AGLI Recortes de Prensa   Jueves 22 Marzo 2018

Los partidos políticos: ¿Sociedad civil o aparato de Estado?
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es 22 Marzo 2018

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de los medios es la recomendación de blindar la financiación pública de los partidos en la propia Constitución, concretamente modificando su artículo sexto.

La Subcomisión que estudia en el Congreso el régimen y la financiación de los partidos políticos ha terminado su dictamen, que contiene setenta y cinco recomendaciones. Este texto ha sido pactado y aprobado por el PSOE, Podemos y Ciudadanos y no ha contado con el apoyo del Partido Popular. Ahora debe ser sometido al voto del pleno de la Cámara, donde las tres fuerzas que lo han acordado cuentan con mayoría suficiente para su aprobación. Uno de los puntos que más ha llamado la atención de los medios es la recomendación de blindar la financiación pública de los partidos en la propia Constitución, concretamente modificando su artículo sexto. Este precepto, como es bien sabido, define el papel de estas organizaciones como cauce de expresión de la voluntad popular y mandata que su funcionamiento interno sea democrático. Según los proponentes, habría que añadir una mención expresa de su “suficiencia financiera” garantizada por el presupuesto público.

Tras los numerosos escándalos de corrupción que han aflorado en los últimos años y las devastadoras consecuencias sociales de la gran recesión que estalló en 2008, la imagen de la clase política en general ha sufrido un fuerte deterioro en España. La gente tiene la percepción de que sus representantes y los partidos a los que pertenecen viven del erario a espaldas de la sociedad, atentos primordialmente a sus propios objetivos dejando en un segundo plano el interés general. Asimismo, el hecho de que las arcas de los partidos se nutran en un porcentaje ampliamente mayoritario de subvenciones públicas, mientras que la contribución de sus afiliados y donantes privados representa una parte muy pequeña de sus recursos, genera rechazo en una población muy castigada por la crisis y convencida de que los políticos, salvo honrosas excepciones, distan mucho del ideal de honradez, competencia, preparación y patriotismo que sería deseable.

Las fuentes de ingresos de los partidos y su regulación han sido objeto de debate desde la misma aparición de estas estructuras de participación política en las democracias. Distintos países aplican modelos y normativas diferentes a tenor de sus especificidades culturales y su tradición. En el mundo anglosajón, la financiación de los partidos es principalmente privada y las leyes vigilan que no se produzcan situaciones de colusión con intereses bastardos y que exista una competencia libre y sin ventajismos entre las varias opciones electorales. La preocupación en Estados Unidos y en el Reino Unido se centra en la eliminación de barreras de entrada y salida del mercado político, de tal manera que los ya establecidos no impidan la aparición de nuevos actores de refresco y que los partidos no queden bajo el control de sectores económicos, industriales o sociales en detrimento del bien común. En Europa, en cambio, predomina la financiación pública y se mira con desconfianza a la privada. La tesis subyacente a este enfoque es que así se elimina el riesgo de que los grandes donantes se hagan con la voluntad de los dirigentes de una formación política concreta y la pongan a su exclusivo servicio, algo similar a lo que hacen los jeques árabes que compran un club de fútbol.

Como siempre sucede en problemas de esta complejidad, la solución perfecta brilla por su ausencia y se trata de hallar fórmulas equilibradas que satisfagan al máximo los criterios de libre y limpia competencia, representatividad, rendición de cuentas, auténtica y continua conexión con la sociedad, defensa del interés general y eficiencia en el gasto. En nuestro país, la combinación de ausencia de democracia interna, presidencialismo, listas electorales cerradas y bloqueadas elaboradas por la cúpula de la organización, predominio de la financiación pública y multiplicación innecesaria de niveles administrativos ha creado una partitocracia invasiva de las instituciones del Estado, de los medios de comunicación y de la sociedad civil que elimina cualquier asomo de vínculo entre representante y representado, favorece el crecimiento desmesurado del nepotismo, el amiguismo y el clientelismo, incentiva la corrupción y destruye la separación de poderes.

En este contexto, un partido que desee de verdad la renovación y el saneamiento de nuestro sistema institucional desde una perspectiva liberal debe ser muy cuidadoso a la hora de ir de la mano de fuerzas colectivistas en iniciativas conducentes a reforzar un concepto de los partidos políticos que los considera un engranaje del aparato del Estado, lejos del papel que les corresponde en una democracia representativa como entidades surgidas de la sociedad civil para plasmar la pluralidad de visiones sobre la mejor manera de gestionar el patrimonio común. La identificación de partido y Estado es típica de los regímenes totalitarios y en las sociedades abiertas hay que huir de estas tentaciones como de la peste. Una reforma necesaria de nuestro sistema de partidos ha de poner el acento en la transparencia, la democracia interna, la creación de una interacción real entre votantes y votados y la promoción de los mejores en los mecanismos de selección de las élites, esa es la dirección en que se han de mover los que tengan una decidida voluntad de regeneración democrática de nuestra arquitectura institucional y no de prolongar los vicios que hoy la atenazan.

USSÍA, LOSANTOS, TERTSCH…
VOX ya convence a los primeros espadas de la derecha mediática
La Gaceta  22 Marzo 2018

El columnista de La Razón, Alfonso Ussía, ha asegurado que en las próximas elecciones votará a VOX. “No es un voto perdido. Es un voto de dignidad. El mío, ya lo tiene”, ha dicho, antes de asegurar que ha sido “un cobarde de voto útil a favor del PP” y que ahora su PP es la formación liderada por Santiago Abascal, que ha manifestado que es un “honor” recibir su reconocimiento y confianza.

En este sentido, Federico Jiménez Losantos se ha congratulado en su columna en El Mundo, titulada Rajoy Bolinaguea, de la presencia de VOX para perseguir a los que “derogaron la legalidad nacional y regional” al aprobar la ley del referéndum ilegal ante la desidia del Gobierno de Mariano Rajoy, una vez conocido el “sonrojante número del fiscal general del Estado instando a los cuatro representantes del Ministerio Público a pedir la libertad provisional de Forn”. “Menos mal que está Vox. Si el partido de Santi Abascal y Javier Ortega no estuviera personado en la persecución judicial del Golpe de Estado catalán, el Gobierno acabaría queriéndonos convencer de que, en realidad, lo que ocurrió en los dos días de septiembre (…) -el verdadero Golpe, momento en el que si Rajoy no tuviera la columna vertebral de un anélido debió haber aplicado el 155- y en la infame jornada del 1 de octubre con todos sus perejiles proclamatorios fue tan sólo un ejercicio de redacción sobre la Utopía del catalán Tomás Moret”, ha señalado.

No son los primeros espadas de la derecha mediática que muestran simpatías -o al menos agradecen- el trabajo del partido, que se ha convertido en el principal azote del separatismo por su posición “sin titubeos” contra los golpistas al ejercer como acusación popular en el juicio a los exconsejeros en el Tribunal Supremo. “Ha hecho un gran servicio a España con sus querellas. Su éxito en recaudar la fianza revela que muchos españoles lo agradecen”, dijo Hermann Tertch tras anunciar VOX el pasado mes de octubre que había logrado duplicar la recaudación necesaria -20.000 euros- para poder precisamente personarse en dichas causas.

Otro de los apoyos de la formación es el escritor Fernando Sánchez Dragó, que antes de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 pidió abiertamente el voto para Abascal. “Cobren conciencia de que en España todos los partidos, menos uno, son socialdemócratas -o fingen que lo son-, esto es, partidarios de la intromisión de lo público en lo privado”, dijo, antes de señalar que “quién no sea socialdemócrata sólo dispone de una opción a la que acudir sin violentarse a sí mismo: la de Vox y Santi Abascal“.

Vargas Llosa: «El nacionalismo es el enemigo principal del progreso en España»
El premio Nobel de Literatura presentó ayer en Madrid su último libro, «La llamada de la tribu»
Inés Martín Rodrigo ABC 22 Marzo 2018

Aforo completo en la tarde de ayer en la sede de la Fundación Rafael del Pino, en Madrid, para escuchar a Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936). El premio Nobel de Literatura presentaba su último libro, «La llamada de la tribu» (Alfaguara), una suerte de biografía intelectual en la que defiende, enérgicamente, el liberalismo apoyándose en los pensadores que han marcado su vida y su obra. Los focos del papel cuché, centrados en Isabel Preysler, pareja de Vargas Llosa, y la hija de ésta, Tamara Falcó, se cruzaron con los que recogen la actualidad informativa, ansiosa ayer por escuchar lo que tuviera que decir –sobre el ensayo y lo que se terciara– Albert Rivera.

El presidente de Ciudadanos fue el elegido por el Nobel para el diálogo, con la periodista Pepa Bueno como moderadora. El político naranja, ávido por copar titulares, pecó en exceso de ansia electoral y se olvidó con rapidez de aquella ilusión de adolescente que confesó sentir cuando Vargas Llosa le trasladó, hace ya tiempo, tan decente proposición. «Cuidado, que le suelta el programa electoral», tuvo que advertirle varias veces la periodista al Nobel, que sonreía estoico y escuchaba con la paciencia que sólo dan las tablas intelectuales.

Europa fue el punto de partida de la charla, y también el punto final. «Sí ha triunfado el liberalismo. La Europa de nuestros días es más civilizada, más próspera y justa, y eso se debe a la democracia y al liberalismo», comenzó diciendo Vargas Llosa. Minutos antes, Rivera había ensalzado el ensayo que les ocupaba: «Es de obligada lectura para cualquier amante de la libertad. Va a ser uno de los libros del liberalismo en español». Píldoras electorales aparte –«No somos dogmáticos, ni tenemos miedo al cambio», llegó a decir–, el político planteó que la «batalla ideológica del siglo XXI es cómo combatimos a los populismos y nacionalismos», aunque «el liberalismo está vigente más que nunca en España».

Y Vargas Llosa recogió el guante. «El liberalismo ha sido la doctrina más desnaturalizada y atacada por sus enemigos, que vienen tanto de la derecha como de la izquierda, que ha ridiculizado a una doctrina en la que veía al enemigo principal. El valor supremo de un liberal es la tolerancia, aceptar que puede estar en el error, y eso provoca una tremenda hostilidad». De ahí la razón del ser del libro, escrito durante dos años por el Nobel para «tratar de disipar esa confusión» que rodea a esta doctrina, «esencia de la democracia».

Llegó el debate a la crisis económica del 2008, y ahí ambos volvieron a estar de acuerdo. «Un Estado liberal tiene que decirle a una empresa que no puede ser monopolio», dijo Rivera. Es decir, igualdad de oportunidades. El punto de partida «absolutamente fundamental» para Vargas Llosa, paso previo a la libertad. ¿Cómo? «A través de la educación, gran herramienta que puede producir en cada generación un punto de partida igualitario».

Sintonía
Si en cuestión de economía mostraron sintonía, al llegar al nacionalismo «el hombre que siempre está de moda» y el «político español de moda» –en palabras de Pepa Bueno– casi hablaron al unísono, aunque la palma se la llevara el Nobel: «Si hay una doctrina que está en contra del nacionalismo, es el liberalismo. El nacionalismo está enemistado con la libertad. Es el enemigo principal del progreso en España. Es muy importante rechazarlo y condenarlo. Es un adversario de la democracia y en su fondo hay racismo. España lo está padeciendo. En esto hay que ser categóricos». Y lo fueron, ambos.

Pese a lo ajustado del programa, hasta hubo tiempo de hablar del Brexit, ese «error gravísimo», en opinión de Vargas Llosa, que «de una manera muy inglesa, muy discreta, está siendo corregido y quedará en una especie de sueño de opio».
 
Turull, el hiperventilado del 3%
Pablo Planas Libertad Digital 22 Marzo 2018

A estas alturas, el nombre es lo de menos. Lo urgente es recuperar los despachos de la Generalidad para reanudar el golpe. Y lo dicen tal cual.

¿Últimas horas del 155? La política catalana es una tómbola. Ahora toca Turull. No entienden los nacionalistas el favor que les hace el juez Pablo Llarena al poner a punto de inhabilitación al que fuera bizarro portavoz de la Generalidad golpista. Era cosa de ver la suficiencia con la que se manejaba ante la prensa, el ardor guerrero del monaguillo del proceso, su pericia como palmero del tres por ciento, grisáceo funcionario chivato del aparato convergente reciclado en separata con corbata de los que bramaron que "ni muertos" cuando Puigdemont se planteó convocar elecciones en vez de buscar la ruina con la proclama de una república de plastilina.

Turull, como todos, se riló ante las togas, pero antes de eso tenía la mirada del tigre y trataba a los plumillas de mierdas al sol. Su excolega de gabinete Santi Vila, al que Llarena no ha citado, lo retrata en su libro yo-no-he-sido (De héroes y traidores) como uno de los más fanáticos, de aquellos que decían que cómo iban a volver a su pueblo si no declaraban la independencia, de los que no podían defraudar a sus hijos adolescentes. Pero no es Llarena quien frena a Turull, el gafe tercerón. Tres veces fracasó en el intento de ser alcalde de su localidad y en la refundación de Convergencia no lo votaron ni para coordinador del cuarto de la fregona. Si las monjas de la CUP se tragan el sapo, la antisistémica agrupación de inadaptados de postín perderá el poco glamour electoral que le queda.

Pasa que, a estas alturas, el nombre es lo de menos. Tanto da Turull que Batet, Madaula, Madrenas o Quinquillà, sin perder de vista a Elsa Artadi o a Pujol, el de la radio del conde de Godó. Ahora ya no quieren repetir las elecciones y parecen dispuestos a investir a una escoba, la que sea mientras les valga para excitar a las beatas del lazo amarillo, agitar a los cuperos y seguir para bingo. La gente no sabe quiénes son Campdepadrós o Torra. Lo urgente es recuperar los despachos de la Generalidad para reanudar el golpe. Y lo dicen tal cual, sin cortarse un pelo. Que sepáis que vamos a estirar la goma hasta que se rompa, que vamos a ir de legales, pero para repetir el palo porque el que la sigue la consigue.

Si la actualización judicial de las conversaciones de los golpistas no fuera con tanto retraso, estaríamos en la fase del descifrado de los obscenos mensajes entre aspirantes a presidente o consejero sobre los preparativos sediciosos para formar un Gobierno autonómico de apariencia legal pero obediencia filibustera, levantar el 155 y recuperar la firma y las tarjetas de crédito del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que sufraga el pueblo. Ni se rinden ni cambian de rumbo.

La memoria histórica del PSOE
STANLEY G. PAYNE El Mundo 22 Marzo 2018

En el siglo XXI, la «memoria histórica» ha llegado a ser una frase familiar, y más en España que en otros países occidentales. ¿Qué se entiende por este término? Para sus proponentes, se refiere a la supuesta «memoria» de varios hechos y circunstancias ocurridos en un pasado relativamente reciente, y en España se emplea como una frase que se aplica no a la historia en general, sino mucho más específicamente a ciertos hechos de la represión contra las izquierdas durante la Guerra Civil y/o la dictadura de Franco. Normalmente, no se aplica a la represión de las derechas por las izquierdas durante la Segunda República y la Guerra Civil. Por ello, las izquierdas son las que solamente tienen «memoria histórica».

Todo esto forma parte del complejo de opiniones que componen lo que se llama corrección política o pensamiento único, que ha llegado a ser la religión secular de Occidente desde los últimos años del siglo XX. Su actitud hacia el pasado o hacia la historia, es categóricamente negativa en casi todos los países occidentales. Según esta ideología, la historia se ha venido distinguiendo por el dominio de las derechas, basándose, principalmente, en un conjunto de crímenes de la sociedad tradicional, que no era nada izquierdista, y de las muchas víctimas que sufrieron bajo ella. Según esta doctrina, la historia es el enemigo que no se ha de estudiar objetivamente ni tratar de comprender, sino que ha de ser expuesta, condenada y denunciada. La ideología de la corrección política es antihistórica en dos sentidos: primero, porque no tiene el menor interés en tratar de comprender la historia o estudiarla en serio, y segundo, porque desea oponerse a ella y denunciarla sistemáticamente.

En verdad, la memoria histórica no existe, porque se trata de un oxímoron o contradicción en términos. La memoria es exclusivamente individual, pero cada uno tiene una memoria algo diferente de las cosas, y un mínimo de experiencia de la psicología humana nos revela que es inevitablemente subjetiva, hasta entre personas de buena fe. La verdadera historia, en cambio, no se basa en las memorias individuales y subjetivas, sino en las fuentes y datos concretos de la investigación, ya sean documentos, archivos, fuentes primarias, publicaciones, testimonios u otros. Además, el estudio histórico no es una actividad meramente individual, sino que es el resultado de todos los historiadores serios y profesionales. Una obra colectiva. Por ello, la memoria histórica, como tal, no existe.

Es verdad que en la última parte del siglo XX, los historiadores académicos empezaron a investigar un campo nuevo que se llamó memoria colectiva, pero el concepto es muy diferente del de memoria histórica. Pierre Nora y los otros especialistas profesionales, no han pretendido que la memoria colectiva sea historia, porque reconocen que las opiniones que forman esta memoria no son verdaderas memorias en sí o un intento de estudiar la historia, sino que son actitudes formadas por sectores políticos, culturales o sociales del momento actual; estos es, productos del presente con respecto al pasado, acuñados para fines políticos, nacionalistas, culturales o sociales. Tal memoria merece la pena estudiarla y analizarla para entender el presente, no el pasado.

Por el contrario, los proponentes de la memoria histórica han sostenido que durante la Transición democrática se forjó un supuesto pacto del olvido con respecto a la historia reciente del país, lo cual es una tergiversación total de la historia de la Transición. Ello forma parte de los intentos de las izquierdas en el siglo XXI para deslegitimar la democratización de España y socavar su Constitución. Lo que de verdad existió durante la Transición no fue ningún pacto del olvido con respecto a la historia, sino un acuerdo general entre los principales grupos políticos de que no se emplearía la historia como arma arrojadiza o materia para controversias políticas presentes, sino que se la dejaría en manos de los escritores e historiadores.

Quienes vivimos la democratización de España sabemos que no solamente no hubo ningún olvido sino que, por el contrario, una mayor atención a la historia que en cualquier otro momento anterior. Hubo toda clase de publicaciones y presentaciones de la historia reciente, ya fuera en forma de artículos y libros de los estudiosos, o de publicaciones populares, o en las revistas y periódicos, en la radio, la televisión o el cine. Fue el momento de la historia contemporánea de España en la que hubo más atención hacia la historia, poniendo el acento en no repetir los mismos errores que habían tenido lugar décadas atrás.

Dicho acuerdo se rompió por vez primera y de forma seria, al utilizar la historia para fines políticos, durante la campaña electoral de 1993 por parte de Felipe González y los socialistas. El PSOE corría entonces el riesgo de perder unas elecciones tras 11 años de Gobierno y, en su desesperación, sacó del armario el anatema del franquismo, proclamando que votar al Partido Popular significaría la vuelta a la dictadura. Tal vez esto pudo tener algún efecto en la citada campaña, pero no en las dos siguientes elecciones, la de 1996 y la del 2000 ganadas por Aznar y el PP, y la última por mayoría absoluta.

En el siglo XXI, el argumento histórico sectario ha llegado a ser fundamental para las izquierdas desprovistas de sus banderas y doctrinas de antaño. Y como ocurre en otros países, el recurso es siempre la utilización espuria de la historia -allí están los culpables- que, de forma maniquea, intenta imponer su hegemonía cultural e ideológica, a falta de ofrecer soluciones para los problemas de la sociedad del siglo XXI. Bajo Zapatero, la vuelta al guerracivilismo fue la característica ritual de movilización política. Lo que culminó con la mal llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque de hecho, su desarrollo ha sido más limitado que lo deseado por los sectores más radicales izquierdistas.

La fragmentación de la estructura política en las izquierdas ha dado un mayor impulso y énfasis al argumento de la memoria histórica, tanto entre la extrema izquierda como entre los socialistas de Pedro Sánchez. Y así, el pasado 22 de diciembre el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una nueva proposición de ley para reformar y ampliar la ley de 2007. Este proyecto de ley pretende crear una Comisión de la Verdad de 11 miembros votados por el Parlamento para dictaminar sobre la verdad histórica.

Ello sería una monstruosidad, porque en una democracia la libertad de investigación y estudio, y la interpretación de la historia es un derecho civil básico, pero la creación de esta especie de checa nacional de la historia sería meramente el comienzo. De salir adelante, tendría el poder de actuar como juez y parte en cualquier controversia o discusión histórica, además de dar al Ministerio de Educación instrucciones sobre el modo de enseñar la Historia.

Los detalles de esta ley son extensos y complicados, con instrucciones sobre la investigación, la preservación de datos y la creación de nuevos símbolos y monumentos. Cualquier infracción de estas medidas serían punibles con una serie de castigos, que incluyen multas de hasta 150.000 euros, penas de prisión de hasta cuatro años, la destrucción de obras publicadas y la inhabilitación de los docentes en su profesión por hasta 10 años. Cualquier asociación o fundación declarada culpable de infracción grave sería disuelta.

Esta ley marcaría un primer paso en la deconstrucción de la democracia española actual y del Estado de derecho, porque propone crear una versión oficial de la verdad histórica, instaurando una especie de sovietismo suave, como también se ha visto en otros países europeos, que atenta contra la libertad de expresión, algo fundamental para la existencia del Estado de derecho. Además, la restricción o eliminación, en cierta medida, del debate sobre la historia por acción u obra del Gobierno o Parlamento sería absolutamente odiosa.

Resulta algo más que notable que sea siempre el partido socialista el que presente este tipo de leyes. Parece que el PSOE no tiene mucha memoria de su propia historia. A modo de jalón, en octubre de 1934 fue el partido socialista el que recurrió a la violencia política masiva en contra de las instituciones de la República democrática, provocando centenares de víctimas y desencadenando el proceso revolucionario que conduciría a la Guerra Civil. Los hechos históricos están ahí y es ahí donde deben quedarse, y no traerlos a la discusión política actual. ¿Por qué el socialismo de Zapatero y Sánchez repudia la socialdemocracia de la época de Felipe González y la Transición? ¿Por qué en el siglo XXI los socialistas españoles quieren volver a su vómito, ahora con la única ventaja de querer emplear la coacción del Estado en vez de la violencia partidista de antaño?

La democracia exige la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Un Estado democrático no puede establecer una versión oficial de la historia e imponerla a sus ciudadanos. Eso sería puro sovietismo, suave, pero no democracia, porque la democracia occidental es mucho más que elecciones; es el respeto a la opinión y la garantía del Estado de derecho. Los socialistas deben estudiar y aprender de su propia historia, que parecen ignorar, y no pretender dar leyes de Gran Hermano a la sociedad española.

Stanley G.Payne es historiador e hispanista.Su último libro es En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras.(Espasa).

Podemos, contra la reconciliación
Cristina Losada Libertad Digital 22 Marzo 2018

Lo que intentaron en el Congreso fue la 'derogación' de la reconciliación y de la Transición para viajar al 'año cero' con el que fantasea la nostalgia podemita por la 'ruptura'.

El otro día, en el Congreso, Podemos y los partidos nacionalistas quisieron modificar la Ley de Amnistía de 1977. En realidad, querían hacer algo más. Por eso tuvieron que falsear el sentido de aquella ley, que fue aprobada por abrumadora mayoría en las primeras Cortes democráticas después de la dictadura. Su alcance, como es sabido, cubría tanto los crímenes de la represión franquista como los de ETA, cosa que no impidió que los milis recibieran la aprobación del proyecto con el asesinato del presidente de la Diputación de Vizcaya y sus dos escoltas. Su sentido lo expresó claramente Marcelino Camacho, diputado del PCE, al principio de su breve discurso en defensa de la ley:

Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?

Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso.

Reconciliarse entre los que se habían estado matando, enterrar los rencores y así verdaderamente enterrar a los muertos –a todos–, cerrar una etapa y abrir otra. Ese fue el sentido profundo y necesario de la Transición. Sin él, no se habría hecho ni se hubiera podido hacer. Y la Ley de Amnistía fue de una de las piezas destinadas a sellar la reconciliación. Por eso puede decirse que lo que pretendían Podemos y los nacionalistas no se reducía a una modificación con la que se quería abrir la puerta a juzgar a responsables –si siguen vivos, habría que añadir– de "delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos". Lo que intentaron en el Congreso fue la derogación de la reconciliación y de la Transición para viajar al año cero con el que fantasea la nostalgia podemita por la ruptura.

La diputada de Podemos que presentó la propuesta no sólo omitió y tergiversó el sentido de la Ley de Amnistía vinculado a la reconciliación. Llegó a decir que "había llegado el tiempo de la verdad, de un país sin miedo que reescribe la historia", como si la verdad sobre los hechos históricos estuviera proscrita y hubiera algún miedo a conocerla. Decir esto hoy es de una ignorancia lastimosa o de un cinismo político pétreo. Hay pocos episodios históricos más explorados que la guerra civil española, y abundan las investigaciones sobre la represión de la dictadura. Habrá interpretaciones distintas, habrá versiones diferentes de los hechos, pero no se puede decir que la verdad está lejos de ser conocida y que el miedo impide conocerla. La confusión de la verdad factual con la verdad moral y la sustitución de la historia por la memoria se encuentran entre los estragos causados por la política de memoria histórica.

¿Quiere reescribir Podemos la historia? Adelante. Nadie impedirá que la reescriba como le dé la gana. Nada impide que la reescriba entera, empezando por la de la guerra civil, la dictadura y la Transición. De hecho, la reescriben constantemente. Más aún, sus dirigentes viven en una historia reescrita. Tal vez porque sus padres mintieron, como en el poema de Kipling. Aunque el motivo no importa. Si lo que quiere Podemos es reescribir la historia de España, puede. Pónganse a ello. Mientras no intenten imponerla como una verdad oficial, no hay ningún problema. Pueden interpretarla como les plazca y pueden falsearla a ver si cuela. Lo único que no pueden es cambiarla.
 
Podemos y la gimnasia revolucionaria
Jorge Vilches. vozpopuli 22 Marzo 2018

El teatro es hoy muy similar a aquel que promovieron Bakunin y Malatesta: concejales aburguesados agitan la calle, justifican la violencia, y claman contra la "emergencia social" provocada por el "malvado capitalismo"

Bakunin no tenía dientes. Tampoco era un gran trabajador. Incluso sus más cercanos decían que era capaz de escribir sin descanso un par de días, cobrar, y luego tumbarse una semana. Era un maestro del sablazo a amigos y queridas, un okupa en casa de colegas. No escribía de forma sistemática, ni tenía solidez filosófica. Lo que sí sabía aquel aristócrata ácrata era agitar, conspirar y propagar ideas revolucionarias, de esas que disuelven para no dejar nada más que charcos y tragedia. Esto no se consigue solo, claro; reunió a un grupo de adoradores con talento que crearon escuela. Uno de aquellos anarquistas perspicaces fue Errico Malatesta, quien acuñó el lema “gimnasia revolucionaria”.

La idea es bien sencilla: es preciso acostumbrar a la sociedad a pequeñas dosis de violencia “proletaria” y, al tiempo, justificarlas por la “emergencia social”. Estas acciones colectivas, con enfrentamientos callejeros, consignas y banderas, deben servir de entrenamiento, de “gimnasia” para la preparación del encuentro final contra el orden burgués; esto es, en espera de la sacrosanta y taumatúrgica “revolución”. Es, para entendernos, la versión madura y con estudios del “hace falta tensión” de Zapatero.

La idea triunfó en España, cómo no. El pueblo, decían, no estaba todavía preparado para “la revolución”, por lo que había ir generando en la opinión pública la sensación de que la grave situación social y el engaño institucional solo dejaban una vía: la explosión de violencia. Por supuesto, todo debía parecer espontáneo, aunque los hilos de los profesionales de la revolución se vieran a kilómetros.

Esos revolucionarios profesionales sueñan con que brote un enemigo tan violento y totalitario como ellos. Necesitan su némesis, y por eso se la inventan. "¡Fuera el fascismo!"

Ni que decir que Mayo del 68 y sus aledaños se apropiaron de aquella estrategia del anarcobolchevismo. Intelectuales y estudiantes burgueses que jugaban a contradecir a papá y a mamá vieron en la “gimnasia revolucionaria” una obligación moral. No importaba que los anarquistas de la FAI hubieran usado el lema para asesinar, torturar y robar durante la Guerra Civil, ni que fuera contraproducente pedir la paz en Vietnam y, a la vez, defender el genocidio de la Revolución cultural china. Todo valía para hacer la revolución de juguete: desde un adoquín hasta un porro.

Pero además de toda esta pantomima de serie nostálgica y progre de televisión, seguían estando los revolucionarios profesionales, los desdentados de Bakunin, esos que nunca habían dado un palo al agua, que vivían del sablazo familiar, y que, poco después, conseguían un buen puesto burgués.

El teatro es hoy el mismo: concejales enriquecidos y aburguesados agitan la calle, inducen y justifican la violencia, y claman contra la “emergencia social” provocada por el “malvado capitalismo” y ésta “democracia ciega”. Son pocos, pero ruidosos y violentos. Apenas juntan dos puñados, y sin embargo ocupan minutos y minutos de desgarros indignados en la tele.

No hay famélicas legiones reclamando lo que piden, pero ellos, esos políticos que juegan a revolucionarios, se hacen hoces y martillos en el pecho prometiendo que son demandas generales y acuciantes. “Otro mundo es posible”, pero solo es posible el que ellos quieren dictar. Con sus millonarios sueldos y coches de lujo, casas y secretarios, sin currículum válido para la empresa privada, claman contra las desigualdades.

La diferencia con otros momentos históricos es que quien hoy promueve la citada “gimnasia” está en las instituciones, dando órdenes con el iPhone desde el BMW"

Esos revolucionarios profesionales sueñan con que brote un enemigo tan violento y totalitario como ellos. Necesitan su némesis, y por eso se la inventan. “¡Fuera el fascismo!”, gritan hasta la extenuación. Pero en España, afortunadamente, no hay una organización fascista que ocupe más de un taxi. Da igual. Sacan a sus tropas de asalto, hacen volar sillas contra la policía, queman mobiliario urbano por valor de cien mil euros, roban tiendas, rompen coches, espantan al turismo, e insultan a todos los que no piensan como ellos.

Es la “gimnasia revolucionaria”, que diría el italiano Malatesta. Ha existido siempre, desde que a Bakunin se le ocurrió en las calles del París de 1848. Son cuatro ejercicios básicos: agitar, crear conflicto, recurrir a la violencia, culpar al sistema.

Los nostálgicos del 68, cuya murga es audible a dos meses del cincuentenario, envuelven esa estrategia en romanticismo y humanitarismo. Nada más lejos de la realidad: es instrumentación de la gente en beneficio propio. La diferencia entre otros momentos históricos y el actual es que hoy, quien promueve la citada “gimnasia” está en las instituciones. Sí, ahí están, dando órdenes con el iPhone, mientras viajan con su BMW para no mezclarse con los burgueses sin conciencia social.

Que marque la ‘X’ Novell
OKDIARIO 22 Marzo 2018

La Iglesia Católica en Cataluña continúa mostrando su desprecio por la legalidad vigente al mantener la connivencia con los golpistas. Después de que los capuchinos de Sarrià (Barcelona) ofrecieran una misa a favor de los separatistas encarcelados el pasado martes, ahora la revista de curas catalanes El Bon Pastor ha pedido la libertad para los “presos preventivos”. No escatiman en el fondo, pero tampoco en la forma. Lejos de disimular, utilizan una terminología que es en sí misma una justificación implícita y explícita a las acciones que estos pirómanos de la política han desarrollado para tratar de subvertir el orden constitucional que articula España. Que no se extrañe nadie en la Conferencia Episcopal, por tanto, de que el número de declaraciones de la renta a favor de la Iglesia haya caído por primera vez desde 2007. Hay una gran mayoría de españoles que colaboran con las necesarias obras de caridad que desarrolla esta institución en toda España. No obstante, mientras siga su cercanía a los sediciosos, la confianza no puede ser la misma de ninguna manera.

Con semejante actitud, lo único que conseguirán es que todavía caiga más, pues incluso los fieles más convencidos son incapaces de entender por qué una de las instituciones más importantes del país se ha alineado en Cataluña con aquellos que quieren hacer trizas su unidad y, además, se dedican a perseguir a todos aquéllos que creen en una España cohesionada y próspera. Un espíritu, el de la prosperidad y la unión para el prójimo, que debería ser defendido por los dirigentes eclesiásticos. Sin embargo, guardan silencio ante lo que ocurre en las parroquias de la comunidad autónoma. Con su apoyo, legitiman a unos representantes de la secesión que sólo buscan separar, enfrentar y perseguir. Lamentablemente, estos últimos hechos, lejos de ser la excepción, son la norma que se repite desde hace meses. El mismo convento de Sarrià organizó un ayuno cuaresmal a principios de marzo.

Ayuno que supuso un rotundo fracaso al que sólo acudieron 14 personas, pero que sirvió para ahondar en el desafío a nuestro Estado de Derecho. Por su parte, la librería de los misioneros claretianos de Barcelona es un auténtico bazar repleto de publicaciones sediciosas con títulos como ‘Cien motivos para ser independentista’. Por no hablar de la Iglesia Pompeia de la propia ciudad condal, que en septiembre del año pasado sirvió de sede para la ofrenda de una señera, un triángulo azul y una estrella blanca de votación del referéndum ilegal. Incluso 300 sacerdotes catalanes definieron el 1-O como algo “legítimo y necesario”. Con esta inaceptable trayectoria, que marque la ‘X’ el obispo independentista Xavier Novell. La gran mayoría de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España, están cansados ya de esta farsa que de persistir acabará siendo la ruina de todo el país.

Irán: Los europeos se vuelven a equivocar
Rafael Bardají gaceta.es  22 Marzo 2018

Hace dos años largos los europeos adoptaron una postura cómoda pero equivocada: arrodillarse ante el ansia del entonces presidente americano, Barack Hussein Obama, por alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa clandestino, ilegal e injustificable, nuclear. Los europeos dieron el visto bueno a una pantomima diplomática que, lejos de resolver el problema, un Irán atómico, tan sólo lo postponía unos años. Así, en 2015 se firmaba el oficialmente denominado Plan de Acción General Conjunto o JCPOA en sus siglas en inglés. Obama necesitaba ese acuerdo porque su plan era normalizar Irán y reintroducir ese país en la comunidad internacional. Los europeos querían quedar bien con el presidente norteamericano, ser vistos como relevantes en las grandes decisiones mundiales y, además, poder beneficiarse del levantamiento de las sanciones y empezar a comerciar con los iraníes.

El acuerdo, como ha dicho repetidamente el actual presidente, Donald Trump, fue “el peor acuerdo jamás negociado por Estados Unidos”, “una vergüenza” y “el producto de unos pésimos negociadores”. Y, efectivamente, si el objetivo era impedir de una vez por todas -y para siempre- que Irán si hiciese con un arsenal nuclear, el JCPOA es un absoluto fracaso. Ciertamente impone ciertas restricciones en el desarrollo del enriquecimiento de uranio y plutonio, pero no cierra la investigación ni la modernización de la infraestructura atómica. Y aún peor, establece que, pasados 10 años, Irán estará libre de emprender su carrera nuclear con total libertad. A cambio, Irán recibiría miles de millones de dólares congelados en sus cuentas en el extranjero y vería levantarse todas las sanciones económicas progresivamente.

No es de extrañar por tanto, que Irán se sintiera el ganador neto con este acuerdo y se envalentonase para proseguir su estrategia de expansión en toda la región, de Teherán a Beirut, pasando por Yemen, Irak y Siria. De hecho, nunca antes el régimen de los ayatolas, chiita, islámico, revolucionario, ye con ambiciones hegemónicas, ha estado tan presente en los países de Oriente Medio, jugando decisivamente a determinar su futuro. En Yemen, castiga con los Hutus, la retaguardia de Arabia Saudí; en Siria, sin sus milicias y asesores militares, el Assad habría caído hace tiempo; por no hablar del Líbano, un estado zombi poseído por la creación iraní del grupo terrorista Hizballah. Por otro lado, el régimen iraní ha acelerado en estos dos años sus investigaciones y ensayos de misiles balísticos de largo alcance así como los misiles de crucero, sin subterfugios ni engaños, a plena luz del día. No, Irán lejos de “normalizarse” sigue siendo un régimen revolucionario, fundamentalista, expansionista y enemigo de Occidente. Sólo que ahora, tras el acuerdo de 2015, con más dinero en sus bolsillos.

Cuando el pasado mes de octubre Donald Trump se negó a certificar que Irán cumplía con las condiciones del acuerdo, los europeos se llevaron las manos a la cabeza y se lanzaron a repetir la triste letanía, que se ha vuelto tradicional ya, de “el acuerdo funciona”. Y, teniendo mis reservas sobre el buen funcionamiento, habida cuenta de que el régimen de inspecciones requeridas no se ha podido poner en marcha por la negativa iraní, tengo que decir que aunque el JCPOA “funcione”, eso no quita para que sea un pésimo acuerdo, que es lo que en realidad es.

En enero, el presidente americano dio un nuevo giro de tuerca y declaró que daba 120 días a los europeos para alcanzar un acuerdo sobre cómo “arreglar” los fallos del acuerdo con Irán, especialmente el tema de las inspecciones y la fecha de caducidad, los 10 años, más conocida en el argot profesional como la “sunset clause”. Trump no quiere que en unos pocos años Irán se convierta en una potencia atómica. El problema es que lo que para los americanos son fallos del acuerdo, para los europeos son concesiones que hubo que hacer para que los ayatolas firmasen y les da auténtico pavor poner en peligro su gran obra diplomática. En cualquier caso, han preparado cuidadosamente una respuesta colectiva a lo que consideran un ultimátum del presidente americano, básicamente un acuerdo para sancionar el avance injustificable de misiles balísticos de largo alcance y poco más. Su apuesta es que la Casa Blanca se avenga a una reforma cosmética y que deje intacto el marco del JCPOA. Y es ahí donde los europeos vuelven a equivocarse: Trump puede que no se contente con un “fake fix”, un arreglo falso, y sí esté dispuesto a abandonar unilateralmente el acuerdo con Irán. Puede y tiene toda la legitimidad para hacerlo. El 12 de mayo se acaba el plazo y si los europeos siguen sin querer encarar la revisión del JCPOA con seriedad, tendrán que hacerse a la idea de que se han quedado solos de la mano de Irán.

Hay quien cree que los europeos podrán respetar y sostener sin América el acuerdo con Irán, pero eso es una ilusión. Si Estados Unidos reintroduce sanciones contra Irán, todas las compañías europeas que hagan negocio con los iraníes y tengan intereses en los Estados Unidos se verán afectadas tarde o temprano por la nueva política americana. Tendrán que elegir entre sus intereses en Irán y sus negocios en América o condiciones a través del sistema financiero controlado por los bancos americanos. ¿Y dónde está el verdadero negocio? Ya se lo adelanto yo: no en las manos de la Guardia Islámica Revolucionaria iraní.

Hay quien sinceramente piensa que cualquier alternativa al JCPOA será peor y que lanzará a los ayatolas a acelerar su programa atómico. Pero tampoco parece muy probable. El régimen de Teherán nunca ha optado por hacerse con la bomba de la manera más rápida, sino de la manera más segura para su propia supervivencia. Y no es probable que cambie de táctica en un momento donde su debilidad interna se ve sacudida por continuas protestas de todo tipo en las calles de las principales ciudades. Es más, cualquier nueva provocación en materia atómica forzaría a los resignados europeos a poner fin también al acuerdo y a volver a imponer sanciones. No es eso lo que quieren los iraníes.

Es decir, no es lógico pensar que trata el JCPOA viene el Apocalipsis y sólo nos quedan opciones militares a considerar. En todo caso, la ceguera de los europeos nos volverá a colocar en una posición marginal en el mundo, contra las cuerdas y con más fricciones con Estados Unidos. Y todo ese coste sin lograr el objetivo de preservar el acuerdo, el mal acuerdo. Un triunfo más de nuestra preclara diplomacia.

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Llarena, Turull y la disparatada aplicación del 155
EDITORIAL Libertad Digital 22 Marzo 2018

Queda una vez más en evidencia la falta de previsión cometieron la insensatez de recurrir al artículo 155 sólo para convocar nuevas elecciones.

Si en el editorial de ayer lamentábamos la demora en el inicio del juicio por el 1-O y el hecho de que Pablo Llarena hubiese concedido la libertad provisional a Jordi Turull sin haber renunciado el golpista a la actividad política –único ámbito en el que existía riesgo de reiteración delictiva por su parte–, hoy no cabe sino felicitar al juez instructor por una providencia que bien podría poner fin a los dos motivos de queja. Ciertamente, el auto de procesamiento, que se notificará este viernes a todas las partes, no sólo constituye el paso previo al esperado juicio, sino una oportunidad para que el juez reconsidere algunas de las medidas cautelares que adoptó en su día.

A este respecto, no tendría sentido alguno que Llanera mantuviese en prisión preventiva a Joaquim Forn, dado que renunció en enero a su acta de diputado, y, al tiempo, mantuviera en libertad provisional a otro golpista que, lejos de renunciar a nada, pretende incluso relevar al fugado Puigdemont al frente de la Generalidad, aupado por las mismas formaciones secesionistas que respaldaron la rebelión institucional objeto de juicio. Téngase en cuenta, además, que el tribunal puede aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que implica la suspensión automática para el ejercicio de cargo público a los investigados –en este caso, por rebelión– contra los que se haya dictado este tipo de auto y decretado prisión.

Con todo, parece que las formaciones secesionistas no tiran la toalla en su pretensión de colocar a cualquier golpista encausado como sucesor o testaferro de Puigdemont, para así explotar internacionalmente su victimismo. Buena prueba de ello es el surrealista pleno de urgencia –propio de una república bananera– que el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, ha convocado este miércoles, con ominosa nocturnidad, para investir este mismo jueves a Turull como presidente de la Generalidad.

Aun cuando los secesionistas lograran perpetrar tamaño fraude de ley, rehuyendo la preceptiva ronda de contactos con las formaciones constitucionalistas –una de las cuales, por cierto, fue la más votada en los comicios de diciembre–, la investidura exprés de Turull tendría escasísimo recorrido –salvo por sus engañosos fines propagandísticos– si el juez Llarena retiraraal golpista la libertad provisional que le concedió en diciembre, y con ello su recién estrenada condición de molt honorable.

Todas estas arteras maniobras de los secesionistas, lejos de reflejar el menor propósito de enmienda, demuestran que nos encontramos en la tercera fase del proceso secesionista iniciado en 2012. Es tan evidente como la falta de previsión de quienes perpetraron el temerario disparate de recurrir al artículo 155 sólo para convocar unas elecciones autonómicas.

La impermeable defensa de la ley
EDITORIAL El Mundo 22 Marzo 2018

Ajeno a los tiempos y estrategias del poder ejecutivo, como debe ser en democracia, el Tribunal Supremo continúa impertérrito su labor de investigación para esclarecer responsabilidades por el golpe institucional en Cataluña. El magistrado Pablo Llarena ha citado mañana viernes por la mañana a seis dirigentes independentistas -sobre los que pesan cargos de rebelión, sedición y malversación- a los que notificará el auto de procesamiento de su causa y la celebración de una vistilla en la que decidirá si vuelven a ingresar en prisión o no.

Entre los citados figura Jordi Turull, en quien el independentismo había depositado sus esperanzas de investidura. Mientras los partidos que forman la mayoría secesionista se obstinen -con la complicidad del presidente Torrent- en proponer candidatos con cuentas pendientes en los tribunales, Cataluña seguirá privada del autogobierno que le reconocen la Constitución y el Estatuto. Existe la posibilidad de que Turull ingrese en prisión preventiva mañana mismo: sólo depende de que Llarena advierta riesgo de reiteración delictiva. El adelanto urgente de la investidura de Turull por parte de las fuerzas soberanistas responde a la intención desleal de sostener el desafío al Estado. La respuesta debe ser una contundencia proporcional.

Junto a Turull, el Supremo ha citado a otros cinco investigados en la causa por el mismo motivo: Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament; Marta Rovira, secretaria general de ERC y la única que ha evitado la cárcel de momento; y los ex consejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Todos ellos son diputados en el Parlament. Sobre todos ellos se cierne un sombrío horizonte penal, al margen de las maniobras victimistas que orqueste en respuesta el independentismo.

Un pasatiempo apasionante en los foros de debate consiste en calcular si la aceleración que acaba de imprimir Llarena a la instrucción conviene o no al contexto político. Tal curiosidad está justificada y al mismo tiempo es irrelevante. Está justificada porque, con su escueta notificación, Llarena parece contradecir el nuevo criterio impuesto por la Fiscalía General del Estado, partidaria ahora de facilitar excarcelaciones. Un giro judicial con previsibles efectos políticos para desbloquear no sólo la gobernabilidad de Cataluña sino la propia duración de la legislatura, subordinada a la aprobación de unos Presupuestos que el PNV ha condicionado al levantamiento del 155. Pero si se le atribuyó a Llarena un exceso de cálculo cuando retiró la euroorden contra Puigdemont para que no se devaluara la causa, nadie puede escatimarle ahora su escrúpulo legal, impermeable a las presiones políticas. Por eso es irrelevante entregarse a conjeturas sobre el gusto o disgusto del Gobierno: lo que importa es que prevalezca la ley. Más cuando se dirime la unidad de la Nación y los derechos políticos de todos los españoles.

El socialismo es el robo legalizado
Cristina Seguí okdiario 22 Marzo 2018

A tenor de la instrumentalización de los pensionistas por parte de Sánchez y de la salvajada de sus propuestas para salvaguardar la dignidad de nuestros mayores, de su “Comisión de la Nación de naciones” constituida por “expertos” que piden un “trato diferencial” para Cataluña, y de su amancebamiento con Bildu, Podemos y el PNV para tumbar la Prisión Permanente Revisable, podemos dilucidar que el obsoleto aforo intelectual del secretario general socialista sigue tan arrasado como en 2015. En pie y a la vanguardia de las políticas que han consolidado la ruina mundial socialista y el fracaso personal que ha enterrado a sus homólogos europeos. Hamon, Schulz, y el auto destierro de la prédica del gasto público por parte de Valls, son sólo algunos ejemplos. El genial cronista económico John Müller resumía magistralmente la fórmula del fraude socialdemócrata: “España es el ejemplo de cómo los socialistas corrompen a la sociedad ofrendiéndole el camino del asistencialismo y del reparto”. Lo sucedido este mes con el engaño a los jubilados es uno de los mejores ejemplos de cómo hurtan la productividad de los demás para repartirla a su antojo.

Sánchez tiene la misma legitimidad para defender pensiones dignas que una madame de carretera para defender la castidad en un convento de ursulinas. Ricardo García Damborenea, socialista y condenado por colaborar en el secuestro de Segundo Marey, cobra al mes 2050€ de pensión. Juan Pedro Hernández Moltó, diputado socialista condenado por un delito societario de falsedad contable, se enfunda 247,99€ al mes. Estos son sólo dos ejemplos del más de centenar de exparlamentarios que aún cobran pensiones del Congreso. En la Comunidad Valenciana el gobierno socialista ya abona una renta de más de 532€ a los inmigrantes ilegales que jamás han cotizado un euro. ¿Saben los pensionistas todo esto?

Sánchez apostó en 2017 por una reforma fiscal que, en años sucesivos, conllevará una subida de impuestos en 30.000 millones de euros a costa de situar la presión fiscal en el 41% del PIB con la excusa de “cubrir las prioridades del gasto social”, es decir, buscar una justificación moralista para acabar con los cotizantes que sostienen las pensiones con el único objetivo de pagar el modelo de Estado plurinacional que, el de Ferraz, ya ha consolidado en las Comunidades Autónomas a manos de sus barones. El hortera y tradicional proyecto socialista: un Estado feudal en el que los derechos de las clases medias y bajas siempre han sido entregados a una administración elitista, nacionalista y privatizadora. Sánchez lleva 3 años dedicándose a derribar los medios y recursos independientes inmunes al poder político para entregar y acumular el poder y el capital privado en las manos de los administradores públicos. Transfiriendo el poder del individuo al poder de políticos y funcionarios.

Son ejemplos indiscutibles la Comunidad Valenciana, y Baleares convertidas en “No Go Zones lingüísticas” en las que el español está proscrito. Los únicos padres libres del sometimiento que les impide educar en libertad a sus hijos son los ricos que pueden costearse un colegio privado. Aquellos que no pueden pagárselo son maniatados. Los funcionarios que no acatan la dictadura lingüística de los bastiones socialistas han de huir hacia otros pagos. El proselitismo del analfabetismo educativo y universitario de su modelo público es inevitable salvo crédito millonario, y el alarmante aumento de las listas de espera de enfermos por las reversiones de la colaboración público-privada en el sector sanitario está condenando violentamente la vida de enfermos oncológicos en regiones como la valenciana porque estos no pueden elegir siquiera en qué hospital quieren ser tratados. La existencia de Sánchez es positiva porque nos recuerda como el socialismo es inherente a la pérdida de derechos, la ruina y a las expectativas de vida comprometidas. El socialismo es el robo legalizado.

Proceso al «procés»
 larazon 22 Marzo 2018

La fase de instrucción llevada a cabo por el juez Pablo Llarena por intentar declarar la independencia de Cataluña saltando por encima de la legalidad vigente está llegando al final. El magistrado ha citado mañana a todas las partes –Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación particular– e investigados para notificarles el auto de procesamiento. Además, ha convocado a seis de los encausados: a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa y a la número dos de ERC, Marta Rovira. Dicha comparecencia está prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que permite una «audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza».

Es decir, se abre la posibilidad de que el juez del Supremo imponga medidas cautelares de cárcel. De ser así, se planteará la inhabilitación en cargo público, lo que impediría de forma automática que el candidato de JxCat para la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, pudiera acceder al cargo. Esta posibilidad está abierta para los delitos de rebelión, porque, en aplicación del 384 bis de la LeCrim, «el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

La estratagema que abrieron ayer los independentistas de convocar con urgencia un pleno hoy para investir a Turull no deja de ser una manera de no reconocer la situación: Cataluña no puede tener al frente de la Generalitat a un político encausado por rebelión. Querer simular una supuesta normalidad y ganar tiempo con candidatos que han estado en la primera línea de este golpe a las instituciones democráticas –primero, Puigdemont; luego, Jordi Sánchez y, ahora, Turull– es persistir en la pérdida del sentido de la realidad que ha caracterizado al «proceso». Si la ronda de contactos que arrancó anoche por teléfono el presidente del Parlament, Roger Torrent, quiere resolver la investidura en una horas, se volvería a ir en contra el propio reglamento de la Cámara y de la Ley de la Presidencia que establece que el nombramiento debe hacerse tras un debate y unos tiempos.

La instrucción de Llarena se ha realizado en un plazo breve para la complejidad del caso, en el que hay 28 investigados –que no tienen por qué ser procesados todos–, han participado diferentes departamentos de la administración de la Generalitat, se han ocultado cuentas para las autorizaciones de pago, mientras que las decisiones políticas ha sido un constante ejercido de fraudes de ley. A lo largo de la instrucción, el magistrado ha acumulado pruebas suficientes de que se han cometido delitos graves, más de los evidentes, haciendo un uso de las instituciones para incumplir la legalidad, utilizando fondos públicos en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional u organizando un referéndum previamente ilegalizado con la colaboración desleal de los Mossos d’Esquadra.

Llarena sostuvo desde el principio el delito de rebelión y lo ha mantenido hasta el final –en su instrucción queda todavía el de malversación–, con el apoyo además de los tres magistrados de sala. Todo indica que defenderá dicho delito y la suspensión automática de cargo público en el supuesto de encarcelamiento preventivo siguiendo la sentencia del TC de 1994 en la que se aplica a «delitos que conllevan un desafío mismo a la esencia del Estado democrático» como es el supuesto de la rebelión. Los líderes independentistas a los que se les comunicará mañana su procesamiento por rebelión nunca tuvieron en cuenta que el Estado de Derecho no podía permitir un ataque que pusiera en peligro nuestra legalidad democrática.

Cataluña: no escarmientan
Pablo Sebastián republica 22 Marzo 2018

El número de los payasos de las bofetadas entre ellos en el circo de tres pistas en el que habitan los políticos del nacionalismo separatista catalán empieza a cansar al público y también a los actores. Pero parece que el espectáculo se vuelve a reanudar porque el loco de Waterloo no acaba de imponer sus criterios.

Y porque la Justicia, lenta pero segura, avanza con firmeza implacable muy a pesar de la extraña petición del Gobierno de Rajoy, a través del Fiscal General del Estado, a los fiscales del Supremo para que soliciten la libertad bajo fianza de 100.000 euros del ex consejero de Interior Joaquim Forn.

Lo que ha ocurrido en ‘feliz coincidencia’ con la convocatoria del juez de Tribunal Supremo Pablo Llarena a seis dirigentes soberanistas implicados en el golpe de Estado catalán del 27-O de 2016 (Rovira, Pascual, Forcadell, Turull, Romeva y Bassa) para que acudan a su juzgado este viernes.

Convocatoria que ha encendido las alarmas en el seno de los partidos y coaliciones soberanistas catalanas ante el temor de que todos ellos sean procesados e incluso que alguno de ellos o varios de ellos puedan ir a la cárcel, donde ya están Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart.

De ahí la posible convocatoria urgente de un pleno del Parlament para que en una sesión extraordinaria del este jueves poder investir presidente de la Generalitat a Jordi Turull. De esa manera Turull se presentaría el viernes ante el juez investido como presidente de la Generalitat, lo que en absoluto va a impresionar al magistrado Llarena que seguirá su camino procesal.

Eso sí, esta convocatoria de Llarena les sirve de excusa a ERC y PDeCAT para obligar a Puigdemont a aceptar a Turull como candidato una vez que Jordi Sánchez ha renunciado al acta de diputado, con lo que las maniobras de la coalición JxC parecen de momento diluidas. Asimismo la convocatoria del juez les sirve a los promotores de Turull para intentar que la CUP acepte su presidencia y abandone su pretendida abstención.

Naturalmente, convocar y celebrar un pleno de investidura a esa velocidad no es tan fácil como se imagina Torrent y si violan o fuerzan el reglamento se pueden encontrar con la anulación de la investidura de Jordi Turull y a partir de entonces vuelta a empezar.

Ahora bien ¿por qué el Gobierno quiere sacar de la cárcel a Forn? Se dice que porque sufre una incipiente enfermedad, pero no está claro que así sea y por ello se sospecha que pueda haber algo más.

El procés, un compendio de malas artes
Teresa Giménez Barbat okdiario 22 Marzo 2018

El patético desvarío en que se ha convertido lo que dio en llamarse procés rindió ayer uno de sus episodios más insólitos. Tras desayunarnos con la noticia de que el candidato al que Puigdemont había dado el visto bueno, Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC, renuncia a la actividad política —sí, en efecto, el círculo de Waterloo había propuesto como presidente de la Generalitat a un preso en desbandada—, supimos que el siguiente participante en el casting para el papel de jefe del Govern, Jordi Turull —el tercero de los Jordis—, ha sido citado el viernes por el juez Llarena —junto con Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira— para una vistilla de medidas cautelares, con el ingreso en prisión en el horizonte. El que fuera fiel escudero de los Pujol, y que ha quedado como único representante de cierto relieve en Junts Per Catalunya de la antigua Convergència —no en vano, fue el gran valladar del partido en los casos Palau y 3%—, figura imputado en la macrocausa que se sigue en el Supremo contra los instigadores del intento de secesión.

Recordemos, a este respecto, que Turull, uno de los diputados más obstinadamente marrulleros que ha visto pasar la institución desde su restablecimiento en 1977, ya sabe lo que es dormir entre rejas. Con todo, el principal obstáculo para su elección no es la cárcel, sino la CUP, que lo ve como la encarnación de la Convergència más opaca, corrupta y sectaria. Llegados a este punto, y pese a lo risibles —por ridículos— que puedan parecer los estertores del procés, conviene recordar que se trató de un golpe contra el orden constitucional, para el que el nacionalismo hizo valer todo un arsenal de malas artes. Véase, sin ir más lejos cómo Romeva previó destinar 200.000 euros a la contratación de un equipo de observadores internacionales que, obviamente, y dada la tarifa, no habrían sino validado el referéndum y aun la aparición de la virgen de Montserrat, si hubiera terciado. Asimismo, anteayer trascendió que Puigdemont ocultó un documento que alertaba de que la salida de Cataluña de la UE “sería muy negativo para la economía, con descensos del 45-50% de las ventas al Estado español, y del 18% de las exportaciones a Europa”.

El informe, además, pronosticaba un descenso del PIB del 20%, advertía de las consecuencias del llamado “efecto frontera” y ahondaba en la pérdida de vínculos comerciales con el resto de las comunidades españolas: “En caso de independencia, las ventas catalanas a las diferentes comunidades autónomas del Estado bajarían por la desvinculación [sic], cosa que implicaría un descenso importante de las ventas totales, teniendo en cuenta que Cataluña comercializa productos con el Estado español por valor de 38.861 millones de euros (el 37% del total de las ventas al exterior)”. En resumen, un país al borde del colapso. Llama la atención el hecho de que la cuenta de correo de donde la Guardia Civil extrajo este archivo correspondía a Santi Vila, el traidor.

¡A saber si el motivo de su traición fue precisamente dicha información! Ambas noticias se suman a las que, la semana pasada, desvelaron cómo los mossos d’Esquadra no sólo acordaron hacer la vista gorda ante el asalto a los colegios el 1-O, sino que en muchos casos aleccionaron a los Comités de Defensa del Referéndum acerca de las condiciones en que debían operar. En suma, ante la humanísima tentación de la comicidad, volvamos la vista a los días de octubre en que este hatajo de insurrectos trató de cortar amarras con España. A sabiendas, claro está, de que nos conducía a la ruina. También a la económica.

Carrera frenética del golpismo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Marzo 2018

EL GOLPISMO PACTA “IN EXTREMIS” INVESTIR A JORDI TURULL ANTES DE QUE SEA PROCESADO. RAJOY SOLO MANTENDRÁ EL 155 SI EL PLENO ES ILEGAL.

Como dije ayer, estamos en el “dèjá vu”. Hoy se repetirá el esperpento de ver cómo los golpistas actúan de forma conjunta para pervertir las Instituciones democráticas, en este caso el Parlamento autonómico de Cataluña, para investir a un candidato, el tercero presentado, que se encuentra a escasas horas de ser procesado por el Tribunal Supremo de España. Como es sabido, por el constante bombardeo informativo y tertulias políticas, esta investidura solo prosperará si dos o los cuatro diputados de la CUP votasen a favor, abandonando su postura de abstenerse cualquiera que sea el candidato, si este no viene acompañado de un programa que asegure la implantación de la república. Anoche, como suele ser habitual en estos casos, los golpistas encabezados por un Presidente de la Mesa colaboracionista, tuvieron una reunión intensiva que concluyó con el anuncio por parte de Roger Torrent, de la convocatoria de un pleno extraordinario de investidura para esta tarde a las 17.00, hora de gran raigambre en el mundo de la tauromaquia, que se relaciona con el comienzo de las corridas de toros.

Y no otra cosa es este nuevo pleno de investidura que otro intento más de torear al Estado de Derecho y desafiar a la Justicia poniendo a uno de los encausados y citados mañana por el juez Pablo Llarena a comparecer para comunicarle su procesamiento y posiblemente las medidas cautelares en las que puede incluir volver a la prisión y ser inhabilitado. Con este adelanto del pleno y el mantenimiento para la investidura de este candidato, el golpismo se reitera en su voluntad de perseverar en la rebelión. Basta saber que Jordi Turull fue uno de los miembros más activos con declaraciones cuya contundencia no dejaban lugar a dudas de su compromiso con el proceso separatista y su absoluta connivencia con los actos de desobediencia y violación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y el desprecio por los derechos democráticos de los diputados no independentistas.

Resulta hasta risible ver cómo se vuelven a producir los mismos diálogos y postureos en los que solo han cambiado los actores, pero no el libreto de la farsa. Ahora, el facilitador del escenario, el encargado del attrezzo es Roger Torrent, que sustituye a Carme Forcadell, otra de las citadas para ser procesada y quizás encarcelada, pero que da al papel un sesgo diferente mucho más ampuloso con engolamiento de la voz, modos lentos y pausados y haciendo de cada presencia innecesaria todo un acontecimiento mediático. Una actuación que denota el superego del individuo en cuestión y su desmedida altivez y afán de protagonismo cuando solo es un actor secundario. Porque aquí, el que maneja los hilos sigue siendo el fugitivo Carles Puigdemont al que le mueve solo el impulso de supervivencia personal y el horror a entrar en prisión por el golpe de Estado que perpetró. Una sumisión que Roger Torrent ya demostró tras visitar al fugitivo en su sede en Bélgica.

Esta escenificación llega al ridículo de la CUP que dice que debe consultar a las bases y se pronunciará si apoya o se abstiene antes de que comience el pleno. Por supuesto que las bases no pintan nada, ya que esa consulta la controla de forma exclusiva la Ejecutiva al realizarse todo de forma informatizada, donde el control de la pregunta y de la respuesta, así como el alcance real de los consultados no deja de ser un “acto de fe” en el resultado de esa consulta, si es que llega a realizarse. La respuesta solo dependerá, como siempre, de una Ejecutiva que valorará la credibilidad del pacto alcanzado ayer, que para que sea aceptable, debe llevar implícita la implantación de la república. Y eso solo significa que el candidato y los partidos golpistas ERC, JXCAT y CUP, volverán a propiciar la rebelión violando la Constitución y tomando de nuevo el control de Instituciones y fondos para ir dando pasos decididos y acelerados para esa desconexión efectiva.

Si nadie lo impide, esta tarde se producirá una nueva burla al Estado de Derecho cuando se realice la investidura de un futuro procesado que, además, puede ingresar en prisión. Una decisión que el juez le comunicará mañana mismo por muy “Molt Honorable President de la Generalidad” que sea. Se trata de una carrera de los golpistas lanzados a la desesperada ante el sorpresivo adelanto del cierre de la Instrucción y la citación para comunicar el auto de procesamiento a los encausados. Una carrera frenética que intenta obstaculizar la labor de la Justicia y obtener un rédito político y mediático basado en el victimismo, para afianzar la supuesta represión del Estado español sobre la demócrata Cataluña. Una obstaculización que puede venir acompañada de acciones de violencia pasiva o activa, si el recién investido y el Presidente de la Mesa, optan por desobedecer y decidir que Jordi Turull, ya Presidente del Gobierno, no acuda a la citación del juez Pablo Llarena y que no permitan su detención por acogerse al Reglamento de la Cámara por la que solo se permitiría en caso de la comisión de “flagrante delito”. En este escenario la ANC comandada por otra radical convencida, puede tener de nuevo un papel esencial por ejemplo rodeando el Parlamento durante el pleno y horas posteriores. Y aquí creo que las FFyCCSE, en concreto los Mossos al mando del Gobierno de España a través de la intervención, deberían garantizar el orden y el cumplimiento de la ley.

Lo realmente triste es que Mariano Rajoy, tras haber fracasado en su intento de liberación de Joquim Forn por “razones humanitarias”, diga ahora que “el Gobierno mantendrá el artículo 155 si Turull es nombrado en un pleno de investidura ilegal”. Pues para que ese pleno lo sea debe demostrarse la comisión de una irregularidad delictiva. Y si eso se presume, debería ser impugnada la celebración de ese pleno y evitar que se cometa el delito. Impugnar a posteriori no evitará que Turull sea investido y sería difícil sustentar que deben permanecer las medidas de intervención amparadas por el 155, ya que legalmente se ha producido el relevo tras unas elecciones democráticas. Lo que me extraña es que ninguno de los partidos de la oposición en el Parlamento de Cataluña haya impugnado ayer mismo, por ejemplo no permitiendo una consulta telefónica por parte de Roger Torrent a deshoras, como excusa para tener vía libre de realizar esta convocatoria para investir a un candidato que va a ser procesado en horas y no resignarse a participar de esta farsa y burla de la ley.

Mariano Rajoy y su equipo de Gobierno están dando sobradas muestras de su absoluta inoperancia, falta de previsión y torpeza a la hora de dar una respuesta contundente y eficaz al desafío de los golpistas. Y aquí ya no valen declaraciones solemnes, sino hechos. Las medidas no se anuncian, se toman asumiendo las consecuencias. Esto no sucedería si el juez Pablo Llarena hubiera mantenido en libertad bajo fianza a los que siguen demostrando su compromiso inquebrantable con el proceso golpista. Una democracia no puede estar en manos de cuatro diputados de un partido golpista declarado cuyo apoyo condiciona a que el futuro Gobierno de la Generalidad lleve a cabo ese golpe de Estado e implante la república, que para ellos sí que fue declarada de forma unilateral y tiene plena vigencia. El pleno debe ser suspendido de forma cautelar y para ello, el Gobierno de España debe impugnar la convocatoria e impedir el fraude de ley denunciándolo ante el Tribunal Constitucional. Un paso obligado para dar tiempo a la justicia a cumplir con su deber y neutralizar a los golpistas.

La tibieza en la respuesta de Mariano Rajoy es inaceptable al supeditarlo todo a hechos consumados, ya que la convocatoria es plenamente legal, cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento y el candidato goza de todos los derechos para su investidura, mientras no sea inhabilitado. Y para eso primero debe asistir a la citación del juez y ser informado de su procesamiento y de las medidas cautelares que se le impongan. Si el pleno se celebra, estaremos ante un escenario inexplorado en ese “pollo monumental” que Carles Puigdemont y sus cómplices golpistas sigue montando en España mientras goza de plena libertad en Bélgica y vive a cuerpo de rey a costa de los españoles.

Mariano si no sabes torear, pa’ qué te metes, mejor córtate la coleta.
¡Que pasen un buen día!

Psicosis o neurosis, nueve paradojas catalanas
El independentismo catalán ha quedado dividido en dos grupos: unos creen que hay una república. Otros saben que tal cosa no existe ni llegó a existir, pero les cuesta digerirlo
Ignacio Varela elconfidencial 22 Marzo 2018

Según los psiquiatras, la frontera entre la psicosis y la neurosis la marca el contacto con la realidad. El sujeto psicótico cree que dos y dos son cinco. El neurótico sabe que son cuatro, pero no lo puede soportar. Unos y otros actúan según la definición clásica de estos trastornos: pauta estable de comportamiento inestable. Exactamente lo que sucede en Cataluña.

Siguiendo la metáfora, el independentismo catalán ha quedado dividido en dos grupos: unos siguen creyendo que hay una república proclamada el 27 de octubre, que ahora debe implementarse. Ahí están principalmente Puigdemont y sus cortesanos, junto a la CUP. Otros saben que tal cosa no existe ni llegó a existir, pero les cuesta digerir esa realidad. Ahí están Junqueras con ERC y los restos de CDC.

Esta pugna entre psicosis y neurosis da lugar a un sinfín de situaciones paradójicas que escapan de la racionalidad que se le supone a la política. He aquí algunas de ellas:

1. La sucesión de investiduras imposibles. Sabían que no podrían elegir como presidente a Puigdemont. Sabían también que lo de Sànchez no resultaría. Y ahora saben que, por mucho que corran, una investidura exprés de Turull carece de todo futuro. Torrent podría saltarse todos los procedimientos y plazos reglamentarios para provocar una votación hoy mismo; pero quedaría como el enésimo gatillazo del independentismo.

En el aire el plan C del independentismo
Turull no será presidente de la Generalitat por esa vía. Primero, porque ni el Gobierno, ni el Rey ni los partidos constitucionales aceptarán un nuevo golpe de mano parlamentario, y ese nombramiento jamás llegaría al Boletín Oficial. Ante un desafío así, el Senado tendría razones sobradas para prolongar la vigencia del 155. Además, si el juez Llarena confirma el viernes —como parece— el procesamiento por rebelión, Turull podría dejar de ser diputado y, por tanto, elegible para ese o cualquier otro cargo público.

Un pleno exprés como el que a estas horas se incuba sería la prueba concluyente del propósito colectivo de reiteración delictiva. No solo echaría un candado más a las celdas de los ahora encarcelados, sino que justificaría privar de la libertad provisional a los que ahora gozan de ella, incluido el candidato.

2. Los constitucionalistas exigen un Govern… aunque sea independentista. Las dos primeras movilizaciones en la calle del constitucionalismo fueron actos de resistencia ante la apisonadora separatista. La última ha sido de exigencia institucional: ya que les toca gobernar, gobiernen ustedes de una puñetera vez. La paradoja es que el constitucionalismo exige que se forme ya un Gobierno —independentista, qué remedio, pero Gobierno— mientras los que tienen la fuerza para hacerlo no paran de escaquearse con pretextos.

3. LA CUP decidió el 'president' en 2016 y lo decidirá ahora. Finalmente no presidirá la Generalitat quien proponga JxCAT o la ERC, sino quien admita la CUP. Así llegó al poder Puigdemont, y así llegará su sucesor en el último segundo de la prórroga. Estén atentos a nombres como Quim Torra, uno de los pocos diputados de Junts per Catalunya a quien los cuperos podrían no poner bola negra. Tiene la ventaja de no estar encausado, aunque si actúa como proclama, tardaría poco en estarlo.

4. Puigdemont es el mayor partidario del 155. La única situación que lo mantiene en el centro del escenario es que se eternice el 155. Mientras, él puede sostener la ficción de ser la referencia simbólica del poder catalán, el último 'president' legitimo antes de la intervención. Su propuesta es clara: o república o preautonomía. Cualquier otra solución lo envía directamente al desván del olvido. Si hay un presidente y un Govern, será simplemente un maldito estorbo. Si se repiten las elecciones, lo más probable es que ni siquiera pueda presentarse.

5. Los Presupuestos españoles, en manos de los independentistas catalanes. Solo ellos pueden poner fin al 155; y si el PNV mantiene su posición, solo el fin del 155 puede permitir que se aprueben los Presupuestos. El PSOE podría romper ese chantaje, que pone la legislatura española en manos de unos y otros nacionalistas, si quedara en la cúpula de ese partido un resto de talento político y de sentido del Estado. Pero no esperen nada por ese lado.

6. El juez Llarena siempre tuvo razón. Léanse con atención sus autos y aprenderán a la vez derecho y política. Puesto que el comando central secesionista cometió sus delitos prevaliéndose del poder, mientras los inculpados pretendan seguir siendo protagonistas de poder estará viva la sospecha de reincidencia. El mensaje es claro: si quieren salir a la calle, aléjense de la política. Forn lo ha entendido, y parece que también Sànchez.

Con la precisión y la previsión de un buen jugador de ajedrez, Llarena ha ido eliminando piezas y desmontando todas las trampas que le han tendido. Quitó de en medio a Junqueras y a Forcadell. Neutralizó —con la colaboración del Constitucional— la investidura de Puigdemont. Ha frenado en seco la de Sànchez. Y se dispone a actuar justo a tiempo para cerrar el paso a Turull. Nadie, salvo el Rey, ha hecho más en este tiempo por preservar los intereses del Estado frente a la subversión secesionista. Y todo ello, con rigor jurídico impecable.

Solo ellos pueden poner fin al 155; y si el PNV mantiene su posición, solo el fin del 155 puede permitir que se aprueben los Presupuestos

7. El Tribunal Constitucional no se puede inventar la Constitución. Hay una evidente laguna jurídica en la regulación de las investiduras, que solo tiene bien resuelta el Estatuto vasco. La padecimos en España en 2016 y ahora en Cataluña. Pero el Tribunal Constitucional no puede ni debe autoatribuirse la potestad de disolver un Parlamento y convocar unas elecciones, porque no existe la norma que lo habilite para ello. Hacerlo quizá solventaría esta urgencia, pero abriría un precedente nocivo, que podría afectar a las competencias del Rey en el Estado y a las de los presidentes de los parlamentos en las comunidades autónomas. Una cosa es interpretar la Constitución y otra inventársela.

8. Torrent podría romper el bloqueo si dejara de ser Torrent. Para salir del bloqueo, bastaría con que actuara con el escrúpulo institucional propio del cargo: si no aparece un candidato viable con mayoría suficiente, se le encarga la investidura, aunque sea para perderla, al partido con más diputados cuyo líder esté disponible y no impedido legalmente para afrontar la votación, aunque sea para perderla. En este caso, Inés Arrimadas. Así se pondría en marcha el famoso 'reloj de la democracia'. Es lo que hizo el Rey en 2016, primero con Rajoy y, cuando este se dio mus negro, con Pedro Sánchez. Pero para eso haría falta que Torrent no fuera el jenízaro de Esquerra, sino un verdadero presidente de un parlamento democrático consciente de su responsabilidad.

8. Habrá un Govern legal, pero no leal. Creo que finalmente se elegirá en Cataluña a un presidente practicable, entendiendo por tal a uno que permita levantar el 155 y cuyo nombramiento pueda firmar el Rey. Eso hará que el Govern que viene sea legal, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto. Pero no esperen que sea leal a ninguna de las dos cosas. Por desgracia, la ulsterización sin terrorismo sigue siendo el horizonte más probable de Cataluña.

¿Dónde vas Mariano, triste de ti?
“Debemos hacer una autocrítica. Y esas autocrítica no se puede quedar en palabras sino que debe conllevar una serie de hechos y decisiones” A.Núñez Feijoo
Miguel Massanet diariosigloxxi 22 Marzo 2018

Cuando las críticas habituales, las que cualquier gobernante se ve obligado a aceptar con normalidad, por ser inherentes al cargo y por existir la posibilidad de que, el tema objeto de la crítica, pudiera afectar a la correcta marcha y futuro desarrollo de la nación; es obvio que es preciso tenerlas en cuenta, ser analizadas y valoradas y si procede, tomar las medidas convenientes para solucionar el problema del que se trata en la denuncia. Si, por el contrario, carece de razón, de solidez argumental y de incidencia en cuanto a la correcta gobernación del país, es evidente que no se le debe hacer el más mínimo caso y desentenderse de ellas, sin que se deban convertir en un obstáculo para seguir manteniendo la línea que se consideraba adecuada en cuanto al bien de los ciudadanos y del propio país.

Si, como ocurre en este momento de la política nacional, lo que sucede es que son varios los indicios, numerosas las protestas, notables las desafecciones, cercanas las críticas, preocupantes los efectos y alarmantes las previsiones de futuras situaciones de amenazas respecto a la estabilidad del país, a su seguridad interior, a su desenvolvimiento económico, a su unidad y a la solidez de sus instituciones; entonces, señores, puede que empecemos a desconfiar de quienes forman parte del Gobierno de la nación, insisten en pedirnos calma, confianza, fe en sus decisiones o tranquilidad respecto a sus actuaciones, cuando sabemos, positivamente, que las encuestas que van saliendo últimamente insisten tercamente en anunciar, con una unanimidad inquietante, que el partido gobernante, el PP, está perdiendo apoyos a una velocidad que resulta sospechosa en cuanto a sus posibilidades futuras de sacar el resultado tranquilizador que nos anuncia don Mariano para los próximos comicios legislativos.

La evidencia de los numerosos errores, cometidos por la actual dirección de los populares, en el tratamiento del tema catalán; el sangrado continuado de votantes que van cambiando el sentido de su voto; la lentitud y empecinamiento con los que se ha gestionado el espinoso tema de la corrupción que tanto daño le ha venido haciendo a la formación de Fraga; el sistemático incumplimiento de varias de las más esenciales promesas hechas a sus futuros votantes durante el periodo electoral; la mojigatería y falta de valentía demostradas en el enfrentamiento a ciertos problemas que han puesto en peligro la misma unidad nacional y el haberse dejado chantajear por los gobiernos catalanes a los que, pese a su actitud de desafío, rebelión, incumplimiento de las sentencias judiciales, inobservancias de las normas constitucionales y desobediencia a las órdenes del TC, se les ha seguido financiando y concediéndoles préstamos, a través del FLA, sin haber conseguido evitar que, parte del dinero destinado a dicha autonomía, haya sido fraudulentamente desviado para financiar a una serie de organizaciones, grupos, inversiones en instituciones paralelas a las del Estado etc., con el fin de tener preparada la infraestructura precisa para estar en condiciones de sustituir a la estatal en el hipotético caso de que consiguieran su objetivo de la independizarse de España.

Resulta inconcebible que, el Estado español, haya permitido que la comunidad catalana se haya endeudado por encima de los 70.000 millones de euros de los que en el caso 40.000 millones de euros, se los deben al Estado que, por otra parte, es el que ha estado avalando las emisiones de bonos de la Generalitat, emitidos a elevadísimos intereses, sin cuyo apoyo no hubiera habido ningún inversor que se hubiera atrevido a comprarlos. En todo caso, el pago de los intereses devengados por dichos valores a sus respectivos vencimientos y las renovaciones, también han tenido que ser financiados con fondos públicos detraídos del Tesoro nacional.

Sucesivas encuestas contradicen el optimismo que, el señor Rajoy, pretende demostrar pese a que, cada vez, su posición en la política nacional está siendo más controvertida, incluso dentro de las primeras figuras de su partido y, en forma masiva (como demuestran las previsiones electorales) dentro de las filas de los habituales votantes del partido, que ya se cuentan por millones los que han ido desertando a la vista del declive y del inmovilismo que se ha instalado en la cúpula del partido. Encuestas encargadas por El Confidencial, que dan la victoria a Ciudadanos con un 28’5% de los votos (los populares perderían hasta 2´5 millones de votos, bajando del 33% de los votos al 21´4%, quedando en tercer lugar después del PSOE, con un 24´5%); otro sondeo, esta vez de Simple Lógica, da la victoria a Ciudadanos con un 29´6% ( el PP se quedaría con el 20% por debajo del PSOE con un 21% aunque pierden cuatro décimas); otro sondeo, en este caso de La Vanguardia, llevado a cabo por la empresa GAD3, otorga a Ciudadanos el 27% ( el PP conseguiría un 24% de los sufragios mientras que el PSOE bajaría unas décimas respecto a sus resultados anteriores). En todas ellas existe unanimidad en darles la victoria a Ciudadanos que, evidentemente, con sus políticas cambiantes pero con sus formas exquisitas y sus propuestas muy del gusto de una parte de los españoles, cansados de aguantar los desplantes de Cataluña y de sacrificarse con los recortes que todavía, pese a la mejora que globalmente viene experimentando la economía del país, se siguen manteniendo y con problemas de tanta enjundia como es el de la rebelión de los pensionistas, promovida por los partidos de izquierdas pero que, a pesar de que el Estado puede que no esté en condiciones de asumir aumentos importantes, es evidente que la repetición, una vez más, de este ridículo aumento del 0´25% es suficiente para exasperar al más pacífico de los ciudadanos. Empeorado con las declaraciones de la ministra, Bañez, pretendiendo demostrar que las pensiones se han ido revalorizando ¡vaya, un chiste!

El otro tema que viene coleando es el de la prisión permanente revisable, que amenaza con convertirse en un tema viral, en esta ocasión el PP ha estado de suerte porque, la propuesta salida del PNV ( seguramente pensando en los presos de ETA o en los que pudieran derivarse de futuros intentos golpistas al estilo catalán) presentada en el Parlamento, en la que se pide la derogación de la LO 4/215 de 30 de marzo; propuesta que ha sido apoyada, como era de esperar, por los de Podemos; los separatistas catalanes y el propio PSOE que en su empeño de utilizar cualquier resquicio que se le presente para desgastar el gobierno de Rajoy, se ha metido en un verdadero berenjenal ya que, precisamente en el momento más crítico, ha surgido el caso de asesinato del pequeño Gabriel, un suceso que ha impactado en la conciencia de todos los españoles y que, según las encuestas, ha puesto a favor del mantenimiento de la llamada Ley Mordaza a más de un 80% de los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierdas.

Malas perspectivas para un PP que parece querer ignorar que en cualquier momento, y más si tenemos en cuenta el deterioro de sus relaciones con Ciudadanos y la poco simpatía que le profesa el señor Alberto Rivera, pese a que su sentido de estado le ha inducido a apoyarle a pesar de las grandes divergencias existentes entre ambos políticos. Es obvio y esto es lo que, precisamente, debiera de hacer reflexionar a los actuales dirigentes del PP que, difícilmente, si las encuestas citadas llegaran a cumplirse, y el señor Rajoy sigue empeñado a ser de nuevo candidato del PP en los próximos comicios, haría imposible la posibilidad de una mayoría formada por los partidos Ciudadanos y PP, con grandes posibilidades de que numéricamente fuese posible, incluso con un amplia mayoría en el caso de que llegara a cristalizar. La posibilidad de que esto ocurra, dada la campaña de acoso y derribo que el PP de Rajoy parece que se ha empeñado en librar en contra de Ciudadanos, cada vez parece más lejana.

Si el sentido común se llegara a imponer, es evidente que si el señor Rajoy decidiera abandonar la presidencia del partido y se promoviera un candidato nuevo que no tuviera antecedentes de haber sido sospechoso de corrupción o de haber estado indirectamente afectado por las causas que actualmente se dilucidan ante los tribunales de Justicia, es evidente que se podrían limar muchos roces, recomponer determinadas alianzas y promover la formación de un bloque de centro derecha y centro izquierda ( si es que a Ciudadanos se le puede aplicar dicho calificativo) que, sin duda, sería muy favorable para los intereses de España y, por otra parte, permitiría emprender una política enérgica y a la vez de apaciguamiento sobre el tema catalán. Claro que, para ello, sería preciso que hubiera generosidad, sentido de Estado y disposición para sacrificarse en favor de la nación española. Es evidente que el empecinamiento, el creerse imprescindible, el pensar que no hay nadie más que pueda asumir con éxito la gobernación del país, pueden lastrar, de una manera irremediable, que la situación de España, enfrentada a un potente bloque de izquierdas y con el centro derecha enfrentado entre sí, no permitirá más que contribuir a crear un ambiente enrarecido que, a los únicos que va a beneficiar, es a todos aquellos que están manipulando y maquinando la independencia de Cataluña a la que, con toda posibilidad, si se llegara a producir, le iba a seguir la del País Vasco y quién sabe si las propias Baleares, actualmente en manos de extremistas de izquierdas, empeñados en dar al traste con cualquier vestigio de sentido común que pudiera quedar en el Parlamento balear.

O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sólo es una pequeña parte de los motivos que, en bien de la nación española, avalarían un cambio de gobierno en el que se hiciera un relevo radical de la dirección del partido, a la vez que se nombraba un nuevo gobierno formado por personas de gran valía que permanecen en segunda fila como, por ejemplo, el señor Núñez Feijoo, un personaje muy válido y capaz de hacerse cargo del gobierno con entera solvencia; asimismo se podría dar la oportunidad a figuras emergentes que aportaran frescura a un gobierno en el que ya se notan demasiadas canas de desgaste debidas al empeño de mantener a determinadas figuras que ya hace tiempo debieran haber sido relevadas. Sería bueno que también se recuperase a figuras de la vieja guardia que fueron injustamente apartados de la primera fila por no ser del gusto de algunos de los más influyentes miembros del actual gobierno, entre los cuales hay algunos que ya han demostrado su incapacidad para el puesto que les ha sido asignado, por ejemplo la señora Sáez de Santamaría. Lo que parece evidente, y así se le tendría que hacer saber a los actuales dirigentes del PP, es que su tiempo ya ha pasado, que se agradecen sus servicios y que es preciso que les llegue el relevo ahora que todavía se está a tiempo de dar savia nueva al partido e infundir, de nuevo, la esperanza y la confianza de los millones de votantes que han abandonado el partido, si se les da la oportunidad de hacerlo de modo que la ilusión que perdieron se renueve ante la evidencia de unas caras nuevas que sean capaces de infundir nuevo optimismo a todos aquellos a los que se obvió para implantar unos nuevos modos y políticas con las que la mayoría de simpatizantes y votantes no podía, en conciencia, estar de acuerdo.

El burdo intento del nacionalpopulismo de abrir heridas y destruir la Transición
Esdiario 22 Marzo 2018

Podemos y los independentistas fracasan en otro intento más de destruir la convivencia, demoliendo la Transición para lograr su objetivo diario: irrumpir como únicos salvadores posibles.

Los partidos políticos que menos hacen por la convivencia en la España actual se aliaron ayer en el Congreso para intentar agitar el pasado, como la misma lógica frentista y nada constructiva que preside su día a día. Esta vez fue, técnicamente, para derogar la Ley de Amnistía, presentada como un apaño de la Transición para conceder impunidad a los crímenes del franquismo.

La idea de ERC, Podemos, Bildu, PdeCat y PNV, ya algo manida pero siempre recurrente, era esparcir la idea de que nuestra democracia es una mala democracia, demoliendo la Transición como modelo político encomiable e hilando una relación entre la represión de la Dictadura y la de este democracia a la que cada día caricaturizan de la peor manera.

Demoler la Transición forma parte de la caricatura que intenta presentar la España actual como un régimen represor necesitado de salvadores

Que partidos íntimamente relacionados con ETA o protagonistas de un Golpe de Estado en Cataluña o comprensivos con ambos fenómenos y otros tan poco edificantes como el de Venezuela se permitan pontificar sobre democracia es insólito. Y que además lo hagan con el fin de colocar a los tres partidos constitucionalistas en el lado contrario, cómplices de aquella época y por tanto protagonistas de la inexistente falta de libertad en la España actual, resulta indignante.

Es una falacia tan burda como perfectamente coherente con la trayectoria de todas esas formaciones y su intento, diario, de generar una atmósfera irrespirable en España: cuando no es la libertad de expresión, a su juicio en peligro cuando la justicia actúa contra un rapero violento que amenaza de muerte a personas con nombre y apellidos o agrede a las víctimas del terrorismo; es con la inventada brutalidad policial en Lavapiés o la transformación de presuntos golpistas catalanes en pobres presos políticos.

No hay causa, que a veces se asienta en inquietudes reales como las pensiones pero frecuentemente se erige sobre mentiras forzadas, que no sea distorsionada y soflamada por un conjunto de formaciones que difieren en los objetivos políticos pero no en los medios de agitación y en una meta compartida: degradar la convivencia, a cualquier precio, para irrumpir como salvadores en sus respectivos ámbitos.

Contra la democracia
Es en esa línea en la que hay que ubicar la demolición de la modélica Transición que hizo España entre la Dictadura y la democracia, sin derramar una gota de sangre pese a tener en la memoria reciente la cruel Guerra Civil, sin dejar en el camino a nadie imprescindible para construir un auténtico Estado de Derecho capaz en apenas tres décadas de consolidarse como una de las democracias más sólidas del mundo y de dotarse de un Estado de Bienestar puntero y de un papel sólido en Europa y el mundo.

Tratar de triturar eso centrándose en la Ley de Amnistía, la parte más controvertida pero necesaria para culminar la imprescindible conciliación que sustentó el salto democrático de España, es bochornoso, injusto e incompatible con el más elemental rigor intelectual y político. Ese esfuerzo compatido, lleno de renuncias en nombre de un bien mayor, unió a Carrillo con Suárez, al PSOE con AP y, en general, a personas, ideologías y siglas antagónicas conscientes del valor y las consecuencias de su sacrificio.

Es indecente que quienes más humillan a las víctimas del terrorismo intenten presentarse como paladines de ninguna víctima de cualquier época

No hay herida del pasado -y las víctimas son la principal- que no pueda cerrarse sin necesidad de reabrirla primero, y la diferencia entre hacerlo desde el mismo espíritu conciliador o intentarlo resucitando viejas trincheras es lo que diferencia a un partido serio de una banda agitadora.

Ni a ERC ni a Podemos les preocupan las víctimas del franquismo ni la persecución de los criminales, como evidencia su desdén hacia los damnificados de un fenómeno mucho más reciente, el del terrorismo, y su complicidad por acción u omisión con quienes lo protagonizaron y hoy están en las instituciones.

Bien por PP, C's y PSOE
Felizmente el Parlamento rechazó su intentona, con una modélica oposición de dos partidos que no existían siquiera durante el franquismo -PP y Ciudadanos- y un tercero, el PSOE, que no acepta en este campo lecciones de autoridad moral de nadie. Ese veto al nacionalpopulismo, una pinza recurrente que se activa a menudo contra la idea de España y sus símbolos, sean la Transición o la Corona, refleja el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles y dibuja el escenario ideal de resistencia a la demagogia, la manipulación y el frentismo de un grupo de dirigentes y de partidos aliados para destruir los pilares de la convivencia que tanto costó recuperar.

Alegan "motivos personales"
La presión para euskaldunizar la Educación en Navarra provoca la cuarta dimisión en dos años
Nacho Doral okdiario 22 Marzo 2018

La dimisión de la secretaria general técnica de la Consejería de Educación de Navarra se suma al goteo de abandonos que viene experimentando administración de la comunidad foral a causa de la presión nacionalista. El cuatripartito que preside Uxue Barcos (Geroa Bai-PNV) puso en marcha en 2015 un proceso para la euskaldunización de la sociedad, un proyecto de dictadura lingüística que no sólo cosecha el rechazo en la calle sino también en las estructuras de gobierno.

La última en dejar el puesto es Begoña Alfaro, la responsable de los servicios jurídicos del Departamento de Educación. Llevaba un año en la secretaría general, un tiempo en el que ha tenido que hacer frente a los numerosos recursos interpuestos contra los decretos con los que nacionalistas, proetarras y podemitas pretenden imponer su dictadura lingüística.

Antes de Alfaro ya abandonaron otros tres altos cargos, entre ellos el propio consejero de Educación, José Luis Mendoza, en abril de 2017. Todos ellos esgrimen como justificación “motivos personales”.A lo largo de estos dos años y medio se han registrado además decenas de dimisiones, ceses y peticiones de traslado en escalas inferiores.

La oposición al Ejecutivo que integran Geroa Bai-PNV, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra ha denunciado la “situación caótica” que vive la Educación en Navarra, y que explican por la presión a que se somete a los funcionarios para implementar la política de imposición del euskera en Navarra. Un ejemplo es la convocatoria de oposiciones a profesorado.

La última Oferta Pública de Empleo, que quiere cubrir 164 plazas vacantes en Secundaria, reserva 71 para el euskera, por 93 para el castellano. Un reparto a todas luces desproporcionado, toda vez que el español es la lengua mayoritaria en Navarra.

Los tres partidos de oposición que cuentan con representación parlamentaria (PSN, PPN y UPN) coinciden en la alarmante situación que afronta la Educación de los niños y jóvenes navarros. PPN y UPN acusan a Barcos y sus aliados de poner la enseñanza al servicio de sus intereses nacionalistas-independentistas, primando objetivos políticos por encima de los pedagógicos. Por su parte,los socialistas tachan de sectaria la política del cuatripartito y denuncian la inzseguridad jurídica que viven los funcionarios de Educación en esta comunidad.

Dictadura lingüística en Valencia: crean una aplicación para vigilar el uso del catalán en los comercios
OKDIARIO 22 Marzo 2018

La Plataforma per la Llengua ha puesto en marcha la aplicación móvil Valenciapp, orientada a valorar la atención oral, escrita y virtual en valenciano que se presta en establecimientos comerciales, con la posibilidad de realizar comentarios sobre los mismos.

Esta aplicación, cuyo contenido será compartido con la aplicación ya activa Catalapp (aunque ahora se presenta adaptada a las formas valencianas), ha sido presentada este miércoles en el Centro Octubre de Valencia por el delegado de la plataforma en la región, Manuel Carceller, y la directora de la plataforma, Neus Mestres.

Según sus promotores, esta herramienta pretende “dar un impulso al comercio en valenciano e incentivar a las empresas a considerar el valenciano como un factor positivo para su actividad“.

A través de esta aplicación los usuarios podrán valorar y comentar el uso que se hace del valenciano en más de 1,5 millones de establecimientos comerciales geolocalizados en Google Maps y concederles entre 1 y 5 puntos.

La Plataforma per la Llengua enviará a los establecimientos mejor valorados unos adhesivos para que puedan hacer público este reconocimiento, como ya hacen otras plataformas de información turística.

La aplicación, en su versión catalana, se ha descargado unas 50.000 veces en el último año, cuenta con unos 10.500 usuarios activos y 40.000 valoraciones de 32.000 establecimientos, 2.000 de ellos en la Comunitat Valenciana, con un 70 % de valoraciones positivas.

Los usuarios más activos son de Valencia, Alicante, Elche, Castellón, Alcoy y la Villajoyosa. Según ha explicado Neus Mestres, esta aplicación es “como un Tripadvisor de valoraciones sobre el uso del catalán en establecimientos”.

Preguntada por la identificación de los usuarios en esta aplicación, Mestres ha explicado que, si bien los comentarios se pueden realizar de forma anónima o utilizando seudónimos, existe una revisión previa de los comentarios que son publicados.

Por otra parte, y al contrario de lo que sucede en otras redes similares en las que se valora la atención recibida en establecimientos comerciales, los titulares de los mismos no podrán responder a estos comentarios, según se ha explicado en la rueda de prensa.

Sobre la posible “estigmatización” de los comercios que no hagan uso del valenciano, Manuel Carcellen ha insistido en que “priman los valores positivos sobre los negativos”, y Neus Mestres ha agregado que existe la posibilidad de que la Plataforma per la Llengua se ponga en contacto con los establecimientos peor valorados para ofrecerles ayuda o herramientas para mejorar en el uso del valenciano.
 


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