nombre de un bien mayor, unió a Carrillo con Suárez, al PSOE con AP y, en general, a personas, ideologías y siglas antagónicas conscientes del valor y las consecuencias de su sacrificio.

Es indecente que quienes más humillan a las víctimas del terrorismo intenten presentarse como paladines de ninguna víctima de cualquier época

No hay herida del pasado -y las víctimas son la principal- que no pueda cerrarse sin necesidad de reabrirla primero, y la diferencia entre hacerlo desde el mismo espíritu conciliador o intentarlo resucitando viejas trincheras es lo que diferencia a un partido serio de una banda agitadora.

Ni a ERC ni a Podemos les preocupan las víctimas del franquismo ni la persecución de los criminales, como evidencia su desdén hacia los damnificados de un fenómeno mucho más reciente, el del terrorismo, y su complicidad por acción u omisión con quienes lo protagonizaron y hoy están en las instituciones.

Bien por PP, C's y PSOE
Felizmente el Parlamento rechazó su intentona, con una modélica oposición de dos partidos que no existían siquiera durante el franquismo -PP y Ciudadanos- y un tercero, el PSOE, que no acepta en este campo lecciones de autoridad moral de nadie. Ese veto al nacionalpopulismo, una pinza recurrente que se activa a menudo contra la idea de España y sus símbolos, sean la Transición o la Corona, refleja el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles y dibuja el escenario ideal de resistencia a la demagogia, la manipulación y el frentismo de un grupo de dirigentes y de partidos aliados para destruir los pilares de la convivencia que tanto costó recuperar.

¿1714?
Javier Barraycoa gaceta.es  21 Marzo 2018

¿Qué ha sido de los que se empeñaron en atormentarnos con miles de actos conmemorativos del tercer centenario de la derrota sufrida por los austracistas en Barcelona? Millones de euros que fueron gastados en actos olvidados; comisarios de exposiciones enchufados que pudieron comprarse el coche de sus sueños; periódicos separatistas que hicieron su agosto con la publicidad institucional. Un año antes de la celebración ya se calentaban motores y los presupuestos de la Generalitat eran extremadamente generosos. Algunos incluso anunciaban que el 11 de septiembre de 2014 Cataluña ya sería independiente. Pero la visión profética el separatismo ha estado siempre desajustada. En marzo de 2014, la Asamblea Nacional de Cataluña, presidida por Carme Forcadell, anunciaba que el día de sant Jordi, el 23 de abril de 2015, Cataluña sería independiente. Una pequeña desviación, de momento, de tres años. No fue la única predicción. Unos la concibieron en 2016, otros en 2017. Otro más listo llegó a declarar que si no se conseguía la independencia en 2014, habría que esperar otros 300 años.

Quizá uno de los gastos más desproporcionados fue el desparramado en instalar en el viejo mercado del Borne un Centro memorial de 1714. Pasados los primeros ímpetus, el Centro ya casi no recibe visitas y el coste de mantenimiento es insoportable para el Ayuntamiento de Barcelona. Que, como no, se le ha ocurrido transformarlo en un centro memorial contra todo lo que suene a rancio desde Felipe V a Franco. Eso sí, no recordará a Stalin o Lenin (cuyas imágenes se pasearon con toda impunidad por la Cataluña de la Guerra Civil). El Borne se ha hecho más famoso por la boutade del Ayuntamiento, en 2016, al colocar una estatua ecuestre de franco decapitado que –inevitablemente- la expuso a escarnio del populacho. ¿Conclusión? El memorial de 1714 les importa ahora a todos un pito.

Por poner una fecha del pistoletazo de salida a la actual situación kafkiana, encontraríamos una reunión de Pujol y tres de sus hijos en 2011 que decidieron poner en marcha todo el jaleo. Había que ocultar el escándalo que se avecinaba en cascada de la corrupción estructural familiar y política. En 2012, Artur Mas sería el encargado de ejecutar la hoja de ruta hacia el precipicio. Para ellos había que movilizar masas, mostrar músculo, despertar sentimientos. Había que tumbar al Estado español y sólo la “astucia” catalana podía lograrlo (y los millones que la Generalitat destinó a ello). La proximidad del tercer centenario del fatídico 1714, ponía en bandeja una estructura imaginaria para remover la conciencia “oprimida” del nacionalismo y radicalizarlo hacia el separatismo.

TV3 engrasó la maquinaria y cientos de reportajes pseudohistóricos fueron machacando a los adictos a esa cadena. Las subvenciones llovían sin rubor hacia cualquier congreso simposio o investigación que pudieran demostrar lo pérfidos que eran los castellanos que asaltaron Barcelona en 1714. El ya citado Borne, fue el epicentro de celebraciones y exposiciones por las que debían pasar todos los escolares de Cataluña. En fin, que al final consiguieron en el imaginario colectivo de muchos catalanes, anidara la idea de que era justo demandar la independencia por la vejación sufrida en 1714. Pero pasó el aniversario. En menos de un año, López Tena, sustituyó la heroica defensa de una ciudad ya derrotada, por otro motivo más frívolo con tal de justificar el “proceso”: “España nos roba”. Este mantra caló rápidamente en la psiqué colectiva y pronto hizo olvidar a aquellos catalanes que con sus estrambóticos uniformes dieciochescos defendieron la ciudad en 1714. López Tena fue el primero en renegar de su brillante eslogan. Pero ya daba igual, cuando se demostró que Cataluña había gozado de 300 años de privilegio borbónico (remitimos a la magnífica obra de Jesús Lainz, “300 años de privilegio catalán”), entonces el mantra transmutó: “España no nos quiere”. Ya sólo faltaban los pucheritos públicos.

Y llegó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Para entonces, la gestión de las imágenes de esa jornada, permitieron la emergencia de otro lema: “España nos pega”. Y el separatismo ha aprendido que el “proceso”, como el lego, se monta a base de piececitas o frasecitas: las urnas son democracia, la democracia siempre gana, Puigdemont aún es un presidente exiliado y pobre, Anna Gabriel sufre mucho en Suiza y está perdiendo el pelo, … Y uno se pregunta, ¿dónde han quedado las reivindicaciones sobre 1714? ¿Acaso le importan a alguien? ¿A la CUP? ¿A ERC? ¿A la sopa de letras en que se ha convertido las múltiples coaliciones de la vieja Convergencia? En realidad lo único que les interesa a los agentes políticos del separatismo es quién capitaliza las energías que –indudablemente- aún conservan y quién monopoliza y se beneficia de su liderazgo.

Una cosa ha quedado clara tras cuatro años de vorágine verborraica: al nacionalismo la historia le importa un comino. Ha tomado el pelo a todo el mundo –propios y extraños- inventando excusas, argumentos, imaginarios; comprando voluntades, destruyendo los servicios públicos catalanes desviando fondos para una aventura imposible; matando la libertad de pensamiento y expresión, subvencionando miserablemente todo tipo de medios afines. Pero no nos preocupemos, Cataluña es modelo de democracia, pureza ética, europeísmo, multiculturalidad (siempre que no provenga de España), tolerancia … y etnicismo supremacista. Aquí no se preparan golpes de estado, ni se espía a los ciudadanos, ni se violan las normas de convivencia, nadie se insulta por las redes, ni se amenaza de muerte, ni te pintan las fachadas de tu casa. Gracias al nacionalismo esto se empieza a parecer un paraíso terrenal. Sólo faltan los de las CUP para rematar el tinglado. Y después todos disfrutaremos de la utopía eco-feminista revolucionaria promulgada por la profetisa Gabriel desde su exilio alpino. Un paraíso que, por cierto, a los defensores de Barcelona de 1714 les daría un patatús nada más catarlo. Esos hombres de verdad, no podrían digerir la utopía que nos han diseñado.

El Tribunal atiende el criterio de Vox y desoye el de la Fiscalía General
Carlos Cuesta okdiario 21 Marzo 2018

El Tribunal Supremo ha decidido atender la solicitud de Vox y desoír la de la Fiscalía General. Lo ha hecho en un asunto tan relevante como el tratamiento cautelar que se debía dar a Joaquím Forn, el conseller de Interior durante el golpe del 1-O.

La Fiscalía General pedía rebajar la prisión preventiva incondicional y dar paso a una libertad bajo fianza de 100.000 euros. Vox se mantenía en su discurso inicial: quería que se mantuviera en prisión sin fianza al que fuera el consejero de referencia del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero. Y el Supremo, en una decisión que no suele ser habitual –especialmente en casos de esta envergadura– ha decidido respaldar el criterio de la acusación popular –Vox– y no el de la acusación pública.

Vox se ha caracterizado durante este caso, no sólo por haber iniciado la acusación y haber pedido la investigación y diligencias de la totalidad de los imputados, sino también por haber mantenido un criterio más duro que el de la Fiscalía General. No con grandes diferencias. Pero sí más exigente en cuanto a las peticiones de prisión sin fianza.

Así ocurrió con Carme Forcadell. Lo mismo con Marta Rovira. Y se ha repetido la historia este martes con Joaquim Forn. Y si hasta el momento la cercanía parecía ser una característica más propia de la relación entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, en el caso de Forn esa regla ha pasado a ser patrimonio de la acusación popular de Vox.

Y ello, en una decisión que puede ser clave. Porque lo cierto es que Forn había intentado por todos los medios acogerse a la denominada Vía Forcadell. Y, literalmente, ha chocado contra un muro: el del Supremo, impulsado por la petición de Vox.

Así, Vox se ha visto respaldado en su criterio por cuatro fiscales de peso como son Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que tampoco querían cambiar el criterio que se había mantenido hasta el momento con respecto al ex consejero Forn: pidieron mantener la medida cautelar para Forn de la prisión incondicional.

Y la acusación popular se ha visto respaldada igualmente -lo que es aún más importante- por el propio Tribunal Supremo, que se ha sumado a este criterio y ha decido torcer la petición de la Fiscalía General del Estado, que reclamaba rebajar la prisión incondicional.

Y es que el criterio de Vox ha sido compartido por la Sala de Apelación, compuesta por los magistrados Alberto Jorge Barreiro, Francisco Monterde y Miguel Colmenero, que han decidido que no aceptan el criterio de la acusación pública, que había solicitado la libertad con fianza de 100.000 euros para el ex consejero de Interior, Joaquim Forn.

Cuatro fiscales del Supremo solicitaban mantener la prisión y Melgar les instó cambiar de criterio
Julián Sánchez Melgar instó a los fiscales a cambiar de criterio con respecto a mantener en prisión a Joaquim Forn.
Carlos Cuesta okdiario 21 Marzo 2018

Cuatro fiscales del Tribunal Supremo pedían mantener la prisión. Tenían criterios con ciertas diferencias, pero sobre todo, con una divergencia por este asunto clave con respecto al fiscal general del Estado. Tras un debate, Julián Sánchez Melgar les instó a cambiar de criterio para dejar en libertad bajo fianza de 100.000 euros al ex conseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, actualmente en prisión preventiva. El Tribunal Supremo, definitivamente, no ha aceptado el criterio del fiscal general y ha decidido que Forn debe seguir en prisión incondicional, tal y como defendían los cuatro fiscales.

El debate en la vista de este martes ante el Alto Tribunal se centró en el tratamiento cautelar que debía recibir Joaquim Forn, el ex conseller de Interior catalán: uno de los más activos defensores del golpe durante su etapa en el Govern, pero uno de los más reiterativos –según su declaraciones– en mostrar un supuesto arrepentimiento de su respaldo a las conductas ilegales materializado en el pasado más reciente.

Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno entraron en debate. No tenían claro que quisieran cambiar el criterio que se había mantenido hasta el momento por la acusación pública: el de que la medida cautelar idónea para Forn es la prisión incondicional. Los cuatro son los representantes de la Fiscalía en el juicio contra el golpismo en Cataluña ante el Tribunal Supremo cuando el juez Pablo Llarena termine la instrucción de la causa. Y, de una forma destacada, Fidel Cadena mantenía este martes que las palabras de Forn no debían ser tenidas en cuenta por la persistencia de un riesgo real de reiteración delictiva más allá de sus palabras.

Forn había preparado bien esta vista. Por el camino, había aludido a una supuesta tuberculosis. Enfermedad ficticia en el caso concreto del ex consejero de Interior porque no la ha llegado a desarrollar como han avalado los informes médicos, tal y como adelantó OKDIARIO. De hecho, en su misma situación se encuentra un buen número de internos en las prisiones españolas y no abandonan la cárcel porque no es necesario para poder tener la necesaria prevención medica. Y, de hecho, ese fue uno de los

Los cuatro fiscales han estado presentes durante en las declaraciones que el instructor de la Sala Segunda del Supremo ha tomado en los últimos meses a los investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. Y los cuatro han mantenido criterios muy cercanos durante estas fases iniciales de la Instrucción.

Tan cercanos, como que en la vista de este martes se encontraron frente al criterio de Sánchez Melgar. El fiscal general no invocó el famoso artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -el que señala que él está capacitado para impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto en cuestiones generales, como en asuntos específicos-. Pero sí se mantuvo el debate hasta el punto de cerrar la discusión con el criterio de Sánchez Melgar, algo que no fue del agrado, principalmente de Cadena.

Por eso se anunció públicamente que la Fiscalía General solicitaba la libertad bajo fianza de 100.000 euros de Forn. Pero no con el respaldo de los cuatro fiscales mencionados. El Supremo, en su Sala de Apelaciones, ha acabado dando la razón a los cuatro y rechazando el criterio del fiscal general.
Cuatro fiscales de prestigio

Los cuatro en cuestión no son cuatro fiscales más, ni mucho menos. Consuelo Madrigal fue la primera mujer que ocupó el cargo de fiscal general del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016, tras la dimisión de Eduardo Torres Dulce. Posteriormente, fue relevada por el fallecido José Manuel Maza.

Javier Zaragoza fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional durante 11 años. En febrero de este año, fue sustituido por su entonces nº 2, Jesús Alonso. Precisamente, Zaragoza al frente de la Audiencia inició hace dos años diligencias contra el golpismo catalán.

Fidel Cadena es fiscal del Tribunal Supremo desde hace 10 años. Formó parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, TSJA, durante 17 años antes de ser destinado al Alto Tribunal.

Y Jaime Moreno ha sido fiscal del Tribunal Supremo desde el año 2003. Un conocido de causas tan relevante y mediáticas como el caso Faisán, el 11-M o el caso del ex portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs.

Críticas de socios e internautas
La euskaldunización lleva a celebrar un campeonato de natación de “Euskal Herría” en Pamplona
Nacho Doral okdiario 21 Marzo 2018

El cuatripartito de Geroa Bai-PNV, EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y Podemos que gobierno Navarra no ceja en su proyecto de euskaldunización de la sociedad. Un esquema de dictadura lingüística que también llega a las competiciones deportivas, como en el caso de la Federación Navarra de Natación, que ha presentado el certamen organizado el pasado fin de semana en Pamplona como “campeonato de Euskal Herría”.

El torneo celebrado en las piscinas del Club de Tenis de Pamplona se anunciaba como un campeonato con participantes de esa entelequia sin fundamento histórico, pero que desde el PNV a EH Bildu llevan años intentando imponer como “país de los vascos” del que formaría parte forzosamente la comunidad foral. La misma Euskal Herría que, por cierto, siempre ha propugnado la banda terrorista ETA.

Avance con el cuatripartito
Lo cierto es que en la web de la Federación Vasca de Natación se puede ver un completo listado del “Campeonato de Euskal Herría Absoluto y Júnior de invierno 2017-2018”. Una denominación que se ha impuesto desde hace dos años y medio, coincidiendo con la llegada de la nacionalista Uxue Barcos a la presidencia. Y que sustituye a la terminología que siempre se utilizó, la de “Campeonato Vasco Navarro”.

El cambio que integra las competiciones deportivas que se celebran en “la piscina de Iruña” en “Euskal Herría”(como se puede leer en la web de la federación navarra, usando el topónimo de Pamplona en euskera o el nombre del imaginario país en las redes sociales del propio club pamplonés) no ha sentado bien a muchos de los 17.200 socios con que cuenta este club deportivo de la capital foral.

Un club del que por cierto es socia la líder de Geroa Bai-PNV y presidenta del gobierno navarro, Uxue Barcos. Para Carlos, no de los usuarios con los que ha hablado OKDIARIO, “es un ejemplo más de lo que están haciendo en su objetivo de meter la cultura y el idioma de otra comunidad y aquí sólo queremos hacer deporte”.

La nacionalista Barcos, socia
Las quejas que están dirigiendo por correo electrónico van en el mismo sentido: “se lo han sacado de la manga y siempre fue campeonato de Navarra y País Vasco“, explica otra socia que nos pide no citar su nombre. El torneo de “Euskal Herría” ha despertado críticas también en las redes sociales:

Otros socios contactados por este periódico transmiten que, “más allá de una posible intencionalidad política, que no sabemos si existe o no, es absurdo que no se utilice el ‘campeonato Vasco Navarro’ de toda la vida“. Y recuerdan que incluso se le ha añadido en ocasiones también ‘Riojano Cántabro’. Nomenclatura sin discusión, menos para los que pretenden que la gran ‘Euskal Herría’ impere también en selecciones o competiciones deportivas.

TRAS LA PETICIÓN DE 422 FAMILIAS
La Rioja, gobernada por el PP, impartirá clases de Islam en los colegios
La Gaceta 21 Marzo 2018

La Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) ya exigió que se impartan clases de religión islámica en los colegios en toda España.

El Islam se impartirá en los colegios de La Rioja a partir del próximo mes de septiembre. Se hará de forma gradual y previsiblemente en los centros en los que hay un mayor número de familias solicitantes.

La Consejería de Educación, que realizó el pasado mes de noviembre una encuesta en los centros escolares de la región, constató que 422 familias solicitaron que sus hijos recibieran clases de religión islámica, un dato que ha llevado al Gobierno a “analizar de forma interna la dimensión del asunto” y decidir impartirla. Ahora deberá negociar con la Comunidad Islámica la forma y el modo en el que se hará.

No será la única región. El pasado mes de febrero, Navarra también se sumó y pese a que el acuerdo programático del cuatripartito izquierdista -formado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra- recogía su compromiso con una escuela pública laica, la consejera, María Solana, anunció un acuerdo para impartir el próximo curso la asignatura en Primaria en los centros que lo han solicitado. Solana manifestó que recibieron un total de 1.400 peticiones.

La Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) ya exigió que se impartan clases de religión islámica en los colegios en toda España porque, a su juicio, el 95% de los alumnos no tienen acceso. Junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dijo que se atiende una demanda básica -en Educación Primaria- en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, País Vasco y Madrid.


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