AGLI Recortes de Prensa   Martes 27 Marzo 2018

Francia gana la carrera del déficit a España
Primo González republica 27 Marzo 2018

España ha terminado el año 2017 con un déficit público en línea con el objetivo comprometido del 3,1% del PIB, un guarismo que no nos saca todavía del club del déficit, que realmente extiende sus credenciales a quienes se quedan por debajo del 3% del PIB, que es algo así como el certificado de buena conducta económica. Mejor sería tener superávit, es decir, ingresar más de lo que se gasta, pero esa es tarea al alcance de pocas democracias.

Lo cierto es que el logro de este déficit ha sido casi festejado como un gran avance, cuando en realidad es mérito menor. Respecto al año anterior, el déficit se ha recortado en algo más de 12.200 millones de euros, ya que durante el ejercicio de 2016 España presentó un déficit del 4,5% del PIB.

No parecen avances sustanciales para un país cuya economía crece a ritmos del 3% e incluso superiores. El incremento de los ingresos fiscales no se produjo como se esperaba sino que se quedó unos 7.000 millones de euros por debajo de las previsiones. El déficit de la Seguridad Social fue por su parte algo superior al previsto, a pesar de que las cifras de empleo y número de cotizantes aumentaron a ritmos de récord.

Tampoco ha servido de mucho que España se esté beneficiando, como las demás economías altamente endeudadas, de unos tipos de interés en mínimos históricos, gracias a los cuales se produjo de forma simultánea un aumento de la deuda pública y un descenso de los costes financieros del endeudamiento, que en este caso ha sido del 5% de retroceso. En suma, los avances de la contabilidad pública no han sido como para tirar cohetes. Tenían que haber mejorado de forma mucho más significativa.

La cifra oficial se conocía en España casi al mismo tiempo que la de Francia, aunque en este caso el déficit se ha reducido hasta el 2,6% del PIB. Un dato recibido con alborozo indisimulado, no sólo porque mejora las previsiones que se venían manejando, que aseguraban desde hace pocos meses que Francia dejaría de pertenecer al club de los torpes reduciendo el déficit por debajo del 3%, sino porque la previsión que se manejaba era la de situar el déficit en el 2,9% del PIB. Ahora, las cifras finales son aún mejores, del 2,6%.

Ha sido un golpe de mano para los franceses, ya que Macron da un paso importante en su credibilidad como líder solvente y fiable de una Europa más ortodoxa en el manejo de las grandes cifras económicas. Es justo lo que buscaba para liderar junto a Merkel los cambios y las reformas en la Unión Europea para impulsar el euro.

DECADENCIA ANGLICANA
El islam, a punto de superar al anglicanismo entre los jóvenes británicos
Julio Llorente gaceta.es 27 Marzo 2018

Sólo un siete por ciento de los jóvenes británicos (de entre 16 y 29 años) se reconoce como anglicano. Un porcentaje especialmente grave si tomamos en consideración el número de personas de esta edad que dicen ser musulmanes: un 6%

Ya nos hemos referido en ingentes ocasiones a la delicuescencia que padece la Iglesia anglicana, cuyo número de fieles se ha reducido drásticamente en los últimos años. De este modo, la influencia en la sociedad británica de la otrora vigorosa institución religiosa ha ido menguando; una mengua que no deberíamos asociar tanto a la secularización como a la progresiva disolución de sus dogmas, creencias y principios morales (los de la Iglesia anglicana).

Una encuesta elaborada por la Universidad de Santa María, en Twickenham, abunda en este agónico proceso. De acuerdo con ella, no en vano, sólo un siete por ciento de los jóvenes británicos (de entre 16 y 29 años) se reconoce como anglicano. Un porcentaje especialmente grave si tomamos en consideración el número de personas en este período vital que dicen ser musulmanes: un 6%. No es descartable, por tanto, que el número de fieles islámicos supere al de anglicanos en un futuro próximo.

El estudio, titulado ‘Adultos de Europa y su religión’, muestra diferencias sensibles entre los sexos. De esta manera, el ocho por ciento de las mujeres británicas entre 16 y 29 años se declara anglicana y el siete por ciento, musulmana. Por su parte, sólo el cinco por ciento de los hombres de estas mismas edades se reconoce anglicano (por un cuatro por ciento de musulmanes).

En cualquier caso, no todos los datos ofrecidos por el sondeo son desesperanzadores. Así, por ejemplo, éste también nos enseña que el porcentaje de jóvenes católicos británicos es ya superior al de anglicanos: un 10% de las personas entre 16 y 29 años que residen en Reino Unido se reconoce miembro de la Iglesia de Roma.

De aquellos encuestados que no se adscriben a ninguna religiosa, el veinte por ciento – esto es, uno de cada cinco – se criaron en una familia religiosa. Significativamente, muchos de ellos se han alejado de la confesión cristiana, mientras que son pocos los que han abandonado la fe musulmana, que es tan vigorosa entre los jóvenes como entre los adultos y los ancianos.

Auge y decadencia
Que la religión islámica supere en número de fieles a la Iglesia anglicana y a las distintas confesiones cristianas es, por desgracia, sólo cuestión de tiempo. Así, la tasa de fertilidad entre las mujeres islámicas en Reino Unido – 2,9 hijos – es muy superior a la de las mujeres no musulmanas (1,8 hijos).

El descenso del número anglicanos responde, como ya se ha sugerido, a la complicidad de su iglesia con el mundo posmoderno, que es inequívocamente hostil a cualquier sentimiento o expresión religiosa. De este modo, en los últimos tiempos los líderes de la Iglesia de Inglaterra ha abrazado los deletéreos dogmas de la ideología de género y se muestra proclive a los movimientos migratorios masivos.

Europa: Utilización de las leyes del "discurso del odio" para prohibir las críticas al islam
Judith Bergman lagaceta.eu  27 Marzo 2018

Aunque Europa no forma parte del mundo musulmán, muchas autoridades europeas parecen no obstante sentirse obligadas a someterse al islam de formas más o menos sutiles. Esta sumisión voluntaria no parece tener precedentes: dhimi, en términos históricos, es el término árabe para los no musulmanes conquistados, que acceden a vivir como ciudadanos de segunda clase, "tolerados", bajo el régimen islámico, sometiéndose a un conjunto distinto y degradante de leyes y a las exigencias de sus señores islámicos.

En Europa, la sumisión a las exigencias del islam, en nombre de la "diversidad" y los "derechos humanos", también se ha producido de forma voluntaria. Esta sumisión al islam es, naturalmente, muy irónica, ya que los conceptos occidentales de "diversidad" y "derechos humanos" no existen en los textos fundacionales del islam. Al contrario: estos textos condenan en los términos más contundentes —y supremacistas— a los que se niegan a someterse al concepto islámico de divinidad —Alá—, ya que los infieles deben convertirse o pagar el impuesto de la yizia [protección] o morir.

Uno de los aspectos más perturbadores de esta rápida propagación de la dhimmitud es la aplicación de facto de las leyes islámicas sobre blasfemia en las jurisdicciones europeas. Las autoridades locales europeas han estado utilizando las leyes del "discurso del odio" para prohibir las críticas al islam, aunque el islam represente una idea —una religión y una ideología— y no una nacionalidad o etnia. El propósito convencional de la mayoría de las leyes sobre el "discurso del odio" es proteger a las personas del odio, no a las ideas. Se diría por tanto que las autoridades europeas no tienen la obligación legal de enjuiciar a la gente por criticar al islam, sobre todo porque la ley islámica, la sharía, no forma parte de la ley europea, y sin embargo lo están haciendo de excesivo buen grado.

El ejemplo más reciente de este tipo de dhimmitud proviene de Suecia, donde un pensionista ha sido imputado por decir en Facebook que el islam es una ideología "fascista". La norma legal por la que se le acusa (Brottsbalken, capítulo 16, párrafo 8-1) alude explícitamente a la "incitación" (en sueco: "hets mot folkgrupp") contra grupos de personas definidos por su "raza, color de piel, origen nacional o étnico, credo o preferencia sexual". Sin embargo, la norma no ilegaliza las críticas a la religión, la ideología o las ideas, porque las democracias occidentales, cuando eran democracias de verdad, no ilegalizaban el libre intercambio de ideas.

La dhimmitud también se manifiesta en Europa en muchos otros aspectos. En el Día Mundial del Hiyab, un acontecimiento que se celebra cada febrero y que fue fundado por una inmigrante bangladesí en EEUU, Nazma Jan, "para combatir la discriminación contra las mujeres musulmanas mediante la concienciación y la educación", varias diputadas británicas optaron por ponerse el hiyab. Entre ellas, Anne McLaughlin, Dawn Butler, exsecretaria de Igualdad de la oposición laborista, y Nasim Shah. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que parece ignorar la desesperada lucha de las mujeres iraníes por la libertad, y que ha guardado un elocuente silencio durante las recientes protestas de los iraníes contra su régimen[1] llegó nada menos que a repartir pañoletas gratuitas a su personal. Según el Evening Standard, los empleados recibieron un correo electrónico que decía:

¿Te gustaría probarte un hiyab o saber por qué las musulmanas llevan la pañoleta? Ven a nuestro acto de intercambio cultural. Se entregarán pañoletas gratuitas a las que decidan llevarla durante el día o parte del día. Las musulmanas, como muchas otras adeptas de otras religiones, deciden llevar el hiyab. Muchas encuentran la liberación, el respeto y la seguridad cuando lo llevan. #FuerteConHiyab. Únete a nosotras en el #DíaMundialdelHiyab.

Mientras, al menos 29 mujeres iraníes fueron detenidas por quitarse el hiyab, y probablemente sometidas a violaciones y otras torturas, como es habitual en las cárceles iraníes. Sin embargo, las diputadas y empleadas del Ministerio de Asuntos Exteriores estaban celebrando neciamente el hiyab como una suerte de instrumento distorsionado de "empoderamiento femenino".

Este incidente no es tan extraño: en Gran Bretaña abundan algunos de los ejemplos más estremecedores de dhimmitud. Las autoridades británicas tienen desde hace años conocimiento de las violaciones colectivas de menores por pandas de musulmanes, y no hicieron nada para detener estos delitos por temor a parecer "racistas" o "islamófobas".

La dhimmitud se puede ver también en las molestias que se toman las autoridades británicas para excusar o explicar costumbres que se están practicando en las comunidades musulmanas británicas. El jefe de la policía responsable de luchar contra los crímenes por honor, la mutilación genital femenina (MGF) y el matrimonio forzoso, Ivan Balchatchet, escribió hace poco una carta en la que decía que la razón por la que no había habido ninguna condena por MGF (ilegalizada en 1985), a pesar de que se calcula que unas 137.000 mujeres y niñas son víctimas de la MGF en Inglaterra y Gales, es que el delito "tiene muchos matices". Después se disculpó por sus palabras:

Pido disculpas por la carta [...] La MGF es un terrible maltrato infantil. Es inaceptable que no haya habido condenas. Mediante la cooperación, esto es algo que hay que cambiar.

De forma similar, según nuevas cifras, cientos de delitos de violencia "por honor" y matrimonios forzosos quedan impunes en Londres. Los datos muestran que entre 2015 y 2017, la policía registró 759 delitos "por honor" y 265 matrimonios forzosos sólo en Londres, pero sólo se imputo a 138 personas por los delitos. Diana Nami, directora ejecutiva de la Organización por los Derechos de las Mujeres Iraníes y Kurdas, que proporciona refugio a las víctimas, dijo:

Lo que es muy alarmante es que las cifras obtenidas mediante peticiones amparadas por la ley de libertad de información demuestran que, desde la ilegalización del matrimonio forzoso en 2014, hay al mismo tiempo muchas más personas en riesgo que antes de que pidieran ayuda.

La dhimmitud, sin embargo, conduce no "sólo" a la violación de menores, la mutilación genital femenina y los asesinatos "por honor", todo ello propagándose bajo la ceguera voluntaria de las autoridades nacionales, sino también a la obstrucción de la lucha antiterrorista. En una reciente entrevista de la televisión pública SVT, Peder Hyllengren, investigador de la Universidad de la Defensa sueca, dijo:

Corres el riesgo de que te identifiquen como racista de una forma insólita en otros países europeos. Aquí, la cuestión ha sido tan poco polémica como la importancia de combatir el nazismo y la extrema derecha. Pero en Suecia, se tardó mucho tiempo en considerar aceptable hablar sobre el yihadismo de la misma manera como hemos hablado del nazismo.

Hyllengren está siendo demasiado duro con Suecia: los líderes occidentales han estado obstaculizando las medidas contra el yihadismo desde el 11-S, cuando el presidente George W. Bush declaró que el "islam es la paz". El presidente Obama eliminó todas las referencias al islam en los manuales de formación antiterrorista del FBI que a los musulmanes les parecían ofensivas. Theresa May afirmó que el islam es una "religión de paz". El actual gobierno municipal de Nueva York amenazó a los neoyorquinos, inmediatamente después del atentado del pasado octubre en Manhattan, para que no vincularan el atentado con el islam.

Más recientemente, el observador sobre terrorismo del gobierno y analista independiente de leyes antiterroristas, el consejero de la Reina Max Hill, dijo que es "esencialmente erróneo" emplear la expresión "terrorismo islamista" para referirse a los atentados perpetrados en Gran Bretaña y otros lugares. Según un reportaje del Evening Standard, dijo que la palabra "terrorismo" no se debería adherir a "ninguna de las religiones del mundo", y que se debería usar en su lugar el término "terrorismo inspirado por el Daesh". El año pasado, Max Hill opinó que algunos yihadistas que volvían de Siria e Irak no debían ser juzgados porque eran "ingenuos".

En Alemania, la dhimmitud tiene tanto arraigo que la ministra de Asuntos Familiares sugirió hace poco que se podrían evitar las agresiones sexuales cometidas por migrantes musulmanes invitando a más migrantes musulmanes al país, a las madres y hermanas de los migrantes musulmanes que ya están allí. Esta era la respuesta de la ministra alemana a una pregunta en el Bundestag sobre "qué medidas educativas y de prevención de riesgos concretas" estaba previendo su ministerio para "proteger e informar a las mujeres y niñas a la larga sobre el desproporcionado aumento de los ataques físicos, sexuales y las amenazas para la vida que vienen cometiendo los migrantes desde 2015". Esta fue la patética respuesta de la ministra:

Por un lado, esto atañe a los centros para refugiados donde viven los menores sin acompañante. También, por supuesto, está la... sí... cultura machista de la que suelen venir... Eso no es óbice para que intentemos ahora y otras veces debatir este tema aquí, y por supuesto hacer algo al respecto, eso es bastante evidente... Tenemos aquí el informe experto del profesor Pfeiffer, que aporta algunos puntos de partida muy concretos [...] Debemos trabajar con los jóvenes y también sabemos que la reagrupación familiar es importante [...] Él [el profesor] dice justo lo mismo de los hombres jóvenes, sean de aquí o de otra parte, que son más fáciles de manejar cuando sus madres y hermanas están con ellos.

En Europa abundan muchos otros ejemplos de dhimmitud, exhibidos por incontables actores estatales y comerciales. Está la retirada de la cruz, ordenada por un juez presidente de un tribunal alemán, durante el juicio de un afgano acusado de amenazar a otro musulmán por convertirse al cristianismo; H&M, que retira una gama de calcetines después de que los musulmanes se quejaran de que el patrón se asemejaba a la palabra "Alá" escrita en árabe en vertical; un tribunal francés retiró los cargos por delitos de odio de un escrito de la acusación contra un sospechoso de asesinato, que confesó haber asesinado a una vecina judía de 66 años, una mujer a la que había torturado antes de matarla tirándola por su balcón, mientras gritaba "Alá Akbar". Al parecer también llamó "sucia judía" a la hija de la víctima dos años antes del asesinato.

La lista sigue. El jeque Yusuf Qaradawi, el líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, que dijo que Europa será conquistada no mediante la espada, sino mediante la dawa, no podría estar más contento, seguramente. Europa se está aprestando a satisfacer su petición.

[1] El ministro de Exteriores, Boris Johnson, se limitó a decir:
Debería haber un debate a fondo sobre las causas legítimas e importantes que los protestantes están planteando, y esperamos que las autoridades iraníes lo permitan [...] Los ciudadanos deberían poder tener libertad de expresión y manifestarse pacíficamente dentro de la ley [...]. Pedimos a todos los concernidos que se abstengan de emplear la violencia y que se respeten todas las normas internacionales sobre derechos humanos.

Francia calcula que los yihadistas en suelo francés podrían ser más de 11.000
IslamWatch.eu lagaceta.eu 27 Marzo 2018

Emmanuel Macron estima que el «terrorismo endógeno» es la principal amenaza que pesa contra Francia, a corto, medio y largo plazo, con unos 11.000 potenciales yihadistas, «lobos solitarios» errantes por 700 suburbios multiculturales, muy conflictivos, según los servicios de seguridad del Estado. Tras los atentados de Trèbes y Carcasona, el presidente de la República reunió en el Elíseo su consejo de seguridad, en el que participan los ministros del Interior, Defensa y Exteriores, acompañados de las más altas jerarquías de la seguridad nacional, con el fin de reafirmar la determinación y respuesta del Estado.

Haciéndose eco de las primeras declaraciones de Macron, Gérard Collomb, ministro del Interior, afirmó este domingo: «La amenaza terrorista sigue siendo alta. Debemos hacer frente a un terrorismo endógeno, local, nacional, que puede ser manipulado desde fuera». Endógeno: «Que se origina o nace en el interior, como la célula que se forma dentro de otra».

A finales de febrero, el Ministerio del Interior tenía fichados a 19.745 individuos, susceptibles de ser radicalizados. De estos, unos 11.000 son «seguidos» por unos servicios de seguridad parcialmente desbordados por una amenaza semejante a una nube tóxica. La mayoría de los sospechosos viven de manera errante en unos 700 barrios multiculturales, siempre al borde del estallido social.

Durante toda la jornada del domingo, varios policías y periodistas fueron amenazados físicamente cuando intentaban realizar su trabajo en el suburbio de Carcasona donde vivía Radouane Lakdim, el autor de los asesinatos del viernes. Se trata de «Ciudad Ozanam», un suburbio multicultural. Reporteros de la cadena BFM TV, el vespertino Le Monde y la emisora France Info, que deambulaban en coche por el suburbio, fueron detenidos por bandas de jóvenes, armados de piedras y bastones, que les increparon: «Largaros de aquí u os jodemos a palos».

Nueva estrategia
Jean-Charles Brisard, director del Centro de Análisis del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior, hace el siguiente análisis de la nueva amenaza terrorista endógena que se cierne sobre Francia: «Durante los años 80 del siglo pasado, la tendencia dominante fue la centralización de la información y los servicios de seguridad. La nueva amenaza reclama una reordenación parcial de la estrategia. En el el exterior, los triunfos contra Daesh en Siria no permiten erradicar el terrorismo de raíz endógena, nacional. Debemos aprender a “peinar” de mejor manera la nueva amenaza territorial, difusa, inquietante. La información centralizada debe ser utilizada sobre el terreno, a través de nuevas sucursales locales».

Los responsables de la lucha antiterrorista estudian nuevas formas de despliegue de las fuerzas de seguridad. En este sentido, el presidente Macron ha anunciado el próximo refuerzo de 2.000 nuevos puestos de gendarmes y antidisturbios. Durante los dos últimos años, desde las matanzas del invierno de 2015 (130 muertos), sucesivas «olas» de atentados se han cobrado otras 245 muertes.


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Frenar la violencia en Cataluña
 larazon 27 Marzo 2018

Pese al «lavado de cara» pacifista del separatismo catalán durante las últimas etapas del «procés», éste nunca se ha caracterizado, precisamente, por su tolerancia hacia quienes defienden la Constitución en Cataluña, que son mayoría, y, desde hace demasiados años, los sectores más radicales han venido ejerciendo una violencia de «baja intensidad» sobre los discrepantes.

Era, ciertamente, violencia, y era continua, aunque las principales formaciones políticas nacionalistas, y no sólo, prefirieran ignorarlo. Pintadas y ataques a las sedes de los partidos constitucionalistas, con especial saña hacia el Partido Popular; contra viviendas y negocios «españolistas», coacciones y escraches en los recintos universitarios, insultos y amenazas en las redes sociales, todo ello formaba parte de una estrategia que pretendía exhibir la supuesta hegemonía del independentismo en la vida pública, al tiempo que procuraba la exclusión, el exilio interior, de quienes osaban alzar la voz contra la imposición.

Por ello, a nadie debe sorprender que el fracaso de la intentona golpista, precedida de una inicua campaña, impulsada desde las propias instituciones, en la que se instaba a la desobediencia civil, se deslegitimaba el orden constitucional y se difamaba gravemente a la democracia española, haya exacerbado la rabia de los grupos más extremistas del separatismo, como Arran, y que éstos hayan mostrado su auténtico y feo rostro totalitario.

En este marco hay que situar la acometida contra los representantes del Poder Judicial, fiscales y magistrados, que están llevando a cabo la instrucción de los procedimientos en curso, con especial señalamiento hacia el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y miembros de su familia, como su esposa, que mantienen vínculos laborales y sociales en Cataluña, y sobre quienes se ha puesto, literalmente, una diana al revelar públicamente sus datos personales, direcciones y rutinas. Se trata de conductas de una gravedad inocultable, que nos retrotraen a los peores años del terrorismo etarra, sobre las que es imperativo actuar con la máxima celeridad y con toda la fuerza de la Ley.

Sólo desde la firmeza en la defensa de la legalidad, como se hizo en el País Vasco durante los llamados «años de plomo», es posible evitar la escalada de la violencia que propugnan los CDR (Comités de Defensa de la República) o las juventudes de las CUP, animados, todo hay que decirlo, por intervenciones extemporáneas, como las del presidente del Parlamento autónomo de Cataluña, Roger Torrent, quien, víctima, sin duda, de un delirio, se atrevió a cuestionar la legitimidad de la Justicia para entender de los delitos cometidos por el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Porque las pintadas y señalamientos en las redes sociales contra el magistrado Llarena y su esposa entrañan una manifiesta coacción, como ha denunciado el Consejo General del Poder Judicial, que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Bien está que desde el Ministerio del Interior se refuercen las medidas de seguridad personal de los jueces y fiscales, pero no es suficiente.

Es preciso identificar, detener y procesar, en su caso, a quienes están detrás del acoso a la judicatura, como de las acciones de violencia callejera. El separatismo catalán nunca fue el movimiento de las sonrisas que pretendían vender al mundo y, a medida que su frustración crezca, aumenta el riesgo de la violencia. Especialmente, si desde los partidos independentistas se mantiene la campaña de agitación y propaganda contra las instituciones del Estado y el sistema democrático español.

Todos somos Llarena
OKDIARIO 27 Marzo 2018

El acoso y las amenazas al magistrado Pablo Llarena por parte de los independentistas han sido una chapuza, pero una chapuza totalitaria. Por mucho que de tan torpes provoquen hilaridad, lo cierto es que el trasfondo de las acciones muestra el sórdido espíritu que envuelve la filosofía separatista. Señalar los domicilios de las personas con el objetivo de estigmatizarlos rememora algunas de las páginas más negras de la Europa del siglo pasado. El trabajo de Llarena ha sido impecable hasta el momento, siempre sujeto a los márgenes de la ley. Nadie debe ser coaccionado en un Estado de Derecho. No obstante, que un juez sea perseguido por el mero hecho de hacer su trabajo con rigor e independencia habla de una sociedad enferma. Lamentablemente, ese es el estado en el que se encuentra la comunidad autónoma catalana bajo las pulsiones de los sediciosos.

De ahí que el Gobierno se deba mantener vigilante y aplicar el artículo 155 de la Constitución hasta que la seguridad jurídica y la paz social dejen de ser un anhelo para convertirse en realidad. De otra manera no puede ser cuando Llarena y su mujer han tenido que dejar Cataluña para trasladarse a Madrid por cuestiones de seguridad. No se veía en España una hostilidad tan grande hacia las instituciones del Estado y sus representantes desde los años más violentos de ETA en el País Vasco. Ahora los radicales de la CUP se han convertido en una kale borroka de nuevo cuño que no desaprovecha ningún medio para efectuar sus ataques, incluido Internet. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben investigar cada una de las amenazas que contienen mensajes como los referidos a los Llarena: “No podrán ir por la calle a partir de ahora”.

¿Si se atreven a hacer eso con un magistrado del Supremo qué no harán con cualquier persona que rechace el separatismo? El Estado de Derecho debe prevalecer para que la sociedad dé las garantías correspondientes a cada uno de sus ciudadanos. Nadie debe ver su casa señalada por pintadas del mismo modo que nadie debe tener la sensación de que su vida o la de los suyos está en riesgo porque un grupo de exaltados decida imponer un determinado modo de pensamiento político. En la España actual eso debe estar absolutamente erradicado igual que debe estar erradicada la violencia callejera. Todo lo demás es retraso, como retraso son los fundamentos de la rancia filosofía independentista. En un mundo global, se trata de sumar, no de dividir. Menos aún si es mediante el asalto a la ley, la imposición y la violencia.

La detención de Puigdemont pone fin al cabecilla de un golpe contra todos
Esdiario 27 Marzo 2018

La captura del expresident pone fin a su alocado desafío y demuestra algo evidente: toda Europa está con España y su sistema democrático, asaltado por un grupo de fanáticos ya en el juzgado.

La detención de Carles Puigdemont en Alemania, país que cruzaba tan tranquilo en un coche rumbo a su mansión cerca de Bruselas, pone fin a varias cosas a la vez. La más importante, a su fuga de la Justicia española, que le quiere procesar por varios delitos de enorme gravedad que han desestabilizado como nunca a Cataluña y al conjunto de España.

Y la segunda, no menor, a esa burda campaña del secesionismo, que presentaba la acción de los tribunales como un acto de represión y a los encausados del 'procés' como unas víctimas de la falta de libertades en España: ahora se verá, por si había alguna duda, que es el conjunto de la Unión Europea quien reacciona ante un desafío lamentable e ilegal que afecta a los pilares democráticos del conjunto del Continente.

Su detención acaba con la última farsa del secesionismo. Europa no apoya a Puigdemont, le detiene y le entregará a España
¿De verdad va a seguir manteniendo Puigdemont, y con él los fanáticos que le secundan en distintos ámbitos, que la Unión Europea y quienes la conforman son espacios liberticidas, sin garantías judiciales, predemocráticos y ajenos al derecho? Que durante cinco meses el alocado expresident se haya movido por Europa con tranquilidad no obedecía a que sólo en España se percibiera como delictivo su comportamiento; sino al conjunto de garantías que los acusados tienen en el espacio con mayor cultura democrática del mundo, del que España obviamente forma parte.

Una vez que el juez Llarena ha dictado auto de procesamiento, se ha podido reactivar la euroorden de detención, pues es obvio que a estas alturas ya tiene las pruebas y el relato suficientes para evitar que, apelando a la compleja traducción de los códigos penales de distintos países, el ahora detenido se escapara: el magistrado del Supremo ha obtenido la detención en Alemania, que no es un país cualquiera, pero también la hubiera logrado en Bélgica y en casi cualquier país europeo una vez finalizada la instrucción y emitido el auto de 70 páginas donde se reconstruye el golpe antidemocrático del secesionismo y se justifica la acusación de rebelión, sedición y malversación.

Farsa y mentiras
Si el 'procés' ha sido una farsa, la fuga de Puigdemont y la propaganda hecha en este tiempo ha sido una contumaz mentira que ahora se cae por su propio peso: ni España le quería juzgar capciosamente mientras el resto de Europa le acogía conmovida; ni sus delitos flagrantes eran percibidos por todos como una épica defensa de la democracia catalana.

Puigdemont se sentará en un banquillo pronto, tal vez esta misma semana, y con seguridad seguirá los pasos del resto de detenidos hasta la celebración del juicio: su previsible ingreso en prisión no es un acto de justicia anticipada, sino un recurso preventivo para evitar que se fuguen o prosigan distorsionando el sistema democrático. Dos sospechas que sin duda tiene el juez pero, también, cualquiera que presencie el comportamiento, el discurso y los efectos políticos y sociales de todos estos alocados dirigentes, de sus herederos y de sus altavoces.

No puede haber nada peor que dejar asaltar el Estado de Derecho como ha intentado el procés: defenderse era y es una obligación
Porque la única herencia del procés es la fractura social, el empobrecimiento de Cataluña, la división de familias y amigos y la tensión callejera, de nuevo alta por la decisión de Llarena de enviar a presidio a los principales encausados y por la actuación, plausible e inevitable, de las autoridades germanas. Pero el Estado de Derecho no tenía alternativa ni una manera mejor de sofocar el desafío.

A defender la democracia
Por preocupante que sea ver algunas plazas catalanas repletas de ciudadanos convencidos de que todos estos golpistas son unos héroes; por lamentable que resulte constatar hasta qué punto el discurso victimista y desnortado se ha instalado en una parte no menor del tejido sociopolítico catalán y por inquietante que se antoje el futuro inmediato en términos de convivencia y conflicto; nada puede ser peor que tolerar el asalto al sistema democrático en nombre de una falaz, interesada, ilegal y excluyente democracia a la carta impuesta por unos fanáticos organizados en torno a la intolerable idea de destruir a España.

Golpistas escurridizos y desguazados
Alfonso Merlos okdiario 27 Marzo 2018

Que el fugitivo Puchi fuese pillado en una gasolinera que tiene como mascota a un pato es toda una alegoría del prosés: de su carácter absurdo, de su perfil cobardón, de su falta de solidez, de su clamorosa imprevisión, de su naturaleza bufonesca… y de muchas cosas más. Pero, resumiendo, es el perfecto indicador del nivel de los protagonistas de un golpe en el que quienes ahora intentan escurrirse saltando como conejos de país en país —incluidos refugios fiscales, todo es bueno para el convento— han tenido una sensación de impunidad creada por ellos mismos que se ha revelado no falsa sino enteramente fantasmagórica. ¡Pobres!

No se han enterado de nada, y lo están empezando a pagar. Ni Puigdemont ni Rovira ni Gabriel. Ninguno. Ninguna. No han entendido que algo tan grave como la rebelión o la sedición o la alta traición está castigado con las penas más severas por los códigos de cualquier país europeo. No han entendido que es verdad que “los políticos no pueden ser sustituidos en su papel por los jueces”, pero que tampoco por esa regla “los jueces pueden ser relevados en sus funciones por los políticos”; menos por quienes exigen un ‘borrón y cuenta nueva’, una amnistía antes de que lleguen las seguras condenas, un indulto antes de que se pongan sentencias que dejarán desguazados los proyectos de quienes consideran legítimo incendiar la calle, asaltar las instituciones y subvertir cualquier orden constitucional que se ponga por delante.

Quizá la sobrevenida estancia en Neumünster, una cárcel construida hace más de cien años y en la que conviven peligrosísimos criminales de la Europa del Este, de la exYugoslavia o Turquía le haga meditar al depuesto líder separatista sobre la extrema ferocidad de los delitos que supuestamente ha perpetrado y orquestado en primera persona. Ni la justicia penal en España es autoritaria, ni es caprichosa e inmotivada en los fundamentos de sus decisiones. Al contrario: es inexorable e implacable cuando se demuestra que grupos de personas, en actitud de manada, embisten contra los mismos rudimentos de la convivencia para ametrallarla sin importarles las dramáticas consecuencias producidas.

El derecho de manifestación es sagrado. Ello incluye la protesta, las pancartas, los lemas, la asistencia de centenares de miles de ciudadanos o de millones a cualquier hora del día y casi en cualquier lugar. Pero lo que no es de recibo y nunca será aceptable es que ante cada acción llevada a cabo en aplicación de la ley, hordas independentistas tomen el asfalto para destruir el mobiliario urbano, para atacar a las fuerzas de seguridad autonómicas o nacionales, para allanar sedes oficiales, sean regionales o del Estado. Porque esto no es democracia, es barbarismo. Porque esto no es progreso, es la jungla. Esto nada tiene que ver con la defensa de los derechos y las libertades fundamentales sino con su más pornográfico atropello. He regresado hace 48 horas de Waterloo, donde he compartido reflexiones con diplomáticos de la Unión Europea del más alto nivel y de distintos países, no sólo europeos. El pato azul y amarillo de la gasolinera alemana es visto como un personaje investido de más seriedad, solidez, autoridad y credibilidad que Puigdemont. No digo más.

Tarde
Se remoloneó mucho antes de aplicar justicia
Luis Ventoso ABC 27 Marzo 2018

Nunca deja de sorprender el alegre cantamañanismo, la amnesia galopante que permite defender con firmeza una posición y andando el tiempo sostener con idéntica reciedumbre la contraria. La semana pasada, el tótem Felipe González comentó que si se hubiese aplicado el 155 «hace cinco años» el coste «habría sido infinitamente menor». Aplausos para la atinada visión del venerable estadista. Cierto: tendríamos que haber limpiado la gangrena cuando ya se acumulaban indicios del complot delictivo contra España. Pero el aplauso al gurú se me ha quedado helado. Por deformación profesional se me ha ocurrido chequear la hemeroteca por ver qué opinaba González hace cinco años. Y resulta que sostenía exactamente lo contrario. En un acto en Barcelona a finales de 2013 propugnó con convicción una salida dialogada –«hay que hablar», «no hay que tener miedo al diálogo»–, a fin de evitar «un choque de buques y trenes». Quien hoy lamenta no haber aplicado antes el 155 abogaba por el chalaneo con unos nacionalistas obcecados, que ya solo aceptaban romper nuestro país para fundar el suyo.

Existen casos de mutación opinativa todavía más rápidos. Rivera goza de gran bonanza demoscópica merced a que en octubre fue quien más azuzó a Rajoy con el 155. Pero en julio del año pasado se mostraba contrario al mismo. Argumentaba que el 155 «sería un titular fantástico para Puigdemont, pero ni se lo vamos a dar ni vamos a aplicarlo». El propio Gobierno, que finalmente se animó a actuar impulsado por una ola de espontáneo patriotismo y por el discurso del Rey, también cayó a ratos en la fantasía buenista de dialogar con un frontón. En la pasada primavera, cuando ya se masticaba el golpe, todavía el presidente envió a Barcelona a su vicepresidenta, en surrealista embajada para granjearse el favor del auténtico líder sedicioso, el hoy preso Junqueras, quién toreó a nuestra representante con risitas farisaicas y rosas de Sant Jordi.

En el siglo XVII el superdotado Blaise Pascal advirtió de que «todas las desgracias del hombre derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación». Pero la chisposa mente de Puigdemont no es de las proclives al sosiego. Además, el president de la República Ambulante en el Exilio no lee a los clásicos. Tampoco nuestra clase política, sorda ante el aviso de Maquiavelo: «El que tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero desorden y después guerra».

Puigdemont, quién se ríe de quién
Javier Caraballo elconfidencial 27 Marzo 2018

Andan preocupados muchos catalanes por las consecuencias que tendrán las detenciones, porque piensan que se corre el peligro de humillar a los catalanes en su conjunto, como pueblo, con las reacciones que se producen en toda España cada vez que uno de los procesados por rebelión va a la cárcel. Los chistes y los 'memes' sobre los independentistas son líquido inflamable, dicen. Cuando meten a Jordi Turull en la cárcel, junto a otros cuatro exconsejeros, en plena sesión de investidura, y el personal se mofa con la foto aquella famosa de Piqué con la manita al Real Madrid. O cuando detuvieron a Carles Puigdemont en una gasolinera de Alemania, un Domingo de Ramos, y el tipo se convierte en el hazmerreír.

“Una Cataluña humillada es un peligroso cóctel molotov que puede estallar en la cara de cualquiera, no sabéis lo que estáis haciendo”, dicen esos catalanes que adelantan en cada conversación, en cada comentario sobre lo que está sucediendo, que ellos no son independentistas, que nunca lo han sido, pero que no se está valorando que en Cataluña, la inmensa mayoría de la gente está en desacuerdo con la situación actual y exige un acuerdo político. Es entonces cuando se cita al arzobispo de Tarragona, y se resalta que es del Opus Dei, y que hasta él se ha sumado a la preocupación de los catalanes porque también está “dolido por la situación”, y por eso dejan claro que “los encarcelamientos hacen más difícil un futuro en convivencia”.

Esa es la clave de todo, dicen, que se está ignorando la profunda pena y tristeza que provoca entre los catalanes todo lo que está ocurriendo, que se haya suspendido su autonomía y que no haya en España nadie capaz de escuchar a los catalanes y ofrecerles una salida digna, dialogada. “Que el futuro de Cataluña esté en manos de un juez es una tragedia para la democracia española que acaba dando la razón a los independentistas y a quienes los apoyaban, que siempre han sido pacíficos. Felipe González es el único que parece hacerse dado cuenta de la gravedad de este momento y por eso ha dicho que 'a los independentistas no hay que destruirlos, hay que vencerlos”. "No sabéis bien lo que estáis haciendo al reíros de los independentistas después de cada detención, porque es al pueblo entero de Cataluña al que se está humillando”, repiten.

Andan muchos en Cataluña preocupados, de buena fe, por las consecuencias de todo esto, por que se pueda humillar al pueblo catalán entero, y lo único que no se les puede objetar es que ese sentimiento que trasladan es cierto y es mayoritario entre los catalanes. Pero no es la primera vez que ocurre; más bien podría decirse que se trata de la enésima versión de una premisa aceptada por todos sin rechistar y que, sin embargo, no parece que sea cierta: que en España no se comprende ni se escucha a Cataluña y que esa circunstancia es la que lo ha provocado todo. Sencillamente, no es verdad, y por eso toda la argumentación posterior resulta igualmente falaz.

Esa premisa se ha utilizado con la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatut de Cataluña, luego con las reclamaciones del ‘España nos roba’ por la existencia de una injusta financiación de la autonomía de Cataluña, más tarde con la reivindicación de un referéndum de autodeterminación y el libre derecho de un pueblo a votar y a decidir su futuro y, ahora, con el procesamiento de los líderes independentistas. No es necesario volver a matizar cada una de esas afirmaciones, que se llegan a convertir en sentimientos, según dicen, porque incluso en caso de que fueran ciertas, no justifican lo ocurrido. Ese es el error de partida de esa mayoría catalana, independentista o no, que considera que todo lo ocurrido es por culpa de que España no ha sabido escuchar a Cataluña.

Incluso si el Tribunal Constitucional hubiera mutilado gravemente el Estatut de Cataluña, que no es cierto porque se modificaron solo 14 de los 274 artículos de ese estatuto, la reacción contra esa sentencia no puede ser jamás la desobediencia del tribunal y la insumisión, que es lo que se ha fomentado en los últimos cinco o 10 años de forma exponencial. Incluso si fuera cierto que Cataluña sufre un agravio comparativo con la financiación autonómica, que tampoco es cierto porque se trata de una de las regiones de España más beneficiadas por el Estado en los 40 años de democracia, la respuesta no puede ser nunca declarar la independencia y romper con todo. Incluso si fuera verdad lo que tanto se ha repetido de que ‘democracia es votar’, que tampoco se sostiene porque en cualquier democracia del mundo no se vota aquello que va contra el ordenamiento jurídico, la réplica no puede ser la insumisión y la convocatoria desafiante de aquello que han prohibido los tribunales.

Como se ha repetido aquí otras veces, democracia no es votar; votar es una consecuencia de la democracia que ni define ni acapara el concepto, porque lo fundamental en un régimen democrático es el respeto de las leyes y de las formas. Y para que Cataluña pueda ser algún día independiente, hay que cambiar previamente la Constitución.

Como la misma argumentación se aplica ahora a los encarcelamientos y al proceso judicial, también se distorsiona la conclusión a la que se llega, eso de que el destino de Cataluña está en manos de un juez, por encima de los partidos políticos y de la soberanía popular que votó en unas elecciones, el 21 de diciembre pasado. El procesamiento y la prisión de los líderes independentistas es una consecuencia, no la causa de nada. Y, por supuesto, nada tiene que ver con las últimas elecciones catalanas. Si el Tribunal Supremo ha procesado a los líderes independentistas es porque, como recuerda el juez Llarena en el último auto, “el Parlament desobedeció al Tribunal Constitucional de manera tozuda e incansable durante dos legislaturas y cinco años”.

Puede entenderse que muchos en Cataluña estén preocupados por la situación, y que les incomoden las mofas contra los encarcelados, ¿pero por qué antes, durante todos estos años, no consideraban la extraordinaria gravedad de la burla continua al Estado de derecho, que somos todos, que nos compete a todos? Hasta hace unos días, los voceros de Puigdemont se mofaban del juez Llarena cuando viajaba por Europa, “se jactaba de poder desplazarse libremente por Europa a pesar de sus cuentas pendientes con la Justicia española. Coleccionaba los viajes y las conferencias y otras tantas bromas enviadas por carta postal a las autoridades españolas”, como decía ayer 'Le Figaro'. Puigdemont ha sido detenido y encarcelado y la gente se mofa, sí, pero, en realidad, quién se estaba riendo de quién.

La derrota del separatismo llevará años
Santiago Abascal Libertad Digital 27 Marzo 2018

Buen sabor de boca nos han dejado a los que nos sentimos comprometidos con la Nación, el imperio de la ley y la justicia los acontecimientos de la última semana. Sin embargo, una lectura al auto del juez Llarena debería alejarnos de la euforia. Un auto en el que se describe minuciosamente cómo un gobierno democráticamente elegido se constituyó en una organización criminal de carácter mafioso obsesionada con el objetivo supremo de la secesión unilateral, y del que se desprende la escalofriante realidad de que todo lo que ha ocurrido y lo que está por ocurrir no responde sino a un plan perfectamente diseñado, escrito y anunciado para todo aquel que quisiera prestarle atención, de la misma manera que Mein Kampf adelantó una década lo que ocurriría en la Alemania de Hitler. Porque igual que para Hitler la guerra a Francia, la guerra al comunismo y la guerra a los judíos eran sus objetivos supremos, la secesión es el objetivo supremo del separatismo.

La declaración de Roger Torrent el pasado sábado tras la mascarada de pleno que se celebró en el Parlamento catalán así lo confirmó. Diputados con aires de omnipotencia utilizaron por enésima vez el altavoz de su cargo para insultar, injuriar y calumniar a nuestra democracia, a España, a sus Instituciones y por extensión a todos los ciudadanos que formamos parte de este gran país. Para decirnos que somos un Estado totalitario y para llamar a un frente común de anarquistas, separatistas y comunistas que reedite el guerracivilismo de los años 30 mediante la insurrección y la desobediencia civil. Un ejercicio miserable, uno más, que no nos alarmaría de no ser por no haber encontrado respuesta entre los partidos nacionales, que parecen completamente abducidos por la torticera idea de que con el separatismo hay que convivir. El Partido Popular patrocina ese injustificable estado de euforia. Ciudadanos llama a pasar página y a volver a saludarse en los pasillos. Y Miquel Iceta dice que no es tiempo de ley, sino de política. Pero no se trata de pelillos a la mar, como con ETA, contraponiendo política a ley. Se trata de hacer política dentro de la ley, porque en un estado democrático, precisamente en un estado democrático, ser elegido ni confiere poder absoluto ni te sitúa por encima de la ley. Ni al elegido ni a los electores. Porque sin ley, no hay democracia.

Por eso cabe reflexionar sobre la responsabilidad que la política española en general y el Gobierno como máximo representante en particular tienen en este proceso, ya sea por complacencia, por indiferencia o por haber infravalorado, a pesar de que estaba escrita y anunciada, la agenda separatista. Son muchas las preguntas que el Gobierno debería responder. ¿En qué se ha empleado el Fondo de Liquidez Autonómica en Cataluña? ¿Ha servido directa o indirectamente para financiar las estructuras golpistas, las asociaciones afines como la ANC y Ómnium destinadas a provocar el levantamiento civil, y la internacionalización del procés? ¿De dónde salió el dinero para el referéndum? ¿Controlaba el Gobierno los gastos en los que incurría la Generalidad con dinero prestado por el Estado? ¿Cómo es posible que el CNI no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo con las urnas del referéndum? ¿Cómo fue posible la fuga de Puigdemont y los 5 exconsellers? ¿Cómo se explica que Marta Rovira no estuviera bajo vigilancia del CNI dado el elevadísimo riesgo de fuga? ¿Por qué se ha permitido el apartheid lingüístico contra el español? Si el Gobierno sabía lo que se estaba preparando y no actuó, debería no ya dimitir, sino sentarse en el banquillo por complicidad con la rebelión. Y si no lo sabía, debería dimitir también por incompetencia. Y todavía le quedarían las dos preguntas más importantes a estas alturas por responder. ¿Por qué siguen relativizándose hechos tan graves como la declaración de Roger Torrent? Y ¿por qué siguen los esfuerzos centrados en el blanqueo de la imagen de los rebeldes golpistas en lugar de en desmantelar de una vez el golpe de Estado?

Desde los medios voceros del separatismo y Moncloa, que son los mismos, nos piden clemencia y empatía. ¡Pobres familias!, exclaman. Familias en las que no pensaron mientras usaban su poder público para destrozar toda una Nación. Como tampoco pensaron en las familias que llevan años viviendo amedrentadas, coaccionadas, insultadas y señaladas por ser, pensar, sentir o expresarse en español. Familias que han tenido que ver incluso acosados a sus hijos por pertenecer a la Guardia Civil. Familias que ven con máxima incertidumbre su futuro laboral debido a las consecuencias que sobre la economía catalana está teniendo el delirio golpista, mientras los criminales que diseñaron todo se regocijan desde las redes sociales con sus blindados sueldos parlamentarios. ¿Pensaron en estas familias alguna vez? ¿Tuvieron empatía con ellas? No la tuvieron, ni los rebeldes golpistas ni las televisiones que se dedicaron a ridiculizar sus problemas y a reducirlos a cosas de fachas. Y no la tendrán porque, como se desprende del detallado auto del juez Llarena, el golpe de Estado muy lejos de ser derrotado, tan solo se encuentra en suspenso esperando a poder ser reactivado. Por eso no cabe euforia posible. Se ha ganado una batalla, pero no la guerra. Porque aunque sin armas, el separatismo nos ha declarado una guerra de la que solo concibe salir ganador. Como el nazismo, victoria o destrucción. Tras la detención de Puigdemont la casa del juez Llarena en Gerona apareció con pintadas amenazantes de los cachorros de la CUP, y Tv3, ese pozo de lodo que incomprensiblemente sigue emitiendo tras casi medio año de 155, sigue llamando a la insurrección y avisando con muertos. Ni debemos ni podemos acostumbrarnos a permitir semejantes vejaciones y amenazas a nuestra democracia y a nuestra convivencia.

En consecuencia, ha llegado la hora de hacer lo que debió hacerse hace años. Igual que no fue suficiente con descabezar al nazismo, sino que tuvo que llevarse a cabo y a la par un profundo proceso de desnazificación, es urgente llevar a cabo el mismo proceso con el separatismo. No se trata ya de frenar el golpe, sino de desmantelarlo. No se trata de negociar con el separatismo, sino de destruirlo sin complejos, de corregir el enorme error histórico que supuso su aceptación dentro del juego democrático, que no de la Constitución. Porque por mucho que Rajoy lo repita, la Constitución no ampara cualquier idea que sea defendida por vías democráticas. El artículo 6 del texto constitucional es muy claro al respecto. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

Es hora por tanto de converger ni más ni menos que con todos los países de nuestro entorno, países como Francia o Alemania, donde formaciones políticas fuera del marco constitucional y que atentan contra su propia existencia como ERC, la CUP, Bildu o el PDeCat no tendrían cabida en la vida pública. Y solo puede hacerse instando a la ilegalización de tales formaciones y recuperando para el Estado las competencias en seguridad y educación. Ninguna autonomía puede nunca más estar en posición de plantear semejante desafío al Estado. Ningún político o aspirante a lo mismo puede creer nunca más que ser elegido en urnas le confiere una autoridad superior a la ley, que le permite tomar a los electores como rehenes y que, en definitiva, puede instar a la desintegración de España de forma unilateral y gratis. Hasta el momento, el golpe de Estado lo ha parado la sociedad española, gritando fuerte y claro YA BASTA. Y la acción judicial, de la que en VOX nos sentimos modestamente orgullosos por haber contribuido desde la acusación popular que lideramos a encarcelar a los responsables de semejante traición. Pero es imprescindible la acción política encaminada a destruir la idea separatista, de la misma manera que debió invalidarse el fin de ETA. Si se hubiera hecho con ETA, hoy no tendríamos que sentir la vergüenza de ver a Otegi convertido en referente moral hablando de democracia. Que no nos vuelva a pasar lo mismo.

La Cataluña del miedo
Quién haya visto «La muerte de Stalin», magnífica recreación en clave cómica del fin del más absoluto genocida del siglo XX, entenderán el efecto paralizador del miedo
Sergi Doria ABC  27 Marzo 2018

La Cataluña secesionista quiso desbordar al Estado de derecho y acabó desbordándose a sí misma: hoy es la República del miedo. La pervivencia del nacionalismo –como movimiento totalista– bascula entre el dogma de la pureza y la represión del desviacionismo. Sucedió en la Lliga que colaboró en el Gobierno de España y acabó fracturada en Acció Catalana.

Le sucedió a Acció Catalana, desbordada por el coronel Macià y su Esquerra populista. Después del «Visca Macià, mori Cambó!», la Esquerra de 1934 se desgajó entre los «escamots» fascistas de Estat Català y el pragmatismo tarradellista que rechazó el 6 de octubre. La patética frase de Companys al culminar el golpe –«ara també em direu que no sóc prou catalanista?» (¿ahora también me diréis que no soy lo bastante catalanista?)– ilustra ese miedo a ser demonizado por los extremistas.

Los dietarios de Amadeu Hurtado –«Abans del sis d’octubre»– o las «Memòries polítiques» de Joan Puig i Ferreter –¿por qué nadie las reedita? ¿duele saber que ERC nunca fue un partido serio?– aportan más ejemplos del «miedo purificador» nacionalista. El pavor a ser etiquetado de «mal catalán» actúa de pegamento para el monolitismo que paraliza Cataluña. La retórica en años del Exilio –con mayúscula, no del turismo subvencionado de Puigdemont– consistía en proclamar quién la tenía más grande (la bandera): ¡Ay del que cuestionara que la guerra civil se hizo contra Cataluña!

Método castrador
El «contra Cataluña» es el mantra de la represión ideológica en el lobby nacionalista: su banderín de enganche. En los años sesenta, los «puros» comulgaban en la abadía de Montserrat, leían «Serra d’Or» y sufragaban Òmnium Cultural. Los «malos» –catalanes «de Burgos» que aprovechaban intersticios del Régimen y batallaban con la censura– escribían en Destino: Vergés, Agustí, Pla y compañía. Al lúcido Gaziel se le miraba de reojo, autor de «El desconhort» y «Meditacions en el desert», sobre las contradicciones de los derrotados.

El historiador Vicens Vives tampoco era de fiar: desmentía con rigor la leyenda de 1714: el Decreto de Nueva Planta «desescombró» Cataluña de instituciones feudales. Serrat era despreciado por su cantar bilingüe y Llach bendecido cual «escolà» montserratino. Òmnium le daba el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes al ruidoso Pere Quart y dejaba tirado en Bélgica al anciano Carner. Con el pujolismo se siguió aplicando ese método castrador: las lecturas obligatorias de los educandos sacralizaban la medianía de Pedrolo o Martí Pol mientras se ninguneaba a Sagarra y Pla...

Ese pasado explica actitudes del presente. Las redes sociales son la gasolina del linchamiento. Raimon se mostró dubitativo sobre la independencia y fue excomulgado, mientras que a Serrat se le llamaba fascista. Si Puigdemont no decidiera a golpe de Twitter –escribía Enric Juliana–, en lugar de condenar Cataluña al abismo de la DUI habría convocado elecciones. Pero le pudo el miedo.

No hace falta repetir los nombres de los linchadores: 155 monedas, rompedores de carnet, quemadores de retratos reales, abonados a la palabra «botifler»... Tampoco hace falta abundar sobre el moderado Santi Vila; atenazado por la presión del miedo abandonará el «bateau ivre» antes del hundimiento: el dúo Rull-Turull –fontaneros pujolistas que no saben lo que es trabajar de verdad– le llamará «rata».

La sociedad, contaminada
Un disidente del franquismo como Dionisio Ridruejo bautizó irónicamente a los inmovilistas del Régimen: «el macizo de la raza». Cuando lean estas líneas, la ANC culminará unas elecciones más propias de la democracia orgánica del movimiento que de la «democracia real» que vindican.

Si eso fuera privativo de estos demagogos que acusan al Gobierno español de autoritario mientras vetan candidatos, no habría de preocuparnos. El problema es que el peronismo de la ANC contamina la sociedad civil. Jordi Basté lo expresó antes de calificar el Procés de «enredada global» y «aixecada de camisa»: «Jo ja sé que m’estic jugant les cames» (yo ya sé que me estoy jugando las piernas).

Del símil futbolístico no se infiere un riesgo físico, sino de ser excluido de la «familia» nacionalista. Un miedo muy catalán: ser funcionario sin lacito o faltar a las movilizaciones «de país»; disentir de las «bondades» catalanas frente a las «maldades» españolas; admitir que no es franquista pedir más castellano en la escuela, salirse del whatssap patriótico...

La burguesía que llevará muy mal una investidura que les jorobe la Semana Santa en sus casoplones de La Cerdanya contemporiza con los antisistema; el político de comarcas Puigdemont teme que en su pueblo le llamen «traïdor».

El 21-D reveló que la Cataluña constitucionalista ha perdido el miedo al populismo institucional de la revuelta contra el Estado. Los independentistas se asemejan ahora a los jerifaltes soviéticos ante el cadáver de Stalin: ¿Quién amortajará la pintoresca República Catalana? ¿Quién será Beria? ¿Quién Kruschev?

En Cataluña ya estamos en guerra civil
Miquel Giménez. vozpopuli  27 Marzo 2018

Se puede intentar disfrazar, disimular o, simplemente, esconder, pero es evidente que a día de hoy existen dos bandos en Cataluña y que unos están dispuestos a emplear todos los métodos para salirse con la suya. El interrogante es saber que van a hacer los otros para defenderse.
Las bondades que entraña provocar al Estado

Pilar Rahola, que ha mutado de hagiógrafa del poder nacionalista burgués a la condición de agitadora social, defendía en una tertulia de la emisora del Conde de Godó, Grande de España, subvencionado por todos los lados y protector de especímenes como Eduard Pujol, el del patinete y ahora vocero separatista, que hay que provocar al Estado. Ante la imposibilidad de investir a Puigdemont, ha dicho que propone a Carles Riera, de las CUP, como candidato a la presidencia de la Generalitat. “Hay que apoyar la candidatura que más moleste al Estado”. Lo dice una millonaria, ¡a las barricadas!

Lo grave de la hora presente no es la frivolidad con la que se produce ante el micrófono o la cámara televisiva esta señora, o cualquier otro integrante de la pléyade comunicadora separatista. Lo auténticamente preocupante es que lo hagan mientras en toda Cataluña el conflicto se ha trasladado del terciopelo del Parlament, la moqueta de los despachos o los medios de comunicación a la calle.

Este fin de semana, a raíz de la detención en Alemania del fugado Puigdemont, se han vivido escenas de una gran violencia en la capital catalana, en Girona, en Tarragona, en las carreteras del Principado. He ahí el resultado de años y años de adoctrinamiento, de hacerle creer a la gente cosas que ellos mismos sabían que eran imposibles – lo reconoció el propio Artur Mas en una entrevista -, de sembrar la semilla de la superioridad moral de unos y de la bajeza de otros. Lo que se plasma en los contenedores incendiados, las carreteras cortadas, las pintadas intimidatorias o el tremendo puñetazo que le propina un energúmeno separatista a un joven que portaba una bandera española no es más que esto: no sabemos perder, no queremos perder, no nos da la gana de que ganéis vosotros. Rahola dixit, lo que provoque más al Estado, es decir, lo que haga más daño, lo peor, lo que sea con tal de que no ganen ellos. Porque toda esta gente sabe que lo tiene más que perdido, pero es tal su arrogante carácter que están dispuestos a cualquier cosa antes que decir que lo sienten.

Ese clima amenazante que ha durado meses, que se hacía cada vez más gris, más ominoso, ha acabado por estallar. Cuando un alto cargo de la Generalitat se permite insultar al ex portavoz de Ciudadanos JordiCañas llamándole miserable y diciendo que le da asco, para después insultar a un colega periodista con los epítetos de ladrón, fascista o extorsionador es que algo falla. ¿Saben qué? Que el insultador es Agustí Colominas, ex gerente de la fundación de Convergencia, la CATDEM, y actual director de la escuela de administración pública de la Generalitat. No nos engañemos, esto solo pasa en un país que vive en guerra contra sí mismo, en el que los odios han ocupado el lugar de las razones, en el que la víscera ha ganado a la neurona.

Es guerra civil, porque en mi tierra la mentalidad de Cheka es mucho más abundante que la de ir al frente, de ahí que en las redes sociales se encuentren obscenidades como la que tuiteó @csaune en la que daba información acerca de donde trabaja y como se llama la esposa del juez Pablo Llarena, ahora con protección policial debido a las pintadas amenazadoras hechas por Arran delante de su casa en Gerona. La infame tuitera decía “hay que difundir – los datos de la esposa – para que sepan que ya no podrán ir por la calle a partir de ahora”.

Es guerra civil, insisto, cuando un miembro de los Mossos es descubierto por sus propios compañeros participando en el asedio a la Delegación del Gobierno. Es enfrentamiento entre dos maneras de entender a Cataluña, una que quiere el conflicto porque ya no sabe por dónde salir y la otra que, simplemente, aspira es a vivir en paz, con un trabajo digno, un Estado que ampare al débil y un sistema justo para todos.

¿Hará falta un muerto para que se ilegalice a los que defienden la violencia?
Siempre se jactó el separatismo de su carácter pacífico, no violento, casi seráfico. Ya saben, la revolución de las sonrisas. Nunca han reconocido ni lo harán que su postura conllevaba, necesariamente, una carga de violencia ideológica. Multar a un sencillo comerciante por no rotular en catalán ¿no era violencia? Obligar a los niños a estudiar solamente en catalán, escondiendo debajo de la alfombra el castellano ¿no era violencia, y de la peor clase, porque se practica contra inocentes? Vean como entienden estas gentes el concepto de violencia cuando la misma Ómnium, la que tiene a Jordi Cuixart, su dirigente, en la cárcel, califica los hechos vandálicos de este domingo como una cosa “pacífica y ejemplar”. Lo ha dicho su actual presidente, Marcel Mauri, que añadía “En cualquier país del mundo, cuando encarcelan a todo su gobierno la gente sale a la calle y lo quema todo, pero aquí eso no pasa”. Le hace falta acudir a un buen oculista, porque el centro de Barcelona estaba iluminado ayer noche por incontables containers incendiados por los suyos.

Y es que negar la evidencia es también un síntoma de guerra civil, porque de todos es sabido que la primera víctima en cualquier guerra es la verdad. Los Mossos heridos son guerra civil. Las piedras, pintura, salfumán, botes de humo, lejía, palos, sillas de las terrazas, incluso algunos extintores que les arrojaron, son guerra civil. Los conductores intimidados por piquetes de cafres que cortan el tráfico y toman las matrículas de aquellos que no secundan, amenazándolos con gritos de “Sabemos quién eres, ya te pillaremos, hijo de puta”, son guerra civil. Los Mossos separatistas como el que participaba en las agresiones contra la policía autonómica, son guerra civil. TV3, dando todo el día consignas acerca de los sitios donde existen tumultos, casi invitando a la gente para que se sume, informando sesgadamente, lanzado soflamas en favor de los sublevados presos o detenidos, es guerra civil.

Un separatista que trabaja en esa televisión que debería haber sido la primera en recibir una aplicación vigorosa del 155, Jair Domínguez, autor de momentos televisivos repugnantes como cuando disparó a una fotografía del por entonces rey Juan Carlos, lo ha dejado claro. El colaborador del programa “Està passant”, presentado por Toni Soler, otro de los beneficiados del proceso, dijo textualmente en su cuenta de Instagram que “habrá muertos para conseguir la república catalana y será terrible porque, en el fondo, no nos gusta la violencia”. En el fondo, menos mal. Es el mismo individuo que escribió en la revista “Esguard” que quería atar al ministro Zoido, tumbarlo encima de una mesa de neurocirujano, clavarle la cabeza con tonillos y cordeles para que no se moviese ni un milímetro y cortarle con un cúter la papada para podérsela comer. El mismo que, aliviado, manifiesta que por fin han descubierto que la república no llegará con lacitos amarillos o manifiestos, sino con sangre y fuego. Eso es guerra civil, es vomitivo, es incitación al odio, a la violencia, al enfrentamiento. Y delito, claro.

Ellos saben perfectamente que esto es una guerra y quieren ganarla como sea. Pervirtiendo la democracia mediante referéndums que no son más que charlotadas dignas de un gerifalte africano, adulterando la vida parlamentaria, defendiendo a los delincuentes cual si de héroes se tratase. El último peldaño que les quedaba era el de justificar la kale borroka y ya están en ello. Solo en Barcelona: cargas policiales, un centenar de heridos – veintitrés son Mossos – y nueve detenciones. Eso sí, no habrán escuchado por parte de la pseudo izquierda más que el silencio cómplice de los podemitas catalanes o el vergonzante llamamiento del socialista Miquel Iceta para que se cree un gobierno de concentración.

La irresponsable pasividad también es un síntoma de guerra civil. Ahora se trata de saber si los que defendemos la ley y el orden vamos a enterarnos de lo que hay o seguiremos matando moscas, como aquel emperador que se entretenía en tales ocios mientras que su guardia pretoriana llegó y le cortó el cuello.

El independentismo se ahoga en sus mentiras mientras engaña a sus fanáticos
Esdiario 27 Marzo 2018

Las farsas del soberanismo no se detienen y conviene desmontarlas, una a una, a la vez que se completa la acción de la Justicia con cuantas medidas políticas sean necesarias para frenarlo.

Las horas siguientes a la detención de Puigdemont, que siempre fue una cuestión exclusivamente de tiempo, vienen cargadas de un ensordecedor ruido interesado sobre tres cuestiones muy concretas: la supuesta resistencia de Alemania a culminar la euroorden con la entrega del reo a España; el presunto respaldo del Comité de Derechos Humanos a los autodenominados "presos políticos" y, finalmente y a consecuencia de lo anterior, la posibilidad de que el propio Puigdemont o Jordi Sánchez opten a la presidencia de la Generalitat previa convocatoria de un pleno extraordinario este miércoles por el inefable Roger Torrent, superado por las circunstancias y la división en el seno del independentismo.

Las tres cosas son mentira, forman parte de la burda pero eficaz propaganda habitual del soberanismo y cuentan, lamentablemente, con demasiados altavoces mediáticos y políticos que sin ningún respeto por los hechos se lanzan a amplificar tales patrañas para seguir inflando un globo que, en realidad, está pinchado.

La ONU no ha respaldado a los 'presos políticos', sino todo lo contrario. La burda mentira no puede repetirse ya sin respuesta

Para empezar, la euroorden es casi vinculante para los Estados que suscriben el convenio que regula su aplicación e incluye, por sistema, el respeto y acatamiento a las resoluciones judiciales de todos los miembros del club. Esto significa que el margen de arbitrariedad en la ejecución desde Alemania de la petición del Tribunal Supremo es pequeño y que, todo lo demás, pueden discutirse los plazos -hasta un máximo de 90 días que muy probablemente no se agotarán- y los delitos exactos por los que el prófugo será juzgado al volver a su país de origen.

La justicia germana entregará al expresident a la española, en resumen, por mucho que los seguidores de Puigdemont -no siempre partidarios del soberanismo pero curiosamente detractores del Gobierno de forma unánime- intenten confundir a la opinión pública con sus consabidas farsas: también dijeron, con el mismo desapego por la verdad, que sus delitos desaparecerían al pasar de la Audiencia Nacional al Supremo o que la Unión Europea no respaldaría a España.

La segunda falacia atiende a un presunto respaldo de la ONU a los dirigentes políticos encarcelados por delitos de rebelión, sedición o malversación. La mentira no puede ser ni más agua ni más fácil de desmontar, pese a los cual los corifeos del procés insisten en ella para tratar de presentar a España como un país aislado y señalado por los organismoS internacionales más genuinamente democráticos.

Una mentira atroz
La realidad es bien distinta. Naciones Unidas se ha limitado a admitir una queja de Jordi Sánchez, como hace de manera rutinaria prácticamente con todas las que le remiten. Y nada más. La apelación al respeto a los derechos políticos de los encausados es una simple coletilla introductoria de lo que realmente ha dicho la ONU: que no necesita ni escuchar la respuesta de España para afirmar que nuestro Estado de Derecho es perfectamente democrático y que las resoluciones judiciales nacen del principio de separación de poderes y gozan de todas las garantías inherentes a una democracia plena.

Que el nacionalismo manipule es lamentable; pero que sus inventos se presenten como verdades absolutas dice muy poco del rigor de demasiados medios de comunicación y de la honestidad de no pocos dirigentes políticos.

Finalmente, y en coherencia con lo anterior, la penúltima farsa atiende a la convocatoria de un pleno extraordinario donde se discutiría, a sabiendas de que es inviable, una eventual candidatura de Puigdemont o de Sánchez a la presidencia de la Generalitat: el Tribunal Constitucional ya falló, a instancias del Gobierno en un movimiento audaz y arriesgado, que no se podía alcanzar ese puesto sin estar presente en el Parlament. Algo imposible para dos presos.

La política debe incrementar ahora sus medidas contra el procés, sin ambages y sin complejos de ningún tipo

Ese cúmulo de falsedades se suma a todas las que, al menos desde 2012, lleva esparciendo el soberanismo en todos los ámbitos para intentar ser visto como la víctima de un conflicto en el que, en realidad, ejerce de agresor reiterado, verbal, política y físicamente: sólo hay que recordar cómo unos desalmados cortaron autovías el pasado domingo y confinaron durante horas en sus coches a niños pequeños y abuelos, a bajas temperaturas.

Más 155
El procés ha muerto, sus protagonistas están en el banquillo o peleando entre ellos para quedarse con los restos, Cataluña está parada y degradada ante el mundo y los problemas económicos, sociales, familiares y laborales derivados de todo ello son cada día más graves y profundos. Por eso, una vez la Justicia ha demostrado que será implacable en la defensa del ordenamiento jurídico vigente, que no es otra cosa que la traducción legal del valor democrático de España; la política tiene que proseguir su camino con el mismo buen juicio que le llevó a impulsar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Y no nos referimos a la catalana, sino a la española. Lejos de decaer las medidas de todo tipo a la espera de las decisiones judiciales, es hora de incrementarlas para proteger a la sociedad catalana de quienes más dicen defenderla. No hay que disculparse ni compensar nada, sino todo lo contrario: ha llegado la hora, sin duda, de culminar sin ambages la desintoxicación de Cataluña y su reinclusión en la España moderna y europea. Y si para lograrlo hay que evitar que TV3 sea ni un minuto más un vulgar agitador de masas, por ejemplo, evítese de una vez.

Alea iacta est. El periplo de Puigdemont toca su fin
“La valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad, más tiene de locura que de fortaleza.” Miguel de Cervantes Saavedra
Miguel Massanet diariosigloxxi  27 Marzo 2018

Cuando un personaje venido de la nada se aprovecha de circunstancias, aparentemente propicias para alcanzar una fama que no se merece, prestándose a asumir unas funciones para las que no está capacitado o buscando arrastrar tras de sus propias locuras a una multitud de personas a base de seducirlas con mentiras, engaños, falsas promesas, ilusiones o medias verdades; es evidente que actúa con temeridad, mala fe y desconsideración para aquellas personas de las que se vale para llevar adelante sus insensatas, deleznables, ilegales e irrealizables ideas. El caso de este catalán, evidentemente cargado de recursos encaminados a poner obstáculos a la ley, conocido como Carlos Puigdemont, expresidente de la Generalitat catalana, se puede decir que contiene en sí todo un cargamento de malas artes, de desconsideración hacia sus propios compañeros de partido, de uso indebido del dinero de quienes lo han venido apoyando y de falta de respeto hacia quienes han venido apoyando el propio separatismo catalán que, lejos de huir de España y poner tierra por medio para evitar la acción de la Justicia española, han tenido la hombría de quedarse para afrontar sus responsabilidades que les han llevado, a muchos de ellos, a visitar las cárceles españolas.

Sólo a un visionario pagado de sí mismo puede albergar la idea de que va a ser capaz a mantener a toda una nación en vilo, creyéndose que puede atacarla, menospreciarla, despreciar sus instituciones, calumniarla y, por añadidura pretender descalificarla ante el resto de naciones que, con ella, forman parte de la Europa comunitaria, con todo el merecimiento que le asiste, por su condición de democracia unánimemente reconocida por el resto de democracias del mundo. Sólo un infeliz creído de estar dotado de una inteligencia superior, un ególatra o un orate al que se le ha hecho creer que está en condiciones de dirigir una revuelta separatista sin que ello le pase factura y le obligue a rendir cuentas ante la Justicia; sería capaz de alimentar la idea de que, con sus charlas, sus desafíos, sus viajes retando al país al que ha decidido enfrentarse, iban a tener un final feliz. Pero no sólo se fugó para instalarse en Bélgica, un país tan extraño como para aceptar tenerlo acogido en su territorio sin tomar las medidas cautelares que, por su pertenencia a la CE, debiera de haber puesto en marcha, limitando los movimientos del prófugo de la justicia española, para que no pudiera aprovecharse de su inmunidad para insultar y despotricar contra toda España y los españoles; mostrándose como un caradura, insolente y traidor ofendiendo a aquel país que le permitió que ocupara un cargo público de la importancia de presidente de la Generalitat, aceptando obedecer su Constitución para, a la primera ocasión que se le presentó, levantarse contra él, prevaricando y cometiendo perjurio, en un acto deleznable de deslealtad a la nación a la que se debía como autoridad perteneciente a su Administración.

Como suele suceder con todos aquellos que tienen cuentas pendientes con la Justicia, a este señor, al que el exceso de confianza, su creencia de que era más listo que nadie y su decisión de intentar esparcir cuanta basura y fango pudiese para perjudicar a España, han sido superiores a la prudencia que le hubiera aconsejado mantenerse viviendo en el lugar donde se sentía protegido, ante la previsible actuación de las autoridades españolas que le estaban siguiendo la pista y que, como ha quedado acreditado hoy mismo, han demostrado que el servicio de inteligencia español había conseguido estar al tanto de sus viajes por Europa, de tal modo que, al menor descuido que ha cometido, han sido capaces de alertar a las autoridades alemanas para que lo detuvieran y comenzaran el trámite para su puesta a disposición de la judicatura, que será la que, en el plazo establecido, de 15 a 47 días, determine si la orden internacional de captura reúne las condiciones para que la legislación alemana pudiera dar la autorización para la extradición del prófugo.

No es, precisamente, la nación alemana la que mejor parece que vaya a acoger a este sujeto, huido de los tribunales españoles, si es que tenemos en cuenta la sintonía que existe entre los dos gobiernos, los acuerdos que tienen convenidos para casos como el que nos ocupa y si se tiene en cuenta que, en la legislación germánica, existe un delito de alta traición en contra del Estado Federal o de alguno los distintos länders que lo componen, que tiene grandes concordancias con el delito de rebelión tipificado en el CP español. Puede que la gran movilización de abogados catalanes y belgas que parece que están al servicio de la causa de Puigdemont, intente por todos los medios obstaculizar la acción de los tribunales alemanes, pero lo que es evidente es que los plazos para dar cumplimiento a las órdenes de captura internacionales no puede durar más de tres meses, seguramente el más corto de los del resto de naciones que el señor Puigdemont haya visitado hasta ahora en su circuito propagandístico por toda Europa. Unos pocos kilómetros por las autopistas alemanas han bastado para que la policía de tráfico haya detectado el coche de los fugitivos y puesto en lugar seguro, en una comisaría, a los ocupantes del mismo.

La situación del llamado “process”, como consecuencia de la detención en Alemania del líder del mismo, seguramente va a tener efectos inmediatos en cuanto a la puesta de acuerdo de las distintas facciones que siguen al frente del separatismo catalán para nombrar a un nuevo gobierno si es que, como parece, todos rechazan de plano el recurrir a unas nuevas elecciones, dado que, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, que los plazos estaban interrumpidos como consecuencia de la suspensión del acto de investidura del presidente de la Generalitat, a partir del momento en el que el señor Rull hizo su discurso de presentación, han comenzado de nuevo a correr para que, si en el plazo de dos meses no se ha constituido un nuevo gobierno en la Generalitat, será preceptivo que se proceda a convocar unos nuevos comicios.

Al parecer, en un intento desesperado de evitar la extradición a España, los asesores de Puigdemont piensan intentar presentar una “solicitud de asilo” para quedarse en Alemania. No obstante, fuentes del ministerio del Interior regional de Scheswig-Holstein, han manifestado que las posibilidades de que esta petición de asilo sea aprobada son escasas. "La prosecución penal, es decir, la ejecución de una orden de detención europea prima sobre un proceso de asilo". Se debe tener en cuenta de que, pese a los esfuerzos que sin duda va a hacer el equipo de abogados del señor Puigdemont, para intentar sacarlo del aprieto en el que se encuentra, disponen, en realidad, de solo tres posibilidades para que un país no ejecute una OEDE: que Puigdemont ya estuviese siendo juzgado por otro país miembros de la UE, que su delito haya sido perdonado en base a una amnistía en el país de la detención o que el acusado sea menor de edad. No se dan ninguno de estos supuestos.

Es de esperar que en los próximos días se produzcan reacciones en Cataluña, dado que la detención del mandamás del separatismo que ha caído en la trampa, con toda seguridad, estaba prevista por los servicios secretos de la nación española que han aguardado pacientemente que se produjera, como ha sucedido, la ocasión propicia para echarle el guante precisamente en Alemania. Ahora será el momento de ver si, los acuerdos existentes entre países a los que se viene considerando como defensores de la Constitución, siguen manteniéndose ante el nuevo desafío al que van a tener que hacer frente o bien alguno de ellos, por ejemplo el PSC bajo la dirección del señor Iceta, parezca dispuesto a llegar a acuerdos con todos, incluso con los independentistas, según se desprende de las palabras que pronunció Iceta en el Parlament catalán: “Hay que pensar en todo el país, no sólo en una parte, hay que abandonar el refugio de los bloques para avanzar en el diálogo” Lo que nadie aclara, con tanta apelación al diálogo, es sobre ¿qué se va a dialogar cuando, hasta ahora, a todo lo que se han venido aceptar los partidos independentistas ha sido a dialogar sobre las condiciones y los plazos en los que el Gobierno estaría dispuesto a aceptar la independencia de Cataluña de España.

Cuando vemos lo que se está organizando en las tertulias de la TV, lo que dicen fanáticos del calibre de Pilar Rahola, o lo que publican periódicos que pretenden ser objetivos pero que forman parte de los medios informativos que apoyan descaradamente la independencia de Cataluña, no nos extraña que las calles estén en efervescencia si, lo que escuchan los ciudadanos de la comunidad catalana, no son más que incitaciones al odio, a continuar la lucha, provocaciones para que haya enfrentamientos con el Estado e insultos hacia las fuerzas del orden que, hasta ahora, no han hecho otra cosa que intentar preservar el orden esforzándose en detener las avalanchas “pacíficas” de aquellos corpúsculos de “defensores de la república catalana”, que no hacen otra cosa que hostilizar con sus cargas, insultos y lanzamiento de objetos, la labor pacificadora de quienes tienen por misión evitar el vandalismo en las calles.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos tememos que, la firmeza que hasta ahora vienen demostrando los tribunales en cuanto a las medidas judiciales que se han venido adoptando en contra de los presuntos culpables del intento golpista, de quienes intentan acabar con la unidad de España, puede que desde los partidos políticos o desde el mismo Gobierno de la nación, no se vea con la claridad y el respeto con el que se deben aceptar y apoyar las actuaciones judiciales e incluso se den intentos de socavar la ejemplar labor de los representantes de la Justicia, intentando alcanzar acuerdos en los que se pueda dar cancha a aquellos que siempre prefieren andarse con rodeos cuando se trata de tratar temas de gran trascendencia para el futuro de España y de los españoles. La situación requiere de pulso firme, evitar concesiones extemporáneas y sostener, por encima de cualquier otra consideración, la unidad del país y la vigencia de nuestra Constitución.

Choromicas, trileros y destroyers
Cristina Losada Libertad Digital  27 Marzo 2018

No son los parias de la tierra. Son los privilegiados de una región privilegiada, de las más ricas de España, con una autonomía igual o mayor de la que existe en los estados federales de nuestro entorno, los que están dando una vez más un insólito y grotesco espectáculo. Prepararon largamente un golpe de Estado contra el orden constitucional, fracasaron, y son incapaces de afrontar las consecuencias de sus actos con aplomo. Son, por este o cualquier otro orden, choromicas, trileros y destroyers.

Choromicas. Así llamamos en Galicia a los niños que lloran por cualquier insignificancia, ante el menor contratiempo, cuando se les niega algún capricho, en cuanto se contraría su voluntad. Esos dirigentes independentistas y sus huestes, que se deshacen en lagrimitas cuando un juez ordena su prisión provisional, son choromicas profesionales. Hace mucho tiempo que ensayan el victimismo, así que lo tienen bien ensayado. Ay, que España nos maltrata desde la noche de los tiempos. Ay, que no nos quieren. Ay, que no nos dejan votar. Ay, que nos piden años de cárcel si damos un golpe. Saben un rato de quejarse, llorar y autocompadecerse. Igual que saben sacar la palanca del odio de ese sótano anegado de lágrimas.

Trileros. Tenemos que engañar al Estado, decía el ínclito Astut, también conocido como Artur Mas, el Moisés que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida y sólo abrió una nueva fase delirante del nacionalismo catalán. El principio moral del "procés" era engañar. Y han disfrutado engañando. Así confirmaban la injustificada creencia en su extraordinaria superioridad. Degustarían cada astucia exitosa que practicaron, cada una de las que los Gobiernos dejaron pasar, como una prueba en dulce de la inferioridad de sus adversarios: España, su Estado, el resto de españoles, un hatajo de idiotas a los que se podía timar una y otra vez. Tanto se partían de risa con España y su Estado que se relamían burlándose del juez Llarena. Lo hicieron mientras Puigdemont anduvo por ahí presumiendo de exilio dorado y haciéndole cortes de manga a la Justicia española. Hasta que se le cortó el rollo en una gasolinera. Entonces, de la burla pasaron al incendio.

Destroyers. Llaman a la movilización para salirse con la suya. Instigan a sus seguidores, ancianos y niños primero, a impedir el cumplimiento de órdenes judiciales. Incitan a salir a la calle a sus fanáticos para provocar enfrentamientos y daños. Daños materiales, daños a la convivencia. ¿Quién dice que aman a Cataluña? Otro engaño. ¿Cómo aún hay quién se lo pueda creer? No les importa nada causar daños. Por supuesto, todos los que puedan causarle a España, a la que atacan miserablemente en los foros donde aún se les escucha, o donde han pagado para que se les dé trato de favor: esas cuentas del Diplocat, ¡que se publiquen! Por supuesto, todos los que puedan causarle a Cataluña. Fuga de empresas, tensión, división, conflicto: su rabia exige más. No es Cataluña lo que les importa -Cataluña no son ellos-, sino su narcisismo herido. Su revuelta es la revuelta de los amos cuando pierden el control absoluto de su dominio. Cuando pierden también la impunidad.

Por su engreída ceguera política, la han perdido y desde que la han perdido, hostigan al poder judicial. Jueces y fiscales de Cataluña ya estaban amenazados y ahora han puesto al juez Pablo Llarena en la diana. Lo han puesto en la diana desde la presidencia del parlamento catalán. Escuche, Roger Torrent: eso de que un juez no tiene legitimidad para procesar a un cargo político será en la república bananera que queríais establecer. No en España, no en la UE. Pero van a dar con hueso esas amenazas. Quizá no sepa esta generación separatista que la Justicia española aguantó a pie firme un terrorismo que amenazó a jueces y fiscales y segó la vida de más de una decena de ellos. Con o sin amenazas, con o sin lágrimas de cocodrilo, con o sin manifestaciones callejeras, los golpistas serán juzgados. Ese juicio se hará y veremos cuál es el veredicto. Los otros juicios -el político, el moral, el juicio a secas-, ya los han perdido los separatistas.

Secesionismo y Guerra Civil
FERNANDO PALMERO El Mundo 27 Marzo 2018

Joaquín Leguina acumula en su larga trayectoria pública todas las limitaciones, y alguna virtud, de una mediocre clase política que, sobre las ruinas de la dictadura, pudo haber construido un régimen estable que sorteara en lo posible el paso del tiempo y esquivase, también en lo posible, los vicios de la condición humana.

Inició su ascenso tapando una de las primeras tramas de corrupción del socialismo madrileño, el caso Alonso Puerta, tras el cual Barrionuevo, Vera y él mismo se convirtieron en los hombres fuertes del Ayuntamiento que pilotaba Tierno Galván. Fue premiado con la presidencia de la Comunidad de Madrid y nunca dejó de mostrar su apoyo a los condenados por el secuestro de Segundo Marey. "Es preciso mancharse las manos", escribió en El duelo y la revancha (La Esfera de los Libros). Un texto con el que intentó expiar la última indignidad de su carrera política: votar, en contra de su conciencia, según confesó, dos de las leyes de ZP de más nefastas consecuencias: la Ley de la Memoria Histórica y el nuevo Estatuto catalán. Este último fue el primer peldaño de un golpe secesionista, muchos de cuyos ejecutores están ahora encarcelados. La primera, "una ley innecesaria", reconoció, contaminó el discurso político de la jerga guerracivilista.

El pasado fin de semana cristalizó en el Parlament aquella envenenada herencia socialista. Sergi Sabrià, de ERC, comparó el auto de prisión de Llarena con un ataque bélico: "Nos están bombardeando otra vez", dijo. Nàtalia Sànchez, de la CUP, alzó el puño en el Pleno y gritó ¡No pasarán!Torrent, en fin, el domingo, acusó al Estado de "perseguir la disidencia en todo el país" a través de una "causa general contra sus adversarios políticos". Y no es lo más grave, con serlo, la ignorancia histórica de estos sujetos. Esa es solo un síntoma de la descomposición ética e intelectual de la nueva clase política. Sí lo es, la falta de respeto y la canallada que suponen estas comparaciones para los que sufrieron la Guerra y la represión que le siguió hasta el final del franquismo. Torrent, el sábado había practicado un ejercicio propio de un político totalitario: trocar en dictatoriales los valores democráticos. Llamó «exiliados» a los fugados, «represión» a la aplicación de la ley, y «autoritario» a un Estado de derecho garantista y democrático, en la medida de lo que es esto posible. Y todo ello, desde una institución del propio Estado contra el que llamó a una movilización general.

Epílogo. La premiada novela Os salvaré la vida, firmada por Leguina y Rubén Buren, incluía, al menos, según detectó David Lema en este periódico, 10 párrafos plagiados... de La forja de un rebelde, de Arturo Barea.

El 'procés' y el síndrome de Malta
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 27 Marzo 2018

Creo que no hace falta insistir en que Cataluña, dentro de Europa, ha sido hasta ahora una región privilegiada con un alto nivel de vida, con una cultura potente, que ha gozado de una paz envidiable, así como de total libertad para hacer valer sus señas de identidad y hasta para imponer excesivamente su propia lengua. Situación que se reforzaba aún más por formar parte decisiva de una de las naciones más importantes del mundo y, por tanto, por pertenecer también a la Unión Europea.

Pero no se acababa ahí su supremacía, sino que, además, se trataba de una Comunidad Autónoma que poseía el mayor grado de autogobierno que se puede disfrutar en un país descentralizado. Sin embargo, sobre todo en los últimos años, el Govern ha estado quemando etapas para independizarse de España, lo cual no sólo rompe la convivencia pacífica entre los catalanes, sino que comporta irremediablemente también la aparición de una crisis institucional que no se sabe a dónde podría llevarnos. Porque digámoslo claramente: si Cataluña llegará a independizarse, las cosas no se pararían ahí, sino que, justo al revés del cuento de Monterroso, cuando el dinosaurio se despertase, España ya habría desaparecido.

La cuestión es tan grave que lo primero, antes de buscar la forma de salir de este berenjenal, es explicar cómo hemos llegado a una locura que a nadie beneficia y que, en cambio, perjudica a infinidad de personas. Por eso, antes de contribuir con alguna idea a encontrar una salida a este atolladero me parece esencial que sepamos con claridad por qué nos encontramos así.

En mi opinión, como tantas veces he repetido, nuestro Estado, de no rectificarse a tiempo, estaba destinado al fracaso, porque los constituyentes no copiaron ninguno de los tres modelos de descentralización territorial que se podían imitar en Europa, esto es, el portugués, que sólo reconoce la autonomía a dos regiones; el italiano, que establece 20 regiones autónomas, pero cinco de ellas con más competencias que las otras; y el alemán, con competencias similares en las actuales 16. Lo cual quiere decir que en la Constitución de cada uno de los tres países se señalaban, desde el principio, cuáles eran las regiones reconocidas y las competencias de cada una de ellas, así como las del Estado central. Había, por consiguiente, una foto fija del mapa respectivo de cada país (después de la reunificación alemana aumentaron los Länder), que era la manera de evitar la confusión en el funcionamiento de cada entidad regional o federal.

Sin embargo, en España, la Constitución, en lo que respecta a la descentralización territorial, no estableció las Autonomías que existían, salvo esa misteriosa distinción entre nacionalidades y regiones, sino que se dejaba al futuro el que se fuesen reconociendo según el llamado principio dispositivo, que significaba que cada región, comenzando por las llamadas históricas (es decir, las que en la II República llegaron a disponer de un Estatuto: Cataluña, País Vasco y, en menor medida, Galicia) podían no sólo acceder al autogobierno, sino que además podían también solicitar las competencias que dos artículos confusos de la Carta Magna, el 148 y el 149, reconocían de forma caótica, pues las Comunidades ordinarias, por llamarlas así, en principio podían asumir competencias en las materias limitadas que enumeraba el artículo 148.

Por el contrario, las regiones históricas y las que accediesen según lo establecido en el artículo 151 podrán asumir las competencias enumeradas en el 149, cuyo comienzo dice: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias" que se establecen a continuación. Tal embrollo se complica aún más, porque, por un lado, el artículo 148.2 indica que "transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149". Y, por otro, porque el artículo 150.2 reitera que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". En definitiva, como el lector puede deducir, no se puede regular una materia tan decisiva como es ésta de manera tan embarullada y confusa a la que se le podría aplicar lo que Churchill dijo de la URSS, e incluso nos quedamos cortos: "Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma".

Aunque no me gustan las autocitas, no tengo más remedio que recurrir a ellas en este caso. Creo, con perdón, que fui el primero en señalar que la Constitución, reconociendo sus evidentes virtudes, tenía un defecto que, si no se remediaba cuanto antes, tendríamos que pagar. Me refería al chapucero Título VIII que he analizado más arriba y que dejaba la Constitución incompleta, para lo cual había que intentar racionalizarla y acabarla de una vez. Debo decir que, junto con varios de mis discípulos, escribí el primer manual en dos tomos del nuevo régimen constitucional español, pero nadie sabe lo que tuve que superar para poder explicar con cierta lógica en qué consistía el Estado de las Autonomías.

No es extraño que uno de nuestros más preclaros juristas, como es Santiago Muñoz Machado, haya podido escribir muchos años después de lo que yo lo anunciara que "el Título VIII de la Constitución, que ha dado lugar al sistema autonómico, es un desastre sin paliativos, un complejo de normas muy defectuosas técnicamente, que se juntaron en dicho texto sin mediar ningún estudio previo ni una reflexión adecuada sobre las consecuencias de su aplicación". Todo esto lo tengo dicho en los diarios Informaciones, El País y, sobre todo, EL MUNDO.

Pero cuando lo expliqué con más detalle fue en una ponencia presentada en un Simposium en el que participaron también Eduardo García de Enterría, Santiago Muñoz Machado, Isidre Molas y Francisco Sosa Wagner, siete días antes del 23-F, en la que señalaba que era urgente racionalizar el batiburrillo de esta materia en la Constitución. Proponía, ante la imposibilidad de reformar entonces la Constitución, que se aprobase una Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico que acabase con la época constituyente y que se dejasen bien claras las competencias de las Comunidades Autónomas, siguiendo el modelo italiano o el alemán. El ministro Pío Cabanillas y el propio presidente Calvo-Sotelo asumieron dicha idea, pero en lugar de aceptar que una Comisión de Expertos redactase el Anteproyecto de la citada Ley en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del que yo era subdirector, se lo encargaron a una Comisión de prestigiosos juristas presididos por García de Enterría, lo que comportó mi inmediata dimisión del cargo por razones obvias. Así se hizo la LOAPA que, sin duda, constituyó un avance en ciertos aspectos, pero que fue amputada por un Tribunal Constitucional que no sabía lo que nos jugábamos.

El hecho es que todo siguió esencialmente como estaba, con una metodología que iba a desembocar en el desastre en que nos encontramos hoy. Comentaré brevemente los errores más importantes que han hecho estallar un conflicto que nadie sabe cómo resolver en esta hora en la que Puigdemont está detenido en Alemania, varios de sus colaboradores siguen fugados de la Justicia y otros se encuentran en cárceles españolas, mientras desde el domingo se han sucedido los disturbios callejeros en protesta por esta situación.

Un primer error, como ya he dicho, es haber concebido la distribución de competencias de las Comunidades Autónomas como si se tratase de una barra libre en un país en el que no hemos sabido evitar que en el Congreso de los Diputados los partidos nacionales hayan tenido que contar permanentemente con partidos nacionalistas que llevan el agua a su molino regional. Circunstancia que significa que cuando cada Gobierno central de turno ha necesitado apoyos ha recurrido a esas formaciones (especialmente vascas y catalanas) a cambio de más competencias o privilegios, puesto que la Constitución no tasaba el número de competencias posibles.

Es más, a veces ha ocurrido que los Gobiernos centrales han dejado actuar sin nada a cambio porque les interesaba, por cualquier razón. En este pecado han caído todos los Ejecutivos a partir del año 1983, hasta el punto de haber permitido el exilio en algunas regiones del idioma oficial de España, o que no se cumpliesen las leyes estatales o las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero la pasividad del Ejecutivo nacional no se ha puesto en evidencia sólo con los ejemplos vascos o catalanes, sino que todavía sigue contemplándose en Baleares o en la Comunidad valenciana, que ignoran nuevamente lo que dice la Constitución sobre el derecho de todo español a estudiar en la lengua oficial común, porque si hay españoles que no pueden estudiar en castellano ese artículo no sirve para nada.

Por lo tanto, es grave que no se hagan cumplir las leyes en todo el territorio nacional, pero incluso lo es mucho más que se haya permitido que los nacionalistas catalanes, sobre todo desde la admisión de un Estatuto que no reivindicaba más que el asimétrico Maragall apoyado por el presidente Zapatero, hayan asimilado lo que podríamos denominar el síndrome de Malta. Me refiero al famoso partido de fútbol, en estos días curiosamente rememorado, en el que España venció 12 a 1 a la selección maltesa, pudiéndose clasificar así para jugar la Eurocopa de 1983. Nadie creía que se pudiese lograr esa hazaña con tantos goles, pero a medida que se iban metiendo el optimismo iba en aumento, porque el enemigo se había convertido en un tigre de papel. Esto es lo que ha ocurrido desgraciadamente en la cuestión catalana, pues a medida que el Govern iba subiendo escalones en la imposición de una soberanía que no les corresponde, la pasividad de Madrid les animaba a seguir en su escalada. Si se anunciaban referéndums ilegales de independencia y no se hacía nada para impedirlo, había que seguir adelante porque la desconexión caería como fruta madura.

Así llegamos al 1 de octubre en donde todo pudo suceder. Pero es la fecha histórica en que por fin apareció el Estado, porque éste no sólo lo compone un Ejecutivo apático e inoperante que podía haber utilizado los instrumentos constitucionales que estaban en su mano hace ya años, sino que también forman parte de él el poder moderador y el poder judicial, mientras que el legislativo, salvo honrosas excepciones que todo el mundo conoce, se dedica, entre cosas a contar cuántas naciones hay en España. Digámoslo abiertamente: el día 3 de octubre, la intervención del Rey evitó una vergüenza nacional y, posteriormente, el poder judicial también saltó a la pista para recordar a los nacionalistas catalanes que cometer un golpe de Estado, aunque sea a causa del síndrome de Malta, es un crimen de lesa humanidad en un país que forma parte de la Unión Europea.

Vicens Vives mantiene en su Noticia de Cataluña que los catalanes son por su propia naturaleza esencialmente pactistas. Por ello, cuando nos encontramos en una encrucijada histórica que exige un nuevo pacto nacional para organizar el Estado, los catalanes separatistas y los constitucionalistas tienen que detener esta locura mediante un pacto entre ellos, aunque sea coyuntural. Más tarde ya habrá tiempo de hacer, a nivel nacional, lo que se debía haber hecho hace años. Porque las cosas son como son, no como nosotros queremos que sean. Y aceptar este principio es el primer paso que lleva a la sensatez.

Por eso, el mejor servicio que se puede hacer ahora mismo al pueblo catalán, tanto a unos como a otros, es pactar un presidente del Govern con un programa para normalizar la convivencia que ha roto un grupo de iluminados. En este sentido, hay que insistir que un Gobierno en una situación de crisis debe ser ante todo previsible, es decir, no dar más sorpresas de las que ofrece la realidad.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

La burguesía, en el Liceo
RAÚL DEL POZO El Mundo 27 Marzo 2018

Albert Rivera describe Cataluña como una masa enfurecida de gente sin cabeza, con tipos como Torrent, un hooligan con corbata. Si observas las manifestaciones de las últimas horas, verás gente sin corbata, pero sin pinta de trabajadores. Quizás sean los hijos universitarios de los paletas y charnegos de la emigración, de los burgueses de Convergència o de los pequeños burgueses de ERC.

Esa burguesía catalana, tan novelada, no tiene nada que ver con la que elogian Marx y Engels cuando dicen que esa clase ha realizado hazañas superiores a la construcción de las pirámides de Egipto y los acueductos romanos. La burguesía catalana nunca ha sido revolucionaria, sino trincona, aunque haya jugado, como en este momento, a pactar con los radicales. Fue definida como la peor del mundo. Manuel Azaña la retrata como de una rapacidad egoísta, asaltante de las funciones del Estado, "con codicia, deslealtad, cobarde altanería, traición". En este instante, esa burguesía se apoya en partidos corruptos, desacreditados, sin otro proyecto que alejarse de España. Sus políticos serán los responsables de que se hayan fugado de Cataluña los bancos y las grandes empresas. Es la burguesía que retrató Juan Marsé, al que ahora llaman "botifler" y "renegado" por denunciar el esperpéntico conflicto de identidades, de himnos y banderas.

Esa sociedad de los satisfechos catalanes se puso en pie la otra noche en el Gran Teatro del Liceo, no para aplaudir al tenor alemán Jonas Kaufmann en la ópera Andrea Chénier, sino a Carles Puigdemont. En la función se narra la historia del poeta francés del mismo nombre, ejecutado durante la Revolución francesa; además, se denuncia la hipocresía y el cinismo de los aristócratas. Esa ópera la cantó como nadie José Carreras, era la favorita de Mussolini y acaba con el "Viva la muerte, juntos". La burguesía en pie aplaudió y pidió la liberación del prófugo enemigo de Europa, que se ha burlado de todas las leyes. Como ocurrió al principio del procés, los ricos volvieron a cantar Els segadors. Ocurrió en el mismo teatro donde, en el año 1893, se estrenaba Guillermo Tell de Rossini, cuando un anarquista de Teruel que no tenía dinero para pagar la entrada le pidió a su mujer una peseta y desde el gallinero lanzó dos bombas que mataron a 20 personas.

El Gran Teatro del Liceo ha sido la casa de la burguesía, para recordar que ellos fueron los creadores y el motor del nacionalismo. Los ricos del barrio de Sarrià, los que se manifestaron para apoyar a Puigdemont hace unos meses, aplaudieron a los sediciosos sin saber que, como Maddalena di Coigny, la dama de Andrea Chénier, lo pueden perder todo en una ópera de terror.

Cómo llamar a lo que ocurre en Cataluña
Pedro de Tena Libertad Digital 27 Marzo 2018

Tenemos un problema conceptual, además de político. No hay palabras – al menos yo no las encuentro -, para representar lo que está perpetrando el separatismo catalán, como tampoco las hay para lo que está consintiendo el gobierno de España. Yo creo que el vaso de agua rebosó cuando la carita de monja Marta Rovira dejó escrito que se fugaba como Puigdemont, uniendo así los destinos de su partido Esquerra Republicana con el naufragio de Convergencia, ahora PdeCat. Después, el vaso estallaba con el pleno en el que se pretendió imponer al hoy encarcelado Turull, junto con la abuelita y otros, todo trufado de renuncias a escaños y de incongruencias y mezquindades miles. Lo de la captura de Puigdemont ayer en Alemania ha sido cumbre.

¿Cómo llamar a todo esto que llevamos viviendo desde hace años, pero especialmente desde hace meses? Conya, circ, pallasada, collonada, covard, traïció, espectacle, bufonada, burla, xarlotada, engany, controla, bellaquería, farsa, hipocresia, embolic, paròdia, exhibició, número, show, confusió, embull, desordre, chirigota...Podríamos seguir y seguir, pero ¿para qué? Es que no hay una palabra que pueda significar completamente lo que los ciudadanos españoles, catalanes, separatistas inclusos, estamos soportando. Ni siquiera en catalán.

Hemos visto robar a manos llenas a Convergencia y Unió desde su atalaya del tres por ciento y hemos certificado el saqueo de los Pujol, apellido de viejos bandidos, sin prisión para el capo. Hemos visto imponer los puntos de vista de los separatistas, con el PSC de mamporrero, a la mayoría de los catalanes que quieren seguir siendo españoles. Hemos comprobado cómo con el dinero público y desde las Instituciones se ha traicionado la Constitución, el Estatuto y toda la legalidad vigente para dar un golpe de Estado. Nos hemos asombrado con urnas llenas de votos falsificados, con mozos de escuadra cómplices, con toneladas de mentiras en la educación...Y en los últimos tiempos, hemos asistido atónitamente a la gran muestra de cobardía y mezquindad protagonizada por unos dirigentes independentistas (y aliados vergonzosos de la izquierda) sin collons ni ovaris para asumir de manera responsable y digna sus propios actos. Por si fuera poco, hemos sufrido el deterioro de nuestra economía, de nuestra convivencia, de nuestro prestigio internacional y llegados a este punto ya, de nuestra paciencia.

Esta es la herencia, no solo de los desleales nacionalistas que simularon respeto a la Constitución mientras les convino hacerse con los dineros públicos y las Instituciones, sino con unos gobiernos tanto socialistas como populares que han coqueteado con el peligro independentista con tal de mantenerse en el poder. Desde hace seis meses, somos testigos de cómo un gobierno de España permite algaradas, acosos a los defensores de la ley, referéndums ilegales, fugas, cachondeos varios y puestas en escena vergonzantes. La fuga cantada de la Rovira ha sido apoteósica. El "prendimiento" del errante, un paso procesional de esta semana santa del pitorreo popular. ¿Para qué tanta supergobernadora Soraya, tanto CNI, tanto servicio de información, tanto gobierno y tanto Estado? Todo se ha dejado en manos de la Justicia para no mancharse las manos decidiendo alguna vez algo. Pues ea, ya está. Toma juez.

Riesgo de 'kale borroka' en Cataluña
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 27 Marzo 2018

Aquella "revolución de las sonrisas" de la que presumían los promotores del procés, mientras se hacían selfies destruyendo los autos del Constitucional, está mostrando su verdadero rostro. Desde que el pasado viernes el juez Pablo Llarena decretó prisión provisional para Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell, las coacciones a jueces y políticos constitucionalistas, y los actos vandálicos contra sedes de Cs, PP y PSC, se han multiplicado en Cataluña.

La mayoría de estas acciones intimidatorias se producen en las redes sociales, pero la escalada de tensión ha pasado a mayores desde la detención de Puigdemont en Alemania. El domicilio familiar del magistrado del Supremo ha sido objeto de pintadas amenazantes contra él y su familia, por lo que la Fiscalía ya ha abierto una investigación. El clima hostil ha aumentado tanto que Interior ha ordenado reforzar la seguridad de personas e inmuebles susceptibles de estar en la diana de los violentos, y extremará la vigilancia de grupos radicales.
 
Un manual de 'kale borroka'
En el marco de estas actuaciones preventivas, los cuerpos de seguridad han detectado la difusión de un manual de guerrilla urbana, titulado Black block, en el que a lo largo de 72 páginas se imparten instrucciones precisas para fabricar cócteles molotov, montar barricadas, prender contenedores, camuflarse y repeler cargas policiales. También se enseña a identificar a los agentes, así como las estructuras y el funcionamiento básico de los operativos antidisturbios habituales.

Los cuerpos de seguridad hacen lo correcto al prepararse ante el creciente riesgo de agresiones porque hay demasiados indicios que apuntan en esa dirección. Lo insólito es que los mismos líderes independentistas que dicen tener a Mandela, Gandhi y Luther King como referentes no sólo no hacen nada por calmar los ánimos y no denuncian unos ataques que les permiten mantener viva la llama del procés.

Torrent, agitador
Al margen de quienes, desde las terminales mediáticas del secesionismo y en claro lenguaje batasuno, llaman a “aprovechar la oportunidad” y aumentar la tensión para “forzar una negociación” con el Estado, la responsabilidad de Roger Torrent en esta escalada resulta cada vez más evidente. El presidente del Parlament es ahora la primera autoridad de Cataluña -al margen del Gobierno central por vía del 155- pero en lugar de actuar como tal, se comporta como un activista sectario y exaltado. Por un lado llama a la calma, pero por otro agita la animosidad contra jueces y fiscales y alienta la idea de que los catalanes tienen que luchar contra un Estado represor. En este sentido, asume el papel movilizador que antes tuvieron Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Torrent sabe perfectamente que promover un pleno para seguir postulando la candidatura de aspirantes inelegibles, como son Puigdemont, Turull o Sánchez, es un fraude que ni servirá para desatascar la situación, ni para desactivar el 155. Otra cosa es que quiera utilizar el Parlament como caja de resonancia para una agitación que puede traducirse en la calle en graves altercados.

ALIENTA EL ENFRENTAMIENTO
TV3, un engranaje del golpe consentido por el Gobierno de Rajoy
La Gaceta  27 Marzo 2018

TV3 sigue llamando a la insurrección mientras voces en el PP piden la intervención de la cadena, CS lo sugiere y el PSOE anuncia que “no lo tolerará”.

La cadena pública TV3, instrumento de agitación del golpe de Estado separatista, alentó el pasado domingo los disturbios que acabaron con un centenar de heridos, 23 de ellos agentes de los Mossos, tras la detención en Alemania del expresidente Carles Puigdemont. Además, colaboradores de la entidad ya amenazan con violencia extrema en las calles por el procés. Jair Domínguez, que forma parte del programa ‘Està passant’, expresó en Instagram que “habrá muertos” por la lucha separatista.

“Habrá muertos. Habrá muertos y será terrible, porque, en el fondo, no nos agrada la violencia”, dijo el colaborador de TV3, antes de asegurar que les han llevado al límite y “ahora por fin hemos descubierto que la república no se construye con lazos y manifiestos, sino con sangre y fuego”.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, aseguró este domingo que el contenido de TV3 es “un peligro para la convivencia” y la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, siguiendo la misma línea, ha manifestado este lunes que se debe “reconsiderar” el papel de la cadena pública que ayer cobertura a los comités de defensa de la república “señalando lugares” y “animando a la participación” cuando debería mostrar “neutralidad”.

Todos salvo Soraya, que al ser cuestionada por la forma en que TV3 informó sobre la detención y sobre las protestas ha dicho que el control de este medio público se ejerce desde el Parlamento y no quiere meterse en “casas de nadie”.

CS sugiere la necesidad de una intervención y el principal partido de la oposición, el PSOE, se niega. “TV3 se está comportando como lo que es: un engranaje clave del golpe de Estado. Lo que están haciendo hoy al alentar una respuesta callejera puede tener serias consecuencias”, aseveró el portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, conocidos los disturbios en Barcelona.

Los socialistas han anunciado que mantienen su apoyo al artículo 155 en Cataluña, pero no tolerarán que este se amplíe para intervenir la cadena. “El 155 es bastante claro, dice que los medios de comunicación no se podían intervenir y lo mantenemos. Fue lo que se aprobó en el Senado”, ha manifestado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Las voces internas y externas que llaman al Ejecutivo a actuar respecto a los medios de comunicación públicos se multiplican. Por ejemplo, la exdirigente de UPyD, Rosa Díez, ha manifestado que “TV3 está alentando la algarada y la violencia en las calles de Cataluña” y ha pedido que “en defensa de la democracia y la convivencia, y aunque no lo apoye ni C’s ni el PSOE, el Gobierno debe pedir al Senado la ampliación del 155 e intervenirla urgentemente”.

Desde el PP, que descartan intervenir la cadena sin el apoyo explícito de Sánchez y Rivera, ya reconocieron el “error” de permitir “la propaganda separatista” desde un medio público. “TV3 ha dejado de ser un medio de comunicación social pasar a ser un medio de propaganda política y de manipulación (…) tendría que mirarse”, declaró la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, antes de tildar al medio de “aparato de propaganda política” y decir que su modelo es de “auténtica vergüenza”.

TENSIÓN MÁXIMA EN CATALUÑA
"Tenemos armas y sabemos dónde está tu familia": se multiplican las amenazas a los constitucionalistas
La escalada violenta en Cataluña ha provocado que Interior redoble la seguridad a cargos que sienten "preocupación" por las intimidaciones que reciben.
Ana I. Gracia María Peral elespanol 27 Marzo 2018

La deriva violenta de un sector del bloque independentista ha hecho saltar todas las alarmas en el Ministerio del Interior, que tras la detención de Carles Puigdemont ha activado un plan para redoblar la seguridad a políticos, jueces y fiscales que defienden con su trabajo diario la Constitución. Un plus de garantía que se extiende, en algunos casos, también a familiares, señalados igualmente por los más violentos.

Con la entrada en prisión de los principales líderes del procés, las amenazas de muerte hacia quienes defienden la unidad de España se han multiplicado. Solo en un día, el líder de un partido constitucionalista ha recibido más de una decena de mensajes -en Twitter y Facebook- en los que le advertían de que acabarían con su vida.

Estas amenazas y todas las que reciben los políticos están siendo puestas en conocimiento de los Mossos y de la Policía Nacional para que actúen en consecuencia. Los afectados se sienten protegidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no pueden evitar sentir "preocupación" ante la escalada de agresividad que se respira en las calles y en las redes.

"Tenemos armas y sabemos dónde está tu familia". La amenaza le llegó a través de Facebook. La víctima prefiere permanecer en el anonimato: "Ya está la Policía con ello".

Un diputado catalán describe la situación que se respira entre nacionalistas y constitucionalistas con un detalle muy gráfico: "Paseaba por mi barrio hace unos días y unos vecinos de toda la vida que pasaban por mi lado me negaron por primera vez el saludo. Y son personas normales. Por eso inquieta cómo pueda reaccionar cualquier exaltado".

La situación límite que se vive ha provocado que muchos catalanes ya hayan dejado de hablar a quien piensa distinto, haciéndose evidente la fractura social y de convivencia. La propia líder de Cs, Inés Arrimadas, pidió en el pleno del sábado a los diputados separatistas que, al menos, "saluden en los pasillos" del Parlament.

Diferenciar entre "buenos y malos"
Los constitucionalistas dicen que la progresión de la tensión se percibe en el propio lenguaje: "Antes se referían a nosotros, los que defendemos la unidad de España, como los fachas". Desde los plenos del 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobó la desconexión, caló la referencia a dos bandos: "Los buenos, que son ellos, y los malos, los que defendemos las leyes".

Puestos en contacto con fuentes del PP, PSC y Cs, los tres partidos coinciden en que de las "pintadas" habituales en las sedes se ha pasado a las amenazas directas contra las personas y sus entornos más cercanos. Fuentes socialistas reconocen que "en la Cataluña interior y en pueblos pequeños donde los militantes están identificados" el acoso es "mayor" que en las grandes urbes. Antes del referéndum del 1 de octubre, por ejemplo, hubo quien se encontró debajo de la alfombra de su casa papeletas para votar.

En Cs, además de escraches, han recibido más de una treintena de ataques en sedes. Los ataques vienen de lejos. La primera vez que una afiliada fue agredida fue en julio de 2013. En las fiestas de El Morell (Tarragona), Victoria Fuentes recibió un puñetazo en la cara cuando se identificó como miembro del partido naranja. La agresión se denunció ante los Mossos d´Esquadra, pero en noviembre atacaron su coche y le pegaron restos de excrementos en la puerta.

Fuentes no es la única que ha sufrido en sus propias carnes la ira independentista. El portavoz de Cs en Hospitalet, Miguel García, sufrió una agresión en una carpa en noviembre de 2016. Además del negocio de los padres de Albert Rivera, la propia Arrimadas recibió un insulto de una usuaria de Facebook que le deseaba una "violación en grupo". Otros cargos públicos y trabajadores de PP, Cs y PSC han sido intimados y acosados.

Zoido promete "especial protección"
Interior ha anunciado este lunes que se pondrán refuerzos de protección en determinadas instituciones. "Nuestro Estado de Derecho no va a ser amenazado por nadie", aseguró el ministro Juan Ignacio Zoido en rueda de prensa, pero no quiso desvelar qué personas tienen ya "una especial protección" ni indicar "qué tipo de protección" extra se les iba a aportar. "Nosotros siempre atendemos y atenderemos todos los requerimientos que de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad nos hagan", señaló.

Las actuaciones judiciales relacionadas con el procés han ido seguidas frecuentemente de manifestaciones de protesta ante los juzgados. Ocurrió con ocasión de los registros y detenciones ordenados el 20 de septiembre por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que investiga la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Además, su domicilio en Barcelona y una casa que alquilaba en verano en El Port de la Selva (cuyo propietario no le renovó el alquiler) han sido objeto de pintadas ofensivas. Es lo mismo que ocurrió el pasado fin de semana con el juez Llarena en un chalé próximo al suyo en Das (Gerona).

El pasado noviembre, unos desconocidos entraron en la segunda residencia que la exfiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, tiene en un pueblo del Pirineo, causando distintos desperfectos.

Tuit contra la familia de Llarena
Este lunes, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que investiguen quién está detrás de un tuit aparecido en el perfil @csaune, en el que se afirma que "la mujer del hijo de puta de Llarena es Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial a Vallvidrera (al lado del Observatorio Fabra). Vive en Sant Cugat (donde viene el hdp los fines de semana). Hay que difundirlo porque han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora”.

El fiscal superior considera que el mensaje puede constituir un delito de amenazas o de coacciones "puesto que de su texto no se desprende sino la intención de provocar intranquilidad de ánimo, inquietud y zozobra en las personas que se designan o la de impedirles o dificultarles su libertad de obrar".

Bañeres también ordena a los Mossos que disponga medidas para la protección personal del magistrado y de su familia.

Los Comités de Defensa de la República catalana entrenan a los ciudadanos para actuar en las revueltas
larazon.es.  27 Marzo 2018

Los Comités de Defensa de la República catalana entrenan a los ciudadanos para participar y reforzar movilizaciones y cómo protegerse en ellas y en las "revueltas". Y lo hacen a través de los talleres de la organización "En pie de paz", según uno de los últimos informes de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que vinculan a los CDR con la ANC y Ómnium Cultural.

Estos CDR se plantearon inicialmente como Comités de Defensa del Referéndum y jugaron un papel importante en mantener abiertos los centros de votación el pasado 1 de octubre y también fue relevante su actuación en los cortes de carreteras en la convocatoria de la huelga general en Cataluña del pasado 8 de noviembre, según se desprende del citado informe.

Ahora, según apuntan fuentes policiales, también están siendo protagonistas en las movilizaciones que tuvieron lugar ayer en Cataluña, sobre todo en Barcelona, donde 92 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios, entre ellos 23 agentes de los Mossos d'Esquadra.

Según el informe de Guardia Civil, los miembros de los CDR ya impartieron talleres antes del 1 de octubre en los que dieron instrucciones para llevar a cabo una "resistencia" pacífica en los colegios electorales para defender el referéndum ilegal. "Si nos mueven uno a uno que nos muevan a todos, así tendremos mucha más fuerza. Si llega el momento intentamos cogernos juntos, para ser una misma persona", era una de las consignas.
Talleres a través de la organización «en pie de paz»

Sin embargo, "estos talleres empezaron a cobrar una mayor importancia con su divulgación a través de redes sociales, por medio de la organización "en peu de paz" (en pie de paz), cuyos integrantes se encargaron de impartirlos en las asambleas de los diferentes CDRs", expone el informe del instituto armado, quien aporta numerosas pruebas incluyendo la presentación de la citada organización "En pie de paz".

Sus integrantes la definieron como una "iniciativa social para extender y promover la resistencia pacífica y no violenta en defensa de las libertades". Entre ellos, hay destacados dirigentes de Omnium. De hecho, la Guardia Civil vincula los CDR a estas dos organizaciones independentistas, ANC y Ómnium, cuyos máximos dirigentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se encuentran en prisión desde octubre pasado.

Los talleres impartidos son los siguientes: Cómo fortalecer las movilizaciones; Cómo actuar y cómo protegernos en movilizaciones; Estrategia no violenta de liberación en 10 pasos; Cómo cuidarnos en tiempos de revuelta; Cuáles son las actitudes de la fuerza no violenta; La no violencia en las Redes; Criterios para evaluar que una acción es no violenta, coherente y efectiva.

En el informe entregado por la Guardia Civil al Tribunal Supremo se aportan pruebas de cómo fueron impartidos estos talleres en las asambleas que tuvieron lugar en los distintos CDRs.

Organización de los CDRs
El instituto armado expone que los CDRs estaban inicialmente organizados por localidades y, con motivo de la importancia que tomaron, se llevó a cabo una coordinación por comarcas y núcleos de población más grandes. Finalmente se creó una coordinación de CDRs de toda Cataluña, al objeto de llevar a cabo la "operación fronteras", que consistió en el corte de carreteras.

Añaden, en este sentido, que como ejemplo de su capacidad de movilización y ejecución está la convocatoria de la huelga del 8 de noviembre, que trajo consigo la resistencia activa del corte de calles y carreteras".

Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, con motivo e la organización a nivel nacional de los Comités de Defensa de la República se creó el usuario CDR Cataluña en las redes sociales, que se corresponde con la cuenta en la red social Twitter ""CDRCatOficial".

En una de las entrevistas que el Instituto Armado aporta al juez, un miembro del CDR de Gracia llamado Pol Castellví, explica que crearon un sistema de comunicación "hasta ahora nunca visto". "Gente de todas las edades que tiene todas las aplicaciones habidas y por haber, desde Telegram, Signal, grupos de whatsapp", exponía.

Este integrante de CDR también aclaraba que se habían "reutilizado los canales de comunicación de las escuelas" que organizaron para el 1 de octubre y las de toda la vida en el "tejido vecinal" como "asambleas de barrio, en la calle...".
 


 


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