AGLI Recortes de Prensa   Sábado 31  Marzo 2018

Presupuestos: ¿Austeridad? ¿Qué Austeridad?
Daniel Lacalle elespanol 31 Marzo 2018

“It looks like there’s gonna be be a nuclear summer, we’re heading for a heatwave you will never forget”. The Nice Men.

Vivimos tiempos donde los economistas de consenso sufren de keynesianismo selectivo, ese que lee a Keynes para gastar, pero ignora al economista para ahorrar y bajar impuestos. En tiempos de recesión, piden gastar más, en tiempos de bonanza, mucho más. En tiempos de crisis por el cuento de los estabilizadores automáticos -gastar más en subvenciones- y en tiempos de bonanza porque sí.

A gastar más.
Lo curioso de nuestro país es que se hable de austeridad. Como si el gasto público se hubiera reducido o la deuda no aumentase. Entre 2007 y 2016 el gasto público aumentó un 11,9%. Sanidad, una subida del 13,5%, educación, un aumento del 9,3%, protección social un crecimiento del 37,2%.

Si consideramos el periodo 2007 a 2017 un aumento del gasto total de más del 13%. ¿Austeridad?, ¿qué austeridad? ¿Presupuestos restrictivos? ¿Dónde? Llevamos con presupuestos expansivos desde 2008. El déficit acumulado desde la mal llamada “crisis” -el pinchazo de la burbuja de gasto- supera los 759.114 millones de euros. No hemos visto nada más que presupuestos expansivos. La deuda en términos relativos lleva cayendo desde el 2014 hasta el 98,3% del PIB en 2017, gracias al crecimiento, no por el menor gasto.

Lo más alucinante es que el Gobierno de España ha hecho todo lo posible y más por mantener el gasto público y parece que hubiera hecho lo contrario. No se puede negar que el objetivo de sostener y perpetuar el gasto público y aumentar el gasto social han sido los pilares centrales de la acción de gobierno. Pero, aunque sea así, y es evidente, siempre se le pondrá la etiqueta de “recortes” inexistentes y “austeridad” inapreciable.

Lo estamos viviendo ante la publicación de los presupuestos de 2018. Unos presupuestos claramente expansivos en el gasto que apuestan por un aumento récord -del 6%- de la recaudación y una reducción del paro para alcanzar un déficit presupuestario del 2,2-2,5%.

Si algo nos demuestra la experiencia de los últimos años es que, si el objetivo de los partidos es sostener el gasto público, la única manera de conseguirlo es facilitando el crecimiento y el empleo.

Las bajadas de impuestos han funcionado, y en 2017 se recaudó un 6% más, muy por encima del crecimiento del producto interior bruto nominal. La mejora del empleo es la otra variable esencial, y por ello es imperativo que la expectativa de creación de casi 500.000 empleos se cumpla.

Es por ello, esencial que se cumpla un escenario macroeconómico que, al menos a primera vista, no aparece como extremadamente optimista. Ni el crecimiento del 2,7% es exagerado ni el resto de las variables del cuadro macroeconómico.

Pero no podemos olvidar los riesgos. La economía global se está desacelerando de manera evidente, y la europea también. Y el efecto placebo de los tipos bajos ya ha dejado de surtir efecto, como siempre ocurre. El sector exterior es, por lo tanto, un área a vigilar. Una contribución positiva del 0,4% al PIB no es exagerada, pero no deja de ser uno de los riesgos en ese cuadro.

Los ingresos previstos para el IRPF suponen un 6,5% más de lo recaudado en 2017; para sociedades, un 4,8% más; para IVA, un 5,6% más, y para impuestos especiales, un 6,4% más. ¿Puede salir el presupuesto mal por el lado de los ingresos? Ya vimos en 2016 y 2017 que, si el crecimiento se facilita y se ponen las condiciones necesarias, aumenta la recaudación con las bajadas de impuestos.

Pero debemos ser muy cautelosos. Alcanzar ingresos récord es complejo con los beneficios empresariales revisándose a la baja (casi un 17% desde enero, solo para el Ibex) y con casi un 40% de las empresas españolas en pérdidas. Recordemos que en 2018 el Estado no contará con el empuje fiscal del pago adelantado de Sociedades. Me consta que el Gobierno es consciente de estos retos, y por ello es importantísimo tener flexibilidad en los presupuestos.

Los ingresos, que tanto critican algunos como bajos, no van a aumentar mientras el esfuerzo fiscal (lo que pagamos de impuestos comparado con lo que ganamos) siga siendo más alto que la media de la OCDE. Por supuesto, ellos siempre acuden a la presión fiscal (ingresos fiscales sobre PIB) que es una ratio recaudatoria, y no refleja la carga fiscal real de los contribuyentes. Si algo ha demostrado España es que las subidas de impuestos tienen un efecto negativo mayor y la recaudación estimada no se cumple.

¿Qué nos debe preocupar a todos, y a los partidos, de los presupuestos?
Primero, que casi el 95% es gasto corriente. Y, además, que el gasto no corriente -la inversión- lleva generando rentabilidad económica real negativa total desde hace al menos doce años. Rentabilidad económica real, algo que olvidan también de las recomendaciones de Keynes esos Keynesianos selectivos que pueblan los debates económicos.

Segundo, que casi el 90% de los gastos pertenece a esas partidas consideradas intocables. Es decir, que un Gobierno no tiene casi discrecionalidad o flexibilidad a la hora de gastar. Casi el 70% del presupuesto ya está gastado antes de que se aprueben los mismos.

Tercero, que en un país donde tenemos tal cantidad de saboteadores del crecimiento, una ligera desviación en las estimaciones de crecimiento y de empleo genera un aumento mucho mayor del déficit fiscal. Cuidado con esos que dicen que el crecimiento no es infinito pero el crecimiento del gasto público sí lo es. Son los más peligrosos. Si en España tuviésemos más creadores de empleo y menos redistribuidores de la nada, nos salíamos.

Estos Presupuestos responden claramente a lo que pide una mayoría de los ciudadanos. A pesar de ello, se criticarán agresivamente. El problema es que ninguno de los que lo critican nos explican cómo mantendrían un mayor ritmo de aumento de gasto si le ponen escollos al crecimiento y el empleo. ¿Saliendo del euro e imprimiendo pesetas? ¿Se creen ustedes que íbamos a poder gastar el equivalente a casi 500.000 millones de euros anuales y financiarnos a tipo cero imprimiendo papelitos?

Nadie les explica qué pasa cuando todo el mundo exige más gasto y pone trabas al crecimiento. Que el susto llega después. Y el próximo susto no se solucionará con políticas “expansivas” cuando las hemos agotado hasta la extenuación. Entonces, y espero de corazón que no llegue, sabremos lo que es verdadera austeridad.

El electoralismo del PP corre a cargo del contribuyente
EDITORIAL Libertad Digital 31 Marzo 2018

El Gobierno dispara el gasto público para contentar a funcionarios y pensionistas aunque España registra el mayor déficit público de la zona euro.

Llegan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 -otra cosa es que se aprueben- y con ellos toda una nueva batería de guiños y promesas con el fin de comprar votos, pero cuyo elevado coste correrá, una vez más, a cargo del sufrido contribuyente. Aunque habrá que esperar a la semana que viene para conocer en detalle el contenido del plan que ha elaborado el Gobierno del PP, las líneas generales desveladas tras el Consejo de Ministros del pasado martes ya avanzan claramente la intencionalidad de dicho proyecto: contentar a pensionistas y funcionarios mediante un sustancial aumento del gasto público de cara a las elecciones autonómicas y locales del próximo año.

Ya lo advirtió el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando dijo que "son los presupuestos de los funcionarios y pensionistas", a pesar de que el dinero que los sustenta sale del bolsillo de todos los españoles. Las protestas protagonizadas por ambos colectivos para exigir alzas salariales y subidas en las prestaciones han surtido efecto, pero no porque tales reivindicaciones estén o no justificadas, sino porque las encuestas reflejan un claro deterioro del PP en intención de voto. El aumento de las pensiones mínimas de hasta el 3% y el pacto alcanzado con los empleados públicos para elevar los salarios hasta un 9% en tres años se traducirá en un incremento del gasto de varios miles de millones de euros.

Por el lado de los ingresos, los PGE se limitan a incluir una marginal rebaja del IRPF para las rentas bajas, cuya factura fiscal es la más reducida, y la reducción del IVA del cine del 21% al 10% para gloria de los actores, productores y directores que tanto apego profesan al PP.

El diseño de estas nuevas cuentas cae, una vez más, en varios errores de bulto. El primero y más grave consiste en disparar el gasto público con fines puramente electoralistas, en un momento en el que España todavía registra el mayor déficit público de la zona euro y el mayor nivel de deuda del último siglo, próximo al 100% del PIB. Si lo que quiere el Gobierno es subir pensiones y sueldos públicos, lo podría haber hecho sin necesidad de elevar el gasto total, pues bastaría con recortar o, directamente, eliminar entes y partidas que son inútiles. Además, lo prioritario en estos momentos es alcanzar cuanto antes el equilibrio presupuestario para empezar a amortizar deuda e incluso ir conformando un creciente superávit fiscal con el que poder afrontar futuras dificultades.

Asimismo, por el lado de los ingresos, es triste comprobar que el PP sigue ofreciendo migajas, a pesar de haber asestado las mayores subidas de impuestos de la historia de la democracia. El Gobierno bien podría aprovechar la mejora de la recaudación que está propiciando el crecimiento económico para aplicar fuertes y generalizadas rebajas fiscales al conjunto de los contribuyentes, especialmente después de haber soportado los sablazos de los últimos años.

Y lo peor de todo es que el Ejecutivo de Rajoy sigue renunciando por completo a las reformas estructurales para mejorar el funcionamiento del Estado y dinamizar la actividad económica. Lo único que sabe hacer el Gobierno es subir impuestos y gastos. España, por el contrario, necesita una profunda reestructuración del sector público para eliminar gastos innecesarios, así como mejorar la productividad y el funcionamiento de los servicios públicos, al tiempo que se acomete una reforma fiscal con el fin de incentivar el crecimiento y el empleo. Nada de esto hay en los PGE de 2018, tan solo electoralismo simple y facilón para recuperar votos a costa del dinero de todos los españoles.

¿Quiénes son en Cataluña los fascistas?
Roberto L. Blanco Valdés La voz 31 Marzo 2018

La noticia de que el Ministerio del Interior ha decidido reforzar con nuevos agentes la protección que ya se ven obligados a soportar en Cataluña algunos jueces y algunos dirigentes de partido pone de relieve que los que juegan con fuego corren el grave riesgo de quemarse. O, como en este caso, de que resulten abrasados los demás.

Y es que, tanto la veintena de nuevos escoltas que ahora van a desplegarse como los más de 50 que ya fueron enviados a Cataluña con motivo de las últimas elecciones autonómicas, no irán allí a proteger a todos los jueces y a todos los políticos, sino solo a los jueces que, en cumplimiento de su deber, están actuando contra la rebeldía institucional secesionista y a los políticos no nacionalistas que le han hecho frente con coraje.

En España, claro, sabemos muchísimo de escoltas. Sabemos tanto que sabemos, incluso, que cuando en una sociedad democrática algunos jueces y sus familias y algunos políticos y las suyas tienen que vivir protegidos por escoltas es que se está incubando -o se ha desarrollado ya, hasta convertirse en un peligro letal-, el virus del fascismo.

Asistimos estos días a manifestaciones que se dirigen contra un supuesto Estado fascista y opresor: el español. Manifestaciones en las que han llegado a participar incluso políticos que aspiran a gobernar en el conjunto del país o que lo hacen ya en varias comunidades y en ayuntamientos importantes. Todos ellos saben, sin embargo, que se verían en un aprieto insuperable si tuvieran que explicar con un poco (muy poco) de rigor por qué califican de fascista y opresor a un Estado que reúne todos y cada uno de los requisitos de los sistemas democráticos. Salvo, claro, que también sean fascistas y opresores Francia, Italia, Portugal, el Reino Unido o Alemania, de modo que la democracia quede reducida a esos oasis de libertad que representan la Venezuela chavista o la Cuba poscastrista.

La imposibilidad de demostrar lo que constituye una tan burda como majadera falsedad es solo comparable a la facilidad con la que cualquiera que no haya nacido ayer podría acreditar una verdad como una casa: que una sociedad democrática donde tienen que ser protegidos por escoltas los jueces que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado de acuerdo con las leyes y los políticos que defienden la aplicación de las normas aprobadas, dentro del marco de la Constitución, por los representantes legítimos del pueblo, es una sociedad que ha contraído una grave enfermedad: la de la amenaza del fascismo.

Un mal que se ve agravado, claro está, cuando dirigentes políticos de quienes cabría esperar la radical condena de las amenazas a la justicia y la libertad que se ejerce dentro de la ley se dedican a criticar sin más motivo que sus espurios intereses de partido a quienes la defienden mientras guardan un silencio ominoso sobre la intolerable presión que sufren los amenazados.

Frente al complejo, democracia y fortaleza
Gonzalo Duñaiturria okdiario 31 Marzo 2018

Un cargo político fue detenido y condenado a un año de prisión por reírse de la muerte de un policía a través de un tweet. Tranquilos, que la progresía no se incendie, que los defensores de la falsa libertad no abran su violenta “caja de Pandora”, que las huestes de la extrema izquierda y sus apoyos mediáticos y políticos, empezando por el PSOE, no lancen sus mensajes guerra civilistas a favor de tomar las calles en protesta por la falta de libertad. No ha sido en España. Dicha situación se ha producido en Francia, que como todos sabemos es cuna de dictaduras, ejemplo de nación donde se restringen de forma constante los derechos humanos y las libertades públicas. El ex diputado de la izquierda radical Stéphane Poussier, que fue detenido el domingo por publicar tres tweets en los que celebraba la muerte del gendarme Arnaud Beltrame, ha sido condenado a un año de prisión y a siete años de privación de sus derechos civiles. Y nadie en Francia, ningún partido ha puesto el sistema en solfa ni ha propuesto quemar las calles por una presunta violación de derecho alguno. Y para colmo de ejemplo, su antiguo partido, ‘La France Insoumise’, el equivalente a Podemos pero en “normal”, denunció en Twitter sus “vergonzosas y abyectas declaraciones”, anunciando que presentarían una denuncia contra su antiguo candidato. Qué ejemplo de Francia, de democracia fuerte con esa inalienable capacidad de distinguir y diferenciar libertad de expresión de apología del terrorismo, de loa al odio y de ensalzamiento del delito.

El gobierno y las dos cámaras solicitan la ilegalización de un partido político por atentar contra la unidad del Estado y contra la Constitución. ¡¡Tranquilos, prebostes del progreso!!, ¡¡Mucha calma, emancipadores de la tolerancia!!. No ha sido en España, no es una norma que figure en nuestro ordenamiento. Figura en la legislación alemana, nación subdesarrollada y ejemplo de tiranía, yugo y crueldad. Si, un partido puede ser considerado anti constitucional y por lo tanto ser prohibido. Y puede serlo si sus fines políticos y la actitud expresa de sus dirigentes buscan perjudicar el orden territorial e institucional del Estado, amenazando la existencia de la Nación, mostrando una actitud agresiva, expresa y beligerante con el fin de destruir Alemania. ¿Nos imaginamos tal norma en España?. Desgraciadamente no.

Se trata de dos ejemplos, especialmente ilustrativos, de cómo aplicar la ley sobre leyes duras conforman y cimentan un Estado fuerte, una nación poderosa y moralmente robusta. Se trata de ser conscientes de que democracia y libertad son compatibles con el orden y la ley. Sólo la ley, pero sin miedo a aplicar toda ella. Frente a ello, desde hace años se está perpetrando un diario ataque a España, mientras a través de nuestros legisladores y calando en toda la sociedad, se asume cobardemente un infame complejo de inferioridad. El complejo de ejercer el poder, el complejo de cimentar una democracia fuerte, el complejo del propio ser nacional de España. Nuestros legisladores son miedosos, apocados, pusilánimes. Sienten vergüenza a la hora de hacer funcionar al Estado de derecho ante los que quieren imponer la acracia y el desorden, ante quienes atentan contra nuestras instituciones y contra la propia nación.

Qué daño se provoca entendiendo la democracia como libertinaje. Qué sociedad más abyecta aquella que compra el adulterado mensaje de una democracia sin límites, de una libertad sin ley. Qué débil es un Estado que se acompleja por mantener el orden y preservar los derechos de la mayoría.

Porque como dijo el poeta y diplomático francés Saint-John Perse: “La democracia, más que cualquier otro régimen, exige el ejercicio de la autoridad.”

Hotel Florida
La detención de Puigdemont en Alemania acaba, por sí sola, con el relato de la España franquista
David Gistau ABC 31 Marzo 2018

Al viejo axioma de que el nacionalismo se cura viajando le queda escasa credibilidad después de las aventuras elusivas de Puigdemont. El nacionalismo se cura en realidad con ese fatigado proyecto europeo, concebido sobre las ruinas humeantes del 45, tan agredido ahora por todos los fanfarrones de hechuras carlistas que, a un lado y a otro del río Ebro, propugnan el regreso a la orgullosa, castiza mentalidad minifundista. Mientras se derriten, impresionados como tipos que fantasearon con la acción pero quedaron frustrados por la cobardía, ante la pujanza de todo líder que ejerza el matonismo.

La detención de Puigdemont en Alemania forma parte de ese contexto europeo. Y acaba, por sí sola, con el relato de la España franquista, eterno parque temático de una barbarie que iría mutando para perpetuarse, que tanto frecuentan los practicantes del auto-odio a la española, los propagandistas de la Transición pendiente y los reaccionarios indepes que hasta hace poco aún vendían la mercancía averiada de que su fuga constituía una necesidad evolutiva en una España anacrónica y mostachuda. A esta lista, por supuesto, también hay que añadir a algunos profesionales de toda causa anglosajones que querrían conservar el material literario, a lo Dos Passos en el hotel Florida, de la España fascista pero en realidad no se han enterado un carajo de lo que sucedió aquí durante el último medio siglo. Cómo se disuelve toda esta retórica malintencionada cuando Alemania, aséptica, ordenancista, da a Puigdemont el trato de lo que es, un presunto delincuente fugado, y no de lo que querría ser, un perseguido de conciencia.

Así las cosas, y aunque sea por pasar el tiempo, vamos a detectar síntomas regresivos y dictatoriales dentro de España. ¿Dónde estarían? ¿En la España reconocida por sus iguales europeos como una nación con todas las garantías judiciales en regla? ¿O en la España que tiene un presidente de parlamento autonómico capaz de decir que ningún juez puede tocar siquiera a su presidente regional porque éste, auténtico ser providencial y encarnación de la infalibilidad del pueblo, está en un plano superior al de la ley? ¿O tal vez en la España cuya extrema izquierda tacha de golpistas a verdaderos presos de conciencia, los de Venezuela, mientras propone eximentes ideológicos para los presuntos delincuentes de aquí?

Ustedes sabrán dónde se meten, pero uno se queda, obviamente, con ese miembro de la UE llamado España a pesar de ciertas turbulencias que sólo demuestran que las enfermedades oportunistas declaradas en diversas naciones europeas encontraron aquí en el nacionalismo un carril ya establecido por el que fluir. Si Podemos no logró agredir desde dentro con tamaña eficacia la España del 78/45 fue porque el carril de la estación de Finlandia estaba cegado. De ahí que se le noten tantas ganas de sumarse como parásito a la anti-España Puchi, que le sirve como recurso instrumental de propagación revolucionaria.

Ley de memoria histórica: el acabose
Ramón Pérez-Maura ABC 31 Marzo 2018

Melancolía produce el ver que cada día tiene menos influencia en los políticos lo que se escribe en los periódicos y lo que opinan sus compañeros de filas más experimentados. Esta semana hemos tenido una prueba verdaderamente irrefutable. El pasado martes, don Marcelino Oreja Aguirre, exministro de Asuntos Exteriores, exsecretario general del Consejo de Europa, excomisario europeo, presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas –casi nada– publicaba en estas páginas una luminosa Tercera sobre la Ley de la Memoria Histórica que concluía con un párrafo inequívoco y perfecto compendio de lo que antecedía: «La Ley de Memoria Histórica es una falsedad, un grave error y un mal servicio a España. Estas son mis convicciones en las que deseo permanecer fiel en lo que me queda de vida».

Ese mismo día, el Parlamento de Baleares, aprobaba su propia ley de memoria histórica. Allí gobierna una coalición de izquierdistas y nacionalistas catalanes, así que, en puridad, nada de extraño tiene. Pero lo que convierte este hecho en el acabose es que esa denominada «Ley de Memoria Democrática de las Islas Baleares» se aprobó con los votos a favor del Partido Popular de Baleares, que preside Biel Company. Esta es una ley perfectamente prescindible por muchos motivos, entre otros porque sólo pretende replicar allí una ley que ya es de aplicación en toda la nación. Ya se sabe lo que les gusta a los parlamentos autonómicos legislar y legislar sobre cosas que ya están legisladas. Y es una ley que el PSOE que gobierna Baleares quiere cambiar y endurecer si vuelve al poder.

Pero la ley balear ha tenido alguna utilidad colateral. Nos ha servido para ser informados de que el PP, después de no haber considerado necesario derogar la ley de amnesia histórica zapaterista, ahora está abiertamente alineado con ella al menos en Baleares. Una ley que, por ejemplo, a algunos ciudadanos nos está causando notables perjuicios por el empeño del Ayuntamiento de Madrid de cambiar el nombre de nuestra calle escudándose falsamente en esa ley. O quizá también en Madrid, porque desde el martes pasado no he escuchado ninguna salvedad o reproche del PP nacional a la actuación de sus hombres en Baleares. Pero ¿a quién puede sorprender eso? Martínez-Maíllo está demasiado ocupado persiguiendo y denunciando a ABC como para atender minucias como la Ley de la Memoria Histórica y la deriva catalanista del PP balear.

Ayer mismo el «Diario de Mallorca» (Grupo Moll) publicaba un análisis en el que se explicaba cómo el PSOE quiere a Biel Company como candidato a la presidencia de Baleares, razón por la cual se abstienen de hurgar en sus puntos débiles. Lo quieren como rival, porque es el más débil de cuantos pueda oponer el PP a la presidenta balear Francina Armengol. «El PSOE balear desea a Biel Company encabezando la candidatura del PP; de ahí que se guarde el material desestabilizador. Cualquier otra u otro, se aduce, es más peliagudo que Company».

Esta semana el discurso del diputado del PP por Tarragona, Alejandro Fernández, en el Parlamento de Cataluña se ha vuelto viral. Hablaba sobre convivencia y parlamentarismo al hilo de una iniciativa parlamentaria de Ciudadanos. Ese discurso de apenas cinco minutos ha tenido un inmenso impacto porque representa la antítesis del actual discurso del PP balear. Porque el PP de Cataluña ya pasó por ser tibio ante el nacionalismo. Y eso le ha llevado a estar donde está: en la marginalidad. Pero el PP de Baleares sigue la ruta que antaño hollaron sus socios catalanes, impasible el ademán.

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Cataluña: de la frustración al resentimiento
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 31 Marzo 2018

Este sábado se cumplen exactamente cien días desde el 21-D y nada ha mejorado en Cataluña. Más bien al contrario, la solución improvisada por el Gobierno para devolver la estabilidad a una Cataluña desbrujulada tras dos largos años de procés, un referéndum ilegal y una DUI -declaración unilateral de independencia- sólo ha servido para enquistar y empeorar el problema.

El resultado de las elecciones no sólo retrató la fractura que parte en dos la sociedad catalana, sino que la agravó. Ciudadanos ganó en votos y en escaños, pero la ley electoral permitió a los partidos independentistas conservar la mayoría en el Parlament. Los seguidores del prófugo Puigdemont mantuvieron la hegemonía del bloque secesionista, lo que enconó la rivalidad larvada entre el PDeCAT y ERC. Y los antisistema de la CUP siguieron teniendo la batuta y están convencidos de que es el momento de la revolución anticapitalista.

Con acta huidos o en la cárcel
Para colmo de todos los males, nada menos que siete diputados independentistas consiguieron escaño desde la cárcel o huidos de la Justicia, lo que sólo ha alimentado el victimismo secesionista y la falacia de que el problema de fondo es un choque de legitimidades entre la voluntad del pueblo catalán, representada en el Parlament, y un Estado español opresor.

La crisis hunde sus raíces en la impunidad con que el nacionalismo ha venido ejerciendo el poder durante tres décadas, en la inacción de Rajoy los últimos años y en la determinación rupturista de Puigdemont. Pero resulta evidente que, una vez desatado el incendio, el Gobierno se equivocó cuando optó por aplicar un 155 light y convocó elecciones antes de haberse dirimido las responsabilidades penales de los promotores del golpe.

Apagar el fuego con gasolina
Aquello fue como apagar un fuego con gasolina porque permitió adquirir la condición de diputados a quienes no podían -por su situación procesal- ejercerla. De hecho, si Puigdemont, Junqueras, Turull, Rull, Jordi Sánchez, Romeva y Comín no tuvieran acta,la crisis no habría desbordado el Parlament para contaminar también la calle como hemos visto en la última semana.

El panorama, cien días después de aquellas elecciones, es desolador. Los partidos constitucionalistas están desunidos. La marca de Podemos en Cataluña sigue intentando pescar en río revuelto. Los dos brazos políticos del secesionismo no resuelven su pulso. Y la Cámara regional no sólo es incapaz de desbloquear la situación, sino que se ha convertido en caja de resonancia de una frustración que ha degenerado en resentimiento.

El 'procés' enseña su cara violenta alimentada desde las instituciones
Esdiario 31 Marzo 2018

El 'procés' en su conjunto es violencia pura por tratar de imponer por la fuerza un sistema antidemocrático. Abochorna que algo tan obvio no goce de unanimidad en la condena.

La violencia es, según la Real Academia Española, la "Acción violenta o contra el natural modo de proceder" o, en otra de sus acepciones, la "Acción y efecto de violentar o violentarse". Y eso es precisamente lo que Cataluña padece desde hace años, de distintas formas, la más agresiva de las cuales se está perpetrando con bastante impunidad en la última semana a partir de la detención en Alemania de Carles Puigdemont.

Cortar autovías, prender fuego en plena calle, enfrentarse a los Cuerpos de Seguridad y, en general, repetir el modus operandi de la ínclita kale borroka que durante lustros alteró la convivencia en el País Vasco son comportamientos netamente violentos, injustificables y, aunque partidos como Podemos, ERC o la CUP y personajes como Guardiola se nieguen a condenarlo, cercanos al terrorismo de guerrilla urbana.

No es simple vandalismo, pues atiende a un objetivo político -por lo demás también ilegal-; está perfectamente organizado, convocado y anunciado y, por último, cuenta con el impulso de organizaciones identificables como Arrán y el respaldo, infame pero legitimador, de formaciones al frente de instituciones catalanas o con gran presencia en ellas.

Todo el 'procés' es violento en sí mismo, pues promueve un Golpe a la democracia sirviéndose de todos los recursos para ganarlo

Pero esta violencia no es la única ni es aislada, sino el clímax de una situación violenta por definición desde que en 2012 la Generalitat iniciara el camino a la independencia unilateral y se organizara todo el aparato institucional catalán para lograrla por la fuerza.

Saltarse la Constitución, despreciar las resoluciones judiciales, ignorar a la oposición, secuestrar las instituciones, utilizar los recursos públicos para acabar con el Estado de Derecho, incitar a la revuelta popular, financiar a los actores de todo ello y ponerse al frente de un Golpe tan evidente a la democracia es, en sí mismo, un acto de violencia reiterada que justifica, sin la menor duda, el encausamiento por rebelión que incluye el juez Llarena en sus autos de procesamiento.

Complicidades en lugar de condenas
Sorprende la ligereza con que, desde trincheras ideológicas o mediáticas, se repite con seguidismo la falacia pacifista del soberanismo; ayudándole con ello en su campaña de propaganda que pretende convertir en víctimas de la represión a los instigadores de un Golpe nefando, de un lado, y legitimando de paso sus alocadas aspiraciones, de otro.

¿Cómo no va a ser violento subvertir el orden democrático, instigar las revueltas callejeras, acosar a los 'disidentes', pervertir la naturaleza de los Mossos, agredir a la Policía y la Guardia Civil, malversar la naturaleza y fines de las instituciones, saquear fondos públicos para organizarlo todo, intentar comprar armamento y crear un Ejército, expulsar a empresas y a ciudadanos, hacer irrespirable la convivencia incluso en las familias; espiar a los rivales con una especie de KGB paraoficial, pisotear un pilar esencial del Estado de Derecho como la separación de poderes y, finalmente, movilizar a los más radicales para que vayan al choque?

La kale borroka de los últimos días no es un hecho aislado ni descontrolado, sino la consecuencia de la estrategia de la Generalitat

La discusión sobre la violencia del 'procés' es absurda, pues todo él es violento por el mero hecho de existir, en una valoración conceptual y también material. El debate habría de ser sobre si la tipificación que recoge el Código Penal es lo suficientemente precisa para recoger jurídicamente lo que es evidente y visible o si, al no pensarse en su día que una situación así tendría lugar, el legislador no fue lo suficientemente puntilloso a la hora de aquilatar este grave delito.

Encapuchados y políticos
Dicho de otra forma, la violencia está en la base del 'procés' y debería estarlo por tanto en la del Código Penal; para evitar que simples tecnicismos e imprecisiones libraran a los cabecillas del Golpe de pagar por el peor y más evidente de los delitos que probablemente hayan cometido. La violencia no es sólo entrar un día concreto en un Congreso, como hiciera Tejero pistola en mano aquel infausto 23F de 1981.

También lo es "la acción de violentar" y "contra el natural modo de proceder". Y si algo se ha hecho en Cataluña desde hace demasiado tiempo es precisamente eso. Los encapuchados quemando contenedores, paralizando autovías o intentando paralizar las infraestructuras y los transportes catalanes no son una excepción ni un hecho aislado, sino el corolario inevitable instigado por Puigdemont y todos los golpistas que le han ayudado a definir e intentar imponer por las bravas un sistema antidemocrático. Son violentos y la violencia ha sido el pilar fundamental de todos sus abusos.

Iceta, PNV y los menesterosos del procés.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 31 Marzo 2018

MIQUEL ICETA SIGUE A LO SUYO. EL PNV SE PONE LA VENDA ANTES DE LA HERIDA. PUIGDEMONT PASA EL CEPILLO PARA SU DEFENSA LEGAL.

Miquel Iceta está empeñado en mantener una posición discrepante con su socio el PSOE en cuanto a cómo solucionar la investidura de un Presidente del Gobierno de la Generalidad. La propuesta se basa en formar un gobierno de concentración, aunque ahora reconoce abiertamente que es inviable. Sigue pensando que es la única solución posible en un escenario de bloques donde la mitad de la sociedad se quiere imponer a la otra mitad. Una situación que es la que lleva años practicando el independentismo desde que gobierna y tiene mayoría parlamentaria en Cataluña. Y es que no se puede pactar con quienes han logrado dividir a la sociedad catalana mientras no abjuren de sus intenciones de actuar unilateralmente, como ya hicieron al declarar la República y violar los derechos fundamentales de los catalanes que no comparten sus ideas. No se puede construir nada con quienes han intentado destruir con la violencia administrativa de exclusión a esa otra mitad de ciudadanos que siguen queriendo ser españoles además de sentirse orgullosos de su cultura como catalanes.

Miquel Iceta viene de pacificador, de hombre de paz que busca el diálogo y el perdón, dispuesto a transigir sin que los otros renuncien a nada ni pidan perdón por imponer su voluntad, no por las armas, pero sí por la promulgación de leyes injustas, sectarias y excluyentes, persiguiendo y sancionando a cuantos las incumpliesen. Una hipócrita posición por la que se justificaba todo en la defensa de los valores nacionales, de la lengua y de la cultura catalana, cuando realmente nadie los atacaba y ellos sí que lo hacían a quienes solo intentaban mantener sus derechos. Porque la imposición y el desprecio por una mayoría no independentista, no es democracia. Y si algo han demostrado los independentistas en estas últimas legislaturas es que, contrariamente a lo que dicen, no son demócratas sino reaccionarios, totalitarios y fanáticos de su credo, declarando a quienes no lo comparten como anti catalanes. Ellos se proclaman representantes del pueblo, despreciando a mas de la mitad de los ciudadanos.

Miquel Iceta pretende negociar y pactar un Gobierno de concentración con quienes solo piensan en separarse de España y romper la convivencia de los ciudadanos de esa comunidad autónoma, que nunca ha sido independiente de España y que solo lo será cuando el pueblo español así lo decida. Porque este es un asunto que nos afecta a todos los españoles a los que los golpistas despreciaron al dar el golpe de Estado, que de simbólico no tuvo nada, ya que seguían y siguen apostando por implantar la República en cuanto recuperen el poder y el Gobierno de España dé por finalizada la intervención de la autonomía.

Por otra parte, el PNV se ha radicalizado hacia posiciones ultranacionalistas cuando se ha dado cuenta de que no puede mantener mucho más tiempo un discurso en el que dice solo aspirar a lo que ya tienen, una plena autonomía con mayores beneficios y prebendas que las que obtendrían con la independencia. Pero hay que mantener las apariencias de que nunca han renunciado a ese objetivo, mientras se mantengan las actuales cláusulas del contrato con el Estado. Y ahora, tras la intervención de la autonomía de Cataluña a consecuencia de la declaración unilateral de independencia y el encausamiento, prisión y procesamiento de los golpistas del Gobierno cesado de la Generalidad y otros cómplices de asociaciones civiles, intentan mantener una posición de firmeza ante el Gobierno de España bloqueando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a pesar de que les perjudica. Y aquí se cumple el dicho de “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojo” o el de “ponerse la venda antes de la herida”.

Es evidente que el nacionalismo vasco se ha visto amenazado y prefiere dejar clara su postura de que ellos no aceptarán ni las formas ni las medidas. Una rebelión anunciada en toda regla, contando previsiblemente con el apoyo de las fuerzas abertzales proetarras y una infraestructura de seguridad basada en la Ertzaintza, cuya lealtad y actuaciones pueden ser muy similares a la que han protagonizado los Mossos en Cataluña. Y es este bloqueo económico el que se usa como forma de chantaje para que el Gobierno de España ponga interés en abandonar cuanto antes la intervención de la autonomía y deje paso a un Gobierno de la Generalidad. Lo malo es que eso dejó de depender del Gobierno cuando una de las medidas fue la disolución del Parlamento de Cataluña, tras el cese del Gobierno de la Generalidad y la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas, con el resultado de que los golpistas han sido reelegidos y mantienen una cómoda mayoría parlamentaria. En pocas palabras “la han cagado”.

Nunca fue intención del Gobierno de Mariano Rajoy intervenir, sino llegar a un pacto con Puigdemont y Junqueras para que renunciasen a la vía unilateral y convocasen elecciones autonómicas presentándose. Era una especie de indulto por los delitos pasados en un desesperado intento de evitar tener que actuar con la ley, es decir con la Constitución. Mariano Rajoy es un hombre amante de la tranquilidad y de evitar los problemas. Está en su naturaleza, que se evidencia en días de relajación como los que ahora disfruta en su tierra en Galicia dando sus acostumbrados paseos. Es un hombre al que le da pereza intervenir y tomar decisiones, pero una vez que se ve obligado a tomarlas, bien por conciencia, o por imperiosa necesidad de evitar males mayores, aparece su pragmatismo de Registrador de la propiedad, el hombre burócrata que no se desviará ni un milímetro del camino emprendido. No es que no quisiera haberlo evitado, es que no ha podido evitarlo. Y ahora se ve en la disyuntiva ética de anteponer los intereses de partido y de Gobierno al cumplimiento de la ley y no permitir una burla y que los golpistas terminen por imponer su voluntad. Y para eso está la Justicia que tiene muy clara su responsabilidad.

El PNV no va a conseguir nada con este mezquino chantaje, salvo que la UE nos vuelva a sacar los colores y sancionar por una prorroga de unos presupuestos que incumplirían las exigencias de rebajar el déficit impuesto. Si quiere llegar a eso deberá asumir las consecuencias y arriesgarse a perder lo que consiguió con otro chantaje exitoso en los PGE del 2017. Allá cada uno con sus previsiones y sus apuestas.

Por otro lado, los fugitivos, tras el magnífico resultado logrado por la refugiada en Escocia la exconsejera Clara Ponsatí, han decidido también “pasar el cepillo” a sus ilusos parroquianos siempre dispuestos a sufragar a los “menesterosos” represaliados y mártires del proceso. Ya quisieran muchos tener los ingresos y el patrimonio del que gozan estos sacrificados lideres que no dudaron en abandonar a sus compañeros del Gobierno para luego abdicar, algunos renunciando a sus Actas de Diputados y otros a sus ambiciones políticas. Y es que el fervor patriótico, como el amor, es ciego y a veces también sordo y carente de olfato. Porque hay que ser muy lerdo para obviar y no ver esas pantagruélicas cenas a base de langosta y las risas de Puigdemont en un restaurante de lujo en Bruselas, o la mansión de 500 m2 de 4.000 euros de alquiler que además tiene la desfachatez de llamarla “espacio libre de la República”, mientras otros disfrutan de la hospitalidad de Instituciones penitenciarias en Estremera, Soto del Real y Alcalá. Un sujeto que lo primero que reclamó fue administrar (véase quedarse como administrador único) con la mitad de la subvención que le corresponde a JXCAT por el número de diputados (34) en el Parlamento de Cataluña.

Ya dije ayer que esto del “crowfunding”, es una manera como otra de “pedir limosna”, una sinvergonzonada cuando es un profesional de la mendicidad quien se quiere hacer pasar por menesteroso y se pone un cartel de “estoy en paro y no tengo con qué dar de comer a mis hijos” suplantando a quienes sí que están en esa lamentable condición. Es simplemente inmoral. Lo que no evita el que los ilusos parroquianos muestren su generosidad engañados por su buena fe.

¡Que pasen un buen día!

Encasquillados
Ignacio Camacho ABC 31 Marzo 2018

Es una foto fija, una imagen congelada, un panorama quieto. La política catalana, o más bien la política del nacionalismo catalán, se ha encasquillado en su ensimismamiento. El bloque independentista, descabezado de líderes, se ha atrincherado en el Parlamento, única institución a salvo de la intervención del autogobierno, y se ha entregado a un legitimismo de salón que no encuentra el modo de salir del punto muerto. Torrent, que es un talibán de la secesión –hay vídeos que retratan su actitud levantisca en vísperas del referéndum– se maneja en un pragmatismo disimulado de retórica emocional sin atreverse a pisar la frontera de la desobediencia que lo conduciría ante el Tribunal Supremo. Está a gusto en su nuevo cargo y no lo comprometerá con decisiones de riesgo. El separatismo es bravucón pero no valiente, y la certidumbre del horizonte penal le atenaza de miedo. Para liberar por las bravas a la patria oprimida le falta cuajo, entereza y capacidad de sufrimiento; sus lacrimógenos dirigentes se derrumban al comprobar que el menú de la cárcel está poco hecho.

Así las cosas, y como algo tienen que hacer para no tragarse el arresto de Puigdemont sin que se les vea el plumero, han subcontratado a los radicales de las CUP para que sacudan la calle y canalicen el descontento. Los antisistema tienen creada una estructura de agitación inspirada en los Comités de Defensa de la Revolución castristas, que ya es casualidad el modelo. Su estrategia es una borroka de baja intensidad con la que están tanteando el terreno para medir fuerza y comprobar hasta qué punto hay masa crítica para una movilización de corte violento. Llevan tiempo soñando con un maidan a la ucraniana y atisban la posibilidad de pescar en río revuelto. Por ahora están hostigando, vieja especialidad de la casa, a los políticos constitucionalistas y a las familias de los jueces que han desmantelado el proceso. Son los que tienen el mayor peligro inmediato porque, iluminados de fanatismo ácrata, están dispuestos a echar gasolina –literalmente– en cualquier incendio.

Por la vía institucional, en cambio, el soberanismo no parece urgido de tiempo. El reloj de la investidura le concede dos meses para prolongar la política de gestos, esa irredenta vacuidad victimista con la que gusta de darse un tinte épico. Aún alberga la vaga esperanza de que la justicia alemana libere a Puigdemont del cargo más grave, el de rebelión, y lo devuelva sin que el magistrado Llarena tenga opción de meterlo preso. Eso sería, sin duda, un revés grave para el Gobierno, y para el Estado una tomadura de pelo. Pero es una hipótesis improbable que, de resultar fallida, obligará a las élites indepes a abandonar el simbolismo testimonial y asumir alguna iniciativa responsable en algún momento. Por ahora parece que la única victoria a que aspira es a dejar, con la ayuda pasiva del PNV, a Rajoy sin presupuestos.

Adoctrinadores desnortados
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 31 Marzo 2018

Ningún régimen nacionalista identitario despreciará la oportunidad de adoctrinar a los niños y los jóvenes cautivos en sus escuelas. Sus autoridades y portavoces negarán que eso es lo que están haciendo, pero nadie que conozca los mecanismos de esta ideología intrínsecamente totalitaria les creerá.

El éxito de la cohesión tal como la entienden estos sectarios depende de que comunicadores y docentes inculquen el pensamiento único, inseparable del tronco identitario. Sin pensamiento único no hay identidad nacional y el paraíso prometido se desvanece. La metodología es totalitaria aunque el calificativo choque a algunos de quienes la aplican.

Componentes racistas
En Cataluña, el adoctrinamiento comienza en el parvulario y se radicaliza a medida que docentes orgullosos de su tendenciosidad enseñan versiones adulteradas de la historia y reducen los conocimientos de geografía a lo estrictamente local. Utilizando como única lengua vehicular el catalán. La intelligentsia secesionista festeja los frutos de este lavado de cerebro precoz. Escribió Josep Ramoneda (El País, 13/9/2012):

Las nuevas generaciones no tienen nada que ver con las generaciones de la Transición. Carecen de los miedos, las complicidades y los prejuicios que teníamos nosotros. Han sido formadas en la escuela catalana, con unos referentes culturales muy distintos y han asumido con naturalidad la condición de Cataluña como país. Los hijos de quienes llegaron a Cataluña en los años sesenta desde el resto de España nacieron aquí y tienen unos parámetros sentimentales muy distintos. Por eso el independentismo ha crecido en transversalidad social y cultural.

Es imposible explicar con más concisión e impudor la motivación proselitista del sistema de educación en Cataluña. De dudosa eficacia final como veremos más adelante, pero cargado de componentes racistas mientras dura.

Laberinto sin salida
¿Componentes racistas?, clama indignado el agitprop secesionista. Y recita el inventario: en Cataluña no se discrimina por el color de la piel, ni por la religión, ni por la nacionalidad de origen. Por lo tanto, no somos racistas. ¿Y la lengua? Ah, la lengua es sagrada. Exactamente, como para otros lo es el color de la piel, la religión o la nacionalidad de origen. Para los racistas catalanes el factor distintivo es la lengua. El equivalente de la raza para otorgar patente de identidad y discriminar a quien no la comparte. Con un añadido revelador: la lengua que se proscribe del aula no es el mandarín ni el amazig, sino la que se habla en todo el territorio que pretenden descuartizar: el español.

El corolario es que para los nacionalistas identitarios existen varias razas en España en función de la lengua. Y también en la misma Cataluña, con la peculiaridad de que la de Ellos les otorga privilegios, por lo cual sus críticos los llamamos supremacistas, en tanto que la de los Otros está condenada a languidecer arrinconada en el limbo.

Se equivocan los nacionalistas identitarios. Al abrazar la lengua como sustituto de la raza para avalar esa supremacía imaginaria entran en un laberinto sin salida donde sus adoctrinadores deambulan desnortados. La realidad los pone en su lugar cuando ensayan sus engañabobos predilectos.

La trama se derrumba
El artículo El catalán y sus mitos (LV, 10/3), del intelectual católico Josep Miró i Ardèvol, ayuda a comprobar hasta qué punto están desnortados los adoctrinadores. El autor pretende desmontar los que él define como cinco mitos fabricados contra la inmersión lingüística, pero no ofrece ninguna prueba para corroborar su afirmación de que "entre estos últimos [datos empíricos] destaca el éxito magnífico que este modelo ha conseguido. Ha logrado educar a toda una generación en el bilingüismo y ha evitado la división en dos comunidades por motivos lingüísticos". Y contradiciendo la arrogante confesión de Ramoneda sobre el vínculo entre el secesionismo y el adoctrinamiento escolar, agrega: "El independentismo no es el escalón superior del catalanismo, y la lengua poco tiene que ver con aquel". Nos toma el pelo.

Pero toda la trama del adoctrinador improvisado se derrumba en su conclusión:
Lo más llamativo de este debate mitológico es que unos y otros olvidan lo fundamental: el fracaso en comprensión lectora en el conjunto de España y en Catalunya, que nos sitúa a la cola de Europa. Si un alumno no comprende bien lo que lee, toda la enseñanza fracasa. Y esto es lo que está sucediendo. Es la puerta abierta al bajo rendimiento, al abandono escolar y a la ingente cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. En todo esto también somos líderes europeos y además constituye una vergüenza para un país que se quiere avanzado como es Catalunya.

¿Dónde queda entonces "el éxito magnífico que este modelo ha conseguido", si, además de padecer los mismos problemas que sufre el sistema de enseñanza en el conjunto de España, Cataluña despoja a sus jóvenes -bajo la férula de un enjambre de parásitos endogámicos- de la herramienta indispensable para desenvolverse con éxito entre los quinientos millones de castellanohablantes? Aunque -como lo demuestra el 90 por ciento de los apellidos de los personajes influyentes- vale más tener un linaje catalán puro que esmerarte por dominar la lengua si eres mestizo. Vuelta al racismo.

Intolerancia en el ADN
Existe otra barrera con la que tropiezan los adoctrinadores desnortados como si fueran, ellos también, mestizos.. Miró i Ardévol puede montar un tinglado de falacias complacientes para apuntalar la inmersión lingüística, pero el bloque totalitario que monopoliza la imposición de este sistema intolerante también los discrimina a él y sus correligionarios. La información, aunque torpemente redactada como muchos textos de la edición en castellano del diario de Godó, es explícita (LV, 19/3):

Los representantes de la escuela concertada se reunirán esta mañana para valorar los ataques recibidos por parte de algunas entidades representativas de la comunidad educativa en contra de los conciertos tal como se puso de manifiesto en la manifestación (sic) del sábado en Barcelona, en defensa de la inmersión lingüística en Catalunya.

Las gestiones del sindicato mayoritario de la escuela concertada para poder participar en dicha manifestación habían sido rechazadas por los organizadores, que querían tener las manos libres para denigrar a sus colegas adoctrinadores de las escuelas católicas. Adoctrinadores desnortados, claro está: monolingüistas catalanes de categoría A, anticlericales, contra monolingüistas catalanes de categoría B, católicos. Ni el abad supremacista de Montserrat lo puede remediar cuando rinde pleitesía a los golpistas presos. Los nacionalistas identitarios llevan la intolerancia en el ADN y necesitan odiar a alguien, aunque sea a sus propios compañeros de viaje.

No son zombis
El artículo arriba citado de Josep Ramoneda reflejaba la convicción de que el adoctrinamiento implantado en la escuela catalana había forjado nuevas generaciones de catecúmenos al servicio del independentismo. Nazis, fascistas, franquistas, comunistas… depositaron la misma fe en el glorioso porvenir de sus regímenes, conseguido mediante dosis masivas de adoctrinamiento. Todos acabaron en el vertedero de la historia. Los ideólogos de los totalitarismos -raciales, religiosos, clasistas, identitarios- no terminan de convencerse de que los seres humanos son muy volubles y tan pronto se someten a la disciplina como se insubordinan. No son zombis.

Los que creen haber domesticado a las nuevas generaciones se llevarán muchas sorpresas. Lo reconoce en su artículo el mismo Miró i Ardèvol, no para reconciliarse con la realidad sino para justificar la necesidad de eternizar la inmersión forzada:

Después de los tres quinquenios de catalán como lengua vehicular, el uso social del español y el consumo de bienes culturales no se han movido ni un punto, y continúa siendo la lengua fuerte.

La desobediencia a los maestros ciruela del totalitarismo supremacista va mucho más allá del terreno lingüístico. Sobre un censo electoral compuesto por 5,500.000 ciudadanos, solamente 2 millones se convirtieron a la fe sectaria. Y las últimas encuestas muestran un trasvase de votantes soberanistas, jóvenes y maduros, al polo opuesto que encarna Ciudadanos, premiado con la mayoría de votos y escaños el 21-D.

No, los jóvenes tenazmente adoctrinados no son zombis y tienen ojos para ver la podredumbre con que la casta de filibusteros retrógrados impregnó a la antaño progresista Cataluña. Llegará el día -esperemos que sea pronto- en que quedarán tan pocos supremacistas en Cataluña como nazis en Alemania y comunistas en Rusia.

PD: Santi Vila, protagonista convicto y confeso de la voladura de la sociedad catalana, tiene la desfachatez de escribir ("Gobierno de concentración", LV, 28/3) que PP y Ciudadanos "se autoexcluyen" de la tarea de reconstrucción, que él deja en manos de "soberanistas, socialistas y comunes", porque "de nuevo, como en tantos otros momentos tristes de la historia de España, pudiendo apostar por la fraternidad lo hacen por el fratricidio". Que un ex jerarca de la sedición cainita acuse de fratricidas a los constitucionalistas, es tan obsceno como lo habría sido que, tras la liberación de Francia, un ex ministro del régimen pro nazi de Philippe Pétain hubiera aconsejado a Charles De Gaulle que incluyera traidores colaboracionistas en su gobierno.

Colau gasta 800.000 € públicos en indemnizar a un hotel que no pudo construirse al estar ella de okupa
Raquel Tejero okdiario 31 Marzo 2018

El ayuntamiento de Barcelona concedió en 2007 una licencia a la cadena hotelera Catalonia para derruir un edificio y construir un hotel en su lugar. Al intentar proceder, la empresa se topó con doce viviendas ocupadas y dos habitadas. Los ‘okupas’ estaban capitaneados por la ahora alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau. Once años más tarde, el contribuyente tendrá que pagar de su bolsillo 801.183,56 euros para indemnizar a la cadena hotelera perjudicada.

El comienzo de la historia tiene lugar cuando el ayuntamiento estaba liderado por el socialista Jordi Hereu. Por aquel entonces, Ada Colau era una reconocida activista de la ‘ocupación’ en Barcelona. Tanto ella, como la actual concejal Gala Pin, se encontraban en el edificio que la empresa hotelera pretendía derruir para construir un hotel de tres estrellas y 65 habitaciones.

El litigio y posterior desocupación duró hasta el año 2010 y supuso que la licencia para la construcción expirase. La empresa consideró que todo aquello no era su culpa y acudió a los tribunales. Finalmente, y varios años después, el Tribunal Superior de Justicia Catalana les ha dado la razón.

Por ello, el pasado 22 de marzo, la comisión de gobierno del Ayuntamiento tuvo que autorizar el pago de la indemnización de más de 800.000 euros por parte del órgano municipal a la empresa.

“Que los pague de su bolsillo”
Alberto Fernández, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, pide a Colau “que pague de su bolsillo los 801.183,56€ de condena al Ayuntamiento, como indemnización, en consecuencia de una ocupación ilegal promovida por la alcaldesa cuando ella era activista”.

Alberto Fernández ha afirmado que “las ocupaciones de Colau no pueden salirle gratis a ella y caras a Barcelona” y añade “aquella ocupación ilegal provocó molestias a vecinos, y comerciantes, además de al hotel que allí debía construirse, y al que ahora todos debemos pagar”.

El Parlament inyecta 700.000 euros al mes al separatismo pese a la inacción legislativa
Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP ingresan 1,38 millones de euros en lo que va de legislatura en concepto de subvenciones parlamentarias. La actividad se reduce a Plenos simbólicos
Segundo Sanz vozpopuli.es 31 Marzo 2018

Los grupos independentistas obtienen casi 700.000 euros mensuales de las arcas del Parlament pese a no sacar adelante ninguna acción legislativa. Desde la constitución de la Cámara catalana el pasado 18 de enero, Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) y la CUP han ingresado 1,38 millones de euros en concepto de subvenciones parlamentarias. Ello, al margen de los sueldos de sus diputados.

Tres meses después de las elecciones catalanas del 21-D, la investidura de un president sigue bloqueada por el desafío secesionista. Así, más allá de las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, la actividad del Parlament se reduce la celebración de Plenos simbólicos donde bien se proponen candidatos imposibles por el cerco de la Justicia, como el caso del exconseller Jordi Turull, o se formulan proposiciones y resoluciones de apoyo a los presos, sin fuerza de ley.

En lo que va de legislatura, la excepción ha sido la proposición de ley impulsada por JxCat para permitir investiduras a distancia. Esta iniciativa de reforma de la Ley de la Presidencia fue tramitada por la Mesa del Parlament el pasado viernes y todavía tiene que debatirse en el Pleno tras el periodo de enmiendas. Además, Ciudadanos y PSC han solicitado un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y el PP ha avanzado que recurrirá al Tribunal Constitucional.

Así las cosas, en caso de que no haya Gobierno en Cataluña antes del 22 de mayo, último día para investir a un candidato antes de la repetición automática de elecciones (serían en julio), los secesionistas pueden haber recibido 2,7 millones de euros en subvenciones del Parlament sin haber adoptado en cuatro meses ninguna reforma económica o de política social en beneficio de la ciudadanía.

8.295 euros por escaño
Según el régimen económico del Parlament, los grupos reciban una asignación fija por tramos de escaños; de forma que hasta cuatro diputados cobran 10.000 euros mensuales, de 5 a 14 suben a 20.000, de 15 a 19 reciben 27.500, de 30 a 34, 50.000 y de 46 a 64 escaños, 70.000 euros. A esta cifra se le suma otra asignación variable, también mensual, de 8.295 euros por escaño obtenido.

De este modo, dentro del bloque independentista, el grupo que obtiene la mayor cuantía es el del expresident Carles Puigdemont, ahora mismo en prisión provisional en Alemania por el golpe del 1-O a la espera de ser extraditado a España. En concreto, Junts per Catalunya, que consiguió 34 diputados en las elecciones del 21 de diciembre, se embolsa al mes 332.030 euros (282.030 euros de asignación por escaños y 50.000 de subvención fija).

Por su parte, ERC, que logró 32 representantes, recibe 315.440 euros (265.440 por las actas más otros 50.000 como grupo). Y la CUP, con cuatro diputados, ingresa 43.180 euros (33.180 de asignación variable y 10.000 del tramo fijo). En total, 690.650 euros mensuales. Al año, esta cifra asciende a 8,2 millones al año.

El 87% de los colegios aplican la inmersión en catalán
Armengol impone la dictadura lingüística a los padres en la inscripción del centro escolar

Luz Sela okdiario 31 Marzo 2018

De la Sanidad a la Educación: la socialista Armengol impone la dictadura del catalán en la universidad

El Gobierno balear, dirigido por Francina Armengol (PSOE), favorece la imposición del catalán en la enseñanza desde el mismo formulario de inscripción en los centros escolares.

En el impreso que los padres deben rellenar para solicitar centro, se condiciona esta elección a aceptar el proyecto lingüístico del mismo, que los progenitores, con su firma, se comprometen a aceptar.

Se trata de una vulneración de la Ley de Normalización Lingüística que, en su artículo 18, establece el derecho de los padres a elegir la lengua de primera enseñanza, y la obligación de los poderes públicos de permitirlo.

“Los alumnos tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua, sea la catalana o la castellana. A tal efecto, el Govern ha de arbitrar las medidas pertinentes para hacer efectivo este derecho. En todo caso, los padres o los tutores pueden ejercer, en nombre de sus hijos, este derecho, instando a las autoridades competentes para que sea aplicado adecuadamente”, se dice, en concreto.

De esta forma, el Gobierno balear condiciona la elección de centro a acatar su modelo lingüístico. Según la plataforma Actúa Baleares, el 87 por ciento de los centros educativos públicos de las Islas “aplican la inmersión lingüística 100 por ciento en catalán”, el 11 por ciento ofrecen una asignatura de español, a parte de la propia de lengua castellana, y “únicamente el 2 por ciento equitativamente entre catalán y castellano”.

La obligación de respetar el derecho de los padres a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos viene avalada también por las sentencias del Tribunal Supremo, que estableció “el derecho de los niños a cursar la primera enseñanza en la lengua habitual de elección” y advirtió de que “su no dación por la Administración vulnera los artículos 14 y 27 de la Constitución”.

La controvertida imposición lingüística en Baleares ha tenido un nuevo episodio con la reciente aprobación del Reglamento de usos lingüísticos de la Universidad de Baleares (UIB), que reveló OKDIARIO, y que establece el catalán como “lengua propia” con carácter de “lengua oficial” y, como tal, determina que debe tener “un uso prioritario”.

El acuerdo del rectorado de la universidad pública balear insta a “fomentar y normalizar” el uso de la lengua catalana, a la que se le da un trato absolutamente preferencia y advierte a los docentes de que “el catalán es la lengua oficial propia de la Universidad de las Islas Baleares y, en consecuencia, la comunidad universitaria se ha de esforzar por hacerla vehículo preferente de enseñanza”.

Saber catalán será además considerado un “mérito” para los estudiantes que quieran acceder a la UIB desde regiones no catalanoparlantes.

Entrevista con OKDIARIO
Josep Sort, mosso constitucionalista: “El 155 no ha acabado con el acoso separatista en el Cuerpo”
Nacho Doral okdiario 31 Marzo 2018

Los Mossos d’Esquadra viven una situación complicada tras años de politización al servicio de los independentistas, que se ha revelado tras los últimos meses con el intento de golpe de Estado. OKDIARIO entrevista a Josep Sort, un mosso que ha aceptado hablar sin ocultar su rostro ni su nombre, y que denuncia que sigue habiendo amenazas a los compañeros que se resisten a incumplir las leyes y las órdenes judiciales. Denuncia que el artículo 155 apenas ha supuesto cambios y que los separatistas siguen al mando.

P.- ¿Hay miedo actualmente en los Mossos d´Esquadra?
R.-Miedo literalmente no, a día de hoy. Pero que tampoco la cosa vaya a más, porque si así fuese se han dado situaciones en muchas comisarías que podrían pasar de lo incómodo, quizá a lo agresivo. Incluso llegando a situaciones punibles.

P.- ¿Sigue habiendo amenazas y situaciones de acoso?
R.- Sí, hay gente que lo está pasando mal y aquí tendrían que intervenir los jefes. Deberían tomar medidas y acabarlo, porque esto no pinta bien.

P.- ¿No se han tomado medidas con el 155?
R.- No, no se han tomado. La situación que hemos vivido algunos agentes tiempo atrás a través de la aplicación del 155 en algunos casos incluso ha empeorado.

P.- El pasado domingo vimos cargas de los mossos en las manifestaciones contra los independentistas que protestaban contra la detención de Puigdemont. ¿Fue algo novedoso, le sorprendió o molestó a algunos de sus compañeros cargar?
R.- No creo, y si lo hay no lo conozco. Los que conozco son profesionales como la copa de un pino y si les ordenan cargar, lo hacen. Es su trabajo.

P.- ¿Siguen mandando en la cúpula y escala superior de los mossos? ¿Continúa copada por el separatismo más radical?
R.-Si no sigue copada, creo que lo disimulan. Para demostrarlo hay que hacer cambios muy importantes y profundos. A todos los niveles.

P.- ¿Hay que entender que Interior no está actuando como muchos mossos fieles a la Constitución quisieran?
R.- No sé si tengo la capacidad y conocimientos para juzgar al Ministerio del Interior, hay que tener conocimiento de muchos factores que no están bajo mi dominio. Creo que lo han hecho de modo escalonado, veremos qué ocurre más adelante.

P.- ¿Ha habido algún cambio con el nombramiento de Ferrán López en sustitución del investigado Josep Lluís Trapero?
R.- Sustancialmente, que yo detecte, no. Más o menos vamos por la misma línea.

P.- Escena vivida esta tarde en Barcelona. Un CDR se planta tranquilamente en una calle, corta el tráfico, los radicales hacen pintadas en alzada y aceras, cuelgan lazos amarillos en las farolas. Con los mossos delante. Ante la protesta de algunos ciudadanos la respuesta de éstos es: “tenemos orden de no confrontar”. ¿Situación real que se sigue viviendo en toda Cataluña?
R.- Sí, y se pueden dar otros casos de tener este tipo de órdenes. Y ellos tener que aguantar y no poder hacer nada.

P.- ¿Hay muchos mossos que pedirían marcharse de Cataluña y otros que piensan en la pasarela a la Policía Nacional y la Guardia Civil?
R.- Sí, esa posibilidad existe, aunque es verdad que la situación personal de alguno se lo puede poner difícil. Pero todo depende del punto al que se llegue porque se tendrá que hacer algo. En mi caso, yo lo he hablado en mi casa, y está hablado y acordado. Depende de cómo vaya, pero si llega esa posibilidad habría que estudiarlo muy a fondo.

P.- ¿Cómo esperan que evolucione Cataluña en los próximos meses, sin gobierno, la calle parece se agita…Qué va a pasar?
R.- La situación es muy preocupante, con esa agitación diaria en las calles, en las carreteras de todo el territorio. Espero y deseo que en el parlament, las fuerzas políticas lleguen de una vez por todas a un consenso y empiecen a poner un poco de paz ciudadana. Y si no, evidentemente habrá que contar con Madrid que es el Estado, son los Jefes del Estado y son los que tendrán que poner orden si no lo ponen aquí.
 


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