AGLI Recortes de Prensa   Martes 3  Abril 2018

El azar y la necesidad
Ignacio Camacho ABC 3 Abril 2018

La causa remota del conflicto catalán está en una falla dogmática del antiguo bipartidismo. Fue la incapacidad mutua y prolongada del PSOE y del PP para garantizar una mínima estabilidad del rival la que los echó a ambos en brazos de un nacionalismo que ante la ausencia de mayorías se ofrecía de aliado para actuar con deslealtad de enemigo. La ausencia de acuerdos transversales agrandó a Convergencia y facilitó la estrategia del pujolismo, que consistía en construir estructuras de Estado con las competencias que le cedían, a cambio de su apoyo, los dos grandes partidos. González, Aznar y Zapatero cayeron en la misma trampa por turnos sucesivos. Ninguno contó -apenas lo intentaron siquiera- con una oposición responsable dispuesta a impedir el tráfico de fueros por simple cuestión de principios.

El declive del statu quo bipartidista no ha modificado ese proceso porque, aunque las fuerzas hegemónicas se hayan subdividido en cuatro, la dinámica de bloques sigue sometida a un sectarismo férreo. La única novedad consiste en que ahora, con los soberanistas catalanes fuera del juego por razones obvias, son los nacionalistas vascos y canarios quienes se benefician del mercado negro. El PNV, un socio peligroso que en 1998 pactó con el PP y con ETA al mismo tiempo, no sólo tiene la llave de los presupuestos sino que amenaza con tirarla a un pozo por solidaridad con los insurrectos si se mantiene en Cataluña la intervención del autogobierno. No está claro si eso sería peor que usarla para estraperlear nuevos privilegios.

En todo caso, la cuestión quedaría resuelta si fuese el PSOE el que, negociando contrapartidas sociales de su propio programa, rescatase su olvidada tradición jacobina para romper el bloqueo. Vana fantasía: Pedro Sánchez no sólo intentó formar una alianza de investidura con ERC, PDdeCat y Podemos, sino que tiene en el Gabinete de Urkullu tres consejeros. Su prioridad consiste en acorralar a Rajoy, agravarle cualquier aprieto -«no es no»- y confrontar con el centro-derecha un modelo territorial aún más abierto. De hecho, la complicidad entre el nacionalismo y la izquierda ha sido una de las constantes históricas que han conducido al actual descalzaperros. Aunque el conflicto secesionista le esté cobrando un alto precio.

Los cinco votos prestados «al azar» que implora el popular Maroto se los otorgarían de buen grado algunos diputados socialdemócratas sensatos, de esos que creen que el errático liderazgo sanchista los empuja a un barranco. Pero aunque la Constitución prohíbe el mandato imperativo, en la práctica se lo han arrogado los partidos a través de sus aparatos. En nuestra política parlamentaria los azares están muy controlados. Esos cinco votos sólo los puede dar el grupo vasco; el problema es que el Gobierno, al adelantar el cupo, cometió un error de principiante tirando el fórceps con que podía arrancarlos.

'Quieto parao'
Emilio Campmany Libertad Digital  3 Abril 2018

La violencia ha sido siempre uno de los instrumentos de la política. Es verdad que hoy día está muy mal vista, pero eso no quiere decir que no se emplee. Se recurre a ella, pero de una manera diferente. Por ejemplo, cuando se impide el normal ejercicio de los derechos de otros. En estos casos, los agredidos se enfrentan a tener que elegir entre soportar la agresión o actuar violentamente contra quien les impide ejercer su derecho. Es lo que hacen los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). Para evitar que el ciudadano tenga que recurrir a la violencia, la Policía, que tiene el monopolio de su uso, está obligada a reponerle en el completo ejercicio de sus derechos, recurriendo a tanta como sea necesaria para lograrlo. Es lo que no está haciendo la Policía autonómica. Quien siga creyendo que cortar una carretera es un acto de protesta pacífico tendrá que admitir que también lo es el del camisa parda que cortaba el paso a los clientes que querían entrar a una tienda regentada por judíos en la Alemania de 1933.

Podría haberse defendido la permisividad de la Policía catalana con las acciones pacíficas de los CDR alegando que así se evitan mayores desórdenes que a la larga perjudicarían más a los ciudadanos que las molestias provocadas por los activistas. Sin embargo, el argumento de Rajoy ha sido negar la mayor, esto es, afirmar que los agentes están cumpliendo escrupulosamente con su obligación, cosa que es flagrantemente falsa. ¿Qué pretende el presidente del Gobierno?

Da la impresión de que Rajoy ha descubierto que, cuanto más violento sea el movimiento independentista, cuantos más perjuicios acarree a los catalanes, menor respaldo popular tendrá. Como siempre, ha llegado a esta conclusión extrayendo ventajas de hacer lo que hace siempre, que es nada. Y en este caso no hacer nada, dejar que los energúmenos campen a sus anchas, tiene la virtud, según él, de abrir los ojos de los catalanistas moderados.

Pero, aunque tuviera razón, que es muy discutible, el caso es que su obligación es la de garantizar la libertad y el normal ejercicio de sus derechos a todos los ciudadanos. Esta grosera dejación de funciones, una más en el rosario de las que ya lleva nuestro presidente del Gobierno, no hará más que convencer cada vez a más españoles de lo inadecuada que es su dirección para enfrentar el desafío del independentismo catalán. Y eso, aunque su estrategia de dejar hacer tuviera éxito. Porque puede llegar el momento en que los desórdenes sean de tal magnitud que no haya otro remedio que atajarlos recurriendo a mucha más violencia de la que hubiera bastado hoy. Con el referéndum del 1 de octubre ya pasó algo parecido. Pero es tal la fe que Rajoy le tiene al quieto parao, que es incapaz de traicionarlo, ni siquiera en las más alarmantes circunstancias. Acabará por incorporarlo al escudo de su casa. Mientras, serán los españoles, especialmente los catalanes, quienes pagarán los platos rotos.

No se enteraban de nada -pero cobraban
Ramón Pérez-Maura ABC 3 Abril 2018

Cataluña y su crisis de secesión están resultando una bendición para el PSOE andaluz. Cuántos medios afines aprovechan los graves acontecimientos del principado para evitar informar a todos los españoles de unos hechos de una enorme gravedad resumidos en la impecable conclusión de la crónica publicada por Antonio R. Vega el pasado domingo en ABC. «En los años en que funcionó este fondo [de 855 millones de euros, nada menos] 120.829 trabajadores se vieron afectados por ERE en Andalucía, pero sólo 6.096 recibieron ayudas. Una catástrofe, sin duda, de lo más selectiva.» Difícilmente puede extrañar esto cuando se sabe que la suegra del director de Trabajo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero, se benefició de 258.539 euros sin tener derecho a un céntimo porque no trabajaba.

Lo más repugnante de este proceso andaluz, en el que la juez María Núñez ha intentado emplearse con efectividad ante las evidentes conclusiones de la investigación de su colega Mercedes Alaya, es que el principal argumento de la defensa de los consejeros y altos cargos -estamos a la espera de la declaración de los expresidentes de la Junta procesados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos exministros y expresidentes del Partido Socialista Obrero Español- es que ellos no se enteraban de nada. Que eso ocurría por debajo, porque ellos no estaban para controlar lo que se hacía con partidas de 855 millones de fondos públicos. Para esas minucias estaban otros, y si lo robaban o dirigían a beneficio de su propio Partido Socialista de Andalucía, allá ellos. Inverosímil, pero así dicen que fue.

Unos, como el exconsejero de Empleo, José Antonio Vieira, dicen que no tenía capacidad para controlar eso porque «soy maestro». Pero para cobrar, no quería hacerlo como maestro sino como consejero. Y claro, como sólo era maestro, firmó un convenio con la agencia pública IFA/IDEA para que gestionase todas las ayudas de empleo que concedía la consejería de la cosa, con lo que tenía la ventaja de que se reducían los controles administrativos. No es que esos controles le importaran una higa al PSOE y su Gobierno andaluz. Porque la intervención general hizo hasta quince informes repletos de señales de alarma sobre la ilegalidad de lo que estaba ocurriendo, mas... vaya por Dios, ninguno de los procesados los leyó nunca. Tenían cosas más importantes que hacer.

El grado de inmoralidad que implica emplear el dinero de ayuda de los desempleados para construir la base sobre la que asientas tu poder político es de una desfachatez inigualada en España. La corrupción de la Gürtel o del Palau implica a sinvergüenzas bastante comunes, que querían enriquecerse robando a otros más ricos. El PSOE andaluz robaba a los más pobres y desheredados. Pero para algunos medios esa noticia es marginal.

'Relatokampf'
Cristina Losada Libertad Digital 3 Abril 2018

Con la detención y puesta en prisión provisional del prófugo Puigdemont en Alemania, el asunto catalán volvió a las páginas de la prensa internacional, y, cómo no, tuvo amplio eco en la prensa alemana. Yo, que algo la frecuento, me topé con piezas de opinión contrarias a que se entregara al expresidente a España. Alegaban que la causa contra él era puramente política y una de ellas, publicada en la Berliner Zeitung, veía tras el procesamiento del que finalmente lideró el golpe contra nuestro orden constitucional una suerte de "venganza ciega". El diario Die Welt publicó una encuesta en la que un 51 por ciento de los alemanes se mostraba en contra de la entrega del detenido. La encuesta fue difundida por varios periódicos españoles, entre ellos La Vanguardia y El Periódico, y los digitales de referencia del separatismo, aunque olvidaron precisar que era una encuesta online. Pude comprobar personalmente que, además, era tan vulnerable a acciones concertadas de activistas como lo suelen ser ese tipo de encuestas.

Cuento estos episodios, meras anécdotas, por una razón que va más allá de lo anecdótico. También más allá de lo que publique la prensa de cualquier país, que es libre de opinar lo que le parezca sobre España, sobre su Justicia, sobre Puigdemont y sobre lo que le dé la gana. Ahora bien, no desdeñemos el poder de la información ni, mucho menos, el de la desinformación. Desinformación tras desinformación, bulo tras bulo y mentira tras mentira no forman un espejismo que se disipa en cualquier momento ante la fuerza arrolladora de una verdad que termina por salir a la luz siempre, como creen la fatal inocencia y la arrogancia fatal. En cuál de esas fatalidades incurre el Gobierno de España, no lo sé. Pero parece evidente que ha afrontado la desinformación sobre el asunto catalán en la prensa extranjera con la misma actitud con la que asistió al tejido de la red de mentiras del proceso separatista: de brazos caídos.

Defender lo obvio es una triste necesidad. Lo obvio es que las falsedades decenas o miles de veces repetidas no se disipan solas prácticamente nunca. Lo obvio es que los climas de opinión ejercen influencia en las democracias y, en realidad, en todas partes. Pero resulta que mientras en algunas democracias del planeta se está considerando seriamente el daño que causan a la propia democracia liberal las falsas noticias y los bulos rebotados una y otra vez (por robots o por humanos, eso es casi lo de menos), aquí tenemos un Gobierno que vive, a esos efectos, en la era pre-internet o en las eras anteriores a la existencia de televisión y prensa. Por lo menos, en lo que atañe al proceso separatista catalán. En otras materias que son de menor importancia para España, pero de mayor importancia para el partido gubernamental, ya es otra historia.

Ante la inacción gubernamental frente a las tergiversaciones de prensa internacional relevante sobre el problema catalán, podemos alegar que nos da igual lo que digan los demás. Digan lo que digan, como cantaba Raphael. Nosotros a lo nuestro. Ya escampará. Lo que importa es lo que hagan los Gobiernos, no lo que digan los periódicos. O parapetarnos en ese argumento genial de "no hacer olas" y "no echar leña al fuego". Esto último se alegó desde Moncloa para no difundir vídeos del 1 de octubre que mostraban actitudes violentas de los protagonistas de la revolución de las sonrisas. Era mejor, dijeron, mantener un perfil bajo. Tan bajo fue, que el Gobierno desapareció prácticamente de la escena. Así, el separatismo pudo ocuparla por completo, y conseguir su mayor hit internacional con imágenes, en algunos casos falsas, que daban alas a su relato de la brutal violencia del Estado contra pacíficos e inocentes ciudadanos que sólo querían votar.

Bien. Puede lamentarse que en nuestro país nos importe demasiado lo que dicen de nosotros fuera. Pero no es exactamente el caso. Lo que disgusta a muchos ciudadanos españoles es que su Gobierno sea incapaz de defender a España y a su democracia de falsedades y tergiversaciones que llevan la marca de fábrica del separatismo catalán. No vemos con indiferencia la cascada de desinformación y bulos que nos deja como ciudadanos de un Estado donde los tribunales de Justicia se mueven por venganza, donde se les niega el derecho al voto a los catalanes y donde se mantiene oprimido y reprimido a todo un pueblo. Y no vemos con indiferencia que el Gobierno al que le ha correspondido afrontar el golpe separatista haya renunciado a esa defensa. Una renuncia que constituye, seguramente, un factor más de la desaprobación que reflejan las encuestas. Ah, la batalla del relato, esa Relatokampf, qué pereza le da.

Las TV’s golpistas se democratizan o se cierran
OKDIARIO 3 Abril 2018

Ahora que nuestros políticos buscan la manera de sostener el sistema de pensiones, deberían considerar muy seriamente la posibilidad de cerrar las innecesarias televisiones autonómicas para así tener fondos públicos para asuntos más importantes como, por ejemplo, ése. Si el gasto desmedido de estos canales resulta innecesario, el de TV3 menos que ningún otro. Una televisión que le cuesta a todos los españoles 300 millones de euros al año, que debe ingentes cantidades de dinero a Hacienda y en la que atacan constantemente a España no puede seguir abierta bajo ningún concepto. La exclusiva que les ofrece OKDIARIO da todos los detalles de cómo empleados de dicho canal trabajaron en la organización de los actos que dieron lugar al 1-O. Referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional y que supuso el cenit del golpe de Estado.

Una televisión y una corporación de medios audiovisuales que siguen al servicio de los golpistas, entre otras cosas, porque el PSC no apoyó su intervención cuando el Gobierno aplicó el artículo 155 conscientes de que si se silenciaba el altavoz mediático de la ilegalidad se acabaría en gran parte con la propia ilegalidad, sobre todo teniendo en cuenta el riguroso trabajo que los distintos tribunales han hecho a posteriori. Además, TV3 no ceja en su empeño. A pesar de que el movimiento secesionista está totalmente descabezado y su deriva casi terminada, desde la televisión autonómica siguen dando voz a los violentos que conforman los CDR en espacios del canal donde el público va ataviado con bufadas y lazos amarillos en homenaje a los golpistas. Un escarnio que el Gobierno no debe permitir.

El director de esta televisión pública, Vicent Sanchis, ha dicho que “la guerra contra el Estado hay que hacerla en Barcelona, Hospitalet y Badalona”. Este lenguaje bélico, ese revanchismo constante y la apelación a la violencia es impropia de un cargo público que debe responder por sus acciones no sólo ante los catalanes, sino también ante todos los españoles. Sanchis, brazo ejecutor de la ponzoñosa propaganda que divulga TV3, también alimenta el victimismo separatista basado en falacias y dice que “todos los partidos españoles basan su éxito en la humillación de Cataluña”. Algo que no sólo es mentira, sino que además es como echar gasolina sobre el fuego ahora que la tensión social es el menú del día en la comunidad autónoma. Por todo esto, el cierre de TV3 sería el mejor ahorro posible tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo… a no ser que se democratice.

1 de abril, fiesta nacional, se quiera reconocer o no
Pío Moa gaceta.es 3 Abril 2018

Comisión de la verdad sobre el PSOE: los preparativos secretos socialistas para la guerra civil: https://www.youtube.com/watch?v=-n9Qqg4Uilw&t=135s
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Notas de actualidad

*El 1 de abril de 1939 las tropas nacionales, sin disparar un tiro culminaron la ocupación de la zona roja, después de que en ella los partidos del Frente Popular se masacraran entre sí.

*Hace 79 años el Frente Popular, salido de unas elecciones violentas y fraudulentas y compuesto por partidos separatistas, totalitarios y golpistas, perdió la guerra que había provocado.

*Los 1 de abril deberían ser fiesta nacional. Porque terminó la guerra y porque terminó con la derrota del Gulag y los separatistas. De hecho es fiesta nacional, aunque lo denigre o no quiera reconocerlo la corrupta casta política.

*Me hacen mucha gracia los derechistas que se ponen oficiosillos y enterados , y dicen que Franco fue “un buen general”, sin más. Fue uno de los más destacados, o el que más, del siglo XX en cualquier país. Y siempre estuvo muy por encima de sus seguidores.

*Franco fue el único estratega del siglo XX que no perdió ninguna batalla y ganó la guerra, partiendo de una situación militar prácticamente desesperada y terminando su última campaña sin disparar un tiro

*Observen la gran elegancia estratégica con la que Franco terminó la guerra sin disparar un tiro: dejó que los criminales del Frente Popular organizasen entre ellos una guerra civil dentro de la guerra general.

*La casta política española que quiere olvidar el 1 de abril, quiere ocultar también el gravísimo problema de Gibraltar y colabora con los separatismos y los financia, así como a la ETA.

*Al comenzar la transición, los separatismos eran insignificantes. Fueron los sucesivos gobiernos de España los que los fomentaron, financiaron y desarmaron toda resistencia

*El PP siempre ha estado al servicio de los separatismos. A ver si nos vamos enterando. Su aplicación ambigua del 155 ha sido por el discurso del rey y las presiones populares. El PP no es parte dela solución, sino del problema.

*Los estafadores del PSOE no han hecho una ley contra el franquismo (contra el que no lucharon y que desapareció hace mucho) sino contra la libertad de los españoles. “Luchar” de mentira contra el franquismo hoy es luchar de verdad contra la democracia. http://www.piomoa.es/?p=6965

*Siempre digo que el PP es lo peor con diferencia: hace lo mismo que el PSOE e incluso que Podemos, mientras finge lo contrario. De este modo bloquea cualquier resistencia real a los crecientes desmanes en una democracia fallida.

*El PP, con el PSOE, han alimentado el problema del separatismo, entre tantos otros. No contentos con ello, ahora quieren crearnos otro problema con Rusia, que no nos amenaza, hostigándola por cuenta de Inglaterra, que no solo nos amenaza sino que invade y viola nuestro territorio.

*Uno de los datos que más demuestra la profunda estupidez de los antifranquistas era aquella idea de que Inglaterra no devolvería Gibraltar a Franco, pero a un régimen democrático sí.

*Gibraltar, única colonia en Europa, centro de espionaje, de negocios opacos, de contrabando, de corrupción, absorbe la riqueza del entorno, condenándolo a ser la zona de mayor desempleo de España: http://www.piomoa.es/?p=7005

*Dado que uno de los intereses de la clase, casta o chusma política es el olvido o disimulo de la llaga infecciosa de Gibraltar, es preciso que la opinión pública la conozca, porque afecta en profundidad tanto a la política exterior como a la interior de España.

*Es importante formar un núcleo de opinión y propaganda dedicado a exponer el significado histórico y sobre todo actual de Gibraltar. Seminario los viernes de abril, a las 19,30 en el Centro Riojano, Madrid, Serrano 25. Inscripción: 5 euros, a la entrada:

Día 6: “La victoria de España sobre Inglaterra en la ONU”, por José María Carrascal

Día 13: “Cómo el PSOE anuló la victoria diplomática de España y transformó un Gibraltar ruinoso para la potencia colonial en una ruina para la España próxima al peñón y en descréditos para España.

Día 20: “Evolución histórica del problema de Gibraltar hasta la guerra civil”, por el general Salvador Fontenla

Día 27: “La situación actual y sus opciones”, por Pío Moa.
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*España, no Inglaterra, tiene la ejecutoria naval más importante de la historia humana

*El proyecto del PSOE para acabar con la libertad política de los españoles (“memoria histórica”) exige una reacción masiva de cuantos amen la libertad. Firma el manifiesto: http://www.piomoa.es/?p=6965

*Digámoslo claramente: una gran parte de las actrices de Hollywood y no Hollywood son verdaderas prostitutas que han utilizado el sexo para prosperar y que ahora se hacen las víctimas… para seguir prosperando

*”Los mitos de la Guerra Civil fue escrito hace quince años. Lleva unas 40 ediciones. Me complace señalar que he tenido que cambiarlo muy poco en las sucesivas ediciones, y que nunca ha sido refutado en nada importante, ni siquiera en aspectos secundarios


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CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS
61 millones a los partidos y 500.000 euros para escolarizar en castellano
 gaceta.es  3 Abril 2018

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 destina un total de 61,61 millones de euros para la financiación de los partidos políticos, mientras cifra en 500.000 euros las ayudas a los padres que rechazan la inmersión lingüística en Cataluña.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 destina un total de 61,61 millones de euros para la financiación ordinaria de los partidos políticos, en un año en el que, en principio, no está previsto que se celebre ningún proceso electoral.

Así consta en el proyecto de las cuentas públicas para este año que ha entregado hoy en el Congreso el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Los presupuestos del Ministerio del Interior establecen que la subvención estatal para gastos de funcionamiento a partidos políticos ascenderá en 2018 a 58,9 millones de euros.

A ello hay que sumar la asignación anual para gastos de seguridad que es de 2,7 millones, la misma que en los últimos cinco ejercicios.

En el ejercicio económico 2018 no está prevista la celebración de ningún proceso electoral, por lo que no se prevén partidas presupuestarias en este apartado.

Sin embargo, en el proyecto de ley se establece que, en el caso de que se produjera una convocatoria electoral anticipada, el crédito tendría que ser ampliado.

No obstante sí incluye tres pequeñas partidas para cubrir los pagos pendientes de procesos electorales ya celebrados, como es el caso de la devolución del franqueo pagados por electores residentes en el extranjero que efectúen reclamación, por un importe de 10.000 euros.

Asimismo, se incluyen 15.000 euros para el mantenimiento del portal Infoelectoral que ha pasado a depender del Ministerio del Interior, así como otros 10.000 euros para hacer frente a la ejecución de sentencias.

500.000 para la escolarización en castellano
El proyecto de presupuestos del Estado de 2018 incluye 500.000 euros para compensar a las familias que hayan pedido escolarizar a sus hijos en un centro privado para estudiar en castellano como lengua vehicular al no tener dicha opción en uno público o concertado de su comunidad autónoma.

Esta cantidad presupuestaria comenzó siendo de cinco millones en los presupuestos de 2015, bajó a un millón en 2016 y en 2017 se situó en 500.000 euros, idéntica cifra a la de este año.

Se da la circunstancia de que el pasado febrero el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso por invasión de competencias de la Generalitat contra la disposición adicional 38 de la Lomce, la cual fijaba esa opción de escolarización en un centro privado con el objetivo de garantizar la enseñanza en castellano en toda España.

No obstante, el Constitucional señalaba en su sentencia que la anulación de ese modelo de la Lomce no afectaría a los alumnos que ya hubieran sido escolarizados mediante este procedimiento y determinaba “la garantía de continuidad en la escolarización hasta el final de la enseñanza obligatoria”, a excepción de que el alumno cambiara de centro.

Los presupuestos para 2018 llegan con el curso escolar 2017-18 ya comenzado y con alumnos que se han podido acoger a esa disposición de la Lomce antes de la anulación del Constitucional.

La compensación para los gastos de escolarización en un centro privado tiene un importe máximo equivalente al coste anual de una plaza en un centro público de la comunidad afectada (suele rondar los 6.000 euros) y se podía solicitar desde el curso 2014-15.

La Lomce establecía que dicho gasto tenía que ser adelantado por el Ministerio de Educación, que después lo comunicaba al de Hacienda para que pudiera deducirlo o retenerlo de la financiación autonómica que correspondiera.

No podemos seguir así. ¡Basta ya!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Abril 2018

EL GOBIERNO PROHIBIÓ PUBLICAR VIDEOS DE LA VIOLENCIA DE LOS “PACÍFICOS CIUDADANOS”. EL TS DEBERÁ PRONUNCIARSE SOBRE EL RECURSO DE PUIGDEMONT A SU PROCESAMIENTO. MARTA ROVIRA SIGUE HUIDA Y AHORA ILOCALIZABLE EN SUIZA.

La noticia de hoy sin duda es más que preocupante, irritante. Porque, de ser cierta, evidenciaría lo que ya presumíamos muchos de la actitud remisa, apocada y hasta renuente de Mariano Rajoy y su equipo de Gobierno a la hora de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y las medidas finalmente aprobadas por el Senado. Desde el principio se le ha visto incómodo de tener que adoptar estas medidas, algo que no escondió al decir que estaba obligado. Y es que, de no haberlo hecho, la alternativa hubiera sido dar carta de legitimidad al golpe de Estado con unas consecuencias imprevisibles y quizás mucho más cruentas a la hora de devolver a esa autonomía a la legalidad e imponer el Estado de Derecho. La renuencia se ha mostrado en primer lugar por la premura en la convocatoria de elecciones, sin establecer un plazo prudencial y sensato para no actuar “en caliente” y así permitir una etapa necesaria para poner las bases que garantizasen cambios de actitud en los golpistas y diese tiempo a la justicia a procesar e inhabilitar a los promotores y directores del golpe de Estado.

Lejos de hacer eso, el Gobierno intentó por todos los medios pactar con los golpistas sin endurecer las medidas de control, como por ejemplo el descabezamiento de la estructura de mando de consejerías y de los Mossos. Pero el mayor error fue el que dice la noticia de hoy, al acusar al Gobierno de España de haber prohibido a las FFyCCSE que emitieran vídeos que evidenciaban la violencia de los manifestantes en las fechas previas y la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. Una decisión más que confirma esa política de mantener un “perfil bajo” en todo lo relacionado con el proceso. Una actitud que ya estuvo presente durante la estancia de la “delegada del Gobierno para asuntos catalanes”, Soraya Sáenz de Santamaría, en su estancia en Barcelona, sus afables contactos con Oriol Junqueras donde todo eran sonrisas y “buen rollo”, donde se suplicaba a los independentistas que se convocasen elecciones autonómicas y se presentasen a ellas. El resultado es de sobra conocido por todos con la desobediencia y emisión por el Parlamento de Cataluña de las llamadas “leyes de desconexión” y la convocatoria del referéndum inconstitucional.

Una actitud incomprensible y que puede llevar a elucubraciones sobre si existe algún motivo oscuro e inconfesable que lo provoque. Porque el llamado “silencio administrativo”, en este caso “silencio ejecutivo” con la ausencia de respuestas a las acusaciones, videos, tweets, artículos, etc., en el mejor de los casos habría que calificarlo de torpe o reflejo de una soberana incompetencia. Una incapacidad y falta de reflejos impropios de quienes tienen tal altas responsabilidades de Gobierno. Pero en el peor de los casos podríamos calificarlo de dejación de funciones y sería obligado el que diesen explicaciones en sede parlamentaria, al menos en la Comisión de secretos de Estado. Porque si no, se podría deducir que existen otros motivos de la suficiente entidad como para mantener esa actitud tan pusilánime y contenida en las respuestas a los desafíos. Se trata de dar explicaciones políticas y no dejarlo todo en manos de la justicia para eludir responsabilidades.

El abogado en España de los fugitivos ha presentado ante el juez instructor Pablo Llarena del TS un recurso sobre el Auto de procesamiento dictado contra él, clara Ponsatí Luis Puig, por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos (*) para los dos primeros y de desobediencia y malversación contra Puig, estando además huidos de la justicia y con una orden de detención y puesta a disposición judicial, tanto en España como a través de una euroorden. Su recurso se basa en negar la mayor, es decir que no existió violencia y solo hubo casos aislados de ciudadanos que se excedieron en la defensa de su derecho a ejercer el voto. Niega además la competencia del TS y pide que se traslade todo al TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) por estar aforados los encausados. Cuestiona el auto casi en su totalidad y pide eliminar los delitos de rebelión, malversación por no haberse justificado que existiera y el de desobediencia.

En el recurso se acude al debate sobre la redacción modificada del artículo 474 del delito de rebelión y se concluye que “no es posible incriminar la simple actuación política de convocatoria de un referéndum o la declaración de independencia de forma pacífica de un territorio, bajo la pena de anular la libertad ideológica” y “en ausencia de un tipo penal que castigue la convocatoria de referéndums, así como de ningún tipo penal que castigue la declaración de independencia de un territorio de forma pacífica, no procede el procesamiento dictado contra mis defendidos”. No niega la comisión de la declaración unilateral de independencia, sino el que esta fuese de forma violenta y además que conlleve delito alguno. No me dirán que no es estratosférico decir que segregar una parte de la nación no es en sí un acto de violencia contra el Estado de Derecho. La Constitución de España que dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, por lo que cualquier segregación es claramente inconstitucional y por tanto ilegal.

(*) últimas noticias indican que la Fiscalía del Estado de Schleswig Holstein ha pedido la extradición de Carles Puigdemont por los delitos imputados por España de rebelión y malversación y que siga en prisión. Todo un revés para esta estrategia de negación de todo, a alguien que además se empeña den decir que “resistirá, no renunciará y no se rendirá”. Por otra parte, la Mesa del Parlamento de Cataluña, con la opinión en contra de los letrados admitido a trámite el debate para que se admita la delegación de voto de Carles Puigdemont por encontrarse en prisión provisional en Alemania. Eso sería un voto telemático expresamente negado por el juez Pablo Llarena a los fugitivos. Así que esta admisión es un acto de desobediencia expresa y puede tener consecuencias penales para los componentes de la mesa.

Por otro lado, es imposible negar la evidencia de que hubo malversación de fondos públicos y existe base documental intervenida que así lo atestigua y la prepotencia de las manifestaciones de los encausados al garantizar que el referéndum ilegal se iba a celebrar, disponiendo ya de los medios urnas y papeletas y partidas asignadas para la información en la red de internet y en los medios de comunicación para la publicidad del evento. En cuanto al de desobediencia, parece claro que se incumplieron de forma consciente todas las prohibiciones dadas por el Tribunal Constitucional y se obviaron todos los avisos del Gobierno de España para que se atuviesen a la legalidad. La desobediencia es más que manifiesta.

Así que no creo que este recurso prospere en absoluto y solo se trata de un intento de alargar los plazos para que el juez declare firme el Auto de procesamiento y decrete la inhabilitación de los encausados.

Por otra parte parece que la fugitiva Marta Rovira, la que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, está en paradero desconocido, tanto para las autoridades suizas como para sus posibles abogados. Sin embargo, eso no parece preocupar en su partido en el que su ahora líder provisional Pere Aragonés llega a afirmar que ha hablado con ella y que “se encuentra en lugar seguro” y que “cuando Rovira haya aclarado su estancia en el país, comparecerá públicamente”. No queda nada claro que ahora esté siquiera en Suiza y no haya escogido oro menos oneroso y donde goce de inmunidad para ser extraditada. EL caso es que no quiere dar pistas, pero no parece lógico que estando con una euroorden de detención, las autoridades suizas no tengan controladas sus fronteras y aeropuertos. Elegir Suiza como refugio sale caro y no es fácil encontrar un trabajo acorde, sobre todo si ene esa escapada le ha acompañado además de su hija, su pareja. El problema puede ser doble y no costeable por su partido ERC, ni por la ANC a la que ya ha dejado un pufo de 60.000 euros a fondo perdido por no presentarse ante el juez Llarena. Aclarar su estancia puede alargarse si no consigue un estatus de refugiada o similar, porque lo de exiliados políticos no creo que prospere.

¡Qué pasen un buen día!

Los violentos Comités catalanes

Marcello republica 3 Abril 2018

Dice el prófugo Puigdemont, en su escrito de réplica al Tribunal Supremo que los casos de violencia que se dieron durante su liderazgo en el ‘proceso’ fueron hechos ‘aislados’. Es decir Puigdemont reconoce hechos aislados pero de violencia, lo que explica el delito de rebelión.

Aunque los hechos no fueron aislados sino masivos y programados tanto por la ANC como por Omnium y sus respectivos líderes los ‘Jordis’ que por eso en la cárcel están. Y además todo esto se vio en el ‘secuestro’ de los guardias civiles que registraron la consejería de Economía y cuyos coches fueron destrozados, y en el acoso y rodeo de los juzgados por los mismos seguidores de estas organizaciones.

Y muy probablemente de ellas han salido los llamados Comités de Defensa de la República, esos grupos violentos que están imponiendo su ley en las calles y carreteras de Cataluña sin que hasta ahora nadie los haya parado en seco y detenido y procesado como merecen antes de que la escalada de la violencia alcance cotas incontrolables.

Por ello la Fiscalía del Estado ha pedido investigar a estos Comités a los que en su opinión se les puede acusar del delito de ‘rebelión’ para subvertir el orden constitucional.

Pero lo cierto es que, como lo denuncia Albert Rivera, los violentos Comités catalanes campan a sus anchas sin que los Mossos consigan impedir sus fechorías lo que acaba afectando al gobierno en funciones de la Generalitat que preside, por vía del artículo 155, Soraya Sáenz de Santamaría.

Parece que por fin la Fiscalía y el Gobierno en funciones catalán empezarán a actuar con contundencia contra los violentos Comités, cosa que no será fácil por son muchos los Mossos de Escuadra (como se vio en el referéndum del 1-O, o en los recientes escoltas de Puigdemont), los que están a favor del proceso soberanista, y así seguirán (como TV3) de manera más o menos camuflada poniendo trabas a la Justicia y a la acción policial.

Vamos a ver como se desarrollan los acontecimientos en los próximos días pero todo apunta a que la violencia no va a desaparecer. Al contrario va a más y en muy distintos lugares. Y desde luego preparando la gran traca para el día en el que la Justicia alemana entregue a Puigdemont a España para su ingreso en prisión lo que todo apunta que ocurrirá.

La interregional separatista
José Javaloyes republica 3 Abril 2018

La traca inaugural del último Aberri Eguna en el nacionalismo vasco, como solidario apoyo al muy empalmado proceso catalanista, aporta a la escena española una imprevisible dinámica de recuerdos y evocaciones de sucesos emparentados en sus paralelismos. De tal suerte, los Comités catalanes de ahora prefiguran en su violencia las trazas alcanzadas por Terra Lliure de parecido modo a como éstas pudieron más que sólo esbozar el siniestro curso del terrorismo de ETA. Una y otra barbarie, a fin de cuentas, tuvieron en sus génesis mentales, ideológicas, enunciados y diseños paralelos.

Hay algo más que sólo concomitancias. Ese mismo PNV que niega su voto para los Presupuestos del Gobierno, sostuvo días atrás en el Parlamento Vasco, desde su apoyo a EH Bildu y Podemos, “a este Estado hay que pedirle que saque las manos de Cataluña”. Fue otra embestida contra el Artículo 155 de la Constitución, mientras los Comités Catalanes se mantienen en la misma estela genética de Terra Lliure.

Estando de tal manera las cosas ha sobrevenido la petición de la Fiscalía Alemana de que a Puigdemont se le aplique lo mismo que la Justicia Española demanda; es decir, lo que resulta de la doctrina europea en se inspiró el Artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación votó el Senado, aunque el encarcelado Jordi Turull acabe de escribir un texto en el que denuncia “la debilidad” en la separación española de los poderes del Estado.

En el debate del orden político de estas horas el epílogo magistral corresponde a la apostilla de Carmena, alcaldesa de Madrid, a la de Barcelona, Ada Colau, al decir ésta que “la lucha contra el fascismo hermana a Barcelona y Madrid”, Carmena le responde “el Madrid que luchó contra el fascismo lo hacía desde la legalidad”. Como lo hace ahora contra los separatistas.

Las calles no pueden ser de los violentos
EDITORIAL El Mundo 3 Abril 2018

LOS autoproclamados Comités de Defensa de la República (CDR) no son más que el enunciado pomposo de tres mentiras: no son comités, porque nadie ha delegado en ellos ninguna representación legal fuera de su grupúsculo partidista; no son de defensa sino de ataque, pues sus actos de sabotaje agreden la convivencia; y no se deben a otra república más que a la que bulle en su calenturienta imaginación. Pero pese a todo, la historia demuestra que una porción menor de radicales puede constituirse en fuerza de choque totalitaria que condicione la marcha económica de una comunidad o incluso el devenir de una democracia hacia su degeneración. Se alcanza ese estadio cuando el Estado desaparece.

En Cataluña ha desaparecido el autogobierno porque los propios golpistas lo malversaron con su desafío unilateral, y porque se resisten a recuperarlo invistiendo a un president viable por sostener un melancólico reto al Estado. Pero eso no significa que haya desaparecido la autoridad, porque la aplicación del 155 faculta -y obliga- al Gobierno central para garantizar el orden público con todos los instrumentos a su alcance, empezando por la policía autonómica. Desde que asumió esas competencias, son imputables al ministro Juan Ignacio Zoido tanto la acción como la inacción de los Mossos d'Esquadra. Los sabotajes de los CDR en las autopistas de peaje no son pues un problema periférico, sino central.

La violencia en una sociedad democrática siempre germina allí donde el Estado deja de ejercer su legítimo monopolio. La deslealtad congénita del nacionalismo explica la paradoja de que un feudo tradicionalmente propicio a la burguesía como Cataluña haya alentado la impunidad de quienes amenazan con suicidar la economía antes que regresar al imperio de la ley; camino de vuelta a la sensatez que la CUP considera una vergonzosa capitulación "autonomista". Su coherencia anarcoide era previsible, igual que la complicidad de Podemos: Xavier Domènech ha despachado como "protestas ciudadanas" los actos de los CDR. Pero que un declarado independentista como Salvador Alemany, actual presidente de Abertis, padezca en sus propios peajes los efectos descontrolados de la siembra separatista es algo más que justicia poética: es la repetición de la peor historia de Cataluña. Porque la batasunización del procés echa raíces en la previa degradación de su clase política, cuya codicia garrafal les volvió a persuadir -ya ocurrió en el siglo XX- de que hipotecar su proyecto de secesión al capricho de los antisistema era buena idea. Como no lo era quemar autobuses para empujar la independencia de Euskadi. Puede que el radicalismo callejero sea la tumba del independentismo, pero antes de que eso suceda, la situación puede empeorar. Evitarlo es responsabilidad de Rajoy. Sería imperdonable que no lograra preservar la seguridad y movilidad de los catalanes frente a los violentos.

Hay que parar la violencia de los CDR
 larazon 3 Abril 2018

El partido de la burguesía catalana, el de las nuevas clases emergentes crecidas bajo el proteccionismo de Jordi Pujol, el heredero de la Convergència del 3%, se alió con un grupo de extrema izquierda, independentista –miméticamente batasuno en el atuendo–, antisistema y, además, admirador de la revolución chavista. La CUP ha sido la vanguardia intimidatoria del proceso secesionista catalán, la que impuso el nombre de Puigdemont y el sacrificio de Mas –por blando–, la que obligó con sólo diez diputados a cumplir la hoja de ruta hasta el desastre final: la proclamación el 27 de octubre de la República catalana. Sin embargo, ninguno de sus dirigentes han sido procesados; Anna Gabriel se «exilió» para aparentar que era perseguida cuando no había ninguna causa contra ella.

De la CUP han salido los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), una fuerza de choque para imponer a toda la sociedad catalana la república que, según ellos, ya disfrutan. ¿Cómo ha sido posible que Convergència o sus versiones del PDeCAT y JxCat se hayan aliado con una formación que practica abiertamente la violencia y la coacción? Podría contestarse que esa mutación forma parte de la gran farsa del independentismo –una de las regiones más ricas de Europa, o todavía, simula ser un pueblo empobrecido y oprimido–, pero hay alguna otra más cercana y preocupante: la degradación moral del nacionalismo catalán. Hasta el momento, ni el Parlament –mayoritariamente independentista–, ni su presidente –que sólo lo es de los independentistas–, ni ningún dirigente del «proceso» ha alzado la voz contra las provocaciones de la CUP y de sus pupilos de las CDR, ni ha exigido que cese la violencia. E

ra inevitable que la Fiscalía, en este caso de la Audiencia Nacional, anunciase que investigará estos actos vandálicos «que ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático que los fiscales estamos obligados a defender». La sociedad catalana está dividida en dos partes y ejercer la violencia es sencillamente jugar con fuego. Es un acto de gran irresponsabilidad que puede tener graves consecuencias, por lo que debe ponerse coto a sus acciones. Cortar carreteras, autovías y túneles son actos violentos que no se pueden permitir y los Mossos d’Esquadra deben evitarlo. No pueden mirar para otro lado. Permitir que estos grupos actúen libremente supondría normalizar su existencia y sus acciones, un práctica de hechos consumados sobre los que se ha levantado el «proceso»: aceptar la impunidad como norma.

Los partidos constitucionalistas han reclamado que cese la violencia, incluso el portavoz del PSC habló de actos «insurreccionales», por lo que «no es descartable que haya un enfrentamiento civil en Cataluña». Que el objetivo de los independentistas sea desbordar a las Fuerzas del orden e imponerse por la fuerza no es descartable, tal es su absoluta ceguera para entender que la vía unilateral ha fracasado y su apuesta por una «revuelta popular», tal y como lo expresó el eurodiputado de ERC Josep Maria Terricabras. La CUP, Arran –los que «secuestraron» con pasamontañas un bus turístico en Barcelona días antes del atentado yihadista de Las Ramblas– y ahora los CDR han crecido con el consentimiento de sus preceptores políticos, considerándolos sólo una facción cuyos excesos eran aceptados como la versión juvenil –puede que mentalmente pueril– de un «proceso» que ahora ha mostrado su cara más intransigente. La Justicia debe actuar contra la violencia.

Evitemos otra Semana Trágica
OKDIARIO 3 Abril 2018

La rigurosa aplicación de la ley se ha demostrado como el único remedio eficaz contra el persistente virus independentista. De ahí que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haga bien en investigar hasta las últimas consecuencias los hechos violentos que están acaeciendo en Cataluña para así determinar posibles delitos de rebelión o malversación, entre otros. Los instigadores del golpe de Estado contra España van cayendo poco a poco gracias al inapelable trabajo de la justicia. Incluso el huido Carles Puigdemont es ya un reo a la espera de verse las caras con el magistrado Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. No obstante, el régimen separatista da sus últimos coletazos a través de la violencia. La radicalidad de esos comandos callejeros denominados CDR —Comité de Defensa de la República— cada vez se recrudece más.

Evidencia de que los sediciosos están en un callejón sin salida y sólo les queda provocar al Estado para tratar de encontrar a base de totalitarismo los argumentos de los que carecen mediante la democracia. De ahí que el Gobierno tenga que ser firme y al mismo tiempo muy cuidadoso. Extremar la vigilancia, reforzar el artículo 155, pero nunca darles excusas para que acaben como mártires, pues es ahí a donde quieren llegar ahora que ya saben que su movimiento político basado en la ilegalidad ha fracasado estrepitosamente. Ante todo hay que evitar un remedo de aquella Semana Trágica que durante el verano de 1909 llevó la muerte a las calles de Barcelona a causa de la violencia anarquista. A tenor de los actos —han cortado varias carreteras— y las amenazas que están llevando a cabo las facciones más radicales del independentismo, la comparación no es exagerada, ni mucho menos.

Además de estar siguiendo las tácticas de la kale borroka que llevó el terror al País Vasco durante décadas, los actos violentos cada vez se suceden con más asiduidad y virulencia. Durante la madrugada de este mismo lunes, los comandos sediciosos han atacado un concesionario de Mercedes-Benz en Barcelona con un artefacto explosivo. Cualquier ataque de este tipo puede acabar en tragedia si no se actúa de un modo rápido y contundente. Por si fuera poco, el clima social es casi irrespirable. Las amenazas de muerte al magistrado Pablo Llarena y su mujer persisten y políticos irresponsables como el eurodiputado de ERC Josep-Maria Terricabras llaman a “un levantamiento popular”. Acciones y palabras que han de ser castigadas para que nadie piense que en Cataluña, y por extensión en España, se ha instaurado el libre albedrío. La violencia sólo engendra violencia y, ante eso, el peso de la ley es el único remedio.

‘Fake News’ in Catalonia
Alfonso Merlos okdiario 3 Abril 2018

“Tras el vivir y el soñar, está lo que más importa, el despertar”. Valgan los versos de Antonio Machado para subrayar lo verdaderamente relevante que está aconteciendo, tras su interrumpido delirio, en la vida y obra de los golpistas del 1-0: la prisión preventiva —sea Estremera o Neumünster—, el procesamiento judicial, el acharratamiento de la nunca nacida República Indepdiente de la Estelada… ¿seguimos? Hagámoslo, pero por otra parte. Continuemos por la farsa que intentan perpetuar los derrotados independentistas, que han llegado recientemente, en un extremo revelado por OKDIARIO, al esperpento de usar robots para difundir historias sobre supuestos abuelos enfermos preocupados por la salud… del mártir Puigdemont.

Estrafalario sí, pero nada sorprendente. Porque la historia del procés es un monumento a las fake news en Cataluña, una operación grotesta de desinformación y propaganda apoyada entre otros actores… por la Rusia de Putin. Los medios de comunicación afines a los intereses del Kremlin empezaron hace meses su loca carrera acusando al Gobierno y la justicia española de producir actos de represión violenta e injustificada, de desplegar inopinadamente medios paramilitares en Barcelona, de provocar una situación próxima a la guerra civil, de sacar partido de la indolente complacencia de las instituciones de Bruselas y Estrasburgo. Luego proclamaron la “primavera catalana”, loando las numerosas acciones llevadas a cabo en el plano político y social que hoy están siendo objeto de procesos por delitos de sedición o rebelión —en otros países serían alta traición—.

En esta montonera de bulos han dado cabida, en ridícula parábola, a “una primavera de Crimea que se traslada a los Pirineos”, o se han alzado contra la vulneración intolerable de un “derecho de expresión popular” ametrallado por lo visto desde Madrid. La guerra de información producida en parte desde Moscú no sólo ha ido encaminada a generar un marco en el que se propalan noticias de dudosa veracidad, sino a poner el foco sobre la figura de ‘agentes independientes’, activistas antiglobalización o militantes de diversas causas fuertemente ideologizados y radicalizados. Así, han sido permanentes los guiños de líderes globales en el ciberespacio como Edward Snowden o Julian Assange, que han llegado a referirse falsariamente a “una Tiananmen española”, comparando el 155 con la represión en la que en 1989 la dictadura china causó centenares de muertos (¡qué burrada!).

La oda a la mentira sigue hasta hoy. Desde numerosas cuentas robotizadas se viralizan mensajes en los que se remacha que “la Unión Europea se niega a actuar en Cataluña a pesar de que España viola los derechos humanos más básicos”, o que “el desafío de Cataluña es una bomba de relojería que puede destruir la Unón Europea”. Las guerrillas virtuales se han valido de sitios web con apariencia de diarios que siguen creando y alojando bulos, y luego lanzándolos creando un efecto ‘bola de nieve’. Algo natural: es harto frecuente que la cobardía se asocie al delito y vaya ligada a la mentira. El éxito consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene. Y los personajes menores que hoy aguardan la hora para sentarse en el banquillo las han echado, de trampa en trampa, de la peor manera posible. Así les está yendo

Paz en Jafre
ARCADI ESPADA El Mundo 3 Abril 2018

Jafre es un pueblo del Bajo Ampurdán, a tiro de piedra de Verges. Los datos electorales dicen que se trata de la zona más separatista de Cataluña. Es un lugar donde incluso el paisaje se ha vuelto antipático, aunque es verdad que siempre fue mejor por escrito que en vivo. Hace casi 30 años Albert Boadella compró una casa en el pueblo que ha acabado convertida en una más de las obras de arte de la familia. Ahora los vecinos quieren que se largue: le echan basura, le cortan los cipreses del parterre y le escriben Fot el camp en las paredes.

El sábado unas cien personas desfilaron silenciosa y cálidamente por el pueblo, a favor de Boadella y contra los vecinos. Esto último no estaba previsto, pero es que todos los que se reunieron eran gente de fuera. El momento más emocionante se vivió a la altura de El Racó d'en Jep, cuando la dueña, Marta, avisada de que se acercaba el repugnante cortejo, salió a cerrar la puerta metálica, con la mala suerte de que se atrancó y hubo de ver cómo el cortejo disminuía su paso para poder observar con la natural curiosidad sus chirriantes esfuerzos con la maldita puerta charnega.

El cortejo no era nutrido. Mucha gente se había disculpado diciendo que eran días difíciles. La época debe de parecerles más fácil. Además se dieron algunas dificultades logísticas. La primera intención era que Mariana, la hija y heredera del artista, levantara acta solemne del momento moral al lado de la pintada que decía Boadella fot el camp. Pero a los xenójafres nadie tiene que enseñarles formas. La noche anterior taparon minuciosamente la leyenda con pintura biliar y escribieron al lado algunas sandeces, lo que inutilizó el paredón como set fotográfico y obligó a acabar el acto frente al Ayuntamiento. Y aun hicieron algo más y más interesante. Acaso convencidos de que se preparaba una invasión rodearon con pesadas vigas de hormigón el único solar del pueblo destinado a aparcamiento y cerraron el perímetro aparcando un enorme tráiler. Sus esfuerzos fueron inútiles, porque era un día difícil y los cuatro coches que llegaron pudieron desperdigarse sin mayor dificultad por el pueblo.

Pero la pequeñez de la escala no impide sacar la conclusión correcta. Esta es exactamente la conducta pacífica de la que presumen los separatistas y con la que pretenden desmentir al juez Llarena. Este es, exactamente, su concepto de la democracia y su idea de lo público. El nacionalismo catalán ha sido un sostenido achique de espacios que ahora se ejecuta con hormigón, tráilers, tractores y escudos hechos del más ínfimo material humano. Siempre con la nocturnidad y cautela a que obligan el carácter simpático y llorica de su revolución.

Iba a ser su pacifismo lo único que no resultara hipócrita.

DICTADURA LINGÜÍSTICA EN BALEARES
Armengol destina un millón de euros para subvencionar el uso del catalán en los medios
Luz Sela okdiario 3 Abril 2018

De la Sanidad a la Educación: la socialista Armengol impone la dictadura del catalán en la universidad

El Gobierno balear, en manos de Francina Armengol (PSOE), ha aprobado recientemente sus líneas estratégicas de subvenciones, que conceden un lugar prioritario a la imposición del catalán. A este fin se destina hasta un millón de euros, principalmente en ayudas a medios de comunicación.

Las subvenciones forman parte del Plan Estratégico 2018-2020, aprobado recientemente, y que sirve de soporte a las políticas prioritarias del Ejecutivo de las Islas. La controvertida política lingüística encuentra reflejo en varias partidas significativas, agrupadas en el capítulo ‘Fomento del uso de la lengua catalana’.

Así, se destinarán hasta 300.000 euros en “ayudas para actuaciones de fomento del uso de la lengua catalana en las Illes Balears” con el objetivo de “promover actividades que contribuyan al fomento del uso social de la lengua catalana”, 250.000 euros para “fomentar la presencia de la lengua catalana en los medios de comunicacio´n escritos de periodicidad diaria”, 200.000 euros para otras “publicaciones en el territorio” de la comunidad, y otros 250.000 para medios de comunicación audiovisuales que emitan en lengua catalana.

El Gobierno balear ya destina más de 3 millones de euros dentro de los Presupuestos autonómicos a “normalizar” el catalán en las islas. Esta partida corresponde exclusivamente al programa para la “planificación y normalización de la lengua catalana”, dentro de la Dirección General de Política Lingüística.

Desde que Armengol llegó al poder en 2015 esta cifra no ha dejado de crecer. En 2016, la asignación para el programa era de 2.828.715 euros. Al año siguiente, ya subió a los 2.934.471. En las cuentas de este año se incrementa en medio millón de euros, destinados, sobre todo a “familias e instituciones sin ánimo de lucro” para la promoción del catalán, empresas privadas que colaboren con la imposición de la lengua o empresas públicas.

La controvertida política lingüística de Baleares ha sido objeto de polémica en los últimos meses, sobre todo, a raíz del decreto para imponer la lengua en la Sanidad.

La misma situación se produce en el ámbito educativo. Como informó OKDIARIO, el nuevo Reglamento de usos lingüísticos de la Universidad de Baleares (UIB) establece el catalán como “lengua propia” con carácter de “lengua oficial” y, como tal, determina que debe tener “un uso prioritario”, y “la comunidad universitaria se ha de esforzar por hacerla vehículo preferente de enseñanza”.

Esa imposición, según denuncian las plataformas críticas, se produce en el día a día, y de manera solapada. Un ejemplo son los formularios de inscripción en los centros escolares, que debe cumplimentar los padres, y en los que se condiciona la elección a aceptar el proyecto lingüístico del mismo.

El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión del ‘CNI catalán’
Luz Sela okdiario 3 Abril 2018

Descontrol de datos privados en Cataluña: hackers robaron 2.000 registros al CNI de la Generalitat

El Tribunal Constitucional acordó por unanimidad el pasado 20 de marzo mantener la suspensión de la Ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Alto Tribunal ya decretó en diciembre la suspensión de la mencionada ley, una vez admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo. Ahora, tres meses después, y según publica el Diario Oficial de la Generalitat, esa suspensión se mantiene.

El Consejo de Ministros acordó en octubre recurrir ante el TC la Ley de Creación de la Agencia Catalana de Ciberseguridad, además de solicitar la suspensión de esta norma porque excede competencias autonómicas e invade las estatales en materia de seguridad pública.

La creación de esta agencia se aprobó en el Parlament en julio del año pasado, en vistas a sustituir al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), el considerado ‘CNI catalán’. Se trata de una de las grandes estructuras de la futura ‘república catalana’ diseñada por los independentistas.

En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apuntó ya en 2016 -cuando se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1-O- que este organismo funcionaba “en la práctica” como un “CNI catalán” llevando a cabo actividades irregulares como el control las comunicaciones interceptando correos electrónicos y teléfonos móviles.

Basándose en un informe de la Guardia Civil, la Fiscalía determinó que, aunque el Cesicat nace en 2009 para controlar la seguridad de las telecomunicaciones catalanas, sus funciones se concretan en 2012, cuando se “pretende convertirlo en una especie de Agencia de Seguridad Nacional (a modo de un CNI catalán), en el entendimiento de que constituye una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente”.

Recursos suficientes
Para ello, se destinaron “recursos humanos, materiales y económicos para asumir funciones en esta materia que legalmente no le están asignadas por ser competencia del Estado”.

Así, sus actividades alcanzan también, según la Fiscalía, “a la ejecución de actividades de censura (mediante la eliminación de páginas web), al control de las comunicaciones (mediante la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control en teléfonos móviles utilizando el programa Cerberus)” y al acceso a bases de datos ajenas.

Como publicó este lunes OKDIARIO, unidades de los Mossos y el Cesicat espiaron de forma indiscriminada a la población catalana. Y hackers ligados al ciber crimen robaron, a su vez, datos, también de forma masiva al CNI catalán. El descontrol y la falta de seguridad en el Cesicat era tal que los hackers entraron en sus bases y se hicieron con al menos 2.000 registros en un sólo año.

El actual jefe de los Mossos d’Esquadra, Ferran López, conoció en noviembre de 2013 que el Cesicat disponía de móviles encriptados para hasta 500 altos cargos de la Generalitat, según un informe intervenido a la policía catalana por la Policía Nacional, como informó Europa Press.

En septiembre, la Guardia Civil se personó en el centro de este organismo con orden judicial para localizar puntos de votación electrónica en los colegios electorales del 1-O y “otros dispositivos susceptibles de recibir comunicaciones” del referéndum ilegal.


DENUNCIA DE LAS VÍCTIMAS
Covite: ‘La inacción del Gobierno permite a ETA hacer propaganda de su final’
La Gaceta  3 Abril 2018

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha exigido este martes al Gobierno “la foto final de la derrota de ETA” mediante el desmantelamiento definitivo de la banda terrorista protagonizado por las Fuerzas de Seguridad que evite la propaganda que quiere hacer la organización de su disolución.

Siete víctimas del terrorismo miembros de Covite han realizado esta reclamación frente al Ministerio del Interior y han denunciado que “la inacción del Ejecutivo está permitiendo a ETA hacer propaganda de su final”.

Las víctimas, encabezadas por Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo, han denunciado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha negado hasta ahora a recibirlas y han manifestado públicamente las preguntas que querían transmitirle: Por qué este Gobierno no disuelve a ETA, por qué permite que ETA escriba el relato de su final y por qué se niega a escenificar su derrota.

“Hace siete años que ETA anunció el cese de la violencia y desde entonces el Gobierno le suplica que se disuelva. No oímos decirles a los terroristas del ISIS que se disuelvan, ni a los ladrones que dejen de robar, ni a los violadores que dejen de violar porque a los delincuentes no se les suplica, se les detiene”, ha dicho Consuelo Ordóñez.

“¿Por qué a los etarras no?”, ha cuestionado la presidenta de Covite, que se ha referido a un comunicado del Ministerio del Interior enviado el pasado domingo en el que admitía que quedaban “una decena” de etarras en las filas de ETA. Y ha insistido: “Si saben que son diez, ¿por qué el ministro del Interior no da la orden de detenerlos?”.

Junto a Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado en San Sebastián el 23 de enero de 1995, han estado Ana Velasco y Begoña Velasco, hijas de Jesús Velasco, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava y asesinado por ETA el 10 de enero de 1980, y Ana María Vidal-Abarca, cofundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Además, Concepción Martín, viuda del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA en Madrid el 21 de enero de 2000; María Jesús González, víctima de un atentado de ETA junto a su hija, Irene Villa, el 17 de octubre de 1991; Antonia de Frutos, hija del cabo primero de la Guardia Civil Antonio de Frutos, asesinado por ETA el 3 de mayo de 1976. Asimismo, Concepción Fernández, viuda del guardia civil Aurelio Prieto, asesinado por ETA el 21 de noviembre de 1980.

Consuelo Ordóñez ha denunciado que desde el anuncio del “cese de la actividad armada de ETA”, el 20 de octubre de 2011, el Gobierno ha permanecido impasible ante los movimientos de la organización terrorista.

Ha recordado que “no ha investigado la supuesta destrucción de armas por parte de ETA en diciembre de 2016 en Luhusso (Francia), pese a que podrían servir para esclarecer los casi 400 crímenes sin resolver de ETA”.

“Tampoco ha cuestionado el supuesto desarme de Bayona, puesto en entredicho por la lucha antiterrorista francesa, y ha ignorado las informaciones que apuntaban a que el etarra David Urdín Pérez estaba limpiando las armas utilizadas por la banda”, ha añadido.

Ha agregado que “ha hecho oídos sordos a las mentiras de la izquierda abertzale en torno a cambios en la política penitenciaria francesa, obligando a Covite a acudir al Ministerio de Justicia francés para informarse y desmontar la propaganda”.

El colectivo alerta de que el Gobierno ahora podría permitir el “teatro de la disolución” con un “supuesto aval internacional”, en lugar de “frenar la propaganda, desplegar la diplomacia y darnos la foto de la derrota de ETA”.

Preguntada por los homenajes a etarras ha señalado: “Aquí los principales responsables son la Audiencia Nacional y la Fiscalía, que está informando para que sobresean todas nuestras denuncias” y se ha preguntado si harían lo mismo si los homenajes fueran a “los del ISIS, a Sergio Morate o a El Chicle”.

Fuentes del Ministerio del Interior han informado de que la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, ha ido a saludar a las representantes de Covite reunidas frente al Ministerio.

Les ha dicho que el ministro está este martes en Argelia con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un encuentro de alto nivel pero que les transmitía el mensaje de que las recibirá lo antes posible y que las puertas de su despacho están abiertas tanto para ellas como para todas las víctimas del terrorismo.

La hermana de Gregorio Ordóñez acusa a Zoido de rechazar una reunión hasta en tres ocasiones
Luz Sela okdiario 3 Abril 2018

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, rechazó hasta en tres ocasiones una reunión con el colectivo de víctimas del terrorismo COVITE para tratar la disolución de la banda y la situación de víctimas y etarras.

Según ha podido saber OKDIARIO, ya en agosto pasado, la asociación remitió un escrito al ministerio en el que se solicitaba un encuentro. La petición ni siquiera fue respondida.

Tras ella, llegaron dos más, esta vez, personales. En enero y en febrero, con ocasión de sendas visitas de Zoido al País Vasco. Una de ellas, precisamente, para participar en los actos de la Fundación Gregorio Ordóñez con motivo del 23 aniversario de su asesinato por parte de ETA.

En ese acto, el ministro reiteró que el Gobierno “seguirá trabajando hasta la derrota total y absoluta de ETA” y para que “todo el relato” sobre lo acontecido con la violencia de la banda “gire en torno a lo que es la memoria, la justicia y la verdad que exigen las víctimas del terrorismo”.

Ordóñez hiló sin embargo un discurso muy crítico contra Zoido y el Ejecutivo, a los que recriminó “llevar siete años suplicando a ETA”.

La presidenta de COVITE reclamó responsabilidades a políticos “de uno y otro signo” a los que “se les hincha la boca diciendo que ETA está derrotada y vendiendo esa derrota allá donde van” y reprochó al Gobierno que haya “cedido ante los terroristas” al permitírseles “escenificar el teatro del desarme”.

“Nunca unos terroristas derrotados han tenido tanto margen de maniobra por la permisividad de un Estado cuyo único deber es aplicarles la ley”, consideró Ordóñez, que avisó al PP de que la negociación con ETA es una “línea roja”. “Espero que no la traspasen”, advirtió .

La asociación reclama al Gobierno una cita urgente ante las informaciones sobre la disolución de ETA, conocidas en los últimos días. Según fuentes de la lucha antiterrorista, la banda, ya sin capacidad operativa ni margen de actuación por las sucesivas operaciones policiales, estaría a la espera del momento propicio para anunciar esa decisión e intentar rentabilizarlo propagandísticamente.

Este domingo, COVITE reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy sus intentos de blanquear la historia de la banda terrorista y reprochó que se toleren públicamente los homenajes a etarras. “Un Estado democrático no puede permitirse presenciar desde la barrera cómo una organización terrorista presume de su fanatismo y honra públicamente a sus miembros”, advirtió.

La asociación recordó que “los herederos políticos de ETA, que siguen sin condenar a la banda y asumen sus postulados totalitarios, son la segunda fuerza en el País Vasco y forman parte del Gobierno de Navarra” y advirtió del “riesgo de radicalización de jóvenes” con “cada alabanza a un terrorista por el único mérito de haber pertenecido a ETA y estar orgulloso de ello”.

Iniciativa de un ciudadano gallego
Carmena acepta la petición de traducir al catalán, vasco y gallego las calles con topónimo oficial
Fernán González okdiario 3 Abril 2018

El Ayuntamiento de la capital aprueba cambiar de nombre las calles madrileñas que rinden homenaje a localidades catalanas, gallegas y vascas en español. Se trata de los viales que están en castellano pero que tienen traducción oficial en los idiomas de las correspondientes comunidades autónomas.

Calles como La Coruña, Orense, Sanjenjo o Bayona tienen “estragos lingüísticos del franquismo” según un gallego anónimo. Y es por ello que el Ejecutivo local que lidera Manuela Carmena dará el visto bueno a que pasen a ser las calles A Coruña o Ourense, Sanxenxo o Baiona. Antes de la aprobación final, las Juntas Municipales de distrito tienen que llevar a votación estos cambios de nombre y que el PSOE apoye las proposiciones.

Todo surge cuando un ciudadano natural de Galicia llamado Matías Daporta comenzó con esta iniciativa en verano de 2016. Ha localizado un total de 23 calles y plazas que deberían ser cambiadas. Se basa en una ley de 1983 del Parlamento gallego.

Daporta explica ahora a OKDIARIO que lleva “dos años trabajando en esto, es un proceso que aún no ha terminado y que tiene el ritmo que tiene que tener”.

La petición original que trasladó al Consistorio de la capital pasó por varios departamentos y, finalmente, llegó a la Secretaría General Técnica del área de Gobierno de Cultura y Deportes que el 21 de noviembre de 2016, como recoge eldiario.es, dio la razón a la solicitud del ciudadano. En todo caso, como se ha explicado, son los distritos de Madrid respectivos quienes tienen que iniciar los expedientes administrativos correspondientes.

Fin a las calles Gerona o Lérida
Al margen de los topónimos de localidades gallegas, esta circunstancia también se daría con las vascas y las catalanas. Las calles Gerona y Lérida también tendrían los días contados en el distrito Centro. La Ley 2/1992 fija que estas provincias son oficialmente Girona y Lleida.

En cuanto a País Vasco es la norma 19/2011 de su parlamento autonómico quien establece que las provincias se denominan oficialmente “Araba/Álava”, “Gipuzkoa” y “Bizkaia” lo que antes era “Álava”, “Guipúzcoa” y “Vizcaya”.

Por otra parte, el Ayuntamiento ya ha aprobado en el Pleno municipal el cambio de nombre a 52 calles con reminiscencias franquistas. El Comisionado de Memoria Histórica se basó en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica que apunta a “nombres o colectivos que exaltaran la sublevación militar, la guerra y la represión de la Dictadura”.

Los topónimos como arma de destrucción masiva de España
Nota del Editor 3 Abril 2018

Si la C.E. establece el deber de conocer el español y no establece deber de conocer lengua regional alguna, los topónimos en lengua regional son claramente anticonstitucionales, tanto en las regiones donde el español es lengua "impropia" y con más razón donde disfrutamos de la maravillosa pobreza de no tener lemgua regional alguna. Y ello por muchos disparates que hayan salido del impresentable TC y/o parlamentos regionales donde además está muy mal  visto hablar en español

Josep Lluís Vilaseca o el empresario ligado al 3%, Josep Lluís Vilaseca, entre los directivos de La Galera
Ex políticos de CDC tienen una editorial infantil para adoctrinar a los más pequeños
Borja Jiménez okdiario 3 Abril 2018

Varios empresarios y ex políticos de CDC cuentan con un gran arma de adoctrinamiento infantil: La Galera, una editorial que recoge libros tan ‘peculiares’ como “L’onze de Setembre” -en cuya portada se pueden ver dos esteladas-, “Catalunya, quin país més estrany”-un título que deja entrever el contenido al referirse a Cataluña como país-, o “La meva primera Història de Catalunya” -en el que empiezan a gestar el odio a España a los más pequeños desde la primera página-. Además, con alguno de estos ejemplares, regalan una estelada para los niños.

Subirà, Sumarroca y Vilaseca
El cofundador de Convergència Democràtica de Catalunya, Antoni Subirà Claus, que falleció a principios de este año, presidía hasta entonces La Galera. Pero, además del fallecido Antoni Subirà, Carles Sumarroca y Josep Lluis Vilaseca también aparecen entre los consejeros, según datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

A Carles Sumarroca no le vamos a descubrir ahora. Ha sido siempre un empresario muy vinculado al sector más nacionalista catalán. Tanto es así, que incluso alcanzó cargos en la patronal independentista FemCAT. Y es que la familia Sumarroca siempre ha sido muy próxima al ‘procés’ y a las polémicas, como el caso de financiación irregular de CDC, en el que Carles Sumarroca se vio envuelto.

Por su parte, Josep Lluis Vilaseca es también cofundador de CDC, entre 1980 y 1988 fue diputado en el Parlamento de Cataluña por CiU y también fue Director General de Deportes de la Generalitat, con rango de secretario general de 1988 a 1995 y diputado. Muy ligado siempre al deporte, Vilaseca fue directivo del FC Barcelona durante la presidencia de Agustí Montal Costa (1969-1977), presidente de la Comisión Jurídica y de Disciplina de la UEFA en 1996 y miembro del Comité Olímpico Español .

El tercer y último consejero de La Galera es Xavier Cambra y Vergés, un conocido empresario catalán, miembro de la directiva del FC Barcelona durante la época de Joan Laporta, y Secretario General de la patronal independentista FemCat.

La mujer de Romeva vende sus libros
La mujer de Raül Romeva, nacido en Madrid en 1971, regenta junto a otra socia una librería infantil en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Pati de Libres, nombre con el que se conoce a la tienda de la esposa del ex conseller de Exteriores de la Generalitat de Cataluña, se encuentra en una pequeña calle comercial del municipio.

La propaganda independentista se observa incluso antes de poner un pie en el interior, toda vez que un cartel a favor de los golpistas presos se encuentra en el mismo escaparate, dejando caer qué es lo que nos encontraremos en el interior.

Pues bien, en esta librería infantil, en la estantería de textos de historia, se pueden encontrar todos los libros de adoctrinamiento que los ex políticos de CDC fundaron para dejar claro a los niños catalanes desde bien pequeños que “Cataluña es un país”.

Y a raperos condenados a prisión
PSOE y Podemos ceden un local público de Alcalá para apoyar a los terroristas de Alsasua

OKDIARIO

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por PSOE y Podemos, ha cedido un local público para la organización de un evento de apoyo a los agresores de Alsasua (en prisión por un delito de terrorismo por la paliza a dos guardias civiles y sus parejas) o a los raperos condenados por enaltecimiento del terrorismo.

Se trata de “un acto antirepresivo”, según explican, una charla debate en la que participarán un representante del ‘Grupo de Apoyo a Altsasu Gurasoak de Madrid’ o dos miembros del colectivo ‘La Insurgencia’, es decir, raperos condenados a 2 años y un día de prisión, que vienen desde Málaga y Vigo.

También intervendrán miembros de ‘Los Cinco de la Trinchera’, que acusan a la Policía de agredirles durante el desalojo del local que ocupaban ilegalmente.

El acto es este sábado 7 de abril, a las 18 horas, en el local de la PAH Corredor del Henares (Avenida Virgen del Val, número 21).
Fiesta posterior

Tras la charla-debate avanzan que habrá fiesta: “Disfruta de buena música, buen ambiente, buena comida y bebida fresquita a precios populares”. “Todo esto a la vez que colaboras en una buena causa”, indican en la promoción de la cita.

Desde el PP local explican que van a tratar de que no se lleve a cabo dicho acto. “Es muy grave que Alcalá vaya a dar cabida a quienes alientan la violencia terrorista. Somos una ciudad universitaria y moderada donde no se conciben discursos de apoyo a delitos terroristas y de odio como el que se va a producir en un local del Ayuntamiento”, explica el concejal y portavoz del PP Víctor Chacón a OKDIARIO.

Según el edil ‘popular’, “los alcalaínos han demostrado una y otra vez su apoyo a las víctimas del terrorismo“. “Lamentamos profundamente que haya quienes prefieran situarse con los agresores y no con las víctimas”, subraya.
“Un acto indigno que debe consentirse”

Chacón destaca que “el acto se va a celebrar en un local que es propiedad municipal. No se trata de un local privado. Pedimos al Gobierno de PSOE, Podemos e IU que no consientan un acto tan indigno en el que se pondrán como héroes a quienes han sido condenados por enaltecimiento del terrorismo”.

“Alcalá no quiere tener aquí a los presuntos terroristas de Alsasua ni a los cantan odas a ETA y los GRAPO. En el PP estamos con la Guardia Civil y con las víctimas. Esperamos que el Tripartito también lo esté y no permita que eso ocurra en un local municipal”, concluye Chacón.

 


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