AGLI Recortes de Prensa   Jueves 29  Marzo 2018

La deuda ni se inmuta
Primo González republica 29 Marzo 2018

Un año entero trabajando para devolver la deuda publica acumulada. Eso es lo que sigue pesando sobre la economía española una vez visto el balance de cierre del año 2017, con datos del Banco de España.

El volumen de deuda representaba a finales del pasado año el 98,3% del PIB, un poco menos que a finales del año anterior, y no porque la deuda haya disminuido sino porque uno de los factores de la operación matemática de división, el PIB, ha aumentado a mayor ritmo que la deuda, lo que reduce el resultado final de esta división.

En realidad, la deuda pública aumentó el pasado año en 37.078 millones de euros para alcanzar los 1,144 billones de euros. Alrededor del 42% de esta deuda está en manos de inversores extranjeros, lo que es un buen termómetro de la imagen de España en los mercados internacionales.

Esa buena imagen habrá mejorado en los últimos días tras el anuncio de la agencia Standard & Poor’s de elevar la calificación de los créditos españoles. S&P es la segunda agencia que mejora la calificación y se espera que la tercera de las grandes agencias, Moody’s, se pronuncie en breve en la misma dirección. A la vuelta de dos semanas podría producirse ese veredicto favorable, lo que supondrá un importante paso adelante para muchos inversores que esperaban una calificación favorable por parte de las tres grandes agencias.

En todo caso, la economía española se mantiene con un grado de endeudamiento demasiado elevado y, sobre todo, con una evolución a la baja que no ofrece los avances que serían de desear. Una economía que está a punto de completar su cuarto año consecutivo con crecimiento del PIB del entorno al 3% tendría que haber alcanzado avances mucho más ambiciosos en la reducción del endeudamiento.

Hay casos muy significativos en este sentido como el de Irlanda, que llegó a alcanzar cotas de deuda sobre el PIB superiores a la española y que en la actualidad está ya bastante por debajo del 98% español.

El riesgo que tiene España con esta deuda tan elevada viene por dos vías. Por un lado, que el PIB no mantenga el ritmo de crecimiento de estos últimos años, incluso en previsto para este año, del 2,7%. A medida que crece menos el PIB, si no hay en paralelo un descenso de la deuda en valores absolutos, el porcentaje del 98% tenderá a subir. Pero el otro riesgo importante, que parece presentarse a plazo más o menos fijo, es el giro en la evolución de los tipos de interés. España se está beneficiando de unos tipos históricamente bajos, en torno al 2,5% de media histórica. Una subida de tipos de interés en la zona euro dispararía los costes financieros y obligaría a un doloroso ajuste fiscal, como sucedió en el año 2012.

Falacias fiscales
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es  29 Marzo 2018

Como ha dicho certeramente Daniel Lacalle, el Gobierno controla el denominador de ese cociente mientras hace pagar al ciudadano el numerador. Así, cualquiera calcula a su conveniencia.

Ante las dificultades que atraviesa nuestro sistema de pensiones y su negro futuro a medio y largo plazo, el Partido Socialista ha propuesto un impuesto adicional a las transacciones financieras internacionales realizadas en España cuya montante se destinaría a incrementar las asignaciones a los pensionistas para evitar el deterioro de su poder adquisitivo. Lejos de intentar solucionar un problema de carácter estructural derivado del alarmante declive de la natalidad y del alargamiento de la expectativa de vida de los jubilados, las lumbreras económicas del PSOE nos proponen una medida que no sólo tendrá efectos negativos para el crecimiento, sino que agravará la situación financiera de la Seguridad Social en los años venideros. Es asombroso comprobar como nuestros socialistas siguen anclados contra toda evidencia en recetas cuyo fracaso está más que demostrado y continúan rechazando las políticas tributarias que, de acuerdo con la experiencia, rinden mejores réditos.

Cada vez que un dirigente de Ferraz se asoma a la televisión o a la radio repite como un papagayo dos falacias monumentales. 1) no se puede bajar la presión fiscal porque hay que contener el déficit y 2) en España la presión fiscal sobre PIB es más baja que la media de la UE y de la OCDE, por lo que hay margen para aumentarla. Sobre la primera, es obvio que, de acuerdo con este peregrino razonamiento, nunca se podrán bajar los impuestos porque si hay bonanza económica se aprovecha para gastar más y, si hay crisis, es obligación del Gobierno atender a sus efectos sobre la población engordando el presupuesto. En relación a la segunda, el parámetro significativo no es el volumen de recaudación sobre el total de la riqueza nacional, sino lo que paga cada contribuyente individual y cada empresa, el llamado esfuerzo fiscal. La razón es diáfana, en un Estado que controla más del 40% de los recursos del país cada vez que sube el gasto público aumenta el PIB y baja la presión fiscal relativa al mismo. Como ha dicho certeramente Daniel Lacalle, el Gobierno controla el denominador de ese cociente mientras hace pagar al ciudadano el numerador. Así, cualquiera calcula a su conveniencia.

Para los socialistas -de Podemos ya ni hablamos porque su programa consiste en reducirnos a todos a la igualdad absoluta en la miseria- el objetivo de los impuestos es recaudar para satisfacer las necesidades del Estado previamente fijadas a tenor de lo que ellos postulan como conveniente e ignorando por completo los mecanismos de creación de la riqueza y el funcionamiento real de la economía. Un enfoque de la fiscalidad destinado a estimular el ahorro, la inversión, el consumo y la generación de valor añadido ni se les pasa por la cabeza. Su esquema mental consiste en adaptar los agentes económicos al presupuesto del Estado y no al contrario, que es lo aconsejable para cualquiera que piense un poco.

Si atendiesen a lo que sucede en el mundo en lugar de obsesionarse con hacer oposición a toda costa, comprobarían, por ejemplo, que Irlanda, un Estado Miembro de la UE y de la zona Euro, que también ha debido superar un cataclismo de sus bancos durante la Gran Recesión que estalló en 2008, ha implementado con considerable éxito una fiscalidad de impuestos bajos diseñados para atraer inversión directa, crear empleo, incentivar las subidas de salarios y facilitar una mayor dimensión de las empresas. Con este planteamiento, los irlandeses disfrutan de una excelente protección social, han dejado atrás la crisis y contemplan el mañana con optimismo. Otro caso digno de atención es la reciente y espectacular bajada de impuestos en Estados Unidos impulsada por la Administración Trump, dando un giro copernicano a la filosofía de su progresista predecesor. La recuperación de capitales fruto de esta reorientación fiscal se estima en dos billones de dólares, los ingresos medios de las familias norteamericanas han crecido en 2500 dólares y tan sólo Apple proyecta repatriar 38000 millones de dólares y ofrecer 20000 nuevos puestos de trabajo.

Los impuestos excesivos impiden el desarrollo de las empresas porque se penaliza su paso de pequeña a mediana y de mediana a grande, tal como sucede de manera manifiesta en nuestro país. Se calcula que las empresas españolas pagan al fisco una media de casi el 50% de su resultado de explotación, unos nueve puntos por encima de la media europea. Y si pasamos a los trabajadores, soportan un tipo impositivo medio entre IRPF y cargas laborales cercano al 40%, tres puntos más que la media de la OCDE. Estos son los números que valen y no la dichosa presión fiscal sobre PIB, que no refleja nada interesante y enmascara la realidad.

Otro error monumental es la insistencia en acabar con la sana competencia fiscal entre Comunidades en el tramo autonómico del IRPF y en los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio. Es suficiente examinar los indicadores económicos de Madrid y del País Vasco y compararlos con los de otras Autonomías para establecer conclusiones apabullantes. La excusa de que su mejor comportamiento se debe a la capitalidad y al Cupo no sirve para desmentir el hecho probado de que un entorno fiscal favorable a la actividad empresarial es una de las principales claves del crecimiento y del empleo. Además de la reforma del Título VIII de la Constitución, de nuestro sistema educativo y de las Administraciones, la implantación de un sistema tributario que dinamice la actividad económica en vez de asfixiarla, es sin duda una de las principales asignaturas pendientes de la ambiciosa agenda de cambio que han de sacar a España de sus presentes dificultades.

"Hay dos clases de economistas: los que no tenemos ni idea y los que no saben ni eso”
¿Se avecina un nuevo crash bursátil?
Germán Gorráiz López diariosigloxxi 29 Marzo 2018

Nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos, con lo que inevitablemente recurrimos al término “efecto mariposa” para intentar explicar la vertiginosa conjunción de fuerzas centrípetas y centrífugas que terminarán por configurar el puzzle inconexo del caos ordenado que se está gestando. Así, el ” efecto mariposa” trasladado a sistemas complejos como la Bolsa de Valores, tendría como efecto colateral la imposibilidad de detectar con antelación un futuro mediato pues los modelos cuánticos que utilizan serían tan sólo simulaciones basadas en modelos precedentes (Teoría de la Inestabilidad financiera de Minsky), con lo que la inclusión de tan sólo una variable incorrecta o la repentina aparición de una variable imprevista provoca que el margen de error de dichos modelos se amplifique en cada unidad de tiempo simulada hasta exceder incluso el límite estratosférico del cien por cien, dando lugar a un nuevo estallido o crash bursátil.

La burbuja actual sería hija de la euforia de Wall Street y por extrapolación del resto de bolsas mundiales tras las políticas monetarias de los grandes Bancos Centrales mundiales que han inundado los mercados con centenares de miles de millones de dólares y euros con la esperanza de relanzar la economía tras la crisis del 2008 aunado con el hecho de rendimientos cero en las las colocaciones sin riesgo de los inversores en Deuda de EEUU o de Alemania.

La desconexión con la realidad por parte de los inversores les llevaría a justificar la exuberancia irracional de los mercados, creándose un mundo virtual de especulación financiera que nada tendría que ver con la economía real (windhandelo negocio del aire) y que les lleva a extrapolar las rentabilidades actuales como un derecho vitalicio, lo que unido a la pérdida de credibilidad de las agencias de calificación como Moody’s al no haber predicho la crisis del 2002 y a la ausencia de control por parte de los reguladores, habría coadyuvado a que el mercado permaneciera insensible al recorte de rating de las compañías que cotizan en la bolsa y a los avisos de la Fed que, por boca de su anterior presidenta Yanet Ellen habría advertido que “las valoraciones de las bolsas y los mercados de bonos son muy altas y que existen riesgos potenciales en ambos mercados”.

La exuberancia irracional de los mercados
El proceso especulativo impulsa a comprar con la esperanza de sustanciosas ganancias en el futuro, lo que provoca una espiral alcista alejada de toda base factual y el precio del activo llega a alcanzar niveles estratosféricos hasta que la burbuja acaba estallando (crash) debido a la venta masiva de activos y la ausencia de compradores, lo que provoca una caída repentina y brusca de los precios hasta límites inferiores a su nivel natural (crack), cumpliéndose una vez más la máxima de Keynes: “Los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que tú puedes permanecer solvente”. Así, un inversor está dispuesto a pagar un precio por una acción si le reporta dinero en el futuro, por lo que el valor de dicha acción es el total de flujos esperados pero el nivel suelo de las Bolsas mundiales, (nivel en el que confluyen beneficios y multiplicadores mínimos), se situaría a años-luz de los niveles actuales debido al riesgo del proteccionismo económico, pero la posibilidad real de un nuevo crash bursátil estaría pasando desapercibida para la mayoría de Agencias de Calificación debido a la desconexión con la realidad que les llevaría a justificar la exuberancia irracional de los mercados y desechar los hedge funds (fondos de cobertura), con lo que se cumpliría la famosa frase del iconoclasta John Kenneth Galbraith. ”Hay dos clases de economistas: los que no tenemos ni idea y los que no saben ni eso”.

¿Se avecina un nuevo crash bursátil?
Debido al “efecto Trump” los inversores de EEUU estaban instalados en la euforia tras superar el techo ionosférico de los 26.000 puntos en el Dow Jones, (rememorando el boom bursátil de los años 20, preludio del crack bursátil de 1.929), por lo que eran incapaces de percibir el vértigo de la altura, pero los altos niveles de déficit de Estados Unidos (1,5 billones $ en el 2019) y el riesgo de retorno al proteccionismo provocará que los grandes inversores sientan por primera vez el mal de la altura que les llevará a reducir su exposición al riesgo con el consecuente efecto bajista en las cotizaciones de las acciones y revalorización de la Deuda soberana (bono norteamericano superando el 3 % de rentabilidad). Por último, la inflación en EEUU acelerará las próximas subida de tipos de interés del dólar en el 2018, haciendo que los inversionistas se distancien de los activos de renta variable y que los bajistas se alcen con el timón de la nave bursátil mundial, derivando en una psicosis vendedora que terminará por desencadenar el estallido de la actual burbuja bursátil, con lo que cumplirá la máxima del iconoclasta Galbraith: “Llegará el día en que el mercado descienda como si nunca fuera a detenerse”. Dicho estallido tendrá como efectos colaterales la consiguiente inanición financiera de las empresas, la subsiguiente devaluación de las monedas de incontables países para incrementar sus exportaciones y como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la crisis bursátil del 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de quiebras.

El franquismo prende en Alemania
Teresa Giménez Barbat okdiario 29 Marzo 2018

“En la República Federal de Alemania, la soberanía recae sobre el pueblo alemán, por lo que ningún estado federado es dueño de la Constitución”. Éste fue el dictamen con el que en enero de 2017 el Tribunal Constitucional alemán resolvió la demanda planteada por un ciudadano de ese país respecto a si el land de Baviera podía convocar un referéndum de independencia. El Alto Tribunal, que argüía, asimismo, que en la Carta Magna “no había espacio para procesos secesionistas”, frustraba así el intento del residual Partido de Baviera de promover una consulta popular sobre el futuro del Estado que excluyera de la misma al resto de los estados. Lo que sea Alemania, venía a sancionar el TCFA, concierne a todos los alemanes y no sólo a una parte. El paralelismo con el caso español alcanza incluso al carácter populista, antiliberal y, en cualquier caso, predemocrático, de la réplica independentista.

Así, el líder del PB, Florian Weber, despachó el pronunciamiento del órgano federal que vela por la constitucionalidad de las leyes, mediante una de esas declaraciones con ínfulas de solemnidad a que nos tiene acostumbrados el nacionalismo: “La independencia de Baviera no la decidirá un tribunal sino el pueblo bávaro”. Y cuyo sentido y cuasi literalidad reverberan en la proclama que el —todavía— presidente del Parlament, Roger Torrent, legó el lunes a la historia oral del procesismo, sección semántica ‘a Dios pongo por testigo’: “Ningún juez, ningún Gobierno ni ningún funcionario tiene la legitimidad para cesar, y aún menos para perseguir, al presidente de todos los catalanes”. Apliquémosle el método Gombrowicz: “Ningún juez, ningún Gobierno ni ningún funcionario tiene la legitimidad para cesar, y aún menos para perseguir, al presidente de todos los valencianos”; “Ningún juez, ningún Gobierno ni ningún funcionario tiene la legitimidad para cesar, y aún menos para perseguir, al presidente de todos los madrileños”.

El antecedente moderno de semejante necedad, no obstante, no corresponde a un nacionalista pata negra, sino al advenedizo José Montilla, que a cuenta de la sentencia del TC respecto a la reforma del Estatuto, tomó aire y declamó: “No hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Somos una nación”. Siendo importantes las similitudes entra ambas legislaciones, la alemana y la española, para que Puigdemont haya sido apresado en Schleswig Holsteinde, aún lo es más el celo con que el país centroeuropeo custodia la estabilidad del edificio comunitario, así como la convicción sus representantes políticos, con Merkel a la cabeza, de que España es una democracia homologable —a diferencia del cinismo, tan típicamente antiespañol, con que las autoridades belgas gestionaron el caso, y que puso de manifiesto las intolerables fisuras que aún persisten en el sistema de corresponsabilidades de la Unión Europea—.

A esos titubeos se agarran los nacionalistas para tratar de diseminar su arsenal de embustes y presentarse ante el mundo como víctimas de una España que, en su delirio, no cumple los estándares de calidad que se suponen a un país moderno y avanzado. Este miércoles, sin ir más lejos, acabo de tener noticia de que los eurodiputados Tremosa, Terricabras y Puig dirigieron a la Eurocámara una carta en dicho sentido, y a la que, obviamente, responderé de inmediato. Para empezar, denunciando que el ínclito Terricabras, que suele compararse poco menos que con Gandhi, no ha tenido el menor empacho en instigar la violencia callejera que estos días sacude Cataluña, llamando a los CDR a cortar las carreteras. En su Twitter ofrece una justificación: “Todo es tan escandaloso, tan vengativo, que bien tenemos que hacer alguna cosa. No basta con manifestarse con sonrisas”. En verdad nunca las hubo. Eran una mueca.

El principio de la rebelión
Manuel Molares do Val Periodista Digital 29 Marzo 2018

La puerta que facilita los separatismos en la España democrática la abrió Izquierda Unida en la reforma del Código Penal de 1995, cuando logró sustituir en su Artículo 472.5º el quienes “se alzaren públicamente” para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, por el “quienes se alzaren violenta y públicamente”.

El añadido de alzarse “violentamente” fue propuesto por el diputado entonces en IU Diego López Garrido porque, según defiende todavía, una declaración de independencia es “una causa política que puede sostenerse legítimamente si no hay violencia”.

El PSOE de Felipe González, que no tenía mayoría parlamentaria, aceptó el enunciado que lleva ahora al problema legal de justificar que la declaración de independencia de Carles Puigdedmont y del Parlamento catalán se produjo “violenta y públicamente”, como sostiene el juez del Supremo Pablo Llarena.

Pero hay más pruebas de la nefasta influencia del tránsfuga López Garrido: creó su efímera “Nueva Izquierda” en 1997 para disolverla en 2001 e integrarse entre los dirigentes del PSOE como uno de sus principales juristas.

Tras el anuncio del dirigente vasco Juan José Ibarretxe en 2003 de que convocaría un referéndum de independencia tras la negativa del Parlamento a concedérselo, el PP de José María Aznar consiguió introducir en el artículo 506 del Código Penal un bis —“delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum”— que imponía penas de hasta cinco años de cárcel.

Bis que acobardó a Ibarretxe y que, de seguir vigente, habría intimidado también a Artur Mas en 2014 y a Carles Puigdemont en 2017.

Para contentar al nacionalismo catalán y bajo la influencia de López Garrido, Rodríguez Zapatero derogó el bis en 2005, y en 2006 añadió su “Estatuto Pasqual Maragall” casi independentista.

Después de las insensateces de López Garrido, vienen las del primer gobierno de Rajoy con una notable mayoría absoluta que le habría permitido reinstaura en Bis.

Hay algo más: en 2012 Rajoy negociaba con Artur Mas que gobernara Cataluña con su ayuda, y pese a su mayoría absoluta no quiso saber nada de la petición de Rosa Díez en nombre de UPyD de volver al Bis anulado por Zapatero.

Y esta inacción la estamos pagando ahora.

EN DEFENSA DE LA IDENTIDAD
Orbán, de nuevo, contra la inmigración masiva: ‘Europa está llena’
Julio Llorente gaceta.es 29 Marzo 2018

Son ingentes las ocasiones en que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha advertido de las dramáticas consecuencias que conllevan los movimientos migratorios masivos. De este modo, y a pesar de que estas advertencias parecen ser siempre desoídas por aquéllos a las que están dirigidas, el mandatario magiar no pierde oportunidad de denunciar la suicida política que está aplicando la Unión Europea en materia de inmigración.

En un programa radiofónico emitido este domingo, Orbán ha explicado los motivos por los que rechazó la propuesta migratoria presentada la pasada semana en la cumbre del Consejo Europeo: ‘La proposición presentada por ellos se centra en la admisión y distribución de inmigrantes (…) Europa está llena’, sentencia el primer ministro magiar.

En esta línea, el políticamente incorrecto mandatario húngaro se ha mostrado convencido de que la Unión Europea, en lugar de centrarse en distribuir inmigrantes, debe afanarse en limitar su entrada en los países del Viejo Continente: ‘Las fronteras exteriores deben ser defendidas, y los inmigrantes deben ser mantenidos fuera de Europa. Si protegemos nuestras fronteras y acabamos nuestra infiltración, no habrá nadie a quien distribuir; podremos zanjar esta disputa’.

Orbán, cuya oposición a los preceptos de la corrección es conocida por todos, ha advertido también de las nocivas consecuencias que el plan presentado en el Consejo Europeo acarrearía para Hungría: ‘De acuerdo con la propuesta, Hungría habría de acoger a diez mil inmigrantes de modo inmediato. La provisión asignada para cada inmigrante sería de unos nueve millones de florines [la moneda nacional húngara]. Hungría sería incapaz de soportar esto. Nos destruiría’, ha aseverado sentencioso.

En este sentido, el mandatario magiar ha abundado en los posibles efectos colaterales de la inmigración. En concreto de la islámico: el terrorismo yihadista, el crimen organizado, la constitución de guetos y diferentes formas de violencia contra la mujer.

Una nueva censura
El primer ministro húngaro también ha arremetido contra esa presión que ejerce el sistema sobre aquéllos que rechazan los movimientos migratorios masivos. Así, de acuerdo con él, se está imponiendo una nueva censura que impide el florecimiento de discursos contrarios a las ideas propugnadas por la corrección política. ‘La cuestión de la migración no puede ser esquivada, pues ocurre por mucho que haya censura’, ha aseverado.

‘Pese a los intentos de las élites occidentales de marginar y congelar la cuestión, la opinión pública acabará imponiéndose, pues la naturaleza de la democracia radica en que tarde o temprano uno debe lidiar con aquellas cosas que son más importantes para la gente’, ha señalado Orbán, quien considera que la inmigración – y la propia identidad – es una de las cuestiones que más preocupa a sus compatriotas.

Asimismo, el mandatario magiar ha extraído una conclusión de los recientemente celebrados comicios electorales italianos: ‘Por primera vez, veo que Bruselas se ha percatado de que no puede continuar ignorando la cuestión migratoria’.

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Golpistas y constitucionalistas, en bucle
EDITORIAL Libertad Digital 29 Marzo 2018

Mientras algunos se acomodan en la ficción de que el orden constitucional ya impera en Cataluña y de que el "procés" secesionista iniciado en 2012 ha sido finalmente sofocado, las formaciones separatistas se aferran a una no menos quimérica pretensión, como es la del "Estado soberano en forma de República", al poner nuevamente al parlamento regional en pleno y abierto desafío a nuestro ordenamiento jurídico. Buena prueba de esto último lo constituye la bochornosa e ilegal iniciativa aprobada este miércoles por la cámara regional en rebeldía en la que la que los separatistas reiteran su pretensión de investir al golpista Puigdemont presidente de la Generalidad. También, la resolución parlamentaria que exige la liberación e impunidad del resto de cabecillas de la sedición encarcelados. Por si esto fuera poco, la cámara autonómica se ha negado a condenar la violencia en la que están desembocando las manifestaciones convocadas por la ANC, Omnium Cultural y los llamados Comités de Defensa de la República, gracias también al apoyo de los podemitas de Catalunya en Comú.

Obviamente, la pretensión separatista de que la Generalidad de Cataluña vuelva a estar presidida por la misma persona que encabezó el golpe de Estado tras la marcha de Artur Mas ya era una quimera cuando Puigdemont estaba fugado, como lo sigue siendo ahora que ha sido detenido. Lo mismo se podría decir de la investidura de cualquier otro procesado. Ahora bien. No menos iluso es pretender que de un parlamento dominado por formaciones que no se retractan de su ilegal intentona secesionista vaya a salir un gobierno regional respetuoso con el ordenamiento constitucional. Aun cuando los separatistas se avinieran a proponer como candidato a la presidencia de la Generalidad a alguien sin causas pendientes con la justicia, caras nuevas no implica abandono ni repudio de las viejas pretensiones.

Los separatistas habrán entrado en bucle, ciertamente, al empecinarse en investir a Puigdemont; pero también lo han hecho los constitucionalistas al negarse a reconocer el clamoroso fracaso que ha supuesto desvirtuar el artículo 155 de la Constitución para aplicarlo como mero procedimiento de convocatoria electoral. Vamos, como si el grave atentado contra los intereses de España perpetrado por la administración regional presidida por Puigdemont hubiese sido su negativa a celebrar nuevos comicios autonómicos.

La triste realidad, que no ilusa quimera de los separatistas, es que en Cataluña sigue imperando una "independencia de facto", en la que, a falta de gobierno, ya se utiliza el parlamento regional como plataforma propagandística contra nuestro Estado de Derecho, en la que se sigue proscribiendo la enseñanza en español o en la que se sigue inoculando el odio a España en escuelas y medios de comunicación públicos.

El bucle que ha de preocupar a los españoles no es el que pretende nuevamente llevar a Puigdemont o a cualquier otro procesado a la poltrona institucional. Ese bucle tiene fecha de caducidad habida cuenta de que, si fuerza unas nuevas elecciones autonómicas, ninguno de los ahora procesados podrían volver a presentarse. El bucle que nos ha de preocupar es el de quienes nos pretendan nuevamente vender una "vuelta a la normalidad" por el mero hecho de que al frente de la Generalidad dominada por los separatistas haya, simplemente, nuevas caras.

Cataluña sigue en el bucle
EDITORIAL El Mundo 29 Marzo 2018

El Pleno que celebró ayer el Parlament buscaba legitimar a Carles Puigdemont de cara a una eventual investidura. El independentismo sabe que el ex president, en prisión preventiva en Alemania tras ser procesado por el juez Llarena por rebelión y malversación, no está en condiciones de presidir ningún Gobierno. Sin embargo, Roger Torrent prefirió convocar una sesión parlamentaria que no sirvió más que como un ejercicio de desahogo para los secesionistas, que han encallado en la desorientación y la frustración.

A la postre, el Parlament acreditó ayer que Cataluña continúa en el barro. Sin un Govern efectivo, con los propios independentistas lanzándose reproches mutuos y sin atisbo ninguno de recuperar el pulso de la normalidad. Así queda de manifiesto no sólo en la violencia callejera desatada durante los últimos días sino en el desplome de las previsiones en la ocupación hotelera en Barcelona para Semana Santa. Resulta una temeridad en este contexto que el independentismo sacara adelante una votación en la que defiende la legitimidad de Puigdemont a ser investido. Proponer un candidatura para la investidura es una potestad exclusiva del presidente de la Cámara. Si tan "legítimo" es Puigdemont, lo lógico es que Torrent se hubiera atrevido a someter su candidatura al escrutinio parlamentario. No lo hizo, evidentemente, porque sabe que el Estado de derecho es implacable en España y está advertido de las consecuencias penales que acarrea quebrar la legislación. Pese a ello, las fuerzas soberanistas siguen dando muestras de seguir completamente fuera de la realidad. Las tres formaciones independentistas y Catalunya en Comú -donde se integra Podemos- aprobaron una resolución para exigir la "liberación" de los "presos políticos". Es insólito e inaceptable que una asamblea legislativa se arrogue la capacidad de ordenar a la Justicia lo que debe hacer. Los dirigentes soberanistas se llenan la boca con la palabra "democracia", pero han demostrado no tener el más mínimo respeto por la separación de poderes. Asimismo, resulta extraordinariamente preocupante que los secesionistas y los comunes rechazaran condenar la violencia en las calles. No ser capaces de pactar los consensos mínimos en una democracia indica la metástasis inoculada por el separatismo en la política catalana.

De cara al desbloqueo de la legislatura, las disparatadas propuestas de un gobierno de concentración o formado por "independientes" -lanzadas por Miquel Iceta y Xavier Domènech- sugieren que puede estar fraguándose alguna salida que no pase necesariamente por un acuerdo exclusivo entre JxCat y ERC. Sería lamentable que la izquierda acudiera en auxilio del golpismo. La obligación de devolver a Cataluña a la normalidad es del independentismo, y pasa por asumir el respeto a la ley y el descarte de candidatos con causas judiciales pendientes.

Carta blanca a los violentos en Cataluña
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 29 Marzo 2018

Junts pel Catalunya, ERC y la CUP son incapaces de ponerse de acuerdo para postular a un presidente elegible que desbloquee la legislatura y devuelva a Cataluña el control de su autogobierno. Pero cierran filas sin dudarlo cuando se trata de poner en solfa el Estado de Derecho y de calentar a la opinión pública. Si esa disparatada deriva está dominando el debate público de un modo cada vez más indisimulado es porque al bloque mayoritario no le importan las consecuencias que ese parlamentarismo de tierra quemada pueda tener sobre la convivencia de una sociedad partida en dos.

Ninguna de las propuestas votadas en el pleno celebrado este miércoles tienen valor jurídico, pero en su debate todos los partidos se retrataron. Las formaciones independentistas convirtieron la Cámara en el altavoz de un talante cada vez más totalitario. Por un lado, reclamaron la libertad de los políticos presos -a esta iniciativa se sumó la marca de Podemos en Cataluña- y poder investirlos: es decir, que tengan inmunidad frente a la Justicia y que los graves delitos por los que se les investigan queden impunes. Por otro, rechazaron al unísono una condena a los actos vandálicos, agresiones, insultos y amenazas registrados en la última semana.

Una propuesta intachable
La propuesta, presentada por el PSC y apoyada por Cs, PP y En Comú Podem, era formalmente intachable y fue redactada y enmendada con tacto para que ninguna formación, asociación o entidad pública pudiera entrever en ella una atribución de culpabilidad o responsabilidad en la escalada de tensión de los últimos días.

La indiferencia con la que JpC, ERC y la CUP despacharon la condena de la violencia fue muy sintomática y recuerda, lamentablemente, al desdén y la frialdad con que el mundo batasuno ha asistido siempre a las manifestaciones y concentraciones de las víctimas del terrorismo. Sobre todo porque su debate y votación se produce después de varios días en los que los piquetes de los denominados Comités de Defensa de la República han asediado las sedes del Gobierno en Cataluña y han bloqueado el tráfico rodado y ferroviario; y después de que el Ministerio del Interior se haya visto obligado a reforzar la seguridad de políticos amenazados. Es más, mientras transcurría el pleno, dos carreteras nacionales seguían cortadas.

Responsables de la violencia
El mensaje que lanzan los partidos separatistas a los grupos de radicales y exaltados es que cuentan con su apoyo tácito y tienen carta blanca para campar por sus respetos, por lo que ellos serán indirectamente responsables de la violencia que pueda producirse los próximos días y en la manifestación convocada por los sindicatos, la ANC y Òmium para el 15 de abril.

El deterioro de la vida pública en Cataluña es clamoroso. El Parlament es incapaz de investir un presidente y ponerse a legislar, la mitad de los diputados le niega el saludo a la otra mitad y los grupos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el rechazo de la violencia. El Gobierno debería plantearse seriamente reforzar el 155 y tomar medidas antes de que las cosas vayan a peor.

Corresponsables de la violencia
 larazon  29 Marzo 2018

Con el Parlament de Cataluña instalado en un círculo vicioso, al menos, hasta que el calendario apunte a la fecha de una nueva consulta electoral o los dirigentes separatistas consigan librarse de la sombra del ex presidente Carles Puigdemont, sin que lo parezca, claro, se corre el riesgo de que la campaña de protestas que impulsan los «Comités de Defensa de la República» y las CUP, con Arran como punta de lanza, degenere en graves episodios de violencia.

Si ayer, la mayoría secesionista de la Cámara catalana hizo aprobar varias mociones de fogueo sobre los derechos a la investidura de tres políticos encarcelados por orden judicial, lo que carece de la menor importancia práctica, no conviene dejarse adormecer por la inanidad política de la mayoría de sus actuaciones parlamentarias, so pena de llamarse luego a la sorpresa. Lo advertimos porque no se puede calificar de menor o despreciar por sabido que una de las instituciones del Estado, como es, al fin y al cabo, el Parlament, se niegue a condenar la violencia callejera y los actos de clara intimidación que se están produciendo en Cataluña –ayer, sin ir más lejos, se cortaron tumultuariamente los accesos al monasterio de Poblet– contra quienes no comulgan con el secesionismo, al tiempo que se deslegitima al Poder Judicial y se duda de la rectitud de sus jueces y magistrados, con otra emoción de apoyo a los dirigentes separatistas presos.

Dirigentes que están en la cárcel no es por sus ideas políticas, pues muchos de ellos las han defendido sin problemas durante más de dos décadas, sino por llevar a cabo un acto de rebelión que suponía dar un golpe de Estado contra la democracia española, desde el desprecio más absoluto al ordenamiento jurídico y al principio de soberanía nacional. Esta actitud convierte a una parte de la Cámara en corresponsable de los actos violentos que se puedan producir y, además, no favorece en nada la situación personal de sus compañeros de filas procesados, que vienen reiterando las llamadas a la calma. En este sentido, que los propios mandos de la Policía autonómica catalana hayan advertido personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, del riesgo que conlleva seguir atizando la propaganda contra las actuaciones judiciales, debería mover a la reflexión a las formaciones independentistas sobre las consecuencias de tales actuaciones.

Más aún, cuando el escaso eco ciudadano que están teniendo las llamadas a la protesta por parte de las CUP y de los grupos republicanos, unido a la frustración creciente de las bases más radicalizadas del separatismo, que ven como el Estado de derecho recupera sin mayores problemas el imperio de la ley, pueden desembocar en acciones de mayor violencia, que busquen la crispación social. Hay que insistir, pues, en la preocupación que generan esas resoluciones parlamentarias y en la necesidad de que los dirigentes políticos condenen sin paliativos ni excusas los cortes de carreteras y las llamadas a la desobediencia ciudadana.

Ya que, por lo visto hasta ahora, son incapaces de dar una salida razonable al bloqueo institucional y político de Cataluña, que, al menos, contribuyan a mantener la convivencia social y la tranquilidad más que general en la que se desenvuelve el Principado. Ya hemos señalado repetidamente que la solución al «impasse» no debería pasar por repetir las elecciones autonómicas, posibilidad en la que nadie dice confiar, sino por la elección de un candidato a la presidencia de la Generalitat que no tenga hipotecas judiciales y que se comprometa a respetar la Constitución y el Estatuto. Las fórmulas imaginativas, como las de un gobierno de notables, que propone Podemos, sólo son parches sin virtualidad alguna. Porque, no lo olvidemos, ya no se trata de ganar tiempo, sino de gobernar para todos.

Historia, orden y concordia
Agapito Maestre Libertad Digital 29 Marzo 2018

Florece el extremismo en Cataluña, donde los separatistas están organizados para llevar a cabo actos violentos, sabotaje y "terrorismo callejero".

La historia no sirve para nada, pero el que no sabe historia, no sabe nada. Esta sabia frase de Gonzalo Redondo, excelente historiador y maestro de historiadores, puede ayudarnos para no desesperar ante la cuestión catalana. Esta no tiene solución. Ya lo dijo Ortega y Gasset: solo cabe la conllevancia. Frances Cambo suscribió la doctrina del madrileño en Por la concordia, quizá su obra más excelsa y menos comprendida por las viejas y nuevas generaciones del separatismo catalán, hasta el punto de reconocer que "la política del 'todo o nada', en el momento en que hubiese en Cataluña ambiente propicio para una concordia, debería ser radicalmente proscrita."

Sin embargo, los separatistas insisten en la violencia y la tensión en las instituciones y en la calle. Para ellos sólo hay "política" de todo o nada. Solo entre septiembre y noviembre de 2017 hubo más de 300 actos de violencia. Quizá algún día estos violentos paguen su su locura. De momento, los separatistas parecen no haber aprendido nada de los últimos cien años. Los CDR (comités de defensa de la república) están bien organizados para llevar a cabo actos violentos, sabotaje y "terrorismo callejero". Se trata de resistencia violenta que, sin duda alguna, solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden atajar con proporcionalidad y tiento democrático. Los separatistas catalanes están demostrando con creces que, como todos los pueblos sin hábitos de gobierno, muestran con gran osadía su extremismo, falta de sentido común y violencia. Eso no es política sino una locura nacionalista.

Por otro lado, los CDR o checas de barrio están bien conectadas con las resoluciones simbólicas que fueron tomadas ayer en el Parlament de Cataluña; en verdad, nadie se engañe, esas proclamas de corte simbólico están dirigidas a satisfacer y empujar a las masas a la calle contra el Estado español, a la par que tratan de ocultar que están atentado contra las leyes básicas del Estado de Derecho. Para estos políticos matar todo lo que les da vida es su principal objetivo. En Cataluña hoy, como en el pasado, florece el extremismo con gran ufanía. ¡Quizá falte sentido de la realidad! Pero lo real está ahí delante y más pronto que tarde acabará imponiéndose. En los últimos días han tenido lugar algunos acontecimientos relacionados con las crisis catalanas que podrían hacer girar las cosas hacia soluciones políticas. Democráticas.

En efecto, la justicia está actuando contra los forajidos, huidos y delincuentes. El ingreso en prisión preventiva de varios políticos independentistas y, sobre todo, la detención de Puigdemont en Alemania marca una nueva situación en varias direcciones. Ya han empezado a darse movimientos muy serios para la renovación de los liderazgos separatistas. Son ya muchos los que creen imposible la vía del "todo o nada" y proponen acuerdos transversales de carácter moderado y pactista. Pero, al margen de la solución concreta que surja de esta nueva situación, parece claro que el proyecto independentista ha fracasado rotundamente. Ahora solo cabe esperar que el Ejecutivo de Rajoy proteja a los ciudadanos de la violencia callejera de los separatistas

Ficciones frente a modernidad
MANUEL MOSTAZA BARRIOS El Mundo 29 Marzo 2018

El ingreso en una prisión alemana del ex presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, en cumplimiento de la orden dictada por el Tribunal Supremo español es una buena metáfora del funcionamiento de los Estados europeos en los albores del siglo XXI: un juez español dicta una orden y la policía alemana la ejecuta sin preguntar, a miles de kilómetros de Madrid. Un ejemplo también de cómo ha cambiado la idea de soberanía sobre la que se edificaron los Estados nación en el siglo XIX: un concepto ligado en su origen a la divinidad y a la majestad de Dios, el atributo que permite ser y no ser a la vez; la cualidad de no recibir órdenes de nadie e imponer por tanto siempre la propia voluntad. Una categoría que, por lógica, sólo podía aplicarse al Ser Supremo. Con el paso del tiempo y la llegada de la modernidad, ese atributo se predicó de los reyes primero y, con la emergencia de la nación como ficción cultural, se comenzó a predicar del Estado nación a partir del siglo XIX.

Esta metáfora de ser una nación soberana se entendía entonces aplicada a la posibilidad de gestionar los elementos más relevantes de la vida diaria de un país sin tener que rendir cuentas a terceros: emitir moneda, tener un ejército, decidir sobre la vida y la muerte de los ciudadanos, aprobar leyes, etcétera. Durante el último tercio del siglo XIX y mientras se forjaba el sueño romántico de la nación, tanto los imperios como las viejas monarquías europeas se pusieron con naturalidad a construir su nación soberana partiendo de una premisa básica: un territorio sólo puede ser de una nación y a cada nación le corresponde un Estado. El trabajo suponía la estandarización de la lengua (lo que en muchos casos significaba directamente la construcción de una, como pasó en Grecia o en Bulgaria), el monopolio de la emisión de moneda, la transformación de las fuerzas del rey en un ejército nacional, la regulación a través de leyes de los aspectos más básicos de la vida diaria, y presencia en todos los rincones del territorio a través de figuras que en España tomaron la forma, por ejemplo, del registrador de la propiedad, el juez de primera instancia, el Instituto o la guardia civil.

Esta ficción de la nación que se dota de un Estado para garantizar su supervivencia milenaria (y que, de paso, enfatiza unos momentos históricos mientras olvida de manera cuidadosa otros) no ha cambiado en sus atributos más básicos y sigue en la cabeza de los nacionalismos subestatales hoy en día. Estaba en la mente de los nacionalistas letones a finales de los 90 y está hoy en la cabeza de las élites, de origen mayoritariamente rural, que dirigen los nacionalismos vasco, gallego y catalán en nuestro país.

El problema es que la vida no se detiene y, después de las dos aterradoras guerras que sufrieron en el siglo XX, los europeos entendieron que los Estados nación son demasiado agresivos para con sus vecinos y que la opción de empezar a poner en marcha espacios de articulación política alejados del Estado étnicamente homogéneo era una buena herramienta para garantizar un futuro en paz en el continente. De ahí que a partir de 1945 se optara por ceder soberanía a un nuevo sujeto de características imprecisas que hemos acabado conociendo como la Unión Europea.

Fruto de este proceso, pocos años después, los Estados miembros carecen hoy de los elementos que definían la soberanía hasta hace pocas décadas, de ahí que la policía alemana obedezca sin problemas las órdenes de un juez español: ahora los Estados miembro no emiten su propia moneda, no pueden disponer sobre la vida de sus ciudadanos (la pena de muerte está abolida de facto en todos ellos), su presupuesto ha de tener el visto bueno de la Comisión y, lo que es más fascinante, una parte muy relevante de sus leyes no son en realidad más que la transposición de regulación aprobada en Bruselas (en algunos casos ni eso, ya que los Reglamentos entran en vigor sin que el Estado pueda hacer nada por evitarlo). La propia Defensa, un ámbito clave en la soberanía, lleva años supeditada a las directrices de la OTAN y es posible que, en pocos años, la cooperación en materia militar que supone la PESCO erosione finalmente la capacidad militar unilateral de los Estados.

Sin embargo, la crisis secesionista que se está viviendo en Cataluña nos ha enseñado que esa comunidad imaginada que es la nación sigue teniendo hueco en el imaginario emocional de una parte de los ciudadanos europeos, aquéllos que se sienten nacionales de territorios que no tienen Estado propio. El problema es que ese imaginario, legítimo, es cada vez menos funcional y menos relevante en un mundo global en el que la soberanía de los Estados es puesta en entredicho a diario, como han podido comprobar los líderes del secesionismo catalán.

De ahí que el drama sea que, aunque compartamos espacio con ellos, ni compartimos la misma escala temporal, ni nuestros imaginarios colectivos son los mismos, sino que discurren en realidad en paralelo. Su rechazo a la modernidad y a lo que ésta supone en nombre de las esencias de la nación es un discurso del siglo XIX que obvia los cambios habidos durante el siglo XX. Esa idea de construir la nación, la idea de la patria que se pone en marcha (con las korrikas en el País Vasco o las vías catalanas como metáfora...), hasta dotarse de un Estado que disponga de todos los atributos de la soberanía, choca de manera frontal con la realidad de un mundo interconectado en el que los rivales no son los vecinos, sino que están a miles de kilómetros y viven en continentes lejanos.

En el fondo es la lucha, la vieja lucha, nuestra querida lucha, entre la melancolía de un pasado que nunca existió y el tiempo frío de la modernidad: entre el carlismo y el liberalismo, por usar términos que a los españoles deberían sernos familiares. El sueño de un mundo homogéneo y monolingüe, un mundo en el que honrados labradores, temerosos de su Dios y orgullosos de su raza, no conocían aún el desarraigo de la modernidad ni habían cedido a la tentación de la emigración hacia un mundo plural en el que sus hijos perderían para siempre sus identidades de origen. Por eso, del Hernani o del pueblo de Berga gobernando por carlistas en el siglo XIX al actual gobernando por la extrema izquierda antiglobalizadora del siglo XXI hay menos diferencias de las que puede parecer: ambas ideologías predicaban un retorno imposible a un pasado imaginado en el que el súbdito, feliz, se subordina a la comunidad a la que pertenece por derecho de sangre, frente a las alternativas electivas de la modernidad.

El drama real es que es muy complicado explicar a los que siguen atrapados en ese bucle que en el año 2018, en una democracia europea, no hay identidades con un plus de legitimidad, porque los Estados no son nacionales sino de derecho, y por eso todas las identidades que respetan la ley son igual de legítimas: por resumir, tan vasco es hoy el nieto de un campesino de Ordicia como el de unos obreros inmigrantes de Baracaldo.

En la mejor escena de La pelota vasca, el mediocre documental que Julio Medem filmó en 2003 para dar a conocer la cosmovisión que el nacionalismo tiene del País Vasco, el ex etarra Arnaldo Otegi realiza un monólogo de unos 20 segundos en los que señala, de manera literal: "Pensamos que el día en que en Lequeitio o en Zubieta se coma en hamburgueserías y se oiga música rock americana, y todo el mundo vista ropa americana y deje de hablar su lengua para hablar inglés y todo el mundo esté, en vez de estar contemplando los montes, funcionando con internet, pues para nosotros ese será un mundo tan aburrido tan aburrido que no merecerá la pena vivirlo".

Tantos años atemorizados, sabiéndonos en su punto de mira, y resulta que su problema no era con España. Su problema es, siempre lo ha sido, con la modernidad...

Manuel Mostaza Barrios es politólogo.

Los CDR son la antiEspaña de barrio
Cristina Seguí okdiaio 29 Marzo 2018

Hay que empezar a desmantelar la épica paleta de los Comités de Defensa de la República. Contar qué son en realidad. Combatir esa poesía aldeana del separata que se refiere a ellos como “la incólume dignidad del pueblo contra la que actúan las porras y la violencia represora del Estado” mientras, gracias a la paga de Roures, éste arrastra la suya de rata hasta algún limbo europeo. Los CDR tienen la misma hidalguía de una vieja esquilmada por el recién detenido gigoló estafador de Barna. Se trata de pijos que han elegido el camino del reduccionismo vital para convertirse en un deshecho más o menos útil para su tribu. Reservistas de la anti España de barrio como muestra de la sociedad corrupta que nuestros políticos han creado al implementar el modelo del asistencialismo. El ejemplo de cómo la anti patria minusválida es siempre el propio fracaso de la patria.

A modo de anécdota, les contaré que el 21D a mí me expulsó uno de ellos de un colegio electoral pidiendo ayuda a la guardia urbana de Barcelona. Y que, dos meses después, tras la pertinente denuncia, recurrió al equipo de mediación del juzgado nº14 de Barcelona para ofrecerme una cantidad compensatoria que le evitara ir a juicio tirando por el WC la insumisión del revolucionario. ¡Vaya mierda de epopeya anticapi! Para acabar con los pijos de los CDR pagados, como mucho, con un bocata de chóped del país, ahorrando al contribuyente meses de ímprobos esfuerzos y efectivos policiales, bastaría con desarticular los antros de extorsión de Omnium y la ANC, además de ilegalizar a esa carne blanda manufacturada por la España asistencialista que son ERC y la CUP. Bastaría con aplicar la simple lógica de que su terrorismo delegado, aunque sea en fondones devaluados y disfrazados en mercaditos abertzales de segunda mano, tiene como objetivo subvertir el orden constitucional y socializar el terror con la destreza de los 90 en el País Vasco.

El de la calle ahora también extendido a las redes y desde los medios públicos catalanes que, como TV3, Cataluña Radio y RAC 1 señalan a los objetivos para que los matones actúen: a los jueces y sus familias. A los periodistas disidentes cercados con la instintiva habilidad territorial de la jauría. A los policías nacionales y guardia civiles. A los hijos de los cuarteles. A los Mozos leales a España con una carrera truncada por respetarla. El problema estriba en el esfuerzo que algunos contertulios del espectro constitucionalista están haciendo por normalizar el terrorismo de estos días comparando a la oposición venezolana que se enfrenta a una dictadura comunista con los CDR que se enfrentan a una democracia homologada en todo el mundo. Y estriba en la gratuidad del esfuerzo de estos paletos de barrio conformes con el único lucro de experimentar el romántico sentido de pertenencia a un grupo por primera vez en su vida y que bien podría ser satisfecho desde el economato de una cárcel.

Y estriba en que el tipo de manual estratégico que estos paletos de la España subsidiada han impreso desde algún locutorio pakistaní se parece mucho a los elaborados desde ponencia de Odartzen por KAS tras la caída de su cúpula en Bidart a principios de los 90 para eliminar y silenciar a los “periodistas txakurras”. Para expulsar a los FCSE, a la Magistratura y a los funcionarios de Prisiones. Para extorsionar a industriales. Para extender la lucha callejera, la presión política, las huelgas, la manipulación de sectores de la Iglesia Católica, la internacionalización del conflicto y las huelgas. Torrent será desde ahora ese talante de apariencia exquisita que encubra la degeneración moral de esa Kale Borroka que tiene como objetivo eliminar a las gentes que no caben en su proyecto totalitario. ¿Les suena?

PSOE, Sindicatos, Separatistas y CUP empeñados en hundir España
Con el objetivo de derrocar al PP
Miguel Massanet diariosigloxxi  29 Marzo 2018

El egoísmo, la malquerencia, el rencor y la mala fe, unidos parece que vienen intentando confabularse para ir en contra del progreso de la nación española, con el único propósito de derrocar al actual gobierno del PP, sin otro fin que el de destruir el actual sistema de gobierno que nos dimos, en virtud de la Constitución de 1978 por la que España adoptó el sistema democrático de monarquía parlamentaria y que lleva vigente en nuestra nación desde que las fuerzas democráticas decidieron que, previo sometimiento a la aceptación de los ciudadanos por medio de un referéndum nacional, implantarlo como un sistema de gobierno que de entre las alternativas existentes, garantizaba una mejor y más representativa participación del pueblo en el gobierno del país. Se consideró que era en considerado la mejor solución para pasar de un régimen dictarial como era el existente en aquellos momentos y otro democrático sin que ello comportara grandes quebrantos, después de una dictadura de 40 años.

Cuesta entender que, cuando el Gobierno de la nación ha elaborado unos PGE para el 2018 que, más que propuestos por un partido de centro derecha, por su característica principal de haberle dado una clara preferencia a las cuestiones de tipo social sobre el apoyo a las finanzas, la economía o a la industria, parecería haber sido confeccionados por un partido de izquierdas, socialdemócrata, que seguramente lo hubiera dudado mucho antes de atreverse a hacer un aumento de pensiones como el que han propuesto, en los suyos, el gobierno del señor Rajoy; por el mero hecho de partir la propuesta de un partido de derechas contra el que, el resto de la oposición, exceptuados Ciudadanos, está dispuesta a no darle un respiro aunque que, con semejante actitud, a quien verdaderamente se está perjudicando es al pueblo español y, en particular, a aquellos sectores que han salido más perjudicados por las consecuencias de la pasada crisis.

No se entiende que, los que han provocado las manifestaciones de los pensionistas, que tanto éxito han tenido en cuanto a la asistencia a los distintos mítines que se han ido produciendo en diversas ciudades de España, precisamente en el momento en que, el Gobierno, ha cedido y ha incluido en los PGE una partida para la mejora de las pensiones de los más necesitados, que puede llegar a un aumento de hasta un 3% para aquellos que vienen percibiendo una pensión más baja, incluso por encima del aumento del coste de vida; simplemente para perjudicar al PP se nieguen a apoyarlos, permitiendo que el Gobierno se vea obligado a negociar con el PNV que, en su línea de chantajistas profesionales, una vez consiguieron reducir la aportación del llamado “cupo vasco” para aprobar los PGE del 2017, ahora intentan que, como cuestión previa, se levante en Cataluña el Artº 155 como requisito previo a iniciar las negociaciones que, como es fácil deducir no nos van a salir gratis al resto de los españoles, si es que se siguen las líneas de cesiones que se hicieron en las del 2017.

El partido socialista, presidido por P.Sánchez,, un personaje que ya demostró sus tics autoritarios con motivo de la complicada investidura de Rajoy en las pasadas legislativas; parece empecinado en que, por encima de toda consideración razonable, sin importarle las repercusiones que su postura obstruccionista puedan llegar a producir en el pueblo español ni tener la sensibilidad de que, con ello, va a impedir que millones de pensionistas puedan mejorar sus retribuciones, quedándose sin los aumentos previstos en las PGE del 2018 y, en consecuencia, deban resignarse con el mísero 0’25% con el que han quedado mejoradas, si es que se puede decir así, sus ya de por sí exiguas pensiones; todo debido a la tozudez del PSOE y al evidente chantaje de los señores del PNV vasco. Después de la amplia y costosa rectificación del Gobierno, bajando el IRPF de algunos pensionistas y mejorando en un tanto por ciento considerable las de otros, queda evidenciado que ya no existen motivos razonables para que los socialistas continúen negándose a aprobar los presupuestos o al menos a abstenerse para que puedan aprobarse, salvo, evidentemente, que decidan que, bajo ningún concepto van a colaborar con el Gobierno aunque ello repercuta, como en esta ocasión, en la mejora económica de aquellos que menos medios tienen para sobrevivir.

El hecho de que los comunistas bolivarianos de Podemos, dirigidos por evidentes mercenarios de la política, bajo las órdenes del máximo dictador de Suramérica, el infame Nicolás Maduro, insistan en considerar, según “dixit” la ínclita Inés Montero, la nueva Pasionaria y compañera de Pablo Iglesias, que ha considerado minucias o migajas los aumentos ofrecidos en los PGE cuando, el importe del coste de los mismos ronda los 3.000 millones de euros, lo que hace pensar es en su falta de discernimiento, sentido común y preparación o lo que, todavía sería peor, su mala fe cuando utiliza la mentira y el engaño para soliviantar a personas necesitadas de mejorar su situación económicas, aunque es conocedora de que rechazar los presupuestos supone privarles de los aumentos sin que tengan medios de compensar tal pérdida. No debemos olvidar que el país no está en condiciones de asumir mayores costes sin poner en peligro el equilibrio presupuestario ni verse obligado a endeudarse por encima de los niveles que se nos permitirían desde Europa, que sigue vigilante para que no nos pasemos en el límite del endeudamiento público ni superemos los déficits públicos o privados, por encima de los baremos que se nos establecieron por la UE, precisamente cuando el Gobierno, en el pasado ejercicio, haya conseguido estabilizarlos.

Pero la actuación de los descerebrados parece que no tiene visos de cesar y ya se están perfilando, en Cataluña, nuevos intentos de agravar la situación. Los sindicatos, CC. OO, UGT, y Unió de Pagesos que ya se mostraron proclives a apoyar el exit catalán, en una muestra más de su falta de patriotismo y su absoluto desconocimiento de la situación en la que quedarían los trabajadores, que siguieran en esta autonomía, en el caso de que Cataluña quedara fuera de la órbita de la UE; parecen dispuestos a ahondar en el tema y, visto que cada vez van perdiendo poder y controlan menos a los trabajadores ( ingresando menos cantidades por las portaciones de los obreros que no quieren contribuir a que tantos inútiles y paniaguados vivan de la sopa boba) unidos a la sorprendente “colaboración” de las patronales Pimec y Cecot,( no podemos entender cómo se pueden prestar a algo que puede ser su verdadera ruina) parece que han aceptado reunirse con el señor Torrent, presidente del Parlament, con el fin de “articular una respuesta conjunta y unitaria ante las detenciones y encarcelamiento de dirigentes políticos catalanes y los ataques a la democracia que se están produciendo”.

Y es que, señores, este sujeto al que elevaron al cargo de presidente del Parlament de Cataluña, que dicen que estudió ciencias políticas, no demuestra en ningún momento haber asimilado los deberes de su cargo y sigue empeñado en representar solamente a los independentistas, olvidándose de que, en el Parlament, están también representados más de la mitad de catalanes que votaron en favor de partidos constitucionalistas aunque, por virtud de la ley D´Ont, que premia más los votos de la pequeñas ciudades que los de las grandes urbes, la representación en el Parlamento favorece la mayoría de los independentistas no obstante, las recientes encuestas han demostrado que, en la actualidad, el 53% no son separatistas contra un 47%, que sí lo son.

Lo que no casa y creo que algunos dirigentes de este país debiera de reflexionar sobre ello, es que, en tanto que de dedican a obstaculizar, por todos los medios (no siempre legales) la gobernación del país, poniendo piedras en el camino de nuestra economía y alertando al resto de países europeos de los problemas, graves en alguna ocasión, que están afectando a España; el resto del mundo sigue sus propios caminos y alguno de ellos debiera de advertirnos de la inoportunidad de que, en momentos difíciles, sean los sindicatos y otras instituciones que, en lugar de colaborar, ayudar a la creación de puestos de trabajo y crear confianza a aquellos que nos visitan; en lo único que parecen pensar es en conseguir beneficios para sí mismos como si, perdonen la expresión, las ubres de la vaca del Estado fueran inagotables y pudieran surtir a todos los gastos que los partidos de izquierdas pretenden que se asuman, cuando es evidente que ello es imposible.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, mucho nos tememos que va a ser preciso mantener el 155 y, si no nos equivocamos, es posible que sea preciso que en algunos aspecto, como es el mantenimiento del orden, vaya a ser preciso endurecer su aplicación.

El bulo amarillo y los cascos azules
Cristina Losada Libertad Digital 29 Marzo 2018

Que el Comité no se pronuncie de ninguna manera sobre el fondo del asunto, cosa que llevará su tiempo, es un detallito sin importancia

Hace días que corre un bulo envuelto en lazo amarillo. Los del lazo están especialmente contentos con ese bulo, porque les promete un triunfo en un escenario, el internacional, donde han depositado tantas esperanzas. Desde los albores del "procés", allá por 2012, el separatismo catalán ha mirado al mundo esperando que el mundo lo mirara a él y que asintiera, con benevolencia y simpatía, a sus planes de ruptura. Para lograr ese asentimiento pusieron en pie un costoso dispositivo supuestamente diplomático, aunque bien se lo podían haber ahorrado. Nos lo podían haber ahorrado, ya que se pagó con dinero público. Porque han demostrado mucha más capacidad para inventarse apoyos internacionales que para conseguirlos.

Se inventaron que una Cataluña independiente no quedaría jamás fuera de la Unión Europea. Se inventaron que la UE recibiría con los brazos abiertos a ese nuevo Estado, si es que por alguna artera maniobra quedase fuera en algún momento después de la independencia. Se inventaron que los Gobiernos europeos iban a presionar a España para que se celebrara un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Se inventaron que el departamento de Estado de Estados Unidos había mostrado su apoyo a que se hiciera el referéndum. Algunas fueron invenciones puras y otras fueron invenciones basadas en la pura distorsión.

A estas últimas pertenece el bulo sobre el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Primero Jordi Sánchez y, después, Carles Puigdemont pusieron quejas individuales ante ese Comité de Naciones Unidas alegando que España había vulnerado sus derechos políticos al no permitirles presentarse a la investidura en el parlamento catalán. El hecho de que el Comité admitiera a trámite ambas demandas fue difundido por los independentistas como una resolución favorable. Y, en el caso de Sànchez, dado que el Comité indicaba que había pedido a España que "tomara todas las medidas necesarias" para que pudiera "ejercer sus derechos políticos", incluso como un fundamento para conseguir que pudiera ser efectivamente investido.

Bien. De hacerles caso, ahora tendrían a dos candidatos en perfecto estado de investidura, uno en la cárcel de Neumünster y otro en la de Estremera, porque el Comité de Derechos Humanos ha admitido sus denuncias. Que haya sido una admisión a trámite y que el Comité no se pronunciara de ninguna manera sobre el fondo del asunto, cosa que llevará su tiempo, son detallitos sin importancia para el razonamiento independentista. Aunque no sólo para ese peculiar razonamiento. No pocos periódicos publicaron la noticia con la misma mutilación, y dieron a entender que el Comité había resuelto a favor de los denunciantes. Ante la tergiversación y la confusión, la catedrática Teresa Freixes escribió una nota aclarando qué es, cómo funciona y para qué sirve el Comité de Derechos Humanos. En relación a la insistencia de los medios en que el Comité había tomado "medidas cautelares" respecto de Jordi Sànchez, Freixes decía lo siguiente:

Los Comités no pueden tomar ‘medidas cautelares’. Las medidas cautelares se toman en los procesos judiciales para asegurar que cuando se dicte sentencia, la sentencia pueda ser cumplida (la prisión provisional, por ejemplo, para asegurar la presencia del acusado en el juicio y, en su caso, para que pueda cumplirse la sentencia de privación de libertad si el resultado es condenatorio; o las fianzas dinerarias, por si es necesario pagar indemnizaciones en el futuro, para asegurar que no haya alzamiento de bienes). El CDH de la ONU no puede tomar, por más que se empeñe quien se empeñe, medidas cautelares, puesto que no va emitir ninguna sentencia ejecutiva que sea necesario garantizar.

Es increíble, pero todavía no salta en las redacciones una alerta de comprobación cuando llega una noticia que ha pasado por la sala de maquillaje separatista. Esa cautela, falta. Y con esa falta de cautela, deliberada o no, se dio alas a la ficción de que Sànchez o el propio Puigdemont podían ser investidos por obra y gracia del Comité de Derechos Humanos, bajo la protección, por así decir, de un batallón de cascos azules. De este modo se van encerrando en su creencia, reforzándola, cuanto más la desmiente la realidad: con fantasías basadas en falsedades. Lo más nocivo de falsear tanto los hechos y las noticias no es que puedan engañar a otros; es que se engañan a sí mismos. Un autoengaño preocupante, porque tal como se ha comprobado, sus fantasías no son inofensivas.

En defensa de la verdad y la democracia española

Reproducimos por su interés la carta que los fundadores de ¡Basta ya!, Premio Sajarov del Parlamento Europeo, han enviado a las autoridades y parlamentarios europeos sobre el 'procés' y el golpe separatista en Cataluña.
Plataforma Cívica ¡Basta Ya! elespanol 29 Marzo 2018

Bruselas, 28 de marzo de 2018.
Diputados y autoridades europeas.
Muy señores nuestros:

El pasado otoño nos dirigimos a ustedes como miembros fundadores de la Plataforma Cívica ¡Basta Ya!, reconocida con el Premio Sajarov del año 2000, para llamar su atención sobre el pulso al Estado que el gobierno regional de Cataluña estaba llevando a cabo. Denunciamos entonces la confusión respecto a lo que está pasando en España en relación con Cataluña y les ofrecimos información precisa sobre el intento de sustitución de los hechos por propaganda y emociones manipuladas por un gobierno regional independentista en abierta rebelión contra la democracia española y los Tratados europeos.

Cinco meses después, la Justicia está actuando. El Tribunal Supremo ha activado una Orden de Detención y Entrega contra los promotores del proceso por un delito de rebelión. Como ustedes deben conocer la denominada Euro orden afecta a todos los estados miembros desde el año 2002 y sustituye a la anterior extradición. No la cursan ni la deciden los Gobiernos sino los tribunales de justicia y tiene por objeto que los presuntos delincuentes que huyan de la justicia en cualquier país de la Unión no encuentren cobijo en ninguno de ellos. Es un acto jurídico a favor de la seguridad jurídica y contra la impunidad. Nadie, por muy poderoso que se, puede estar por encima de la ley.

Nadie puede burlarla, sin saltarse las normas constitucionales de su país; todos tenemos derecho a intentar cambiarlas; pero solo es posible hacerlo dentro de la ley y con las normas que nos hemos dado. Si un gobernante se puede saltar la Constitución de su país, o las normas europeas (como la citada Orden) nadie estará seguro: ni los jueces, ni los tribunales ni los propios ciudadanos.

El Sr. Carles Puigdemont, anterior presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, bajo cuyo mandato ocurrieron todos los despropósitos y desafueros conocidos, lleva cinco meses huido de la Justicia española. Sobre él -y otro grupo de dirigentes que como él han optado por darse a la fuga- pesan fundadas acusaciones por graves delitos cometidos en el ejercicio de su cargo; delitos que, de forma similar, están contemplados en la mayor parte de los Códigos Penales de los Estados de la Unión.

Los Tribunales de Justicia españoles, a la luz de toda la información y todas las pruebas obtenidas a lo largo de estos meses, han activado contra todos los prófugos la Orden de Detención y entrega antes mencionada. Al Sr. Puigdemont le llegó estando en Finlandia, y demostró una vez más su nulo deseo de cooperar con la justicia (en este caso finlandesa) y salió huyendo. Ninguna democracia puede dejar impune tal comportamiento. Como decíamos, todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley; los gobernantes (o quienes lo han sido), tienen la doble obligación: cumplir la ley y hacer que se cumpla.

El ciudadano Puigdemont es diputado; pudo presentarse a las elecciones y ser elegido. Tiene intactos sus derechos y de ellos se derivan sus obligaciones. La impunidad por sus actos presuntamente delictivos no es uno de sus derechos; rendir cuentas ante la justicia de sus actos presuntamente delictivos sí es una de sus obligaciones.

Nosotros no somos el Gobierno; somos un grupo de ciudadanos que formamos parte de un movimiento cívico que recibió el Premio Sajarov precisamente por haber destacado en su lucha por las libertades y el respeto a los derechos humanos. Les rogamos tomen nota de esta realidad y actúen en consecuencia.

Como recordatorio, tengan en cuenta la siguiente realidad:
1.- Los ciudadanos de Cataluña, como todos los de España, votan con frecuencia de acuerdo con las reglas democráticas; en Cataluña, seis veces en los últimos cinco años. Es completamente falso que se les impida votar.

2.- Las autoridades catalanas vulneraron sus propias leyes: en las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre impidieron a la oposición ejercer sus derechos parlamentarios a presentar enmiendas y debatir la ley exprés, inconstitucional, de celebración de un referéndum de autodeterminación.

3.- La educación autonómica se ha utilizado sistemáticamente para adoctrinar en el odio a España, difundir el supremacismo catalán y discriminar a los escolares castellanohablantes (más de la mitad).

Los escolares han sido utilizados por el gobierno catalán para manifestaciones y actos públicos a favor de la independencia, llegando a cerrarse por decisión del Gobierno regional los centros escolares y universitarios para propiciar su asistencia.

4.- Cataluña es una de las regiones más prósperas de España y sus ciudadanos disfrutan de un alto nivel de vida y uno de los más altos grados de autogobierno de cualquier región de Europa. La región de Cataluña nunca ha sido una entidad política independiente. Fue un conjunto de condados que formó parte de Francia, y luego del Reino de Aragón hasta que se fusionó dinásticamente con el Reino de Castilla en 1492 para crear la España actual.

5.- El partido que tradicionalmente ha gobernado en Cataluña (actualmente PDeCAT) lleva 30 años utilizando el dinero público, aportado por todos los españoles, para promover su agenda separatista mientras culpaba a España de sus recortes en políticas sociales, educación y sanidad con la acusación “Espanya ens roba” (España nos roba).

6.- Ese mismo partido tiene a sus más importantes dirigentes –dos de ellos expresidentes, Jordi Pujol y Artur Mas– imputados por corrupción política, y se ha financiado de forma continuada con un sistema corrupto conocido como el 3%, lo mínimo que los empresarios debían pagar para acceder a cualquier contrato público. La investigación judicial de esta trama corrupta ha coincidido, y no por casualidad, con la aceleración del proceso separatista, con la esperanza de salvar a los responsables de la acción de la justicia española.

7.- España es una Monarquía Parlamentaria y su Constitución puede ser enmendada por los procedimientos previstos para el caso, incluyendo una reforma que contemplara el derecho a la autodeterminación de partes del territorio, hoy en día tan inconstitucional como lo es en todos los países de la UE, sin excepción.

8.- Una votación sobre una secesión territorial como la que promueve el Gobierno catalán requeriría, para ser democrática, la participación de todos los españoles, porque lo que es de todos, el Estado y el territorio, debe decidirse entre todos.

9.- El separatismo atenta contra la democracia: ha roto de forma unilateral y violenta (no hay ruptura del orden constitucional que no lo sea) con la legalidad española y autonómica, y se han embarcado en una campaña para presentar al Gobierno central como "malvado" por no permitir un referéndum ilegal, declarado inconstitucional por nuestro máximo Tribunal.

Respecto a los acontecimientos del día 1 de Octubre de 2017, las fuerzas del orden cumplieron con las órdenes judiciales para impedir la celebración del referéndum declarado ilegal. Puede discutirse la idoneidad de la instrucción judicial, pero la actuación policial fue proporcional y la habitual en todos los países europeos en casos semejantes.

La policía autonómica catalana, los Mossos (con 17.000 efectivos y competencias de policía integral), boicoteó activamente el cumplimiento de las órdenes judiciales, facilitó los desórdenes públicos y en algunos casos se enfrentó a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), que han tenido 431 heridos en lo que estuvo muy lejos de ser “una jornada pacífica de manifestación nacional”. Las redes informativas y los medios subvencionados por el Gobierno regional catalán, apoyados por la red habitual afín al Gobierno ruso, difundieron sistemáticamente imágenes falsas de violencia y tergiversado los hechos.

El Gobierno regional catalán actuó como una organización consagrada a dar un Golpe de Estado
La administración autonómica se dedicó a dar cobertura política y apoyo material a grupos organizados que actúan en abierta rebeldía contra el orden constitucional, incluyendo ocupación de centros escolares, corte de vías de comunicación, ataques a las fuerzas policiales españolas, e intimidación generalizada de la parte mayoritaria de la sociedad catalana disconforme con este estado de cosas.

Queremos subrayar que toda Europa quedaría muy negativamente afectada si los planes separatistas acabaran imponiéndose. España no es el único país miembro de la Unión Europea con tensiones separatistas, y la posibilidad de derogar por la vía de los hechos consumados su Constitución y su integridad territorial –siguiendo un guión que recuerda la explosión de la antigua Yugoslavia- afectaría tarde o temprano a muchos otros Estados, terminando con el magnífico proyecto de una Europa libre de nacionalismo destructor y xenófobo dentro de sus propias fronteras.

Creemos que es el momento de que las instituciones europeas apoyen a España para restablecer el orden constitucional y las reglas de la democracia en una parte del país, y de la Unión Europea, controlada por una administración sediciosa y una clase política corrupta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
***Firman esta carta: Fernando Savater, Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán, Maite Pagazaurtundua y María San Gil.

El "Parlament" de la rueda del hámster
Los partidos separatistas entran en bucle y convierten la cámara en otro aparato de propaganda.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 29 Marzo 2018

El "Parlament de Catalunya" ha decidido que Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull pueden ser investidos. Así lo han determinado los grupos de Junts per Catalunya, ERC y la CUP y, en parte, "En Comú-Podem". No sirve de nada. La unidad separatista tiene sus contradicciones. La mesa de la cámara, con mayoría independentista, ha decidido aplazar la espinosa cuestión de la delegación de voto de Puigdemont. Lo de este pleno extraordinario iba de estirar la goma y de foguear en la oratoria a las "promesas" parlamentarias en intervenciones tasadas en diez minutos. Debutaron las junteras Gemma Geis y Marta Madrenas y la republicana Anna Caula, así como la podemita Jessica Albiach.

Se aprobaron las dos propuestas de resolución separatistas, la petición de excarcelación de los procesados por el golpe y su elegibilidad, y se rechazó la de Ciudadanos, que pedía la dimisión de Roger Torrent por partidista y la condena de la violencia desatada en Cataluña en los últimos días. Nada que sirva para desencallar la situación. Sigue el bloqueo. En la pasada legislatura, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se refería al proceso separatista como una rueda de hámster. En la actual, cuatro plenos no han servido para nada. Los partidos separatistas han vuelto a la casilla de salida, investir a Puigdemont.

Sostienen que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas les ha dado la razón por admitir a trámite un recurso de la defensa de Jordi Sànchez y que ha dictado unas "medidas cautelares". Arrimadas ha subrayado que en realidad, el citado Comité de Derechos Humanos ha emitido un recibido del recurso en el que especifica que eso no significa un pronunciamiento favorable sobre el fondo de la cuestión. Además ha destacado que a pesar de lo que digan las mociones, Puigdemont no es presidente de nada. Y también que el "Parlament" no puede interpelar al Poder Judicial: "¿Pretenden ustedes decidir quien tiene que salir de la cárcel? ¿Qué será lo próximo, decir quién tiene que entrar en la cárcel? Cierto que en su ley de transitoriedad era el presidente de la Generalidad el que elegiría al presidente del Supremo de su república".

Violencia contra los no separatistas
Ciudadanos, PSC y PP hicieron un esfuerzo para que en el pleno se hablara de la violencia cotidiana que sufren sus cargos, afiliados y simpatizantes, los señalamientos de domicilios, los ataques a las sedes de estos partidos. En ese capítulo, Arrimadas destacó las declaraciones municipales de personas no gratas, la diputada del PSC Eva Granados reportó amenazas a concejales socialistas y el popular Alejandro Fernández habló de los asesinatos de ETA y aludió al asesino de José María Bultó, Carles Sastre. Las diputadas separatistas habían hablado de sentimientos y Fernández replicó que la población no separatista también tiene sentimientos.

Ciudadanos y PSC discutieron sobre la petición de dimisión de Torrent, a quienes los socialistas defendieron. Iceta insiste en un gobierno de concentración y encuentra cierta complicidad de los comunes, que propusieron un "gobierno de personalidades de prestigio del catalanismo y el progresismo" para salir del agujero. Xavier Domènech puso como ejemplo el frente propuesto por Torrent y en el que ya se han encuadrado ANC, Òmnium y los sindicatos UGT y CC.OO
- Seguir leyendo: https://www.libertaddigital.com/espana/2018-03-28/el-parlamento-catalan-debate-sobre-la-investidura-de-puigdemont-1276616210/

Los separatistas retienen el 'Parlament' y relanzan el golpe de Estado
El separatismo se niega a llamar a la calma a sus violentos "comités de defensa" e insiste en investir a un presidente presidiario.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 29 Marzo 2018

Del choque de trenes a la vía muerta. Los partidos separatistas no tienen la más mínima intención de arrancar la legislatura. Siguen en el 1-O, en aquella Marta de los dedos rotos. La manida marmota. Ni siquiera se avienen a condenar de boquilla la violencia ejercida por los "pacíficos" Comités de Defensa de la República (CDR) en los últimos días. Al contrario. Se quejan de la "brutalidad" de los Mossos del 155 que bajo el supuesto mando del Gobierno tardan siete horas en restablecer el tráfico entre España y Francia.

El 'Parlament' ha muerto. Falleció mucho antes de las jornadas del 6 y 7 de septiembre del año pasado, cuando una mayoría parlamentaria separatista (nunca en votos) de la cámara aplastó a la oposición democrática con la promulgación de las leyes del referéndum y la transitoriedad jurídica. El separatismo tomó la cámara con el apoyo físico de los alcaldes y concejales separatistas y no la ha soltado. El 'Parlament' es suyo, forma parte de ese entramado de "instituciones", la Generalidad, las Diputaciones y cientos de ayuntamientos, que son sus "instituciones" de autogobierno, su propia casa aunque el partido más votado sea Ciudadanos.

El cuarto pleno de la legislatura no ha servido más que para que los partidos separatistas exhiban a sus nuevos parlamentarios. El 'Parlament' es menos que un casino de un villorrio del Ampurdán. Está bloqueado, presidido por un joven exalcalde republicano, Roger Torrent, que sigue al pie de la letra los dictados del club de fans de Puigdemont, el grupo de amigos en el que destacan Elsa Artadi y el exjefe de informativos de la radio del conde de Godó.

El pleno extraordinario del miércoles es agua de borrajas. La asamblea de majaras ha decidido que mañana sol y buen tiempo. Una letra de Kortatu, el grupo "vasco", marca el camino de la política catalana. Los diputados separatistas se enfangan en las mentiras. Aseguran que la ONU ha dicho que hay que investir a Sànchez (lo que les da pie a proponer de paso el tres por uno de las investiduras de Puigdemont y Turull), que Suiza niega la extradición no pedida de una individua sobre la que no hay orden de detención, que las calles serán siempre suyas y que el 1-O fue un infierno benemérito con más de mil aporreados.

Nuevas "vedettes" policiales
Los dos mossos interrogados por su participación en la huida de Puigdemont, que habían jurado la Constitución, perseguir los delitos y trincar a los fugitivos, son las nuevas "vedettes" del golpismo. El sindico de greuges (agravios) de Cataluña, ("paralelismo" de defensor del pueblo), Rafael Ribó, ha comparecido este miércoles en el pleno extraordinario del 'Parlament' para denunciar la "violencia policial española". La oposición democrática en Cataluña ha criticado su partidista intervención. Jordi Sànchez, preso preventivo por el asedio a una comitiva judicial el pasado 20 de septiembre, fue su número dos hasta que pasó a presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). En ese cargo "voluntario", el ahora preso cobraba ocho mil euros netos al mes procedentes de la fundación privada de una universidad pública catalana.

Los grupos parlamentarios separatistas se niegan a proponer un candidato sin causas judiciales abiertas al tiempo que estiran la goma del "Parlament", reducido a altavoz del golpe. La cuarta sesión de la actual legislatura no ha servido ni para descartar un candidato de los tres que ahora se plantean los separatistas (Puigdemont, Sànchez y Turull). El republicano Torrent sigue chupando cámara. Comisiones Obreras y la UGT ya se han alistado en su frente revolucionario. Las diputadas nacionalistas Elsa Artadi, Gemma Geis y Anna Caula han acusado directamente a Ciudadanos, PP y PSC de los encarcelamientos y "exilios" de los golpistas.

La fractura social arrasa el 'Parlament'. Artadi justifica en el atril que no se salude a los diputados del PP, Ciudadanos y el PSC mientras las alcaldesa separatista de Gerona, Marta Madrenas, presume de sus hazañas, que consisten en haber participado en el corte de las vías del AVE en su ciudad e instigado el asedio a la subdelegación del Gobierno. El 'Parlament' es un juguete roto en manos del separatismo, un altavoz de los golpistas, una cámara destrozada en manos de los golpistas.

ASÍ FUNCIONA SU PROPAGANDA
Las mentiras de Puigdemont y el independentismo, desmontadas una a una
Rafa Rodríguez. esdiario 29 Marzo 2018

La fenomenal campaña para fabricar secesionistas se sustenta en mentiras y falsedades repetidas y aumentadas desde hace años. Son éstas, explicadas una a una.

El secesionismo está dividido y libra una batalla soterrada por el control de los cerca de dos millones de votantes que sus distintas siglas acumulan. De un lado, a grandes rasgos aunque todo puede cambiar en horas, ERC y el PdeCat, partidarios de 'aceptar' sin que se note las reglas del juego legales sin renunciar a su objetivo soberanista, eligiendo a tal fin a un presidente y un Gobierno sin mancilla judicial.

De otro, Junts pel Catalunya y la CUP, con la Anc y Òmnium de su parte, mayoritariamente, dispuestos a echarse el monte y a mantener el desafío aunque ello haga ingobernable Cataluña y aboque al choque político, judicial y tal vez social. Entre medias, unos y otros mantienen de cara al público una actitud compartida y victimista, sostenida en un cúmulo de falsedades históricas y otras de nuevo cuño que aumentan el martirologio, tienen en TV3 su principal altavoz y movilizan a los más radicales en la calle.

¿Tienen algo de cierto sus quejas? ¿Hay alguna razón de fondo en alguna de sus protestas? ¿Existe represión en España? ¿Se ha abusado económicamente de Cataluña? ¿Está Europa con los autodenominados 'presos políticos'? Todas estas preguntas tienen respuesta, y la práctica totalidad son adversas para el soberanismo. En el siguiente reportaje, se desmontan una a una.

Con los datos en la mano, no existe un agravio hacia Cataluña. Ni económico ni histórico ni lingüístico

¿Respaldan la ONU y Europa a los independentistas?
La respuesta es un contundente no. Naciones Unidas ha admitido una queja de Jordi Sánchez en la que pide se respeten sus supuestos derechos políticos. Eso ha sido suficiente para el nacionalismo venda un respaldo que no existe. La realidad es que la ONU admite a trámite la práctica totalidad de las protestas que recibe, un mero trámite rutinario que no prejuzga sus resoluciones, nunca vinculantes.

Por decirlo en otras palabras, da por recibido un mensaje que ni siquiera ha leído. En todo caso, la lectura correcta es bien distinta a la propagada por el 'procés': el Comité de Derechos Humanos respeta y defiende el ordenamiento jurídico español, reconoce la vigencia de la separación de poderes en España y, en definitiva, asume las garantías democráticas presentes en la respuesta global al desafío.

Y lo mismo ocurre con Europa. Oficialmente, y en multitud de declaraciones, repudia el secesionismo y a Puigdemont, sin ninguna excepción institucional. Ni siquiera Bélgica es comprensiva con el pulso desde Cataluña, por mucho que sus protagonistas esparzan la idea de que la UE les mira con cierta simpatía.

¿Se puede hablar con razón de una historia de España contra Cataluña?
No, en absoluto. Ni en 1714 ni en los trescientos años transcurridos desde entonces. Si la política democrática consistiera en esgrimir agravios históricos probablemente los pueblos europeos, y con ellos el español, nunca hubiéramos logrado superar nuestras diferencias de forma pacífica.

¿La Transición fue querida por los catalanes?
De manera abrumadora, la Transición española fue también una transición muy catalana. Los catalanes tenían una clara conciencia de que no había habido una guerra civil de Cataluña contra España, sino una guerra civil de todos los españoles, también de unos catalanes contra otros catalanes.

¿La Constitución y el Estatuto de 1979 fueron queridos por los catalanes?
La Constitución española es también la Constitución de los catalanes, que la celebraron masivamente. Lo es sea cual sea su residencia, igual que es la Constitución de los madrileños, los vascos o los andaluces que viven y trabajan en Cataluña. Dos de los siete ponentes constitucionales eran catalanes y muchos diputados y senadores catalanes hicieron aportaciones destacadas a la Constitución, apoyada en definitiva por más del 90% de los catalanes, una de las cifras más altas de España.

¿La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006 impide que los catalanes tengan un estatus satisfactorio dentro del marco constitucional español?
Obviamente no. Eso se repite todos los días en declaraciones y documentos, hasta el punto de que esa es la creencia general de muchos ciudadanos catalanes, pero no es verdad. Es una lamentable excusa, porque el Estatuto era inconstitucional en numerosos e importantes aspectos y el Tribunal Constitucional no tuvo más remedio que declararlo así. No fue por razones más que legales, aunque políticas y sociales existan muchas desde luego.

¿Puede hablarse de falta de representación de los catalanes en el proceso constituyente o en las instituciones del Estado?
No, bajo ningún concepto. Desde 1977 hasta hoy el número de diputados en el Congreso elegidos en Cataluña ha sido de 579. Los diputados elegidos en Madrid han sido 429. Algo parecido puede decirse del Senado. Desde ese punto de vista, la Constitución y las leyes que se han hecho en el Congreso de los Diputados para toda España han sido, de alguna manera, mucho más catalanas que madrileñas. La negativa de Puigdemont a debatir su desafío en el Congreso resume el carácter ilegal del monólogo secesionista, que se magnifica en su emproio de medios públicos, en la educación en los centros públicos y no reconoce el derecho a rebatir ni la jerarquía de las leyes o de la soberanía compartida de todos los españoles.

¿Existe un derecho a decidir al margen de la Constitución y el Derecho?
Ni en España ni en ninguna otra democracia. La Constitución y las leyes son precisamente las que aseguran el derecho a decidir sobre los asuntos políticos que nos afectan, como se viene haciendo con absoluta transparencia y naturalidad en las elecciones locales, autonómicas, europeas y generales, entre otros procedimientos, incluido el referéndum en los términos fijados en la Constitución.

¿Es aplicable a Cataluña el llamado derecho de autodeterminación?
No, no lo es. Se trata de un derecho limitado a procesos de descolonización y regímenes no democráticos y que no respetan el Estado de Derecho, sujeto a condiciones enumeradas por la ONU que no tienen nada que ver con lo que sucede en Cataluña ni en ninguna otra parte de España. Ninguna Constitución del mundo democrático lo reconoce y sólo dos lo hacen: la de Nigeria y la de una pequeña isla del archipiélago caribeño, San Cristóbal y Nieves.

¿Es legal o viable convocar referendos en Cataluña?
No. Ni la Generalitat de Cataluña ni ninguna otra institución española pueden plantear un referéndum con semejante contenido. Cuando se apela al derecho a decidir, como ocurría en la Ley del Parlamento Vasco y ahora en Cataluña, el Tribunal observa que ese derecho presupondría la existencia de un sujeto (pueblo vasco, pueblo catalán) equivalente al sujeto titular de la soberanía que es el pueblo español. Pero ni cabe otro soberano, ni el derecho a decidir deja de afectar al conjunto de los ciudadanos. El independentismo supone alrededor del 7% de la población española, donde reside la soberanía nacional, pero también la democracia: se pretende quitar, de manera unilateral e ilegal, un derecho básico del Estado de Derecho al 93% de los españoles, catalanes incluidos.

¿Puede el Estado convocar una consulta o delegar la convocatoria de la misma en la Generalitat, tal y como ha acordado el Parlament?
Es prácticamente imposible. No cabe que ninguna institución, ni siquiera el Gobierno del Estado, convoque un referéndum de secesión. Como tampoco cabe que el Gobierno delegue en la Generalitat la competencia para convocar una consulta de esta naturaleza, y menos aún para convocar un referéndum con unas preguntas anunciadas en su momento por los propios interesados, que ya se conoce que son inequívocamente inconstitucionales.

¿Existe algún otro cauce legal para una consulta de secesión en Cataluña sin modificar la Constitución?
No existe ahora mismo ningún otro cauce legal para una consulta de secesión en Cataluña sin modificar la Constitución. Si la Constitución no se puede reformar fácilmente es porque de ese modo se garantiza que el acuerdo de todos no se puede cambiar entre unos cuantos, y esto es algo que beneficia a los partidos pequeños, no al revés, como en ocasiones se afirma. Ni aunque el Gobierno de Rajoy quisiera, pues, podría aceptarse algo así.

¿Pero si se hiciera una consulta podría tener efectos prácticos?
Supongamos que, no obstante, se encuentra la manera de celebrar una consulta exclusivamente en Cataluña sobre su independencia, algo imposible en estos momentos. Sus efectos, en el caso de un apoyo mayoritario a la separación, serían inviables. Algo así requiere de una reforma de la Carta Magna que no se puede hacer con un apaño: necesita el respaldo de dos tercios del Congreso y su disolución para convocar Elecciones Generales. Las nuevas Cámaras deberían ratificar esa reforma por 2/3 de nuevo (es decir, con el PP y Ciudadanos votando a favor) y, aunque lo hicieran, haría falta un último requisito: que lo respaldaran también los españoles en un referéndum de carácter nacional.

¿España ha robado en el pasado a Cataluña?
No. Desde el siglo XVIII se constata un intenso proceso de modernización de la sociedad catalana, uno de cuyos indicadores más claros es el aumento de su población. Gracias a estas políticas proteccionistas y no de libre competencia, Barcelona pudo convertirse en una gran ciudad comercial e industrial, como núcleo de una Cataluña próspera. En cifras, la dependencia de Cataluña de España es absoluta; tanto por el comercio interior cuanto por la participación en Europa gracias a la pertenencia a un Estado integrado.

¿España roba ahora a Cataluña?
Por supuesto que no. El secesionismo afirma que existe un presunto maltrato fiscal que padecen los ciudadanos catalanes en el actual modelo de Estado y que por ello es urgente alterar el sistema de financiación de Cataluña, como primera etapa, y avanzar luego por la senda de la ruptura como un empeño ineludible tras tantos años de injusticia. Pero eso no es más que un mito, algo que a fuerza de ser repetido puede llegar a parecer verdadero, pero no lo es.

Es, simplemente, la propaganda que algunos partidos catalanes han alimentado para activar uno de los factores más peligrosos del populismo nacionalista: el sentimiento de pertenencia a una comunidad que es agredida desde el exterior y cuya identidad está siendo puesta en peligro. Los medios públicos catalanes, los más costosos de España con un gasto superior a canales nacionales como Antena 3 y Tele 5, han sido una sistemática maquinaria de envenenamiento de los ciudadanos con propaganda incompatible con los datos fríos.

Cataluña vende hasta 60.000 millones al resto de España y ha recibido otros tantos de rescate

¿Cuál sería la moneda de una Cataluña fuera de España?
Una Cataluña fuera de España estaría fuera también de la Unión Europea y, cómo no, de la Unión Económica y Monetaria, es decir, del euro. La deslocalización de instituciones financieras, los costes de financiación más elevados, la caída de las exportaciones a España y a la UE, y la deslocalización de empresas no financieras son algunos de los efectos que se seguirían naturalmente del mantenimiento del “euro catalán” como moneda de una Cataluña escindida. Basta recordar que, cuando la Generalita ha querido financiarse al lado de España, su deuda ha sido calificado de 'bono basura' y ha tenido que inventar 'bonos patrióticos' para que los catalanes les presten dinero. Sin España, Cataluña hubiera quedado arrollada por la crisis: unos 60.000 millones de euros han ido a parar allí a través del FLA, el mismo importe que uno de los rescates a Grecia.

¿Sería más rica una Cataluña fuera de España?
Al contrario. Su situación económica cambiaría muchísimo y para mal. Además de perder el euro, si Cataluña se encontrase fuera de la Unión Europea se vería separada de sus vecinos, España y Francia, y del resto de socios europeos por el Arancel Exterior de la Unión; la legislación de la Unión dejaría de aplicarse en Cataluña, y también se vería privada de los Fondos de la Política Agrícola Común y de los demás fondos que a lo largo de su historia Europa ha creado para paliar los efectos de la crisis en países que han estado seriamente afectados por ella o para favorecer el desarrollo regional de algunos de ellos. Sería, simplemente, un desastre quizá irreversible: su reincoporación a Europa sería lenta, condicionada o directamente imposible. Nadie en la UE avalaría algo así a costa de España.

¿Seguiría Cataluña en la OTAN?
No, no seguiría en la OTAN, por razón equivalente a la anterior. Su portavoz recientemente ha dejado claro que si una parte del territorio nacional de un país se secesiona, tendría que renegociar su entrada: “Para que cualquier nación se incorpore a la Alianza necesitaría obtener el consenso de todos los aliados de la OTAN”. Seguiría dependiendo, también en eso, de España. Y tampoco podría estar en la ONU: países con tensiones internas como Francia, Rusia o China lo vetarían, sin la menor duda.

¿Cuánto empleo y riqueza perdería Cataluña?
Por efecto frontera y deslocalización, los Flujos Comerciales de Cataluña con el resto de España se contraerían un 45%. En la actualidad, la economía catalana vende entre 44.000 millones y 62.000 millones de euros al resto de España, según qué magnitudes se incluyan en el epígrafe, que se pondrían en peligro. El stock de Inversión Extranjera Directa se reduciría en 20.000 millones.

El impacto en el empleo sería muy grave: provocaría una destrucción de hasta 447.000 puestos de trabajo, el 16% de la ocupación, de modo que la tasa de paro alcanzaría el 34,4%. El déficit público aumentaría al 10,3% del PIB y la deuda pública hasta el 118% del PIB, con vencimientos anuales del 25% del PIB, lo que situaría a Cataluña entre los países más endeudados.

El grave deterioro de las finanzas públicas obligaría a fuertes recortes de gasto público de la Generalitat en partidas clave para el bienestar social. Las implicaciones negativas en el balance bancario harían inviable la financiación de PYMES y supondrían una restricción financiera insalvable. En fondos europeos, Cataluña perdería cada año unos 500 millones de euros, en su mayoría agrícolas, lo que reduciría un 16% la renta de las 59.000 masías. Y, por último, Cataluña tendría que hacerse cargo de al menos 100.000 millones de la deuda de España que le correspondería liquidar como cuota propia del conjunto.

Esta información se ha elaborado con datos del Ministerio de economía, de la propia Generalitat de Cataluña, con datos propios de este periódico y con sendos estudios de Societat Civil Catalana y de la fundación FAES recopilados por ABC

Los Mossos ocultaron las relaciones de los CDR con Sortu
Carlos Cuesta okdiario 29 Marzo 2018

Los Mossos conocen y ocultaron las relaciones de los CDR con Sortu. Las conocen hasta tal punto que hicieron seguimientos e informes de sus reuniones en la fase final del golpe del 1-O. Una de las citas seguidas, tal y como recogen los informes de los Mossos fue el “acto de campaña del referéndum. El acto se celebró el 16 de septiembre en Torredembarra”.

Aquel acto fue importante para la CUP y sus organizaciones satélite. Tanto que el acto, “organizado por la CUP”, contó “con la participación de Sortu” y con más gente. Porque la Guardia Civil sabe que asistieron no sólo personas de la CUP, sino también integrantes de los cuadros que orquestan los Comités de Defensa de la República (CDR) que hoy actúan como arietes para desestabilizar la calle y generar actos violentos en Cataluña.

El acto fue “publicitado, días atrás mediante carteles y pancartas. Hay montado un escenario, megafonía y una gran pancarta con el lema “Referéndum 1 de octubre, SÍ”, señala el informe de los Mossos, que contabba con numerosos detalles como quiénes asistieron, discursos y sucesos dentro del evento de los radicales.

Intentaron quemar los informes
El informe de los Mossos hoy está en manos de la Policía Nacional de la Justicia. Y lo está por dos motivos. El primero, porque formaba parte del material que los Mossos han pretendido eliminar antes de que el 155 permitiese a los agentes nacionales y a la Administración central acceder a los informes oficiales que reflejan el comportamiento de los distintos departamentos públicos durante el golpe separatista del 1-O. Gracias a la intervención urgente de la Policía Nacional ese propósito de eliminación no llegó a buen fin.

Y el segundo, porque, tal y como ha anotado la Policía Nacional en su informe de resumen del material intervenido a los Mossos, “no se realiza intervención de material ni se impide la celebración del acto”. La Policía, de hecho, ha realizado esta anotación subrayando literalmente en la escritura el hecho, porque ante la importancia del evento, la ilegalidad de los mensajes y los protagonistas reunidos, les ha parecido en hecho importante a la hora de plasmar el comportamiento de los asistentes y de los Mossos.

Las estructuras presentes en ese acto -y otros- tienen, de hecho, una importancia más que reseñable para explicar los sucesos de estos días en Cataluña. Tanto como la tienen las relaciones tradicionales de la CUP -con o sin los CDR- en el entorno batasuno.

De hecho, los Mossos también intentaron destruir la información que recogía algunos de los principales contactos de este partido a lo largo de años con el entorno batasuno. Unos documentos que los propios Mossos consideraban delicados –por eso los documentaron y elaboraron informes– y que revelan que PDeCAT conocía a la perfección las peligrosas relaciones de la CUP y, pese a ello, no tuvo problema alguno en pactar con la CUP para formar Gobierno.

CUP, Bildu y BNG
Entre esa documentación, de hecho, figura un encuentro de 2014 a raíz de la presentación de la candidatura europea “Los Pueblos Deciden”. Los Mossos elaboraron informes sobre los contactos mantenidos con ese motivo por la CUP y Bildu. Pero también con otra formación política: BNG.

Los seguimientos continuaron. Y se fue ampliando el radio de acción. Los Mossos investigaron, así, todo lo rodeado con el “acta del Grupo de Acción Parlamentaria de la CUP”; se hicieron con la “hoja de ruta de la CUP” de las “elecciones de 2015”; y con el “acta de reunión con Sortu realizada el 28 de enero de 2014 en el Casal Independentista de Sants de Barcelona”, tal y como muestran los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Porque los Mossos sabían, al menos desde 2014, que la CUP tenía contactos con los grupos batasunos.
La Guardia Civil, además, hace tiempo que investiga estas relaciones de la CUP y los batasunos. La CUP de Anna Gabriel está siendo investigada actualmente por la Benemérita precisamente por las relaciones financieras y políticas que mantiene con grupos radicales vascos e internacionales. La Guardia Civil ha puesto ya la lupa sobre los vínculos que unen a estos colectivos y que habitualmente usan como mecanismo de conexión la web “withcatalonia.org” -tal y como adelantó OKDIARIO-. Los contactos son habituales y muchos de ellos fueron tendentes al apoyo al golpe del 1-O.

Contactos que han hecho que la Guardia Civil investigue si, además de compartir objetivos y contactos, también comparten estructura financiera.

Entre esas relaciones, destaca una especialmente, la que desembocó en el encuentro del pasado 16 y 17 de diciembre en Barcelona bajo el lema “Construyamos república. Encuentro popular de solidaridad con Catalunya”. Para esa cita se coordinaron 122 grupos nacionales e internacionales y otros 14 dieron apoyo. Entre ellos, figuraba toda una larga lista de grupos de extrema izquierda y grupos radicales vascos. Así, entre los asistentes se encontraron miembros de Sortu, Askapena, Alternatiba (Euskal Herria), Altsasu Gurasoak o EH Bildu, procedentes del País Vasco.?Toda una colección de grupos catalanes como Arran, Xarxa Roja Catalunya y toda una larga colección de CDR nacionales e internacionales (de Barcelona, Mallorca, París, México y Burdeos).

La Guardia Civil analiza ya todos esos contactos a la vista de que los eventos han debido pagarse con subvenciones -principal fuente de recursos de la CUP- y que esas partidas públicas son finalistas. Es decir, no se pueden utilizar para cualquier fin. La Guardia Civil comprueba, además, si hay vínculos de cruce de financiación entre algunos de esos grupos. Cruces que podrían estar dirigiendo fondos hacia fines como el apoyo al golpismo separatista tras el 1-O.

PP y C’s se hacen de izquierdas en Baleares
OKDIARIO okdiario 29 Marzo 2018

La independentista Francina Armengol ha de estar que no se lo cree. Ni en sus mejores sueños hubiera podido imaginar al Partido Popular y a Ciudadanos apoyando una Ley de Memoria Histórica que invade la propiedad privada y pretende aleccionar a los estudiantes en los centros educativos. Tanto populares como naranjas parecen haber caído presa del Síndrome de Estocolmo para apoyar una norma de este tipo que, como no podía ser de otro modo, ha sido impulsada por el propio PSOE —una de las federaciones más independentistas junto con la de Cataluña— Podemos y los nacionalistas radicales de Més y Gent per Formentera. Se equivocan gravemente tanto Biel Company, presidente del PP en Baleares, como Xavier Pericay, su homólogo en C’s.

Primero, por bailarle el agua a formaciones que han mostrado con preocupante reiteración su rechazo a España; segundo, por posibilitar el cumplimiento de una norma que obliga a particulares a retirar de sus propiedades cualquier vestigio del franquismo como escudos, placas o esculturas. Algo que atenta contra el sagrado derecho a la propiedad privada. No hace falta ni decir —aunque no será la primera ni la última vez a tenor de la sociedad maniquea en la que vivimos— que tanto la Guerra Civil como la posterior dictadura de Francisco Franco fueron execrables. Ahí está el clarividente pensamiento del prestigioso hispanista Stanley G. Payne para resumirlo: “La Guerra Civil fue una lucha de malos contra malos”. No obstante, 80 años después de su finalización, algunos pretenden seguir sacando rédito político de ella con unas propuestas que están más ancladas en el sectarismo y en el mero interés electoral que en la reflexión sosegada y el análisis riguroso que exige la historia de cualquier país. El PP de Company, además, ha tenido una actitud demasiado tibia al respecto del adoctrinamiento del catalán en las aulas llegando a coquetear incluso con los nacionalistas.

Hasta ahora, PP y Ciudadanos habían sido una garantía para el espíritu constitucionalista en toda España. Mención especial al trabajo realizado en Cataluña dentro de un contexto hostil, casi irrespirable. De ahí que sea más incomprensible que apoyen esta medida que amplía y fortalece las verdaderas intenciones de Francina Armengol y sus socios de gobierno: implantar una dictadura lingüística —y por tanto de pensamiento— asentada en el catalán y en los principios independentistas. Los dos grandes partidos de España, según todas las encuestas, no deben caer en este tipo de trampas, ya que además de ser incongruentes dañan sus siglas a nivel nacional. Dado el difícil contexto en el que nos encontramos, apoyar estas leyes es favorecer a todos aquéllos que tratan de reescribir el pasado para condicionar un futuro pacífico y próspero en España.

PP y C’s de Baleares apoyan una ley que obliga a enseñar Memoria Histórica y va contra la propiedad privada
Luz Sela okdiario 29 Marzo 2018

El Parlamento balear ha aprobado, con el apoyo del PP y Ciudadanos, la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos impulsada por los grupos de la izquierda (Podemos, PSOE, Més y Gent per Formentera) y que, entre otras medidas, obliga a los particulares a retirar de sus propiedades cualquier vestigio del franquismo, como escudos, placas o esculturas. Entre otras medidas, se establece también que los centros escolares tendrán que impartir materias relacionadas con la Memoria Histórica y los profesores, instruirse en este tema. La ley establece además un régimen sancionador, del que sí se han desmarcado tanto PP como Ciudadanos.

Así, el texto aprobado considera contrario a lo que denomina ‘Memoria Democrática’ la “exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como inscripciones y otros elementos en edificios públicos o situados en la vía pública” en favor del franquismo y sus dirigentes, “la celebración de actos y homenajes” o la promoción de “distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentan el régimen dictatorial”.

Una comisión creada al efecto deberá realizar en el plazo de un año un censo de símbolos, leyendas y menciones “que han de ser retiradas o eliminadas”. En el caso de que estén colocados en edificios privados, la administración se reserva la posibilidad de intervenir para obligar a sus propietarios que “serán responsables de retirarlos o eliminarlos”. “No habiéndose producido esa retirada de manera voluntaria”, se añade, la consellería podrá iniciar el procedimiento correspondiente para obligar al propietario y si aún así se resiste, el Gobierno o la administración “colaboradora” podrá, finalmente, “efectuar la retirada”.

La ley recoge también la obligación de incluir contenidos educativos sobre ‘Memoria Democrática’ en los centros escolares dirigidos a “reforzar los valores democráticos” y que se extenderán durante todo el itinerario, desde primaria hasta Bachillerato. Los profesores también estarán obligados a realizar cursos sobre el “tratamiento escolar de la Memoria Democrática en las Islas Baleares”.

Además, la nueva normativa contempla un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en las islas, algo que no existe a nivel nacional, y compromete a las autoridades baleares a adoptar las actuaciones necesarias para “la identificación de las víctimas que hayan sido ejecutadas, que hayan sufrido la represión, además de sus familiares”.

Se considerarán también víctimas las organizaciones, partidos políticos, sindicatos, logias, movimientos feministas o LGTBI que “hayan sufrido la persecución del régimen franquista”, los ciudadanos de baleares que hayan “padecido las mismas circunstancias fuera del territorio de la comunidad autónoma” y sus familiares hasta el tercer grado.

Además, se determina la “anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales” de “personas que participaron en el bando golpista y/o activamente durante la represión” realizándose las correspondientes diligencias, que serán trasladadas al Gobierno central.

La ley incluye también lo que denomina “espacios e itinerarios de la Memoria”, referidos a “espacios inmuebles o parajes que tengan interés para la comunidad autónoma por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o repercusión en la memoria colectiva de la lucha de la ciudadanía de las Islas Baleares por sus derechos y libertades democráticas”. El apartado recoge la posibilidad de expropiar estas propiedades si incumplen determinadas obligaciones.

La ley recoge sanciones económicas que van de los 200 a los 150.000 euros en el caso de infracciones “muy graves”. Estas son “la realización de daños a espacios o mobiliario de los Espacios de la Memoria y Reconocimiento Democrático’, “incumplir la orden de retirada de escudos, insignias, esculturas, placas y otros objetos o menciones, como la guía de calles y otras inscripciones o elementos, conmemorativos o de exaltación, enaltecimiento individual o colectivo del franquismo, sus dirigentes o las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”, además de la “realización de obras o intervenciones en un Espacio de la Memoria sin autorización”.

El diputado y portavoz del grupo nacionalista MÉS per Mallorca, David Abril, destacóque el Parlament “sigue haciendo historia” y sitúa a Baleares como una comunidad “pionera” en la defensa de las personas represaliadas y sus familiares.

Por parte del PP, el diputado Juan Manuel Lafuente se refirió al “desgraciado hecho histórico” que supuso la guerra civil, que “no se debería utilizar” para el “enfrentamiento político, ni para lograr votos a corto plazo, ni para crear mitos que se impongan en la historia, como precisamente se hizo durante los cuarenta años de la dictadura”.

El PP agradeció los cambios introducidos en el texto original para reconocer a “todas las víctimas”, sin “distinguir” a las de uno u otro bando: “Los muertos son de todos y forman parte de nuestra historia”, defendió.

La diputada socialista Silvia Cano manifestó que esta ley es una “respuesta” para saldar una “deuda pendiente” con las mujeres y hombres que fueron “asesinados” por defender la democracia tras el “golpe franquista”.

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