AGLI Recortes de Prensa   Lunes 26 Marzo 2018

El esperpento de Puigdemont toca a su fin
EDITORIAL Libertad Digital 26 Marzo 2018

La policía alemana y los servicios de inteligencia españoles han neutralizado una fuga bochornosa que el Gobierno de Rajoy no impidió.

La fuga rocambolesca del expresidente golpista de la Generalidad, que el Gobierno de España no quiso evitar, finalizó en la mañana de este pasado domingo en Schuby, pequeña localidad del norte de Alemania, donde la policía germana procedió a su detención. Puigdemont acababa de cruzar en coche la frontera danesa, procedente de Finlandia, tratando de alcanzar su refugio en Bélgica antes de que la orden europea de detención y entrega emitida contra él surtiera efecto. Sin embargo, la rapidez de la policía alemana y su coordinación con los servicios de inteligencia españoles neutralizaron este nuevo episodio rocambolesco del líder separatista.

El horizonte penal de Puigdemont se complica así sobremanera puesto que en Alemania, al contrario que en Bélgica, los delitos de rebelión contra el Estado están perfectamente tasados en la legislación penal y se castigan con fuertes penas de prisión. Desde el punto de vista jurídico, y a falta de lo que concluyan las autoridades germanas en colaboración con las españolas, resulta evidente la existencia de una clara similitud en el tratamiento de dicha figura delictiva en ambos países, lo que desembocaría en la entrega del prófugo a la Justicia española para responder de los gravísimos delitos que se le imputan.

Tarde o temprano, el peso de la Justicia caerá contra el principal responsable del intento de Golpe de Estado del separatismo catalán, y sus actividades desde que huyó de Justicia española (las "jugadas maestras" tan celebradas ridículamente por los palmeros supremacistas) actuarán seguramente como agravantes de las penas que se le impongan.

Ahora bien, si Puigdemont ha estado deambulando por Europa estos cinco meses avergonzando a todos los españoles es única y exclusivamente porque el Gobierno de Rajoy no impidió su fuga cuando estaba a tiempo de hacerlo. Bien por incompetencia manifiesta, bien por cálculo político, lo cierto es que la vicepresidenta del Gobierno, responsable última del CNI, permitió que Puigdemont y cinco de sus consejeros, (como después Anna Gabriel y, más recientemente, Marta Rovira), huyeran a otros países con total tranquilidad.

Lejos de constituir un éxito que la prensa que controla sin duda le atribuirá, el espectáculo bochornoso de la huida de Puigdemont es la prueba fehaciente de que tenemos una vicepresidenta del Gobierno incompetente, desleal o una mezcla de las dos.

Cayó Puigdemont
Construir una nación no es tarea de cobardes. Si lo fuera, Cataluña se escribiría sin «ñ» y España no existiría
Isabel San Sebastián ABC 26 Marzo 2018

Las naciones nacen de la voluntad común, compartida por una amplia mayoría de los llamados a construirlas, aunque dicho requisito no basta. Es preciso tener, además, un proyecto viable, una meta claramente definida. Pero, sobre todo, es indispensable el coraje. La valentía suficiente para arriesgar la hacienda, e incluso la vida si hiciese falta, en defensa de esa nación cuya existencia no constituye únicamente un deseo, sino una necesidad vital. Una aspiración irrenunciable. Eso nos enseña la historia. Sustituirla por propaganda no solo falsaria, sino burda, aboca a ciertos incautos a cometer errores de bulto.

Los separatistas catalanes carecen de masa crítica suficiente para llevar a cabo su delirio, de unidad en lo referente a su punto de llegada, y desde luego del arrojo que demanda una aventura semejante. Por eso han fracasado en su intentona golpista, a pesar de la debilidad con la que les ha respondido el Gobierno. Gracias a que España es un Estado de Derecho, además de una nación muy consciente de sí misma, su desafío ha terminado en un fiasco revelador de la cobardía que habita en muchos de sus caudillos, empezando por Puigdemont, caído en las redes de la policía alemana cuando intentaba pasarse de listo. El Rey Felipe VI asumió cuando debía el liderazgo al que estaba llamado, la ciudadanía hizo oír su voz en la calle, la justicia, con Llarena al frente, ha cumplido con su deber, y las fuerzas de seguridad nacionales han sabido estar a la altura. «Rien ne va plus».

Las naciones se forjan en la renuncia, el sacrificio, la lucha, el dolor. Así surgió esta vieja España, asentada en ocho siglos de combate feroz por reconquistar su derecho a formar parte de la Europa greco-romano-cristiana, cuna de la democracia. Así fueron alumbrados los Estados Unidos de América; sobre un anhelo de libertad individual y colectiva pagado al precio de una guerra devastadora. Los discípulos de Pujol y Mas, los acólitos de Rovira y Gabriel, no estaban dispuestos a tanto. No estaban dispuestos a nada. Pretendían levantar su Cataluña independiente desde el ejecutivo autonómico, con cargo al presupuesto público y a comisiones derivadas de la corrupción más hedionda. Aspiraban a rebelarse contra el marco jurídico que les asigna un lugar privilegiado en el escalafón del poder, conservando todas las prebendas derivadas de representar a la Administración del Estado. Lo querían todo: ser víctimas sin ser mártires; héroes gratis total; personajes de leyenda épica en un escenario de pantomima que ha llevado a muchos de ellos a poner pies en polvorosa a las primeras de cambio. Han quedado reducidos a villanos de opereta. Ahora son muñecos rotos.

No tenían un proyecto común compartido ni siquiera entre ellos mismos. Ahí está el rechazo de la CUP para demostrarlo. Nunca han convencido más que a la mitad de la población, ni conseguido otra cosa que profundizar la división provocada por sus políticas. La república de la que se llenan la boca carece de raigambre histórica, de capacidad económica y de reconocimiento internacional. Ni uno solo de los 193 países miembros de la ONU ha mostrado la menor inclinación a respaldarla. En resumen, todo su montaje ha demostrado ser un gigantesco engaño. Y ahora que se destapa el fraude, vemos que al frente del mismo había alguna gente coherente, dotada al menos de dignidad para afrontar con honor las consecuencias de sus actos, y otra vergonzosamente apocada. Otra como Puigdemont, atrapado en plena escapada. Construir una nación no es tarea de cobardes. Si lo fuera, Cataluña se escribiría sin «ñ» y España no existiría.

Los jueces salvan al Estado

Eduardo Inda. larazon 26 Marzo 2018

En los últimos días han brotado como setas magistrados del Supremo en forma de periodistas. Pocas columnas escritas, comentarios radiofónicos o tertulias televisivas ha habido en las que el malencarado plumilla de turno no enmendase la plana a Pablo Llarena. No me refiero, exclusivamente, a los ayudantes de cámara del independentismo.

Los periodistas de estricta obediencia podemita, mayoritarios en la profesión, han puesto a caer de un burro al instructor del 1-O y, lo que es más delirante, le han corregido sistemáticamente como si fuera un leguleyo. Esta banda de listillos olvida que un miembro del Tribunal Supremo es a la judicatura lo que Fischer o Kasparov al ajedrez: la élite de las élites. Y que llegan allí tras un darwinista concurso de méritos en el que sólo sobreviven los mejores. Van a por él no porque haya prevaricado, que es obvio que no ha prevaricado. Tampoco porque sea un tuercebotas, que saben que no lo es. Lo machacan porque son conscientes de que ha truncado su plan y el de los independentistas del detenido Puigdemont, que es el mismo.

Una hoja de ruta que pasa, al más puro estilo 36, por balcanizar España, por aplicar a rajatabla ese maquiavélico aforismo que sostiene que «cuando peor, mejor». Cuartearla para instaurar un nuevo régimen que se aproximará más en represión y totalitarismo al franquismo que a la España del 78. Más allá de lo que suelten estos tontos (como decía Forrest Gump, «tonto es el que dice tonterías») una cosa está muy clara: España nunca agradecerá lo suficiente al poder judicial su actuación en la coyuntura más grave en cuatro décadas de democracia.

Todo lo contrario que una clase política que ha optado por no meterse en problemas desde que la UCD convirtió a País Vasco y Cataluña en estados de facto. Ni Felipe, ni Aznar, ni obviamente el colaboracionista Zapatero se atrevieron a meter mano al marrón. Ha tenido que ser el más blando de todos en teoría, Rajoy, el que paradójicamente cogiera el morlaco por los cuernos. Pero quienes de verdad han mantenido el tono del Estado han sido los jueces y los fiscales que todos a una exclamaron el 1-O: «¡Hasta aquí hemos llegado!». De no haber sido por ellos a estas horas España no existiría. O no al menos como la conocemos desde hace 500 años.

Cristina Pardo retrata a La Pesoe
Así funciona la red clientelar corrupta del socialismo andaluz
Pablo Molina Libertad Digital 26 Marzo 2018

Habíamos anunciado que el programa Malas Compañías de este domingo en La Sexta iba a tener un interés especial, al tratarse de la primera incursión de una cadena de progreso en la corrupción del PSOE andaluz. Las cantidades malversadas en los escándalos de los ERE y de los cursos de formación en Andalucía son tan apabullantes que carecen de parangón en todo el continente europeo a excepción del latrocinio del clan de los Pujol, hoy por hoy convertido en una cima inalcanzable hasta para los socialistas andaluces (que ya es decir) a tenor de las cifras que se vienen manejando. Pues bien, una vez más Cristina Pardo no defraudó.

El espacio de este pasado domingo es fundamental por dos razones: es la primera vez que una televisión nacional investiga a fondo el régimen clientelar del socialismo andaluz y, por otro lado, el resultado permite conocer perfectamente por qué el PSOE ha sido, es y será también en el futuro la fuerza política hegemónica en Andalucía.

El programa recoge testimonios de numerosos afectados por las redes clientelares del socialismo andaluz que, durante la crisis económica, experimentaron un crecimiento exponencial. De esa etapa surgen los principales sumarios investigados por la Justicia, con centenares de imputados entre la Junta de Andalucía, la inseparable pareja de sindicatos de clase (alta) y las numerosas empresas creadas para depredar los fondos públicos destinados a paliar la tasas de paro en Andalucía que, tras cuatro décadas de régimen socialista, siguen siendo la vergüenza del mundo civilizado.

El alcalde de Dos Hermanas, el socialista Francisco Toscano, explicó a Cristina Pardo, tal vez sin pretenderlo, las claves del éxito del sistema político vigente en Andalucía. Esa parte del programa es esencial, porque uno de los protagonistas destacados de la política andaluza revela la forma en que el socialismo, que en democracia es solo una opción política más, ha devenido todo un régimen en Andalucía en el que el partido y la administración autonómica se confunden, con el resultado de que los fondos públicos a su servicio se gestionan con absoluta discrecionalidad.

Ante la mirada estupefacta de la presentadora del programa, Toscano explicó con total tranquilidad que el ayuntamiento de Dos Hermanas, ciudad con más de 130.000 habitantes, es la principal (por no decir la única) agencia de colocación, un modelo basado en el subsidio y el voto cautivo que su regidor quiere exportar al tercer mundo dada su probada eficacia en la localidad. La técnica consiste en ir rotando a los obreros para que cubran las cotizaciones suficientes para trincar un subsidio estatal, momento en el cual son despedidos y otra nueva remesa de desempleados ocupa sus puestos con idéntico fin. Cuando un modelo perverso por sí mismo se defiende ante las cámaras con tanto desparpajo por parte de uno de los políticos con mayor responsabilidad municipal, es fácil suponer lo que ocurre en las zonas rurales, donde La Pesoe actúa con mucha mayor impunidad.

El documento no tiene desperdicio, como se puede comprobar en el siguiente vídeo. No es un actor ni un experimento de cámara oculta. Es el alcalde de uno de las principales ciudades de Andalucía, explicando a una periodista el funcionamiento corrupto del régimen socialista andaluz.

La cruzada de Macron para que el francés desbanque al español como lengua global
Luis Rivas elconfidencial 26 Marzo 2018

Emmanuel Macron quiere reemplazar al español en el podio de las lenguas más habladas del planeta. El presidente francés ha presentado un plan de combate para que la lengua francesa se convierta en el tercer idioma de la esfera internacional, tras el mandarín y el inglés.

Entre los treinta puntos del programa para impulsar la Francofonía destaca el empeño de desarrollar la red del Liceo Francés. Hasta el momento, el número de establecimientos es de 429, repartidos en 139 países, a los que acuden 350.000 estudiantes. Para el Jefe del Estado francés, "el Liceo Francés es la columna vertebral de la enseñanza del francés en el mundo". París quiere doblar el número de alumnos para 2025.

Pero la voluntad de Macron se ha topado ya con una realidad que rebaja la euforia del anuncio. El organismo que coordina los liceos francesesen el exterior, la Agencia para la enseñanza del francés en el extranjero (AEFE), ha visto recientemente recortado su presupuesto en un 8% y prevé suprimir 500 plazas de profesores en los próximos tres años. Dotado ahora con 354 millones de euros, Macron ha prometido que se llegará a los 400 millones en 2019. Mientras, el número de firmas en Change.org para protestar contra la falta de medios sigue creciendo. Ya son 10.000.

África, con 275 millones de francófonos, es el caladero favorito y evidente para impulsar la cruzada de Macron, misionero de la lengua. Pero en ese aspecto el dirigente francés se contradice. Para desarrollar la francofonía se apoya en la demografía y aplaude la multiplicación de futuros francoparlantes. Y ahí le estallan en pleno rostro sus críticas a las sociedades –y a las mujeres africanas– expresadas en la reunión del G20 celebrada en Hamburgo, en julio de 2017. Allí, el presidente más anglófono de la historia de Francia manifestó que no sirve de nada gastar miles de millones de euros en el desarollo de África si sigue siendo normal que las mujeres tengan 8 o 9 hijos.

Ese mismo razonamiento, o similar, ha aplicado Macron cuando se aborda el problema de la emigración africana a Europa. La explosión demográfica al sur del Mediterráneo es una preocupación para los gobiernos europeos y en especial para Francia, antigua potencia colonial en decenas de países del área.

De África a Bruselas
El pasado colonial no podía tampoco ausentarse como queja inevitable de algunos intelectuales y escritores africanos. Así, Alain Mabanckou, ganador del premio literario Reanudot en 2006, ha rechazado formar parte del nuevo equipo macroniano de la Francofonía. Para el escritor congoleño, "la Francofonía es todavía percibida como la continuación de la política extranjera de Francia en sus antiguas colonias". Para Mabanckou, "los africanos no necesitan la lengua francesa para existir". Otro francófono africano, el periodista y escritor argelino, Adlene Meddi, reprocha a Macron que hable de "plurilingüismo" en África y apoye la enseñanza de las lenguas locales, cuando en su propio país ignora las lenguas regionales.

Pero no todo son palos para el mandatario francés. Ha conseguido que el puesto de "representante personal para la Francofonía" haya sido aceptado por la escritora franco-marroquí Leila Slimani, ganadora del Gouncourt en 2016.

Lejos de las críticas africanas, Macron quiere también extender la "lengua de la razón" en las instituciones comunitarias. Aprovechando el Brexit, París vuelve a la carga para intentar recuperar su idioma como lingua franca en Bruselas. Los palmeros periodísticos del presidente y algunos círculos valones belgas –antiflamencos- quieren que el inglés deje de ser idioma oficial en el club de los 27. Consideran que en Irlanda y Malta la lengua oficial es el gaélico y el maltés respectívamente. Por lo tanto, según ellos, el inglés dejaría se ser idioma comunitario con la salida de Reino Unido. Hasta París se oyen las carcajadas.

Precisamente de Irlanda llega una buena noticia para Macron. Dublín quiere adherirse al club de 58 miembros y 26 países observadores que forman la organización de la Francofonía. Como observador, claro, aunque, como en otros casos, véase Costa Rica o Ghana, por ejemplo, el interés de esos países está centrado menos en la lengua de Celine que en la posibilidad de integrar otra organización internacional que les abra nuevos mercados.

Escuchar a Macron defender el francés entra dentro de sus deberes como primera autoridad del país, pero muchos franceses defensores de su lengua no dejarán de sonreir recordando el lenguaje que el Presidente y los dirigentes de su movimiento/partido utilizan a diario desde que se lanzaron a la conquista del poder. En La Republique en Marche se habla de sesiones de "team building", de talleres de "coworking", de "back up" para todos los puestos de la Administración, de una oposición que "bullshit"… Los defensores de la lengua francesa frente al "globish" de Macron y sus equipos tienen razones para preocuparse de los límites de la Francofonía. Pero dentro de su propio territorio.

Lola Pons: "El español no es de España ni tampoco de América, es de todos, así que no es de nadie"
La profesora de Historia del Español alerta de los riesgos de que las lenguas, que son vehículos de comunicación, se conviertan en objeto de manipulación política
Francisco Camero cronicaglobal 26 Marzo 2018

Lola Pons Rodríguez es en gran medida responsable de que en los últimos tiempos el origen y la evolución del pretérito imperfecto, el maltrato sistemático del relativo posesivo cuyo o el tango que bailan diptongos e hiatos, lejos de ahuyentar, sean motivos de divertidos debates en la prensa y en las redes sociales​. Profesora de Lengua Española en la Universidad de Sevilla, y anteriormente docente de Dialectología e Historia del Español en las universidades de Tubinga y Oxford, esta sevillana de 40 años es autora de Una lengua muy muy larga. Más de cien historias curiosas sobre el español (Arpa Editores), un ameno compendio que propugna otra forma, cercana y risueña, de divulgar la cultura lingüística. En su nueva y reciente edición ampliada, ese segundo muy añadido al primer título de la obra viene a celebrar el fenomenal éxito de este insólito best-seller. Convencida de la necesidad de “romper las paredes de las aulas”, ha redoblado su apuesta colaborando en espacios de televisión (La aventura del saber, en La 2), radio (Píldoras gramaticales, en Canal Sur) y actualmente en prensa (Verne, de El País).

–¿Se enseña bien la lengua en España? ¿A qué cree que se debe esa mala fama, de materia áspera, que arrastra?
–Tengo que decir en primer lugar que tengo la impresión de que los hablantes en el fondo quieren que les riñan. Lo vimos el pasado verano con el caso de “iros”: nadie en España dice “idos”, de modo que termina reconociéndose así, ¡y la gente se enfada! ¡Pero si tú no has dicho “idos” en tu vida! Parece que nos gusta que venga alguien con una regleta a echarnos un discurso admonitorio... Con respecto a la enseñanza, creo que se da mucha metalingüística demasiado pronto, enseñamos a nuestros niños qué es el acento prosódico, por ejemplo, que es un conocimiento necesario, pero no para Primaria, y en cambio no les enseñamos a que sean sensibles a los acentos extranjeros o a que sepan expresarse en voz alta y por escrito; a hacer cosas con la lengua, en definitiva. Porque yo veo que los niños se apuntan a fútbol y les enseñan a jugar a fútbol, no les dan historia del fútbol ni se pasan horas y horas estudiando de qué está hecho el balón.

–¿Sigue siendo la divulgación una tarea pendiente de la universidad española?
–Sí, y me parece que se debe en parte a que las instancias superiores no la han promovido ni valorado, y en cambio han privilegiado la gestión universitaria como factor para lograr la promoción laboral. Hay además una idea secular de que la universidad es una institución elitista y la aspiración de muchos dentro de ella, no vamos a negarlo, es que siga siéndolo. Pero creo que eso está cambiando, en parte porque ahora, con las redes sociales, ya no se puede no hacer universidad atendiendo a su etimología.

Concedemos una gran capacidad de creación de realidad al diccionario, cuando sólo depende de nosotros hacer un uso no denigrante de las palabras

–Dijo Orwell, en una cita muy famosa, que la primera corrupción es lingüística. En ese aspecto, ¿qué dice sobre nuestra sociedad esta neolengua que nos invade, en la que todo es emprendimiento, crecimiento negativo o reestructuración en vez de despido?
–Qué pesadez, sí. Cuando a algún portavoz político le da por poner palabras o expresiones de moda como implementar u hoja de ruta, para mí es como si estuviesen dando un discurso en el Parlamento con chancletas, tan escaso es el valor de esas palabras. Es cierto que siempre ha habido corrientes de palabras ligadas al discurso político y siempre se han criticado, en el XIX era ya muy frecuente, pero se destilaban de forma mucho más lenta, en la literatura o el periodismo, y sólo unas pocas terminaban integrándose en la lengua estándar. Ahora basta que alguien lo diga hoy por la noche en el telediario para que mañana lo repita otro, salte al discurso deportivo de los programas de madrugada y ya tengamos a todo el mundo repitiendo esa palabra. Este tipo de propagación tan poco democrática debería al menos obligar a los políticos a asumir su responsabilidad lingüística. Porque por supuesto una redistribución de efectivos no es lo mismo que un despido. Son cosas que pasan cuando sólo importa el lema, en lugar del fuego lento del pensamiento y el mimo de las palabras.

–Suele haber siempre un gran alarmismo con respecto a la escritura ligada a las nuevas formas de comunicación, desde las redes sociales al WhatsApp. ¿Hay elementos para evaluar ya un impacto cierto de esos nuevos hábitos?
–Si eres filóloga y tus vecinos lo saben, es fácil que en la típica charla de ascensor te digan “antes sí que se escribía bien, no ahora los chavales con el móvil”, y yo en absoluto estoy de acuerdo. Antes también se abreviaba, y muchísimo más que hoy, y cuando digo antes me refiero por ejemplo a la Edad Media. También hubo muchos aspavientos cuando se inventó el telégrafo y para ahorrar la gente mandaba un telegrama diciendo “muerte abuela”, y punto, y hasta donde sé los verbos no han desaparecido. Ahora la gente se lleva las manos a la cabeza porque nuestros niños dicen “LOL”, pero no pasó nada cuando se inventó el correo postal y se acuñó una nueva palabra, “sobre”. El alarmismo no está justificado.

–Hoy el inglés tiene una capacidad hegemónica para nombrar nuevas realidades, lo que supone un poderoso acto de dominio cultural. ¿Está perdiendo esta batalla el español​?
–No sé si la está perdiendo, pero desde luego la tiene que librar. Desde el siglo XIII el castellano se fue construyendo como lengua elaborada, hubo un enorme esfuerzo de importación y traducción de léxico científico, técnico, de todos los ámbitos, para no recurrir al latín, el árabe o el hebreo. O en el XIX, cuando se pensaba que no había ninguna lengua para la filosofía como el alemán, y sin embargo se vertieron al castellano muchísimas palabras de aquél, así que resulta que ninguna lengua es superior a otra en capacidad de expresión. Pero hay que hacer el esfuerzo, claro, y en este aspecto hay un retroceso. Y vuelvo a la política universitaria española, que en este sentido me parece peligrosa porque favorece los artículos escritos en una lengua distinta al español: una locura. Si seguimos así, corremos el riesgo de acabar cayendo en una especie de disglosia provocada por el uso recurrente del inglés... Y bueno, a veces sencillamente somos muy papanatas, porque llamar “outfit” a un atuendo que uno lleva, mira, yo qué sé...

–Tras el antiguo hit de “miembra”, hace poco llegó “portavoza”. ¿Tiene límites el lenguaje inclusivo?
–Lo queramos o no, el límite está en la comunidad de habla. Un cambio lingüístico tiene dos partes siempre: la innovación y la difusión. O sea, que tú puedes inventarte una palabra, aquí, ahora mismo, pero si luego sólo la usas tú... En su momento fueron inventos llamar a los hombres “modistos”, “azafatos” o “matrones”, y a las mujeres “pilotas” o “juezas”, y sí se han difundido. Lo que llega al habla común es aquello que todos los hablantes, de manera democrática, sin que una autoridad lo imponga, terminamos adoptando. Y ésa es la gracia de la historia de la lengua.

–¿Es sexista el diccionario?
–El diccionario refleja la ideología de los hablantes que usan las palabras del diccionario. Yo entiendo que por ejemplo la definición que se daba de “sexo débil” necesitaba una marca, un aviso al lector de que ese uso es despectivo. Ahora bien, lo que no se puede hacer es censurar el diccionario, porque eliminar la palabra “dictador” no va a hacer desaparecer a los dictadores. Concedemos una gran capacidad de creación de realidad al diccionario, cuando sólo depende de nosotros hacer un uso no denigrante de las palabras.

–Me avisó antes de empezar de que aborrece los debates sobre lengua y política o poder...
–Es que al final el debate deriva siempre en las cuestiones impuestas desde arriba, es decir, en la planificación lingüística, como estamos viendo últimamente en España, qué lenguas se utilizan en los colegios, en las instancias públicas, etcétera. Y esos debates pueden ser lesivos para las partes implicadas, más aún si la lengua se convierte como también está ocurriendo en un hecho identitario primordial y da lugar a tanto enconamiento. Me da mucha pena que la lengua se haya convertido en un campo de batalla, porque yo creo que las lenguas de España son riqueza y que hay que ser tolerantes con ellas.

–Con respecto a Cataluña, ¿le parece un verdadero problema la política de inmersión lingüística​?
–A ver, tú me quieres sacar un titular, que te estoy viendo venir... Yo creo que no lo es, pero para matizar esa idea hace falta algo más extenso que un titular.

–No me dé un titular, deme cuantos matices quiera...
–Es que estas cosas siempre se malinterpretan... A ver, yo creo que la inmersión puede ser una cuestión pragmática, pero depende de en qué términos se plantee. Al final, es la sociedad la que tiene que regular el uso que hace de las lenguas. Yo he viajado por toda España y no he tenido nunca problemas de comunicación, pero si algunos ciudadanos piensan que lo hay, pues supongo que hay instancias políticas para resolver este tipo de conflictos. Pasa como con el tema educativo: cuando se hacen dos mil normativas distintas sin escuchar a los profesores, se nos jodió el Perú. Tengo la misma sensación con la planificación lingüística. Yo lo que sé es que las lenguas son libertad, vehículos de comunicación, ¡no son otra cosa que eso!, y cuando la política mete mucho la mano ahí puede estropearse la convivencia.

–Suele plantearse esta cuestión como una dicotomía, o español o catalán, pero ¿cabría hablar de una especie de tercera vía, del español de Cataluña, con sus rasgos propios y específicos al igual que los tiene el español hablado en Andalucía o Galicia?
–Esa es una perspectiva interesante y quizás sería necesario insistir en ella. Curiosamente una alumna mía, Ana Matilla, realizó su investigación sobre uno de los primeros libros que se escribieron al respecto, una obra aparecida en 1844, Colección de vocablos y modismos usados por los catalanes cuando hablan el castellano, hecha por un comerciante textil, Joaquín Casanovas y Ferrán, que por cierto vivió en Sevilla. Cataluña, al igual que Aragón, fue muy relevante para el castellano en la Edad Media, porque en esa época, con la dinastía de los Trastámara, hubo un vínculo constante entre Cataluña, Aragón y Castilla, y debido a las posesiones que había entonces en Nápoles, la zona sirvió de correa de transmisión de muchos rasgos del primer Renacimiento italiano que se incorporaron al castellano entrando por la parte oriental de la península. Bajo esta óptica, es inevitable reírse cuando alguien dice que una lengua es pura o que en tal zona se habla el mejor castellano. No hay lengua pura, en todo el caso el esperanto, que es inventado. Absolutamente toda lengua es mezcla.

Se puede dictar qué lengua se usa en un entorno u otro, pero la última decisión la tienen los hablantes. Y estos, en general, privilegian la finalidad de la comunicación antes que una decisión de las instancias oficiales (...) Al final la gente, cuando se junta, lo que quiere es comunicarse, hacerse entender, y para eso siempre se encuentra el modo de hacerlo

–¿Conlleva alguna clase de ventaja empírica el hecho de que en un territorio exista una sola lengua vehicular?
–Insisto: lo importante es la decisión de los hablantes. Por aquello que decíamos antes, se puede dictar qué lengua se usa en un entorno u otro, pero la última decisión la tienen los hablantes. Y estos, en general, privilegian la finalidad de la comunicación antes que una decisión de las instancias oficiales. Esto lo vemos ahora, porque en el día a día de la calle las lenguas no son un problema, y lo veíamos en la Edad Media, cuando España era también un territorio multilingüe, y había gente que hablaba árabe, y comerciantes que venían de lo que hoy es Italia, y francos por otra parte, y tampoco había problema alguno. Al final la gente, cuando se junta, lo que quiere es comunicarse, hacerse entender, y para eso siempre se encuentra el modo de hacerlo.

–Decía Antonio de Nebrija de la lengua que era “compañera del imperio”. ¿Esto sigue funcionando así, al menos en clave interna, española?
–No debería, y mira que yo por Nebrija siento una reverencia absoluta, me parece un filólogo muy moderno, muy innovador, pero posiblemente cuando escribió aquello estaba pensando en una posible expansión africana de los Reyes Católicos, ni siquiera en América. Además, no pensemos que aquí somos más dueños de la lengua que en ningún otro lugar, porque los españoles constituimos un tanto por ciento muy pequeñito, ni el 10%, de los hispanohablantes en todo el mundo. El español no es de España ni tampoco de América, es de todos, así que no es de nadie. De modo que no tiene sentido en absoluto hablar hoy del idioma en esos términos.

Disparate número uno: "Las lenguas de España son riqueza y que hay que ser tolerantes con ellas"
Nota del Editor 26 Marzo 2018

Disparate número dos:  "Yo he viajado por toda España y no he tenido nunca problemas de comunicación"

Sobre el diaparate número uno: si las lenguas regionales son una riqueza, no queremos tal riqueza, no queremos apropiarnos de una "riqueza" que no nos pertenece. Si ser tolerantes quiere decir que tenemos que aprenderlas, eso no es tolerancia, es pura estupidez ante su imposición.

Sobre el disparate número dos: la afirmación es una muestra brutal de cortedad. No ha debido ir a ningún servicio público de sanidad, leer carteles en lenguas regionales, pasar por una estación, entrar en un instituto, colegio, ayuntamiento o gobierno autonómino, para hacer algún trámite, tratar de conseguir trabajo, estudiar, o pasar la ITV.

Lo lamentable es que habiendo ejercido de profesora de historia del español, no haya tenido conocimiento del libro de J. R. Lodares.

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No al telegolpismo
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 26 Marzo 2018

De nada sirve que toda Europa se vuelque en ayudarnos contra el golpismo catalán si el Gobierno del señor Rajoy y la señorita Soraya siguen tolerando, financiando y mimando el aparato de propaganda y agitación del golpismo, cuya fuerza reside en las televisiones. En las dos que protegen los señores presidentes de la Generalidad, don Mariano y doña Soraya, la TV3 que se niegan a cerrar y La Sexta que crearon delictivamente y siguen protegiendo como lo que es, la silenciosa protectora de la imagen de esa excelentísima nulidad que tenemos como vicepresidenta. Hemos visto ya a algún egregio inquilino de la cárcel encima de un coche de la Guardia Civil arengando a las masas. Pero hemos visto también a los periolistillos de la televisión golpista catalana encaramados al mismo coche y el Gobierno de Madrid, que es el de la Generalidad, les sigue manteniendo el sueldo. Eso no puede continuar así. Nada podemos pedir al Fiscal General del Estado, cuya acreditada sumisión al Ejecutivo del Melindre lo ha desacreditado de por vida. Tendremos, pues, que pedirle a Vox que haga lo que debería hacer Ciudadanos, ya que el PP no existe y el PSOE está con el PSC, o sea, en tierra de nadie, pero tirando a golpista.

Ayer me sorprendió gratamente ver a Albert Rivera saludando la detención del golpista de Waterloo por la Policía alemana. Fue el único de los líderes políticos que saludó el fiasco del politicastro fugitivo. Falta que los partidos que se llaman constitucionales, aunque no siempre lo sean, apaguen el verdadero motor de la agitación contra España y el régimen constitucional, que es la televisión, en Madrid y Barcelona.

Mucho se quejan algunos, y con razón, de la actitud de la Justicia belga. Pues lo más belga, en el sentido más sórdido y siniestro del término, es la actitud de desafío permanente al orden constitucional que mantienen las televisiones públicas de la Generalidad, o sea, de Soraya y Mariano, y el duopolio A3media/La Sexta y Tele5/Cuatro, obra de Mariano y Soraya.

Cuando acabe por haber víctimas en las algaradas promovidas por esas televisiones golpistas, sin las que nada podrían hacer los desastrados vencidos del Prusés, vendrán algunos a pedir prudencia. Lo más prudente, desde hace años, era cerrar a cal y canto cualquier ventana al golpismo. El Gobierno las mantiene de par en par.

Todavía hay jueces en España
Luis Herrero Libertad Digital 26 Marzo 2018

El que la hace, la paga. Independientemente de que al Gobierno le guste más o menos.

No hay impunidad para los sediciosos. Uno a uno, todos van sometiéndose al rigor de la ley. Al fugitivo de Waterloo le han echado el guante al norte de Alemania mientras trataba de regresar en coche a su base de operaciones belga desde Dinamarca. Solo él sabe si era consciente del riesgo que corría durante esa excursión o si había interiorizado una falsa sensación de libertad de movimientos mientras se mantuviera al norte de los Pirineos. A lo mejor llegó a creerse que lo único que amenazaba el pleno ejercicio de sus derechos era la ominosa persecución de un Estado opresor que establece restricciones distintas a las que imperan en el resto de Europa. Si era así, ahora tiene la oportunidad de rumiar su error en la prisión de Neumünster. En Alemania, por hacer lo que él ha hecho en España podría caerle cadena perpetua.

El resto de los fugados ya saben lo que les aguarda antes o después. Clara Ponsatí ya siente en la nuca el aliento de la policía escocesa. Si Marta Rovira pensaba que yéndose a hurtadillas podría ejercer el papel de buena madre que según ella le movió a espantar la amenaza de la cárcel, que sepa que esa amenaza pende sobre su cabeza y que antes o después caerá sobre ella con amarga contundencia. No existe el crimen perfecto. La maquinaria de la justicia es lenta pero inexorable.

En plena onda expansiva del Llarenazo, un amigo mío que no tiene un pelo de tonto se lamentaba de que la situación creada pudiera llevarse por delante a los dos partidos que hasta ahora han soportado gran parte del peso del Estado. No dejaba de preguntarse en voz alta, como si toda la esperanza que cabía en su ánimo pendiera de un hilo, quién protegerá los intereses nacionales tras la debacle electoral que según todos los pronósticos le aguarda al bipartidismo en cuanto se habiliten las urnas.

Mi primera reacción fue la de poner cara de deudo. Sus palabras sonaron tan graves como el pronóstico fatídico de una enfermedad terminal. Luego, tras la digestión del primer impacto, me quedé mirándole con cierto candor. Lo que más me sorprendió no fue su falta de confianza en la alternativa electoral que pueda emerger después de las elecciones -algo comprensible, después de todo-, sino el hecho de que hasta ahora hubiera visto bien protegido el interés nacional por los partidos de la alternancia. Mi respuesta fue fulminante: los protegerá -le respondí - la Justicia. Exactamente igual que hasta ahora.

Forifismos aparte, ¿alguien puede creerse en serio que la acción conjunta de PP y PSOE ha sido el baluarte que ha frenado de momento el arreón separatista? No lo digo yo, lo ha dicho Llarena en el auto de procesamiento que dictó el viernes contra los cabecillas de la rebelión: "no ha sido el artículo 155 de la Constitución lo que ha interrumpido el desafío independentista". El libro blanco de 2014 ya preveía que el Estado pudiera intervenir el autogobierno catalán y para ese caso "había diseñado un plan de movilización de la sociedad civil" para que que la ANC, Ómnium Cultural y compañeros mártires -eso lo digo yo, no el juez- tomaran el relevo institucional en la tarea de conseguir la independencia.

Es más: según Llarena, el ataque al Estado que hasta ahora ha llevado a la cárcel a diez dirigentes del procés, ha obligado a huir del país a otros seis y ha desembocado en el procesamiento de once más "puede estar en desarrollo por más que se encuentre puntualmente larvado (...) La estrategia y las funciones interrumpidas por el 155 parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".

Como se ve, el auto judicial que conocimos el viernes no solo es duro con los sediciosos, también lo es con quienes diseñaron la estrategia política para hacer frente a la rebelión. Ni el 155 ha servido para detenerla, ni las ganas que demuestran el Gobierno y sus socios por interrumpir su aplicación son presagio de nada bueno. Los conjurados seguirán a lo suyo en cuanto vuelvan a tener el control de las instituciones catalanas y en el entreacto trasladarán a la calle todo el peso de la acción independentista.

Hay una consideración que rara vez hacemos al analizar los hechos más relevantes ocurridos durante el último año en el ámbito catalán: aunque el artículo 155 no se hubiera aplicado, los diez presos -Puigdemont incluido- estarían donde están, los siete fugados buscarían en balde un refugio por Europa y el resto de los procesados se enfrentaría al mismo pliego de cargos que ahora oscurece su horizonte penal. Las decisiones judiciales que han provocado encarcelamientos, huidas y autos de procesamiento a granel no tienen nada que ver con la excepcionalidad constitucional promovida por el Gobierno.

Y sin embargo son precisamente esas decisiones judiciales, y las consecuencias que éstas han provocado, las únicas medidas de protección que los ciudadanos perciben como tales. El que la hace, la paga. Independientemente de que al Gobierno le guste más o menos. Aunque parte de la Oposición eche las muelas. A pesar de que miles de manifestantes inunden las calles clamando por la impunidad. Eso es exactamente lo que significa tener un Estado de Derecho.

Los partidos de la alternancia, los dos baluartes clásicos del bipartidismo que ha caracterizado la política española desde 1977, no han sido parte de la solución, han sido en buena parte artífices del problema. Su complicidad, por acción y por omisión, ha sido determinante en la jibarización progresiva de la testa del Estado en Cataluña. De esos polvos, estos lodos. ¿Que quién protegerá los intereses nacionales cuando populares y socialistas paguen el castigo de sus pecados? Los mismos que, mal que bien, los ha protegido hasta ahora: los jueces. Mientras los políticos no logren impedirlo, claro. Eso no es judicializar la política (malamente se puede judicializar algo que no existe), sino promover el respeto a la ley.

El prófugo Carles Puigdemont, bajo la ley
 El Mundo 26 Marzo 2018

La policía alemana puso fin ayer al periplo europeo protagonizado por el fugado Puigdemont para humillar al Estado español y mantener viva la farsa de una república que ha roto en dos a la sociedad catalana. La detención del ex presidente de la Generalitat nada más cruzar la frontera que une Dinamarca con Alemania para regresar a su mansión de Waterloo (Bélgica) desde Finlandia fue reconfortante. Desde que el líder independentista colocó al Parlament al margen de la ley el pasado 6 de septiembre, y en estos casi cinco meses de fuga, la sociedad española ha seguido estupefacta su circo. Es tranquilizador constatar, por fin, que en un Estado de derecho nadie está por encima de las leyes, que la Justicia funciona con los ritmos que imponen los jueces y que la cooperación policial europea es una realidad.

Puigdemont ha pasado su primera noche en arresto provisional en el centro de Neumünster (Norte de Alemania). Quien quería burlar las leyes y el sentido común como aspirante a presidir la Generalitat en el exilio se enfrenta ahora a un negro horizonte judicial del que difícilmente podrá escapar. Puigdemont está procesado desde el pasado viernes -día en el que el juez Pablo Llarena reactivó la euroorden de detención- por los delitos de rebelión (penado con hasta 30 años de cárcel) y malversación. A diferencia de lo que ocurría con Bélgica, en Alemania el Código Penal tipifica un delito similar, el de alta traición contra el Estado Federal, castigado con pena perpetua revisable a los 15 años. Además, el hecho de que el Supremo cuente ahora con un minucioso auto de procesamiento en el que se detalla cómo Puigdemont y el resto de los requeridos por la Justicia urdieron un plan para atentar contra la integridad del Estado español complica la estrategia de sus abogados. Una vez que hoy declare ante el juez alemán, debería ser entregado a España en un plazo de 10 a 60 días.

Desde que tomó las riendas de la Generalitat, como sustituto de Artur Mas, Puigdemont se ha sentido impune en todos los pasos que ha dado hacia la independencia unilateral. Ha sido desafortunado que acusado por la Justicia española de un delito tan grave como el de rebelión, en estos últimos meses haya contado con la complicidad implícita de Bélgica en su desafío. Prueba de hasta qué punto sentía que iba a salir indemne, han sido sus viajes a Suiza, Dinamarca o Finlandia. En este último país estaba el viernes, cuando se hizo público el auto de su procesamiento, lo que le obligó a trazar un complejo itinerario de regreso a Bélgica que no ha sido capaz de completar.

Con Puigdemont detenido y otros huidos del procés a punto de ser entregados, como Clara Ponsatí, es hora de que el independentismo recapacite. A estas alturas ya deben saber que fuera de la ley sólo hay lágrimas.

Puigdemont al final de la escapada
 larazon 26 Marzo 2018

Como con cualquier otro individuo objeto de una orden europea de detención, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido por la Policía alemana e ingresado en un centro penitenciario, a la espera de comparecer ante un juez. Las mismas prisas y el sigilo con el que el dirigente separatista abandonó Finlandia, nada más conocerse que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, había reactivado la solicitud internacional de busca y captura, demuestra que era muy consciente de su precaria situación legal y de que en la mayoría de las legislaciones penales europeas, como la finesa, están claramente tipificados los delitos de rebelión o, en su defecto, de alta traición.

Asimismo, que Puigdemont creyera que iba a poder despistar a los servicios de Inteligencia del Estado español, forma parte de esa sensación de falsa impunidad con la que se ha desenvuelto hasta ahora y que, todo hay que decirlo, ha sido una característica de la mayoría de los dirigentes políticos enredados en la intentona golpista en Cataluña. Es de esperar que, poco a poco, se vaya abriendo paso en la conciencia colectiva del separatismo catalán la inexorabilidad de la Justicia ante unas conductas delincuenciales que, sin ir más lejos, en países como Alemania pueden ser castigadas con la cadena perpetua.

Ahora, con el final de la escapada de Carles Puigdemont, a quien tarde o temprano seguirán los otros fugados –ayer, la Policía escocesa pidió a la ex consejera Clara Ponsatí que se entregara en cumplimiento de la euroorden– parece llegada la hora de que el nacionalismo catalán se apreste a pasar página y a buscar una salida, desde el respeto a la legalidad y a las instituciones, al bloqueo político que paraliza Cataluña.

Nada más inútil y absurdo que mantener una situación de aparente rebeldía, que no encuentra eco en las calles del Principado, jugando al filo de la ley y con la muleta de unos discursos pretendidamente incendiarios, como el del presidente del Parlamento autónomo, Roger Torrent, que no tienen otra virtualidad que la de ofender la inteligencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos, atónitos ante la catarata de insultos, injurias y falsedades de quien, por más que nos pese, representa a una Institución del Estado.

El único planteamiento racional, pues, pasa por dejar que la Justicia actúe en el ámbito en que es soberana, como corresponde a una democracia avanzada en la que rige la separación de poderes y se respeta la independencia judicial, y regresar al campo de la política, que es el campo de lo posible. Si para ello es preciso que individuos como Roger Torrent den un paso al lado, serán las direcciones de los partidos nacionalistas, ERC y PDeCAT, quienes tomen la decisión. Pero, en cualquier caso, ya sea mediante la articulación de una nueva mayoría en la Cámara catalana o mediante apoyos puntuales a la actual, puesto que es imposible contar con las CUP, se debe partir desde el compromiso del inexcusable respeto a la Constitución y al Estatuto, que es lo mismo que decir a la legalidad. A partir de ahí, todas las opciones de diálogo y negociación con el Gobierno están abiertas, como ha reiterado hasta la saciedad el presidente Mariano Rajoy, para afrontar los problemas que tienen los ciudadanos de Cataluña, cuyos indicadores económicos y sociales, como hoy publica LA RAZÓN, reflejan una preocupante situación de estancamiento, cuando no de simple declive. Hay que insistir en ello: Carles Puigdemont es ya historia, triste historia, que no puede condicionar el futuro de Cataluña.

Waterloo en Alemania
ENRIQUE GIMBERNAT El Mundo 26 Marzo 2018

El § 81 del Código Penal alemán, que castiga la "Alta traición contra el Estado Federal" dispone lo siguiente: "(1) El que con violencia o con amenaza de violencia tratare de: 1. menoscabar la integridad de la República Federal de Alemania o, 2. modificar el orden constitucional basado en la Ley Fundamental [de Bonn], será castigado con prisión perpetua [revisable a los 15 años] o prisión no inferior a los diez años. (2) En casos menos graves la pena será de privación de libertad de uno a diez años".

Contra Puigdemont se ha dictado por el Tribunal Supremo español una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). La regulación de esta Orden es idéntica en todos los países pertenecientes a la Unión Europea, ya que los legisladores nacionales europeos se han limitado a transponer a sus Derechos positivos la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, modificada por Decisión Marco 2009/299/JAI. En España, la regulación de esa Orden se contiene actualmente en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea (LRM), que ya había sido transpuesta al Derecho nacional por la anterior Ley 3/2003, de 14 de marzo.

A diferencia de lo que sucede con las peticiones de extradición, en la ejecución de la OEDE no intervienen para nada los Gobiernos, sino que la comunicación se establece entre las distintas autoridades judiciales del Estado de emisión y del Estado de ejecución.

La entrega se realiza, sin más, independientemente de si lo hechos están tipificados o no en el Derecho del Estado requerido (derogación del principio de doble incriminación), cuando los delitos por los que se requiere dicha entrega figuran en un catálogo cerrado, contenido, en la transposición española, en el artículo 20.1 LRM. Dentro de ese catálogo figuran ilícitos como "corrupción" y "fraude" hechos que se corresponden con el delito de malversación, que es uno de los dos por los que se reclama a Carles Puigdemont. Por lo demás, ni siquiera era necesario que la malversación figurase en tal catálogo, ya que es un delito que también se castiga en el Código Penal alemán. Ciertamente que entre esos delitos del catálogo no figura la rebelión, pero, en ese caso, el Estado de ejecución viene obligado también a la entrega si se da el requisito de la "doble tipificación" (art. 20.4 LRM), que es lo que sucede en este caso respecto de la rebelión, puesto que el tipo español tiene una correspondencia idéntica en el § 81 del Código Penal alemán que he transcrito al comienzo.

La OEDE tiene una tramitación mucho más rápida que las peticiones de extradición, ya que responde, por confianza mutua, al principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales dentro del ámbito de la Unión Europea.

Por otra parte, el auto del pasado 21 de marzo por el que se procesa a Carles Puigdemont y a otros políticos catalanes, y que también se les hará llegar, normalmente ya traducido al alemán a las autoridades germanas, contiene unos Antecedentes de Hecho tan minuciosamente elaborados y motivados por el juez Llarena, sobre cuál ha sido la conducta del ex presidente de la Generalitat, que en ningún caso podrá alegarse oscuridad sobre qué hechos son los que se le imputan. Por todo ello, la entrega a España de Puigdemont por parte de las autoridades judiciales alemanas por los dos delitos por los que se le reclama me parece imparable. Puigdemont no habrá tenido, entonces, su Waterloo particular en Bélgica sino en Alemania.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro, El comportamiento alternativo conforme a Derecho (BdeF, 2017), contiene también una Autosemblanza del autor.

El Estado de Derecho pone en el sitio que merecen a unos golpistas
Esdiario 26 Marzo 2018

Lo grave no es procesar o encarcelar a dirigentes políticos catalanes, sino lo que ellos han hecho e intentan desde hace 6 años: imponer, por la fuerza, la ruptura de España.

El juez Llarena ha decidido procesar por rebeldía a los principales cabecillas del Golpe de Estado en Cataluña, enviando además a prisión a cinco más de ellos, entre los cuales figura el candidato de paja a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull. Y también hubiera seguido el mismo camino Marta Rovira de no haberse sumado a Puigdemont o Anna Gabriel como nueva prófuga de la Justicia.

El magistrado ha adoptado una decisión muy dura, pero más que justificada en sucesivos autos aterradores en los que describe con enorme precisión la magnitud y longevidad de un desafío al Estado de Derecho como nunca ha sufrido España desde el 23-F, tal y como el jurista afirma con inapelable lógica.

El juez reconstruye seis años de preparación de un Golpe de Estado premeditado y dispuesto a usar la violencia
Llarena describe, con pruebas abrumadoras, cómo se concertaron energías, recursos, decisiones e instrucciones precisas de los inquilinos de la Generalitat para forzar la ruptura de España y arrastrar a Cataluña, por la fuerza y desde el choque, a una independencia ilegal e imposible.

Desde el Govern hasta el Parlament, pasando por los Cuerpos de Seguridad catalanes o las oficinas en el exterior, los ahora procesados por rebelión, secesión y malversación; todo se puso al servicio de un mismo objetivo, a sabiendas de su ilegalidad y pese a las incesantes advertencias políticas y jurídicas que se remitieron desde 2012, con el Tribunal Constitucional al frente.

Es decir, durante casi seis años, las instituciones catalanas y todos sus recursos han estado secuestrados por una auténtica organización rebelde que ha ignorado voluntariamente los avisos en la idea de que, a la fuerza, su objetivo sería imparable.

Llarena reconstruye los hechos con enorme puntillosidad, explica cada uno de los delitos cometidos, detalla la responsabilidad exacta de cada uno de los protagonistas y resuelve, con brillantez, el principal reproche interesado que se le hacía desde ámbitos políticos y mediáticos empeñados en negar la existencia de una rebelión por la supuesta ausencia de violencia: ahora se demuestra que la hubo, pues en sí mismo lo es la agitación callejera, el acoso a la Guardia Civil o la utilización de los Mossos como fuerza de choque. Y todo ello ocurrió.

Rovira les empuja a la cárcel
Tan absurdo era negar esta circunstancia como criticar la prisión preventiva, por dolorosa que resulte, arguyendo que los encausados no suponían ya un riesgo: la fuga de Rovira evidencia la necesidad de encarcelar a sus compañeros; del mismo modo que la insistencia en el procés de Puigdemont desde Bélgica impide confiar, por muchas dimisiones que se presenten en el último momento, en que han renunciado a la unilateralidad.

El procés es en su conjunto un gravísimo delito, y su mera puesta en marcha es necesariamente violenta, un concepto que no obedece en exclusiva al uso de armas en un momento determinado y que recoge, también, la creación de una tensión social, política y policial como la que éstos dirigentes sembraron en Cataluña durante meses: estaban dispuestos a todo, incluyendo el uso de la fuerza, pero simplemente no pudieron culminar sus deseos.

Un juez valiente
Tal vez la decisión de Llarena tenga unas consecuencias políticas aparentemente negativas en términos de crispación. Pero un juez debe aplicar la ley, no hacer política. En ese sentido, el magistrado se merece un reconocimiento por su resistencia las presiones y por su profesionalidad para justificar cada una de sus decisiones con una contundencia inapelable que sólo discuten los afectados y quienes, frívolamente, restan importancia a sus abusos ahora que han declinado.

Y en todo caso, mucho peor que imponer la ley es permitir que se sortee con impunidad: España no tiene que explicarse ni disculparse por hacer respetar su democracia y defender su Estado de Derecho; pero sus ciudadanos si podrían pedir explicaciones si alguien pretendiera incluir excepciones en esa máxima innegociable.

Nadie es procesado ni encarcelado ni condenado por sus ideas en España, un país donde se puede ser independentista -no así en otros- y vivir, a la vez, de las mismas instituciones que se denigra. Lo que no se puede ser es golpista, ni arrogarse una interpretación de las normas y la convivencia ajena al marco colectivo y en nombre de una autoridad superior que, en realidad, es inexistente.

En España se puede ser independentista, pero no se puede ser golpista: el juicio y la prisión no es por tener ideas, sino por saltarse la ley

El problema no lo tiene España ni sus instituciones ni sus partidos constitucionales, que pueden estar satisfechos del papel conjunto que han jugado y seguros de que, en adelante, han de seguir por la misma senda y reforzarla cuantas veces sea necesario para sofocar definitivamente esta insurgencia y cauterizar las causas tóxicas que la impulsan.

La normalización, pues, no pasa por ignorar los delitos ni por mantener sin desmontar la estructura institucional que los ha impulsado; sino por aceptar, desde los partidos independentistas, que fuera del marco constitucional sólo hay delitos necesariamente perseguibles por un Estado de Derecho digno de tal nombre.

El Estado se defiende
Está en la mano de Junts, ERC y la CUP, pues, acabar con este conflicto y gobernar de nuevo Cataluña. Basta con respetar la ley, una obligación que no requiere cambalaches ni premios ni agradecimientos de ningún tipo pero sí respuestas, todo lo contundentes que sean menester, cuando no se hace. Nadie ha metido en la cárcel caprichosamente a nadie: se han metido ellos solos al echar un pulso nefando al Estado de Derecho, creyendo que podían doblarle el brazo. Como eso es imposible, ahora les toca pagarlo.

Desde un punto de vista humano, es imposible no apenarse por ver en presidio a dirigentes políticos en un país genuinamente democrático como España; pero esa anomalía no es indiciaria de ningún problema en nuestro Estado de Derecho, sino probatoria del infame desafío desatado por una banda de irresponsables en vías de ser desmantelada.

Ahora queda desmontar también el veneno insuflado en Cataluña durante cuarenta años, un reto que sí es político y para que el que cabe esperar la misma capacidad y decisión que las exhibidas, en su ámbito, por el valiente juez Llarena.

El fin de la paciencia
Editorial. vozpopuli  26 Marzo 2018

Al poco de conocerse la detención en Alemania de Carles Puigdemont, la muy engrasada maquinaria independentista activó todos los mecanismos de propaganda que indudablemente tenía previstos para la ocasión. Los llamados Comités de Defensa de la República hicieron como siempre el trabajo sucio, cortando carreteras y enfrentándose a la policía en distintos puntos de Cataluña. Había muy poco de espontáneo en la acción coordinada de estas avanzadillas y otras organizaciones radicales que, como Arran, las juventudes de la CUP, son las encargadas de suministrar, con la inestimable colaboración de TV3, las imágenes de confrontación y protestas callejeras que el procés necesita para seguir alimentando la ficción de un país oprimido por la represión del Estado español.

La detención del ex presidente Puigdemont es el natural desenlace de la colaboración judicial establecida entre países democráticos que se deben lealtad, por mucho que la excepción belga desmienta en parte este principio. No es más que eso, la consecuencia ineludible de la reiterada voluntad delictiva de quien optó por eludir sus responsabilidades y cuya cobarde actitud ha determinado el presente penal de otros dirigentes del secesionismo. Porque a quienes principalmente deben Junqueras, Turull, Forcadell y el resto de procesados su ingreso en prisión preventiva no es al juez Carlos Llarena, sino a Puigdemont y al resto de responsables políticos fugados, que lejos de favorecer las estrategias procesales de sus compañeros no han hecho sino complicarlas hasta extremos perfectamente descriptibles.

No hay la menor duda de que la detención del huido y los últimos encarcelamientos de algunos de los presuntos promotores del golpe van a ser utilizados por el separatismo para el objetivo que se marcaron todos ellos tras fracasar en las elecciones plebiscitarias de septiembre de 2015: “ensanchar la base social del procés”. Desde aquella frustrante fecha para el independentismo, no ha habido otro objetivo que ese; sin importar el precio a pagar. Ni en términos de empobrecimiento económico, ni de deterioro de la convivencia. El secesionismo no ha desistido de romper España. Y ya no es tiempo de más paciencia.

Una paciencia de la que el Estado ha hecho gala hasta rozar el ridículo. El recuento de los hechos resulta demoledor: 12 de diciembre de 2012, Artur Mas y Oriol Junqueras firman el “Acuerdo para la Transición Nacional”, al que siguió un mes después la aprobación por el Parlament de la “Declaración de soberanía y derecho a decidir en Cataluña”; en febrero de 2013 se crea el “Consejo Asesor para la Transición Nacional”; el 26 de septiembre de 2014 se aprueba la “Ley catalana de consultas populares”; el 29 de septiembre de ese mismo año el “Libro blanco de la transición nacional de Cataluña”; el 24 de febrero de 2015 el “Comisionado para la transición nacional”, que debía definir las estructuras de Estado y las medidas fiscales, financieras y administrativas a adoptar. El Tribunal Constitucional declaró poco después ilegales todas estas iniciativas. ¿Y? Se miró para otro lado. Se dijo que al final se negociaría, que no llegaría la sangre al río. Hasta que llegó en aquel infausto pleno del Parlament de octubre de 2017. Paciencia, paciencia y paciencia. ¿Y para qué?

Ahora asistiremos a un inacabable debate sobre tecnicismos jurídicos y legitimidades ficticias. La televisión pública catalana seguirá sirviendo de correa de transmisión del golpismo secesionista y los medios privados controlados por Jaume Roures y sus socios trosko-independentistas alimentarán la tensión de la calle con la inestimable colaboración de estrellas fugaces de la pantalla, cuyos únicos afanes son la notoriedad y el enriquecimiento. Veremos de nuevo, hasta hartarnos, a inefables defensores de los derechos humanos aludiendo a los restos del franquismo para justificar infundadas acusaciones de falta de libertades. Y a ese partido que se desvanece llamado Podemos dar cobertura a los enemigos de la democracia española, como si Pablo Iglesias siguiera en el fondo pensando que democracia y española son términos incompatibles.

Asistiremos y veremos todas esas cosas y alguna más. Pero lo que no es admisible, lo que debiera cortarse de raíz de inmediato es el uso sistemático de las amenazas, de las coacciones como la que sufre el propio juez Llarena y los anuncios nada velados sobre una posible, e “inevitable, en estas circunstancias”, aparición de la violencia. Utilizando para ello, de una santa vez, todas las herramientas legales al alcance del Estado, que incluyen no ya la aplicación más o menos suave del artículo 155 de la Constitución, sino, al igual que ha hecho Gran Bretaña con Irlanda del Norte en cuatro ocasiones sin que Europa dijera esta boca es mía, la suspensión efectiva de la autonomía. Y sin olvidar la neutralización o el cierre de los medios públicos de propaganda y la disolución, si se diera el caso, del Cuerpo de los Mossos de Escuadra.

Carles Puigdemont tardará un mes o seis en entrar por la puerta de una cárcel española, pero entrará. Alemania no es Bélgica ni Suiza, y la Unión Europea no puede permitirse un precedente que resquebraje su solidaridad judicial, laboriosamente construida a lo largo de décadas. Poco importa a estas alturas si cuando se siente en el banquillo será juzgado por rebelión o sedición, o por ambos delitos, además de malversación. Lo fundamental no son los años que sin duda tendrá que pasar en prisión, sino que la política y la Justicia españolas restablezcan la dignidad de una vieja nación que lleva demasiado tiempo siendo el pin pan pun de una secta que ha insultado al menos a la mitad de los catalanes y al resto de españoles, y ha antepuesto sus oscuros intereses a los de sus conciudadanos.

La casa vacía
Ignacio Camacho ABC 26 Marzo 2018

Waterloo era un presagio. No se puede tentar al karma de la Historia. Ese culto nacionalista al victimismo, el de las flores en la estatua de Rafael Casanova, acaba por invocar a la derrota. La revuelta de octubre contenía una inevitable referencia a Companys: en algún momento, los líderes del procés pensaron en el día 6 para formular la declaración de independencia como una especie de desagravio a su memoria. Nadie les hará la foto entre rejas como en el 34, aunque el final ha sido el mismo entonces y ahora; sólo que al menos aquellos insurrectos no lloraban porque su concepto de la rebelión no contemplaba este blandengue sentimentalismo de exhibición lacrimógena. Cuentan las crónicas republicanas que también alguno huyó aquella vez por las alcantarillas de Barcelona; es imposible no recordar, por manida que esté, la célebre cita de Marx y el 18 Brumario, la de la tragedia y la parodia.

Con la mansión de Waterloo, Puigdemont había escrito su destino. En clave de farsa, como todo el relato del soberanismo, que no es más que una sarta de mentiras, una tosca invención articulada con la feble lógica de un cuento para niños. La retórica de la secesión ha infantilizado la realidad elaborando patrañas y mitos con un lenguaje de significantes subvertidos: a la justicia la llaman represión; a la cobardía, heroísmo; a la sedición, democracia; a la huida, exilio. La duda es si en su burbuja solipsista los indepes habrán llegado a creerse sus propias trolas, si estarán lo bastante enajenados para engañarse a sí mismos.

En una patrulla de carretera: así ha terminado, de momento, la saga-fuga de Puchimón, su pretensión hiperbólica, autosugestionada, de arrojo aventurero. Un torpe, pésimo cálculo de riesgos, un arrogante sentido de la impunidad o acaso una monumental ignorancia del sistema jurídico europeo. Nada en este hombre es serio. Se ha convertido en un fantoche de guiñol deslumbrado por el foco engañoso de un efímero éxito. Se ha emborrachado de falsa legitimidad sin comprender que hasta para sus propios compañeros no era más que un mascarón de conveniencia, un juguete de polichinela, un muñeco.

Todavía lo utilizarán un poco más. Como estandarte utilitario para la queja, como coartada simbólica, como pretexto. Una careta que ponerse en las manifestaciones para armar jaleo. Nunca ha sido otra cosa más que eso; hasta los votos que cosechó en las elecciones eran en realidad una expresión de protesta contra el Gobierno. Hace tiempo que estorba a los suyos, deseosos de reformular –que no de abandonar– el proceso. Su prisión, en Alemania o en España, servirá aún de combustible victimista para la hoguera del enredo. Y la casa vacía de Waterloo será el emblema de otro delirio histórico fracasado, de otro espejismo licuado, de otro sueño de grandeza deshecho. A quién se le ocurre, hombre, elegir precisamente ese lugar para fingir un destierro.

La excusa Llarena
FERRÁN CABALLERO El Mundo 26 Marzo 2018

Lo dijo el jueves el ex presidente González: «Hemos judicializado la política porque, como políticos, somos unos inútiles (...) Nos amparamos en las togas a ver si alguien nos resuelve los problemas y cuando perdemos, vamos a que los resuelvan los jueces (...) Una vez que ese proceso llega a un determinado punto de saturación, la Justicia empieza a tomar decisiones políticas. Eso se llama el gobierno de los jueces (...) Más alto lo puedo decir, pero más claro parece que no».

En realidad sí que podía. Podía haber dicho que eso también se llama el Imperio de la ley, pero viene a ser lo mismo: la ley como el último refugio de los inútiles. Y bien está.

Como bien estuvo el otro día la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría al recordarle a Rivera que tampoco hace tanto que él mismo exigía al Gobierno que hiciese política y no se escudase en los tribunales, y que tampoco veía claro el 155 antes de verlo ahora limpio y transparente como el agua y tan bello como el Torso de Apolo Arcaico de Rilke: «porque aquí no hay un sólo lugar que no te vea. Debes cambiar tu vida».

Porque ya no hay un sólo lugar donde no busque, Rivera sigue esperando encontrar la forma de cambiar la vida política catalana. Pero cambiar de vida es fácil de decir y más fácil todavía de exigir a los demás, pero muy difícil de hacer. Y por eso sería gracioso si no fuese tan grave con qué facilidad y ligereza lo exigen ahora quienes tanto tiempo han estado pidiendo al Gobierno una acción política firme y decidida contra el independentismo sin dejarle ni un resquicio ni una mínima excusa para hacer política. Para hacer, se entiende, una política que fuese algo más que el intento, más o menos interesado de juguetear con los tempos de la Justicia.

Por eso tenemos a Arrimadas, la vencedora de las elecciones en Cataluña, exigiendo desde la tribuna del Parlament que el enemigo la salude amablemente por los pasillos. Y por eso tenemos ahora a la ley, a su imperio y a su juez Llarena como el último refugio de los inútiles. Como la última y más triste excusa para no tener que pensar y mucho menos que decir qué piensan hacer para, como mínimo, y en palabras del mismo González, ganar al nacionalismo en vez de tratar de «destruirlo».

El último refugio, decíamos, porque siempre es demasiado tarde para descubrir cuánto tiene de lamento y cuánto de trágica condena el viejo dicho de «Fiat iustitia, et pereat mundus».

La victoria de Llarena, un terremoto purificador
Ignacio Varela elconfidencial 26 Marzo 2018

Entre el último jueves de cuaresma y el domingo de ramos los sismógrafos registraron en Cataluña un movimiento telúrico de la máxima intensidad. En tres días se ha pateado el tablero y todo ha cambiado.

No coincido con quienes creen que la situación es peor hoy que la semana anterior. Difiero de quienes deploran la actuación del Tribunal Supremo y critican lo que llaman “judicialización de la política”. Y lamento que se reclame —explícita o implícitamente— la supremacía de la política sobre la ley. Creo que es un planteamiento erróneo en lo estratégico, en lo jurídico y lo ideológico.

Tres hechos positivos de este convulso fin de semana:
Un candidato independentista presentó en el Parlament de Cataluña un programa de gobierno nítidamente autonomista, del que se eliminó toda la parafernalia retórica de la subversión secesionista. La propuesta era intragable por el emisor, pero su contenido contuvo una capitulación completa.

La CUP negó el voto al candidato y a cualquier otro con un programa semejante. Con ello formalizó la fractura del bloque independentista y deshizo su monolítica mayoría parlamentaria.

Con la captura de Puigdemont se ha puesto fin al intento de montar un Govern en el exilio que sirviera de contrapoder simbólico, custodio de las esencias independentistas e instrumento para la internacionalización del conflicto.

El conflicto político de Cataluña perdurará mucho tiempo, pero se ha sofocado el golpe insurreccional que arrancó hace seis meses con la derogación de la Constitución y del Estatuto en el Parlament. Y eso no habría sido posible sin la presión judicial.

Quienes ahora reivindican el papel exclusivo de la política omiten que las cosas han llegado hasta aquí por la irresponsabilidad de los dirigentes nacionalistas de Cataluña y por la incompetencia de los gobiernos y los partidos españoles para encauzar el problema y frenar en su origen una operación de desguace del Estado iniciada hace una década.

El infausto tripartito fue un desastre estratégico. Lo fue aún más la gestión de aquella disparatada reforma del Estatuto. Se asistió impávidamente a la mutación independentista de Convergència. Se miró a otra parte en la consulta plebiscitaria del 9-N de 2014. Se dejó a España sin Gobierno durante un año mientras en Cataluña se preparaban estructuras de Estado y un referéndum ilegal de autodeterminación. El PSOE coqueteó con el apoyo de los independentistas para echar a Rajoy y, en vísperas de la insurrección, puso en circulación irreflexivamente lo de la plurinacionalidad.

Se dejó pasar el golpe parlamentario del 6 de septiembre sin una reacción decisiva (ese fue el momento del 155). Se confió cándidamente en Trapero y sus Mossos para impedir el referéndum. El Gobierno hizo el ridículo el 1 de octubre. Y por abreviar la historia, el jueves Rajoy estaba dispuesto a dar por bueno el nombramiento presidencial de un gerifalte de la rebelión porque eso le despejaba la votación de sus Presupuestos.

Sí, el problema pudo y debió resolverse desde la política. Pero no se hizo. Y cuando el Estado y la Constitución llegaron a estar al borde del colapso, las otras instituciones del Estado —primero el Rey y después la Justicia— tuvieron que salir al rescate para parar el golpe que la lenidad de los políticos había dejado crecer.

Escucho a algunos y me pregunto si habría sido mejor que tras la DUI los jueces se hubieran quedado quietos y nadie hubiera tenido que responder por sus delitos. Si estaríamos mejor con los Puigdemont, Junqueras, Forcadell y todos los demás campando por sus respetos, gobernando a sus anchas y libres de presión judicial. Si se debería haber permitido la investidura de Puigdemont y la puesta en marcha de la segunda fase de la sublevación. ¿De verdad alguien cree que alimentando el sentimiento de rebeldía impune el horizonte estaría más despejado y la situación pacificada?

Fue el independentismo quien sacó este conflicto del ámbito de la política cuando hizo saltar a patadas las compuertas de la ley. A partir de la abrogación de la Constitución el 6 de septiembre, del referéndum ilegal del 1 de octubre y de la DUI del 27 de ese mes, caducó temporalmente el momento de la política y llegó el de la Justicia. Esperar otra cosa era pedir la claudicación del Estado de derecho.

“Ojalá Llarena no encarcele a nadie”. Quien así habla comparte el principio de que la política debe supeditarse a la ley y no al revés. Debemos suponer, pues, que ese deseo se basa en la convicción de que ninguno de los encausados albergaba la menor voluntad de fuga o de reincidencia. En caso contrario, se estaría reclamando al juez que abdicara de su obligación procesal en favor de una hipotética solución política del problema.

Ojalá los políticos se hubieran ganado ese crédito. Si hubieran hecho su trabajo, Pablo Llarena seguiría siendo un juez anónimo, Cataluña tendría un Gobierno merecedor de tal nombre y nadie estaría en la cárcel. Por desgracia para todos, no ha sido así.

Torrent precipitó la investidura de Turull para poner al juez ante el chantaje de enviar a prisión a un 'president' recién electo. La respuesta de Llarena ha estado a la altura de la provocación: rechazo el chantaje y además lo hago en el momento justo en que tú mismo has desbloqueado el mecanismo democrático. Una vez más, los independentistas sobrevaloran su fuerza e infravaloran lo que tienen enfrente.

Llarena ha culminado su trabajo de instructor con escrúpulo jurídico impecable y mostrando un notable talento político. Sorteando todas las trampas que le han tendido los reos, ha concluido en tiempo récord un sumario endiabladamente complejo. Y de paso, ha evitado la humillación de colocar al frente de la Generalitat de Cataluña a uno de los que encabezaron la sublevación. Lo menos que puede decirse es que ha cumplido como juez y como servidor del interés del Estado.

Ahora sí se abre de nuevo el espacio de la política. Ya sabemos que el próximo presidente de la Generalitat será probablemente un independentista, pero no un delincuente encausado por la Justicia. Tienen dos meses para elegir si prefieren un Govern limpio y empezar a gobernar —me vale como punto de partida el programa de Turull, que ellos mismos votaron el jueves— o repetir las elecciones, que serían las segundas del 155.

El conflicto de fondo está muy lejos de resolverse. Pero estamos mejor que hace una semana e incomparablemente mejor que hace dos meses. Y no se lo debemos a ningún político, sino al Estado democrático. Fundamentalmente, al Rey y a los jueces.

Eso sí: sospecho que ayer Oriol Junqueras, desde su celda, paladeó la jornada. Pero ese es asunto para otro artículo.

Rajoy, esto es lo que pasa por no aplicar el 155 en TV3
Rubén Arranz. vozpopuli  26 Marzo 2018

TV3 se ha especializado en saltarse a la torera el principio de causalidad. Se explaya en las consecuencias, pero no explica el contexto de lo que ocurre estos días en Cataluña, en un constante ejercicio de cinismo que ayuda a mantener a los prosélitos del procés en su sueño hipnótico. Quien sintonizara este canal el domingo y observara su noticiario vespertino podría llegar a pensar que Carles Puigdemont es algo así como el protagonista de El Proceso, de Kafka. Hace unas horas iba a bordo de un vehículo en una autopista alemana y fue detenido y encarcelado, por alguna razón por aclarar. Ésta es una forma de manipulación muy habitual en esta televisión que tiene un claro objetivo: inculcar a los catalanes la idea de que un Estado les persigue.

Desde el pasado 1 de octubre, los periodistas de TV3 se han esforzado de forma concienzuda por exculpar a los líderes del proceso soberanista. La última (o penúltima) muestra al respecto se ha visto este domingo por la noche, cuando uno de sus reporteros, en Neumünsten, sugería a los espectadores que Puigdemont iba a dormir en la cárcel porque no había espacio en comisaría. Y por si alguien no se creyera la monserga, añadía: aquí sólo hay presos con penas de menos de 3 años. Es una prisión soft.

El equipo dirigido por Vicent Sanchís -el biógrafo de Lluís Prenafeta- bombardea los hogares catalanes día y noche con medidas verdades. Nadie niega la calidad de sus emisiones ni su admirable facilidad para desplegar a su equipo siempre que es necesario. Pero sus noticiarios describen la realidad de forma incompleta. Y en sus omisiones se encuentra su sesgo. Básicamente, porque esto provoca la sensación en el espectador de que los jueces españoles actúan con arbitrariedad y de que el Estado tiene una especial inquina hacia los catalanes, en general, y hacia el exGovern, en particular.

El telediario de este domingo por la noche es un perfecto ejemplo de este fenómeno: ha dedicado muchos minutos a hablar de la detención de Puigdemont y a describir la respuesta ciudadana, pero ha pasado de puntillas sobre el historial de presuntos delitos del líder independentista. En este sentido, ha sido muy significativa la cronología que ha emitido sobre sus andanzas, que comenzaba el 30 de octubre. ¿Por qué no el día de la Declaración Unilateral de Independencia? ¿O el del referéndum del 1-O? ¿O el de la declaración de desconexión de noviembre de 2015?
Una televisión sin 155

Intervenir TV3 y Catalunya Ràdio hubiera sido complicado, en cuanto a que sus redacciones son un perfecto ejemplo del 'entrismo', esa táctica de origen trotskista por la que sus prosélitos se adherían a organizaciones no alineadas con el fin de orientarlas hacia la revolución. Los independentistas han ganado poco a poco terreno en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) hasta haber convertido sus centros de trabajo en poco menos que en incorregibles, pues los dominan con gran claridad. En estas condiciones, las órdenes no son necesarias para prestar apoyo a Puigdemont y compañía.

La historia que han contado los partidos es que el PSOE puso como condición para apoyar la aplicación del artículo 155 que estos medios de comunicación siguieran volando libres y el PP aceptó. Eso ha provocado que el principal altavoz de los independentistas mantenga su actitud hostil hacia las Instituciones españolas en un momento especialmente delicado.

Resulta aberrante escuchar a los reporteros enumerar con todo lujo de detalle las soflamas que se habla de “presos políticos”, de “justicia injusta” o del “president Puigdemont”. También lo es observar las infografías en las que se remarca el número de heridos por las protestas de los Comités de Defensa de la República, mientras se omite hablar de las consecuencias de sus actos vandálicos. O ver cómo empresarios como Toni Soler (Polonia) se llevan una morterada de dinero público por sembrar de forma continua el odio entre Cataluña y el resto de España.

Habrá sangre
Jair Domínguez, colaborador de TV3 -y quien en 2012 apareció en el Canal 33 realizando prácticas de tiro con una fotografía de Juan Carlos I-, aseguraba hace unas horas en las redes sociales que “la república no se construye con lacitos y manifiestos, sino con sangre y fuego”. Y añadía: “Habrá muertos. Habrá muertos y será terrible porque, en el fondo, no nos gusta la violencia”. El representante de ERC, Jordi Soler, decía este domingo en los micrófonos de TV3 que lo que ocurre desde hace unas semanas es “una persecución contra el pueblo de Cataluña y toda la democracia”.

El día que el Parlament declaró la independencia de esta región, una contertulia afirmó que a Cataluña le iría mejor fuera de la Unión Europea, en cuanto a que su sistema es neoliberal y, por lo tanto, injusto. Una reportera de TV3 describía este domingo el sentimiento anti-europeísta de algunos manifestantes, dado que a Puigdemont lo han detenido los alemanes.

Es un desafío constante a la lógica y al sentido común. Es un esperpento absoluto que se fraguó en los altos despachos de los partidos independentistas y que ha incendiado las calles. Con la inestimable ayuda de la televisión autonómica. ¿Hasta cuándo va a seguir esta constante intoxicación?

Gobierno, elecciones o suspensión de la autonomía
Francesc Moreno cronicaglobal 26 Marzo 2018

Escribo este artículo recién conocida la detención de Puigdemont en Alemania. Tenía la firme intención de no hablar del monotema, pero se hace imposible. Todo lo esencial ha sido dicho y repetir argumentos se hace tedioso. Pero la vertiginosa actualidad manda.

Todos nos preguntamos: ¿y ahora qué? ¿cómo salimos del pozo? Evidentemente carezco de la varita mágica. No soy optimista. La burbuja independentista, alimentada profusamente desde Cataluña en los últimos 40 años, con la permisividad suicida de los gobiernos españoles, ha estallado. No se intervino a tiempo y reconducir la situación se hace muy difícil. La aplicación del artículo 155 de la Constitución se hizo tarde y sin determinación.

Ahora, la división interna entre catalanes, la radicalización de posturas, la violencia y la intervención del poder judicial hacen muy difícil encontrar escenarios para reconducir el conflicto.

El juez Llarena tiene razón cuando dice que el golpe sigue latente. Puigdemont ha sido la principal fuente de desestabilización impidiendo la formación de un gobierno que se atuviera al mandato del 21D, que no es otro que volver a la senda autonómica. No sé si su detención facilitará conseguir este objetivo, requisito indispensable para iniciar la normalización de la vida política. El riesgo de incidentes graves de orden público es alto y, de producirse, el deterioro de la convivencia en Cataluña se agudizaría, haciendo muy difícil cualquier vía de dialogo. Con violencia callejera grave y reiterada la suspensión de la autonomía sería inevitable.

Por ello, antes de que sea demasiado tarde, urge un gobierno que acepte sin ambigüedades el marco legal y se ponga a gobernar para todos los catalanes. Los que reclaman la libertad de los presos deberían ser conscientes de que sólo a partir de la normalización de la vida política en Cataluña decaerán los motivos de la prisión preventiva.

Un gobierno autonómico serviría para empezar a encauzar la situación, pero cuenta con la oposición del independentismo radical que hasta ahora ha tenido a Puigdemont de referente. Y, para hacerla imposible, los radicales no dudarán en tensar la cuerda en la calle. La divulgación del domicilio de Llarena en la Cerdanya, algunos tuits apelando a la violencia, y manifestaciones ante el Consulado Alemán o las delegaciones del Gobierno, no auguran nada bueno.

En esta ambiente, los partidos constitucionalistas deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y tratar de facilitar un gobierno que cuente con el máximo apoyo parlamentario posible. Pero para ello es preciso que los independentistas dispuestos a aceptar el marco constitucional rompan con aquellos que quieren seguir con el procés. La abstención de la CUP en la investidura de Turull rompió el bloque secesionista. Ahora intentarán rehacerlo. La mejor manera de evitarlo es con la formación de un gobierno que acate la legalidad. Si no se consigue, y la violencia no obliga a suspender la autonomía, vamos hacia unas nuevas elecciones que implican prolongar la incertidumbre y no garantizan, para nada, que sirvan para resolver ningún problema.

Una consideración final. Los constitucionalistas debemos evitar ser víctimas del Síndrome de Estocolmo. No caer en el chantaje emocional. No es plato de gusto ver personas encarceladas. Casi todos quisiéramos que se acabara la división social en Cataluña. Pero ceder a las pretensiones independentistas no sólo no nos evitaría sufrimientos sino que sería la fuente de muchos más. Buscar una salida, lo más inclusiva posible, es un deber de responsabilidad. Pero no debe significar sucumbir a la propaganda independentista. El cumplimiento de la ley no es negociable.

Puigdemont se estrella contra la realidad en Alemania
Miquel Giménez. vozpopuli 26 Marzo 2018

“Wir werden Euch zeigen, was Gerechtigkeit ist”, dicen los profesionales del derecho alemán, lo que significa, más o menos, “nosotros te enseñaremos algo de justicia”. Eso mismo está experimentando el ex President de la Generalitat. Creyó estar por encima de la ley catalana, la española e incluso la europea. Ahora llega el momento de enfrentarse a la realidad.
No es país para Puigdemont

Si hay un lugar que Carles Puigdemont no debería haber pisado jamás es Alemania. El respeto que sienten sus ciudadanos por el Estado de Derecho es proverbial. Solo hay que fijarse en una cosa: en la política alemana no existe ningún partido que tenga como fin destruirlo. Si acaso reformarlo, cambiarlo, darle un sentido u otro, pero decir abiertamente que se desea destrozarlo, y ya no digamos trocearlo, imposible. En primer lugar, porque las leyes de la República Alemana lo impiden de manera categórica. En segundo, porque tal cosa no se concibe por parte de ningún dirigente de allí, dando igual que sea de extrema izquierda o de extrema derecha. El ADN de los alemanes lleva inserto en el mismo una secular idea de que, fuera de la ley, solo existe la jungla. Debido a su terrible historia han sabido añadir otra consideración: a la ley debe de ir unida una cierta idea de moralidad. Sin ella, la ley es algo frío. De ahí que los alemanes se obliguen a cumplirla como un imperativo moral, más que como obligación.

Ordnung ist das halbe Leben, el orden, la ley, es la sal de la vida dicen. Con esas premisas, sabiendo que el delito de alta traición, asimilable perfectamente al español de rebelión o sedición, la persona que convenció a Puigdemont para escapar en automóvil de Finlandia y dirigirse a Bélgica atravesando Dinamarca y Alemania, le hizo un flaco favor. El ex presidente y su entorno han pecado en este caso de arrogancia, despreciando a España, sí, pero también a sus servicios policiales y de inteligencia. Hemos escuchado en no pocas ocasiones a independentistas destacados referirse al CNI como unos vulgares Pepe Gotera y Otilio, en el sentido de chapuceros, ineptos, como si fuesen unos esbirros zafios, brutos e ignorantes.

Está claro que el movimiento separatista ignora todo o casi todo acerca de como funciona un estado de derecho en Europa, pero un fallo tan garrafal, tan, si me lo permiten, digno de esos Pepe Gotera y Otilio que tanto han usado, es digno de entrar en el Guinness de la estupidez. ¿Creía el fugado que podía ir y venir a su antojo como si fuese un simple viajante de comercio, y que en esa Europa a la que critican o alaban según les va, nadie haría caso de los requerimientos judiciales? ¿Quién puede hacer caso del gobierno español, de esa España atrasada, casposa, anacrónica?, se decían. Pues ya lo ven, Alemania, sin ir más lejos. Porque la tierra de Frau Merkel no es la blandita Bélgica, un país que, tras padecer los horribles atentados yihadistas, tuvo que modificar sus leyes porque, por ejemplo, no se podía detener a nadie pasadas las nueve de la noche.

Lo que pasa es que, en el país de Goethe y Schiller, se contempla al imperio de la ley, al orden democrático, como un bien supremo. Ellos pueden decirlo con total conocimiento de causa, tras haber padecido la terrible tiranía del nacionalsocialismo o la no menos horrible dictadura comunista. Conocen el paño"

Y no es que en Alemania sean más duros que, pongamos por caso, Francia o Italia, países que se muestran tan severos o más que ella en materia de secesión. Lo que pasa es que, en el país de Goethe y Schiller, se contempla al imperio de la ley, al orden democrático, como un bien supremo. Ellos pueden decirlo con total conocimiento de causa, tras haber padecido la terrible tiranía del nacionalsocialismo o la no menos horrible dictadura comunista. Conocen el paño.

Puigdemont ha sido tonto, muy tonto, fatuo, engreído y vanidoso. Se le han subido los humos, creyéndose una especie de agente secreto que burla una y otra vez a sus enemigos atravesando fronteras, huyendo de la justicia a Bélgica, a Dinamarca, a Suiza, a Finlandia. Pero, como dice el poema “my dear guy, hasta aquí nomás llegaste”. Ahora pretende que le concedan asilo político. Esa una demostración más de su inmensa tontería, de que tan solo es un vulgar delincuente sin dos dedos de frente. Lo más triste no es que se le aplique la ley como a cualquier hijo de vecino. Lo preocupante es que ha prendido la mecha, el y los suyos, de un polvorín que está empezando a estallar. A ellos les da igual. No les pillará en la calle.

Se acabaron las sonrisas
Mientras Puigdemont pasará la noche en la prisión de Neumünster, cortesía de la BKA, la policía criminal alemana, el BND, el servicio de inteligencia alemán, y nuestra Comisaría General de Información y el CNI, en Cataluña las cosas han dejado de ser tan bonitas y festivas como siempre nos las han pintado los separatistas.

Al juez Llarena le ha hecho pintadas amenazadoras ante la casa que tiene en Dax la organización Arran, vinculada a las CUP. El mismo Consejo General del Poder Judicial reaccionaba rápidamente ante tal cosa en un escrito en el que dejaba clara su preocupación, manifestando su absoluta repulsa y solicitando al Ministerio del Interior que disponga las medidas oportunas para la protección del magistrado y de su familia. ¿Se plantea alguien la ilegalización de esta nueva Batasuna? No. Así están las cosas.

Los asaltos y pintadas a sedes de partidos constitucionalistas se han multiplicado. Las baladronadas en las redes sociales han experimentado un aumento astronómico. Los que se manifiestan en las calles dicen textualmente a los Mossos “¡Hijos de puta, os vamos a matar a todos!”. El clima de violencia social, en fin, se ha disparado. Lo decía un colaborador de TV3 que ya se hizo famoso por disparar a una fotografía de Don Juan Carlos. “Las sonrisas se han acabado”.

Lo decía un colaborador de TV3 que ya se hizo famoso por disparar a una fotografía de Don Juan Carlos. “Las sonrisas se han acabado”"

En Barcelona hay enfrentamientos callejeros. Los Mossos aguantan porque nadie les ha dado la orden de disolver, solo la de contener a los exaltados que les arrojan objetos, pintura, les insultan. Es la vieja táctica de siempre: la primera fila de manifestantes levanta las manos en son de paz, mientras que la tercera y cuarta es la que lanza piedras, cojinetes, lo que sea. Todos van con sus teléfonos móviles grabando a la fuerza pública, para después, si consiguen identificarlos, hacer públicos sus nombres. Pero no pasa nada.

A Puigdemont se le juzgará, como al resto de su gobierno, por querer alzarse contra el estado democrático. De eso no cabe ninguna duda. Pero existen delitos que aún no se han cometido, delitos contra la propiedad, contra la integridad física de las personas, delitos de agresión y, Dios no lo quiera, lesiones graves, de los que debería ser también imputado cuando se produzcan. Porque tanto él como los suyos son los autores intelectuales de lo que está pasando en Cataluña. La violencia de ahora es hija de sus mentiras, de sus ansias de convertirse en unos Napoleones subidos en un taburete, de pasar a la historia como los Bolívares catalanes, cuando ni siquiera llegaban a cabos chusqueros. Una sinrazón que nos ha llevado a esta grave distorsión de la política, del combate legítimo de las ideas, de la convivencia social.

Lo que pase a partir de ahora solo puede tener un nombre, y es el de kale borroka"

Las CUP ya andan pidiendo una huelga de país, de esas en las que se emplean a niños para cortar carreteras y autopistas. Hoy mismo se han producido situaciones similares en varias localidades catalanas. Lo que pase a partir de ahora solo puede tener un nombre, y es el de kale borroka. No puede calificarse otra forma, y como tal debe tratarse por parte de las autoridades. Ya no se trata de contemporizar con los que incendian containers o arrojan piedras. Vivimos un fenómeno de violencia callejera muy preocupante, y no me refiero tan solo a la catalana. Vean ustedes Lavapiés, sin ir más lejos, y entenderán que detrás de todo esto existe una intención muy concreta.

La realidad, ese muro contra el que se han estrellado Puigdemont y los suyos, debería ser para la gente de bien un norte y no un objeto contra el que acabar chocando por evitar mirar en su dirección. O eso, o tocará irse a Alemania, país en el que la ley tiene todavía un cierto sentido para sus gentes. Porque a ellos, créanme, lo del proceso les hubiera durado un segundo. Miren la Baader Meinhof.

En la democracia española no cabe el separatismo catalán
Se cansan de hablar de democracia cuando sólo dos millones (1.800.000) pretenden imponerse al resto de catalanes con derecho a voto: 5.554.394.
Miguel Massanet diariosigloxxi 26 Marzo 2018

Sorprende continuar escuchando al presidente del Parlament catalán, el señor Torrent, cuando con toda la solemnidad del mundo, en este simulacro de sesión parlamentaria que se ha empeñado en escenificar este sábado, antes de que decidiese anular la sesión parlamentaria por falta de la persona que tenían el proyecto de nombrar nuevo presidente de la Generalitat, intentando sostener lo que los separatistas catalanes están intentando grabar en la mente de los ciudadanos catalanes, junto a toda una serie de tópicos, como el de que España roba a la autonomía catalana o que la lengua catalana está en peligro de extinción, simplemente porque hay españoles que están pidiendo que se cumpla el mandato constitucional de que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho de poder utilizarlo. El utilizar el concepto de derecho democrático, de intentar convertir este supuesto derecho, que indebidamente se otorgan, en un salvoconducto para saltarse las normas constitucionales, actuar en contra de los preceptos del CP o saltarse a la torera todas las sentencias y resoluciones del TS o del propio TC, no deja de ser una forma harto arbitraria, ilícita, arribista y, evidentemente ramplona de pretender atribuirse un derecho que no ha quedado avalado por ninguna de las leyes que han estado vigentes en esta nación, desde que España es una nación, algo que nos viene dado, nada más y nada menos, de cuando los Reyes Católicos contrajeron matrimonio y unieron los reinos de Castilla y Aragón, allá por el siglo XV.

La forma, evidentemente torticera, que vienen usando todos aquellos que se han pretendido erigir en portavoces de todo el pueblo catalán pretendiendo que todos los ciudadanos que viven en Cataluña están empeñados en abandonar España y que, cuando el Estado español, en uso de las facultades que le son otorgadas por la Constitución de 1978, y por la tradición de más de cinco siglos del agrupamiento de todos los pueblos de España bajo una sola bandera, un solo gobierno, unas leyes comunes y un ejército con el encargo de mantener esta unidad y de defender a la nación en el caso de que fuera necesario hacer frente a una agresión foránea o interna; usando para ello de los mecanismos legales propios de todo Estado de derecho y poniendo en marcha los mecanismo judiciales para que se erijan en los vigilantes de la legalidad y, éstos, que en cumplimiento de su deber actúan con total independencia para someter a aquellos que intentan romper la unidad del país; a la normativa que la propia democracia, por medio de sus mandatarios y organismos que la rigen, se otorgó con el fin de recomponer el orden donde hubiere sido violado y someter a los mandatos de la Justicia a todos aquellos que, cualquiera que fuere su sitio en la sociedad, hubieren tratado atentar contra la legalidad y la defensa los derechos de la ciudadanía, cualquiera que fuere la forma y los procedimientos que pretendieran utilizar para sus fines criminales.

Resulta estresante para los verdaderos españoles el estar sometidos durante años a la presión constante y, en cierta manera permitida y tolerada por las autoridades de la nación, que vienen ejerciendo aquellas regiones que siguen manteniendo por una parte de sus habitantes, este tipo de virus en que consiste el renegar de la patria en la que viven y del resto de las personas que bajo las mismas normas, parecidas costumbres, lazos de siglos y comunes experiencias, constituyen las bases en las que se cimienta la coexistencia dentro de una sociedad moderna y adelantada, en la que todos deberían colaborar para la consecución de un fin común que consiste en alcanzar la paz, el bienestar económico y la plena integración con el resto de las personas de la comunidad nacional.

Vemos, por el contrario, que determinadas tendencias políticas, grupos que siguen influidos por atavismos basados en agravios de hace siglos, de reminiscencias guerra civilistas, de absurdas reivindicaciones lingüísticas, en la actualidad carentes de sentido alguno, de revanchismos basados en pretendidas ofensas o de supuestos expolios, en muchas ocasiones sin más justificación que viejas enemistades trasmitidas a través de sucesivas generaciones; siguen marcando la idiosincrasia de determinadas regiones. Las consecuencias de haber infringido las leyes del país, de haberse empecinado en mantener viejas reivindicaciones identitarias o en buscar ofensas en lo que frecuentemente solo suelen ser malentendidos fácilmente solucionables, si es que existe voluntad para ello, o de obsesionarse en pretender conseguir tratos privilegiados dentro de una nación en la que, como suele ocurrir en todos los países, existen regiones más ricas, mejor dotadas por la naturaleza, más industrializadas, con mejores y más abundantes riquezas naturales, con unas mejoradas redes de comunicación o infraestructuras más modernas, junto a otras que merecen una especial atención de los gobernantes, debido a encontrarse en situación de inferioridad respecto al resto, lo que exige que la solidaridad del resto se muestre hacia ellas sin que ello deba suponer ningún tipo de ataque o robo respecto a las que, por su especial situación de progreso y riqueza deban, en virtud de los principios de equidad y solidaridad, contribuir con mayores cantidades a la ayuda de aquellas que lo precisan.

No obstante, si alguien se toma la molestia de escuchar a quienes se han puesto como misión el soliviantar a la ciudadanía catalana, a imbuirle ideas contraria al resto de España y de los españoles, a hacerles creer el bulo de que hay una intención de las regiones de habla castellana de acabar con el idioma catalán, con el vasco, el gallego, el bable o el occitano, algo que nunca ha existido en la mente de cualquier persona con un mínimo de sentido común, enseguida se percatará de la intención rupturista que hay en todo ello. Otra cosa sería que, como sucede en estos momentos en Cataluña gracias a la propaganda propalada por los que buscan la independencia de España, que el idioma español o castellano se considere tabú, se lo ataque con furia y desprecio por medio de esta llamada “inmersión lingüística” en catalán, de tal modo que se considere como apestados a quienes quieran que sus hijos reciban enseñanza en la lengua de Castilla, un derecho que nadie les puede hurtar por estar convenientemente explicitado en nuestra Constitución. La malicia con la que han venido actuando todos estos que han sido procesados y encarcelados, dada la posibilidad de que, como ya ha sucedido con varios de ellos, existe un peligro real e indiscutible de que, si se los deja en libertad, incluso bajo fianza ( la señora Rovira tenía entregada una fianza de 60.000 € que, con toda d puede dar por perdidos; algo que, para una persona de izquierdas debería suponer una cifra muy considerable y difícil de recuperación) se fuguen para refugiarse en alguno de estos países que, a pesar de formar parte de la UE, no parece que estén dispuestos a colaborar con la debida diligencia en la entrega de delincuentes.

La pretensión, desde todo punto de vista absurdo, de hacer pasar a todos estos procesados por presos políticos, no tiene por dónde cogerse. Un preso político sería una persona que, sólo por sus ideas políticas fuera encarcelado, manifestarse públicamente contra las autoridades, expresarse desde un medio de comunicación en contra del gobierno o defendiendo una causa absurda, incluso un cambio de régimen o mostrarse antimonárquico, es algo que en España se puede hacer sin que se le pueda empapelar por tal causa. En el caso que estamos tratando, los imputados están acusados de delitos como desobediencia, malversación de caudales públicos, sedición o incluso rebelión en contra del Estado, con la pretensión de conseguir que, una parte importante de la nación dejase de pertenecer a España, simplemente porque a dos millones de catalanes de una población total de siete millones, les ha dado por pensar que, por tener una exigua mayoría parlamentaria ya tienen el derecho de exigir la independencia; atribuyendo a los dos millones escasos que les han votado, tener más derecho a imponer sus deseos sobre el resto que no los votaron que, numéricamente resultan ser casi un millón más de los votantes catalanes. Delitos recogidos en el Código Penal español y sancionados con penas que en algunos casos pueden suponer más de 20 años de prisión. Delitos comunes que serían aplicados no a unas autoridades, que por su deber de fidelidad a la Constitución y a las leyes del Estado, tiene especial castigo el desobedecerlas, sino a cualquier que incurriera en delitos con aquella tipificación.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, resulta penoso ver cómo se intenta darle, a una revolución llevada a cabo por una serie de politicastros, con la intención de romper la unidad de España

una pátina de democracia, como justificación a conductas inicuas con las que se intenta dar un golpe de Estado contra la integridad de la nación española. Y no contentos con levantarse contra la legalidad constitucional, están pretendiendo enlodar las instituciones mediante el uso de calumnias como la de acusar de corrupta a la Justicia española o calificar a nuestros gobernantes de dictadores o personas que pisotean los derechos de “” ciudadanos catalanes, que sólo piden lo que se les debe. Creemos que ha llegado el momento en el que se tomen las medidas necesarias, siguiendo el ejemplo de nuestro Tribunal Supremo, de acabar, de una vez con todos estos intentos de conseguir lo que la banda ETA no logró, aunque últimamente también tenemos la sensación de que el PNV está siguiendo los pasos de los catalanes, cuando chantajea al Estado poniéndose de parte de los encausados catalanes, ingresados en las prisiones para evitar su fuga. Una situación altamente comprometida que, en bien de España, no puede cerrarse en falso.

Frente unitario anti golpista: una utópica quimera.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 26 Marzo 2018

TORRENT DA UN MITIN POLÍTICO INACEPTABLE EN LA CÁMARA Y EN UNA DEPENDENCIA DEL PARLAMENTO. PUIGDEMONT HUYE DE NUEVO DE LA JUSTICIA CON NOCTURNIDAD.

Ayer se produjeron varios hechos inaceptables en quien ostenta el tercer cargo más importante de la Generalidad de Cataluña, el de Presidente de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña, Roger Torrent. La primera acción fue continuar la sesión de investidura objeto del pleno convocado modificando de forma unilateral el orden del día sin aviso previo y sustituirla por unas declaraciones de los portavoces sobre la situación política, con un turno de palabra de 15 minutos para cada grupo parlamentario y finalmente suspender el pleno de investidura por ausencia del candidato. Todo ello tras un preámbulo de claro corte político y sectario inadmisible en quien ostenta ese cargo que se supone debe ser neutral. Esta actitud fue criticada y denunciada por el portavoz del PPC, García Albiol que anuncio que su grupo no participaría de esta ilegalidad abandonando el hemiciclo antes de que comenzasen los turnos de palabra.

En ese preámbulo, Roger Torrent dio rienda suelta a toda su bilis anti española y su radical sectarismo incompatible con el cargo que ostenta. En primer lugar, dijo que “Hemos de denunciar que los poderes del Estado están impidiendo que la voluntad de la ciudadanía, expresada en las urnas, se pueda manifestar libremente”. Denuncia que “El candidato a la Presidencia está en prisión junto a otros diputados de esta Cámara, entre ellos, mi predecesora la presidenta Forcadell”. Añadió que “en estas condiciones, el pleno de investidura no se puede celebrar”, para a continuación llamar al debate diciendo que “todas las voces del Parlamento, representantes de la ciudadanía se expresen y que lo hagan con libertad”. Sigue con una admonición diciendo que “si actuásemos como si no hubiera pasado nada, estaríamos contribuyendo a normalizar una situación de injusticia, de involución y de represión”. Y apela a la defensa de la dignidad “ni la dignidad del diputado Jordi Turull, ni la de esta Institución se lo merecen”. Finalmente avisa que suspenderá el Pleno “que lo suspendo”, pero antes concede un turno de palabra de quince minutos a cada grupo “para que se posicionen respecto a la enorme excepcionalidad y gravedad del momento”.

El caso es que hubo además una Junta de portavoces en la que la mayoría independentista se impuso de nuevo para aprobar una declaración “Institucional” que posteriormente fue leída por el propio Roger Puigdemont diciendo que lo hacía “como Presidente del Parlamento de Cataluña”. Eso sí, fuera de la Cámara y en uno de los patios cubiertos en presencia de expresidentes de la Generalidad como Artur Mas, expresidentes de la Mesa de la Parlamento, diputados y exdiputados independentistas y algunos familiares de los que están preso o huidos de la justicia. Un panfleto infumable cargado de afirmaciones intolerables contra el Estado de Derecho, que solo confirman la determinación de los golpistas a perseverar en su política de enfrentamiento con el Estado de Derecho queriendo imponer a una mayoría la voluntad de una minoría. Porque lo son en Cataluña y lo son en el resto de España.

Un discurso que contuvo cosas como: “En los últimos tiempos hemos visto cómo se recortaban y vulneraban progresivamente derechos fundamentales. Hemos visto cómo se perseguía policialmente un referéndum, y cómo se reprimía violentamente a las personas que habían ido a votar”. Miente en todo con total desfachatez. No hubo tal persecución policial de un referéndum, ya que este había sido anulado por inconstitucional y la política cumplió con su deber de evitar la apertura de los colegios electorales y la disposición de urnas. La represión policial consistió en defenderse del acoso de la muchedumbre y suplir la pasividad, cuando no directa connivencia y complicidad de los Mossos con la votación ilegal. Y sigue con afirmaciones tan sectarias y falaces como: “criminalizar ideas políticas legítimas, y considerar acciones políticas propias de una democracia como hechos delictivos, no es justicia, es represión”. Las ideas son legítimas, pero no los medios que han usado para llevarlas a cabo. Han actuado fuera de la ley, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y eso son delitos, no ideas.

Sigue el discurso con: “encarcelar a personas por sus ideas políticas, y denegar la libertad a quien no renuncia a sus ideales legítimos, es acabar con la libertad ideológica”. Califica a los golpistas como “presos políticos”, cuando se trata de cargos públicos electos representantes de partidos políticos que están en prisión por haber cometido delitos, es decir “políticos presos por haber delinquido”. Continúa con su perversión de la realidad diciendo que “Tenemos a representantes políticos en la cárcel y en el exilio. Tenemos al Gobierno de la Generalidad intervenido. Y a un Parlamento acosado por los tribunales, al que no se le permite desarrollar libremente sus funciones, incluida la primera y más esencial, la de elegir al presidente de la Generalidad”. Una relación de hechos sin exponer la causa por la que se ha llegado a esa situación. Y la razón es simplemente por haber cometido delitos de desobediencia, malversación, sedición y rebelión. Nadie impide elegir un Presidente de la Generalidad, pero los primeros que denigran la Institución son los golpistas que insisten en mantener como candidatos a procesados por graves delitos y apostar por los que ahora están en prisión en un claro desafío y perseverancia en el golpe de Estado.

En su alegato final pide que se forme un frente unitario “Les insto a formar, desde este mismo momento, un frente unitario en defensa de la democracia y de los derechos fundamentales. Un frente transversal, basado en el respeto a la pluralidad”. El mismo respeto que el que han demostrado en las reuniones de la Mesa y de la Junta de portavoces donde han impuesto la mayoría al resto que no comparte este manifiesto político. Así que esa transversalidad que pide es una burda mentira. Apela al reconocimiento internacional de todos los demócratas pidiendo solidaridad, por lo que sensu contrario, los que no les apoyen no son demócratas. Otra falacia que se apoya en el pensamiento único, en su perversa manipulación de la realidad y de la legalidad vigente en España. Los únicos que se han comportado como anti demócratas son precisamente los golpistas de ERC, PdeCAT (ahora JXCAT) y la CUP.

Nada de ese discurso es creíble y mucho menos son admisibles esas falsas acusaciones, por muy declaración política “Institucional” que pretendan darle. Solo es un fétido panfleto sectario leído por un radical extremista que denigra su cargo de Presidente de la mesa del Parlamento de Cataluña en lo que no es sino un mitin político de los partidos y representantes golpistas que son una escoria de anti demócratas.

Y ayer pudimos asistir al enésimo esperpento del fugitivo Carles Puigdemont, que nada más conocer la activación de la Euroorden de detención y extradición, puso pies en polvorosa y abandonó Finlandia con nocturnidad de regreso a su seguro refugio en Bélgica. Una huida que su abogado, jugando al despiste, pareció descartar al decir que su defendido se presentaría ante la policía finesa, para luego asombrarse y decir que desconocía el paradero de su cliente. Lo mismo que ha dicho ahora la policía belga que también ignora su paradero y si está en ese país. El caso es que una vez más Carles Puigdemont disfraza su cobardía con una espantada ante el miura que debe torear. Pero tarde o temprano deberá dar cuenta de sus delitos ante la justicia en España.

Lo que se echa en falta es que el Gobierno de España y los líderes de los principales partidos políticos den una respuesta, si no unitaria que es mucho pedir, al menos consensuada y que rebata las mentiras que estos golpistas siguen propalando. Los silencios solo sirven para reafirmar las graves acusaciones de desprestigio de España y del Estado de Derecho que nos hemos dado entre todos. No podemos consentir que sean los golpistas los que escriban la historia. Solo espero un poco de dignidad en esta clase política y dejar las cosas claras para que no haya equívocos en la defensa de la unidad de España.

¡Que pasen un buen día!


La caída de Puigdemont desquicia a los nuevos dirigentes separatistas
Llamamiento desesperado a la agitación de los partidos y organizaciones nacionalistas y colapso parlamentario.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 26 Marzo 2018

El 'pacifismo' separatista protesta por la detención de Puigdemont

"Els somriures s'han acabat", gritaban los manifestantes ante el cordón de los Mossos que les impedía el paso en los aledaños de la Delegación del Gobierno en Barcelona. Las fuerzas separatistas tratan de tomar las calles para responder a los encarcelamientos del pasado viernes y la detención este domingo en Alemania de Carles Puigdemont. La nueva presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, que fue elegida el sábado, se ha estrenado en el cargo con la manifestación hasta el consulado alemán de Barcelona. Propone el choque frontal, que el parlamento catalán invista a Puigdemont y república o república.

ERC y Junts per Catalunya van a remolque de la CUP, que aboga por la huelga general indefinida. Òmnium sigue los dictados de la ANC y aumenta la actividad de los Comités de Defensa de la República (CDR), que cortan carreteras en toda Cataluña y se enfrentan a los Mossos en Barcelona. En Gerona, en cambio, pudieron retirar la bandera de España de la subdelegación del Gobierno y pintar de amarillo la fachada en presencia de miembros de la policía autonómica. Las juventudes de la CUP han marcado la residencia del juez Pablo Llarena en la Cerdaña con pintadas en las que le auguran que "las calles de Cataluña serán tu infierno" y le llaman "fascista".

La segunda fila de dirigentes que sustituye a los presos y fugados jalea a los organizadores de marchas y concentraciones con apelaciones constantes a no desfallecer, a resistir, a alzarse y no dar un paso atrás. Todo muy en la línea cívica y pacífica del proceso, como lanzar bengalas, latas y palos contra los Mossos, cruzar contenedores y pinchar las ruedas de las furgonetas policiales. Los CDR de Barcelona han intentado de nuevo llegar hasta la Delegación del Gobierno mientras la ANC y Òmnium protestaban frente al consulado alemán.

Asilo en Alemania
En un alarde de imaginación, los letrados de Puigdemont sopesan presentar una solicitud de asilo político en Alemania. La situación de los fugados que permanecen en Bélgica, Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig, es más llevadera. No así la de Clara Ponsatí, que está en Escocia. Tiene orden de presentarse ante la policía y la primera ministra Nicola Sturgeon, del aliado Partido Nacionalista Escocés, ha decidido mantenerse al margen del caso. Las suizas Marta Rovira y Anna Gabriel parecen más a resguardo de la acción de la justicia, sobre todo la dirigente de la CUP sobre quien no pesa orden de detención porque sólo se la procesa por desobediencia, cargo que no implica prisión.

La investidura ha pasado a un segundo plano. Los partidos separatistas han renunciado a la política parlamentaria. Los frentes penitenciario y callejero ocupan toda su atención en un intento por recuperar el ambiente de revuelta de los pasados meses de septiembre y octubre. Dicen confiar en que las justicias alemana, belga, británica y suiza dejen en evidencia al Estado y se nieguen a extraditar a los "exiliados".

Los amigos de Puigdemont
La detención de Carles Puigdemont, que calculó muy mal hasta dónde llegaba su libertad de deambulación tras presumir de ella en Dinamarca, Suiza y Finlandia, deja a su grupo parlamentario Junts per Catalunya al albur de las decisiones que puedan tomar Elsa Artadi, Eduard Pujol y Quim Torra, todo ellos sin experiencia ni más autoridad que la que les proporcionaba ser los mensajeros y representantes presenciales en las reuniones del expresidente de la Generalidad.

Vacío en la mansión de Waterloo, la "Casa de la república" ya no será el santuario del "mandato del 1-O". El presidente del Parlament, Roger Torrent, no deja de chupar cámara. Ha anunciado otro mensaje "institucional" para esta noche. El separatismo se adapta a un "nuevo relato", apoderarse de las calles, provocar una insurrección para forzar al Estado a negociar amnistías y concesiones políticas a fin de sofocar la crisis. La movilización callejera es el único plan de partidos y organizaciones separatistas. Los cortes de carreteras y los asedios a las sedes del Gobierno en las capitales catalanas, la primera expresión de la "operación disturbios". Sopesan su capacidad de convocatoria para paralizar Cataluña a base de huelgas, manifestaciones y boicots.
La revuelta del Liceo

Está previsto que el expresidente de la Generalidad y diputado de Junts per Catalunya Carles Puigdemont sea trasladado este lunes ante el juez para proceder a su identificación. La justicia alemana dispone de un plazo de tres meses para decidir respecto a la petición de extradición. La defensa de Puigdemont exprimirá todas las posibilidades de dilatar la respuesta judicial. El separatismo se vuelca en el nuevo flanco, el alemán. Se reactivan los contactos con los políticos alemanes propensos. En el Liceo de Barcelona, templo la burguesía catalana, el público interrumpe la repressentación para gritar consignas en favor de los golpistas presos y un sujeto despliega una estelada.

El discurso de Torrent
El discurso del presidente del "Parlament", Roger Torrrent, a las diez de la noche fue un llamamiento a la resistencia: "Catalanas, catalanes, estamos viviendo los momentos más oscuras de una democracia. Hemos visto la represión de miles de catalanes. La sed de venganza de los poderes del Estado es insaciable. Los jueces no tienen legitimidad para actuar contra el presidente de Cataluña. Todos los demócratas nos debemos sentir interpelados. Quiero hacer un llamamiento a la calma. No tengo dudas de que la sociedad catalana exigirá una salida política desde la no violencia. Mañana iniciaré una ronda de contactos con entidades para una respuesta unitaria. La hora es grave".

El golpista Puigdemont camino de España
Pablo Sebastián republica 26 Marzo 2018

Bien hecho por el CNI, chapeau general Sanz Roldán, hora era que el Centro Nacional de Inteligencia diera la campanada en la crisis del golpe de Estado catalán y la dio porque la detención del golpista Puigdemont en Alemania ha sido posible por el seguimiento que los agentes españoles del CNI hicieron a Puigdemont en su acelerada y mal calculada escapada de Finlandia a donde el prófugo catalán había viajado de manera temeraria, como ahora se acaba de demostrar.

Porque estaba claro que si España reactivaba -como ocurrió el viernes- la euroorden de captura de Puigdemont el prófugo catalán tendría que viajar (los aeropuertos eran imposibles) por carretera más de 2.500 kilómetros para llegar a su refugio belga de Waterloo. Y en tan largo e improvisado trayecto el riesgo era muy alto y Puigdemont, seguido por el CNI, cayó en manos de la policía de Alemania en una gasolinera muy cerca de la ciudad alemana de Shocy y en presencia de agentes españoles.

Un comando de 12 personas que siguieron a Puigdemont desde Finlandia a través de Suecia y Dinamarca, huyendo como un vulgar delincuente, hasta llegar a Alemania. El país que España consideraba idóneo para su detención porque la legislación alemana es similar a la española en el delito de rebelión y las relaciones entre Madrid y Berlín son excelentes lo que facilita la pronta extradición de Puigdemont a Madrid en cuestión de semanas.

Se acabó la pesadilla, el golpista Carles Puigdemont ha sido detenido en Alemania, país donde los delitos por los que está procesado en España están considerados ‘alta traición’ (artículo 81 del Código Penal alemán) y castigados con la cadena perpetua y pena mínima de 10 años de prisión.

Motivos por los que Puigdemont será extraditado a España para ser juzgado por los delitos que le imputa el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo que son: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Puigdemont es un golpista, un delincuente y un cobarde que abandonó en la cárcel a sus compañeros del golpe de catalán que él lideró. Los hoy presos en Estremera que a buen seguro no habrán derramado una sola lágrima por Puigdemont y puede que alguno de ellos, como Junqueras, incluso se habrá alegrado para poder saludarle pronto, aunque sería un serio error encarcelar en Estremera a Puigdemont (mejor en Alcalá Meco) porque ello permitiría la evitar la imagen de un ‘Govern’ catalán de presos en Estremera.

El daño que Puigdemont ha causado a España y Cataluña es incalculable, como también el daño que ha causado a sus compañeros con los que va a compartir muchos años de prisión. Y a no perder de vista el destrozo que ha provocado en su partido PDeCAT, en el nacionalismo catalán y las bases del independentismo a los que Puigdemont ha engañado en todo, al tiempo que ha quemado para los próximos 100 años las naves de la secesión.

El frente anti democrático de los partidos soberanistas (a los que se ha sumado Podemos y con los que coquetea Miquel Iceta desde el PSC) ha sido finalmente descabezado porque todos los promotores del golpe han sido cazados e irán a juicio. Y serán condenados a duras penas de prisión por la gravedad de los delitos cometidos con los que pretendían romper la histórica unidad de España de más de 500 años de vida en común.

¿Qué consecuencias tendrá ahora la caza de Puigdemont en Cataluña? Pues, además de nuevas manifestaciones y más lacitos por el ahora caído ‘President’, lo normal es que JxC y ERC se apresuren, si logran convencer a la CUP, a promover una cuarta investidura para llegar al gobierno pero con debilidad y bajo la vigilancia cotidiana del artículo 155 de la Constitución.

Al golpista Puigdemont lo ha cazado la policía alemana con ayuda del CNI español, lo que sin duda constituye un éxito del Gobierno de Rajoy que tiene su revés porque la caza de Puigdemont y el encarcelamiento de la cúpula del ‘procés’ le impedirán al PNV aprobar a Rajoy los Presupuestos de 2018.

Y ese puede ser un serio revés para el presidente del Gobierno y para su estabilidad política y parlamentaria que quedará a merced de la oposición. Pero mucho mayor es el fracaso de Puigdemont y de la trama del golpe de Estado catalán, que pierde a todos sus líderes y su refugio en Bélgica, la capital de la UE donde los golpistas tenían organizado su aparato para la propaganda internacional y querían instalar unas instituciones paralelas a las de la Generalitat.

Ya son 98 los heridos y nueve detenidos en los disturbios provocados por los independentistas
OKDIARIO 26 Marzo 2018

Los Mossos d’Esquadra han detenido a 9 personas en los disturbios de protesta por la detención del expresidente Carles Puigdemont, que se han saldado con 98 heridos -13 de ellos policías- y que continúan produciéndose en Barcelona, aunque de forma más esporádica y por grupos muy reducidos.

Según han informado fuentes policiales, a lo largo de los alborotos registrados en Barcelona, primero frente a la Delegación del Gobierno y posteriormente en varias calles del centro de la capital catalana, donde grupos de independentistas han quemado y cruzado en la vía decenas de contenedores, los Mossos d’Esquadra han detenido a nueve personas por un delito de atentado a la autoridad.

Además, los Mossos también han identificado a varias personas que participaban en las protestas, convocadas por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), entre ellos un agente de la policía catalana que estaba fuera de servicio.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido hasta las 24.00 horas de hoy a 98 personas en los incidentes ocurridos en toda Cataluña, en su mayoría por contusiones leves, aunque en un caso el pronóstico es de una lesión de diversa consideración.

En concreto, según el SEM, en Barcelona han atendido a 90 heridos leves, entre ellos 13 agentes de los Mossos, y uno menos grave, mientras que en Lleida se ha intervenido con siete heridos y en Tarragona con uno, todos de carácter leve.

Los CDR han dado por desconvocadas minutos antes de las 23.00 horas las protestas en Barcelona, mientras que a las 23.30 horas han empezado a remitir los disturbios, en los que los independentistas habían quemado y cruzado decenas contenedores en las calles, formando barricadas, y arrojado todo tipo de objetos contra los policías.

Pasadas las 22.00 horas los Mossos d’Esquadra habían logrado dispersar los alrededores de la Delegación del Gobierno, tras más de cuatro horas de una tensa concentración convocada por los CDR para protestar por la detención de Puigdemont.

Durante horas, los concentrados han arrojado todo tipo de objetos contra los policías, como disolvente, espray antipersona, contenedores, botellas, pintura y huevos y les han vaciado un extintor, mientras que los Mossos han cargado y han disparado salvas para mantener el cordón policial.

Finalmente, hacia las 22.00 horas, los Mossos han efectuado varias cargas de dispersión con el apoyo de furgonetas de los antidisturbios, con lo que han podido desalojar los alrededores del edificio gubernamental.

Los independentistas se han replegado entonces en pequeños grupos en el paseo de Gracia y en algunas vías adyacentes, como Valencia y Diagonal, donde han quemado y cruzado contenedores en la vía, en una suerte de barricadas improvisadas, para impedir el paso de las furgonetas de los Mossos.

Cuando llegaban las furgonetas policiales, en ocasiones a toda velocidad, jóvenes les arrojaban botellas de vidrio, ante lo que los antidisturbios bajaban del vehículo y cargaban para dispersar, en escenas que se han ido repitiendo.

Pasada la media noche continuaban produciéndose disturbios en la zona de L’Eixample, según han informado a Efe fuentes de los Mossos d’Esquadra, donde pequeños grupos esporádicos “de no más de diez o quince personas” seguían quemando contenedores y cruzándolos en la calzada para cortar la circulación.

Caganers, caganeras, gilipollas y gilipollos
Miguel Font Rosell Periodista Digital 24 Marzo 2018

Desde mi condición de catalán y por tanto de español de vieja estirpe, lo que garantizan mis primeros dieciocho apellidos catalanes, a saber: Font, Rosell, Mariol, Mariné, Riera, Brunet, Font (de nuevo), Clergas, Ros, Colomines, Casasayas, Soler, Puig, Lacoma, Soler (de nuevo), Grau, Buscallá y Mariné (de nuevo y será por mi afición al mar), me permito, ante le deriva a la que se ve sometida mi pueblo, como consecuencia del pastoreo de auténticos imbéciles, sostener ciertas afirmaciones.
El ser humano siempre ha tenido inclinaciones épicas hacia el heroísmo, como actitud que justifique memorablemente sus más solemnes y altruistas decisiones. Ello, en general, requiere de actitudes bien de valor o de simple temeridad, entendiendo el valor como el acto que se toma libremente, conociendo los peligros, y anteponiendo la voluntad de proceder a pesar del miedo, la precaución, o las consecuencias de tales acciones (el toreo, por ejemplo). Por su parte, la temeridad se manifiesta con idénticas o parecidas consecuencias, en aquellos que toman las decisiones inconscientemente del peligro y de sus consecuencias (el caganer).

Las diferencias suelen evidenciarse en el momento que el acto “heroico” tiene consecuencias, momento en el que el valiente las asume y el cobarde, cagón, mamón de mierda o caganer, como su nombre indica, “se caga por la pata abajo” y lo abandona todo y a todos, huyendo cual gallina descompuesta, o renegando de sus principios hasta entonces sacrosantos e irrenunciables.

Por otra parte, y también muy propio del ser humano, es el manifestarse y actuar como un auténtico gilipollas, palabra que, aunque tiene su origen en el siglo XIV, ha ido variando levemente su significado a lo largo de los siglos y que en la actualidad, y en consecuencia con la estúpida dictadura de género que nos acompaña, bien podría derivar en “gilipollos”.

El origen de todo viene de un tal Baltasar Gil, fiscal del Cuerpo de Hacienda, quien tenía un par de hijas no demasiado afortunadas, ni en belleza ni en inteligencia, de las que el hombre se hacía acompañar a toda fiesta, recepción o sarao de cierta consideración, con la esperanza de colocarlas en manos de algún adinerado pretendiente. Por aquel entonces a las mocitas casaderas se les conocía como “pollas”, de manera que no había fiesta en la que Gil y sus pollas no aparecieran, de manera que al referirse al trio habitual, la gente mencionaba la palabra Gilipollas y todos sabían a quienes se referían.

Hoy el significado ha evolucionado hacia la descripción de quien se considera excesivamente tonto, estúpido, lelo, huevón y boludo en sudamérica, bobochorra, potorrobobo, tontolhaba (no confundir con tonto del culo, hoy mejor considerado y en ascenso), en general para insulto o descripción de quien atesora más orgullo que inteligencia, con un alto grado de narcisismo solo superado por su memez y su empeño en sostenerla y no enmendarla, propia del fanático en posesión de la verdad que le otorga un sentimiento enfrentado a la más primaria de las razones, tratándose de una de las “enfermedades” sociales que más se contagian, llegando a provocar ciertas epidemias.

Uno de los síntomas más extendidos es el del delirio: El que suele urdir un sistema delirante proyectivo, de tipo paranoico, al estilo del delirio de grandeza, la mentira patológica, la ninfomanía o el misticismo con balcón a la plaza. Suele ser invulnerable al sentido crítico y carece del sentido del ridículo, ya que él mismo es el ridículo personificado, y esta vez no voy a hablar del alcalde de Vigo.

Así pues, a juicio de los expertos en la cuestión, existen gran variedad de gilipollas, aunque los más peligrosos y abundantes suelen ser los nacionalistas y los religiosos, otrora más peligrosos y hoy afortunadamente en retroceso.

El gilipollas nacionalista es quizá el caso más grave y contagioso actualmente, de forma que se suele propagar a lo largo y ancho de grandes extensiones epidémicas. Es fácilmente localizable y se cura con viajes y lecturas. En cuanto al gilipollas religioso o meapilas (al caso Oriol Junqueras), suele ser endémico en determinadas latitudes. Se cree elegido, ya que su sinrazón en forma de fe, lo que ejerciendo su condición llega a considerar un “don”, le hace creerse superior a los demás, a quienes en su solemne gilipollez en forma de pretendida bondad, acaba compadeciendo.

Por desgracia, el que nace o se cria gilipollas acaba muriendo gilipollas, pues tampoco hace nada por su curación, ya que uno de los síntomas más preocupantes es que son los únicos incapaces de ver su propia gilipollez, sintiéndose cómodo en su situación, la cual puede pasar una vida sin reconocer. No obstante, para casos extremos, la terapia de choque, a saber de los expertos, resulta adecuada a través de una mano de importante tamaño, a poder ser callosa y huesuda, administrando un par de hostias de cierta consideración y repitiendo el tratamiento en tanto se repitan los síntomas, pues al igual que con las maquinas tragaperras, un buen golpe a tiempo y en el lugar adecuado puede desatascarlas y llevarnos a situaciones esperanzadoras.

Pues bien, cuando las situaciones de caganer y gilipollas coinciden en una misma persona o personas, la situación resulta absolutamente caótica, las consecuencias demoledoras a largo plazo y la propagación de la enfermedad, un problema de difícil erradicación, ya que ambas condiciones se potencian y se auto alimentan en la desgracia que acaban convirtiendo en virtud, en función de su alto grado de gilipollez, que hace incluso de la descomposición en la huida una virtud patriótica que alimenta su alto sentido del victimismo. Ya he advertido que no voy a tratar aquí el ejemplo de libro del alcalde de Vigo, sino el más peligroso, por masivo y de consecuencias lamentables, de gran parte de mi pueblo, de los catalanes independentistas que pretenden cambiar, en un acto de exaltación de la gilipollez, el ancho paraguas de protección y progreso de España y la Unión Europea, por el despelote propio para, aburridos de tanto mentir y llevar al huerto a la manada, salir huyendo cuando caen cuatro gotas.
Se trata de cobardes caganers y caganeras, gilipollas y gilipollos que cuando huelen a presidio, salen despavoridos en una estampida de “nada por la patria” dejando atrás a tanto ingenuo de fe ciega en héroes patrios de pacotilla, que incluso tienen la desfachatez de disfrazar su cobardía, su irresponsabilidad y su daño irreparable a su patria en favor de su ambición de cabeza de ratón, de “estrategia”.

Pero no se trata de valientes, conocedores de unos riesgos acometidos con el miedo y la responsabilidad de asumir sus consecuencias, sino de quienes con la inconsciencia y la alegría de la temeridad, se aterran ante las consecuencias de haber acometido unos delitos que acabarán pagando con largos años de cárcel, con la misma alegría estúpida de quienes como milicianos van cantando a la guerra para volver destrozados y con el recuerdo eterno de haber participado en algo que no se justifica más allá de la propia irresponsabilidad, desafiantes de un riesgo que ni siquiera han sido capaces de evaluar, arrastrando en su inconsciencia a parte de un pueblo contagiado de gilipollez y dilapidadores de un cartel envidiable que su pueblo mantenía ante el mundo y ante la sociedad en general.

España es un país europeo que se rige por una democracia más o menos imperfecta, pero a través de un Estado de Derecho en el que la Constitución que todos votamos es la ley suprema. Como tal Estado de Derecho, el imperio de la ley está por encima de todo lo demás, incluso por encima del propio sistema y de la voluntad popular, que en algunos aspectos nada tiene que ver con la democracia, pues solo es cuestionable por el pueblo aquello que dispone de un estrato legal que ampara bienes superiores que ese pueblo a través de la Constitución ha considerado no cuestionables. Algo que se entiende muy bien con el ejemplo de llevar a cabo una votación popular para decidir el reparto de la fortuna de Amancio Ortega entre todos, lo que probablemente arrojase una mayoría suficiente entre los votantes como para dejar en calzoncillos al máximo responsable de Inditex, decisión muy democrática, pero a años luz de la defensa de los valores que la Constitución sostiene. No todo es hacer lo que a determinada voluntad popular le apetece en cada momento, de falta de solidaridad y menosprecio a los demás por el hecho de sentirse mejores, por encima de valores más solidarios, pues no olvidemos que se quieren ir no por distintos, ya que distintos todos lo somos, sino por considerarse mejores que los demás.

Nuestra Constitución ampara unos valores que solo pueden ser modificados por una reforma constitucional acordada por todos, a través de la razón y el voto en consecuencia, de manera que quien la vulnera en acto de rebelión, desacato y sin seguir los procedimientos establecidos para ello, incide en una serie de delitos de suma gravedad, así considerados en el Estado de Derecho en el que afortunadamente nos movemos. Ese es el riesgo, un riesgo que el valiente asume en sus consecuencias, como en la historia han hecho algunos golpistas con mayor o menor éxito, al contrario que estos de fácil descomposición desde su condición de caganers.

El problema de estos fascistas disfrazados de demócratas de pacotilla, ha sido su innata capacidad para agilipollar a buena parte de una sociedad contagiada y dejarlos colgados tras este largo periodo de mentiras, fantasías y ambiciones, que lo único que han evidenciado es que finalmente los únicos que siguen con el mantra de mantenerla y no enmendarla son los impresentables de la CUP, que por su propia inconsciencia o por no haber pisado poder, siguen en la misma tesitura de fascismo independentista y diciendo las mismas mentiras y bobadas que al principio, para finalmente librase de todo los principales causantes del desaguisado, los Mas y los Pujol, delincuentes máximos de la película, enterradores de Convergencia, el refugio de la derecha catalana, pero libres de toda responsabilidad. Todo ello evidencia más a las claras el carácter gilipollesco de los que, bien están en el llamado “exilio”, o en la cárcel pagando su deuda con la sociedad, la de los que se han librado, y la propia ante sus ingenuas decisiones, acaban sintiéndose mártires, en lugar de gilipollas de libro.

Como al igual que el gilipollas religioso, el independentista no quiere ver la realidad ni razonar nada ajeno a sus propias convicciones de sentimiento, algo que le permite seguir engañándose, al amparo de la manada y de absurdas promesas de un mundo mejor, con la diferencia de que a los primeros nadie les va a impedir el vivir sus fantasías, aunque ellos en otros tiempos condenaran a tortura, hoguera y muerte a quienes no las siguiesen, mientras que a los segundos, el Estado de Derecho les aplica la ley que entre todos nos hemos dado para evitar que nadie pudiera aplicar su voluntad en contra de todos los demás, por muchos seguidores fanatizados que tuviera.
Estos señores no están en la cárcel o en el “exilio” por demócratas ni por sus ideas contrarias a la Constitución, aunque con eso quieran engañarse y engañar a todo el rebaño, sino por saltarse la ley, actuar en contra de los mandatos del Tribunal Constitucional y vulnerando la Constitución, pasarse el Estado de Derecho por el arco de triunfo, pretendiendo aplicar la democracia a planteamientos manifiestamente ilegales en contra de un mandato del Tribunal Constitucional, saltándose la legalidad por cauces ajenos a los que corresponde a un Estado de Derecho Constitucional y democrático, cometiendo algunos de los delitos más penados en nuestro código penal y haciéndolo a sabiendas con el objeto, entre otros, de desafiar al Estado, todo lo cual, en cualquier país de nuestro entorno supondría ni más ni menos que lo mismo que ahora les acontece a los no fugados, pues a los huidos y huidas de la justicia, de estar en cualquier país de la UE que no fuera el Estado fallido de Bélgica o la “neutral” Suiza, tampoco les esperaría situación distinta de la que le espera a los primeros, y solo en el aspecto penal, con la suerte para ellos de que nadie les acusa del daño civil ni les pide compensaciones por ello, ya que la pérdida económica que para Cataluña ha significado y sigue creciendo su locura independentista, no se repara en años ni se compensa con el hecho de que pasen a residir en la sombra, a costa de todos los españoles.

No obstante existe otro daño de difícil cura, cual es el descrédito y desprestigio causado a la condición de catalán, que hasta ahora significaba algo admirable entre la población que consideraba tu condición como la de gente seria, trabajadora, moderna, leída y viajada, etc. para pasar a generalizar con la condición de convertirte de la noche a la mañana en un hijo de la gran… simplemente por el hecho de confesarte catalán.

Y ahora, a ser consecuentes con vuestra condición de gilipollas y gilipollos, caganers y caganeras, a ejercer de víctimas del Estado español arrastrando a la manada y, como españoles que sois aun a vuestro pesar, a cumplir la pena que en aplicación de la ley os imponga un juez en ejercicio de su misión de aplicarla en bien de la colectividad.
Os lo dice un catalán con 18 apellidos catalanes. ¿Quien da más?

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Denuncian cómo un colegio de Alicante sigue instrucciones de la Conselleria de Educación para imponer el valenciano.
E.E. elespanol 26 Marzo 2018

Los hechos ocurrieron en el colegio CEIP Racó de L’Albir de Alicante el pasado marzo. Allí, el claustro de profesores debatió acerca de la nueva legislación sobre plurilingüismo aprobada en la Comunidad Valenciana gracias a los votos del Gobierno que dirige Ximo Puig (PSOE). Tras un debate inicial, tocaba decidir qué porcentajes de valenciano, de castellano y de inglés se utilizarían en las clases del centro para el curso 2018-2019.

Fuentes del colegio señalan que se tuvo que votar hasta en dos ocasiones, la última de ellas el 13 de marzo, para llegar a un acuerdo. La primera vez que se votó hubo un empate entre quienes defendían un 40% de clases en castellano y quienes apostaban por una cantidad similar de clases en valenciano.

Entre la primera y la segunda de las votaciones, la directora del centro invocó una serie de indicaciones que supuestamente habían llegado desde la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà. Unas indicaciones que obligaban, según estas fuentes, a repetir la votación con la finalidad de aumentar el porcentaje de valenciano hasta más del 50%, con lo que solo se impartiría en castellano el 25% de las clases.

Pese a dichas instrucciones, en la segunda votación tampoco hubo acuerdo del claustro. Y, al día siguiente, el 14 de marzo, el Consejo Escolar del centro también rechazó la propuesta de marras. Por tanto, todavía no hay un plan sobre los idiomas en que se impartirán las clases el próximo curso en este colegio CEIO Racó de L'Albir. Las fuentes que denuncian estos hechos, que prefieren el anonimato, insisten en que el colegio sigue las indicaciones para imponer el valenciano.

La Generalitat niega estos hechos
Desde la Conselleria de Educación desmienten esta versión categóricamente. Fuentes oficiales afirman a EL ESPAÑOL que "es completamente falso" que hubiera cualquier tipo de instrucción por parte gubernamental. "Los consejos escolares son órganos autónomos de decisión", remarcan. Y exponen que "los proyectos lingüísticos del centro se aprueban por dos tercios del consejo escolar de centro -formado por profesorado, padres y personal del centro-".

"Si no se llega a ese dos tercios -afirman estas fuentes-, la Conselleria estudia el caso y evalúa la situación". "Nosotros estamos ahora recibiendo las propuestas y podemos constatar que la inmensa mayoría de centros han aprobado la opción que han elegido con total normalidad". Y concluyen añadiendo otro dato: "los centros han optado por aumentar el inglés de forma también generalizada".

El pasado viernes, este diario contactó con el colegio implicado en este caso. Tomaron nota del recado y afirmaron que llamarían para exponer su versión de los hechos. Pero no lo han hecho.
 
Nueva regulación en pro del "plurilingüismo"
El pleno de Les Corts aprobó semanas atrás la ley que regula y promueve el Plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. Una legislación que se aplicará de forma progresiva desde el próximo curso y fija un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano y valenciano, y de entre el 15% y el 25% para el inglés.

La norma, impulsada por el PSPV, Compromís y Podem, fue aprobada por los votos de estos tres grupos, que defienden que permitirá que los alumnos dominen el castellano, el valenciano y el inglés. Por contra, PP y Ciudadanos se opusieron al entender que la normativa "impone" el valenciano y coarta la libertad de elección.

La nueva norma sustituye al decreto de plurilingüismo que el Consell aprobó hace un año. El Ejecutivo valenciano se vio obligado a derogar aquel decreto porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo suspendió por ser contrario a derecho.


 


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