AGLI Recortes de Prensa   Sábado 24 Marzo 2018

Esto demuestra que España es un país serio
OKDIARIO 24 Marzo 2018

España es un país serio porque quien la hace la paga. El juez Pablo Llarena ha demostrado con una resolución impecable que la Constitución es sagrada al igual que nuestro Estado de Derecho. Desafiar la ley y persistir en el desafío sólo podía tener un destino: la cárcel. Allí donde finalmente han ido los cinco líderes independentistas. De esta manera, entre encarcelados y huidos —Marta Rovira la última— el separatismo ha quedado muy debilitado, a pesar de que los partidos que lo promueven no cejarán en su voluntad tal y como ha alertado el propio Llarena, ya que más que nombres en concreto se trata de una asociación con fin ilícito que sigue teniendo la ruptura de España como objetivo principal de su presencia en las instituciones.

No obstante, y a pesar de la actitud vigilante que han de tener tanto las instituciones judiciales como el Gobierno, lo acontecido este viernes en el Tribunal Supremo es una prueba inequívoca de que la justicia funciona perfectamente en nuestro país. Algo que fortalece también nuestra imagen exterior. A pesar de que queda mucho por hacer hasta recuperar la seguridad jurídica en Cataluña, el trabajo del juez Llarena es una garantía y una tranquilidad para aquellos inversores que quieren entrar en nuestro país a través de Cataluña y que han visto frenadas sus intenciones por el contexto de grave inestabilidad propiciada por los golpistas.

La decisión de Llarena debe ser también una advertencia a los radicales, que se han echado a la calle por la noche provocando varios disturbios. ERC ha sido uno de los partidos encargados de movilizar a los partidarios del golpe de Estado para luchar contra la “persecución” al independentismo. Una actitud que, desde luego, también debe ser vigilada por la justicia. El peso de la misma ha caído ya de manera notoria sobre los que organizaron el referéndum ilegal y los que decidieron secuestrar Cataluña para lograr sus fines políticos particulares. Pablo Llarena es el símbolo de una justicia que no permitirá que más veleidades queden sin castigo.

¿ País serio ? ¡ Ja !
Nota del Editor 24 Marzo 2018

Esto me recuerda al chiste del vascongado que paseando por la ladera de un río sufre un resbalón, rápidamente se agarra a una rama para no caer al río, y otro paseante, al verlo, comenta ¡ Gracias a Dios que no se ha caído al río ! a lo que el vascongado contesta, ¡ De gracias a dios nada, gracias al rama, que la voluntad de dios ya se ha visto !
Aquí pasa lo mismo, gracias a Vox, que la voluntad del gobierno ya se ha visto.

Todo por la dignidad.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 24 Marzo 2018

PABLO LLARENA DICTA PRISIÓN SIN FIANZA PARA TODOS LOS CITADOS Y ACTIVA LAS EUROORDENES DE DETENCIÓN Y EXTRADICIÓN CONTRA LOS FUGADOS, SALVO PARA ANNA GABRIEL. EL PLENO DE INVESTIDURA SIGUE CONVOCADO CON OTRO CANDIDATO PRESO.

Ayer fue un día tenso, otro más de los que vienen sucediendo en estos largos meses desde que el golpismo independentista aceleró el “proceso” hasta que culminó la sedición con la declaración unilateral de independencia. Un día que comenzó con la noticia de la fuga de una de las citadas a declarar, la actual Secretaria General de ERC, Marta Rovira i Vergés que horas antes de forma totalmente planificada decidió emular a otros y emprender la huida a Suiza tras los pasos de Anna Gabriel. La noticia llegó para sorpresa de todos, incluidos los de su partido, en forma de misiva. Y como todos los que la precedieron, justifica su cobarde huida y le llama “exilio” forzado por cosas como “sentirse cohibida en su libertad de expresión por unos tribunales que intimidan y aplican descaradamente criterios políticos” así como por sufrir “amenazas judiciales arbitrarias”. Y que se sepa, no ha sido su libertad de expresión la que le ha llevado a ser encausada y ahora a prisión cuando esté ante el juez, sino su participación activa en el golpe de Estado y cuando compungida y llorosa declaraba su compromiso de “luchar hasta el final” y ha decidido huir de forma cobarde como los que la precedieron.

Ayer fue un día largo, donde también alguno de los principales golpistas como Jordi Turull, que horas antes había sufrido el mal trago de ver su candidatura rechazada por los extremistas radicales de la CUP, aparecía abatido y compungido como el condenado que cada paso le acerca al cadalso, como si hubiese despertado de un sueño y se topase con la cruel realidad de tener que asumir sus responsabilidades. Y es que es tal el nivel de prepotencia y de ensoñación que el proceso separatista ha inculcado en sus cerebros, que es ahora, cuando se enfrentan a la prisión y al juicio por sus delitos, que toman conciencia de la gravedad de sus actos y su euforia se transforma en sorpresa y en desesperación ante su futuro. Los que siempre han apelado a obedecer la voluntad del pueblo catalán, sin importarles que eso fuese una burda mentira y despreciasen a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, no asumen que el Estado de Derecho sea el que ahora les juzgue por sus fechorías.

Sí, ayer fue un día largo que tuvo su epitafio con la decisión casi a última hora del juez Pablo Llarena de decretar prisión sin fianza para todos los citados en un auto en el que uno a uno desgranó las motivaciones por las que había sido encausado y ahora procesado y que le llevaba a dictaminar prisión, incluida la fugitiva Marta Rovira. Y en ese Auto queda claramente determinado que, contrariamente a lo que aducen, no se persiguen ideas políticas sino delitos contra el Estado de Derecho en los que se incluye el de rebelión. El pensamiento es libre, ya sea bueno o malo, porque queda en nuestro interior. Y también lo es cuando esa libertad se expresa y se deja traslucir a los demás, eso que se llama “libertad de expresión”. Pero esta no es ilimitada y tiene sus reglas que se rigen por los derechos de los demás y las leyes. Sí esas que las sociedades se otorgan para establecer la convivencia pacífica entre sus miembros. Y son precisamente los hechos los que se persiguen cuando las ideas perniciosas para esa convivencia se intentan hacer realidades mediante acciones determinadas. En este caso un golpe de Estado violando las leyes y los derechos de aquellos que no comparten esas ideas.

El error de los golpistas ha sido querer legitimar sus actuaciones basados en ideas contrarias a la legalidad vigente. Eran plenamente conscientes de la ilegalidad de estas y de su desobediencia y parecían estar determinados a llevar hasta las últimas consecuencias su acelerado proceso soberanista apoyados en la voluntad del pueblo basado en un ilegal referéndum sin las mínimas condiciones para ser homologado como democrático. Una actitud prepotente que vino antecedida por la promulgación de leyes inconstitucionales y contrarias al Estatuto de Autonomía que fueron suspendidas y anuladas por el Tribuna Constitucional, al que nuevamente desobedecieron sin dudar en enfrentar a los ciudadanos con las FFyCCSE encargadas de defender el orden legal establecido. Una rebelión sin paliativos en las que la violencia apareció en una actitud que nada tuvo de pacífica por verdaderas muchedumbres azuzadas por estos irresponsables y criminales líderes, que ahora no muestran tanta entereza a la hora de enfrentarse a la justicia.

Pero en estos casos no faltan aquellos que de forma mezquina, farisea e hipócrita se rasgan las vestiduras y se suman a la jauría que increpa a la Justicia por haber cumplido con su obligación. Causa verdadero asco oír o leer las declaraciones de representantes de partidos como PODEMOS que no dudan ahora en posicionarse del lado de los delincuentes diciendo cosas del estilo de “Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien”. O las de su delegado en Cataluña, Xavier Domenech calificando la decisión del juez Pablo Llarena de “desproporcionada e intolerable” y pidiendo “respuesta sobradamente democrática, unitaria y transversal” y llamando a “echar el autoritarismo que estamos viviendo”. Y es que hay quien ya no disimula y como Ada Colau al suspender el pleno del Ayuntamiento como muestra de solidaridad con “el sentimiento” de los camaradas de la fugitiva Rovira, se posiciona del lado de los golpistas sin respetar que su cargo de alcaldesa representa a todos los barceloneses y no solo a los de su grupo y los independentistas.

El hecho es que Jordi Sánchez, el tercer candidato a la presidencia de la Generalidad se encuentra en prisión. Una posibilidad que existía y de la que todos eran plenamente conscientes. Algo que, sin embargo, no quisieron tener en consideración a la hora de proponerlo como candidato ante la imposibilidad de investir al anteriormente designado y en prisión, Jordi Sánchez. Una serie de provocaciones incluso cuando el Presidene del Mesa, Roger Torrent, decidió acelerar la convocatoria del pleno de investidura a sabiendas de la citación del juez Pablo Llarena al candidato y otros diputados electos. Una especie de carrera en un claro objetivo de obstaculizar la labor de la Justicia e imponer una política de hechos consumados. Pero esa estrategia sufrió un revés tras la negativa del CUP a apoyar al candidato. Y ahora este se encuentra en prisión y no podrá asistir a la sesión prevista para hoy a las 11.30 h. Y es claro que no puede haber investidura si el candidato no está presente.

El preso Jordi Turull ha lanzado un mensaje desesperado de que se celebre la sesión apelando a la “defensa de la dignidad del Parlamento”, como si esa dignidad no hubiese sido ya repetidamente pisoteada por los golpistas durante incontables sesiones de plenos vergonzosos con violaciones de los derechos más elementales de la oposición política y resoluciones ilegales con la aprobación de leyes inconstitucionales. ¡¿Cómo se atreven a mencionar la dignidad?! Ha sido precisamente esa falta de dignidad la que les ha llevado ahora tener que responder ante la justicia y la que les sigue guiando a mantener este desafío con la propuesta de candidatos imposibles en un bloqueo institucional ilegítimo que perjudica tanto a Cataluña como a España. Y uno de los mayores responsables de esta indignidad es sin duda Roger Torrent que desde su sectarismo radical militante abusa de su cargo para forzar una situación absolutamente inaceptable.

Y tampoco es que sea aceptable la posición de un Gobierno de España comandado por un Mariano Rajoy incapaz de expresar un mensaje medianamente coherente sobre la actual situación y de forma indigna responder que como Jefe de Gobierno no puede opinar sobre los graves acontecimientos que afectan a España, ni siquiera sobre la nueva fuga no impedida de Marta Rovira en otro grave error de falta de previsión de un Gobierno sobrepasado o quizás incómodo con el papel que debe representar. Fue indigno intentar soltar por las bravas a Joaquim Forn. Fue indigno querer hacer borrón y cuenta nueva con los golpistas animásndoles a presentarse a unas nuevas elecciones autonómicas cunado estaban dando un golpe de Estado emitiendo leyes de “desconexión”. Fue indigno dar preaviso a los golpistas para que tuviesen tiempo de planear su huida. En fin, si hablamos de indignidades Mariano Rajoy debería mirarse en el espejo. Y todo por mantenerse en el poder intentando aprobar como sea los Presupuestos generales del Estado.

¡Que pasen un buen día!

Oda a la ilegalidad
Gonzalo Duñaiturria okdiario 24 Marzo 2018

Hemos acudido a una de las mayores afrentas que desde la extrema izquierda se ha realizado no solo a la democracia, sino a nuestra sociedad, a su convivencia y a su libertad. Realizada por cargos públicos de Podemos y de Ahora Madrid, henchidos que no saciados de odio, en cuyas manos pende la gobernanza del Ayuntamiento de Madrid. Falleció un mantero. Demostrado queda que por causas naturales y donde la policía local acudió sin denuedo para tratar de salvar la vida a Mbaye. Los indignos acaparadores de lo ajeno, con sus talegas bien surtidas de mensualidades públicas supieron que el fallecido no había sido acosado por la Policía. Eran las 18.30 horas en expresión lorquiana y el Ayuntamiento de Madrid lo sabía todo. Sabía que se debía a una muerte natural sin persecución policial. Un asesor municipal recibe la información pasadas las 18.30 y, a partir de ahí, mentiras, saqueo, violencia, caos, odio e infamia. Sinónimo de quienes, mantenidos por un exánime PSOE, hacen de la fobia y del rencor su único pilar político.

Protesta manipulada donde su programa pivota en un cobarde pasamontañas con el objetivo de violar el orden público y la convivencia pacífica. Como las ratas se manejan en el detrito, Podemos, “mantenido” por un PSOE desnortado, se maneja en la anarquía y el desorden. Lo falso que muchos cómplices compran y votan. Engañan, pues no les importa la muerte del mantero. Solo el vandalismo, llegar al poder por vías violentas para someter a la sociedad y eliminar a quienes se opongan a sus desmanes. El comunismo en estado puro tan poco progre como lo fue y es la “ideología” autora de 120 millones de vidas. Se les vota y apoya por parte de un PSOE tan agotado como casi difunto. Los que se adhieren a la causa, a semejante forma de hacer pseudopolítica llegarán a lamentarse.

Caerá el peso de su responsabilidad cuando ya sea tarde. Responsabilidad a la hora de reclamar a los “agitadores de salón” que rindan cuentas por enfrentar a la sociedad, convertirles en “servidores de lo público”, incendiar una empresa común llamada España. Mezquino Iglesias, que no dudó en considerar “vergonzoso” que un mantero fuera perseguido por la Policía por dedicarse a la venta ambulante. O el millonario “de papa”, Ramón Espinar, al comunicar que “hoy es un día triste. No hemos estado a la altura de los Derechos Humanos. Hemos fracasado como democracia”. Espinar hablando de democracia y Derechos Humanos es como escuchar a un pirómano hablar de cómo se apaga un fuego. Y la farisaica y mojigata Carmena, incapaz de defender a la Policía a pesar de que se limitaron a cumplir su trabajo.

Una oda a la ilegalidad si es que mayor ilegalidad moral cabe en la actitud de estos, custodiados por un PSOE mutante y sombrío. Como tal oda, se hacen alabanzas a cualidades que el autor pretende destacar. Se pretende destacar la ilicitud y la confusión. Podemos propuso despenalizar la venta de productos falsos para ayudar a los manteros. Demagogia barata con el fin de acabar con el sistema. Quisiera verles ante su SGAE o en la ceremonia de los Premios Goya refrendando tamaño ilícito. Cuántos Almodóvar, “progres millonarios” poniendo el grito en el cielo al ver sus repletos bolsillos tentados y desinflados. Nos ofrecen desde su arrogancia lecciones de solidaridad parejas a manzana podrida. Y lo realmente grave es que se encuentran aupados por un PSOE cegado. Como dijo Ignacio Manuel Altamirano, escritor y político mexicano: “La insolencia es el escudo de la desvergüenza y la fortaleza de la cobardía”.

Pedro Sánchez, (o ser) un cero a la izquierda
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 24 Marzo 2018

Yonqui del “¡No es No!”, se ha trasmutado en un contrabandista de contradicciones, liderando el PSOE más hipócrita, e ineficaz, de la historia. Desprecia la sabiduría de los barones y a cambio logra que socialistas en activo —Susana Díaz, Miquel Iceta, Ximo Puig y hasta Francina Armengol— le tomen por el pito del sereno. Pocos en su partido entienden sus vaivenes, según los define Alfonso Guerra, quien le recordó: “No se puede sorber y soplar al mismo tiempo”, fino modo de reunir al idiota y al irreflexivo en un único molde.

Pedro cisne Sánchez vuelve a mostrar ese bello penacho de plumas que ocultan su frágil sentido del rigor. Alentado por asesores necios, sigue flotando en el lago de la insensatez. Éste ave grande, e inútil, acorta la pena de cárcel del depredador de seres indefensos y vota en el Congreso para que sea abolida la prisión permanente revisable. El crío, o la chica, que caen en garras de psicópatas, le importan menos que demostrar que la izquierda nada contra corriente. El pájaro bobo antepone velar por los asesinos a tener que pensar en las víctimas.

Pedro cisne parece una falla, luce guapa hasta que arde. Y ya ardió por los cuatro costados, pues su maldita decisión de proteger a los exterminadores, acaba de inaugurar las rebajas de primavera en el PSOE, al entregarle un millón largo de votos a C´s y PP. Dicho promotor de ideas maquiavélicas adolece de falta de empatía, y así mutó en un cisne caníbal, aunque sólo fuera por lo torpe que es. Tal retardado también tuvo el antojo de dialogar con Puchi tras que éste proclamara una Republiqueta de cómic, a lo que, otra vez Guerra, le dio a entender a nuestro ganso que eso sería como pactar con Tejero.

Este pájaro sólo sirve como vendedor de Biblias. Basta oírle hablar para saber que miente. Mitad ególatra, mitad narciso y 100% hueco, vive del parné de la mujer, que costea la veleidad de un oportunista absurdo. Crear una España plurinacional es otra de las imbecilidades que afloraron en su intelecto. Votarle sería tirar el voto a la basura. ¿Qué hace un cisne en vías de extinción liderando el PSOE, aparte del ridículo? Supongo que meditar en el que será su eslogan de cara a las próximas generales. Algo que cuele, mitad filfa, mitad camelo, algo digno de un perdedor apoteósico.

No bajar la guardia ante el terrorismo yihadista
EDITORIAL El Mundo 24 Marzo 2018

De nuevo, un lobo solitario ha sembrado el terror en el corazón de Europa. Al grito de ¡Alá es grande!, un "soldado" del Estado Islámico atacó a varios policías en Carcassonne, al sur de Francia, y se atrincheró en un supermercado de una localidad cercana, donde acabó con la vida de tres rehenes. Hacía meses que la violencia yihadista no desplegaba su actividad criminal en Occidente, aunque todos los expertos habían alertado sobre una nueva oleada de atentados desde que el IS comenzó a retroceder posiciones en Irak y Siria.

La acción militar de los aliados ha logrado arrebatar a la organización terrorista sus principales bastiones en la zona y la mayor parte de los pozos de petróleo gracias los cuáles se financiaba en el mercado negro. Es cierto que el IS aún cuenta con bastantes apoyos en la región, pero ha dejado de llevar la iniciativa. Y esta circunstancia le obliga a poner en marcha una estrategia propagandística para reivindicar su fuerza. Pero a pesar de las sangrientas consecuencias de sus acciones, lo que demuestra el IS con estos atentados es su debilidad. Por ello, las fuerzas aliadas no deben cejar en su lucha para aniquilar los restos de una organización cuyo objetivo es la implantación de la sharía en sus dominios y el exterminio de todos cuantos "infieles" se resistan.

El terrorista, un marroquí de 26 años con pasaporte francés, había sido investigado por la Policía, que lo había incluido en su fichero de activistas radicales islámicos. El trabajo de las fuerzas de seguridad y la colaboración entre los diferentes cuerpos policiales y militares europeos es crucial para prevenir atentados, controlar a los ex combatientes de la guerra de Siria que regresan a Europa y detectar las células durmientes que se encuentran emboscadas en muchas de nuestras ciudades.

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Coto judicial a una rebelión en marcha
EDITORIAL El Mundo 24 Marzo 2018

El independentismo se hartó de agitar en las calles el lema "no tenim por" (no tenemos miedo), pero la realidad es que la descomposición de sus dirigentes ante la acción del Estado de derecho supone una vergonzosa exhibición de irresponsabilidad personal e inmadurez política. De otra forma no pueden calificarse los subterfugios empleados desde las bases separatistas para confundir el procesamiento de Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas con una represalia propia de un Estado totalitario. El separatismo buscó, alentó y perpetró un choque frontal con la democracia. La respuesta a esta hoja de ruta golpista, que el magistrado aprecia que no se ha diluido, es la propia de una democracia.

La decisión del juez Pablo Llarena de enviar a prisión incondicional a Turull, Rull, Forcadell, Bassa y Romeva es una consecuencia lógica del auto de procesamiento dictado por el magistrado del Tribunal Supremo a 25 de las 28 personas investigadas, atribuyéndoles delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Turull impulsó la movilización como portavoz del Govern, Rull fue parte destacada en la estrategia soberanista y Romeva favoreció el reconocimiento de la república catalana en el exterior. Entre los dirigentes que no han sido procesados figura Artur Mas, lo que resulta difícil de explicar teniendo en cuenta su papel central en el inicio del procés.

En un auto duro, prolijo y rigurosamente fundamentado, Llarena aprecia grave riesgo de fuga entre los encausados por la deriva separatista y sostiene que el separatismo perpetró un "ataque" al Estado constitucional que "integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno". El juez hace especial hincapié en que tanto Puigdemont, fugado de la Justicia española, como Junqueras y Forn fueron advertidos en una reunión de los Mossos tres días antes del referéndum ilegal del 1-O del riesgo que se corría ante posibles incidentes violentos. Eran conocedores de la gravedad de los hechos y, pese a ello, decidieron continuar con el referéndum llamando a la movilización ciudadana. Los independentistas no sólo urdieron una tramoya orientada a proclamar el nuevo Estado, sino que tejieron ésta siendo conscientes de que se podría producir hechos violentos.

Además del relato pormenorizado que establece para argumentar el papel de los procesados en el golpe secesionista, Llarena avisa que, conforme a los hechos que conoce, el independentismo reanudará el "diseño criminal" una vez "recupere el pleno control de las competencias autonómicas". No cabe duda que el juez que instruye la causa por el procés advierte al Gobierno de que debe analizar el "riesgo" que conllevaría levantar el artículo 155, de lo que puede colegirse que la rebelión emprendida para vulnerar el marco constitucional no es una acción del pasado, sino que continúa en desarrollo. Basta comprobar el discurso incendiario de Puigdemont o la vergonzante fuga de Marta Rovira para constatar que el desafío rupturista constituye una amenaza latente o larvada, pero en ningún caso extinguida.

Jurídicamente, la huida de la secretaria general del ERC -sobre la que pesaban medidas cautelares leves atendiendo a la gravedad de los delitos de los que es acusada- hace que ya sean siete los dirigentes fugados. En consecuencia, Llarena acierta al reactivar las euroórdenes de Puigdemont y el resto de huidos, y al dictar una nueva contra Rovira.

Políticamente, la encarcelación de los líderes soberanistas deja en punto muerto la segunda votación de la investidura de Turull, convocada para hoy en el Parlamento catalán. La CUP aclaró que no piensa apoyar a ningún candidato que no sea Puigdemont. En todo caso, resulta un sarcasmo que ahora se trate de culpar al juez de esta parálisis. Es el empeño de los cabecillas del independentismo en perpetuar el golpe lo que bloquea la legislatura y frustra cualquier atisbo de vuelta a la normalidad.

El Supremo sentencia el proceso

 larazon 24 Marzo 2018

La impecable instrucción del proceso independentista catalán llevada a cabo por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha deslindado objetivamente la responsabilidad individual de cada uno de los intervinientes en la intentona golpista, elaborando un relato judicial coherente, sostenido en los sólidos indicios que han reunido los investigadores de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El resultado, como no podía ser de otra forma, es un auto de procesamiento que encausa por delitos de rebelión, malversación y desobediencia a cada uno de los investigados, según su grado de participación en los hechos.

No hay, pues, causa general alguna contra la Generalitat de Cataluña o su Parlamento autonómico, sino la exigencia debida de la responsabilidad penal a quienes obraron con conocimiento de causa y utilizando alevosamente a su servicio los medios públicos que las instituciones del Estado habían dispuesto para la mejor administración de Cataluña. Con el agravante, que tipifica el delito de rebelión, del recurso a la violencia o a su instigación para forzar al Gobierno de la nación al reconocimiento de la independencia de una parte indivisible del territorio nacional.

En definitiva, el juez Llarena ha sustanciado en su auto de procesamiento lo que millones de españoles vieron y vivieron atónitos y escandalizados aquellos días de septiembre y octubre, cuando desde la propia institucionalidad se animaba al incumplimiento de la Ley, se despreciaban el ordenamiento constitucional y las resoluciones de sus tribunales y, finalmente, se violentaban las normas de la democracia parlamentaria para forzar una declaración de independencia que, en realidad, era la cristalización del golpe.

El juez instructor, con la aquiescencia de la abogacía del Estado, la Fiscalía y la acusación popular, ha decretado el ingreso en prisión preventiva y sin fianza del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull; de la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; y de los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, al tiempo que se han activado las ordenes de detención internacional contra el ex president Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los cuatro ex consejeros que permanecen huidos.

Hemos llegado, por lo tanto, a un punto de inflexión en todo este proceso, en el que ya no tiene el menor sentido insistir en esa especie de pensamiento mágico, burda patraña, que pretende reducir lo ocurrido a una mera expresión ideológica, mientras insiste en la legitimidad de sus actos. No sólo la Justicia, que entiende de conductas y hechos, ha descorrido el velo de la propaganda, sino que ha puesto ante la cruda realidad a quienes, todavía hoy, confiaban en las astucias políticas o los enjuagues de despacho para no responder de sus acciones.

El momento es grave y, sin embargo, se abre una oportunidad inapreciable para el retorno a la normalidad institucional en Cataluña y la consecuente defensa de los intereses generales de sus ciudadanos. Es preciso, sin embargo, que los dirigentes de la partidos independentistas acepten que sólo desde el respeto a la Ley y al ordenamiento constitucional es posible desarrollar la acción política en democracia y se avengan a proponer un candidato a la Generalitat de Cataluña con un horizonte penal despejado y capaz de afrontar un Gobierno para todos los catalanes. Son muchos los problemas y desafíos que hay que afrontar y que serán mejor atendidos desde la legalidad, el diálogo y la lealtad a nuestro Estado de derecho. Ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendió una vez más la mano para abrir las vías de acuerdo que sean necesarias, pero la necesaria rectificación está en manos del Parlamento catalán y de sus representantes electos

Sólo para adultos
La Justicia es un mundo de adultos donde las decisiones tienen consecuencias. No vale impostar contrición ni enmienda
Ignacio Camacho ABC 24 Marzo 2018

El juez Llanera tiene un relato. Un relato documental, completo y pormenorizado de la revuelta de octubre en Cataluña, cuyo conocimiento le permite concluir que se trató de un golpe contra la Constitución, «un ataque sin parangón» y con componentes de «fanatismo violento» a las bases del Estado. Esto lo puede afirmar cualquiera de nosotros pero sólo él, el magistrado, tiene la potestad y los fundamentos jurídicos para decirlo en un auto, calificar los diversos delitos concomitantes que se produjeron y señalar a las personas que presuntamente los planearon y llevaron a cabo. Durante cinco meses, el instructor del Supremo ha recopilado informes, testimonios, datos. Y con ellos ha reconstruido el «diseño criminal» oculto de la rebelión separatista, atribuido las responsabilidades individuales y elaborado un sumario. Ese sumario es la historia de un proyecto «tozudo e incansable» de quebrantamiento de la ley y de desacato a los tribunales sostenido durante cinco años. Y concluye, como no podía ser de otra manera, con petición de penas graves para los encausados. Mientras la política proseguía su confuso itinerario de imposturas, de maniobras y de simulacros, la Justicia ha hecho su trabajo. Que consiste en impedir que el levantamiento independentista salga impune aunque la opinión pública, con el paso del tiempo, caiga en la tentación de relativizarlo.

Eso es lo esencial. Lo demás, incluido el culebrón de la investidura, el bloqueo institucional, la farsa legitimista de Puigdemont y hasta la fuga –que no exilio– de Marta Rovira, es puro ruido. Algarabía mediática, enredo político. La respuesta del Estado a la intentona golpista no se reducía a la aplicación en baja intensidad del artículo 155. Ésa era la facultad de los poderes ejecutivo y legislativo, pero existe otro poder independiente que actúa con su propio criterio y ritmo. El encargado de juzgar los hechos para impedir que un asalto a gran escala contra la integridad de la nación y su orden de convivencia quede sin castigo.

En el mundo de los adultos, las decisiones tienen consecuencias. El famoso procès era un desafío, un envite, una apuesta que entre sus albures conllevaba la posibilidad contingente de perderla. Los soberanistas apostaron fuerte y ya no vale fingir contrición ni un dudoso propósito de enmienda. Incluso con la instrucción abierta, con medidas cautelares impuestas, han jugado en los márgenes del Derecho, retando hasta la misma noche del jueves al Supremo en los límites de la desobediencia.

La prisión preventiva es una medida dura que los encarcelados deben agradecer en buena parte a su colega Rovira. Su espantada egoísta dejaba a los demás sin argumentos para negar el riesgo de huida. El escándalo que perseguían seguirá vivo pero la lógica judicial ha de ser y es impermeable a la lacrimógena costumbre nacionalista de violentar la ley y presentarse como víctima.

AUTO DE PROCESAMIENTO
Así desmonta Llarena en su auto que el golpe separatista fue pacífico
La Gaceta  24 Marzo 2018

Algunos juristas y tertulianos habían insistido en las últimas semanas en que no ha habido rebelión durante el golpe separatista catalán. El juez Llarena, sin embargo, ha justificado punto por punto por qué si hubo violencia durante el ‘procés’.

En su auto, el instructor de la causa secesionista en el Supremo, Pablo Llarena, va desmontando con hechos y argumentos que el golpe separatista catalán fuese pacífico. Para ello, en el auto de procesamiento, detalla cómo los exconsejeros se coordinaron con los Mossos para seguir adelante con el 1-O aún sabiendo que podría desatarse la violencia.

El asedio a la Consejería, como ‘una toma de rehenes’
Es el punto de partida para su argumentación de la violencia del ‘procés’ que sus impulsores han negado. Llarena afirma que el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre no fue “exclusivamente intimidatorio” sino que allí se limitó la capacidad de actuación “como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”.

Lo manifiesta el magistrado en el auto de procesamiento, en el que sostiene que los acontecimientos ocurridos ese día “determinaron el efecto inherente a la violencia”, aunque ésta no estuviera planeada desde un inicio, y explica que “la muchedumbre actuó como una masa de fuerza”.

Los hechos ocurridos durante el asedio, al que, según el juez, acudieron 60.000 personas, reflejaron que “existía un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia”.

Una violencia extensible al referéndum ilegal
No solo se ciñe Llarena a ese 20 de septiembre, sino que también considera que hubo actos violentos durante el 1-O, cuando se instó a los ciudadanos a que defendieran el recuento de votos y a que hiciesen frente al despliegue policial destinado a impedir la votación.

Con esta actuación los representantes políticos que alentaron a la ciudadanía no solo aceptaron “el riesgo de una violencia claramente representable”, sino que impulsaron “a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación”.

Y lo hicieron “tras años impulsando el deseo colectivo por la independencia” y después de haber convocado “movilizaciones masivas” y convencido “a los seguidores de que ostentaban una legitimidad para una independencia que sabían constitucionalmente imposible”.

“Es evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza“, añade Llarena.

Así justifica que hubo violencia
En su auto, de 70 páginas, el juez explica por qué, a su juicio, existió violencia durante estos días para sostener así el procesamiento por rebelión de 13 de los 25 encausados, en tanto que este delito solo puede atribuirse si ha existido violencia.

Además, sostiene el juez que en el caso de que lo recogido en la instrucción no aportase “la férrea justificación” de esa intencionalidad violenta, el relato de hechos demuestra que quienes siguieron participando en actos desarrollados después del asedio, sabían “que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse”.

“Y la persistencia en su determinación criminal con ese conocimiento es muestra de su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir una secesión a la que no quería renunciarse”, apostilla el juez.

Llarena cree que “se decidió utilizar el poderío de la masa” para que “el Estado de Derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse”.

Así, añade, el delito de rebelión “es plenamente exigible a quienes, conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaron a su actuación criminal”.

Y esto se amplió al 1-O
El expresidente del Govern Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn sabían “sobradamente” que en la jornada del referéndum habría una “escalada de violencia”, ya que habían sido advertidos de ello por los Mossos en una reunión.

Llarena relata que el 28 de septiembre, tres días antes del referéndum, los máximos responsables de los Mossos se reunieron con los tres responsables del Govern.

En el encuentro les informaron de que, “si bien había imperado hasta entonces un pacto tácito de no violencia, la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas (entre ellos el comité de defensa del referéndum, estudiantes, bomberos, etcétera), hacían prever una ruptura respecto a situaciones pasadas y una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento”, por lo que lo que aportaba seguridad “era eludir la votación del 1-0”.

Ello indica, para el juez, que “los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia”, en vista de los enfrentamientos ocurridos ocho días antes, el 20 de septiembre, en la Consejería de Economía durante el registro judicial a su sede.

Así se coordinaron con los Mossos
“Pese a ello, la decisión de los miembros del Gobierno fue de que la votación había de celebrarse”, añade el juez en el apartado del auto de procesamiento dedicado a la actuación del ejecutivo de Puigdemont.

Así, explica cómo después de la reunión de coordinación policial las entonces consejeras de Enseñanza Clara Ponsatí y de Trabajo Dolors Bassa asumieron la dirección de los centros escolares y cívicos para ofrecer locales para celebrar la votación.

El juez, en línea con los informes de la Guardia Civil, cifra en 1,6 millones de euros el dinero público que, según han probado las investigaciones, se usó el 1-O. Pero la actuación de los integrantes del Govern procesados se remitió a mucho antes.

Llarena cita el momento en que firmaron la convocatoria del referéndum y cómo siguieron luego adelante con el proceso “pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias” anteriores.
El cuerpo autonómico no evitó el 1-O sabiendo que habría volencia

Y a pesar de conocer y advertir sobre los riesgos que podría desencadenar el referéndum ilegal, Llarena tiene claro que los Mossos d’Esquadra diseñaron un dispositivo para el 1-O que estaba “orientado a boicotear” la orden judicial para evitarlo, al optar por la “inacción” y por unas pautas “plenamente dilatorias y tolerantes con la votación”.

El magistrado, que en el marco de su investigación ha interrogado como testigos a la cúpula de los Mossos y al coordinador del dispositivo del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, remarca que existen “importantes elementos” que confirman que la policía autonómica diseñó un operativo “formal o aparente” que estaba “orientado a boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción”.

Como ejemplo, destaca que en los días previos al referéndum los Mossos acudieron a los puntos de votación donde “informaban (desvelaban)” que el 1-O acudiría una pareja y que lo cerrarían si no lo impedía una aglomeración de personas, lo que supuso unas “pautas de actuación” que sirvieron de base para que las entidades secesionistas ocuparan los centros desde la víspera.

Además, apunta que los Mossos movilizaron a 7.000 efectivos, pese a que en jornadas electorales normales lo hacen 12.000 policías, y que se distribuyeron “de manera ineficaz” ya que lo hicieron “no en el sentido de poder garantizar el cierre de los grandes centros de votación, sino en el de garantizar la presencia de al menos dos agentes en los 2.259 centros de votación existentes”.

“Las pautas de actuación previstas eran plenamente dilatorias y tolerantes con la votación”, remarca Llarena, que también pone de relieve que los mandos de los Mossos a los que ha interrogado, entre ellos el actual jefe de la policía catalana, Ferran López, han confirmado que no han abierto expediente disciplinario a ninguno de los agentes del cuerpo que aparecen en los 41 vídeos aportados por la Guardia Civil “desplegando comportamientos incompatibles con el acatamiento de la decisión judicial de clausurar los colegios”.

Llarena y los "cuatro magníficos" derrotan la insurrección catalana
José Antonio Zarzalejos EC 24 Marzo 2018

Pablo Llarena, instructor de la causa especial 20907/2017 que se tramita en la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desmantelado (no destruido, presidente Felipe González) el independentismo en menos de una semana. Al anunciar el miércoles el procesamiento de seis diputados y otros que fueron cargos públicos, entre ellos Jordi Turull, obligó al torpe Roger Torrent a cometer su tercer error: convocar de urgencia un pleno de investidura proponiendo la del ex consejero de presidencia de Puigdemont que resultó fallida porque los secesionistas siguen cayendo en todas las trampas que les tiende la CUP. Antes había convocado dos, frustrados, el del día 30 de enero para investir a Puigdemont y el del 5 de marzo para hacer lo propio con Sànchez.

En vez de renunciar, Turull, rechazado gracias a la abstención de una CUP que ansía mucho más liquidar a ERC y a todo lo que se refugia en JxCAT que la independencia de Cataluña, ha puesto en marcha el reloj que estaba parado: si no hay presidente de la Generalitat el 15 de julio, se convocarán nuevas elecciones. Y ya saben los independentistas lo que tienen que hacer para evitarlas: olvidarse de los protagonistas del proceso soberanista y apostar por la rectificación radical de la insurgencia. Han perdido y deben ser coherentes con los imponderables de la derrota.

Llarena, no solo ha propiciado la torpeza de Torrent con el anuncio de los procesamientos por rebelión, sino que, cuando el auto de prisión provisional que este viernes dictó contra los responsables del núcleo duro de la asonada del 6 y 7 de septiembre y del 27 de octubre sea firme, todos los dirigentes del tal proceso quedarán suspendidos de funciones públicas y en un futuro próximo sometidos al enjuiciamiento de la Sala Segunda que, de condenarles, les apartaría definitivamente de la vida pública, porque los delitos de los que son acusados resultan gravísimos y están sancionados con penas largas. Consecuencia directa de atentar contra la integridad del Estado, una responsabilidad que no se diluye con renuncias posteriores a la unilateralidad ni con actos de contrición.

Desarbolados por aciertos estratégicos de Llarena, oportunas intervenciones del Constitucional y graves torpezas, soberbias, engreimientos y mentiras continuadas del independentismo, la revuelta catalana ha quedado, efectivamente, descabezada, a la espera de que, ahora, se gane la batalla internacional que consistiría en traer a España a Puigdemont, Comín, Puig, Serret, Ponsatí, Gabriel y desde este viernes, también, a Marta Rovira que ha huido de manera patética, al tiempo que progresan los procedimientos penales en la Audiencia Nacional y en el juzgado nº 13 de los de instrucción de Barcelona. Soler, director de los Mossos, y Trapero, su jefe operativo, son personajes protagonistas de este malhadado episodio histórico.

Lo esencial está hecho
Llarena tiene por delante aún tarea hasta llegar al auto de conclusión del procedimiento. Pero lo esencial está hecho en el ámbito de la instrucción penal, recogido en el exhaustivo auto de 70 folios, a la espera de las declaraciones indagatorias en abril. Nos acercamos a la fase resolutoria que consiste en el dictado de una sentencia firme por la Sala Segunda que podría producirse a finales de año.

Todo lo han hecho los tribunales, incluido el Constitucional. El 155 ha salvado la cara al Gobierno de Rajoy de manera poco convincente e insuficiente porque el desafío duró hasta que Turull pronunció el jueves su penoso e inútil discurso de investidura. Y poco digno en atención a su propia trayectoria. Ya se escribió después de la balconada de 1934, con Companys, que "todo se ha perdido, hasta el honor". Redactó la frase el insigne catalán Agustí Calvet, Gaziel, relator de aquellos hechos insurgentes. Ahora ha pasado lo mismo, pero incurriendo en el ridículo sobre el que tanto previno Josep Tarradellas.

Cabe una reflexión final pero importante: el Fiscal General del Estado cometió un tremendo error al imponer a sus subordinados la petición de libertad provisional con fianza del exconsejero de Interior, Joaquim Forn. La Sala de apelación del Supremo respaldó a Llarena y mantuvo en prisión al exconsejero. Desoyó Julian Sánchez Melgar a cuatro fiscales, los "cuatro magníficos", que todo ciudadano al que interese este tema con profundidad debe tener en mente: Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y, atención a este último nombre, Jaime Moreno, todos ellos fiscales de la Sala Segunda. A los que hay que atribuir buena parte del mérito de esta orfebrería jurídica que ha acabado, y si no al tiempo, con la Cataluña insurrecta.

Y los irresponsables se cargaron la autonomía

Manel Manchón cronicaglobal 24 Marzo 2018

El Estado responde. Y nadie lo esperaba. O sí. Algunos lo advertían, consideraban que jugar a tener un Estado, o a poner contra las cuerdas al Estado de todos, podía resultar contraproducente. Le guste o no al Gobierno central, estén de acuerdo o no los partidos políticos de ámbito nacional, o sea criticable por profesores de derecho penal, lo que tenemos es una macrocausa que instruye el juez Pablo Llanera contra la práctica totalidad del Govern de la Generalitat que presidió Carles Puigdemont. El delito del que se les acusa es por rebelión, el más grave. Se quería forzar al Gobierno español a no se sabe qué, y se ha acabado perdiendo la autonomía, porque, a partir de ahora, todo será mucho más complicado, con derivas que serán difíciles de cerrar.

El problema central hay que buscarlo en una clase política que vive pendiente del poder, de las cuestiones que sirven para entorpecer al contrario, para ganar algo de ventaja, y que decidieron jugar, probar con un proceso que tenía, ciertamente, el apoyo de una parte de la sociedad catalana. Recuerden, “una parte”, que, además, no está dispuesta a llegar hasta el final porque es consciente de que puede perder más que lo que se prometía ganar. Cataluña no es Lituania, cuando el país báltico vivía bajo el manto de la Unión Soviética.

Muchos catalanes piensan que lo mejor es un escenario a la italiana, iniciativa empresarial y personal y a sonreír

Existe una reflexión que pudiera ser cierta, o, por lo menos, tenida en cuenta. Algunos dirigentes independentistas sostienen que en Cataluña apenas se puede gestionar, porque la ambición es mayor que en el resto de España, porque las exigencias de un tejido económico más complejo, obliga a poner en marcha instrumentos de autogobierno que el Gobierno central boicotea siempre. Pero la administración de la Generalitat no ha demostrado que fuera más ágil, más clarividente, más atrevida que la administración del Estado. Al revés. En muchas negociaciones se ha comprobado que los técnicos y altos funcionarios del Gobierno central tienen más capacidad, preparación y pericia que los de la Generalitat. Si eso era y es tan importante, ¿cómo es que no se ha hecho apenas nada para mejorar y reformar la maquinaria interna de la Generalitat?

La verdad hay que buscarla en otro lado, en la irresponsabilidad de unos políticos que han jugado con fuego, con la mirada muy corta, sin pensar en las consecuencias. Primero, para ellos mismos, que deberán dar la cara ante la justicia. Y, después, para la sociedad catalana, que ha comenzado a pensar que lo mejor que puede pasar es un escenario a la italiana, con una economía que funcione, buscando en la iniciativa personal y empresarial el mejor camino para tratar de sonreír.

Se quería pasar página, sin ver que tenemos los mismos problemas y carencias que cualquier otra parte de Europa

Lo más curioso, o motivo de estudio, es una corriente de opinión, de fondo, que está muy presente en el independentismo, y que pasa por una idea previa: el catalanismo nos ha llevado hasta aquí, a un camino sin salida, porque el pueblo catalán ha vivido sin pensar que podía ponerse en pie, con valentía, no frente al Estado, sino para demostrarse a sí mismo que está vivo, que quiere ejercer un papel propio en el mundo. Lo asegura Jordi Graupera, aspirante ahora a la alcadía de Barcelona, mientras pide un candidato de todo el independentismo. Pero también escritores y pensadores de ese mundo de la derecha-liberal independentista, como Enric Vila o Bernat Dedéu.

Es otra irresponsabilidad, porque, precisamente, con la colaboración de todos se había llegado hasta aquí: una autonomía con disfunciones, pero con autogobierno; importantes problemas económicos para la administración de la Generalitat --que no de Cataluña, es importante diferenciarlo-- producto de una gestión mejorable y de una crisis que ha afectado al resto de autonomías, un tejido social y económico con vigor; buenos centros de investigación y los mismos problemas que otros territorios en Europa con características similares.

Jugar a la épica, a "esto lo arreglamos mostrando el orgullo como pueblo" (¿exactamente qué pueblo?), menospreciar al contrario, porque España está en crisis y no se aguanta, tiene las consecuencias que vemos ahora. ¿Quién querría regresar ahora a principios de septiembre de 2017? El problema es que ya no puede ser, y los jueces han comenzado a actuar.

El magistrado del Supremo destaca la “clara insurrección a la autoridad judicial” de los golpistas
Miguel Ángel Pérez okdiario 24 Marzo 2018

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decretado prisión para los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Catalán, Carme Forcadell, al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Llarena destaca que existe una “clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años”.

El instructor también alude a “la imposibilidad material” de Jordi Turull, así como del resto de parlamentarios, de acudir a desempeñar sus funciones parlamentarias y a participar en la sesión de investidura prevista para el día de mañana.

Según el auto, “la atribución de responsabilidades se realiza cuando el grueso de la investigación se ha concluido. Las sospechas que se plasmaban como base para la iniciación del proceso, así como para la adopción de las medidas cautelares en ese momento, son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados”.

“En tal coyuntura”, añade, “se configura un grave riesgo de fuga en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión. La consideración del riesgo de fuga de los encausados debe de hacerse en análisis de las circunstancias personales que les afectan y estas vienen presididas por haber comparecido ante este instructor en cuantas ocasiones han sido llamados”.

“Lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados no es precipitada y responde a las fuentes de prueba que se han acopiado durante el proceso, apuntando a una excepcional relevancia penal que tiene su correspondencia en una pena de incuestionable rigor. Si bien es cierto que los procesados cuya situación se analiza han comparecido ante el Tribunal cuando han sido llamados, la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años. Esta constatación coexistió con el convencimiento de que existían razones que les proporcionaban legitimación para enfrentarse a ese acatamiento de las decisiones judiciales”.

“Puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos” afirma.

“En realidad”, soostiene Llarena, “el acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie, tal como ya ha acontecido hoy con otra de las procesadas. Más aún cuando la pérdida de la garantía personal prestada no supondría un gravamen para su propio patrimonio, por devenir de una solidaridad colectiva”.

Por último, el magistrado destaca que “las motivaciones que impulsaron a los procesados a cometer los presuntos delitos que se les atribuyen, son compartidas por un amplio colectivo que se solidariza con su causa. Y este colectivo cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y, por tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz”.

Riesgo de reiteración delictiva
El magistrado señala que sin perjuicio de que algunos de los procesados han renunciado a su acta de diputados (Dolors Bassa, así como Carme Forcadell), “todos ellos han compartido la determinación de alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional. Y no puede eludirse que la aspiración, en sí misma legítima, se ha pretendido satisfacer mediante instrumentos de actuación que quebrantan las normas prohibitivas penales y con apoyo de un movimiento social, administrativo y político de gran extensión”.

“La renuncia al acta de diputado”, añade, “ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas pernales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria”.

Según Llarena, “más allá de las personas que han sido encausadas ante esta Sala, la investigación demuestra que fueron muchos los sujetos que se concertaron para quebrantar el orden constitucional y penal como consecuencia del acuerdo delictivo que se investiga. Todos ellos han intervenido desde múltiples facetas de colaboración, por más que su participación sea objeto de investigación en otros órganos judiciales”.

“Si a esta pluralidad de planos de actuación se une, como se indica también en el auto de procesamiento, que el designio al que se incorporaron desde un inicio preveía continuar con la actuación ilícita tan pronto como se recuperaran las instituciones autonómicas que hubieran sido intervenidas, puede concluirse que el riesgo de reiteración existe pese a la renuncia al acta de diputado” señala el magistrado.

El instructor también alude a la imposibilidad material de Jordi Turull, así como del resto de parlamentarios, de acudir a desempeñar sus funciones parlamentarias y a participar en la sesión de investidura prevista para el día de mañana, en atención a la medida cautelar que ahora se adopta.

“Aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección” apunta.

Balada triste de trompeta
Teresa Freixes okdiario 24 Marzo 2018

Lo único positivo del pleno de ayer es que comienza a correr el plazo de dos meses para que pueda ser investido un presidente o presidenta del Govern o que, en su defecto, se produzca la disolución automática del Parlamento de Cataluña. El resto, pues, como en la película del título, un arranque vistoso en los prolegómenos de la investidura preventiva, seguido de un guion precipitado en el que la estrategia, política y jurídica, brilló por su ausencia. Porque esa precipitación, originada por el intento de dar una respuesta mediáticamente explotable a la citación efectuada por el magistrado Llarena a los próceres del procés, derivó en un discurso, perdón, una lectura, por parte del candidato Turull, sin fuerza y sin programa de gobierno definido, que fue seguida de un debate previsible y una votación que transcurrió tal y como la CUP había anunciado minutos antes de que comenzara el pleno.

Todo transcurrió sin sorpresas hasta que, después de haber votado, Marta Rovira, Carmen Forcadell y Dolors Bassa anunciaron su renuncia al escaño y, el mismo viernes por la mañana, la señora Rovira haya dado plantón al Tribunal Supremo y se haya, ella también, “autoexiliado”. Grandes errores estratégicos jalonan este cambio de tercio, Y digo cambio de tercio porque no tengo ninguna duda de que nada va a ser igual a partir de este fin de semana. El principal error que el secesionismo ha cometido, no sólo ahora, sino desde que hace largos años se situó en ese escenario, consiste en la creencia de que su pulso al Estado iba a triunfar, que “en Madrit” no se atreverían a actuar. No han querido ver que su posición tiene como destino natural el fracaso, no sólo aquí, sino en cualquier democracia, pues ningún Estado democrático permanece impasible cuando se le pretende destruir. Las democracias tienen todo el derecho y el deber de defenderse y tienen, también, los instrumentos pertinentes para ello.

En este caso concreto han sido el Tribunal Constitucional y el Poder judicial quienes, en ejercicio de sus funciones constitucionales, han protagonizado buena parte de la defensa del orden democrático. Ya he manifestado en diversas ocasiones que los jueces tienen tanto más protagonismo cuanto peor lo hacen los políticos… La insistencia en situarse fuera de la legalidad que el secesionismo ha protagonizado durante los últimos años contrasta con el tono que utilizaron quienes intervinieron ayer en el debate de investidura. No efectuaron soflamas como las habidas en los plenos de la anterior legislatura, pero, ayer, nunca se evidenció por su parte si el Gobierno que, partiendo de la mayoría numérica parlamentaria que —aparentemente y en principio— tienen, pretendían formar, se situaba dentro o fuera del marco de la ley. Y es algo que tiene que quedar meridianamente claro si se pretende, como decían, no sólo ellos, construir puentes, tender lazos y coser las costuras de esa sociedad quebrada en la que han transformado a Cataluña.

Constitucionalismo
No se puede recomponer nada sobre bases falsas y, tristemente, no se aclararon estas cuestiones, básicas para poder avanzar política, económica y socialmente. Y no sólo respecto de la presente investidura sino de cara a futuras alianzas, en futuras elecciones y/o futuros acuerdos legislativos. Ha sido también esa insistencia en resistir a la ley lo que ha originado que alrededor de unos 40 cargos políticos del secesionismo estén siendo investigados por diversos delitos entre los cuales, incluso el de menor peso penal, la desobediencia, también lleva consigo pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos. De prosperar las acusaciones y derivar en condenas, estaremos, en los próximos años, quizás meses, ante la renovación más importante que se haya podido producir en las cúpulas de los partidos secesionistas. Tendrán que tenerlo en cuenta no sólo en relación con la posibilidad de una investidura efectiva en estos próximos días, sino en diversos ámbitos. Por una parte, si se disolviera el Parlament por no haber acuerdo de investidura, en la confección de las próximas listas autonómicas.

Por otra, teniendo en cuenta que en 2019 tenemos elecciones municipales y europeas, pues ahí aparecen también incidencias derivadas de tales situaciones de inhabilitación. Y no tengo duda de que ello tendrá también su influencia en la esfera política española. Está todavía por ver, pero es necesario tener estrategias al respecto, que no conduzcan a callejones sin salida. Cabe también destacar la torpeza política con que se ha actuado desde la propia institución parlamentaria, concretamente, el enorme error del presidente del Parlamento, no sé si por propia decisión o auspiciado desde el “espacio libre en el exilio”, dando por sentado que, “frente a la agresión y la intromisión judicial”, la CUP, que ya había anunciado su oposición a un gobierno “autonomista” y a la propia persona del candidato Turull, iba a adentrarse sin más en el laberinto que se estaba construyendo, entre Junts per Catalunya y ERC, dirigido a que el Tribunal Supremo se tuviera que enfrentar a un procesado que fuera, al menos, president de la Generalitat electo.

El golpe de efecto que pretendía lograr con ello, porque estaba claro que lo que menos le importaba es que se pudiera formar un gobierno dentro de la legalidad, podía haber sido mediáticamente esgrimido, especialmente en el extranjero o entre los sectores que tuvieran difícil distinguir entre los tiempos y métodos políticos y los tiempos y métodos judiciales. O que no fueran conscientes, o no quisieran serlo, de que, en democracia, los jueces tienen la última palabra en todo lo que no sea el contenido de la ley. Y aún éste puede, en todas las democracias, estar sujeto al control de los Tribunales Constitucionales. Porque, frente a la consideración del secesionismo, relativa a que el Parlament de Cataluña es soberano y que, por lo tanto, no puede existir control judicial sobre los parlamentarios, es necesario recordar dos cosas.

Primero, que el Parlament de Cataluña no es depositario de soberanía alguna, puesto que son las Cortes Generales quienes representan al soberano que es el pueblo español, por expresa disposición constitucional. Y, segundo, que los legisladores elegidos no pueden ser controlados jurisdiccionalmente en cuanto tales únicamente respecto del contenido de la ley —salvo el control de constitucionalidad, como acabo de advertir— pero sí respecto de todo otro acto, parlamentario o no, que realicen y que pueda generar responsabilidades jurídicas de cualquier orden, no exclusivamente penal. De ahí que sea tan importante dejar las cosas claras. ¿Vamos a poder formar un gobierno que actúe en el marco de la legalidad o no? Necesitamos que las fuerzas políticas, especialmente las, hasta ahora, secesionistas, lo dejen claro.

Se acabó la fiesta
TSEVAN RABTAN El Mundo 24 Marzo 2018

En febrero de 2017, ANC y Òmnium convocaron protestas en las que afirmaron que se había acabado la fiesta y era hora de los sacrificios personales. Esa declaración retórica se ha convertido en una profecía autocumplida. El auto de procesamiento dictado ayer por el magistrado Llarena imputa a 20 personas delitos de rebelión, desobediencia y malversación, en un proceso que puede terminar -para algunos de los implicados- con condenas muy graves.

Pero haríamos bien en diferenciar entre los irresponsables y gravísimos hechos que configuran un indiscutible intento de golpe de Estado, y su calificación jurídico-penal. El proceso penal, como construcción racional, exige un discurso sujeto a sus propias reglas y técnicas, que ahorme jurídicamente una descripción de parte de la realidad. Por eso es importante advertir que es provisional: el procesamiento ni siquiera pone fin a la instrucción, por más que la práctica judicial lo sitúe normalmente en su fase final.

El auto describe un relato de hechos difícilmente discutible. La mayoría incluso de público conocimiento. Hubo un diseño, unos pasos previstos, una voluntad de desconocer las resoluciones de los tribunales y una decisión de crear desde la pura vía de hecho una tramoya legal que soportase el nacimiento de un Estado independiente. Hubo un reparto de papeles, con protagonistas en las instituciones y en las asociaciones ciudadanas, se previó la respuesta del Estado y se calculó que podía utilizarse para vender una imagen autoritaria que facilitase apoyos internacionales y para movilizar a los fieles.

La rebelión es un delito plurisubjetivo. Puede entenderse como una tragedia con su dramatis personae, en la que los personajes que vemos en escena van creando, con aportaciones diferentes, la trama. Lo importante es que todos sepan y asuman ese relato global, y acepten su papel. Es indiferente que consigan su objetivo: puede aparecer un deus ex machina que lo frustre y, aun así, el delito se comete.

Por eso el magistrado se preocupa de narrar esos hitos, distinguiendo entre los que se produjeron en el Parlamento de Cataluña, el Gobierno y la calle. Se trata de explicar no sólo que existía ese plan, algo indiscutible, sino que existía con el conocimiento y la asunción de que era previsible que se produjesen hechos violentos, hasta el punto de considerarlos esenciales en una de las versiones posibles del proceso secesionista. Lo trascendente en la imputación es que esa versión posible, prevista y admitida encaja -para el magistrado- con los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre: los hoy procesados sabían que la única manera de que el sistema legal automático para la declaración de la República catalana pudiera entrar en vigor, implicaba dar un paso más allá de la simple protesta pacífica.

Siempre he sostenido que los hechos de esos días suponen un evidente delito de sedición: la sedición solo exige un comportamiento tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, la actuación legítima de los funcionarios o el cumplimiento de las resoluciones judiciales o gubernativas. La sedición no exige violencia. Y el Código Penal castiga a los que inducen, sostienen o dirigen esas actuaciones, y de forma especialmente grave si lo hacen siendo autoridades.

Pero la sedición, mencionada en las primeras resoluciones, ha desaparecido del relato -esto no excluye una posible condena por este delito en su día-. El instructor, tras la práctica de muchas diligencias, ha optado por dar a los hechos la calificación más grave. Para justificarlo, aunque considera que existe alzamiento incluso con violencia contra las personas, introduce una distinción novedosa que, en mi opinión, puede ser discutida con éxito en su día por las defensas: diferencia entre actuación con violencia y violentamente. La primera, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre otro tipo de delitos -por ejemplo, coacciones, robo, allanamiento, entre otros-, exigiría que la violencia se proyecte sobre personas; sin embargo, violentamente -nos dice el instructor- es algo diferente, ya que «actúa violentamente quien lo hace de manera violenta», algo que puede suceder incluso cuando la acción recae sobre las cosas.

Esta distinción alambicada no tiene fundamento gramatical. La forma analítica "con violencia" (preposición+sustantivo) es idéntica a la sintética "violentamente" (adverbio). En ambos casos se trata de un complemento de modo. Ambas formas indican la manera en que se realiza la acción del verbo, en este caso, alzarse. Si nuestra jurisprudencia siempre ha afirmado que la violencia, a efectos penales, es diferente de la fuerza en las cosas (por más que esta sea una forma de violencia), esta interpretación se apartaría de esa línea tradicional.

Para que se perciba hasta qué punto me parece que el auto se desliza hacia una interpretación del requisito de la violencia incompatible con la norma, es interesante recordar la génesis del artículo 472 del Código Penal. Su versión primera sólo exigía el alzamiento, no la violencia. Algunos grupos, fundamentalmente el vasco, plantearon que la redacción podía suponer la incriminación de una declaración de independencia sin violencia alguna, y la posición de otros grupos fue defender que alzamiento implica violencia por definición y era superfluo incluir más requisitos. Posteriormente, cuando se introdujo en el Senado, el entonces senador del Partido Popular, señor González Pons, advirtió de que se podía estar despenalizando el autogolpe no violento (es decir, el realizado maliciosamente o mediante una imposición ilegítima amparada en una utilización torticera de los resortes del poder).

Lo que advertía González Pons es exactamente lo que ha sucedido en Cataluña. Al no haber sido los secesionistas previamente expulsados (por la aplicación del artículo 155) de las instituciones, el Estado permitió el autogolpe. La cuestión es: ¿fue violento en el sentido recto que hay que dar a la definición del delito, es decir, como violencia contra las personas para la obtención del fin prohibido?

Esta es una cuestión de hecho. Depende de la gravedad de los actos violentos, de su intensidad, de su incardinación en el diseño golpista y de su dominio por los procesados. Que se produjesen actos con violencia no es suficiente. Incluso que existiese una irresponsable asunción de la posibilidad de la existencia de actos violentos tampoco. Admitir que el comportamiento violento de cualquiera en un proceso político o de protestas -aunque sean ilegales- pueda atribuirse sin más al que los impulsa es una extensión peligrosa de la responsabilidad penal. Más aún cuando se tardó casi un mes en presentar una querella por rebelión desde que se produjeron los hechos violentos. Recuérdese, no obstante, que el 1 de octubre de 2017 no tuvo lugar una simple manifestación en la que alguien se excedió. Fue algo mucho más grave: se convocó a todos los catalanes a un acto ilegal y prohibido, y ante el aviso de los mandos de la policía catalana de que era previsible la existencia de episodios de violencia no sólo se mantuvo la convocatoria, sino que se hizo de forma que esa misma policía no pudiese cumplir con su obligación de mantenimiento del orden público y del cumplimiento de las resoluciones de los tribunales.

En mi opinión, el magistrado no ha llegado a construir, con los indicios acreditados, un relato consistente que permita una condena por rebelión. Pero cada vez está más cerca. Para el futuro personal de los procesados esto es de gran importancia, porque no es lo mismo una condena de ocho a 15 años por sedición que una de hasta 25 por rebelión. Para nuestra seguridad, lo es menos; es mucho más urgente reformar el Código Penal para que la conducta concreta realizada por los golpistas se defina como rebelión, sin necesidad de forzar la interpretación de la norma.

Lo que es obvio es que los secesionistas han conseguido lo que se proponían: que se acabase la fiesta. Pero dudo que estuviesen pensando en este final.

Tsevan Rabtan es autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2017).

PIDE PRISIÓN PARA LOS GOLPISTAS
Abascal advierte que su partido ‘no cederá ante ninguna presión’
La Gaceta 24 Marzo 2018

El presidente de VOX, Santiago Abascal, se dirige a los medios durante la comparecencia por el auto de procesamiento del juez Llarena a los golpistas catalanes | EFE

El partido presidido por Santiago Abascal, acusación particular contra el procés catalán, denuncia a las puertas del Supremo las presiones mediáticas y políticas que ha recibido la Fiscalía.

Vox, que ejerce de acusación popular en la causa que instruye el Tribunal Supremo por el “procés”, ha anunciado este viernes que pedirá prisión incondicional para el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, y para los otros cinco investigados citados a una vistilla de medidas cautelares.

El presidente del partido político que ha llevado el procés ante la justicia -recordamos que las primeras detenciones, ordenadas por el juzgado 13 de Barcelona fueron fruto de una denuncia presentada por VOX-, Santiago Abascal, ha explicado a los medios minutos antes de entrar al alto tribunal que sus abogados van a “solicitar a los tribunales la aplicación más estricta de la ley, la prisión incondicional para todos los comparecientes”.

“Hemos querido acompañar a nuestros abogados, que están ejerciendo la acusación particular de una manera extraordinaria, por la especial gravedad del momento que estamos viviendo”, explica Abascal a los medios, a los que recuerda que la “reacción de la Corona y de los españoles contribuyó a detener el golpede Estado” del pasado 1-O, y que a esa reacción “también contribuyó VOX, con las querellas en los juzgados de Barcelona que sirvieron para poner en evidencia el gran complot contra la democracia y la soberanía nacional”. “Pero ese complot golpista contra España sólo fue posible desde nuestra óptica -con la participación de una fuerza armada como los Mossos y con dinero de todos los españoles- por la inoperancia del Gobierno de la nación”.

Abascal ha denunciado que esa debilidad del Gobierno “se mantiene y está sirviendo para enquistar ese atentado contra la soberanía nacional” y ha lamentado que a esa debilidad se sumen “las gravísimas presiones contra la fiscalía y contra los jueces y el Tribunal Supremo desde tribunas mediáticas y desde figuras tan importantes como la de un expresidentre de Gobierno”.

Tras comprometerse a “no ceder ante ningún tipo de presión”, Abascal ha querido garantizar a los españoles que no habrá impunidad.

Aparte de Turull, que este jueves no recibió el respaldo suficiente del Parlament para ser elegido presidente de la Generalitat, están citados a una vistilla de medidas cautelares el diputado del PDeCAT Josep Rull, el de ERC Raül Romeva, y sus compañeras de partido Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa, que renunciaron ayer a su acta de diputadas al finalizar el pleno en el parlamento catalán. Marta Rovira, fugada al “exilio”, no comparece ante el juez y complica así el futuro procesal de sus compañeros de ‘golpe’.

Ni pluses ni traslados si el médico no habla catalán
El Govern aprueba el decreto que exige aprender la lengua cooficial y Moncloa estudia recurrirlo
Ainhoa Martínez. larazon 24 Marzo 2018

Los trabajadores de la sanidad pública balear no podrán promocionar profesionalmente si no acreditan un nivel de catalán suficiente en función de la plaza a la que deseen acceder. El Consejo de Gobierno de Baleares dio ayer luz verde al polémico decreto que regula los requisitos de catalán para el personal del Servicio de Salud (IbSalut). La norma no impedirá a los profesionales presentarse a procesos de selección –oposiciones– aunque desconozcan la lengua cooficial, pero si no acreditan su conocimiento en el plazo de dos años verán cercenadas sus opciones de acceso a procesos de movilidad y de cobrar los pluses derivados de la carrera profesional. En estos casos, los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico). La propuesta final supone una versión descafeinada de la que se impulsó en un principio y que exigía unos niveles de catalán más elevados. La oposición en bloque de los sindicatos ha obligado al Govern a rectificar para evitar la desbandada de profesionales a otros territorios sin exigencias lingüísticas de este calibre.

Desde el Ejecutivo se aduce que esta iniciativa pretende defender y conjugar el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Baleares –catalán y castellano– con la garantía de ofrecer una asistencia sanitaria de máxima calidad. El Govern aprobó el decreto, que desarrolla la Ley de Función Pública, con el aval del 65% de la representación de los sindicatos en la Mesa Sectorial y del Consell Consultiu, aunque tres de sus diez miembros la consideran inconstitucional.

La norma también ha generado la oposición de parte del sector sanitario, del PP y Ciudadanos y de entidades como «Mos Movem, En Marcha, Let’s go», que hace unas semanas protagonizó en Palma una manifestación a la que asistieron unas 2.500 personas y que tenía como lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas», informa Ep. Partidos políticos y colectivos consideran que la implantación de esta normativa limita la carrera profesional de los sanitarios.

Por su parte, Moncloa está analizando el contenido del decreto y advierte de que si figura en los mismos términos anunciados inicialmente lo recurrirá. La portavoz del Govern, Pilar Costa, argumenta que el texto ha sido aprobado con «todas las garantías» jurídicas para «desarrollar» la Ley de Función Pública y apunta que no cabe la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque no es una ley, sino un decreto con fuerza reglamentaria.

Llarena incluye en el "boicot" de los Mossos la ausencia de sanciones a los agentes del 1-O
La Policía catalana remite un informe a la jueza Lamela que informa de 131 agentes bajo investigación, pero siguen sin abrir expedientes casi medio año después
Alejandro Requeijo vozpopuli.es 24 Marzo 2018

El auto de procesamiento del juez Pablo Llarena contra los responsables del procés dedica parte de sus 70 folios a analizar la actuación de los Mossos d'Esquadra el 1-O. El magistrado no escatima en adjetivos para describir el papel de la policía autonómica que, según dice, trazó un operativo destinado a "boicotear" la orden judicial de impedir la consulta ilegal. Como ejemplo para respaldar su tesis destaca que, casi medio año después, aún no se ha impuesto ninguna sanción sobre agentes implicados en aquel despliegue.

"Existen importantes elementos que confirman el diseño de un operativo formal o aparente, esto es, orientado a boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción", dice el auto en el que destaca las declaraciones prestadas como testigo del actual jefe de los Mossos, el comisario Ferrán López y otros mandos del cuerpo el mes pasado. "Muestra que no se ha incoado expediente disciplinario a ninguno de los mossos". Este periódico ya adelantó las declaraciones de López a este respecto.

Recuerda el magistrado que la Guardia Civil aportó en su día 41 vídeos en los que se aprecia cómo los agentes "aparecen desplegando comportamientos incompatibles con el acatamiento de la decisión judicial de clausurar los colegios" y a pesar de tales evidencias "únicamente se han incoado determinados procedimientos informativos".

Según informe de los Mossos al que ha tenido acceso Vozpópuli, la División de Asuntos Internos de la policía catalana investiga a un total de 131 agentes por su actuación durante el referéndum, de los cuales ya se ha tomado declaración a 107 sospechosos de no cumplir las órdenes judiciales. Además, hay otros 27 integrantes del cuerpo a los que todavía no se les ha interrogado, pero que se encuentran incluidos en una Información Reservada, paso previo a la posible apertura de expedientes sancionadores.

Se investiga a un total de 131 agentes por su actuación durante el referéndum
Estos son los principales datos incluidos en el citado informe del cuerpo autonómico. Se trata de un documento de 27 folios elaborado el 9 de febrero por el jefe del Área de Investigación Interna y que ya obra en poder de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. La magistrada pidió el pasado 18 de enero a los Mossos información sobre las gestiones de esta investigación interna.

“Hasta la fecha de cierre de este informe, se ha tomado declaración a un total de 107 agentes, en relación a su actuación en el centro de votación que tenían asignado el 1 de octubre de 2017, quedando pendientes de citación otros 24 agentes más”, dice el escrito, según el cual también “queda pendiente tomar declaración a algunos mandos operativos para completar la información”.

El documento explica que en este grupo de agentes investigados se ha excluido a seis funcionarios asignados a tres centros de votación. Pese a tener vídeos que hacen dudar de su actuación el 1-O, no han considerado oportuno tomarles declaración porque ya se hallan bajo las pesquisas de diversos Juzgados de instrucción de de Cataluña, concretamente de Amposta, Gandesa y Tortosa. Asuntos Internos esperará al final de estos procesos judiciales antes de incluirles en la Información Reservada.

En concreto se han analizado 79 actuaciones policiales que los investigadores de los Mossos consideran sospechosas, la mayoría de ellas a partir de vídeos registrados en las redes sociales y otras fuentes abiertas. Algunos de esos vídeos se han descartado. Uno de ellos, por ejemplo, correspondía al 29 de septiembre, dos días antes del referéndum.

Buena parte del informe consiste en detallar a la jueza Lamela los nombres de los 79 colegios electorales y puntos de votación en los que se produjeron estas actuaciones que están bajo el foco de Asuntos Internos. También se precisa el número de agentes que han sido interrogados por cada una de ellas y los que aún no han sido citados a declarar. Se trata de la Información reservada 110/2017-IR. Los Mossos concluyen el informe manifestando su compromiso de que “una vez finalizada” la Información reservada, informarán a la jueza “de la incoación de los posibles expedientes disciplinarios que se puedan derivar”.

 


 


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