AGLI Recortes de Prensa   Viernes 30  Marzo 2018

Coherencia frente a voluntarismos
José T. Raga Libertad Digital 30 Marzo 2018

Bajar los impuestos no es suficiente si no se eliminan también los desincentivos a la actividad económica.

O dicho de otro modo, conviene, a la hora de tomar decisiones, tener los pies bien posados en el suelo, no sea que sobrevolando la realidad, a distancia tan larga como necesaria, perdamos su entidad, sus características y sus exigencias.

Pocas veces el mundo es como nos gustaría que fuese, por ello, dejarnos llevar por lo que nos gustaría puede acarrear males mayores que los que se pretenden evitar. Las cartas a los Reyes Magos, con frecuencia nos sorprenden al llegar la factura; un detalle olvidado.

Si en cualquier momento, en frío y en abstracto, se me pregunta si soy partidario de bajar los impuestos, mi respuesta será contundentemente afirmativa. Y ello, porque soy consciente de que las Administraciones Públicas gastan mucho y mal; es decir con poca eficiencia y en objetivos que poco o nada añaden al bienestar de los ciudadanos.

Comprendo que los votos, para quienes dependen de ellos, son un bien escaso y de primera necesidad, por lo que puede ocurrir que, en estado de necesidad, se tomen decisiones que racionalmente nunca se habrían tomado.

Así, cuando la economía (pese a su recuperación) sigue operando en déficit público (no hay que confundir "déficit" con "límite del déficit") resulta incoherente pedir reducción de impuestos y elevación del gasto público, al grito de "se acabó la austeridad".

Ya sé que se me argumentará que Laffer demostró que cuando bajan los tipos impositivos aumenta la actividad económica y, consecuentemente, aumenta la recaudación tributaria.

Aunque, Laffer exigía una condición: que no haya restricciones en los mercados ni en las condiciones para el desenvolvimiento de actividades económicas. España, sin embargo, es un ejemplo de libro en restricciones de todo tipo y en barreras administrativas al inicio de cualquier iniciativa empresarial.

¿Quiere decirse que no deben bajar los impuestos? No. Lo que estoy diciendo es que no basta bajar impuestos si no se eliminan los desincentivos a la actividad económica, tanto en restricciones – legales y conductuales – como en la prolija regulación que, no por ello, elimina la discrecionalidad en las decisiones de la Administración.

Hecho esto, redúzcase el gasto y redúzcanse los impuestos. Y, por cierto, me atrevo a formular lo que algunos considerarán una cuestión menor, pero que creo no lo es. ¿Se ha olvidado que España debe a sus acreedores tanto como producto interior bruto genera cada año? ¿A nadie se le ha ocurrido pensar que la deuda hay que pagarla y que la bonanza en tipos de interés puede estar cerca de su fin?

Deuda es, simplemente, acumulación de déficits sucesivos y, por tanto, sólo podrá pagarse, también, mediante sucesivos superávits. Estos, sin embargo, no se consiguen aumentando gastos y disminuyendo impuestos.

Y repito, que soy ferviente partidario de reducir impuestos, pero también lo soy de no incurrir en déficits y de ir reduciendo los extraordinarios niveles de deuda pública. Vivir como rico siendo pobre, no pasa de ser un voluntarismo del que un día quizá se despierte violentamente.

La política como vocación
El autor reflexiona sobre los problemas de convertir la política en una profesión lucrativa y pide cambios que saquen al político de su burbuja y lo hagan depender de los ciudadanos.
Lorenzo Abadía elespanol 30 Marzo 2018

Cuando todavía reverberan las voces de menosprecio que Mariano Rajoy dirigió a los cuadros de Ciudadanos, tachándolos de aficionados, a más de un directivo popular, presidente incluido, le habría convenido haber leído La política como vocación de Max Weber. No se preocupen los filántropos, la satisfacción intelectual que les habría producido conocer un error perfectamente descrito en la teoría política para no cometerlo en la práctica, se verá compensado con la ignorancia de haberlo cometido, pues no lo leerán nunca, precisamente por lo que pretendo explicar.

Que la política consiste en la lucha por el poder, es algo que a nadie con el grosero gusto de leer se nos escapa, desde que nos iniciamos con Maquiavelo y después con toda la escuela realista que ha seguido su estela.

Max Weber lo definió en innumerables obras y ocasiones: “Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas o egoístas) o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere”. Es a través de estos matices donde el gran sociólogo alemán encontró una diferencia de orden sustancial. Para él había dos modos de hacer de la política una profesión: o se vive para ella o se vive de ella. La diferencia, empero, no es crematística.

Vive para la política quien la convierte en el centro de gravedad de su existencia, “hace de ello su vida en un sentido íntimo”, ya sea disfrutando del ejercicio del poder logrado, desarrollando su programa, u obteniendo la tranquilidad de conciencia que otorga poner la vida al servicio de una causa que le transciende. Vivir de la política como profesión es convertirla en una fuente permanente de ingresos. Ambas formas no son excluyentes. Quien no disponga de dinero de cuna o no haya sabido ganarlo en suficiente cantidad como para no tener que depender de él antes de dedicarse a la res publica, necesitará que la profesión de la política le financie sus necesidades vitales.

La diferencia fundamental entre el político de fuste y el funcionario de la política se halla en el lugar que Weber nos sugirió y que no es otro que la vocación. Trasladada a nuestros días, un verdadero aficionado a la política, entendiendo por ello a quien no ha vivido permanentemente de ella, puede resultar mucho más profesional que quien cree serlo. Viviendo para la política, ha podido dedicarle más energía y recursos, mientras desarrollaba otra actividad profesional, que quien lleva veinte años cobrando del erario público por calentar un escaño. Y sin costarle un euro al Estado. No habría más que analizar la libertad de su pensamiento, la hondura de su razón, el espíritu creador de su obra, las iniciativas políticas que ha emprendido desde la sociedad civil y el dinero que todo ello le ha costado personalmente. Incluso comprobando cual ha sido su actividad económica entre cargo y cargo público. Alguien así, vive para la política sin vivir de la política porque tiene vocación. Si hoy tiene un cargo público, es consciente de su carácter temporal. Y se ha preparado para ello.

Sin embargo, puede haber, y los hay, profesionales que han hecho de la política su modus vivendi, sin la menor vocación. Es el caso de quien vive de ella sin vivir para ella. También resulta fácil identificarle. Carece de ideales y no tiene otro objetivo que el disfrute, no tanto del poder como de las prebendas que éste le regala como dádiva divina. Aquel cuyas obras completas suponen algún puñado de tuits y concede más espacio en el salón de su casa (no tiene despacho profesional propio) a los videojuegos de sus hijos que a su famélica biblioteca. Aquel que cubre la dignidad del amor propio del que carece con la indignidad de la soberbia que rebosa. Habiéndole sido negada la gracia de la creatividad y del sentido del esfuerzo, le suelen hacer los programas que tan poco le cuesta traicionar. Los llamamos las castas parasitarias y si alguien cree que no existen, entreténgase en analizar la vida de muchos políticos que han engrosado la nómina del Estado los últimos veinte años.

Por eso resulta tan paradójica la actuación del Partido Popular, al tildar de aficionados a los dirigentes de Cs. No porque otros partidos no se encuentren en la misma situación, sino porque al menos han tenido la decencia de no señalar en los demás aquellos vicios respecto a los que se han convertido en un auténtico referente.

No era fácil encontrar en la España de los últimos treinta años un partido más ayuno de vocación, cuyas muestras no solo transitan el obsceno incumplimiento de su credo y el inmovilismo vegetativo ante muchos de los problemas de España, mostrando el pulso exclusivamente al cortoplacismo oportunista, sino que han ido dando puntual cuenta de la hechura política de sus miembros desde el congreso de Valencia. Tal es su sentido de la profesionalidad, que, por seguir ingresando la nómina del Estado que consideran opositada, procuran esconderse en la grey para que su opacidad natural no arroje incómodos destellos. ¿Acaso era esa la profesionalidad a la que se refirió Max Weber?

Nada habría que decir, en primer lugar, si ese y el resto de los partidos estuviesen financiados por sus afiliados. Allá ellos. Pero no es así. Si la política profesional es lo que representa el PP, era absolutamente necesario que llegara un partido de aficionados a cambiar las reglas de juego. Era preceptivo que gente dedicada a otras actividades profesionales diera el paso para intentar modificar hábitos y patrones de conducta enquistados desde hace tiempo. La gran revolución pendiente ha de consistir en descastar al político, en sacarlo de la burbuja y en hacerlo dependiente de los ciudadanos, pues solo con vocación aguantará en la brecha.

Con la vieja política que representa el PP, no habrá solución para los más acuciantes de nuestros males. Por eso se han ido engordando los problemas básicos, en vez de haber sido resueltos. Un sistema que permite que decenas de miles de personas que han demostrado no disponer de la más mínima vocación vivan profesionalmente de la política y no sepan qué hacer fuera de ella, lo dice todo de sí mismo.

*** Lorenzo Abadía es analista político, doctor en Derecho y autor del ensayo 'Desconfianza. Principios políticos para un cambio de régimen' (Unión Editorial).

Iglesias y Podemos: de corrupto en corrupto
EDITORIAL Libertad Digital 30 Marzo 2018

Pablo Iglesias viaja hasta Argentina para postrarse a los pies de una Cristina Kirchner con numerosas cuentas pendientes con la Justicia.

Ni sumando una veintena de Gürtels, ni tan siquiera con un par de casos ERE es probable que alcanzásemos un nivel de corrupción que sea posible comparar con lo robado en la Argentina de Cristina Fernández y su marido Néstor Kirchner.

Un matrimonio que, coincidiendo con su paso por el poder, logró forjarse una formidable fortuna de la que nos da una idea que el procesamiento de la propia expresidenta se viese acompañado de una fianza de nada más y nada menos 660 millones de dólares, una cifra que no está nada mal para los que eran una pareja de abogados de provincias.

Con todo, lo peor del mandato de Fernández de Kirchner no ha sido esa espantosa corrupción sino su cada vez más evidente implicación en la ocultación de uno de los mayores atentados terroristas de la historia de Argentina: la voladura de la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina en la que fueron asesinadas 85 personas.

Pero ni la corrupción a gran escala ni los vínculos con el terrorismo han impedido a Pablo Iglesias viajar hasta Argentina para rendir pleitesía a la expresidenta, hacerse unas fotos con ella y colmarla de elogios, mostrándose "impresionado" por "su personalidad y la dimensión de liderazgo que tiene en Argentina" y señalándola como "una dirigente muy solvente", lo que sin duda es irrebatible si hablamos del patrimonio acumulado por ella y su familia.

A estas alturas, la connivencia de Podemos con los peores líderes y los peores regímenes del panorama internacional no nos sorprende, pero tampoco deja de provocar una inmensa repugnancia. Más aún cuando el partido morado se presenta ante los españoles como la única receta capaz de acabar con una corrupción que sin duda ha existido en España, pero que incluso en los peores momentos ha estado siempre muy lejos del latrocinio del peronismo argentino o de las multibillonarias fortunas que ha generado y está generando el narcorégimen bolivariano.

Lo cierto es que pese a su retórica y su demagogia los podemitas parecen tener una atracción fatal por los partidos más corruptos que también les lleva a acercarse tanto como pueden al separatismo del 3% y los Pujol, probablemente el peor caso de corrupción de Europa Occidental.

Afortunadamente, la sociedad española se está dando cuenta de que de un partido que elogia a los ladrones, a los criminales y a los liberticidas no se puede esperar otra cosa que robo, crimen y dictadura. Ese es Podemos y, pese al ominoso e incondicional apoyo de tantas televisiones y tantos medios, ya es imposible no verlo.

Obligar a TV3 a cumplir con la ley y dejar de ser pirómana es ya una urgencia
Editorial esdiario 30 Marzo 2018

Tv3 incumple la ley, con o sin 155, para convertirse en un indecente altavoz de una ideología golpista que desafía a diario a la democracia. Parar ya eso no es una opción, es una obligación.

TV3, y en general todos los medios de comunicación públicos catalanes, lleva años convertida en trampolín, cemento y altavoz de una ideología que ha asaltado la legalidad, desde las propias instituciones, para subvertir el orden constitucional e imponer por la fuerza un marco antidemocrático en que el que no caben la mitad de la sociedad catalana, al menos, y el conjunto de la española.

Es una caso único en el mundo, salvo en Venezuela, Irán o Corea del Norte; de conculcación palmaria de las obligaciones legales de un medio de comunicación público y de sometimiento a una ilegalidad constante al objeto de ayudar a imponerla, cuando no incentivarla, con un desprecio sonrojante por la legalidad, el sentido común y la deontología profesional.

De hecho, seguramente el independentismo no se habría disparado en Cataluña de no ser por la amplificación constante de sus quejas, mensajes y decisiones desde un ente público cuyos recursos económicos, disparatados en el sector por su formidable cuantía, se explican por ese deseo de no reparar en gastos para imponer ese mensaje tóxico en la opinión pública catalana.

Con o sin 155, no se puede admitir ya que un ente público despilfarrador se dedique a extender el odio y a enfrentar a la sociedad a la que se debe
El artículo 155 no incluyó la gestión de TV3, por el absurdo veto del PSOE y la lógica aceptación de un Gobierno que antepuso el máximo consenso a las máximas atribuciones en la aplicación de esta excepcionalidad constitucional; pero aun sin esa herramienta se puede y se debe hacer algo más para acabar con la promoción del enfrentamiento que tiene por misión esta corporación mediática al servicio del totalitarismo secesionista.

En una democracia normal, Tv3 no existiría, pero en la española, en este campo, todo es posible: no hay más que ver cómo los mismos sindicatos que atacan a diario a RTVE por su supuesta falta de independencia, tan falsa como vendible; no sólo miran para otro lado en el caso catalán, sino que se suman a manifestaciones hirientes para la Justicia española en las que se tilda a los golpistas como "presos políticos".

El cinismo sindical
¿Cómo se puede magnificar tanto el papel de TVE o RNE, ponderado, plural y razonable siempre; mientras se da pábulo a un ente audiovisual transformado en la artillería de un proceso ilegal que incendia las calles, promociona a delincuentes, fractura a la sociedad y aísla y empobrece a Cataluña?

Por eso, sería muy deseable que el 155 se ampliara para incluir entre sus cometidos la gestión de Tv3 con arreglo, simplemente, a lo que ya le impone la ley del sector y su naturaleza pública. Y hay que preguntarle al PSOE, las veces que sea necesario, si va a apoyar o no esta imprescindible medida. Pero si acaso no prospera, hay otras de carácter administrativo, jurídico, político y económico que sí se deben iniciar sin dilación sobre esta lavadora de potenciales delitos de la máxima gravedad, clave en la propaganda de un régimen mentiroso y prebélico.

TV3 ha inoculado un virus en Cataluña que es simplemente ilegal. En ninguna televisión del mundo se consiente esto

Y no sería malo que las propias asociaciones de la prensa, empezando por la FAPE que las reúne a todas ellas, diera un paso en esa dirección legal para demostrar que este asunto no es un capricho de PP o Ciudadanos, sino una cuestión de elemental higiene democrática.

Sorprende la facilidad con que la utilización de los medios de comunicación o el acoso a algunos de ellos, desde posiciones nacionalistas o populistas según el caso, encuentra por respuesta la tibieza acomplejada o el silencio aterrado en lugar de la enérgica oposición y la adopción de cuantas medidas estén al alcance para denunciarlo y evitarlo. Tv3 es un peligro público, pagado con dinero de todos, al servicio del nacionalismo más medieval y golpista que existe ahora mismo en la Europa civilizada. Callarse ante eso es legitimarlo.

Cumplir la ley para que nada cambie
Nota del Editor 30 Marzo 2018.

TV3 es un insulto a la razón, haber permitido montar el tinglado una estupidez de máximo grado y no desmantelarla una muestra de la idiocia de los profesionales de la política que nos pastorean. Idocia es una manera suave de decirlo, pero en el fondo la cosa es más un acto de alta traición. Pero en España, casi todo es un cachondeo.

Ussía da una lección de Historia a Ada Colau que deja tiritando a Pedro Sánchez
ESdiario 30 Marzo 2018

No se puede decir que la alcaldesa de Barcelona sea santo de la devoción de Alfonso Ussía, pero la última decisión del Ayuntamiento ha provocado la ira del columnista de La Razón, que en su última columna se emplea a fondo contra ese "saco de rencor pestilente que responde al nombre de Inmaculada Colau", que "a su lado tiene al eximio argentino Pisarello, que forma parte del comando destructivo que Argentina nos ha enviado con las peores intenciones. Pisarello, Echenique, Ekaizer, Dante Fachin, la Monja Coñazo, y los malabaristas de pesas de los semáforos que pulverizan lunas y abollan coches cuando pierden el dominio de sus voladores artilugios".

Todo ello porque "la alcaldesa de Podemos retiró el monumento al primer marqués de Comillas sin reparar que el humilde montañés de origen, el comillano, hizo más por Barcelona y Cataluña que cien mil catalanes juntos. Y ahora la ha tomado con el Almirante Cervera, héroe de la Guerra de Cuba, al que va a borrar su calle en beneficio de un actor de tercera categoría cuyo mérito principal no fue otro que la emisión de una frase vinculada al buen gusto y la excelencia intelectual: "La unidad de España me suda la polla. Que se metan España por el puto culo a ver si les explota dentro".

A juicio de Ussía "lo que se antoja inconcebible, intolerable e indecente, es sustituir al Almirante Cervera por un cómico de tan bajo nivel artístico y cultural como Pepe Rubianes. Es un mal ejemplo. Como si en Madrid, la también podemita y comunista Manuela Carmena decide descolgar de su calle a Velázquez, o Goya, o Jorge Juan, o a María de Molina, para inmortalizar en el callejero al difunto Cojo Manteca, el más eficaz destructor de mobiliario urbano de la ya larga y rica Historia de la Villa y Corte".

Para el periodista y escritor, "el gran problema de estos podemitas con poder no es su ignorancia y resentimiento. Es su majadería. Quieren borrar la Historia de España, aniquilar a sus héroes, humillar a sus grandes, enviar al olvido sus gestas y sus ejemplos, y eso no se consigue así como así. Ada Colau pasará muy pronto al sótano de las pesadillas, en tanto que el Almirante Cervera, con o sin calle en Barcelona, estará siempre presente en la mejor Historia de España".

Claro que más "complicado de explicar a las futuras generaciones de barceloneses será el mérito y la trayectoria de Pepe Rubianes para ocupar calle de tanta importancia. Porque Rubianes fue un actor manifiestamente mejorable, sólo destacable en su tramo final por sus mensajes de odio. De seguir Ada Colau unos años más en el Ayuntamiento, ideará cambiar el nombre al Parque Güell para pasar a denominarlo Parque Jordi Évole, Parque Roures, o Parque Pilar Rahola. La ignominia de retirar el nombre de un héroe acrecienta su vileza cuando la sustitución onomástica es consecuencia de la cloaca cultural".

Y ya que estaba, Ussía tira de ironía y da ideas "al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que administra la capital gracias al PSOE de Pedro Sánchez" y vuelve al Cojo Manteca: "Tenía todas las virtudes que se exigen en los ámbitos podemitas para pasar a la posteridad. Era violento en extremo, y mientras sus compañeros de manifestaciones pacíficas destrozaban bancos de piedra, cabinas telefónicas y escaparates al ritmo de veinte objetivos por minuto, Manteca, en solitario, se cepillaba el doble a pesar de su pierna perjudicada. Se especializó en las calles de Alcalá y Gran Vía, sin renunciar a la Puerta del Sol y la Carrera de San Jerónimo".

Las mafias introdujeron en España a tres de cada cuatro inmigrantes en 2017
Según Frontex, los traficantes conducen el 92% de las entradas irregulares por Grecia y el 90% por Italia
Laura L. CARO ABC 30 Marzo 2018

Tres de cada cuatro inmigrantes que el pasado año utilizaron la llamada ruta del Mediterráneo Oeste para cruzar desde el norte de África a España lo hicieron a través de mafias, la mayoría de ellos jugándose la vida en un trayecto por mar. El dato pertenece al último análisis de riesgos para 2018 publicado por la Agencia europea de fronteras Frontex, un documento que recuerda que en 2017 se batieron récords de llegada por esta vía migratoria y avisa de que, en adelante, la situación irá a peor, entre otros debido a la creciente presión procedente de países subsaharianos, con atención especial a Malí y Costa de Marfil.

El informe profundiza en estadísticas y tendencias, pero también incorpora un revelador estudio cualitativo realizado a partir de 3.525 entrevistas voluntarias y personales realizadas a hombres y mujeres que han ingresado recientemente de forma ilegal en Europa. De ellas se desprende, entre otros, la omnipresencia de los traficantes de seres humanos o la constatación de que el 45% de los inmigrantes que desembocan en este continente lo hacen empujados por factores económicos. Los conflictos y la petición de asilo figuran como segunda razón y la argumentan el 16% de los encuestados.

Otra de las conclusiones del documento es que España ha sido, tanto en 2016 como en 2017, el cuarto país que mencionan quienes entran irregularmente en Europa como su destino preferido, -por delante siempre Italia, Alemania y Francia-, y que quienes más expresan esa predilección son los marroquíes. Uno de los aspectos destacados del balance migratorio del pasado año en nuestro país fue, precisamente, que el número de ciudadanos del vecino Reino alauí interceptados cuando trataban de cruzar a territorio español sin los preceptivos documentos creció más del 22%.

Un corredor en alza
Atendiendo al peso de cada una de los grandes corredores migratorios, -el oriental que conecta con Grecia, el central por Italia y el occidental- las 3.525 encuestas llevadas a cabo por Frontex se reparten respectivamente a razón de 991, 1.948 y 586 en el caso de la ruta española. Es la menos representada debido a que en 2017 registró un volumen de inmigración que en el conjunto de Europa representó un porcentaje de apenas el 11,3 por ciento, aunque también es cierto que es la única de las tres que crece, un 132% en el mencionado ejercicio.

La comparativa entre los datos que arrojan las respuestas de los inmigrantes en cada grupo permite ver que el recurso a los «facilitadores» mafiosos es aún más grave en el Mediterráneo central (90%) y oriental (92%) que en en nuestro eje oeste, donde es del 75% como ya se ha mencionado.

Para Frontex, esta realidad es la prueba del «papel crucial» que los mercados y redes de contrabando de personas juegan en la inmigración irregular que va a Europa. Tanto que incluso llega a determinar la elección de la ruta seguir, como lo demuestra que hasta el 69% de los inmigrantes que utilizaron el camino griego dijeron que esta variable de los traficantes es lo que más condicionó su decisión. En el caso de la vía italiana dieron la misma respuesta el 65% de los encuestados, mientras que cuando se trató del corredor que conduce a España, solo el 38% reconoció que este de las mafias fue el factor número uno que les inclinó a tomar dicho camino. Indica Frontex que las grandes diferencias en estos porcentajes tienen que ver con la mayor o menor importancia que los inmigrantes «dan a aspectos como la seguridad, el precio, la topografía fronteriza o el bajo riesgo de detección».

Por añadidura, el informe refleja por encima el esquema de estas redes y de quienes las componen. Se parte de la figura de los «jefes», -que manejan a los grupos y controlan áreas de operación específicas»- y de los «reclutadores», que captan a los inmigrantes que quieren ir a Europa. En otro escalón, las descripciones aportadas por los entrevistados sitúan a intermediarios, conductores, patrones de barcos, falsificadores de documentos, cobradores o «proveedores» de seguridad.

La capacidad para organizar viajes por mar es la característica clave que hace fundamentales a los traficantes en muchas rutas. La navegación por el Mediterráneo ha sido utilizada por el 85% de los encuestados. De sus contestaciones se ha inferido que en el entorno de los tres corredores principales que llegan a Europa pueden identificarse traficantes de 55 nacionalidades, -los más numerosos libios, sirios, iraquíes, turcos y afganos- y que sus organizaciones están activas en 41 países, aunque se concentran en dos: el 37% de los facilitadores opera en Turquía y el 30% en Libia. El organismo gestor de fronteras señala que en Marruecos también hay una «significativa presencia» de estas mafias, integradas por marroquíes cuya tendencia es traficar con hombres y mujeres de su misma nacionalidad.

La alarma nigeriana
Al margen de las entrevistas, el informe menciona expresamente a España también como gran receptor, junto a Italia, de víctimas de una de las más sórdidas degeneraciones de la inmigración: la trata de mujeres nigerianas -aunque también de Camerún, Ghana, Guinea, Costa de Marfil o Sierra Leona- que terminan siendo esclavizadas en el mercado sexual.

Frontex considera que la escala de este fenómeno es «alarmante». Se indica que su tortuoso viaje plagado de abusos y explotación suele empezar en Agadez, en el centro de su país, y llegar hasta Marruecos o Libia. Su deuda con los traficantes puede superar los 50.000 euros. Para Frontex, este drama solo es equiparable al de los niños, muchos de los cuales migran no acompañados o separados de sus familias, lo que les convierte en «perfectos objetivos para traficantes sin escrúpulos».


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Por ir a Ítaca, quemaron las naves
Cristina Losada Libertad Digital 30 Marzo 2018

Día tras día, el separatismo confirma que toda su estrategia, antes y después del golpe de octubre, consiste en hacer imposible la retirada. El resultado de sus actos, más allá de cuál sea su voluntad, es exactamente ése. No podrían volver atrás aunque quisiesen, porque se han cargado todo aquello que les beneficiaba enormemente sin necesidad de atacar de frente el orden constitucional y quebrar la ley. Han dejado reducidos a cenizas los vehículos políticos en los que el nacionalismo catalán se había movido con destreza y provecho desde la Transición. Eran los reyes del mambo y ahora no se van a poder acercar siquiera a la pista de baile.

Su buque insignia, el catalanismo pactista, lo han quemado. Con su quema, han perdido la capacidad claramente desproporcionada que tenían para influir en el Gobierno y los asuntos de España, al igual que para lograr ventajas o privilegios, vía acuerdos y apaños. Nada será como antes, ya no lo es, en ese importante campo de juego. Ninguno de los dos grandes partidos nacionales que tantas cosas pactaron con el nacionalismo catalán puede mantener aquel engrasado modus operandi con quienes han asestado un golpe tan brutal a la nación y a la democracia. Aunque nunca hubo lealtad constitucional por su parte, guardaban al menos las formas. Pero de octubre acá han hecho saltar por los aires la conllevancia tácita. Es imposible restaurar los mínimos de confianza. La opinión pública española no está para bromas de componendas con los que han mostrado grados inimaginables de deslealtad y doblez. El prestigio del que aún gozaba el nacionalismo catalán fuera de Cataluña se ha volatilizado.

Su buque nodriza, el catalanismo político, lo han quemado. El consenso que aseguraba la hegemonía del catalanismo en la escena política catalana se ha roto en pedazos. No existe ni puede existir en las condiciones de excepción que ha generado el golpe de septiembre-octubre, y que prolongan cada día unos desafíos separatistas crecientemente extravagantes. Hasta los socialistas, pata central del consenso catalanista, tienen que remar en sentido contrario a su vocación tripartita. No es posible recomponer aquel arreglo en virtud del cual el catalanismo político mandaba siempre, fuesen cuales fuesen las siglas de los ocupantes de la Generalitat, sin que tuviera competidores que cuestionasen su núcleo de esencias. La aparente y falsa homogeneidad de la sociedad catalana, fundada en la hegemonía de la religión catalanista y en la inexistencia como sujeto político de los no nacionalistas, se ha quebrado. El mito del sol poble se ha hundido. Last but not least, los buques de abastecimiento, que tan bien proveían a los partidos del régimen y a sus redes clientelares, están en dique seco.

El viaje a Ítaca suponía, paradójicamente, quemar las naves. No es que lo hayan hecho adrede, como hacían en las guerras antiguas o como hizo, según la leyenda, Hernán Cortés en México, para que las tropas no tuvieran la tentación de retirarse de la batalla, para obligarlas a luchar hasta el final, vencer o morir, en plan épico. No hay épica en esta quema de naves, sino centenares de "jugadas maestras" que han salido así de bien. Ahora, la tentación que habrá que resistir es la de facilitarles la salida a los que no quieren salir. No son sus demandas las que hay que escuchar, no es a ellos a los que hay que dar facilidades. Hay que escuchar y darles facilidades a los catalanes no nacionalistas que, por fin, han dicho basta. Las naves que el nacionalismo catalán, en su deriva separatista, ha quemado con sus propios actos y sus propias manos, bien quemadas están. Pártase de ahí.

Soluciones políticas y Estado de derecho
Manuel Toscano. vozpopuli  30 Marzo 2018

En el mundo encantado del independentismo, la verdad hay que buscarla justo en el envés de lo que afirman: Puigdemont no es presidente, los jueces actúan con independencia y están defendiendo, no atacando, el ‘corazón de la democracia’

El auto del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que dicta el procesamiento de los dirigentes secesionistas por delitos de rebelión, desobediencia y malversación ha sacudido la situación política en Cataluña. La posterior detención en Alemania de Carles Puigdemont el pasado domingo elevó aún más la tensión en una sociedad dividida y convulsa. Algún comentarista ha comparado los recientes acontecimientos a un seísmo político de máxima intensidad que ha alterado dramáticamente el escenario político catalán. La deseable vuelta a la normalidad institucional y civil se antoja poco menos que imposible en estos momentos.

Las reacciones y protestas airadas en el campo independentista son las que cabía esperar. Llevan meses hablando de presos políticos y exhibiendo los lacitos amarillos; ahora con la detención de Puigdemont y la reactivación de las órdenes de detención contra los demás fugados, asistimos al repunte de la campaña de propaganda contra el supuesto autoritarismo del Estado español, tanto en las redes sociales como en un sector de la prensa internacional. Nada que no viéramos en octubre pasado. Las palabras de Roger Torrent denunciando el auto de procesamiento y las medidas cautelares como un ataque al ‘corazón de la democracia’ y a los derechos políticos abundan en lo mismo. El desprecio por la legalidad y el uso partidista de las instituciones, sin el menor recato por su papel institucional, marca una línea de continuidad con su antecesora en el cargo y con lo que ha sido el procés. Cuando pretende hablar en nombre de Cataluña, Torrent ignora siempre a los parlamentarios constitucionalistas y a la mitad por lo menos de los ciudadanos catalanes. Nada nuevo, como digo.

Llarena relata de forma meticulosa cómo las autoridades autonómicas, abusando de su poder, formaron parte de un plan para derrocar el orden constitucional, algo sin parangón, como señala, en otras sociedades democráticas"

Fuera del independentismo, no faltan voces que critican o lamentan la ‘judicialización de la política’. Al coro se ha sumado hace unos días un ex presidente del gobierno, quien alertó sobre el ‘gobierno de los jueces’, además de pedir por favor al juez Llarena que no mandara a prisión a Turull y al resto de encausados. Otros vienen reclamando desde hace meses que la solución no puede ser penal o judicial. La solución, como dicen, ha de venir de la mano del diálogo y de la política. Que la solución al conflicto ha de ser política resulta tan obvio que no se entiende el énfasis o la relevancia que se le atribuye. Por ello hay que reparar en el contraste implícito o expreso que se traza con la supuesta ‘solución judicial’, bien para subrayar su insuficiencia o para rechazar abiertamente las actuaciones judiciales. En el segundo caso quizá no se anda lejos del ‘pongamos la política en el centro, es la hora de la política’, con que cerraba Torrent su declaración institucional.

Ya sabemos lo que entienden los independentistas y sus compañeros de viaje por soluciones políticas. Los seis años de procés han dado sobradas pruebas del modo en que han puesto la política por encima de la ley, usando las instituciones autonómicas para violentar el orden constitucional y la legalidad vigente. La lectura del auto de procesamiento es bien instructiva para recordar con detalle las numerosas ilegalidades cometidas. El juez desgrana la larga lista de sentencias del Tribunal Constitucional que anulaban las resoluciones secesionistas del Parlamento catalán y que fueron reiteradamente desobedecidas durante dos legislaturas, tanto por la mayoría parlamentaria como por el gobierno de la Generalitat.

La anterior legislatura arrancó en noviembre de 2015 con una resolución sobre el ‘proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República’, anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre de ese año, y culminó con los acontecimientos de septiembre y octubre. En las sesiones del 6 y 7 de septiembre el bloque independentista aprobó las llamadas leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, sin atender a la prohibición del TC, infringiendo el procedimiento parlamentario y conculcando los derechos de los parlamentarios de la oposición. Tales leyes suspendían de facto la Constitución y el Estatuto, en lo que ha representado el más serio atentado contra la democracia constitucional desde el 23 de febrero. Con independencia de la tipificación penal concreta, el auto resume bien la gravedad de los hechos:

“Por todo ello, este proceso hace frente a un ataque al Estado Constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma”.

Llarena relata de forma meticulosa el modo en que las autoridades autonómicas, abusando de los poderes y recursos públicos a su disposición, formaron parte de un plan concertado con partidos y asociaciones soberanistas para derrocar el orden constitucional, con los riesgos que ello entrañaba para la convivencia y los derechos de los ciudadanos. Si nos atenemos a la definición de Hans Kelsen, lo ocurrido en Cataluña puede calificarse sin exageración como un golpe de Estado. Algo sin parangón, como señala, en otras sociedades democráticas.

Ya sabemos lo que entienden los independentistas y sus compañeros de viaje por ‘soluciones políticas’. Los seis años de procés han dado sobradas pruebas del modo en que han puesto la política por encima de la ley"

Por ello hay que preguntarse por lo que piden quienes reclaman una solución política, contraponiéndola a la actuación de los tribunales. Por supuesto, conocemos bien lo que buscan los independentistas cuando invocan soluciones políticas. Llevan años ignorando las leyes y las resoluciones judiciales con el objetivo de romper el orden constitucional; ahora pretenden que las acciones de sus dirigentes queden exentas de cualquier responsabilidad penal. “Ningún juez tiene legitimidad para perseguir al presidente de todos los catalanes”, declaró Torrent haciendo alarde de ese legitimismo sui generis al que se han aficionado. En el mundo encantado del independentismo la verdad está en el revés de lo que afirman: Puigdemont no es presidente, los jueces actúan con independencia y están defendiendo, no atacando, el ‘corazón de la democracia’.

Ahí radica el quid de la cuestión: sin legalidad no hay solución democrática. Precisamente leía estos días, coincidiendo con el auto de Llarena, el luminoso libro de Piero CalamandreiSin legalidad no hay libertad. El jurista italiano explica que no puede existir libertad política sin la certeza que ofrece el Derecho, que regula por medio de normas generales y públicas, aplicadas por tribunales independientes, las relaciones entre ciudadanos, así como la de estos con las autoridades. La ley nos permite actuar conociendo cuáles son nuestros derechos y sus límites. Por lo mismo, tampoco cabe imaginar la igualdad que define a una sociedad democrática sin el principio de legalidad, esto es, sin la sujeción de todos a la misma ley, incluidos aquellos que ocupan posiciones de autoridad. Es la idea matriz del Estado de Derecho, que opera como un mecanismo de control sobre los gobernantes y garantiza así las libertades de todos.

Habrá que seguir repitiendo, frente a quienes reclaman soluciones democráticas, que no hay solución política al margen de la ley o fuera del orden constitucional. Porque sin Estado de derecho no hay democracia, y eso significa que los jueces que defienden la legalidad están defendiendo la democracia, como es su deber. En los turbulentos años veinte Kelsen señaló que una democracia sin mecanismos de control es insostenible y sabía por experiencia de lo que hablaba. Por eso dejó escrito un aviso que no podemos ignorar sin peligro: ‘El desprecio de la autorrestricción que impone el principio de legalidad equivale al suicidio de la democracia’.

Los golpistas y su nuevo caudillo
Guillermo Dupuy Libertad Digital 30 Marzo 2018

Una cosa es que las formaciones nacionalistas prosigan, tal y como en ningún momento han dejado de hacer, el golpe de Estado o proceso secesionista iniciado en 2012, y otra cosa, muy distinta, que estén realmente empecinados en que siga liderándolo Carles Puigdemont.

Aunque la subversiva resolución parlamentaria de este miércoles en defensa del "derecho" del ex presidente golpista a presidir la Generalidad parezca señalar esto último, todos los separatistas saben desde hace tiempo que Puigdemont tendrá que dejar paso a otro correligionario que no tenga causas pendientes de la justicia, tal y como, aun por razones distintas, tuvo en su día que hacerlo Artur Mas. Saben, además, que ese relevo tendrá que hacerse más pronto que tarde, habida cuenta de que los procesados que siguen en libertad carecen de acta de diputado y todos los que tienen acta de diputado ya están en prisión.

Por si eso fuera poco, la intentona propagandística de nombrar a otro implicado directo en el golpe como Turull, que por los pelos pudo frustrar la semana pasada el Juez Llanera, ha puesto en marcha el reloj electoral hacia unos nuevos comicios autonómicos en los que ni Puigdemont ni ningún otro de los procesados podría volver ya a presentarse. Eso, claro está, si para entonces ya se les ha aplicado la inhabilitación o privación preventiva del derecho al sufragio pasivo, elemental medida cautelar en esta causa que debería habérseles aplicado a todos ellos desde el mismo momento en que el Gobierno de Rajoy y sus no menos memos aliados políticos tuvieron la disparatada ocurrencia de recurrir al articulo 155, no para suspender y desarticular la administración autonómica golpista, sino para convocar nuevas elecciones.

Por ello que nadie se autoengañe por las tan vergonzosas como lógicas resoluciones que el parlamento regional en rebeldía ha aprobado este miércoles tras respaldar –o negarse a condenar- la violencia separatista desatada en Cataluña: Por mucho que los nacionalistas insistan en reivindicar el "derecho" a nombrar a Puigdemont presidente de la Generalidad o exijan la impune liberación de todos los golpistas presos, dichas resoluciones constituyen más un compromiso con el subversivo proceso secesionista que con la concreta persona que lo vino a liderar tras la marcha de Artur Mas.

A este respecto, Artur Mas, que ya ha cumplido aquella pena de dos años de inhabilitación a la que fue tan ridícula y temerariamente condenado, bien podría volver a liderar el golpe en esta su ya estrenada tercera fase si no fuera, claro está, por su corrupto historial y persistente veto de la CUP.

Así las cosas, la todavía no revelada apuesta secesionista por un candidato "limpio" al frente de la Generalidad se hace, por tanto ineludible; más aun cuando todos sabemos –incluidos los golpistas- que el acomodaticio de Rajoy se contenta simplemente con eso para dar el asunto por solucionado y devolver a la Generalidad un mando que tampoco se ha atrevido a ejercer en Cataluña dada la ridícula aplicación del articulo 155 llevada a cabo.

Téngase en cuenta además que el PP, como Ciudadanos y el PSOE –trío cuya inigualable incompetencia constituye la principal fortaleza del nacionalismo- darán cualquier cosa por buena con tal de no tener que reconocer el clamoroso fracaso que ha supuesto suspender la administración autonómica catalana sólo para reactivarla mediante nuevas elecciones. Así mismo, no hay que descartar que los podemitas de Catalunya en Comú logren convencer a la Cup -si no lo han hecho ya- para que respalden o al menos permitan con su abstención que un candidato "limpio" de causas judiciales pueda formar nuevo gobierno y obtener recursos públicos sin los cuales se extinguiría definitivamente el proceso.

En cualquier caso, bien para evitar unas nuevas elecciones bien como ineludible resultado de celebrarlas, ningún candidato que no esté "limpio" podrá ser investido próximo presidente de la Generalidad. Que quede claro, sin embargo, que esa condición de molt honorable nunca fue impedimento –todo lo contrario- para pasar también a liderar una rebelión institucional contra nuestra nación y orden constitucional tal y como la que se sigue perpetrando en Cataluña desde antes incluso de 2012.

Cataluña: de la tragedia a la farsa
FELIPE FERNÁNDEZ ARMESTO El Mundo 30 Marzo 2018

La tragedia se ha convertido en farsa. Camarillas independentistas disputan el mando de sus búnkeres irrelevantes de Barcelona y Bruselas. Algunos se han trasladado a un exilio alejado de la realidad. En este país de las 1.000 maravillas, la independencia es simbólica y la república catalana sólo existe en un mundo virtual en el que Puigdemont dará la bienvenida a un rey mago que vendrá a humillarse y pedir misericordia. Otros reinventan una historia en la cual Trapero y Forcadell intentaban distanciarse del butifarrendum. La hada madrina de Anna Gabriel ha agitado su varita mágica para trasformar a esa Cenicienta en una princesita improbablemente suiza. La tentación de desdeñar todas esas payasadas y travesuras es casi irresistible.


Pero en política el descuido no es aconsejable. En EEUU casi todos los intelectuales nos reíamos de Donald Trump cuando se presentó como candidato a la Presidencia. El Huffington Post llegó a excluir las noticias de la campaña Trump de sus páginas serias, relegándolas a la sección de entretenimiento, al lado de las aventurillas de estrellas de telenovelas. Y Trump llegó a la casa a pesar del desprecio de quienes no lo tomamos en serio. En Italia, un payaso por vocación, Silvio Berlusconi, ha cedido el paso al mando de la vida política a un payaso profesional, Beppe Grillo, cuyos gritos parecen más altos que las carcajadas de los políticos de verdad. En Inglaterra, Jeremy Corbyn, a quien los columnistas ridiculizaban cuando se le eligió por un accidente racionalmente inexplicable como líder del Partido Laborista, ya juega el papel de gran hombre de Estado y tiene serias opciones de suceder a May. La ridiculez de hoy puede ser la realidad de mañana.

En el caso catalán, el peligro sigue presente porque en el cuento de hadas donde habita el independentismo una minoría de votantes constituye una base legítima para disolver una democracia, socavar la Constitución, prescindir de las leyes y tiranizar a la mayoría. Mientras nos reímos de Puigdemont, él se mofa de los demás. Ojo: el último en reírse es el que ríe más fuerte.

Entre muchos aspectos incomprensibles del soberanismo sobresale la paradoja de que el catalanismo siempre se ha vanagloriado de su propia sofisticación y europeísmo, en contraste con el supuesto encerramiento en sí mismo del resto de España. Actualmente, los partidarios de la secesión se comportan como sátrapas orientales dignos de la política de Kazajistán. Cabe contemplar el problema en su contexto europeo y recordar que en el resto de Europa occidental los desafíos separatistas se han resuelto o se están resolviendo por vías legales, dentro de las constituciones vigentes. Así es en el Reino Unido ante los independentistas de Escocia y el País de Gales, y el desafío separatista en Irlanda del Norte. En Francia, los bretones y corsos que optan por declaraciones unilaterales son muy pocos y la respuesta a sus quejas se busca a través del diálogo. En Bélgica el balance entre flamencos y valones es precario, pero se mantiene pacíficamente. En la antigua Checoslovaquia, los checos y eslovacos lograron separarse sin romper la legitimidad del Estado anterior. En Italia el nivel de descontento entre los de la Liga Norte y los demás es alto, pero no vemos ninguna muestra de una quiebra constitucional. Ysi en Alemania el secesionismo bávaro llegara a imponerse, estoy seguro de que se mantendría dentro de la constitucionalidad.

Los únicos casos europeos -y se encuentran bastante al margen de la Unión Europea- donde los secesionistas han seguido los pasos del soberanismo catalán, declarando la independencia sin respetar la Constitución, son Kosovo y algunas comunidades de la franja oriental europea que añoran, por lo visto, el pasado soviético: Transnistria, que abandonó la república moldava de forma unilateral en 1992; y los territorios que han proclamado su independencia de Ucrania para unirse con Rusia. ¿Puede Cataluña ser como Crimea?

Ya sabemos la respuesta de los partidarios de la quiebra. El alzamiento -si se me permite la palabra- catalán es consecuencia legítima de las tiranías de Madrid, que no quiso hacer caso a los reproches de un número elevado de catalanes, descontentos por el rechazo de varias cláusulas de Estatuto y del reparto aparentemente injusto de los Presupuestos del Estado. Es cierto que el Gobierno ha menospreciado los agravios de Cataluña y se ha mostrado indiferente ante la necesidad de una reforma constitucional. Pero de tiranía nada, si no es la que ejercía el Govern, negándoles a los padres el derecho a que sus hijos aprendan la verdad de la Historia española y condenándoles a no tener un dominio del español. En una democracia auténtica, cuesta tiempo satisfacer a todos. La regla primordial del contrato social es que aceptemos los aspectos de la Constitución y de las leyes que no sean de nuestro agrado, y tratemos pacíficamente de cambiar estas normas. Mientras tanto, nos debemos a nuestros conciudadanos.

Un caso modélico es Escocia. El Partido Nacional escocés domina la política en esa parte del Reino Unido, con una mayoría aplastante en el Parlamento y una hegemonía abrumadora entre los representantes escoceses en Westminster. Pero los independentistas reconocen honradamente que tales circunstancias no constituyen una base adecuada para reclamar su futuro soñado. Siguen aguantando e intentando persuadir a una mayoría suficiente que apueste por separarse del Reino. Ni siquiera rechazan la Monarquía, que ha mantenido la paz del país en circunstancias más favorables que las que se encontró Juan Carlos I a la hora de asegurar el porvenir democrático en España.

Si Escocia logra independizarse, será una Monarquía con su majestad británica como jefe del Estado simbólico. Mientras tanto, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor cambio constitucional que ha registrado el país desde 1972: el Brexit, lo que supone una gran desventaja para la economía escocesa. Los nacionalistas escoceses están aprovechando la oportunidad para hacer propaganda, pero también se dan cuenta de que mientras formen parte del Reino Unido están obligados a someterse a las decisiones políticas, democráticamente registradas, a nivel estatal.

Cabe contrastar las palabras del himno escocés con las de Els Segadors. Flower of Scotland (Flor de Escocia) es el himno que cantan en partidos internacionales de fútbol y rugby, sobre todo, cuando su selección se enfrenta a la de Inglaterra. Suena la gaita, cortesía de los gaiteros de batallones escoceses del ejército británico. El vulgo se alza cantando como si fueran a despertar a los muertos. Flor de Escocia, como Els Segadors en la versión que hoy se emplea, es una confección moderna, compuesta en los años 60 del siglo pasado, por el gran folclorista Roy Williamson tomando como referencia una canción tradicional.

Como en el caso de Els Segadors, Flor de Escocia apela a eventos históricos bastante lejanos y de poca relevancia a día de hoy: Els Segadors a una guerra civil de 1640; Flor de Escocia a una batalla de 1314, cuando el ejército escocés detuvo a los ingleses. Pero mientras Els Segadors celebra la violencia y honra las hoces ensangrentadas de unos insurgentes despiadados, Flor de Escocia muestra un tono de reconciliación: "Aquellos días son del pasado /Y allí deben quedarse. / Pero podemos surgir de nuevo / Para ser de nuevo aquella nación / Que confrontó al rey soberbio / Y le mandó a casa para pensarlo bien".

Siguiendo el ejemplo de lo mejor de la tradición británica, Flor de Escocia es una obra maestra de autocrítica y subestimación, que representa la mayor victoria de la Historia escocesa, como si fuera un rechazo cortés de un intruso que se mandó volver a casa para reflexionar. Incluso hay lectores de The Scotsman, el gran periódico de Escocia, que quieren cambiar la letra por ser excesivamente agresiva. He ahí el espíritu de un nacionalismo digno de un gran pueblo. Vuelvo a plantear la pregunta clave a nuestros amigos catalanes: ¿Queréis ser la Crimea de Occidente? ¿No les vale más ser como los escoceses?

Felipe Fernández Armesto es historiador y titular de la cátedra William P. Reynolds de Artes y Letras de la Universidad de Notre Dame (Indiana, EEUU).

¿Ideas o tribus?
Antonio Robles Libertad Digital 30 Marzo 2018

Este miércoles, en el pleno del Parlamento de Cataluña se produjeron hechos impropios de una democracia, y algún otro trivial digno de mención. La coz de su presidente a la separación de poderes llevando a votación parlamentaria facultades que sólo pertenecen al Poder Judicial, fue propia de regímenes totalitarios. Querer enmendar la plana a un Juez desde el Poder Legislativo para sacar a delincuentes políticos de la trena, tiene guasa. Y todo porque Torrent cree que "Ningún juez puede cesar al president de la Generalitat". La intención no desentona un ápice de "El Estado soy yo" de Luis XIV o de "El Caudillo sólo responde ante Dios y ante la historia" de Falange Española.

No les cansaré con esos y otros atropellos dignos de lo peor de la historia, ni siquiera con el informe de ese infame Sindic de Greuges del procés, Rafael Ribó, que ayer logró ser más vomitivo que de costumbre.

Por el contrario, les traeré un hecho de poca monta, desapercibido seguramente por la mayoría, pero digno de mención, y en buena medida, causa del sectarismo en la política. El hecho en sí vino precedido por una intervención colosal del diputado del PPC, Alejandro Fernández. De hecho, antes de proseguir con la lectura del artículo les ruego encarecidamente que escuchen esos cinco minutos antológicos que resumen el abuso del niño consentido y maltratador que arrastra el catalanismo en su ADN. Sin su visionado el artículo pierde su sentido.

Si lo han visionado, reparen en esos dos segundos de profundo silencio que siguieron a la intervención parlamentaria y los aplausos de complicidad de Cs después. Es estremecedor el silencio primero, como significativo los aplausos posteriores. Alejandro Sanz, diputado de Cs, tuvo el coraje de iniciar unos titubeantes aplausos en mitad del silencio. Mientras, el parlamentario del PP que bajaba del estrado perplejo por la situación, invitó divertido a todo el grupo de Cs a sumarse a la aprobación: "No os cortéis, si os lo pide el cuerpo…" Todos miraron hacia Inés Arrimadas esperando aprobación, y finalmente llegó el aplauso renuente, pero aplauso colectivo, al fin y al cabo.

Un detalle elegante, pero sobre todo necesario.
Por raro que parezca, nuestros grupos parlamentarios no se guían por los aciertos de las intervenciones, sino por la pertenencia a la tribu. Al enemigo ni agua, parece ser el eslogan de nuestros políticos; sin reparar, que, si no nos regimos por las mejores ideas y las propuestas más dignas y eficaces, ¿para qué su exposición? Con votar por internet en manada, habría suficiente.

¿Cómo es posible que los nacionalistas sumen esfuerzos casi siempre, y los constitucionalistas, nunca? La CUP, y En Comú Podem de Doménech y Colau ni siquiera guardan las apariencias. Si la cuestión obliga a elegir entre cumplir la legalidad o apoyar al independentismo, esta izquierda radical lo tiene claro, el 3%. Unos anticapitalistas muy raros, pero coherentes, antes que nada, son nacionalistas.

Este gesto de complicidad de Cs, debe resaltarse, y más, cuando Cs no se ha caracterizado por su generosidad a la hora de reconocer los méritos ajenos, incluso, de los propios compañeros que dejaron de serlo. Es el caso de los ex diputados Pepe Domingo y el que escribe que dejaron el partido en 2009, y a partir de ese momento fueron borrados por completo de la historia de Cs. Lo que hasta ese momento había sido reconocimiento y entusiasmo por las ideas defendidas en sede parlamentaria o publicadas en prensa pasaron a ser desdeñadas, incluso excluidas. ¿Las ideas son buenas por sí mismas o por la pertenencia a la tribu?

Siempre me pareció mezquino borrar cualquier huella de esos dos diputados en los vídeos conmemorativos de la propia historia del partido. Un comportamiento muy extendido en la historia: Ramsés II robó a sus predecesores los sellos de sus estatuas y monumentos, Stalin borró las imágenes de León Trotski y de cuanto enemigo le torció el ceño, y el nacionalismo es, a costa de excluir. Pero ayer los naranjas se redimieron. A ver si cunde. En Cs y en el resto.

P.D. Es una lástima que Canal Parlament haya amputado ese detalle de Cs. Cortaron la intervención nada más terminar. Nos quedamos sin aplausos incluso cuando se dan.

Para los golpistas todo es simbólico.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Marzo 2018

EL PARLAMENT NO VA MÁS ALLÁ DE UNA DECLARACIÓN SIMBÓLICA. LA CÚPULA DE LOS MOSSOS ACUSADA DE COLABORACIONISTA CON LOS GOLPISTAS. CLARA PONSATÍ RECAUDA SUFICIENTE PARA SU DEFENSA Y SU DESPENSA.

Ayer fue una jornada más de la ignominia que supone ver una Institución del Estado, como es el Parlamento autonómico de Cataluña, usada como instrumento para la exaltación del independentismo y el reconocimiento de golpistas encarcelados como candidatos legítimos a la presidencia del Gobierno de la Generalidad. Ya había sido miserable el que Roger Torrent y los componentes independentistas de la Mesa del Parlamento hubiesen aprobado la admisión a trámite de las propuestas de resolución de JXCAT, ERC y la CUP, donde se exigía ese reconocimiento, pero más aún es que se haya celebrado el pleno y aprobado las resoluciones que desde luego tienen el simbolismo de la indignidad. Igualmente, el 28 de marzo apareció publicado en el BOPC admitidas para su tramitación unas propuestas de ley que contemplan la posibilidad de crear órganos colegiados que puedan ejercer sus funciones también de forma telemática no presencial. Esto conllevaría, caso de aprobarse, a que se aprobase la reforma de la ley de presidencia para considerar la investidura de forma no presencial, por vía telemática, incluso telefónica, desobedeciendo las medidas impuestas por el TC al respecto.

Tras este aquelarre de fervor independentista, de auto afirmación golpista, nula crítica de la violencia de los CDR, lealtad con los presos y demostración de apoyo y cariño a sus familiares que estaban presentes en la zona de invitados, hay que esperar a ver cual es el siguiente paso hacia ese compromiso de la defensa de los derechos de los golpistas presos, que como todos saben tiene una fecha de caducidad fijada en el momento en que el juez Pablo Llarena dicte la inhabilitación para los procesados. Esta situación implica la anulación de sus Actas de Diputados y obliga que corra la lista electoral. Menos mal que estas son amplias y benefician a los del PDeCAT que recordemos que figuraban a partir del puesto número 28 de la lista de JXCAT que elaboró el reverenciado líder Carles Puigdemont. Lo que no está tan claro es la elección del candidato ya que ERC no parece por la labor de dejar que vuelva a proponerse a alguien de JXCAT.

El tiempo pasa deprisa, pero ya estamos acostumbrados a esta farsa del independentismo donde todo es crear un ambiente de falsa tensión y desavenencias, para atraer la atención y hacer tragar a su electorado la píldora de un pacto que se presenta en el último minuto del último día de finalización del plazo límite de 60 días desde la sesión fallida de investidura de Jordi Turull, es decir el 23 de mayo. Hay tiempo más que suficiente para ir dando largas y mantener la crispación y el desafío, mientras se espera a ver cómo se desarrolla el proceso de extradición de Carles Puigdemont y si finalmente es inhabilitado junto al resto de procesados. Lo único que puede interferir con esta estrategia es el que esa unidad de acción que reclamaba Puigdemont termine por romperse si finalmente triunfa la reedición de un tripartito de ERC, PSC y En Comú Podem, que solo necesitan la abstención de JXCAT para garantizarse la investidura de un candidato de ERC. De hecho, ya han votado juntos contra la propuesta de resolución presentada por CIUDADANOS que pedía la dimisión de Roger Torrent.

Lo más normal, sin embargo, es que opten por el pragmatismo e intenten finalmente consensuar un candidato sin lastre judicial y comprometido con el proceso de siempre, el de la gota malaya. La misma a la que se refirió la diputada de ERC Anna Caula y su “cloc, cloc, cloc..”. Porque de lo que se trata es de mantener el poder en manos del independentismo y vender la idea de que para avanzar, a veces es preciso retroceder. Una estrategia enfocada a seguir con la labor esa de “hacer país y consolidar estructuras de Estado a base de ampliar el autogobierno y las competencias. La vieja táctica de ofrecer paz social a cambio de autonomía. Una estrategia que les ha dado espléndidos beneficios durante la anterior etapa, antes de la radicalización impulsada por el pánico de los dirigentes acosados por temas de corrupción que afectaba a la esencia del nacionalismo independentista burgués y elitista de CiU. Una radicalización que llevó a este proceso que se descontroló por la influencia negativa de los radicales anti sistema de la CUP que forzaron el cese de Artur Mas y el encumbramiento del extremista Carles Puigdemont.

Personalmente apuesto por una solución en el que los antiguos socios ERC y PDeCAT con la mayoría de votos, una vez sustituidos los de los procesados inhabilitados, ya no necesiten el apoyo de los radicales de la CUP, siempre que opten por la abstención, y puedan investir a su candidato con sus 66 votos frente a los teóricos 65 votos del bloque “constitucionalista” donde se ve que existen no ya fisuras, sino grietas enormes. No sería de extrañar la abstención de los Comunes e incluso la del PSC, que está dispuesto a evidenciar su independencia del PSOE y seguir su propio criterio.

La otra noticia que merece atención ha sido la que ha tomado el juez Antonio Baños, titular del juzgado nº3 de Instrucción de Cornellá de Llobregat al inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en la causa abierta donde investigaba la actuación de la cúpula de mando de los Mossos en las fechas previas y la del 1 de octubre, día del referéndum ilegal. La razón que aduce es que en las investigaciones hay indicios de criminalidad para otros siete altos cargos de los Mossos además del exMayor Josep Lluis Trapero de cuya causa es responsable la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. El juez dice compartir las tesis tanto de Lamela como de LLarena. Esta decisión dejaría toda la causa en manos de Cérmen lamela que una vez analizada la documentación del juez Baños, deberá decidir las acciones subsiguientes y quizás reconsiderar las medidas cautelares impuestas a Trapero y las que adopte con los nuevos señalados.

Esta información tiene una importancia crucial al estar implicados tanto el actual Mayor de los Mossos designado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras apartar a Trapero, como otros seis altos cargos. Su encausamiento y posible prisión para algunos de ellos obligaría al Gobierno a designar nuevos mandos y, de paso, adoptar medidas de control mucho más eficaces que impidan, entre otras cosas, la radicalización de unos agentes que en su mayoría comparten la ideología del separatismo y mantienen una actitud obstruccionista, cuando no directamente colaboracionista. Los dos acusados de encubrimiento al acompañar al prófugo Puigdemont son solo una muestra de la podredumbre extendida en un cuerpo al que se le supone que debe defender la ley y no atentar contra ella.

Por otra parte, no deja de sorprender la facilidad con la que los prófugos recolectan fondos para costear su defensa legal personal con carísimos bufetes de abogados. En este caso la profesora de la Universidad de Edimburgo Clara Ponsatí, huida a Bélgica con Puigdemont y acogida en su antiguo puesto en la universidad en Escocia, ha tenido que presentarse ante la justicia escocesa obligada por la euroorden dictada contra ella por el juez Pablo Llarena. En esos momentos de zozobra no dudó en mostrarse menesterosa, a pesar del excelente salario que recibe de la universidad, y solicitar aportaciones de hasta 40.000 euros para hacer frente a los gastos de abogados. El éxito ha sido total y ya ha superado los 100.000 euros e incluso se habla de mucho más. Y eso que ni siquiera se le ha exigido fianza alguna y se le ha dejado en total libertad salvo la prohibición de salir del Reino Unido reteniéndole el pasaporte. Una extradición que se vislumbra tan complicada o más que las de Bélgica y la de Suiza con Marta Rovira. Supongo que Hacienda tendrá muy en cuenta esta lluvia de miles euros para la próxima declaración del ejercicio del 2018 de la fugada que deba realizar en el 2019.

Esto del “crowfunding” no deja de ser una cosa etérea, una especie de agujero negro donde la opacidad reina y no se identifica a los mecenas ni se controlan las transacciones de estas ingentes cantidades de dinero. Hay algo mal en la legislación al consentir este limbo donde partidos como PODEMOS llevan ya años practicándolo. Claro que tampoco es que esté el asunto de las donaciones a los partidos políticos muy controlado y ahí hablamos de millones de euros. Algo que está resuelto en otros países como los USA donde el mecenazgo de campañas electorales es público y no se esconde. A ver si aprendemos y nos dejamos de hipocresías.

¡Que pasen un buen día!

LAS CIFRAS DEL ALTAVOZ DE PUIGDEMONT
TV3, el trampolín del secesionismo
ESdiario 30 Marzo 2018

El 155 no acabó con la maquinaria de Puigdemont para construir secesionistas. La intervención legal permitiría conocer los entresijos de la televisión más dilapidadora de España.

240 millones de euros de presupuesto, 2.300 empleados y unas instalaciones que, como casi todo en TV3 y Catalunya Radio, hacen empalidecer las de los dos grandes imperios televisivos de España: ni Atres Media ni Mediaset, propietarias de una decena de licencias operativas en todo el país, se acercan a esas magnitudes de gasto, pese a que sus ingresos multiplican varias veces a los de la Corporación catalana cuya audiencia, a más inri, cae en picado.

El artículo 155 no prevé aún, por la negativa del PSOE, la intervención en este entramado televisivo y radiofónico que, desde hace años, se ha convertido en algo más que un altavoz del independentismo: es también su instigador y, desde luego, un movilizador de reclutas para la causa. Esta misma semana no tuvo empacho en 'informar' sobre direcciones personales del juez Llarena, bestia parda del soberanismo.

TV3 gasta más en personal que todo Antena 3 y Mediaset
Esa fidelidad al Régimen explica la ingente cantidad de dinero público gastado en la Corporación, aunque nada es suficiente para alimentar un 'bicho', el del independentismo, que ha picado a cientos de miles de catalanes convencidos de que todo lo que cuenta Tv3 es cierto y que es universo ficticio de odio político y económico de España hacia Cataluña es cierto.

Sin llegar a la excelencia de Leni Riefenstal, la maga audiovisual que elevó el misticismo del Reich al territorio del arte con imágenes gloriosas para la gran pantalla, la Corporación de medios catalanes es indispensable para entender el pulso que a todos los niveles lleva cinco años echando la Generalitat contra el Estado.

Y eso tiene un coste, inmenso en una Comunidad que ha visto hundirse su PIB, fugarse a miles de empresas y deslabazarse una parte no menor de servicios tan esenciales como la educación y la sanidad. Según los datos que obran en poder de ESD, extraídos de la documentación interna de TV3, el mayúsculo derroche en que no falte de nada para alimentar la contienda y transformar los platós en trincheras, se ha disparado en plena crisis económica.

Más del triple de Telemadrid
En concreto, las últimas cifras accesibles sitúan el presupuesto en algo más de 240 millones de euros al año, una cifra que sólo alcanza su sorprendente significado al compararse, por ejemplo, con la de Telemadrid, que apenas llega a los 70 millones de euros de aportación de la Comunidad de Madrid.

Esa comparativa también es llamativa con respecto al personal: TV3 y sus canales de radio y televisión sobrepasan los 2.300 empleados, por apenas poco más de 300 en Telemadrid. Pero hay más. Si se toman por referencia a los grandes grupos, representados por Antena 3 y Tele 5 con sus respectivos segundos canales (La Sexta y Cuatro) e incluso su oferta en TDT; el resultado es digno de calificarse de escandaloso: los dos grandes monstruos sólo multiplican por tres la plantilla de una televisión autonómica pero, y esto es más sorprendente, gastan menos en personal.

La Corporación catalana dedica a su formidable plantilla casi 160 millones de euros cada año, un 66% del total de su presupuesto; una cifra que apenas llega a los 130 para todos los canales juntos de ATres Media y Mediaset.Y es que en TV3 y su entorno, lograr un sueldo medio de 60.000 euros anuales no es tarea especialmente complicada, con picos de casi 87.000 euros para determinados directivos y un suelo salarial de algo más de 21.000 euros para los propios ordenanzas, según datos revelados en su día por e-noticies.

La coda de esa deriva hacia el aumento del gasto y la filiación con el independentismo de la Generalitat no puede ser, por contra, más paradójica: desde 2010, las audiencias de la corporación catalana han ido cayendo en barrena y ya no alcanza la barrera psicológica del 17%, un dato que firmarían sus homólogas en otras regiones pero que para el gran altavoz del secesionismo es una derrota.

Si el viernes se aprueban en el Senado las medidas anunciadas por el Gobierno en aplicación del 155, Tv3 y todo su laberinto de intereses verá entrar allí a una especie de Minotauro constitucional dispuesto a abrir las ventanas para que corra algo de aire fresco. Nadie cree que le será fácil.

Tal es la preocupación de los responsables del ente público que, pese a no querer parecerse en nada a España, en algo sí hacen una excepción: en los últimos años, y al menos en 2015, la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals dedicó un buen pellizco, 140.000 euros en concreto, a contratar los servicios de una de las empresas más potentes en el sector de análisis de mercado audivisuales, GFK Emer Ad Hoc Research, con un encargo muy concreto: investigar y analizar hasta a seis cadenas "del Estado español" y otras cuatro locales, tal y como recoge el pliego que permitió la adjudicación.

TV3 ha magnificado siempre la idea nacional de Cataluña, presentando a Puigdemont en marcos grandiosos para acentuar su condición de presidente de un gran país

Mientras, la manipulación en favor de una idea de Cataluña separada de España, que escribió episodios tan hilarantes como el de esconder la nacionalidad del ciclista Purito Rodríguez en los Juegos de Río , dista mucho de menguar e incluso puede extenderse merced a dos nombramientos. El director de TV3, Jaume Peral, y el de Empar Marco, su homóloga en la renacida televisión valenciana.

TV3 dejó de ser un medio para convertirse en una plataforma y un pegamento de secesionistas a un coste desbocado

Allí desembarcó tras ejercer de corresponsal de la televisión de la Generalitat, desde la que defendía la visión pancatalanista que incluye a Valencia y a Baleares en los anhelados Paisos Catalans. No parece que ninguno de los dos tenga previsto variar el rumbo y garantizar el servicio público que, por ley, están obligados a garantizar. En el viaje hacia la imposible secesión, la televisión ha dejado de ser un medio para transformarse en una plataforma. Y tal vez la más importante de todas.

Noam Chomsky, poco sospechoso de conservador, describió hace tiempo las diez estrategias que utiliza el poder para servirse de sus medios al objeto de 'evangelizar' a las audiencias y hacerlas partícipes de un objetivo que antes no sentían.

El proselitismo
Repasando el decálogo del controvertido lingüista norteamericano, autor de 'El miedo a la democracia', es imposible no encontrar una coincidencia casi absoluta con el trabajo de TV3 y Catalunya Radio en estos últimos años de proselitismo constante.

Pero basta una, que las resume a todas: "Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos".

La lengua como abuso de poder
CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ. ESdiario 30 Marzo 2018

El presidente de la Diputación de Alicante, del PP, denuncia la utilización del valenciano como herramienta de construcción del nacionalismo en la Comunidad y lo enlaza con el secesionismo.

Mis convicciones políticas van intrínsecamente unidas a las más íntimas, porque ambas conforman un binomio inseparable que me define como persona. En esas creencias e ideologías, mi papel de padre está en una escala prioritaria y, como cualquier otro que quiere lo mejor para sus hijos, abogo por inculcar valores universales como el respeto, la tolerancia y la superación.

Es por ello que no puedo entender, ni jamás lo haré, que la educación de nuestros niños y jóvenes destile abusos de autoridad ni adoctrinamientos ideológicos. En la Comunitat Valenciana, uno de los territorios más prósperos de España y con más proyección de desarrollo, venimos sufriendo en los últimos dos años la deriva institucional de un gobierno autonómico que utiliza tácticas dictatoriales e impositivas para aplicar su hoja de ruta independentista, secesionista y pancatalanista.

Ejemplos hay varios y muy graves. Como el hecho de exhibir banderas cuatribarradas en numerosos actos públicos, en los que también hay manifestaciones contrarias a España, o las decisiones políticas que ha ido adoptando el Gobierno Valenciano desde 2015 tendentes a limitar y recortar la autonomía de las diputaciones provinciales, a fomentar el autogobierno o a disgregar el territorio mediante una Ley de Mancomunidades.

¿Països Catalans?
Sobre los valencianos, alicantinos y castellonenses planea esa perversa politización y ese burdo adoctrinamiento de escuelas, medios de comunicación y colectivos sociales con el que el Consell autonómico nos quiere conducir hacia un precipicio, hacia un proyecto que desde hace años subyace en nuestro entorno, el de los Països Catalans.

Ni el separatismo está en nuestro ADN como comunidad, ni el radicalismo forma parte de nuestro sentir. No tienen recorrido alguno en nuestro territorio porque la legalidad constitucional estará siempre por encima de las pretensiones de aquellos que quieren romper la unidad de la nación.

Como presidente de la Diputación de Alicante, tras escuchar las peticiones que nos llegan de colectivos, padres y madres y del propio sector educativo, tengo la responsabilidad moral y política de hacer oír la voz de la provincia que clama contra la imposición de un decreto lingüístico abusivo, discriminatorio, radical y alejado de la realidad social y cultural que nos rodea.

Un decreto que margina el castellano, que supone un ataque a los derechos fundamentales de nuestros hijos y que socava la libertad de los padres a la hora de elegir la educación para sus hijos. Un decreto, en definitiva, que hace un uso irresponsable de la lengua.

Imposición desesperada
El gobierno valenciano, con Ximo Puig a la cabeza y con sus socios de gobierno de Compromís, hace meses que está llevando a cabo una huida hacia adelante en solitario y a la desesperada, en un intento de imponer lo que es incapaz de dialogar o consensuar. El Consell valencià está perdido y su política no es sino un salto al vacío en un peligroso juego que busca desmembrar la sociedad, desvertebrar el territorio y callar cualquier opinión crítica y discordante con su estrategia.

En ese contexto de crispación, la provincia de Alicante y la Diputación nos hemos convertido en el freno a una Generalitat Valenciana que gobierna para unos pocos, que sigue los pasos del independentismo catalán porque cree que forma parte y está en deuda con él, que se burla de nuestra sociedad en un intento de discriminar por razones lingüísticas a una parte importante de los alicantinos y que prioriza una lengua frente a otra cuando ambas convivían hasta hace poco en perfecta armonía.

La sociedad que queremos se construye uniendo sensibilidades, no separándolas; buscando consensos, no puntos de fricción; trabajando por un proyecto común, no en propósitos partidistas y personalistas. En definitiva, los alicantinos queremos un futuro que sea de todos y en el que quepan todos, en el que la convivencia entre las personas que hablan valenciano y las que lo hacen en castellano no sea un imposible, ni un motivo de disputas constantes. No queremos aislarnos del mundo ni de España, porque amamos nuestro país, respetamos nuestros símbolos y creemos en la unidad y la igualdad de los ciudadanos, por encima de cualquier otro sentimiento.

Dos lenguas
Tenemos la suerte de contar con una lengua propia y con una cultura e idiosincrasia que nos hace únicos, pero esos valores de los que nos sentimos plenamente orgullosos se suman a un proyecto común que es España, no nos separan de ella, porque si estos elementos se utilizan para destruir a la colectividad estamos abocados a la involución política y social, al aislamiento más profundo y al pensamiento único.

Desde el Gobierno Provincial de Alicante defenderemos siempre el interés general, la libertad de cualquier padre a elegir la educación de sus hijos y la necesidad de apostar por el diálogo, la participación y el consenso con el fin de buscar soluciones a los retos que se nos plantean. No permitiremos en la Comunitat Valenciana que en cuatro años de gobierno radical del PSPV y Compromís, con el sustento de Podemos, se destruya a martillazos lo que hemos conseguido en años: un territorio abierto, plural, tolerante, respetuoso con todas las personas, vengan de donde vengan y hablen la lengua que hablen, una comunidad de concordia, próspera y con un potencial inigualable.

Contra la involución
Mi compromiso con esta provincia, desde la responsabilidad que ocupo al frente de la Diputación de Alicante, seguirá siendo el mismo que ha marcado los objetivos estratégicos de esta institución desde el inicio de la legislatura. No voy a tolerar más desprecios hacia una administración que cuenta con plena autonomía para ejecutar sus planes y que está amparada por la Constitución Española. No voy a permitir más manipulaciones, imposiciones, ni dejadez del gobierno de la Generalitat Valenciana en temas importantes para nuestro desarrollo. Porque mi verdadera obligación es con los ciudadanos de la provincia y mi trabajo es velar por su bienestar y su calidad de vida.

Alicante tiene voz y muchas cosas que decir. Si no nos escuchan desde el Gobierno Valenciano hablaremos más claro, con más contundencia e insistencia, pero nunca nos callarán ni silenciarán nuestras demandas. Unidos somos más fuertes. Unidos, avanzamos.

Perfecta armonía
Nota del Editor 30 Marzo 2018

Hay falacias, mentiras, idioteces, estupideces y afirmaciones de políticos del PP. La convivencia armónica de una lengua regional y el español es un imposible desde todos los puntos de vista, salvo en el mundo virtual de los políticos del PP. Que se quejen de lo que ocurre en Valencia y no digan nada de Galicia es como para que a todos los ingresen en un frenopático con gastos pagados.

Independentismo fake
OKDIARIO 30 Marzo 2018

La propaganda asentada en mentiras y mantras absolutos siempre ha sido un recurso recurrente para los regímenes bananeros. Los independentistas catalanes, además de su desafío contra el Estado, no han dudado en hacer uso de este tipo de tácticas para espolear los instintos más primarios de sus seguidores y así extrapolar ese ánimo a las calles con los graves resultados que estamos viendo en los últimos días. Una manera de despreciarlos, ya que a veces usan métodos tan obvios, manidos y falsos que, más que atizar las pulsiones más bajas, parecen que están insultando su inteligencia. En la era de Internet, lo que antes se conocía como “propaganda”, ahora se conoce como fake. Los separatistas catalanes no son ajenos y utilizan sin ningún pudor fotos y mensajes falsos para tratar de legitimar lo que carece de solidez tanto a ojos de la comunidad internacional como de la justicia.

Los ya célebres CDR (Comités de Defensa de la República) usan fotos de palizas propinadas por la policía dominicana y fechadas en el 2015 para tratar de criminalizar a los Mossos del 155. Una táctica, la de tratar de fabricar una verdad a base de mentiras, que ya siguieron para tratar de convertir en violentos a los efectivos de la Policía y de la Guardia Civil que actuaron durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. No obstante, las fuerzas de choque callejeras de los golpistas no se quedan ahí. En su afán manipulador sobrepasan ampliamente los límites de la cursilería más pueril. Por ejemplo, con los mensajes de sus robots en Twitter, donde difunden historias falsas sobre abuelos enfermos preocupados por Puigdemont. Escritos como “mi abuelo, está enfermo, en cuidados paliativos 2 semanas. No hay vez que me vea y no me pregunte por Puigdemont”.

La nueva iniciativa de los separatistas resume bien a las claras la falta de escrúpulos mezclada con la más absoluta ridiculez. Santo y seña de los sediciosos y de sus batallones cibernéticos. Este mensaje ha provocado que los usuarios de Twitter se burlen de ellos, ya que el mismo está lanzado por incontables perfiles distintos. Cómico, de tan ridículo, si no fuera por el daño político, social y económico que están provocando y por la tensión que todas estas manifestaciones alimentan en la calle. A pesar de que sus líderes —Puigdemont y Rovira— salieron huyendo y que el procés está descabezado por el buen hacer de la ley, los más radicales siguen pensando que las ideas políticas se pueden imponer por la fuerza en un sistema democrático. De ahí que incluso acudan a los proetarras vascos para que los asesoren en kale borroka. Más allá del fake hay un independentismo sediento de violencia y contra ellos tiene caer todo el peso de la ley.

Una trama como la de 'Gürtel'
EDITORIAL El Mundo 30 Marzo 2018

El Partido Socialista valenciano (PSPV) y el Bloc, formación nacionalista mayoritaria de la coalición Compromís, pudieron crear una trama corrupta para financiar sus campañas electorales en 2007, según las informaciones aportadas por este periódico. La fórmula sería similar a la presuntamente empleada por el PP en Gürtel: falsear facturas para encubrir pagos al partido a cambio de concesiones de obras y servicios públicos. De hecho, una de las empresas que aparecen entre los donantes del bloque nacionalista, Lubasa, reconoció en el juicio de Gürtel que financió en negro al PP de Francisco Camps. De corroborarse las investigaciones que se llevan a cabo en juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm, estaríamos ante un entramado de financiación ilegal y de malversación que rebasa las siglas de cualquier partido para convertirse en una corrupción sistémica de la que participarían casi todos las formaciones del espectro político, independientemente de su ideología.

Y de la misma forma que la dirección nacional del PP intentó desentenderse sin éxito de la trama valenciana creada en torno a Orange Market, la organizada alrededor de la agencia de comunicación Crespo Gomar, que montó las campañas tanto del PSPV como del Bloc, va a salpicar con seguridad a la dirección federal del PSOE. O al menos a su actual presidenta, Cristina Narbona, ya que una parte de la investigación remitida a Madrid incluye dos contratos adjudicados a Crespo Gomar entre 2007 y 2008 por el Ministerio de Medio Ambiente, que ella dirigía en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por valor de 200.000 euros cada uno. El objeto de los mismos no sería otro que difundir mediáticamente las bondades y los beneficios de las desaladoras que Narbona había proyectado como alternativa tras la derogación del Plan Hidrológico Nacional diseñado por el Gobierno de Aznar. Además, según ha concluido la Intervención General del Estado, ninguno de los dos contratos, vinculados a las plantas desaladoras de Torrevieja y Dénia, cumplían con los requisitos del concurso público.

Las investigaciones, por tanto, apuntan a que desde el Gobierno de Zapatero se pudo colaborar activamente en la financiación ilegal de la campaña del partido en Valencia. Cristina Narbona, o el propio ex presidente, deben dar cuanto antes una explicación sobre estas acusaciones. La actual dirección del partido en Valencia, encabezada por el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la dirección federal, con Pedro Sánchez a la cabeza, tampoco pueden ignorar los datos que han salido a la luz y están obligados a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. Y aunque su nombre no ha salido citado en ninguno de los informes judiciales, no hay que olvidar que José Luis Ábalos, actual secretario de Organización del PSOE, fue uno de los hombres fuertes del partido en Valencia y concejal de la ciudad hasta 2009.

La Policía encuentra cajas enteras de actas del 1-0 destruidas por los Mossos
Carlos Cuesta okdiario 30 Marzo 2018

La Policía Nacional ha detectado cajas enteras de actas del 1-O rotas por los Mossos que revelan su inacción. Las actas estaban destruidas en pequeños trozos, tal y como acredita la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La Policía ha conseguido reconstruir, pese a ello, diez ejemplares. Y la radiografía de todo esa documentación es la misma en cada informe: actas que revelan que los Mossos acudieron a los colegios electorales ilegales el día del 1-O y no hicieron su trabajo.

Algunas de las actas revelan que los agentes autonómicos -identificados en esos documentos reconstruidos con sus números de placa y, por lo tanto, perfectamente identificables- argumentaron que no se podía acceder a un colegio para cerrarlo “porque había un tractor obstaculizando la puerta”; en otro que era imposible incautar las urnas porque “había 300 personas”; en otro que decidieron no cerrar el colegio porque estaban en “actitud pacífica”; o en otro, que minutos después llegó la Policía Nacional o la Guardia Civil y casualmente ellos si pudieron entrar en el colegio, incautar las actas y documentación y cerrar el centro ilegal de votación.

La documentación se encontraba en posesión de los Mossos, abarca muchos más informes que los diez que se han podido salvar y, por si el hecho de romperlos en pedazos no era suficiente, tenían la intención de destruirlos por completo, junto con más documentación, en la incineradora de Sant Adriá del Besós (Barcelona).

La Policía se ha encontrado, así, diversas muestras de informes, todos ellos, totalmente esclarecedores de lo ocurrido aquel día con los Mossos. “Un sobre conteniendo trozos de actas del 1 de octubre de 2017. Las referidas actas se encuentran rotas en pequeños trozos”, refleja el informe de la Policía Nacional sobre uno de las cajas con documentos descubierta.

El encabezado de la mayoría de los informes señala lo siguiente: “Acta para dar cumplimiento a las órdenes dadas por el TSJ de Cataluña”. Es decir, que los agentes autonómicos sabían perfectamente qué órdenes debían cumplir y que, además, contaban con la fuerza imperativa de una resolución judicial de un Tribunal Superior.

En unas de las actas se señala que “a las 16 horas del 1 de octubre de 2017 dos funcionarios del cuerpo de Mossos de la USC de Gerona se presentan” en el CEIP de Verd donde especifican que fue imposible identificar al responsable ya que nadie se hace responsable”. Por lo visto, ante semejante argumento de los presentes, no se les ocurrió identificar a ningún sospechoso. “A las 9:10 horas se persona la Policía Nacional con 10 vehículos, entran en la escuela por la fuerza produciendo algunas contusiones y no encuentran ninguna urna y material”, añade esa nota literalmente.

Otra de las actas “donde falta el trozo de identificación del colegio firmada por agentes” asegura “que fue imposible acceder al local por presencia de personas vulnerables, no cerrando el mismo”. Se añade en ese mismo informe y dentro del apartado de observaciones que en el “interior del centro hay unas 300 personas que impiden el paso a los agentes, no identificando al responsable”. Al igual que en la anterior nota, se señala que “sobre las 9:15 horas se presentan 12 vehículos de Policía Nacional, los cuales han desalojado el centro y las personas que estaban en el exterior, los agentes de la Policía Nacional se han llevado diversas urnas del interior y actas”.

En otro acta “manifiestan que han visto agentes del Cuerpo Nacional de Policía, 40 uniformados y 10 de paisano haciendo servir el uso de la fuerza, apartaron de la puerta de la escuela a unas 250 personas que se oponían de manera pacífica a la actuación policial”. Los Mossos, por el contrario, ante la actitud pacífica prefirieron dejar seguir a los votantes del referéndum prohibido e ilegal y esperar a que tuviese que llegar la Policía Nacional ante su inacción.

Llama la atención, además, tanto en esta nota como en otras similares, que el interés de los agentes de los Mossos parecía estar más centrado en controlar los movimientos de la Policía Nacional que en impedir la votación delictiva que se cometía ante sus ojos.

Otro acta narra que “no han accedido al interior porque el pabellón se encontraba cerrado, encontrándose un tractor obstaculizando la puerta de entrada impidiendo el acceso”. Y acto seguido describe cómo “todo ello” sucedía “en el marco de una gran concentración de personas”. Personas a las que, por lo visto, el tractor no les había impedido acceder. “A las nueve horas la Guardia Civil se persona en el lugar desalojando a las personas concentradas, accediendo al interior rompiendo la puerta”. Para los agentes de la Guardia Civil tampoco fue un obstáculo insalvable el tractor.

Los radicales catalanes se entrenaron en las revueltas violentas de Gamonal
Carlos Cuesta okdiario 30 Marzo 2018

Los radicales catalanes se entrenaron en las revueltas de Gamonal. Los Mossos lo sabían y tomaron la decisión de documentar los disturbios de enero de 2014 en el barrio burgalés. Elaboraron informes para conocer al detalle sus actuaciones, sus ataques y enfrentamientos con la Policía, su forma de actuar en los altercados en las calles.

Los Mossos siguieron estas actuaciones y las investigaron porque sabían que, tarde o temprano, esos comportamientos se reproducirían en su propia casa. Porque la conexión entre los grupos radicales está totalmente documentada y avalada y porque sabían que un escenario similar de lucha callejera se podría reproducir en Cataluña en no demasiado tiempo: en el momento en el que el golpe separatista se desatase.

Los Mossos dejaron, de este modo, “tres informes grapados” sobre lo ocurrido en Burgos. El primero de los informes es “de fecha 11 de marzo de 2014, sobre la cobertura el 17 de enero de ese mismo año de las movilizaciones en apoyo a las protestas que se estaban produciendo en el burgalés barrio de Gamonal”, tal y como reflejan los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO y que hoy están a disposición de la Policía Nacional.

El segundo de los informes era “de 5 de mayo de 2014, sobre la cobertura de la manifestación celebrada en Barcelona el 17/01/2014 en apoyo a los vecinos del barrio de Gamonal de Burgos”.

Y el tercero, aparentemente desconectado, es precisamente el que explica la importancia del seguimiento. Este último documento es un “informe de 5 de mayo de 2014, sobre la cobertura de la manifestación celebrada en Barcelona el 21/12/2013 en apoyo a los presos anarquistas”. Porque la Policía ha confirmado la conexión entre los radicales procedentes de Cataluña y algunos de los grupos presentes en los disturbios y ataques a los agentes nacionales en Gamonal.

La Policía y la Guardia Civil saben, de hecho, que los radicales de toda España mantienen conexiones habituales. Y, entre ellas, están los desplazamientos para incrementar su fuerza en las ciudades donde provocan los altercados.

Agitadores profesionales
La Guardia Civil, en esta línea, ha ratificado ya que los ataques de los CDR estos días en Barcelona están comandados por la CUP, Arran y Endavant. Que no se trata en absoluto de actos espontáneos, ni supuestamente coordinados por CDR populares sin mediación política. Todo lo contrario: se trata de actos coordinados y comandados por agitadores profesionales liderados desde las organizaciones políticas habituales en estos tumultos: la CUP, Arran y Endavant. Organizaciones que han creado ya una red de financiación, muchas veces en base a fondos públicos o subvenciones cruzadas y que se han profesionalizado en llevar la ‘kale borroka’ a la calles de Cataluña.

Las fuerzas de seguridad nacionales han detectado en los disturbios de estos días a miembros de Comités de Defensa de la República (CDR) de Italia o Grecia. “Pero no dejan de ser decenas de personas. No tienen peso relevante. El verdadero peso está en los disturbios comandados por la CUP y por las agrupaciones radicales de Arran y Endavant”, aclara una fuente conocedora de las investigaciones.

Todas esas organizaciones han funcionado en distintos tumultos a lo largo del golpe separatista. De hecho, su presencia se ha notado igualmente en los movimientos en favor de los okupas, en contra del turismo, en contra del Mobile World Congress o en distintos ataques relacionados con los movimientos separatistas.

“Los CDR que hay en el extranjero son los menos preocupantes, los forman grupos reducidos de catalanes emigrantes”, señalan estas fuentes. De hecho, en los últimos días se ha creado un nuevo CDR extranjero, el de Lisboa, con un volumen de seguidores muy reducido.

Cómo se organizan y financian
La Guardia Civil, por el contrario ha detectado más capacidad de ataque en los CDR de Gracia, Berga y Vic. Más presentes en los actuales tumultos y mucho más expertos en la agitación callejera.

En los últimos meses la CUP, Arran y Endavant “han atraído a mucha gente de diferentes perfiles y han sumado seguidores” gracias a la agitación por el golpe separatista, aclara la misma fuente. Todos ello mantienes alianzas con todo el entramado de extrema izquierda nacional y han mostrado sus capacidad de ataque en el verano pasado contra intereses turísticos, puertos, hoteles, bicicletas de alquiler para turistas, etc.

La Guardia Civil analiza ya su entramado y capacidad de financiación. Porque es evidente que se han nutrido de fondos públicos y que esas partidas también pueden llegar a ser consideradas como partidas destinadas a alimentar el golpe del 1-O y sus coletazos posteriores.

TV3: La Generalitat ha invertido 2.000 M. en su aparato de propaganda desde el inicio del 'procés'
A esta cantidad, hay que sumar decenas de millones de euros repartidos en este tiempo entre medios de comunicación y asociaciones para la edición en catalán. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales generó un agujero de 75 millones de euros entre 2010 y 2016
Rubén Arranz vozpopuli.es 30 Marzo 2018

Los partidos independentistas han cuidado tradicionalmente a la prensa amiga. Incluso en los años más duros de la crisis económica, la Generalitat mantuvo el reparto de subvenciones a la edición en catalán, del que se beneficiaron decenas de medios de comunicación en toda la región, muchos de ellos, difusores del catecismo secesionista. La generosidad del Govern ha sido especialmente amplia con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), a la que el PdeCAT y ERC han entregado más de 2.000 millones de euros durante el proceso soberanista.

Sus medios de comunicación -TV3 y Catalunya Ràdio- han funcionado con normalidad durante los últimos meses, dado que el Parlamento -ante la negativa del PSOE- decidió excluirlos del paquete de medidas puesto en marcha con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Eso ha provocado que Vicent Sanchis y Saúl Gordillo se hayan mantenido al frente de estos medios y que la línea editorial de sus noticiarios y tertulias haya sido benévola con los independentistas y crítica con los constitucionalistas, según han denunciado estos últimos.

Desde que Artur Mas dio el pistoletazo de salida al procés, esta corporación pública ha recibido 2.022 millones de euros en subvenciones directas (2010-2017), según los datos extraídos de sus informes anuales de cuentas, disponibles en el Registro Mercantil. El primer año de la década actual ingresó 293,5 millones en este concepto, mientras que el pasado ejercicio, un total de 236,2 millones.

Una buena parte de esa cantidad -159 millones de euros- se destina al pago de su plantilla, conformada por 2.271 empleados, es decir, prácticamente igual a la suma de los contratados en Canal Sur y en la EiTB vasca, la segunda y la tercera televisiones autonómicas con más personal. Actualmente, uno de cada tres trabajadores de los medios públicos regionales lo hace en la CCMA, lo que da una idea de su enorme dimensión.

Al igual que otras de las grandes cadenas autonómicas, su estructura de costes no ha variado en exceso durante los últimos años, pero sí lo han hecho sus ingresos, que se han reducido drásticamente desde el inicio de la crisis económica. En 2008, su cifra de negocios fue de 118 millones de euros, mientras que, en 2016, de 67,53 millones, lo que explica la dificultad que implica cuadrar sus cuentas.

Ciertamente, la radio-televisión pública catalana está lejos de ser rentable. De hecho, entre 2010 y 2016 registró un déficit de 75 millones de euros. A esto, hay que sumar los casi 600 millones de euros que perdió durante los ejercicios anteriores, según se explica en sus cuentas.

A esto hay que sumar sus problemas con el fisco. No hay que olvidar que la Agencia Tributaria reclama a esta corporación un total de 167 millones de euros por diferentes deducciones del IVA que sus gestores realizaron durante varios ejercicios de forma presuntamente irregular.

Desde la federación de televisiones autonómicas (FORTA) señalan que este problema se debe a un cambio de interpretación de Hacienda a la hora de contabilizar el IVA que pagan estos medios de comunicación y confían en que el contencioso se resuelva pronto a su favor. Es más, inciden en que la televisión gallega (TVG) ya ha recibido la opinión favorable del tribunal económico regional y esperan que prosperen próximamente todos los recursos presentados por las cadenas regionales. En caso contrario, directivos como el propio Sanchis ya han advertido de las nefastas consecuencias que tendría para su actividad.

Manipulación informativa
Sea como fuere, resulta significativo el número de denuncias que ha recibido TV3 durante los últimos tiempos por su alineamiento con los independentistas. Sin ir más lejos, el pasado domingo, el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta aseguraba que esta televisión “se ha convertido en un engranaje clave en el golpe de Estado” independentista y lamentaba que estuviera alentando una respuesta callejera.

Sus directivos no se han esforzado especialmente por disimular su simpatía con los partidos secesionistas. Sirva como ejemplo la actitud demostrada el pasado septiembre por Sanchis y Gordillo, que mantuvieron en la parrilla los anuncios del referéndum ilegal del 1-0 pese a que el Tribunal Constitucional había ordenado que no se emitieran. Preguntado a este respecto, Sanchis afirmó que con esa decisión simplemente cumplía con la ley (de referéndum) dictada por el Parlament.

Asociaciones como el Grupo de Periodistas Pi i Margall han denunciado en varias ocasiones la manipulación informativa de TV3 o los exabruptos de colaboradores como Empar Moliner, quien quemó un ejemplar de la Constitución española en uno de los programas de esta televisión. Sin embargo, la autoridad audiovisual de esta región -Consejo Audiovisual de Cataluña- ha fallado en su contra en la mayoría de las ocasiones, en las que el voto de los consejeros afines a los partidos independentistas ha paralizado las sanciones.

La Generalitat cuida a los aliados
Pero el problema trasciende a los medios públicos, puesto que en Cataluña existen diversos medios privados que han crecido al calor de las ayudas de la Generalitat y que actualmente defienden el independentismo en cada una de sus ediciones. Como se detallaba en este artículo, el Ejecutivo catalán otorgó en 2017 otorgó subvenciones a 86 medios de comunicación digitales (1,5 millones de euros), a 198 publicaciones escritas (3,89 millones), a 18 empresas radiofónicas (570.000 euros) y a 19 televisiones (570.000 euros). En todos los casos, se justificaron por la difusión de contenidos en catalán o en aranés.

Por otra parte, también concedió varios miles de euros a asociaciones que promueven el pancatalanismo y a investigaciones sobre el autogobierno. La mejor dotada de 207 fue una de 60.000 euros que servirá para la realización de un trabajo titulado 'Las relaciones Cataluña/España en el contexto europeo. Consecuencias económicas y financieras de los diferentes escenarios político-constitucionales'. En otras palabras, para evaluar el impacto de la independencia.

Invertir o dilapidar
Nota del Editor 30 Marzo 2018

Eso de que algunos han perdido la batalla del lenguaje queda claro en la afirmación de que la Generalidad ha invertido 2.000 M. en su aparato aparato de propaganda desde el inicio del proceso.´Tendría que haber utilizado dilapidar y en vez invertir, a falta de otro designador legal más fuerte como robar, apropiarse indebidamente o algo por el estilo.

Golpismo catalán y sindicatos caviar
María Jamardo okdiario 30 Marzo 2018

UGT y CCOO han convocado una marcha en apoyo a los políticos catalanes presos –no voy a plegarme al eufemismo absurdo de la inversa-. Todo lo raudos que nunca estuvieron para con las concentraciones de víctimas de ETA lo subsanan ahora montando una manifestación pro golpistas. Lo de los sindicatos de etnia en Cataluña junto a los líderes fugados y encarcelados de los partidos nacionalistas que llevan años llamando colonos y extranjeros a sus bases –andaluces, extremeños, gallegos…, emigrantes en Barcelona- me tiene absolutamente fascinada. Sindicatos alineados con presuntos delincuentes procesados, entre otros, por malversación de fondos públicos. Hasta para ellos resulta sorprendente el nivel de inutilidad que les llevaría a autodestruirse. Los que cobran del Estado clamando “libertad”, mano a mano, con los adeptos de la ANC y Òmnium que pretenden dinamitarlo. Olé.

Los sindicatos actuales son a la defensa del trabajador lo que la cigarra a la hormiga. Una suerte de golfos declarados e instalados en estructuras verticales que viven parasitando al resto de los ciudadanos. Es tal su aburguesamiento y el nivel de mamoneo en la teta del subvencionismo público que se atrevieron sin ningún pudor, ni remordimiento, a utilizar dinero destinado a la formación de los parados para homenajearse con mariscadas tales que habrían sonrojado al mismísimo Fidel Castro. Después que si la lucha obrera agoniza y la izquierda revolucionaria se debilita. Con semejantes niveles de ácido úrico a ver quién es el currante que se identifica.

En España no existe un censo -ni por tanto datos oficiales- sobre el total de individuos vinculados al entramado. Según fuentes sindicaleras la dolorosa ascendería a 350.000 representantes computando sector público y sector privado. Averiguar -o tratar de hacerlo- el número aproximado de ellos que ejercen como “liberados” es un deporte de alto riesgo. Nadie se ha atrevido a contabilizarlos. Algunos informes de la CEOE situaron la cifra, en el ámbito privado, próxima a los 5.000. La Administración Pública (central, autonómica y local) el doble. Total, 15.000 individuos viviendo a costa del erario público sin dar palo al agua y privilegiados frente al resto: prioridad de permanencia en la empresa , serían los últimos en perder su puesto de trabajo en caso de suspensión de la actividad por causas tecnológicas y/o económicas; imposibilidad de despido ni sanción durante la vigencia del cargo, ni el año subsiguiente a su finalización; innecesaridad de justificar bajo ningún concepto su no asistencia al puesto de trabajo, ni en jornadas de huelga ni en ningún otro día laboral…

Los sindicatos caviar ya no representan a nadie, salvo a sí mismos. Por eso serían incapaces de financiarse exclusivamente en base a las cuotas de sus afiliados, si es que después de esta obscenidad mayúscula les queda todavía alguno. Se han reivindicado reclamando regulaciones al mercado, con insaciable descaro, para vivir de ellas previa advertencia social de la continua amenaza del malvado empresario en su ausencia. Ahora, además, han decidido convertirse en el bastón del separatismo. Añadan a sus múltiples y nefastas hazañas anticapitalistas, el antiespañolismo. Si estuviesen mínimamente por España, dedicarían sus esfuerzos a facilitar la iniciativa privada, conectar la oferta y demanda laborales con la realidad y en la búsqueda de soluciones para esos jóvenes que después de currarse una licenciatura -y un par de posgrados- deben conformarse con contratos encadenados y sueldos de becarios. ¡Los sindicatos están ocupados luchando por los independentistas, oigan! Porque tanto unos como otros han hecho de sus chiringuitos y consignas un negocio perverso y carísimo para todos. Que trascienda.

Carrefour, Pirelli o Lidl colaboran con la fundación independentista de Tous, Sor Lucía y la mujer de Mas
Borja Jiménez okdiario 30 Marzo 2018

En la fundación repleta de independentistas que tantos quebraderos de cabeza ha traído a Tous colaboran, tal y como anuncia en su propia página web, empresas tan importantes como Aldi, CaixaBank, Carrefour, Coca-Cola, Condis, Lactalis, Lidl, Mercadona, Pirelli o, por supuesto, Tous.

La fundación, conocida como ‘Fundació Rosa Oriol’ ha sido duramente atacada en redes sociales por la pertenencia, ya sea en el presente o en el pasado, de personalidades declaradas independentistas, o muy afines a sus bases, como son la mujer de Artur Mas, Helena Rakosnik, la periodista Pilar Rahola, o la popular monja Sor Lucía Caram, presidenta del comité de dirección de la entidad.

Rosa Oriol, matriarca de los Tous, es quien preside, de manera ‘honorífica’ la fundación; siendo así Rosa Tous la vicepresidenta del grupo y máxima responsable de la organización social. La fundación solidaria cuenta en su secretariado con Lluís Corominas, marido de Alba Tous, y Francesc Costa, socio del despacho manresano Gros Montserrat Abogados.

Empresas colaboradoras
Carrefour, Pirelli o Lidl colaboran con la fundación independentista de Tous, Sor Lucía y la mujer de Mas
Empresas en la fundación de los Tous.

Hasta 240 empresas colaboran, según anuncia la propia fundación en su página web, con la entidad solidaria. Entre estas empresas, además de una inmensa multitud de PYMES regionales, se encuentran conocidas firmas entre las que se encuentran, además de algunas nada sorprendentes como el Grupo Carulla, empresas como Aldi, CaixaBank, Carrefour, Coca-Cola, Condis, Lactalis, Lidl o Pirelli.

La propia Tous, ante la amenaza de un boicot, decidió prescindir en su fundación tanto de la mujer de Artur Mas, Helena Rakosnik, como de la periodista Pilar Rahola, con el objetivo de alejarse de la ideología separatista y, de este modo, despejar los nubarrones de boicot.

Sin embargo, según diversos medios catalanes, aunque el 20 de diciembre del pasado año estaba convocada la reunión en la que se iba a expulsar a Rakosnik y a Rahola del patronato, ésta nunca se celebró. La razón, según las mismas fuentes, pasaba por la inexistencia de un quórum para echar a nadie por sus ideas políticas pacíficas.


 


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