AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 4  Abril 2018

Terror rojo, terror amarillo
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 4 Abril 2018

Ayer, como buena golpista, llegó llorando a Madrid Ada Colau. Y lloró inaugurando con Carmena una exposición del Ayuntamiento comunista para celebrar lo que llaman, con precisión de analfabeto, la Batalla de Madrid, en rigor, la llegada de las brigadas de Stalin que vinieron a matar españoles sin saber dónde caía Guadalajara. El imputado concejal Valiente, comisario de la exposición y admirador confeso del genocida Lenin, sitúa el momento memorable en Noviembre. Y, efectivamente, debería recordarse, porque fue el mes de la apoteosis del terror rojo, de los cientos de checas donde se secuestró, robó, violó, torturó y asesinó a miles de madrileños por el delito de ir a misa o votar a las derechas. Fue el mes de las masacres de Paracuellos, con los retratos de Stalin y Largo Caballero en la Puerta de Alcalá, convertida para miles de madrileños indefensos en Puerta del Gulag.

En mi libro Memoria del Comunismo recuerdo no sólo el terror rojo en Madrid, sino el que presidido por Companys, en cuyo nombre saludó Ada a la capital de la España que pretende destruir, asoló Barcelona antes y más salvajemente que en Madrid, protagonizado por otros comunistas, los trotskistas del POUM y los bakuninistas de la CNT-FAI, cuyas patrullas de control, creadas por el propio Companys, mataron en dos semanas a cuatro mil personas por el mismo delito que en Madrid. En ninguna de las capitales había el menor peligro militar el 19 de julio. Mataron porque quisieron y para imponer una dictadura al modo de Moscú. Ayer, en el típico estilo de la Komintern, decían que la batalla de Madrid fue "por la democracia" y "contra el fascismo", o sea, Hitler, con el que Stalin se repartió Polonia y sólo en 1937 asesinó a 750.000 rusos. Para salvar la democracia, claro está.

La "democracia" guerracivilista de Colau y Carmena se ve día a día en el terrorismo callejero que sufren los españoles de Cataluña: son los cipreses cortados en la casa de Boadella, el niño apaleado por llevar una bandera española, las sedes asaltadas del PP o Cs, las lunas rotas de Crónica Global, la inmersión lingüística, el golpismo de TV3 o la Marta Dedos-rotos que según Colau fue agredida sexualmente por la Policía Nacional. Este terror amarillo que Ada y Carmena llaman pacífico y democrático evoca el terror rojo de 1936. Y eso celebran.

El rescate autonómico en cifras: 190.000 millones prestados y otros 52.000 ahorrados en intereses
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran casi el 70% de la financiación extraordinaria concedida por el Gobierno desde 2012.
M. Llamas Libertad Digital 4 Abril 2018

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el martes durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que este proyecto recoge nuevas facilidades para que las comunidades autónomas y ayuntamientos que hayan sido "cumplidoras" puedan reestructurar la abultada deuda que acumulan con el Gobierno central tras la asistencia financiera facilitada en los últimos años, aunque, en todo caso, el mecanismo de condonación deberá negociarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local.

Los propios Presupuestos recogen, entre otras muchos datos y partidas, un resumen sobre el coste que, hasta el momento, acumula el rescate financiero de las comunidades autónomas.

En 2012, el Estado puso en marcha una serie de mecanismos de asistencia con el fin de evitar que varios gobiernos regionales y locales entraran en quiebra, después de que los mercados les cerraran el grifo del crédito como consecuencia de su más que dudosa situación de solvencia. En lo que respecta a las autonomías, el primero de los mecanismos que se introdujo fue el de pagos a proveedores, al cual se adhirieron 14 regiones, pagándose por dicho Fondo casi 6 millones de facturas, por más de 30.000 millones de euros.

Asimismo, el Gobierno también puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que prestó un total de 138.000 millones de euros entre 2012 y 2017 a las CCAA para atender tanto el pago de su deuda comercial (facturas) como sus vencimientos de deuda financiera. Posteriormente, este mecanismo fue sustituido en 2015 por el llamado Fondo de Financiación a CCAA, que añadió a los fondos existentes dos nuevos compartimentos: la Facilidad Financiera y el Fondo Social.

La Facilidad Financiera está destinada a las regiones que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y cuyo período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. A diferencia del FLA, no conlleva condicionalidad fiscal. Desde 2015 ha otorgado financiación por cerca de 21.000 millones de euros.

El Fondo Social, en vigor sólo en 2015, fue destinado a financiar deudas de CCAA derivadas de convenios suscritos en materia social con las entidades locales, así como otras transferencias en materia de gasto social. En ese año concedió financiación por importe de 683 millones de euros

Así pues, en total, el Estado ha prestado a través de estos mecanismos -sin contar los anticipos a cuenta propios del sistema de financiación autonómica- unos 189.800 millones de euros entre 2012 y 2017 a los gobiernos regionales. Cataluña, con más de 61.000 millones, Comunidad Valenciana, con casi 48.000, y Andalucía, con 29.000, son las regiones que han recibido un mayor volumen de liquidez, hasta el punto de concentrar casi el 70% de todos los fondos repartidos.

Pero a ello se suma, además, el dinero que se han ahorrado las autonomías gracias a estos créditos blandos, cuyas condiciones (plazos y tipos de interés) son mucho más ventajosas que la financiación ofrecida por los inversores en el mercado de deuda. Así, las regiones se habrían ahorrado cerca de 28.500 millones de euros en el pago de intereses entre 2012 y 2017.

Y si se tiene en cuenta toda la vida de los préstamos ya formalizados con estos mecanismos, el ahorro total ascendería a 51.900 millones de euros en 2027.

Casi 19.000 millones para los Ayuntamientos
En cuanto a las entidades locales (EELL), desde el año 2012 también se han aprobado diversas medidas para inyectar liquidez, aunque uno de los principales fue el de pagos a proveedores, con tres fases entre 2012 y 2013, para financiar su deuda comercial. Previa aprobación de un plan de ajuste, la Administración Local pudo concertar préstamos con dicho Fondo por un importe total de 11.563 millones de euros para pagar un total de 2.097.357 facturas de 123.733 proveedores, beneficiando con ello a 3.964 entidades.

También se creó el Fondo de Financiación a EELL con dos compartimentos, Fondo de Ordenación (para entidades en situación de riesgo financiero o que no pueden refinanciarse en prudencia financiera) y el Fondo de Impulso Económico (para entidades saneadas) con una dotación anual desde 2015 de 1.000 millones de euros, que, entre otras partidas, sirven para financian ejecuciones de sentencias firmes y vencimientos de préstamos con entidades de crédito, así como vencimientos de préstamos y liquidaciones con el propio Estado. En los tres años íntegros de vigencia, 2015, 2016 y 2017, las entidades han formalizado préstamos por 729, 514 y 816 millones de euros, respectivamente. Para 2018 han comunicado necesidades financieras por 577 millones de euros.

Del anterior conjunto de medidas de apoyo financiero y agregando los datos de las EELL por comunidades autónomas, arroja una factura de 18.778 millones de euros para el período 2012-2018. En total, sumando las ayudas recibidas por CCAA y Ayuntamientos, el rescate de ambas administraciones rondaría los 210.000 millones de euros, sin contar anticipos a cuenta en el caso de las CCAA ni el ahorro en el pago de intereses a precios de mercado.

Chaves, Griñán y dinero para asar una vaca
Liberal Enfurruñada okdiario 4 Abril 2018

Tanto Chaves como Griñán son hijos de franquistas. Manuel Chaves es hijo de un coronel del ejército de Franco y de una dirigente de la Sección Femenina de Falange Española, estudió en colegios católicos privados hasta licenciarse en derecho. Se afilió al PSOE en 1968 y fue diputado en el Congreso desde 1977 hasta 1990, ministro con Felipe González de 1986 a 1990, presidente de la Junta de Andalucía desde 1990 hasta 2009, vicepresidente del Gobierno y ministro con Zapatero de 2009 a 2011, presidente del PSOE de 2000 hasta 2012 y diputado en el Congreso hasta 2015, cuando dimitió tras ser imputado por prevaricación en el caso de los EREs fraudulentos de la administración andaluza, por lo que podría ser condenado a 10 años de inhabilitación.

José Antonio Griñán es hijo de un conocido comandante de la Guardia de Franco destinado en El Pardo, y de una sobrina de un falangista presidente de la Diputación de Madrid. También estudió en colegios privados católicos hasta que se licenció en derecho. Se afilió al PSOE en los primeros años 80 y fue viceconsejero de la Junta de Andalucía de 1982 a 1986, consejero andaluz de 1990 a 1992, ministro con Felipe González de 1992 a 1996, diputado del Congreso de 1993 a 2004, de nuevo consejero de Economía andaluz de 2004 a 2009, presidente de la Junta de Andalucía desde 2009 hasta 2013, presidente del PSOE de 2012 a 2014 y senador de 2013 hasta 2015, cuando también dimitió tras ser imputado por prevaricación y malversación en el caso de los EREs. Podría ser condenado a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

Aunque los grandes medios de comunicación pasan de puntillas sobre este caso que ensucia al actual PSOE, el juicio de los EREs llega a uno de sus momentos cumbre con las declaraciones ante la Audiencia de Sevilla de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Están acusados —junto a otros 20 ex altos cargos, entre los que destacan la exministra Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías— de diseñar un “procedimiento específico” con el que repartieron de forma arbitraria y opaca más de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales entre 2001 y 2010, dejando por medio comisiones, desvíos y hasta juergas con cocaína más que suficientes para “asar una vaca”, como presumía la madre de uno de los mediadores entre la Junta, las empresas beneficiarias de las ayudas y la aseguradora. Y de todas estas irregularidades la Intervención General de la Junta avisó hasta en tres ocasiones a unos imputados que ahora quieren hacer creer que ellos no sabían nada.

Chaves y Griñán no están acusados de haberse lucrado personalmente ni se les han descubierto patrimonios ocultos. Tampoco de haber financiado ilegalmente al PSOE. Están acusados por haber manejado los fondos de la Junta de Andalucía como si de su cortijo se tratase, como aquellos señoritos amigos de sus padres que a principios del siglo pasado compraban el voto de los jornaleros a cambio de una golosina. Quizá ninguno de estos dos hijos del franquismo más rancio tenga una cuenta oculta en Suiza, pero el daño que habrían hecho a los andaluces es mucho mayor que si sólo hubieran hecho eso. Porque el dinero “para asar una vaca” que presuntamente malversaron tenía que haberse usado para generar empleo y riqueza en Andalucía, y no para dotar un “fondo de reptiles” con el que comprar votos, agradecer favores, silenciar a los críticos y asegurar lealtades a un régimen clientelar del que los andaluces no son capaces de deshacerse aunque los excrementos les lleguen hasta las cejas.

Los Presupuestos y la deuda
Primo González republica 4 Abril 2018

El Presupuesto para el año ya en curso proporciona algunas alegrías que no son exactamente para ganar clientes de futura fidelidad electoral. Pero sirven en alguna medida para enderezar el complicado balance financiero del país, que tiene en la deuda pública uno de sus principales quebraderos de cabeza.

Hay quienes aseguran que vamos a tardar varios decenios en reducir la deuda del Estado a niveles asequibles, lo que significa que la próxima crisis económica que nos visite pondrá contra las cuerdas al país si antes no nos damos un poco de prisa en la ineludible tarea de ajustar el déficit con mayor intensidad. Las ayudas del Banco Central Europeo (BCE), proporcionando un entorno financiero de amplia liquidez y tipos de interés casi nulos, ha contribuido de forma decisiva a aliviar el peso del endeudamiento del país. La amenaza para este idílico panorama financiero podría estar, sin embargo, a la vuelta de la esquina, cuando el BCE ponga fin a su excepcionalidad monetaria y los tipos de interés vuelvan a niveles normales.

Estos días, coincidiendo con la presentación de las grandes cifras del Presupuesto, el panorama financiero ha mejorado de forma apreciable para España, por encima incluso de las ya beneficiosas condiciones en las que se movían los mercados en los últimos meses. La prima de riesgo, es decir, la diferencia de coste financiero entre las emisiones de títulos españoles y los de Alemania, ha bajado por debajo de los 70 puntos básicos por primera vez desde hace siete años.

Los tipos a diez años de plazo han retrocedido y se sitúan en torno al 1,20%, uno de los costes más bajos de estos últimos años. Este martes, la emisión de Letras del Tesoro a seis y a 12 meses ha marcado tipos negativos, en torno al -0,4%, que han estado cerca de marcar récord histórico.

Todos estos avances en el coste de la financiación tendrán un importante efecto en los costes financieros del Estado durante el año en curso. España gastará poco más de 31.500 millones de euros en el pago de intereses, que es un 1,9% más de lo pagado el pasado año. Esta cifra supone un 2,6% del PIB. La deuda bajará, según las previsiones, hasta el 97% del PIB.

La comparación de estas cifras con las de otros capítulos presupuestarios indica bien a las claras el por qué España crece menos de lo que debería y lo hace con dificultades que en algunos momentos nos han llevado al límite de la parálisis.

Por ejemplo, la inversión pública en el conjunto de la economía española contará con unos 8.500 millones de euros en el conjunto del año. Es decir, cuatro veces menos que el coste financiero. Si España tuviera un nivel de deuda propio de una economía más equilibrada, la inversión pública podría multiplicarse por dos o incluso por tres, contribuyendo a una mejora del empleo que tendría efectos multiplicadores muy deseables. La importancia de reconducir el nivel de deuda a cotas más asequibles es alta y sobre todo urgente. El BCE tiene ya preparadas las medidas de normalización de los tipos de interés que quizás no tarden mucho en producirse. Quizás antes de un año la burbuja financiera nos despierte de forma súbita y no será agradable.

El Gobierno prohibió a Policía y Guardia Civil mostrar vídeos de las agresiones sufridas el 1-O
Interior contaba con imágenes que demostraban la violencia empleada por los separatistas el 1-O pero el Gobierno prefirió que no se difundiesen.
Libertad Digital 4 Abril 2018

Mientras las redes sociales, las televisiones y la prensa de medio mundo se llenaban de vídeos y fotografías difundiendo la supuesta brutalidad policial que se había empleado contra el referéndum ilegal, Moncloa impedía que Policía y Guardia Civil hiciesen públicas numerosas grabaciones en las que se mostraba la violencia ejercida durante la jornada contra las fuerzas del orden.

Según la información de El Independiente, la orden partió de la Secretaría de Estado de Comunicación, que dio instrucciones a los responsables de Interior para adoptar un "perfil bajo" y no hacer más grande la bola de nieve ya en marcha en medios y redes. El resultado fue, por el contrario, que sin elementos que lo desmintiesen el relato separatista se adueñó del escenario.

Las imágenes habían sido grabadas por agentes de ambos cuerpos vestidos de paisano y ahora sí se han incorporado a un atestado que ya forma parte de la causa por sedición que instruye Carmen Lamela contra Josep Lluis Trapero. El motivo que desde el Gobierno se aduce para no haberlas usado en su momento es que se recibieron 24 horas después del 1 de octubre.

Lo cierto es que las pocas imágenes se pudieron difundir durante el 1-O y en los días siguientes que mostraban los ataques a Policía y Guardia Civil eran en su mayor parte grabadas por ciudadanos anónimos. La propaganda alrededor del carácter pacífico del 1-O ha centrado el discurso separatista desde entonces y fue, sin duda, un elemento clave durante la campaña electoral de diciembre.

RECOGIDA DE FIRMAS
Los vecinos de París se plantan ante la violencia de las bandas callejeras
Arturo García gaceta.es 4 Abril 2018

Los residentes de barrios como La Chapelle, Goutte-d’Or y Barbèshan exigido que el gobierno actúe para detener a las pandillas de inmigrantes.

La delincuencia se ha apoderado de las calles de París y los vecinos han decidido plantarse. Las medidas del gobierno local son insuficientes y los ciudadanos se han movilizado para exigir que atajen el problema de violencia derivado de las pandilla de marroquíes que actúan en zonas como La Chapelle, Goutte-d’Or y Barbèshan.

Mireille, una vecina de la zona, ha recordado que estos delincuentes atacaron a su hija de 15 años: “La primera vez fue un domingo por la noche, vi a tres de estos jóvenes en la acera y sentí mucho miedo. Después nos volvimos y uno de ellos saltó al cuello de mi hija hasta que huyó corriendo”.

“Al día siguiente presentamos una denuncia, pero ahora hemos decidido no callarnos más. Es muy injusto no poder caminar libremente por nuestro barrio”, ha aseverado. Hace unas semanas, 257 propietarios de pequeños comercios firmaron una carta de protesta ante el repunte de robos que sufrían en sus tiendas.

La realidad de los barrios de París
Existe un fenómeno que se viene repitiendo en los barrios periféricos de las grandes ciudades europeas: la creación de grandes barrios musulmanes donde la ley islámica ha sustituido al Estado. “Es necesario afrontar el problema en muchas zonas. Hay innumerables barrios donde las ‘no-go zones’ son habituales. Allí no se vive a la francesa, sino al estilo musulmán”.

“¿El futuro de Francia pasa por lugares donde los hombres se visten con túnicas, las mujeres no tienen permitido salir de casa y las costumbres no tienen nada que ver con la tradición occidental?”, se preguntó Èric Zemmour, que denunció la connivencia de las autoridades con estos fenómenos: “Tras los disturbios de Trappes, la ley del burka integral no se aplica. Los policías creen que es mejor no hacerlo “para evitar incidentes”.

La realidad de las ‘no-go zones’ fue desvelada por dos activistas de la llamada Brigada de las Madres, que denunciaron los hechos y grabaron las reacciones de los musulmanes con cámara oculta. Las imágenes no dejan lugar a dudas.

Cuando Madia y Aziza acceden a un establecimiento, los hombres se sorprenden. Las mujeres tienen prohibido “de facto” entrar en estos negocios y su presencia incomoda a muchos musulmanes que admiten sin ambages que “no deberían estar aquí”.

“Esto no es París. Aquí tenemos una mentalidad diferente y seguimos las enseñanzas del islam”, reconoce otro hombre, ajeno a la cámara que le está grabando. Cuando una de las activistas le pregunta si no estaría mejor viviendo en Arabia Saudí, el musulmán responde: “Francia es un paraíso para nosotros”.

‘No podemos detenernos’
Los conductores del metro de París se niegan a detenerse en ciertas estaciones debido al alto nivel de delincuencia y consumo de drogas que se registra en esos lugares: “No son zonas seguras para los profesionales y tampoco para los viajeros”, sentencian.

Los conductores que trabajan para la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), la compañía de transporte público de París, aseguran que varias estaciones del norte de la capital están sumidas en el caos y denuncian la existencia de “bandas raciales” que representan un “verdadero peligro”.

El sindicato RATP UNSA señala las estaciones de Marcadet Poissonnier y Porte de la Chapelle como las más problemáticas. Esta última se hizo famosa hace un par de años cuando, durante la crisis de refugiados, se convirtió en el lugar escogido por los recién llegados para montar su campamento. Su desalojo causó graves incidentes en la zona.

“El número de episodios violentos se ha multiplicado durante los últimos meses”, explican los maquinistas, que han mantenido encuentros con representantes de la policía local para tratar una situación que “parece no tener remedio”. La pasada semana enviaron sendas misivas al ministro del Interior, Gerard Collomb, y a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, para estudiar un plan de acción. Sin embargo, no han obtenido respuesta.

No es la primera vez que estas zonas son señaladas por las autoridades como lugares peligrosos. El servicio de mensajería francés Chronopost cesó el reparto de paquetes en ciertos barrios ante el peligro que suponía para el personal contratado por la empresa.

Aún viven
La Verdad Ofende  latribunadelpaisvasco.com 4 Abril 2018

Son 9 millones los ciudadanos de Israel. Teniendo en cuenta que en esa “genocida” democracia israelí el 28% son árabes de pleno derecho - presidente de la Cámara o del Tribunal Supremo - mis cálculos arrojan una cifra de 5 millones de “peligrosos judíos”.

Frente a sus fronteras habitan las tiranías islámicas que invadieron Israel en el minuto 1 de su existencia. Son Egipto, Siria, Jordania y Líbano (fronterizas) y tras ellas Irak, Irán, Turquía y Arabia Saudita, léase 350 millones de pacifistas musulmanes con quienes Europa promueve y financia la alianza de civilizaciones del incalificable Zapatero.

Hubo también cristianos y judíos entre la población de esas naciones, pero ya no quedan, se fueron. En 1948, más de 700.000 judíos huyeron hacia Israel para no ser asesinados. Tras el paso de ISIS, más de un millón de “peligrosos cristianos” tuvieron que huir, fueron crucificados o degollados.

Olvide Gaza, se van a reír. En 1931, el único censo del mandato británico palestino (Jordania, Israel y Palestina) rondaba los 580.000 musulmanes (400,000 en Jordania). Tras la fundación de Israel (ONU, 1947) y el inmediato ataque de las pacíficas naciones islámicas contra ese grupo de violentos judíos, el 80% de aquel censo se desplazó a Jordania. Los gazaries - entonces 35.000 - hoy rondan los 2 millones. El 80% de ellos egipcios como Yaser Arafat, es decir, ocupantes, no nativos.

Las violentas noticias que nos llegan cuentan que la organización “pacifista” islámica HAMAS, financiada con generosos fondos públicos vía impuestos de los europeos, copió el modelo invasor de la marcha verde que el rey Hassan II de Marruecos empleó con tanto tino para anexionarse el Sahara español. Albiac lo contó certeramente ayer en ABC.

Pero hay un dato esencial que pasamos por alto.
Hassan II dio por hecho y acertó que el moribundo Franco no ofrecería batalla ante una población indefensa; no habría sangre. La “pacifista” HAMAS también dio por hecho y acertó que Israel se defendería contra una marea invasora de 30.000 “pacifistas” egipcios-palestinos, quienes cada semana atentan “sin querer” contra judíos, cuchillo en mano. Israel aparecería nuevamente como un estado violento y opresor.

Ayer, mientras la prensa internacional se desgañitaba en dar la razón al maquiavélico juego de HAMAS con la población civil de Gaza para acusar de genocida a Israel tras 24 “pacifistas” muertos, la banda terrorista publicaba en Twitter sin pudor alguno las esquelas de 17 de sus terroristas abatidos por las fuerzas de defensa de Israel.

Y si pocos parecen los judíos que aún quedan en todo el mundo (12 millones) poco también me parece el asco que siento ante la hipocresía del mundo con esos perseguidos hebreos, a quienes se aplica un presunto derecho (exclusivo para el islam) a que les partan la cara sin derecho a defenderse, y si lo hacen, quien agredió exigirá al mundo que el puñetazo de respuesta lleve certificado homologado por ONU de con cuánta intensidad respondieron. Quien no mide su violencia ni avisa exige humanidad. Bien, pues Israel también lo hace.

Verán: 30.000 musulmanes se plantan ante la frontera dispuestos a invadir tu territorio es un declarado acto de guerra. Si, además, lo convoca la organización terrorista HAMAS, habrá violencia, no pacifismo. Y si de las 24 víctimas, 17 eran terroristas, el mundo debe un sonoro aplauso a Israel por abatirlos y reducir solo a 7 las supuestas víctimas civiles ante un invasión de nada menos que 30.000 fanatizados palestinos.

Mañana, el consejo de seguridad de la ONU ha de publicar una resolución felicitando a Israel por minimizar bajas, expresar la condena más firme y unánime contra HAMAS, conminando al mundo occidental a cortar las subvenciones que de modo vergonzante se siguen enviando para el reiterado terrorismo judeófobo, y retirar la UNRWA desde cuyas instalaciones (hospitales y escuelas) HAMAS lanza ataques con misiles contra Israel.

El consejo de seguridad de la ONU una vez más publicará una nueva resolución de CONDENA contra la democracia Israelí por verse obligada, una vez más, a defenderse.

9 millones de peligrosos israelíes - más les vale - frente al mundo islámico, la acomplejada Europa y el resto del mundo que les son hostiles.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El disparate lingüístico
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com  4 Abril 2018  (2)

A mí me resulta imposible de comprender que vascos y catalanes traguen con la falacia lingüística y se coman la mentira nacionalista del nirvana independentista. Solamente hay una explicación posible, que es el fraude consentido por el "establishment" de partidos y sindicatos que reciben ingentes cantidades de subvenciones a cambio de callar y consentir.

Resulta penoso e incomprensible en el entramado sindical de origen marxista, como UGT y CC.OO, que tienen una tradición contraria al nacionalismo separatista. Es ilógico que se sumen al carro secesionista, como ocurre en Cataluña, donde añaden su aportación a la movilización rupturista, y atentatoria contra el Estado de Derecho y la acción de la justicia. Este circo nacional-izquierdista, émulo del “Frente Popular”, es inaudito. Indalecio Prieto o mi admirado Julián Besteiro -que fue el único digno y sensato en la II República- se llevarían las manos a la cabeza al ver la deriva y la desorientación de estos sindicatos a día de hoy, donde no se sabe si son sectas u organizaciones en defensa de los trabajadores.

Nos dicen que no hay dinero para mantener el Estado de Bienestar, y sin embargo se gastan cantidades multimillonarias en lenguas cuya proyección hacia el exterior de nuestra pequeña nación (España) es irrelevante, y solamente sirve para hablar entre aldeanos, mientras se orilla y desprecia una lengua como es el español que en el mundo representa el siguiente peso: Lengua materna de 472 millones de personas. (567 millones de hablantes hispanohablantes si sumamos los que la adoptan como segunda lengua de comunicación); Lengua en la que se comunican nada menos que 21 países del mundo; Lengua que es hablada por el 8% de la población mundial, en proceso de crecimiento; Segundo idioma del mundo en número de hablantes nativos, solamente superada por el chino mandarín; Tercer idioma entre los internautas, solamente superado por el inglés y por el chino mandarín.

Es realmente indignante que precisamente el lugar donde ha nacido y se ha desarrollado nuestra lengua, expandiéndose por todo el mundo, sea donde se cuestione como lengua nacional y se postule su erradicación en partes de nuestro territorio, sustituyéndola por lenguas rústicas que restringen el acceso a los medios de cultura y comunicación. Pompeyo Trogo, cronista romano, afirmaba en el siglo I que “Los hispanos prefieren la guerra al descanso y si no tienen enemigo exterior lo buscan en casa” Tenemos la tendencia a autodestruirnos y capar nuestras posibilidades de desarrollo. No necesitamos a quienes nos estropeen la fiesta desde fuera. Nos valemos por nosotros solos para aguarnos la existencia.

Pero es que, además, contrariamente al resto del mundo que respeta la libertad de elección lingüística en la escuela, aquí renace Tánatos periódicamente, que era el mito griego de la destrucción y la muerte civil. Hay una pulsión incontenible hacia la imposición y el dominio, hacia el autoritarismo y la coerción, porque eso es, ni más ni menos, impedir que se respete la lengua materna de la absoluta mayoría de la población española viva donde viva, y, además la lengua común de todos; que todos entienden. La cuestión es formar islas y fronteras artificiales; porque lo que no nos cuentan es la cantidad de gente que vive de ello, de crear barreras. Que es una verdadera industria improductiva de montar academias, de editoriales que multiplican beneficios a costa del sufrimiento de mucha gente, de escribir cosas o crear artificios de forma antinatural, ya que de otra manera no tendrían cabida en el mercado cultural. Son muchos los que viven de esto porque corrompen el principio moral del esfuerzo colectivo hacia el bien común.

Si nos atenemos al lugar donde nací, donde he tenido a mis hijos, y vivo, el 80% de sus habitantes tienen como lengua materna el español o castellano. Sin embargo, se destinan más de 5.000 millones de euros cada año al fomento del euskera y el 95% de los centros -mal llamados educativos, pues son indoctrinadores- tienen modelo de inmersión en euskera, que es una lengua artificial que se creó en los años setenta para unificar los diversos dialectos existentes, y cuyo objeto y propósito no era el cultural sino crear las bases para la construcción nacionalista.

Los daños producidos, en el sentido pedagógico, han sido ingentes, aunque se ocultan y nadie se atreve a ponerlos en evidencia. Sin embargo los informes de evaluación internacional (PISA y PIRLS) así lo dejan en evidencia. Y en Cataluña, los castellanohablantes de cuna tienen el doble de fracaso escolar que los que son catalanohablantes de origen; y sus estándares educativos son claramente inferiores al resto de comunidades que tienen presupuestos más escasos y condiciones peores. Todo ello deja al descubierto que lejos de pretender educar y lograr lo mejor para los clientes del sistema, que son los alumnos, la pretensión de fondo es crear una cosmovisión etnicista y separatista. De esta guisa, se crean las condiciones sociológicas para dar el salto a la independencia, como ha quedado de manifiesto en Cataluña y anteriormente en el País Vasco con el conglomerado ETA-Batasuna y nacionalistas que van y vienen como el péndulo de Foucault desde posiciones que parecen moderadas a radicales según sea el momento adecuado para desasosegar al resto de España o fastidiar la evolución de las cosas y el bien común. No lo digo yo; es patente y objetivo a la luz de los hechos. Las situaciones que se han ido sucediendo son incontrovertibles.

Las pruebas de ello son de tal calibre y extensión que superarían con creces la extensión razonable de un artículo como este, pero voy a poner algún ejemplo a modo descriptivo:

En 1990 -como se puede comprobar, esto no es nuevo- circulaba un documento redactado desde las consellerías de la Generalitat, con la colaboración de partidos como CDC y UDC, donde se fijaban objetivos como los siguientes en la “enseñanza”:

• Catalanización de los programas de enseñanza. Análisis previo y aprobación del contenido por parte de personas responsables y de confianza.

• Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal.

• Velar por la composición de los tribunales de oposición.

• Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas.

Es decir, los elementos clave para el control social: contenidos de enseñanza, profesorado adicto que sirva de correa de transmisión, organizaciones de padres que tengan el “chip” nacionalista, unos inspectores que controlen y orienten hacia la finalidad última; y aquí faltan los sindicatos, bien untados de dinero, con liberaciones y prebendas para que estén contentos y no se salgan del cordel.

Este mismo esquema se ha reproducido, de forma mimética y exacta en el País Vasco, con un desarrollo programático y efectivo marcado al ritmo de cuartel, sin pausa ni retroceso, como ejército bien configurado con un destino y resultado que ya es incuestionable por, evidente.

Mientras tanto, en Moncloa han estado mirando a las nubes; ejercicio favorito de sus inquilinos.

No me cansaré de escribir sobre esta cuestión por las siguientes razones:

1º.- Porque el daño producido en nuestras poblaciones de escolares durante estos treinta últimos años ya es irreparable.

2º.- Porque es el elemento principal que posibilita la formación de las masas nacionalistas. Recuerdo que “masa” es un conjunto de la población que pierde sus rasgos característicos de ciudadanía responsable y autónoma, conformando lo que Gustave Le Bon escribía en su “La psicología de las masas”:

“Poco aptas para el razonamiento, las masas se muestran, por el contrario, muy hábiles para la acción. La organización actual convierte su fuerza en inmensa. Los dogmas que vemos nacer habrán adquirido muy pronto el poder de las viejas concepciones, es decir: la fuerza tiránica y soberana que queda fuera de discusión.”

“Hasta ahora, el papel más claro desempeñado por las masas ha consistido en las grandes destrucciones de civilizaciones envejecidas. La historia enseña que en el momento en el que las fuerzas morales, armazón de una sociedad, han dejado de actuar, la disolución final es efectuada por estas multitudes inconscientes y brutales, calificadas justamente de bárbaras. Las civilizaciones han sido creadas y han estado guiadas, hasta ahora, por una reducida aristocracia intelectual, jamás por las masas que no tienen poder más que para destruir. Su dominio representa siempre una fase de desorden. Una civilización implica reglas fijas, una disciplina, el tránsito desde lo instintivo hasta lo racional, la previsión del porvenir, un grado elevado de cultura, condiciones totalmente inaccesibles a las masas, abandonadas a sí mismas. Por su poder exclusivamente destructivo, actúan como aquellos microbios que activan la disolución de los cuerpos debilitados o de los cadáveres. Cuando el edificio de una civilización está carcomido, las masas provocan su derrumbamiento. Se pone entonces de manifiesto su papel. Durante un instante, la fuerza ciega del número se convierte en la única filosofía de la historia.”

“Desde el punto de vista psicológico, la expresión masa asume una significación completamente distinta. En determinadas circunstancias, y tan sólo en ellas, una aglomeración de seres humanos posee características nuevas y muy diferentes de las de cada uno de los individuos que la componen. La personalidad consciente se esfuma, los sentimientos y las ideas de todas las unidades se orientan en una misma dirección. Se forma un alma colectiva, indudablemente transitoria, pero que presenta características muy definidas. La colectividad se convierte entonces en aquello que, a falta de otra expresión mejor, designaré como masa organizada o, si se prefiere, masa psicológica. Forma un solo ser y está sometida a la ley de la unidad mental de las masas.”

Pues eso mismo. Así estamos. Y los nacionalistas y la izquierda, que actúa como carcoma del sistema, lo saben. Quien controle a las masas y liquide el poder del pensamiento, que procede de la educación y de la búsqueda de la verdad, que es el nutriente principal de su sentido y objeto, logra el poder. Lo raro es que allí donde parecía haber más desarrollo económico y más alfabetización sea precisamente donde más toma cuerpo esa masa informe incapaz de lograr individuos autónomos que den el salto, de ser números de carné de identidad a ser personas capaces de dirigir el rumbo de su nación hacia el progreso y el desarrollo. Y cuando digo “su nación”, por supuesto, me refiero a la nación histórica, a la única existente desde el plano cultural y antropológico, es decir España.

Rajoy no está para polémicas… ni para nada
EDITORIAL Libertad Digital 4 Abril 2018

Quien no está haciendo bien su trabajo es el presidente del Gobierno, de ahí que los Mozos, la Generalidad y TV3 sigan siendo herramientas del golpismo separatista.

Negar la existencia de un problema es un socorrido –y ominoso– medio de evitarse el trabajo de darle una solución. Y esto es, lisa y llanamente, lo que ha hecho este martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al no admitir la escandalosa actitud de muchos mozos de escuadra ante la violencia desatada por los repulsivos Comités de Defensa de la República, que en los últimos días han podido cortar carreteras y quemar contenedores con indignante impunidad y que ahora amenazan con llevar Cataluña al colapso.

Poco parece importarle a Rajoy que el clamor ciudadano contra la dejadez de la Policía autonómica haya llevado a un dirigente del PP, Javier Maroto, a declarar: "Alguien no está haciendo bien su trabajo". Pero Rajoy considera que la actuación de los Mozos de Escuadra, supuestamente bajo control del Ministerio del Interior en el marco de la fantasmagórica aplicación del artículo 155 de la Constitución, está siendo satisfactoria, y pone como ejemplo las ridículas e insuficientes "actuaciones, identificaciones y detenciones" que han practicado, que no han evitado que los separatistas violentos campen a sus anchas en Cataluña.

Que Rajoy pretenda zanjar un asunto tan grave afirmando que "crear polémicas" al respecto "no conduce absolutamente a nada positivo" no debería sorprender, a estas alturas, a nadie: es el más puro estilo de este infausto presidente del Gobierno. Ante el gravísimo chantaje que le hizo en 2012 Artur Mas como colofón a la multitudinaria manifestación de la Diada que dio arranque al proceso secesionista, Rajoy se limitó a decir que España no estaba para "algarabías". Cuando los separatistas consumaron, dos años después, el referéndum ilegal del 9-N, Rajoy quiso quitar importancia a los hechos haciendo creer que no había ocurrido lo que no se había atrevido a evitar. Consumada el año pasado la segunda y no menos ilegal consulta secesionista del 1-O, Rajoy, para no tener que hacerse cargo de la Administración autonómica, tuvo la desfachatez de ofrecer a los golpistas una mejor financiación autonómica e incluso una reforma constitucional. Tal era la determinación presidencial de no tener que intervenir la Generalidad que, una vez proclamada, días después, la independencia de Cataluña, Rajoy aún tuvo la ocurrencia de preguntar al cabecilla del golpe si lo que había declarado era lo que todos los españoles habíamos visto.

Con todo, nada revela con más nitidez la profunda renuencia de Rajoy a intervenir la Administración en rebeldía que su decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución sólo para convocar nuevas elecciones.

En conclusión, quien no está haciendo bien su trabajo es el presidente del Gobierno, de ahí que los Mozos, la Generalidad y TV3 sigan siendo herramientas del golpismo separatista. Lo que ocurre en Cataluña, en general, y muy especialmente en su muy politizada Policía regional, no es más que el lógico corolario de negarse a intervenir la Administración golpista incluso en aplicación del artículo 155 de la Constitución

Hacer política

RAÚL CONDE El Mundo 4 Abril 2018

Valentí Puig presenta mañana el Club Tocqueville de Barcelona, apadrinado por una conferencia del historiador John Elliot. Se trata de un think tank auspiciado por constitucionalistas de matriz liberal que defienden, desde una voluntad reformista y visión europeísta, una sociedad catalana abierta, plural, bilingüe y estable. Es una iniciativa plausible, y mucho más ahora que tanto desdén causa apelar a hacer política.

La principal obligación de un Estado consiste en subsistir, pero cuando detecta un problema localizado y permanente tiene dos opciones: buscar formas de entendimiento o ejecutar medidas drásticas. Felipe González asegura que se tendría que haber aplicado el artículo 155 hace cinco años al mismo tiempo que advierte de la "inutilidad" de la clase dirigente para encarar un asunto cuya naturaleza es política. Parece una disyuntiva contradictoria. Pero el problema de Mariano Rajoy es que, mucho antes de que la Generalitat planteara el referéndum como un trágala, ni intervino el Govern ni movió un músculo. Y el grano ha estallado.

El independentismo es responsable de la ruptura institucional, el destrozo económico y la quiebra social. Jordi Amat sostiene que el procés puede explicarse como la asunción progresiva por parte de una corriente central de la ciudadanía de Cataluña de una mutación del catalanismo. Ese proceso de cambio ha sido arrasado por la contumacia de los soberanistas en negar la realidad: el 47% de los votos da para gobernar, pero no para mutilar los derechos de la otra mitad.

Puigdemont pudo hacer política, y no sólo adelantando las elecciones y preservando el autogobierno. Pudo tejer una estrategia orientada a ensanchar la base social soberanista renunciando a la unilateralidad. No lo hizo y las consecuencias jurídicas son inexorables. Sin embargo, en la otra orilla también faltó pericia. Por error o por interés electoral, Rajoy ignoró el calibre de la marea secesionista. Desdeñó las señales de advertencia. Permitió la pseudoconsulta del 9-N, y alentó la idea de que, apartado Mas, se acababa el problema. Descartó, al contrario que sus predecesores, cualquier atisbo de negociación de calado. Evitó seducir, persuadir, convencer. Renunció al combate de la dialéctica y la propaganda. Eludió ejercer el liderazgo institucional. Se inhibió en el TC y luego en el discurso del Rey. No implicó a la UE ni a las cancillerías hasta el último momento. Y, aun con el 155, se empeña en tratar a Cataluña como colonia, no como una parte sustancial de España.

Su obligación no era responder a la declaración de independencia, sino haberla evitado. Para eso hubiera hecho falta determinación, pero también finezza. O sea, hacer política. Tocqueville avisó que es "más fácil aceptar una simple mentira que una verdad compleja". El pecado original de Rajoy es que no quiso explicar la compleja verdad a quienes fueron engañados con la simple mentira de una separación sin costes.

Un Gobierno incompetente ante la propaganda separatista
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 4 Abril 2018

La fiscalía de Schleswig-Holstein se ha pronunciado este martes a favor de extraditar a Puigdemont por rebelión y malversación -tal como ha solicitado el juez Pablo Llarena- y de que se le mantenga en prisión ante el riesgo evidente de fuga. De esta noticia, que no condiciona la decisión que vaya a tomar el tribunal encargado de valorar la euroorden, sólo puede colegirse que la Justicia alemana actúa al margen de un estado de opinión cada vez más proclive a la causa separatista y sus falacias.

El relato y los planteamientos que los medios de comunicación alemanes esgrimen en el caso Puigdemont resultan desoladores y por sí solos explican que, según un sondeo de Die Welt, el 51% de los ciudadanos se opongan a la extradición del prófugo. Desde que el pasado 25 de marzo Puigdemont fue detenido en Alemania, la izquierda, los verdes y la mayoría de los medios han hecho de caja de resonancia del relato independentista sin que nadie del Gobierno haya hecho nada por corregir esa visión distorsionada de la realidad.
Una corriente de opinión

Así, un prestigioso columnista de Der Spiegel ha pedido “asilo político” para Puigdemont, la revista Stern ha presentado el asunto como un caso de “violación de derechos humanos”, la Süddeutsche Zeitung se refiere al ex presidente de la Generalitat como un “preso político”, y en un debate en la radio pública se ha planteado abiertamente la posibilidad de que en España no tenga un juicio justo.

El problema es que este ambiente favorable al secesionismo y sus mentiras no es privativo de los medios germanos, sino consecuencia de una corriente de opinión cada vez más presente en la prensa internacional. El Times británico y el New York Times estadounidense también han sucumbido a la propaganda secesionista en sendos editoriales en los que se han referido a España como a un “Estado opresor”.
Imagen falsa y tendenciosa de España

Las opiniones se sostienen por la calidad de los argumentos, no por el prestigio de sus emisores. Pero el Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados cuando medios internacionales influyentes cuestionan la separación de poderes de nuestro país. A la prensa extranjera se le puede acusar de falta de rigor, de tendenciosidad e incluso de ignorancia sobre la realidad española, pero esos reproches por sí solos no van a impedir que sigan promoviendo una imagen falsa sobre la calidad de la democracia española.

La indolencia del Gobierno español contrasta con la labor de zapa que viene haciendo el separatismo. Al renunciar a la batalla del relato, en Cataluña y en el extranjero, el Gobierno desatiende los intereses generales. El problema es que cuando no hay un modelo de trabajo, cuando la incompetencia es la norma, cuando falta impulso político y cuando la máxima responsable de la comunicación del Ejecutivo es alguien como Carmen Martínez Castro, esa batalla está perdida incluso antes de darla.

Barcelona, comunidad autónoma
Cristian Campos elespanol 4 Abril 2018

Se empiezan a oír voces, por un casual todas socialdemócratas, que pronostican un futuro diálogo del Gobierno central con los separatistas catalanes para el cierre del conflicto provocado por los separatistas catalanes. "Es inevitable", dicen, sin que quede muy claro en qué se basa esa supuesta inevitabilidad. "No puede haber vencedores y vencidos" añaden luego, en pleno squirting de exquisita equidistancia entre el agresor y el agredido.

Entonces recuerdas que eso era exactamente lo que decían los franquistas durante la Transición para evitar una escabechina entre sus filas y confirmas que de tal palo tal astilla. Con la diferencia de que en aquel caso se lidiaba con los restos de un régimen dictatorial de cuarenta años apoyado por millones de españoles, además de por el Ejército, y en este caso, con un puñado de tejeros regionales que se pasean por sus pueblos con una bolsa amarilla de plástico en la cabeza. Literalmente.

En cuanto a los apaciguadores, antes militaban en el Movimiento Nacional y le regalaban la industria al País Vasco y las sinecuras comerciales a Cataluña en detrimento del resto de Comunidades Autónomas y ahora asesoran al PSOE como tontos útiles de la ultraderecha nacionalista en Twitter y La Sexta. En realidad, sólo han cambiado la estética. Su ética anda donde siempre, triscando por los montes de las identidades tribales. Antes era la España unidad de destino en lo universal y ahora es la nación de naciones y los respetables sentimientos de tribu.

Como suele suceder cuando merodea un socialdemócrata por el debate, su marco mental se da por indubitado y el resto de sus conclusiones se decantan a partir de la más cretina de sus premisas. Luego llega el PP, firme creyente de la idea de que ese marco cretinoide socialdemócrata es el estado físico por defecto de la democracia española, y ahí empieza el festival habitual de genuflexiones frente al nacionalismo. "¿Le sujeto la barretina, señor president?". "Lendakari, ¿le bailo un aurresku?".

Entonces esas voces enumeran las cesiones que, siempre a su imparcial parecer, debería hacer el Gobierno —cesiones que por un casual coinciden con el programa federalista socialdemócrata— y se olvidan de las que debería hacer el separatismo, al que se supone que le basta con detener su golpe de Estado, actualmente en curso, para merecer una gratificación que satisfaga el 100% de sus pretensiones anteriores a ese golpe de Estado: reconocimiento de nación, ruptura del principio de igualdad de todos los españoles, autonomía judicial y una financiación ad hoc al gusto del señorito.

Como es evidente para cualquier inteligencia mediana, con golpistas no se negocia. Mucho menos cuando el golpe ha fracasado. Pero, puestos a negociar, parece obvio que el mero hecho de dejar de delinquir no debería contabilizarse como cesión de una de las partes. Eso, el fin inmediato e incondicional de la actividad delictiva, se da por supuesto. Al igual que sus consecuencias penales.

Puestos a negociar, digo, el nacionalismo debería poner sobre la mesa no sólo sus exigencias sino también aquello que está dispuesto a ceder a cambio de ellas. ¿Y qué tiene el nacionalismo que pueda interesarle al Gobierno central? Fácil. La inmersión lingüística. 17.000 Mossos d'Esquadra. TV3, Catalunya Ràdio y las ayudas a los medios de prensa en catalán. La ciudad de Barcelona y su entorno industrial. Y, por supuesto, la entrega voluntaria de los prófugos en el cuartel de la Guardia Civil de su elección. Que escojan lo que menos les duela.

Aunque yo, de ser el Gobierno, lo tendría claro: Barcelona y su cinturón, decimoctava comunidad autónoma. Y a partir de ahí, todas las golosinas que se quieran para la Cataluña carlista, condenada a la más irrelevante zona media de la tabla de las comunidades españolas. ¿No querían una solución definitiva para el mal llamado "problema catalán"? Ahí la tienen, frente a sus narices. Y sin modificar ni una sola coma de la Constitución.

Como es evidente para cualquier inteligencia no ya mediana, sino escasa, el Estado no puede ni debe entrar en una negociación en la que los cimientos del Estado de derecho -la forma del Estado, la soberanía popular, el derecho a ser educado en español- se perciban como transaccionables mientras al otro lado de la mesa de negociación se considera intocable lo cedido durante los últimos cuarenta años de democracia.

Otra cosa es que pretendan llamarle negociación a lo que no es más que un apaño sobre la cuantía del premio que se le concede al golpista de turno. Que es por supuesto de lo que está hablando el PSOE cuando habla de "diálogo".

Continuó en Schleswig-Holstein
ANDRÉS BETANCOR El Mundo 4 Abril 2018

Que en Schleswig-Holstein se esté escribiendo una de las páginas más importantes de la Historia contemporánea de España no deja de ser otra muestra del humor de los dioses que guían la Historia de la humanidad. Un Land alemán que, durante siglos, hasta su constitución definitivamente como parte de la República Federal de Alemania, se estuvo debatiendo entre ser parte de Dinamarca o de Prusia. Ha formado parte, total o parcialmente, de una y otra; incluso se plebiscitó, en el año 1920, si "regresaba" a Dinamarca, como así sucedió el 15 de junio de 1920.

Un territorio con una turbulenta historia tiene, en manos de sus autoridades judiciales, el poder para decidir si el principal cabecilla del golpe de Estado producido en Cataluña pasa a disposición de los tribunales españoles para ser juzgado por los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos.

Los dioses vuelven a reírse de los humanos. Y los españoles asistimos a cómo en tierras tan lejanas se decide si la Ley es igual para todos y si los delincuentes, se vistan como se vistan con los ropajes sedicentemente democráticos que se quieran, van a responder por sus gravísimas responsabilidades en relación con los delitos más graves que un gobernante puede cometer: rebelión y malversación de caudales públicos.

Al conocer la noticia, la primera reacción fue de serenidad; esa respiración profunda cuando los hechos poco a poco nos van dando la razón. Hay un viejo aforismo jurídico que dice que "no basta con tener razón, te la tienen que dar". No basta con que la razón jurídica, incluso, la más básica, sostenga una pretensión. Es imprescindible que los Tribunales así lo entiendan. Una primera autoridad judicial, el fiscal general del Estado Schleswig-Holstein, emitió ayer una resolución por la que, a la vista de la orden de detención cursada por el magistrado del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, contra Carles Puigdemont, solicita al Tribunal Superior del Estado que la atienda y que proceda a su ejecución para la puesta a disposición inmediata del perseguido a la autoridad judicial española.

En el comunicado de prensa se nos dice que procedería la entrega por los dos delitos por los que la orden fue cursada, o sea, rebelión y malversación de caudales públicos. Todo ello, en virtud de la Decisión Marco de Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

Mientras que el delito de malversación encajaría en el de corrupción, que, según dispone el artículo 2, daría lugar a la entrega «sin el control de la doble tipificación de los hechos», el de rebelión no se incluye en la relación de delitos que se beneficia de la entrega obligatoria. En tales casos, la Decisión Marco dispone que "la autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea... cuando... los hechos que motiven la orden de detención europea no fueren constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución" (art. 4).

Las interpretaciones entre nuestros jurisconsultos, como se pueden imaginar, son para todos los gustos. No hay unanimidad para considerar que el golpe de Estado de los secesionistas encaja en el delito de rebelión. Algunos, se empeñan, en que sólo sería admisible un Alzamiento, al modo del de 18 de julio de 1936. Esta restricción no es compartida por el magistrado Llarena en su atinado Auto de 21 de marzo.

El fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, en relación con este específico delito, sostiene, en el comunicado, por un lado, que no es legalmente requerida la similitud entre lo que dispone nuestro Código Penal y el delito de alta traición del Código Penal alemán. Los hechos expuestos en la orden de detención encajan en la figura penal alemana que es un "equivalente comparable". Que sean «equivalentes» vendría a ser suficiente, a los efectos de la Decisión Marco, porque ésta no requiere que las figuras delictivas sean iguales.

Y, por otro, esta afirmación la sostiene, lo que me parece interesante, en relación con la celebración del referéndum inconstitucional del 1 de octubre. En el comunicado, el fiscal relata la reunión del día 28 de septiembre, descrita profusa y detalladamente en el Auto del magistrado Llarena, entre los jefes de los Mossos y el presidente del Govern, Puigdemont, el vicepresidente, Junqueras, y el consejero de Interior, Forn. Los primeros advirtieron que la celebración del referéndum ilegal iba a provocar episodios de violencia ("brotes importantes de enfrentamiento") por lo que era aconsejable la suspensión de la votación: «Pese a ello, la decisión de los miembros del Gobierno fue de que la votación había de celebrarse», se puede leer en el Auto. Y, en efecto, tales episodios de violencia se produjeron.

Se augura una importante batalla jurídica para la correcta interpretación tanto de la Decisión marco como del Código Penal alemán a los efectos de deducir su correcto sentido. Es de prever que Puigdemont lo recurrirá todo, hasta el infinito y más allá. Es, también, una manera de tensionar la relación entre España y Alemania. Es su forma de "internacionalizar el conflicto". Esta estrategia política sólo valora que internacionaliza el problema (contra España), pero no tiene en cuenta que también internacionaliza la solución (a favor de España).

El golpe de Estado de los secesionistas se está convirtiendo en un problema para toda Europa y, en particular, para la Unión Europea, en la que, también, deberá encontrar respuesta. Como ha afirmado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, "si Cataluña se independiza, otros harían lo mismo. Y no quiero una UE de 98 Estados". Una UE "que en 15 años podría tener 98 Estados" sería ingobernable: "Ya es difícil con 28, con 27 [tras el Brexit] no será fácil, pero con 98 sería imposible".

No es sólo una cuestión de gobernabilidad, sino también de legitimidad de la Unión. "La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». ¿Qué credibilidad podría tener esta enfática afirmación del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea cuando una parte del territorio nacional se independiza de manera unilateral, en contra de cualquier regla jurídica básica? El secesionismo catalán está colocando a la Unión ante el espejo de la fortaleza de sus fundamentos.

EL GOLPE de Estado ha de tener, en el contexto de los Estados democráticos de Derecho, una respuesta judicial. Los responsables, tras los procesos plenos de garantías, deben ser condenados por sus delitos. Esta es la labor que están desarrollando los jueces españoles. La colaboración de otras autoridades judiciales europeas es imprescindible. Tienen que asumir que también forman parte de la solución de un problema que no es ya, exclusivamente, español.

Los Tribunales deben aplicar la Ley. Mas no es la fuerza de la Ley; es la fuerza de la legitimidad democrática de la ley administrada por unos jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117 Constitución).

Es relevante que el fiscal general de Schleswig-Holstein se haga eco de la inconstitucionalidad del referéndum del 1 de octubre declarada por el Tribunal Constitucional. Es la culminación de la «permanente y obsesiva actividad» del Govern catalán, en expresión del Auto del magistrado Llarena, para culminar su empeño golpista. Desde el año 2013 hasta octubre de 2017, el Tribunal Constitucional ha dictado unas 16 resoluciones, entre sentencias y Autos, que han declarado la inconstitucionalidad de los pilares jurídicos del golpe de Estado. Y, a pesar de la reiterada declaración, los secesionistas han seguido con su «permanente y obsesiva actividad».

Advertidos han sido, hasta la extenuación. Y ahora se sorprenden de que el Estado de Derecho se defienda. No hay ningún Estado democrático de Derecho que pueda cerrar los ojos ante un empeño tan contumaz de ruptura del orden constitucional. Blaise Pascal (1623- 1662), escribió que una "Justicia impotente, no es Justicia". Ahora toca hablar a la Justicia. Ojalá podamos decir que todo comenzó (o continuó) en Schleswig-Holstein.

Andrés Betancor es catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra.

La violencia de los CDR y el poder “contemplativo” de Rajoy
Jesús Cacho. vozpopuli  4 Abril 2018

Sostenía ayer un oyente de “Es la Mañana de Federico”, el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio, que la división de poderes existente en la democracia española actual contempla un escenario tal que así: un poder legislativo, un poder judicial y, finalmente, un poder “contemplativo”, que podría ser calificado también de poder “pasmao”, es decir, de poder ejecutivo que no ejecuta, no funciona, no se ejerce de acuerdo con las obligaciones inherentes al cargo, en este caso la presidencia del Gobierno. Todo un hallazgo semántico. Se refería el oyente al espectáculo que desde hace un par de semanas enseñorea las grandes vías de comunicación catalanas por culpa de unos denominados CDR que bloquean la circulación, levantan las barreras de pago de los peajes y, lo que es peor, empiezan a jugar con fuego colocando artefactos explosivos caseros al pie de algunos negocios poco amigos de la Ítaca independentista, ello mientras Mariano Rajoy se dedica a esa vida contemplativa o pasmada que consiste en mirar hacia otro lado, como si con él no fuera la cosa. Mala pinta tiene el muerto.

Escribió Max Weber en “La política como vocación” que el “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima” (das Monopol legitimen physischen Zwanges), de donde se colige que el derecho al ejercicio de esa violencia por parte de grupos humanos alternativos o simples individuos está condicionado a la autorización expresa del Estado. Para el economista y sociólogo alemán, el Estado es pues la única fuente del “derecho” a la violencia. Que en pleno siglo XXI, grupos de jóvenes independentistas y antisistema, en “saltos” típicos de comando, campen a sus anchas por los espacios públicos de Cataluña restringiendo gravemente la libertad de movimientos de los ciudadanos, sin que Policía y/o Mossos hagan nada por mantener el orden, parece indicar que el Estado ha desaparecido de esa Comunidad, una posibilidad que sabemos cierta desde hace muchos años, al menos desde 2012. Hace tiempo, en efecto, que el Estado se ausentó de Cataluña. Que en Cataluña no hay Estado. Territorio sin Ley. Una situación que desacredita a ese Estado y, de paso, daña gravemente a la democracia española. Ello ante el poder “contemplativo” o “pasmao” del gran Mariano.

Escribía días atrás Miquel Giménez en este diario que “En Cataluña ya estamos en guerra civil”, porque “guerra civil es cuando un miembro de los Mossos es descubierto por sus propios compañeros participando en el asedio a la Delegación del Gobierno”. Añadía nuestro celebrado articulista que “es evidente que a día de hoy existen dos bandos en Cataluña y que unos están dispuestos a emplear todos los métodos para salirse con la suya. El interrogante es saber qué van a hacer los otros para defenderse”. No me atrevería a calificar la situación en términos tan dramáticos, y es posible incluso que estemos obligados a hacer un calculado ejercicio de prudencia para no encrespar más los ánimos, pero es evidente que la actuación descontrolada de estos comandos contiene el germen de algo mucho más peligroso, más dañino, más letal, algo que podría quedar fuera de control en un breve plazo, haciendo ingobernable la situación si no se toman las medidas adecuadas mediante el ejercicio de esa “violencia física legítima” que compete a todo Estado democrático y de Derecho que se precie.

¿Qué van a hacer los otros para defenderse?, se preguntaba Giménez. Los “otros” somos nosotros, esa mayoría de catalanes no independentistas y el resto de españoles dispuestos a defender algo tan natural como la unidad de España, y a fe que las sensaciones no son nada buenas. Hemos visto en directo a radicales levantando durante horas las barreras de peaje de una autopista sin que los Mossos se dignaran intervenir para restablecer el orden, permitiéndoles de facto llevar a cabo su sabotaje, y sin realizar, además, ninguna detención, hasta el punto de que alguien podría llegar a pensar que asistimos a una acción de comando consentida por la autoridad, con la intención de calentar las cosas hasta llegar al punto de ebullición. O de explosión. Como es sabido que los Mossos, en virtud del artículo 155, dependen ahora directamente del titular de Interior, Juan IgnacioZoido, la conclusión no puede ser más alarmante: o el señor Zoido, brioso cantante de “El novio de la muerte” en malagueña procesión, y con él el presidente del Gobierno, están enfrascados en una operación consistente en alimentar el desorden cuyo objetivo final desconocemos, aunque podríamos imaginarlo, o simplemente ambos han renunciado a aplicar la ley convirtiéndose en reos de un delito.
Albert Rivera: “Comandos separatistas violentos”

Albert Rivera ha lanzado la voz de alarma: “Los comandos separatistas violentos (sic) están acosando y amenazando a servidores públicos y a sus familias y generando caos en las calles y carreteras catalanas. Le pedimos al Gobierno que garantice la seguridad y la movilidad en Cataluña”. Más alto se puede decir, pero no más claro. Y el Gobierno calla. Es inaceptable que a día de hoy no haya salido el ministro Zoido a dar cumplidas explicaciones sobre el comportamiento de los Mossos (o tal vez sencillamente para anunciar su disolución), y desde luego lo es también que el presidente Rajoy no se haya dignado explicar qué está ocurriendo con el orden público en Cataluña y cómo va a garantizar que el día en que Alemania decida conceder la extradición de ese bulto sospechoso que es Puigdemont no arderán las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas, exigencia de explicaciones que es imperativa en el caso de la vicepresidenta Soraya, la teórica virreina catalana encargada de arreglar ella solita tan gigantesco embrollo, que, como es sabido, sigue escondida en las zahúrdas de Moncloa sin enseñar la patita, mientras permite que el académico Cebrián le haga el trabajo sucio de demolición de la presidencia de Mariano, en la esperanza de heredar silla gestatoria.

Hay quien sostiene que los CDR no están movidos por un plan director, no cuentan con mando único, no hay una mano que mueve la cuna, y que gozan de autonomía a la hora de tomar la iniciativa y planificar sus acciones, por lo que todo depende del metal del que estén hechos los supuestos líderes de cada uno de esos CDR. No es creíble. La existencia de un plan premeditado detrás es demasiado evidente. Conviene recordar a estos efectos la entrevista que Elisenda Paluzie, nueva presidenta de la ANC, concedió días atrás al diario Ara, donde aseguraba que el mantenimiento de la situación de desgobierno y de bloqueo institucional “nos favorece a nosotros y perjudica al Estado”. El objetivo, ciertamente no compartido por todos los sectores del independentismo, es ir a nuevas elecciones autonómicas en la esperanza de aumentar la cosecha de votos a cuenta del malestar provocado por las decisiones de la Justicia encarcelando a los líderes del Movimiento. Es la teoría de la confrontación por la confrontación.

¿Cómo piensa Rajoy hacer frente a este reto? Rajoy ni siente ni padece. El pandemónium catalán está poniendo en evidencia lo ya sabido: que este es un Gobierno que no gobierna, que ha perdido el control de la situación en Cataluña, que es incapaz no ya de adelantar alguna idea tendente a solucionar el conflicto sino ni siquiera de aplicar la ley. Todo se reduce a dejar el trabajo sucio en manos de los jueces. Eso por un lado. Y, por otro, que se trata de un Gobierno que, en caída libre, en el pozo de un enorme desprestigio, dedica las pocas energías que le quedan en acuchillarse con saña entre miembros y banderías, en descarnada lucha por el poder. El fantasma de UCD revisitado. Solo que en aquella UCD, en algunos casos, se mataba por los principios, mientras que en este PP se asesina por la poltrona. Aquí y ahora, en el PP se navajea por los restos de un naufragio que puede llevar al partido de la derecha a la disolución. Porque caben pocas dudas de que el PP y Mariano terminarán pagando en las urnas su dolosa dejación de funciones y su renuncia a cumplir con su deber en orden a la defensa de la unidad de España.

Mentiras y engaños para mantener viva la revolución separatista
El gran engaño de la manipulación nacionalista sigue vivo sin que el Gobierno parezca darse por enterado
Miguel Massanet diariosigloxxi 4 Abril 2018

Uno no sabe que pensar cuando se cerciora de que todo el gran bluf del nacionalismo catalán, una postura de los políticos catalanes que vienen manteniendo durante años, al menos desde que el señor Mas, hoy aparentemente resignado y partidario de unas actuaciones menos radicales, más juiciosas y menos belicosas de aquellas que el mismo, el gran “astuto” del independentismo catalán, vociferaba a los cuatro vientos en sus gran desafío al Estado español; con base a la revolución pacífica, moderada, de grandes manifestaciones festivas los 11 de Septiembre, de grupos familiares, niños y gran profusión de esteladas que, esto sí, ya no les bastaba la bandera oficial de Cataluña, la de las cuatro barras, sino que ahora debían incluir la estrella sobre fondo azul de la representación revolucionaria tal y como luce la propia bandera cubana de los Castro, el signo máximo de la confrontación y el desafío.

Y decíamos que no sabemos que pensar, cuando observamos que, aquellos en los que teníamos puestas las esperanzas de que iban a acabar con la gran boutade del nacionalismo catalán, que iban a actuar con la necesaria energía y los medios adecuados; que se utilizaría la implantación del Artº 155 de la Constitución en Cataluña para establecer la legalidad; reponer la aplicación normal de las sentencias de los tribunales de justicia; establecer el uso normal del castellano sin cortapisas e impedir que, unos cuantos, tuvieran el poder de tener en vilo a toda España, amén de nombrar un nuevo Parlamento y a un nuevo presidente de la Generalitat, con autoridad y medios para impedir que, toda la deriva separatista que se había venido estableciendo en Cataluña (muchos pensábamos que, con tanta negligencia y falta del valor necesario para poner coto a lo que se perfilaba claramente como los prolegómenos de lo que ha sucedido después, al menos los españoles que residíamos en esta comunidad, veíamos claramente que acabaría por ocurrir) continuara considerando la tierra catalana como propia, imponiendo sus leyes, su idioma y sus coacciones para establecer, de hecho, un lugar en el que el resto de españoles se encontrarán a disgusto y sujetos a las arbitrariedades y caprichos de quienes renegaban de España y de los españoles.Lo que ha sucedido y que ha salido a la luz a través de la prensa, aunque ya formaba parte del concepto que muchos teníamos de la evolución del gobierno del PP dirigido por el señor Rajoy ( un señor que, al parecer ha querido pasarse de listo) y acompañado de una serie de ministros que le bailan el agua y una vicepresidenta, la señora Sáez de Santamaría, que tenemos la impresión de que se encuentra más a gusto intrigando por los vericuetos de las alcantarillas de la política, que trabajando para que, de verdad, se pusiera término a la gran amenaza del independentismo catalán. Así hemos tenido oportunidad de enterarnos de la mojigatería, la flojera, la vergonzosa actitud de la mayor cobardía y la evidente traición a la patria española que tuvo lugar cuando, según información del Independiente, mientras en sedes sociales, las TV y los periódicos del mundo se publicaban toda una serie de reportajes difundiendo la supuesta brutalidad de la policía española contra el ilegal referéndum del 1.O, la Moncloa impedía que la Policía y la Guardia Civil hicieran públicas numerosas grabaciones en las que se mostraba la violencia ejercida durante la jornada contra las fuerzas del orden. La orden partió de la Secretaría de Estado de Comunicación que dio instrucciones a los mandos de Interior para adoptar un “perfil bajo” de modo de que no se soliviantara demasiado a aquellos que, por si fuera poco, habían conseguido poner a España y su Gobierno a la altura de una nación bananera, al dejar al descubierto su incapacidad para impedir que, unos cuantos alborotadores, pusieran en marcha la distribución de urnas y se pudiera votar en muchos lugares de Cataluña pese a los esforzados y meritorios intentos de la Guardia Civil y la Policía para impedirlo aunque, finalmente y para más INRI, fueron despreciados y dejados en ridículo.

Hoy mismo, después de que en la comunidad catalana hayan estado actuando, con perfecta impunidad y ante la mirada complaciente de los mossos de escuadra de la policía catalana, unos grupos de activistas de las llamadas CDR, impidiendo el paso por carreteras, autopistas, abriendo peajes y burlándose de la gente que durante esta Semana Santa intentaba desplazarse a sus lugares de destino, como si fueran quienes pudieran jugar a su libre arbitrio con los automovilistas, cubiertos de una capucha y con la tranquilidad de quien no se siente amenazado, al contrario defendido por unos agentes de la autoridad entregados a la causa, se atribuyeran la autoridad para decidir quién pasaba y quién no, incluso quienes podían cruzar los peajes sin pagar con el consiguiente perjuicio para la sociedad que administra las autopistas. Pero, una vez más, las prisas de Rajoy para intentar solucionar el problema de la constitución de un gobierno catalán que le permita retirar el 155 de Cataluña, un artículo que, por lo visto, le duele más a él que a los propios independentistas, sin duda por el ansia de conseguir, de nuevo, algún acuerdo millonario con los del PNV que le permita, por encima de todo, afianzar su legislatura que se encuentra en situación de crítica inestabilidad, si es que no consigue aprobar los PGE; han quedado expresadas con una de estas declaraciones que ponen los pelos de punta a todos los que estamos preocupados por el tema catalán y que esperábamos que el 155 se aplicara con la suficiente energía para que todo lo que estos días está sucediendo en la comunidad catalana, no hubiera tenido ocasión de producirse.

"Crear polémicas sobre esto no conduce absolutamente a nada positivo", zanjó el jefe del Ejecutivo, cuando se le comentó la actitud manifiestamente contemplativa de los Mossos. Y sacó pecho respecto a la actuación de los pasados días de la policía catalana, ahora bajo control del ministerio del Interior en aplicación del artículo 155 de la Constitución. No dudó en declarar: "ha habido muchas actuaciones, identificaciones y detenciones" amén “de que los agentes de este cuerpo policial están “escoltando a mucha gentede la vida política y judicial”. Lamentable y, nos atreveríamos a decir que muy preocupante. De hecho, este personaje ya hace días que da la impresión de que anda perdido, acosado por todos lados, incluso por los de su mismo partido que, cada vez más, ponen en cuestión sus decisiones a la vez que, los tropiezos que están afectando al partido, cada vez van alejando más a sus presuntos votantes que, en una situación de desamparo, se encuentran ante una gran disyuntiva entre no votar en los próximos comicios o hacerlo por Ciudadanos, aunque a muchos esta posibilidad no acaba de resultarles la más adecuada.

Lo que es evidente es que el gobierno de Rajoy se ha tomado en serio esto de “mantener el perfil bajo” en su idea perenne de que hay que darle tiempo al tiempo y que, por encima de todo, lo que hay que hacer es mantenerse en el machito aunque, para ello, se deba de traicionar al partido, a sus miembros y a sus simpatizantes que llevan tiempo admirados de que, un partido de derechas, se haya dejado arrastrar a posiciones socialistas olvidándose de las promesas que, en su día, cuando necesitaba los votos de los españoles, no dudaron en prometer lo que estaba en su mano dar y lo que, en forma alguna, estaban dispuestos a dar. Los resultados los estamos advirtiendo ahora cuando, la mala gestión política que han estado llevando a cabo, pone al partido en una situación tan precaria que, como no haya una reacción inmediata y surja de la nada un salvador capaz de enderezar su rumbo, vamos a presenciar como el primer partido del país queda reducido a uno del simple montón.

Sólo el anuncio de los fiscales alemanes respecto a la situación del señor Puigdemont en Alemania, a su petición de que siga en prisión y en la decisión de enviarlos al tribunal correspondiente, con la petición de que sea extraditado por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, dos delitos de suma gravedad y que, si fuera juzgado en España y declarado culpable de los delitos que se le imputan, es posible que tuviera que permanecer una larga temporada en la cárcel haciendo compañía a quienes ya le adelantaron en ocupar sus correspondientes celdas en la cárcel de Extremera; ha conseguido darnos un poco de tranquilidad aunque era evidente que, siendo Alemania la nación en la que se produjo la detención del expresidente de la Generalitat catalana, era de suponer que, dada su legislación referente a la materia y pesar de los intentos de los medios de comunicación catalanes, entre ellos y de forma destacada todos los columnistas del periódico catalán La Vanguardia, entre los cuales los hay que han estado inventándose a juristas y expertos que sólo existían en sus radicalizadas imaginaciones, que afirmaban que sería puesto en libertad; tal es el caso de la señora Rahola, una de las más irreductibles defensoras de Puigdemont que, seguramente, en estos momentos debe estar siendo sometida a reanimación, después de que le haya llegado la noticia del resultado de las decisiones de los fiscales de Schleswig-Holstein.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, es obvio que nos estamos enfrentando a una situación en la que, las necesidades imperiosas que acosan al PP respecto a la urgencia de la aprobación de los PGE, le están induciendo a cometer errores garrafales como es el de pretender pactar a toda costa con el PNV cuando sabe, positivamente, que los de Urkullu tiene un as en la manga y lo están haciendo valer negándose a iniciar cualquier contacto antes de que sea retirado el 155 de Cataluña, interesado en hacer desaparecer un precedente que piensan que, en alguna ocasión, podría perjudicar sus aplazadas pretensiones independentistas. Un país no puede estar pendiente de que un partido minoritario o un grupo de fanáticos nacionalistas lo acosen de una manera intolerable y, si el Gobierno no está en condiciones de evitar que ello suceda, lo mejor que puede hacer es convocar nuevas elecciones, reestructurarse, realizar cambios drásticos en su directiva y dirigir su mirada hacia tiempos pasados, cuando los dirigentes del partido seguían las reglas de una derecha, cristiana y dispuesta a luchar pos sus principios que, por aquellos tiempos, no como ahora, parece que estaban lo suficientemente claros.

Cataluña: independentismo acosador
Alejandro Tercero cronicaglobal 4 Abril 2018

Las estremecedoras imágenes de la turba independentista enloquecida que el pasado domingo 25 de marzo trató de tomar por la fuerza la Subdelegación del Gobierno en Lleida son un riguroso resumen de aquello en lo que se ha convertido el procés.

La violencia con la que cientos de pacíficos manifestantes --suponemos que en nombre de Gandhi, Mandela o Rosa Parks-- atacaron a los Mossos d’Esquadra obligó a estos a responder con contundencia, llegando incluso a disparar al aire.

Tras la ilusión inicial --basada en las mentiras y en el engaño-- y el posterior choque con la realidad, no hay duda de que el proceso independentista --aquel en cuyas manifestaciones no se rompía ni una papelera-- está empezando a dejar atrás también la fase de la frustración y comienza a adentrarse profundamente en la de la violencia.

Ningún observador neutral puede negar esta realidad si hace un análisis honesto de lo que está pasando, por más que los voceros más mediáticos del nacionalismo catalán traten de desviar la atención con excusas de mal pagador.

Ahora la cuestión es saber si los dirigentes independentistas --únicos responsables de esta violencia inédita en una democracia occidental de primer nivel-- van a ayudar a eliminarla o van a seguir avivándola.

De la posición que los dirigentes nacionalistas adopten probablemente dependerá que la violencia independentista se quede en la nivel actual --asedio a comitivas judiciales; centenares de policías y guardias civiles heridos al intentar evitar por orden judicial un referéndum ilegal; huelgas políticas vandálicas con el beneplácito del Gobierno autonómico; escraches salvajes a partidos políticos; ataques a medios de comunicación; asaltos a las delegaciones del Gobierno; acoso, amenazas e intimidación a fiscales y jueces, y a sus familiares; cortes de carreteras; levantamiento de barreras de peajes a la fuerza, etc.-- o aumente su intensidad.

De momento, desde el PDeCAT, ERC e incluso los comunes --es inaudita la postura de la alcaldesa Colau-- siguen aplaudiendo la labor de los comités de defensa de la república (CDR), la kale borroka catalana o la carrer borroka, como ya se la empieza a conocer.

Pero son inaceptables --y muy peligrosas-- algunas justificaciones como las que aseguran que se trata de casos puntuales de violencia --¿a partir de cuántos incidentes se puede considerar que una situación es generalizada?-- o que, como mucho, son situaciones de acoso, pero no de violencia.

¿Acaso esperan que les creamos? Y, si eso fuera así --siendo generosos--, ¿deberíamos además darles las gracias porque nuestros chicos de la gasolina solo son unos acosadores? Demencial. El procés se les ha ido de las manos a sus promotores y ni saben ni quieren reconducirlo. Así están las cosas.

Asimetrías
Joaquim Coll cronicaglobal 4 Abril 2018

La decisión de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein confirma que Carles Puigdmont tiene muchas posibilidades de ser enviado a España tanto por el delito de malversación como por rebelión. Otra señal es que el ministerio fiscal haya solicitado que permanezca en prisión por riesgo de fuga. Se trata de una significativa primera derrota del expresident ya que su abogados afirmaron insistentemente que la euroorden no tenía fundamento legal y que sería rechazada a la primera de cambio porque los cargos que se le imputan en España no existen en el Código Penal alemán.

Este jarro de agua fría se acompaña de otra asimetría entre lo que dice la defensa de Puigdemont, que el caso puede demorarse entre dos y tres meses, y la sensación de que la justicia germana tiene ganas de quitarse de encima cuanto antes esta patata caliente. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha anunciado que resolverá la cuestión con celeridad, declaró ayer su portavoz. Una vez se agoten todos los recursos ante esta audiencia regional, solo cabe apelar al Tribunal Constitucional alemán por vulneración de derechos fundamentales, pero con escasas garantías de que sea admitido a trámite.

Más allá de lo que decida la justicia en Alemania, existe otro argumento de naturaleza estrictamente sociopolítica para considerar que Puigdemont tiene que ser juzgado en España junto al resto de los acusados por rebelión. Es un problema de simetría entre lo que él perseguía como principal responsable del procés, nada menos que la creación de un Estado independiente, y la asunción de un riesgo equivalente en términos penales para un propósito unilateral que implicaba tantos riesgos para la convivencia y el bienestar. Dicho de otro modo, en caso de éxito, de haberse producido la secesión de Cataluña del resto de España, los beneficios hubieran sido enormes para los promotores de la nueva república. Los padres de la patria habrían sido glorificados y su gesta exaltada hasta la náusea. Sin embargo, los políticos que han liderado el procés pretenden que se cometió solo desobediencia, un delito castigado con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y alguna multa económica. Nada más. Se trata de una asimetría absoluta entre los extraordinarios parabienes por los que luchaban, tanto personales como para la casta del procés, y los escasos riesgos judiciales que querían asumir al emprender una aventura tan peligrosa para la colectividad.

Dentro de un tiempo se verá con meridiana claridad que en septiembre y octubre pasado asistimos a un intento de golpe de Estado para quebrar el orden constitucional y producir la secesión de Cataluña, aunque ahora muchos acusados argumentan que todo fue simbólico y que la estrategia iba orientada a forzar una negociación con el Gobierno español. En realidad da la impresión que los líderes separatistas jugaban a las dos barajas y ambas les salió mal. En la política como en los negocios no hay beneficios sin riesgos y ahora los jefes del procés tienen que asumir que los errores tienen consecuencias y que es inevitable que sean juzgados por graves delitos; eso sí, con todas las garantías procesales y la posibilidad de recurrir a instancias superiores españolas y europeas si se están en desacuerdo con la sentencia. Y he ahí otra asimetría más porque el golpe secesionista, en caso de haber triunfado, hubiera sido irrecurrible, irreversible.

Proteger lo nuestro
Andrea Mármol. vozpopuli a 4 Abril 2018

El pasado 1 de abril se cumplían seis meses de la celebración del referéndum ilegal de independencia en Cataluña. En nacionalismo catalán se despertó el domingo de Pascua dispuesto a conmemorar la fecha y hubo tuits desde primera hora de sus más destacados dirigentes celebrando la histórica hazaña “del pueblo” al que aquel día terminaron de partir por la mitad. Incluso TV3 preparó una suerte de gráfico interactivo con los resultados -¡los resultados!- de la votación, que hasta permitía al usuario comprobar por provincias y municipios la “intensidad del sí”: en sus tramos más bajos, esa intensidad del sentido afirmativo del voto rondaba el 92%. Alusiones al hecho de que la mayoría de catalanes se abstuvieron de participar, ninguna.

En esas estaba el independentismo catalán, distrayéndose de la ardua tarea de conseguir acordar una investidura, cuando sus homólogos vascos les arrebataron el protagonismo de la jornada. En el día de la patria vasca, el PNV tuvo a bien reservar asiento privilegiado a dos miembros de JxCAT, la candidatura de Puigdemont. El PNV celebraba el día del País Vasco en un acto de partido y proclamaba “siempre con Cataluña” mientras posteaba las fotografías de los dos dirigentes catalanes invitados. Ese sentido indebido de la patrimonialización de lo púbico que tienen los nacionalistas habría que combatirlo también en los detalles donde habita el diablo, como es la anomalía de permitir que el grupo parlamentario del PNV en las Cortes se siga llamando grupo vasco.

Lo que es menos anecdótico, y constituye el motivo por el que los nacionalistas vascos están desbancando estos días de la escena política nacional a sus compadres catalanes, es el hecho de que vuelva a estar en sus manos la estabilidad del país, esta vez a propósito de la aprobación de las cuentas. En un ejercicio de solidaridad y empatía, palabra de moda, el PNV ha decidido que mientras dure el 155 no habrá presupuestos si de ellos depende. A la espera de que el aumento de inversión en el País Vasco que prevén las cuentas, además del cupo, haga cambiar de opinión a la formación, no es extraño que muchos españoles se pregunten si en lugar de dejarlo en un rapto del PNV, no deberían los principales partidos nacionales alcanzar un acuerdo mientras la situación en Cataluña sigue siendo la que es.

Nada tiene de extraño que muchos se pregunten si no sería más sensato que los partidos nacionales acordaran los presupuestos en lugar de dejarlos en manos del PNV

La sacudida que ha propiciado la crisis catalana al conjunto de la política española tiene pocos visos de remitir durante los próximos meses: ahora a colación de los presupuestos generales; más tarde será el turno de cualquier otro asunto como, quizás, la ley electoral. Pero no dejará de estar presente. No es solo que los independentistas sigan a día de hoy entre los retales de su proyecto sin asumir el fracaso del mismo y sin gobierno. Habrá acuerdo entre ellos y seguiremos hablando del asunto independientemente de los nuevos o viejos rostros del ‘procés’, porque un golpe al Estado concierne a todo el Estado, al conjunto de sus instituciones democráticas y, desde luego, al conjunto de los españoles, hartos de resignarse al papel de espectadores en un conflicto que viene cuestionando sus derechos.

Es la sempiterna disyuntiva nominativa, pues, es válido referirse al 'conflicto catalán' por cuanto el enfrentamiento no es de Cataluña con el Estado -interlocutor que ahora dicen buscar los independentistas- sino entre catalanes. Pero al tiempo no es sólo válido, sino necesario aceptar que el reto ya es de toda España. Así lo deberían ir entendiendo poco a poco quienes han transitado por el debate público nacional asumiendo una suerte de culpa original ante el nacionalismo, ya fuera por tejer alianzas con enemigos comunes o por rehuir similitudes discursivas con adversarios electorales. Hay a quien le ha salido más a cuenta exagerar en público su descreencia respecto a la legitimidad de nuestra democracia.

Que a esta conclusión se llegue más pronto que tarde es lo que preocupa al PNV, que no sólo ha visto cómo el artefacto convergente ha volado por los aires, sino que con él lo han hecho los falsos consensos tejidos por el nacionalismo. Andoni Ortuzar, el presidente del PNV, pedía el domingo “proteger lo nuestro” mientras cargaba contra “el rancio nacionalismo español”. La difícil conciliación de ambas afirmaciones evidencia que la crisis catalana ha puesto en serias dificultades a todos los actores políticos que prefirieron repartir culpas y ahora sólo les queda seguir alimentando esos fantasmas, cada vez menos verosímiles.

Un sector del PP se revuelve contra Rajoy por la gestión de los Mossos y TV3
“Alguien no está haciendo su trabajo”, lamenta Maroto. Levy lleva semanas batallando contra TV3. Las críticas en privado sobre el 155 van a más.
P. Montesinos Libertad Digital 4 Abril 2018

No todos en el PP comparten la actuación del Gobierno en Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dos cargos muy próximos a Mariano Rajoy, miembros de la dirección nacional, han puesto en entredicho su gestión públicamente. Javier Maroto señaló a los cuadros intermedios de los Mossos y denunció que "alguien no está haciendo su trabajo". Andrea Levy lleva semanas alertando sobre TV3. "Algo estaremos haciendo mal cuando Ciudadanos se lleva los vítores", en palabras de un líder autonómico.

Rajoy delegó en Soraya Sáenz de Santamaría el control del Gobierno catalán. Se convocaron elecciones para el 21 de diciembre y se hicieron los menos cambios posibles -como el cese de Pere Soler, el responsable de la policía autonómica- ante la percepción de que a principios de 2018 ya habría un nuevo Ejecutivo. Si bien, el bloqueo institucional y político persiste a día de hoy. Y, en paralelo, han aumentando las críticas internas por la gestión del presidente y su número dos. El primero que protestó fue Xavier García Albiol, todavía líder del PPC, que abogó por un 155 más duro y prologando en el tiempo.

Después, Levy se revolvió públicamente ante la decisión de no intervenir TV3. Y desveló que sus compañeros del partido en Cataluña estaban a favor de tomar esa decisión ya que "conocen como funciona la televisión autonómica y cómo se traspasan los límites de la objetividad". En esRadio, la vicesecretaria general de estudios y programas recordó que el PSOE se opuso a la intervención y que Rajoy acabó cediendo en aras del consenso. Si bien, en las últimas semanas ha emprendido una auténtica batalla contra el ente."No puedo entender que todos los ciudadanos del público que van a estos programas vayan con un lazo amarillo. Oiga, es que ni en Corea del Norte consiguen tanta uniformidad", se quejó recientemente.

El último en poner en entredicho al Gobierno fue Maroto, también de la dirección nacional. Ocurrió este lunes durante una entrevista en RNE. El portavoz popular avisó de que las actuaciones de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), cortando autopistas y quemando contenedores en Cataluña, recuerdan "a la kale borroka que vivimos en el País Vasco". Y puso el foco de atención en los Mossos, que dependen del ministerio del Interior. "Su función es impedir estas cosas. Cuando estas cosas suceden y no hay consecuencias, hay alguien que no está haciendo su trabajo", lamentó. Y explicó que en los cuadros intermedios del cuerpo policial "siguen estando los mismos" que había antes del 155.

A micrófono cerrado, las críticas arrecian por parte de un sector del PP. Las fuentes consultadas dan por descontado el enfado de María Dolores de Cospedal con Santamaría por la "falta de contundencia" a la hora de aplicar el 155. "Hay cosas que nuestros votantes no entienden y que resultan difícil de explicar", en palabras de un destacado dirigente del PP. Y a ello se suma la frustración ante el hecho de que Ciudadanos capitalice electoralmente en toda España el fracaso del separatismo, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo. "Están en la cresta de la ola, pero hay que recordar que ellos en su día estaban en contra del 155", enfatizaron en Génova.

Mientras, Albert Rivera no dudó en utilizar como percha las palabras de Maroto para atizar al presidente. "Pido a Rajoy, que es quien gobierna en Cataluña que, por favor, garantice la seguridad y la movilidad de todos los catalanes", destacó en rueda de prensa. También apuntó contra Santamaría. Una comunidad no puede estar "en jaque" por unos "comandos separatistas violentos", denunció. En el programa de Dieter Brandau, el exdirector de la Guardia Civil y la Policía Nacional, Joan Mesquida, consideró "un error" la gestión del Ejecutivo y defendió un 155 de "dos o tres años" con medidas de alcance. También confirmó su baja del PSOE por "pactar con radicales".

El Gobierno ha destinado ya al rescate de CCAA y ayuntamientos 5 veces lo gastado en cajas de ahorros
Carlos Cuesta okdiario 4 Abril 2018

El Gobierno ha destinado ya al rescate de CCAA y ayuntamientos 5 veces lo gastado en las cajas de ahorros. Según el Tribunal de Cuentas, el muy polémico rescate a las cajas supuso un coste de casi 61.000 millones de euros. Y lo cierto es que, sin ni la mitad de polémica, el gasto del Estado en rescatar las autonomías y ayuntamientos entre 2012 y 2018 superará a cierre del presente año los 300.000 millones: llegará exactamente a 303.209,75 millones de euros.

El rescate, además, llegará a esa cifra con un reparto muy poco equitativo. En primer lugar, porque de la suma total de mecanismos de liquidez ordinarios (donde se encuentra el Fondo de Liquidez Autonómico y el sistema de pago a proveedores), 261.260,08 millones corresponde a las comunidades autónomas, y sólo 7.604,76 millones se han asignado a las Entidades Locales (ayuntamientos principalmente).

En segundo lugar, porque de la parte de ayudas de liquidez ordinarias a las autonomías, 77.591,82 millones acaban en Cataluña, y 58.574,42 en la Comunidad Valenciana. Y la otra mitad de todos los recursos destinados por esa partida a las CCAA se reparte entre las otras 15 regiones españolas.

Es decir, que sólo un territorio -Cataluña- se lleva casi un tercio del total; sólo dos regiones, -Cataluña y Comunidad Valenciana- más de la mitad; y las otras quince CCAA, menos que esos dos territorios mencionados. Todo ello, mientras una de esas autonomías -la catalana- tiene a sus partidos separatistas asegurando que España les roba, y la otra -Comunidad Valenciana- no deja de denunciar, en boca del socialista Ximo Puig, su falta de recursos públicos.

El Gobierno ha destinado ya al rescate de CCAA y ayuntamientos 5 veces lo gastado en cajas de ahorros

Y en tercer lugar, porque existe una partida adicional -conocida como Mecanismos extraordinarios de liquidez- que acumula un importe global desde 2012 y hasta 2018 de 34.344,91 millones de euros, y toda ella va a las CCAA. El reparto dentro de ella vuelve a ser llamativo: Cataluña se lleva 12.504,53 millones, la Comunidad Valenciana 8.122,32 millones, Andalucía 5.367,61, y el resto -es decir, el 25% del total- se lo reparten entre las 14 regiones restantes.

El Gobierno ha destinado ya al rescate de CCAA y ayuntamientos 5 veces lo gastado en cajas de ahorros

En resumen, lo cierto es que el esquema territorial español se ha convertido ya en el gran rescatado por la crisis. Por encima, de autopistas, empresas, familias o las mismas cajas de ahorros.

Porque el Tribunal de Cuentas ha certificado ya que “el coste acumulado” del rescate público al sector financiero quedó en 60.718 millones entre los años 2009-2015. Una cifra que se dio como resultado de la fiscalización del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) desde su creación hasta 2015.

De ese importe , la entidad financiera que más coste público implicó para todos los españoles fue Catalunya Caixa, presidida por Narcís Serra, y que absorbió 12.676 millones. Le sigue Bankia, con 12.347 millones, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con 11.065 y Novagalicia, con 9.159.

De la resistencia, de Tabarnia
No es el liderazgo político lo que les falta a los catalanes de Tabarnia sino el intelectual y el mediático
Edurne Uriarte ABC 4 Abril 2018

De viaje por Almería esta Semana Santa, me saludaron en un restaurante dos catalanes acompañados de sus hijos. Con muy buen humor y una amplia sonrisa, se presentaron como catalanes de la resistencia. «Somos de la resistencia, de Tabarnia», me dijeron. Lo que me hizo pensar en lo mucho que se ha avanzado en la defensa del españolismo catalán, pero también en todo lo que aún le falta a ese movimiento de resistencia representado en el terreno cultural por el humor corrosivo, inteligente y contestatario de Tabarnia.

Ahora, esos catalanes que se sienten españoles han alcanzado por fin el derecho a defender su identidad, a expresar públicamente su pertenencia a España. El silencio y el disimulo han sido sustituidos por el activismo, el de las manifestaciones con banderas nacionales en Barcelona, el de las asociaciones cívicas, el de los catalanes que dicen ser de Tabarnia. España, la españolidad, el españolismo ya no son palabras prohibidas en las calles catalanas. A pesar de ser al menos la mitad de los catalanes, se sienten parte de la resistencia porque han sido excluidos de las instituciones, de los círculos de poder cultural, de los valores dominantes de Cataluña, hasta del fútbol del Barça, pero la gran novedad es que ahora existe esa resistencia donde antes sólo había silencio social.

Y eso ha ocurrido porque cuarenta años de abusos y de negación de la pluralidad por parte del nacionalismo colmaron la gota de la paciencia de los catalanes. Lo que activó la movilización social, pero también impulsó al liderazgo político, el del PP, el de Ciudadanos y, con más dudas, el del PSOE, para aplicar el 155 y defender con contundencia la democracia en Cataluña. Perdieron las elecciones, pero han ocupado un espacio social que antes no tenían. Tabarnia por fin existe en Cataluña y es una de las razones por las que el independentismo no tiene futuro.

Falta que los catalanes de la resistencia dejen de ser resistencia, que tengan la opción de ocupar los espacios sociales, culturales e institucionales que hasta ahora tienen vedados. Y que, incluso, puedan ganar las elecciones. Y ahí es donde el problema no es sólo el de TV3, como estos días destacan algunos, cuando instan a la aplicación del 155 a la televisión manipulada por los independentistas; y cuando exigen los cambios, las acciones y el liderazgo a los partidos y a los políticos que son quienes han dado ya los grandes pasos de este proceso, con la defensa de la ley y de la democracia.

Quien aún no ha dado ese paso, eso es lo que falta en Cataluña y en el resto de España, es una buena parte de la élite intelectual. Hay liderazgo político, pero falta el intelectual, y eso incluye el periodístico. Ayer mismo, alguien tan relevante como Juan Luis Cebrián culpaba de los males de Cataluña en un artículo a Mariano Rajoy y le instaba a dialogar con los ultras del independentismo y no a aplicarles el Código Penal. Al autor, muy representativo de una parte muy influyente de la élite intelectual de la izquierda, le parece que hay que acabar con la desafección de los catalanes nacionalistas, el argumento del progresismo en los últimos cuarenta años.

El problema no es sólo lo que se hace en TV3 sino lo que no se hace en el otro lado, ese liderazgo intelectual que tras cuarenta años de poder nacionalista, de abusos continuados de la ley, de golpismo independentista, aún piensa que hay que dar satisfacción a los independentistas y no liderazgo y apoyo a los resistentes de Tabarnia.

El PP propone llevar el trilingüismo a la escuela catalana
Los populares llevan al Parlament la reforma profunda de la ley de educación
Esther Armora. Àlex Gubern. ABC 4 Abril 2018

Bilingüismo integral: catalán y castellano en pie de igualdad en la enseñanza en Cataluña y apuesta por una tercera lengua extranjera. El PPC dará a conocer hoy el contenido de su propuesta de reforma de la ley de Educación de Cataluña (2009), una iniciativa con la que pretende situar de una vez el sistema educativo en esta comunidad dentro del marco constitucional. Según la propuesta, a la que ha tenido acceso ABC, se pondría fin al actual sistema monolingüe en catalán para avanzar hacia uno nuevo de conjunción lingüística o «bilingüismo integral», donde castellano y catalán tengan la misma consideración.

La inciativa de los populares llega después de que el Gobierno haya reconocido, pese a la vigencia del artículo 155, la imposibilidad legal de modificar el sistema educativo en Cataluña desde un ámbito distinto al del Parlamento catalán. De igual modo, ayer mismo el TC ratificaba que el sistema de compensaciones a los padres para escolarizar a sus hijos en castellano -la conocida como vía Lomce- es inconstitucional.
Mínimo del 25%

Sobre esta realidad, el PPC pretende impulsar desde el Parlament un cambio radical del sistema, garantizando un mínimo de un 25% de horas lectivas en catalán, castellano y en una lengua extranjera, incluyendo en cada caso al menos una asignatura troncal. El cambio es de base, al otorgar a castellano y catalán la condición de lenguas vehiculares en pie de igualdad. La inicativa de los populares tiene nulas posibilidades de prosperar en una cámara donde únicamente Cs abogaría por un cambio de estas características. De igual modo, la propuesta introduce un nuevo apartado que señala que el régimen lingüístico afectará exclusivamente al horario lectivo, dejando a la consideración de profesores y alumnos el uso de ambas lenguas fuera del aula.

En el caso de la primera enseñanza, la reforma del grupo que preside Xavier García Albiol define con precisión el establecimiento de una casilla para que en la preinscripción los padres puedan escoger el idioma de enseñanza para sus hijos, una opción que ahora es sistemáticamente ignorada por la Generalitat, contaveniendo múltiples sentencias de los tribunales.

En paralelo, y aunque la propuesta señala que los docentes deben acreditar el dominio de las lenguas oficiales de la forma que se determine por reglamento, elimina el actual punto que señala que para optar a cualquier plaza se debe acreditar conocimiento únicamente de catalán.
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