AGLI Recortes de Prensa   Jueves 5  Abril 2018

El Gobierno sigue mintiendo a los catalanes
Editorial Libertad Digital 5 Abril 2018

Hace casi dos meses reprochábamos a Rajoy que se reuniera con los representantes de Sociedad Civil Catalana para "mentirles, crearles falsas esperanzas o desvincularse de la ominosa ilegalidad en la que está instalada la inmersión lingüística y la educación pública" en Cataluña. No otra cosa, lamentablemente, eran ya entonces las declaraciones del ministro Méndez de Vigo en las que aseguraba que el Gobierno "garantizará" el derecho de los catalanes a escoger lengua vehicular en la enseñanza, así como las del propio presidente en las que se limitaba a decir que el Gobierno "estudiará la posibilidad" de algo no sólo factible sino de obligado cumplimiento como es la observancia de la Constitución y de las numerosas sentencias que reconocen el derecho de todos los españoles a estudiar en español.

Pues bien, las declaraciones de este miércoles de Méndez de Vigo en las que ha reconocido abiertamente que el Gobierno no va a garantizar el castellano en la preinscripción escolar en Cataluña pondrán fin a las falsas esperanzas que tanto él como Rajoy dieron a los catalanes sojuzgados por el nacionalismo, pero en modo alguno ponen fin a sus mentiras. Y esto es así porque el ministro ha justificado el incumplimiento de su palabra basándose en una falsa imposibilidad jurídica derivada de cosas tales como la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que felizmente tumbaba la vergonzosa, fraudulenta y chapucera Ley Wert, o el hecho de que la aplicación del artículo 155 "no permite cambios legislativos".

¿A quién quiere engañar este Gobierno impostor con la silente complicidad de toda la oposición? Que la educación sea una competencia constitucionalmente encomendada a la Administración autonómica no imposibilita al Gobierno de la Nación en su obligación de hacer cumplir la ley y las sentencias en todo el territorio nacional. Que ni el Gobierno ni la Fiscalía General del Estado se hayan atrevido jamás a procesar por desobediencia a cuantos presidentes y consejeros de Educación han venido desobedeciendo las sentencias de los tribunales en materia lingüística no es óbice para señalar esta vía penal sólo como una de las formas con que el Gobierno podría garantizar tan elementales derechos civiles.

El Gobierno de España, al amparo de una aplicación no fraudulenta del artículo 155, siempre podría haber llevado a cabo una intervención –indefinida temporalmente pero parcial en alcance– de una Administración autonómica en aquellas competencias en que ésta no se sometiese al ordenamiento constitucional y judicial. Pero ¿cómo esperar esto de un Gobierno que ha esperado a que los separatistas catalanes perpetraran dos referéndums ilegales y una sediciosa declaración de independencia para intervenir la Generalidad? Y eso, para, en el colmo del disparate, convocar nuevas e inmediatas elecciones con las que poder volver a lavarse las manos.

Al margen del simulacro de aplicación del 155, las mentiras del Gobierno del PP a los españoles en este asunto no son sólo groseras sino ridículas. De ser ciertas, vendrían a significar que el derecho de los catalanes a estudiar en español –incluso estando intervenida la Administración autonómica que los conculca– sería el mismo que si vivieran en una Cataluña nacionalista reconocida y admitida como Estado soberano e independiente. Y aunque, ciertamente, no exista gran diferencia entre la independencia de facto que los Gobiernos de España han concedido en este y tantos otros campos a los nacionalistas y la independencia de iure a la que estos violentamente aspiran, la culpa la tiene –la sigue teniendo– la falta de voluntad política del Gobierno y la indolente clase política para cumplir y hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional.

El 155 da la espalda al castellano
 larazon 5 Abril 2018

La educación en castellano será un año más imposible en Cataluña. El ministro Méndez de Vigo, responsable de Enseñanza en virtud del 155, aseguró que se aprovecharía la coyuntura para revisar la erradicación de la lengua común en aquellas aulas. Pero no será así tras la publicación de las normas de preinscripción y matriculación. No se podrá elegir. Una mala noticia que provoca decepción. El 155 ha sido incapaz de aplicar las resoluciones judiciales e imponer la libertad en los colegios catalanes.

El Gobierno temía que el TC tumbara su medida sobre el castellano en Cataluña
Paloma Cervilla ABC 5 Abril 2018

El Gobierno ha actuado con extrema prudencia a la hora de tomar una decisión sobre la polémica del uso del castellano en la escuela catalana. Desde un primer momento, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se refirió a la necesidad de «buscar la fórmula más adecuada» para hacer efectivo el derecho de los padres a que sus hijos puedan utilizar el castellano, como lengua vehicular, en los colegios catalanes.

Desde el Ejecutivo se asegura que nunca se habló específicamente de una «casilla». Lo que sí se hizo fue consultar a los servicios jurídicos para que les asesoraran sobre la fórmula más conveniente, dentro de la legalidad.

Como consecuencia de estas consultas, el Gobierno ha sido consciente de que no puede acometer ningún cambio, ya que el artículo 155 de la Constitución, que se está aplicando en Cataluña, no le ofrece cobertura legal. Entre sus funciones no está la de cambiar el modelo lingüístico catalán.

Escolarizar en castellano
Con el antecedente de la reciente sentencia del Constitucional, que tumbó la disposición adicional 38 de la LOMCE que financiaba con 6.000 euros la escolarización en castellano, el Gobierno temía otro pronunciamiento en contra.

Las fuentes gubernamentales consultadas por ABC aseguran que un «Gobierno responsable cumple las leyes y no puede saltárselas», insistiendo que «tiene la obligación de respetar el actual ordenamiento legal en materia educativa, que rige en Cataluña y en cualquier Comunidad Autónoma». En este sentido, recuerdan que el modelo educativo que se aplica en esta región «es el que se rige por la Ley de Educación Catalana 12/2009, que solo puede ser modificada a través de otra ley, que se apruebe por el Parlamento catalán».

Cambio de modelo
El Ministerio de Educación subraya que el camino para reformar esta ley es la propuesta que ha realizado el Partido Popular de Cataluña. Una Proposición de Ley registrada ayer por esta formación política en el Parlamento catalán.

El Gobierno asegura que su obligación es «respetar y acatar» la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ello, admite que la única forma para seguir actuando es «trabajar para que la Proposición de Ley siga adelante y se modifique el actual ordenamiento educativo en Cataluña».

Sobre esta cuestión, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ya aseguró el 16 de febrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «un cambio de modelo educativo solo se puede hacer por cambio de ley y eso solo lo puede hacer el parlamento de Cataluña. No me he pronunciado por ningún modelo concreto porque estamos estudiándolo».

El Gobierno reconoce abiertamente que no garantizará la educación en castellano en Cataluña
La decisión final del Gobierno es no habrá casilla del castellano ni ninguna otra fórmula que garantice el derecho a estudiar castellano en Cataluña.
Olivia Moya Libertad Digital 5 Abril 2018

"¿Cómo piensa esta vez garantizar que el castellano sea también lengua vehicular en la enseñanza?", preguntó hace más de un mes el diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, al ministro de Educación. Lo hizo días después de que el propio Íñigo Méndez de Vigo confirmara en rueda de prensa que "sin duda" su Ejecutivo garantizaría dicho derecho en Cataluña.

Cómo lo harían nunca fueron capaces de explicarlo. "El Gobierno sigue trabajando en la fórmula", se enrocaban en decir fuentes educativas cuando desde los medios de comunicación se preguntaba si incluirían en la preinscripción escolar la casilla de castellano. La respuesta llegaría a finales de marzo o principios de abril.

Pues bien, este miércoles el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (Dogc) ha publicado la resolución de las normas de preinscripción y matrícula escolar en la que no se prevé la opción lingüística a través de la casilla del castellano. Así la resolución de la consejería de Enseñanza es prácticamente igual a la del año anterior.

El ministro no se ha pronunciado aún públicamente al respecto, pero fuentes educativas consultadas por Libertad Digital señalan ahora que el Ejecutivo central no puede hacer nada. El Gobierno apuesta por que sea el Parlamento de Cataluña el que modifique la Ley de Educación de esta comunidad autónoma (LEC), aprobada en 2009, para que se oferte el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ya que el Ejecutivo no puede hacerlo a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"El Gobierno no puede cambiar el modelo lingüístico de Cataluña ni de ninguna comunidad autónoma a través del artículo 155 de la Constitución Española", sostienen las mismas fuentes, que añaden que el Ejecutivo no puede saltarse las leyes y tiene la "obligación de respetar" el actual ordenamiento legal en materia educativa que rige en Cataluña.

En este sentido, señalan que la LEC sólo puede ser modificada a través de otra ley que se apruebe por el Parlamento Catalán y subraya que el PP en Cataluña ha registrado una proposición de ley en este sentido, que el Ministerio de Educación "apoya".

Tal y como se preveía, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOMCE, que anuló el sistema que incluía para escolarizar en castellano en Cataluña, para justificar su inacción. "El Gobierno respeta y acata esa sentencia, y por lo tanto, la forma que tiene de seguir actuando es trabajar para que esa Proposición de Ley presentada esta mañana por el PP catalán salga adelante y se modifique el actual ordenamiento educativo en Cataluña". Y es que al conocerse este fallo, ya deslizaron la idea de que podía "condicionar" la decisión al respecto.

"Seguimos instalados en la tomadura de pelo", señaló a este periódico Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, cuando Méndez de Vigo afirmó tajante que, "sin duda", garantizaría que los catalanes pudieran ejercitar a partir de ahora el derecho de sus hijos a recibir al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Hoy los hechos le han dado la razón.

Eufemismos del obsceno clientelismo político
Cristina Seguí okdiario 5 Abril 2018

Este es el titular más repetido en las últimas dos semanas en los digitales españoles más reputados: “Montoro entrega al Congreso los Presupuestos más sociales de los últimos diez años”. Con el sobrecogedor aplauso a la recuperación del modelo que ha terminado con la clase media y sus aspiraciones en la última década y media. El titular es dramático porque en él se reflejaba la sociedad que, no sólo ha acatado, sino que necesita para desarrollarse todos los axiomas igualitaristas. El titular refleja que, a 14 meses de las elecciones autonómicas de 2019, el político es consciente del tradicional fenómeno del elector infantilizado, mucho más alarmante, si cabe, que el mercadeo del presupuesto público con el peneuvismo y el resto de los nacionalistas. Por el “bienestar social” y por el “bien común”. Por la igualdad y “la justicia de la redistribución”. Por la “solidaridad” y el resto de la encíclica socialdemócrata.

El más sorprendente hito de la ingeniería social de los partidos es que el ciudadano se coma el aumento del gasto público con el júbilo y la gula de una foca bulímica. Los socialdemócratas del PP, el PSOE y Ciudadanos saben que pescan en una sociedad que tiene un antojo corrompido por jibarizar a los fuertes para que caigan a la altura de los débiles. Nuestros políticos son conscientes de que las políticas igualitaristas no favorecen a los desfavorecidos, sino que arrastran a nuestro capital humano más valioso al zulo de los pobres de espíritu porque estos últimos prefieren la igualdad a costa del tributo y la tutela, al riesgo y a la incertidumbre de la competencia, de la libertad y de qué hacer con ella para lograr ser más que aquel que no lo merezca.

Nos repiten que los presupuestos del 2018 que han de aprobarse este mes “son los más sociales” porque el éxito estatista depende de que penetre ese eufemismo del clientelismo articulado en torno a la España improductiva que vive del presupuesto y que obtiene beneficios en función de su capacidad para organizarse en grupos de presión que, no extorsionan a Rajoy ni al PP, sino a la España que paga y que sufrirá la compra de votos de las 13 millones de personas que engordan al colectivo pensionista y funcionarial. Entretanto, los autónomos son ninguneados y las bajadas de las cotizaciones sociales, el auténtico impuesto al trabajo, sigue siendo la eterna promesa jamás cumplida de los liberales que se añaden el prefijo “–socio” por el complejito, el impacto y el coste electoral de que se lo llamen.

La instrumentalización política de ciertos colectivos para ganar en ese terreno político es grotesca, y revela hasta qué punto es culpable la sociedad por estar dispuesta a venderse a la administración. La mecánica del proceso es perversa porque incluye la colectivización que, obligatoriamente, destruye al individuo y le invita a asumir su minusvalía a cambio de que éste extienda un cheque en blanco a los burócratas metidos en los escaños, las empresas públicas, las asociaciones y los observatorios que se quedan con sus aspiraciones, su capacidad emocional, física y jurídica. Así, por ejemplo, es como deja de existir la mujer para que prospere el colectivo feminista que vive a cargo del presupuesto, así deja de existir el homosexual que, como el resto también es empresario o autónomo, para hacerlo la abstracción oligofrénica que es el colectivo LGTBI a cambio de prebendas. Y el que quiera sobrevivir fuera de esos guetos estatales sin más exigencias que su derecho a la crítica y a escapar de la asfixia fiscal correrá el riesgo de ser tildado de mata-viejas, de Torquemada de los homosexuales, de neo-ninfómana del franquismo o de Torbe depredador de mujeres.

Las dos grandes mentiras de PP y PSOE sobre los Presupuestos de 2018
Manuel Llamas Libertad Digital 5 Abril 2018

Ni pensionistas ni jubilados son los que más han sufrido los embates de la crisis ni el Estado del Bienestar se ha reducido, sino todo lo contrario.

Los argumentos que han esgrimido los dos principales partidos del país tanto para defender como para rechazar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que presentó el Gobierno el pasado martes se sustentan en un grave cúmulo de mentiras y falsedades, cuyo única finalidad no es otra que tratar de contentar a sus potenciales votantes. Sin embargo, una vez más, la realidad de los datos queda sepultada bajo la tradicional demagogia política.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha centrado su estrategia en vender a la opinión pública que estos Presupuestos mejorarán las rentas de 13 millones de personas, beneficiando así a quienes más han sufrido los embates de la crisis, al tiempo que se devuelve a la sociedad civil parte del esfuerzo y sacrificio llevado a cabo durante los largos y duros años de dificultades económicas.

En concreto, el proyecto destina casi 4.000 millones de euros extra a elevar hasta un 3% las pensiones mínimas y no contributivas, lo cual , sumado a la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 18.000 euros al año y la aplicación de nuevas deducciones fiscales, favorecerían a cerca de 10 millones de electores, al tiempo que la subida salarial pactada con los empleados públicos, de hasta el 1,95% este año, afectaría a otros 3,1 millones de personas extra, haciendo un total de 13 millones.

Pensionistas
Pero la cuestión es que ninguno de estos tres colectivos son los que realmente han pagado los platos rotos de la crisis. Para empezar, el gasto en pensiones públicas no ha dejado de crecer desde el estallido de la burbuja, al pasar de 91.500 millones de euros en 2007 a los casi de 145.000 millones que contemplan los PGE para el presente ejercicio, lo que supone casi un 37% más.

Asimismo, la pensión media de jubilación ha subido desde los 766 euros a cierre de 2007 hasta los 1.077 en la actualidad, un 40% más, debido, sobre todo, a la incorporación al sistema de jubilados con mayores salarios por haber cotizado más años y sobre una base superior. Prueba de ello es que una persona que se retire en la actualidad cobra una media de 1.300 euros al mes, frente a los 900 euros que perciben los pensionistas que causan baja en el sistema por fallecimiento, casi un 44% más. Pero no son las únicas: todas las pensiones (incapacidad, orfandad, viudedad...) han registrado incrementos durante la crisis, de modo que la prestación media del sistema ha repuntado de apenas 700 euros al mes a más de 932. Y todo ello, a pesar de que se han incorporado más de 1 millón de nuevos pensionistas a la Seguridad Socialdurante la última década, elevando la cifra total a más de 8,7 millones.

Aunque lo más llamativo, si cabe, es que los hogares de pensionistas son los únicos que incrementan su renta disponible desde 2007, hasta el punto de situarse en estos momentos entre los colectivos con mayores ingresos. Según un reciente estudio de Fedea, la renta real de las familias españolas cayó un 15,5% entre 2007 y 2015, al pasar de 36.593 a 30.939 euros al año (-5.654 euros). Sin embargo, las familias dependientes del cobro de pensiones son las únicas que han aumentado su renta disponible media, con casi 500 euros más, mientras que asalariados y autónomos sufren caídas del 12,3% y 19,1%, respectivamente.

Esta ganancia de rentas durante la crisis ha permitido que escalen posiciones en cuanto al nivel de ingresos. Así, mientras que en 2007 los pensionistas constituían los hogares con menor renta (25.957 euros), en 2015 ya se situaban por encima de los hogares sostenidos por rentas de propiedad, transferencias de otros hogares y subsidios, tan sólo superados por asalariados (36.323 euros) y autónomos (32.916 euros).

A todo ello se suma el hecho de que el 90,8% de los mayores de 65 años poseen una vivienda en propiedad, lo cual les permite registrar una tasa de carencia material severa (pobreza real) hasta un 60% inferior al resto de la población. En concreto, según los datos del INE, la tasa de pobreza real es del 2,9% y del 1,9% entre las mujeres y hombres mayores de 65 años, respectivamente, frente al 6,2% y 5,3% del conjunto de españoles.

Empleados públicos
En cuanto al empleo público, el número de trabajadores al servicio de la Administración también ha crecido durante la crisis, desde los 2,97 millones a cierre de 2007 hasta los 3,07 millones del pasado año, unos 100.000 efectivos más que en el momento de la burbuja. Igualmente, el dinero destinado a su remuneración ha aumentado en más de 15.000 millones de euros, al pasar de 107.400 a casi 122.800 millones de euros.

Además, el salario medio bruto en el sector público se situó en 2.623,5 euros en 2016, mientras que en el sector privado fue de 1.694,2 euros. Es decir, los empleados públicos cobran de media casi 1.000 euros más al mes, un 35% extra. Y su remuneración media, a pesar de los manidos recortes, ha crecido en 380 euros al mes durante la última década, casi un 17% más, frente a los 184 euros del sector privado (+12,2%), según los datos del INE. Una vez descontada la inflación, se observa que los salarios públicos también bajan menos que la media nacional, de modo que han sufrido menos la tan temida devaluación salarial.

Rentas bajas
En cuanto a las rentas bajas, si bien la nueva rebaja fiscal del Gobierno es bienvenida, la cuestión es que resulta más bien algo marginal, ya que son los contribuyentes que pagan menos impuestos. En concreto, con datos fiscales de 2013, los contribuyentes que ingresan menos de 18.000 euros brutos al año (parados, pensionistas y trabajadores con sueldos reducidos) representan casi el 60% de las declaraciones, pero apenas aportan el 11% de la recaudación por IRPF.

En realidad, son las clases medias y medias-altas, con rentas comprendidas entre los 18.000 y los 90.000 euros al año, quienes aportan el grueso de los ingresos por este tributo, algo más del 70%, pese a representar poco menos del 40% de los contribuyentes. Las rentas altas, por su parte, representando tan sólo el 1,1% de las declaraciones, aportan el 19% restante.

Así pues, ni pensionistas ni funcionarios son los que más han sufrido la crisis, sino los trabajadores del sector privado vía destrucción de empleo y reducciones salariales, mientras que son las rentas medias, no las bajas, las que realmente han soportado el grueso de las subidas de impuestos aprobadas desde el estallido de la burbuja, sufragando, por tanto, la factura de mantener en pie el sector público.

Estado del Bienestar y "gasto social"
El PSOE, por su parte, ha centrado sus críticas en el escaso gasto público que contemplan los PGE, ya que convertirían a España en uno de los Estados del Bienestar más "raquíticos" de la UE, según declaró el pasado martes la portavoz socialista, Margarita Robles, quien también se quejó de los recortes en "gasto social", entendiendo éste por pensiones, sanidad y educación. Pero, una vez más, los datos no reflejan lo mismo.

El peso del gasto público total sobre el PIB alcanzará el 40,5% este ejercicio -sin contar el rescate de las cajas-, por encima del 39% que registraba en 2007, en plena burbuja y bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En términos nominales, el gasto rondará este año los 490.000 millones de euros, frente a los 420.000 de hace una década, lo que supone casi 70.000 millones extra.

Y dentro del Presupuesto, lo que más destaca es el llamado "gasto social", cuya cuantía rondará los 309.000 millonesen 2018 en caso de aprobarse las citadas cuentas, frente a los 243.000 millones registrados en 2007. El es decir, el gasto asociado al Estado del Bienestar ha aumentado unos 65.000 millones de euros durante la crisis, mientras que su peso sobre el gasto total ha crecido del 57,7% al 64,2% durante este período.

Todas las partidas de gasto social se han incrementado en estos años: el gasto en sanidad ha aumentado en 8.765 millones de euros; el gasto en educación en 2.971 millones de euros; y el gasto en protección social, que incluye el pago de pensiones, ha registrado un incremento cercano al 39%, que equivale a 53.528 millones de euros más.

De hecho, no sólo aumenta el dinero, puesto que el personal público al servicio de educación y sanidad creció en 13.453 y 31.366 efectivos, respectivamente entre 2007 y mediados de 2017. El Estado del Bienestar, por tanto, no solo no se ha reducido, tal y como denuncia el PSOE, sino que ha crecido de tamaño.

Que marque la ‘X’ el prior de los carmelitas
OKDIARIO 5 Abril 2018

La Iglesia Católica lo está haciendo mal en Cataluña, muy mal. Su apoyo a los golpistas es desconcertante. Sobre todo, dada la insistencia a través de actos y publicaciones. Ni siquiera la vigencia del artículo 155 de la Constitución española hace que los representantes eclesiásticos reconsideren su postura. El apoyo de una institución tan importante como ésta aporta munición argumental al discurso falaz de los separatistas y colabora a dar alas a los grupos violentos que tratan de imponer sus ideas políticas a base de coaccionar la vida social de la comunidad autónoma, ya sea en centros educativos o en la propia calle. El último en unirse a esta inexplicable campaña de apoyo ha sido el prior de los carmelitas de Badalona, Jesús Sans.

Sans ha aparecido en una entrevista para Catalunya Cristiana —una de las numerosas revistas clericales que apoyan a los sediciosos— con el lazo amarillo en apoyo a los golpistas luciendo en su solapa. Un apoyo explícito e implícito a todos los que han atacado ese Estado de Derecho que garantiza buenas condiciones en el día a día de los españoles. En vez de trabajar por los más desfavorecidos, desarrollar causas solidarias y preocuparse por difundir un mensaje que redunde en la necesidad de vivir en paz, ciertos sacerdotes en Cataluña se dedican a apoyar a los que han intentado acabar con todo ello. Algo que ya hemos visto en otras publicaciones como el Bon Pastor, dónde se pedía la libertad de “los presos políticos”.

La Conferencia Episcopal sigue callada mientras el número de declaraciones de la renta a favor de la Iglesia ha caído por primera vez desde 2007. Ni siquiera el desencanto social durante los años de crisis lo había conseguido. La gente siguió confiando en ellos para que desarrollaran obras solidarias. No obstante, la política de actuación que muchos de sus sacerdotes están siguiendo en Cataluña no está dejando más opción a los españoles. Los ciudadanos son conscientes de que todo lo que ocurre en la región es también malo para el resto de España a niveles de crecimiento económico e inversiones. No sólo eso, sino que va en contra de la legalidad vigente y condena a la comunidad autónoma a un bloqueo que se extiende a todo el país. Hechos que de seguir contando con el apoyo de la Iglesia provocarán que marque la ‘X’ de la declaración el pior de los carmelitas… y poco más.

Carmena y Colau, a punto de ganar la Guerra Civil
Carmelo Jordá Libertad Digital 5 Abril 2018

Expo a expo, tuit a tuit y llanto a llanto, el fascismo está en retirada y la victoria se aproxima. ¡No pasarán!

Las dos alcaldesas más estupendas de Occidente se han reunido este martes para lanzar la última ofensiva que, sin duda, les dará una victoria abrumadora en la Guerra Civil. Sí, ya sé que se acaban de cumplir 79 años del final del conflicto, pero para eso hemos inventado la memoria histórica: para dejar el pasado como si el mismísimo Ingsoc controlase bibliotecas y hemerotecas.

La madrileña Carmena resultó elegida –filtración sorayesca mediante– agitando el fantasma de los niños desnutridos; la barcelonesa Colau fue premiada por liderar una asociación de afectados por la hipoteca sin haber tenido jamás una hipoteca, algo que algunos verán como la evidencia de un rostro de dureza similar a la del diamante, pero que también podría entenderse como una muestra notable de solidaridad desinteresada... si la propia Colau no lo hubiese aprovechado primero para montarse un negociete la mar de majo y luego para construirse una carrera política notablemente exitosa.

El caso es que ambas llegaron a los dos mayores ayuntamientos de España a lomos de una "emergencia social" contra la que después no las hemos visto luchar a brazo partido, quizá porque era mentira o algo incluso peor que una mentira: la deformación grotesca de la realidad para sacar un evidente rédito político.

Todo era atroz antes de las elecciones, hambre, miseria e hipotecas impagadas, pero una vez en el ayuntamiento ni la una ha alimentado a los niños famélicos ni la otra ha eliminado los desahucios. Lo que sí han hecho tanto Carmena como Colau ha sido montar sus redes de subvenciones y amiguetes alrededor de cuestiones como la igualdad de género, la pseudocultura o, por supuesto, la memoria histórica.

Porque lo que nos preocupa a los madrileños no es la suciedad en las calles, ni los árboles que se caen, ni tener nuestro parque más conocido clausurado durante todas las vacaciones de Semana Santa, ni que media docena de túneles esenciales estén cerrados durante semanas sin saber muy bien por qué, ni ese tráfico que cada día es más caótico.

Claro que no: a los madrileños lo que nos quita el sueño es la Guerra Civil. A mí, sin ir más lejos, la gente me para por la calle y me pregunta si pasarán o no pasarán porque, además, desde hace 79 años aquí nadie ha estudiado la guerra ni la parte de ésta que se desarrolló en las afueras de Madrid, ni se han escrito libros ni se han rodado películas sobre el tema: como en casi todo, ha tenido que llegar Podemos para que el mundo empezase a girar, y de no ser por Carmena, Colau y el leninista Valiente –que organiza la exposición– estaríamos aquí pensando que Franco sigue en el Pardo, tan ricamente.

Pero no hay que preocuparse, estén tranquilos: expo a expo, tuit a tuit y llanto a llanto, el fascismo está en retirada y la victoria se aproxima. ¡No pasarán!

Gaza
Rafael Bardají gaceta.es  5 Abril 2018

La llamada “marcha del retorno”, organizada el pasado viernes, tenía un claro objetivo: traspasar por la fuerza la frontera y penetrar en Israel.

Hace tres años tuve la oportunidad de pasar un día en Nahal Oz. Nahal Oz es una pequeña cooperativa de apenas un centenar de familias, al sur de Israel, una reminiscencia de otra era, cuando Israel era el paraíso de los kibutz y del socialismo de rostro humano. Hoy los granjeros están tecnificados y su producción es muy eficiente. Pero Nahal Oz no es conocido sólo por sus productos, también lo es por haber sufrido el impacto de cientos de cohetes procedentes de Gaza. En 2015 uno de ellos cayó de lleno en el dormitorio de los hijos de una joven pareja, matando a uno de ellos. Y si no ha habido más muertes en la comunidad ha sido gracias a las medidas de autoprotección que han tenido que adoptar: muros a prueba de bombas, cristales antifragmentación, parapetos y una guardería que más parece un bunker de mando que un lugar de juego y educación para niños. Las quejas que escuché de sus habitantes fueron todas razonables, aunque basadas en un ingenuo pacifismo de izquierdas.

En cualquier caso, mi presencia en el kibutz no se debía principalmente a mi deseo de escuchar las dramáticas vivencias de los miembros de la cooperativa. Si estaba allí era porque los militantes de Hamas, el grupo terrorista que controla férreamente la Franja de Gaza desde hace 10 años, habían construido un túnel, por debajo de la verja de seguridad, que acababa a pocos pasos del kibutz. En el túnel se habían encontrado unas jeringuillas con sedantes, teóricamente para hacer más fácil un secuestro. También había una moto con la que los terroristas recorrían más rápido los tres o cuatro kilómetros de extensión del túnel.

Guiado por los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), descendí empinadamente unos 10 metros por debajo de la superficie y me adentré por un pasadizo angosto pero sólido. Las paredes y el techo abovedado estaban construidos con cemento, seguramente proveniente de la ayuda humanitaria para la reconstrucción de Gaza, pero que los líderes de Hamas prefieren gastar en sus construcciones militares. A los pocos metros, pero en un tiempo que me pareció una eternidad por la oscuridad y la humedad, el túnel se ramificaba en una red que apuntaba en varias direcciones. También se agrandaba en sus dimensiones. Tras un centenar de metros, el túnel había sido cegado por los zapadores, a fin de evitar una posible infiltración. “hemos llegado a la frontera con Gaza”, me explicó el comandante que me guiaba.

Efectivamente, habíamos atravesado por debajo las plantaciones de girasoles de Natal Hoz. En superficie podíamos ver a algunos civiles armados en las afueras de la ciudad de Gaza que se dejaban ver para indicarnos que sabían que estábamos allí. Desde algún rincón se nos recibió con salvas de disparos al aire, a modo de confirmación de nuestra presencia en la línea fronteriza. Por encima de nuestras cabezas, un sofisticado sistema de monitorización, en globos aerostáticos, capaz de detectar movimientos a lo largo de la frontera, así como los disparos de cohetes lanzados desde la Franja contra las poblaciones israelíes. Cientos, como he dicho, contra la zona donde estábamos, pero otros tantos contra núcleos urbanos como Sderot y algunos, los de más largo alcance, contra Tel Aviv o, incluso, el sur de Jerusalén. Desde la retirada unilateral israelí de Gaza en 2005, cerca de veinte mil cohetes y morteros han sido disparados desde Gaza.

La semana pasada recordé esa visita -y otras que he realizado después- y la incomodidad que me despertó estar a tiro de piedra de los encapuchados que nos miraban desafiantes al otro lado de la valla metálica. Yo no sé que hubiera pensado si en lugar de unos pocos milicianos, mis ojos se hubieran topado con una masa de unos 30 mil palestinos de Gaza marchando en formación hacia esa tenue valla metálica que separa un régimen del terror de unos granjeros que, mal que bien, viven ejerciendo sus derechos como ciudadanos de un país libre y democrático como es Israel, le guste o no a sus críticos.

La llamada “marcha del retorno”, organizada el pasado viernes, tenía un claro objetivo: traspasar por la fuerza la frontera y penetrar en Israel. Esto es, invadir un país y abalanzarse sobre las familias de todos los núcleos de población que están en torno a la Franja de Gaza, como Nahal Oz. Sólo les separaba una verja y escasas decenas de metros. Ah, y algo más, el ejército israelí, dispuesto a proteger a los suyos y defender su tierra, su país.

La marcha que, como siempre, comenzó con cánticos y un tono pacífico, rápidamente pasó a ser una turba descontrolada y violenta, con lanzamiento de piedras y la quema de neumáticos entre cuyo humo espeso se escondían milicianos de Hamas y posiblemente de otros grupos terroristas, armados con fusiles de asalto. Y lo que tendía que pasar, pasó: 17 palestinos fueron abatidos. Israel ha identificado a 12 de ellos como militantes de Hamas. la propia organización terrorista ha admitido que cinco de ellos formaban partes de sus fuerzas de seguridad. No hay más que ver sus fotos para darse cuenta de que no eran, precisamente, angelitos, envueltos en sus banderas negras y verdes y armados hasta los dientes.

Pero si bien las guerras modernas hay que ganarlas en el campo de batalla frente a un enemigo irregular y nada convencional, que normalmente explota y expone a sus civiles para alcanzar sus objetivos tácticos sobre el terreno, estas guerras se pierden fácilmente en la blogoesfera, con 140 caracteres. Y eso es lo que ha vuelto a ocurrir. Los palestinos saben que no pueden ni por lar armas ni con terroristas suicidas, ganarle la batalla a Israel, un pueblo y una nación dispuesta a todo con tal de sobrevivir, pero también saben que pueden hacer mucho daño minando su imagen internacional. En los últimos años han desarrollado una gran capacidad de producción de imágenes falsas o manipuladas cuyo único propósito es ofrecer una imagen monstruosa de Israel. La avidez por ser el primero en sacar la noticia, la escasez de medios para contrastar las fuentes o las situaciones y la necesidad de cubrir con imágenes los informativos, 24 horas los 7 días de la semana, lleva a que los medios “compren” todo cuanto se les ofrece, sea real, sesgado o falso. Además, difamar a los soldados o los políticos israelíes no tiene consecuencia negativa alguna, más bien al contrario.

Yo soy de los que piensa que el cacareado “estado palestino” ya existe y está en Gaza. Desde 2005 no hay un sólo israelí allí y está autogestionado por sus propios dirigentes. Eso si, se sostiene gracias a la ayuda exterior, mucha de ella procedente de nuestros bolsillos vía impuestos y por la gracia de la Agencia de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de, ahora, Alfonso Dástiz. Y por eso me parece legítimo que Israel se defienda de un vecino que sólo sueña con poner fin al estado del pueblo judío. Si Francia, Marruecos o Portugal quisieran acabar con España, yo reaccionaría de la misma manera que los israelíes. Es más, tras la enorme reacción popular de los españoles contra el golpe de estado de los separatistas catalanes, creo que no sería difícil explicar en España por qué un estado tiene y debe defenderse frente a quienes le amenazan.

Pero, ay!, ya sabemos que Spain is different y que hace mucho que renunció a defender sus fronteras. Desde el Sáhara hasta la afirmación del actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que a él, las fronteras le importan poco. Tal vez por ello tengamos a nuestros buques de la Armada al servicio de las mafias que trafican con los mal llamados refugiados que parten de las costas de Libia y, encima, aplaudamos.

Los palestinos, un pueblo tan inventado y construído sobre mentiras como el separatismo catalán, tienen sus objetivos políticos y allá ellos. Yo sólo espero que nunca puedan alcanzarlos en lo que toca a acabar con Israel, pero que sí logren vivir en paz y prosperidad, libres de organizaciones terroristas y líderes corruptos y nada democráticos.

Por qué Hamás no va a desarmarse
Jaled Abu Toameh Libertad Digital 5 Abril 2018

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, delira si cree que sus rivales de Hamás van a acceder alguna vez a deponer las armas o a ceder el control de Gaza.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, delira si cree que sus rivales de Hamás van a acceder alguna vez a deponer las armas o a ceder el control de Gaza.

Hamás no tiene la menor intención de desmantelar su aparato militar y de seguridad. Ni de permitir que las fuerzas de seguridad de Abás se establezcan en Gaza. Esta es la razón por la que el acuerdo de reconciliación firmado en El Cairo en octubre de 2017 jamás se traducirá en hechos.

Hamás está dispuesta a dar a Abás lo que quiera en Gaza excepto el control de la seguridad. Hamás no tiene ningún problema en dejar que Abás y su Gobierno actúen como administración civil en la Franja, procurando fondos y servicios varios. Si Abás quiere pagar las nóminas de los funcionarios, por Hamás no hay problema. Si quiere pagar el combustible, el agua y la electricidad, tampoco. El control de la seguridad, en cambio, es otra cosa. Para Hamás, la seguridad es una línea roja.

¿Qué hay detrás de la fiera oposición de Hamás a renunciar al control de la seguridad en Gaza? Hamás quiere conservar sus armas y el control de la seguridad por dos motivos. Hamás quiere tener armas para proseguir la "lucha armada" contra Israel; por otro lado, sabe perfectamente que en el momento en que transfiera el control de la seguridad, las fuerzas de seguridad de Abás matarán o encarcelarán a muchos de sus líderes y miembros.

Ahmed Bahr, alto mando de Hamás en la Franja, ha tachado de "estupideces" las demandas de que su organización desmantele su aparato de seguridad y militar. En un sermón que dio en la mezquita de Al Mahata el 23 de marzo, Bahr dijo que la cuestión del desarme de Hamás y otras organizaciones terroristas palestinas "no es negociable". Hamás –añadió– no entregará sus armas a una Autoridad Palestina (AP) que coopera con Israel en materia de seguridad en la Margen Occidental. "Las armas de la resistencia palestina son armas legítimas que se emplearán para recuperar nuestros derechos y liberar nuestras tierras", proclamó. "La lucha armada [contra Israel] es un derecho protegido por las leyes internacionales".

Las declaraciones de Bahr demuestran que Hamás sigue sin confiar en Abás y su AP, sobre todo por sus estrechos lazos con Israel en materia de seguridad. Para Hamás, la coordinación de la seguridad con Israel es una forma de traición, y en modo alguno aceptaría cooperar con cualquier actor palestino que trabaje con los israelíes.

Hamás sigue acusando a las fuerzas de seguridad de la AP y a Israel de reprimir conjuntamente a sus militantes en la Margen Occidental. En un reciente comunicado, Hamás acusó a la AP de detener a diez de sus miembros. Las detenciones se llevaron a cabo en las localidades de Tulkarem, Nablus, Kalkilia, Hebrón y Ramala. Entre los detenidos se encontraba el periodista Osama Shahín. Hamás dijo que dos de los detenidos habían llevado a cabo una huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento "ilegal".

Hamás teme que muchos de sus miembros corran la misma suerte si permite que Abás despliegue sus fuerzas de seguridad en Gaza. Los que tengan suerte sólo acabarán entre rejas. Los menos afortunados serán ejecutados en las plazas públicas.

Hamás tiene un terrible recuerdo del periodo comprendido entre 1993 y 2007, cuando la AP tenía el control de la Franja. Entonces, muchos líderes de Hamás acabaron en prisión o bajo arresto domiciliario. En aquellos tiempos, uno de los métodos favoritos de tortura –y de humillación– contra los militantes de Hamás consistía en afeitarles la barba. Los musulmanes creen que, de acuerdo con las enseñanzas islámicas, es obligatorio que los hombres se dejen la barba. Incluso se atribuye una cita a Mahoma en la que dice: "Distinguíos de los no creyentes, dejaos crecer la barba y afeitaos el bigote".

El temor de los líderes de Hamás a lo que les esperaría si cediesen el control de Gaza está justificado. El pasado 19 de marzo, en un discurso ante los líderes de la OLP en Ramala, Abásamenazó con "una lluvia de zapatos sobre las cabezas" de los líderes de Hamás.

Abás respondía así al aparente intento de asesinato contra su primer ministro, Rami Hamdalá, y su jefe de inteligencia, Mayed Faraj, durante una visita a Gaza. Ambos salieron ilesos de una explosión en la carretera al paso de su convoy. Abás ha atribuido "plena responsabilidad" a Hamás por el ataque, mientras que Hamás ha negado cualquier responsabilidad.

Ese ataque ha desencadenado una grave crisis entre Abás y Hamás, y destruido el acuerdo dereconciliación negociado por Egipto. En las actuales circunstancias, cualquier posibilidad de que Hamás ceda el control de la seguridad en Gaza suena a chiste, especialmente después de que Abás haya acusado a la organización terrorista de haber intentado matar a su primer ministro y a su jefe de inteligencia.

Hamás se ha pasado la última década armándose hasta los dientes. Con la ayuda de Irán y de organizaciones terroristas árabes, ha logrado introducir ilegalmente en la Franja grandes cantidades de armas, a través de decenas de túneles excavados a lo largo de la frontera con Egipto. Según algunas informaciones, muchas de las armas, incluidos misiles y cohetes, fueron introducidas en el periodo en que Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, estuvo en el poder en Egipto, entre junio de 2012 y julio de 2013. Algunos de los cohetes y misiles fueron utilizados después por Hamás y otras organizaciones terroristas para atacar a Israel.

Además, en Hamás hay miles de milicianos y oficiales de seguridad que jamás aceptarían servir en las fuerzas de Abás. Lo cual no significa que no aceptarían los salarios del Gobierno de Abás. Abás, por su parte, jamás aceptará incorporar a los hombres de Hamás a sus fuerzas de seguridad. No puede, por un lado, acusar a Hamás de estar detrás del fallido intento de asesinato contra Hamdalá y Faraj y, al mismo tiempo, incorporar a sus policías y milicianos a las fuerzas de la AP.

Irónicamente, mientras Abás anda exigiendo a Hamás que se desarme y transfiera a su Gobierno el control de la seguridad en Gaza, Hamás habla de transferir sus armas a la Margen Occidental. Abás quiere extender su autoridad a la Franja y Hamás trata de hacerse con la Margen.

Hamás quiere transferir sus armas a la Margen para derrocar el régimen de Abás y para proseguir la "lucha armada" contra Israel. Luchar contra Israel es el objetivo declarado de Hamás. Derrocar a Abás es su objetivo no declarado.

Las armas de Hamás son una línea roja "que no debe cruzarse", ha declarado Jalil al Haya, alto mando de la organización.

Se debería dejar de hablar de esas armas, porque seguirán luchando contra Israel. Las armas de Gaza dan poder a todos los palestinos, incluido el presidente Abás. Esas armas se transferirán a la Margen Occidental. [Pero] la transferencia no será suficiente. Se utilizarán para luchar contra Israel.

Abás tiene suerte de que Israel esté con él en la Margen. De lo contrario, Hamás habría logrado derrocar su régimen y transferir sus armas. Por suerte para los palestinos, Israel está justo en medio de la Margen y la Franja. De lo contrario, Hamás y los fieles a Abás se habrían estado lanzando cohetes y terroristas suicidas los unos contra los otros. En lugar de marchar hacia lareconciliación y la unidad, Abás y Hamás han traído un nuevo modelo de solución de dos Estados a su pueblo: un emirato dirigido por Hamás en Gaza y un mini Estado de la OLP en la Margen Occidental.

Así las cosas, Abás seguirá soñando con volver a la Franja, y Hamás preparándose para la guerra contra Israel y para arrebatar el poder a la AP.

Viktor Orbán: “Hungría debe centrarse en evitar convertirsen en destino para los inmigrantes, principalmente musulmanes"
lagaceta.eu 5 Abril 2018

En declaraciones en el programa Bayer Show, que se emite en la televisión ‘Echo TV’, Viktor Orbán ha declarado que “En la Europa occidental existen una gran censura en relación a las noticias que son protagonizadas por inmigrantes o refugiados. Los medios de comunicación las ignoran, falsifican e incluso las modifican para esconder la realidad”.

“Hungría debe centrarse en evitar convertirsen en destino para los inmigrantes, principalmente musulmanes. Estamos muy bien siendo un país cristiano”, insiste en decir Viktor Orbán, que estará presente el próximo seis de abril en el acto que pondrá punto final a su campaña electoral.

“Si algún día cedemos ante las imposiciones de Europa en relación a la inmigración, jamás podremos recuperarnos. Debemos mantenernos firmes y unidos contra la inmigración“, no dudó en decir Orbán.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Renuncia inaceptable a defender el castellano
EDITORIAL El Mundo 5 Abril 2018

EL GOBIERNO ha renunciado a cumplir lo que prometió hace tan sólo un mes y medio, cuando el portavoz Íñigo Méndez de Vigo anunció en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la decisión del Ejecutivo de «garantizar los derechos fundamentales y la libertad de elección de los padres». Defendió entonces que había espacio en el marco de la ley catalana para ejecutar por fin las sentencias judiciales que exigen al menos un 25% de las asignaturas impartidas en castellano.

El mismo Ministerio de Educación que en virtud del 155 tiene asumidas las funciones de la consejería de Educación de la Generalitat tira ahora la toalla alegando que no puede ir más allá de la Ley de Educación de Cataluña. Por lo que ha renunciado a introducir la casilla lingüística o cualquier otro guiño al castellano en el formulario de preinscripción y matriculación para el próximo curso. Por más que la última sentencia del Constitucional anulara el atajo ingeniado por el ex ministro Wert a través de la enseñanza privada, nos encontramos ante una lamentable capitulación. Los derechos de los castellanohablantes siguen siendo pisoteados en Cataluña y el Gobierno les dice que no pueden hacer nada por cambiar las cosas. Esa clase de impotencia quizá explique muchos sondeos.

Un 155 para arrancar cebollas
Teresa Giménez Barbat okdiario 5 Abril 2018

Los grupúsculos que en octubre llevaban el nombre de Comités de Defensa del Referéndum hoy se hacen llamar Comités de Defensa de la República, lo que prueba cuál había de ser el resultado de la consulta que decían custodiar. Lo que no ha mutado son sus acciones, o acaso habría que empezar a llamarlas ekintzas, pues en nada desmerecen al terrorismo de baja intensidad que asolaba el País Vasco en los tiempos de ETA, y que también tenía como filosofía el cuanto peor mejor. Con una salvedad: mientras que la kale borroka se recrudecía con motivo de las fiestas patronales de los villorrios, el nihilismo amarillo se dio un cierto respiro por Semana Santa, y sólo a su conclusión reapareció para desmontar las barreras de cuatro peajes. Sea como fuere, resulta intolerable que, con el 155 en vigor, esto es, con los Mossos bajo el control del Gobierno del PP, y más precisamente del ministro Juan Ignacio Zoido, los CDR campen a sus anchas, arrogándose la facultad de hacer saltar por los aires la rutina laboral o el ocio —la vida cotidiana, en definitiva— de sus conciudadanos.

Las imágenes de los policías autonómicos observando impávidos cómo los vándalos colapsaban arterias viarias o el hecho de que la respuesta se haya limitado —y eso en el mejor de los casos— a desalojar a los insurgentes por el método de ‘arrancar cebollas’ —como en un juego de patio de colegio— sí hablan de la incapacidad del Ejecutivo para imponer la ley y el orden con la determinación que las circunstancias requieren. En cierto modo, Rajoy permanece cautivo de los complejos que llevaron a su vicepresidenta a creer —y a fe que lo creía de veras— que bastaría con que ella se “confundiera con el paisaje” para apaciguar al nacionalismo. Con el agravante de que ya no hablamos de abuelitas obstruyendo las puertas de un instituto ni de familias sosteniendo cirios en la vía pública, lo que siempre es susceptible de considerarse —equivocadamente— un ejemplo de resistencia pacífica. No, quienes ahora dirigen el cotarro son comandos infiltrados hasta el tuétano por partidos como la CUP o Arran, cuyo objetivo declarado siempre ha sido convertir Cataluña en un remedo del peor Euskadi.

Hará bien el Gobierno en tomarse en serio este sarpullido de violencia, pues, como no escapa a la percepción de la gran mayoría de los españoles, los autodenominados Comités de Defensa de la República ni son Comités —hasta donde yo sé, sus miembros no han sido elegidos en instancia democrática alguna ni, en todo caso, representan a nadie más que a sí mismos—, ni son de Defensa —el hostigamiento del que están siendo objeto personajes públicos como el juez Pablo Llarena o el dramaturgo Albert Boadella evidencian que de quienes debemos defendernos y de quienes debe defendernos el Estado es de ellos— ni la región donde actúan es una República. Llegados a este punto, los catalanes que aspiramos a pasar de una vez esta página humillante de la historia de nuestra comunidad no podemos sino interpretar la inacción del Gobierno como lo que es: un desistimiento que se añade, de modo lamentable, al intento de golpe de Estado por parte del nacionalismo. Y cuya perpetuación haría de nosotros —aunque por razones muy distintas a las que invocan los golpistas— españoles de segunda.

El Gobierno renuncia a la casilla que garantiza el castellano en Cataluña
Los servicios jurídicos del Estado concluyen que «no se puede incluir esta medida» con el 155.
Un año más, la resolución de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat no incluye referencia a la opción de castellano
Belén Tobalina. larazon 5 Abril 2018

A pesar de que el Gobierno anunció que iba a estudiar utilizar el artículo 155 para convertir el castellano en lengua vehicular en Cataluña para el próximo curso, finalmente «la preinscripción escolar no incluirá una casilla con la opción para estudiar en castellano» en esta comunidad, tal y como aseguraron ayer fuentes del Ministerio de Educación.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó este miércoles la resolución de las normas de preinscripción y matrícula escolar. En ella «no se hace ninguna referencia a la casilla del castellano ni a ningún tema lingüístico», precisaron desde la Consejería de Educación, que hicieron hincapié en que aún no tienen la hoja de inscripción, que estará disponible en breve dado que el periodo de preinscripción es del 13 al 24 de abril. En cualquier caso, desde el Ministerio aseguraron que los padres no van a poder elegir la casilla del castellano: «Tras el estudio de esta fórmula, los servicios jurídicos del Estado nos han dicho que no se puede incluir la casilla del castellano por la ley catalana en materia educativa», explicaron en referencia a la Ley 12/2009 que aprobó el Parlament.

Entonces, ¿cómo garantizará el Gobierno central el castellano? Pues ése es el problema, que los padres que quieran que sus hijos estudien en esta lengua vehicular se podrían quedar en un limbo, dado que si la opción de la casilla en castellano no se puede hacer, la «fórmula Wert» –la ayuda de 6.000 euros para aquellos padres que querían escolarizar a los hijos en castellano– fue, a su vez, declarada inconstitucional.

De ahí que las familias de casi 300 niños teman tener que volver a las escuelas donde sólo se escolariza en catalán. Tal y como ya publicó este periódico, en los tres últimos cursos, 200 alumnos, según los datos de la Alta Inspección del Estado, han estudiado en centros privados con cargo a la Generalitat vía «cheque Wert». Y los padres de otros 98 iniciaron el procedimiento en septiembre. Y serían muchas más familias a las que realmente les gustaría poder marcar la casilla del castellano, si no conllevase significar a sus hijos, tal y como explicó en su día Antonio Jimeno, presidente de AMES, uno de los sindicatos de profesores promotores de la iniciativa de «Change.org» para «que el castellano también se pueda elegir como lengua vehicular en la enseñanza». Una medida que no tenía nada que ver con el artículo 155, sino con la ley de 2013.

«El Gobierno tiene que respetar y acatar la sentencia del Tribunal Constitucional» del 20 de febrero, «y la Generalitat tiene que respetar y acatar las sentencias que obligan a impartir un 25% de las clases en castellano», recordaron desde el Ministerio. «El Gobierno no puede cambiar el modelo lingüístico de Cataluña ni de ninguna comunidad a través del artículo 155», añadieron. ¿Entonces? La única vía es que la Generalitat y los centros apliquen las sentencias. Otra opción: lograr «un cambio en la ley de Educación catalana», aunque para ello primero tiene que haber un Gobierno.

España CASILLA EN LA ENSEÑANZA
El Gobierno renuncia a garantizar la enseñanza en español en Cataluña
La Generalitat, dirigida por el Gobierno de Rajoy, mantiene el modelo de inmersión tras sopesar incluir una casilla para el castellano.
E.E. elespanol 5 Abril 2018

Tras sopesar introducir una casilla para que los padres puedan educar a sus hijos en la lengua oficial y vehicular que prefieran, el español o el catalán, el Gobierno ha dado marcha atrás.

La hoja de inscripción para acceder a la educación obligatoria en Cataluña en el curso 2018-19 no incluye ninguna casilla, según publica el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) en una resolución.El DOGC publica este miércoles la resolución, que no incluye cambios significativos con respecto al curso anterior, por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos del segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.El plazo de presentación de solicitudes previsto para el segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria será del 13 al 24 de abril.Fuentes del Departamento de Enseñanza han explicado a EFE que en la hoja de inscripción, como se viene haciendo desde hace algunos años, se seguirá preguntando a los padres de los niños que se escolarizan por primera vez cuál es su lengua materna y a los alumnos que lo necesiten se les seguirán aplicando programas de adaptación lingüística.

Casi al mismo tiempo, el PP catalán ha registrado una iniciativa en el Parlament para tratar de que, en el futuro, se garantice la educación en español. "El objetivo que persigue la propuesta es que las lenguas oficiales tengan una proporción suficiente en el sistema educativo y también introducir una tercera lengua extranjera. Se trata de un modelo de educación trilingüe, las dos lenguas oficiales en Cataluña y una tercera lengua extranjera” dijo Santi Rodríguez, secretario general del PP catalán.
Rechazo de la comunidad educativa

El pasado mes de febrero, el Gobierno anunció que estudiaba la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluyese una casilla en la que los padres pudiesen elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos, después de que lo solicitasen el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC).

Esta intención despertó el rechazo de la comunidad educativa y tanto sindicatos de docentes y de alumnos, como asociaciones de padres se manifestaron a favor del actual modelo lingüístico catalán y contra la posibilidad de la inclusión de la citada casilla.En marzo, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento de la Lomce por el que se obligaba a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados de los alumnos sin enseñanza pública en castellano.

EN AULAS CATALANAS
El PSC afirma que garantizar el castellano ‘pone en riesgo la convivencia’
La Gaceta  5 Abril 2018

El PSC ha celebrado que se haya impuesto “el sentido común” y el Gobierno “no haya tocado un modelo educativo que funciona” en Cataluña, y ha rechazado la proposición de ley del PPC para aumentar el porcentaje de castellano en la Enseñanza, al considerar que “pone en riesgo la convivencia en las escuelas”.

La hoja de inscripción para acceder a la educación obligatoria en Cataluña en el curso 2018-19 no incluye ninguna casilla por la que las familias puedan decidir si quieren la escolarización de sus hijos en catalán o en castellano, según publica este miércoles el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

Pero también este mismo miércoles mismo el PPC ha presentado una proposición de ley registrada en el Parlament para cambiar la Ley de Educación Catalana y alcanzar una “educación trilingüe”, que garantice un 25 % de castellano en centros educativos y permita a las familias elección de lengua en “la primera enseñanza de la lectoescritura”.

Según un comunicado, la diputada del PSC en el Parlament Esther Niubó y el diputado socialista en el Congreso Manuel Cruz han mostrado su “satisfacción” por el hecho de que no se hayan producido cambios en el modelo de preinscripción escolar en Cataluña.

“Se ha impuesto el sentido común y finalmente el Gobierno del PP no ha tocado un modelo que funciona y que cuenta con un amplio apoyo de la sociedad y de la comunidad educativa”, han señalado los diputados, recordando que el actual modelo ha contribuido de manera “decisiva” a la cohesión social y la igualdad de oportunidades”:

Sobre la proposición de ley presentada por el PP en el Parlament, Niubó ha recordado que la Ley de Educación es “fruto del acuerdo mayoritario” y que iniciativas de este tipo “solo ponen en riesgo la convivencia en las escuelas”, por lo que ha mostrado el rechazo del PSC a “instrumentalizar la educación y la lengua con finalidades políticas”.

Más allá de la cuestión idiomática, Niubó ha lamentado que persistan “criterios de desempate que pueden generar fenómenos de segregación”, como son la puntuación adicional en caso de empate para los hijos de exalumnos en los centros.

La diputada socialista ha criticado asimismo que no haya comedores escolares aptos para alumnos con patologías relacionadas con la ingesta de gluten: “Dar puntuación adicional a estos niños y niñas no soluciona nada, lo que hace falta es tener comedores preparados y seguros para estos niños”, ha sentenciado.

El Gobierno del PP se rinde y abandona la defensa del español en Cataluña
www.latribunadelpaisvasco.com 5 Abril 2018

La hoja de inscripción para acceder a la educación obligatoria en Cataluña en el curso 2018-19 no incluye ninguna casilla por la que las familias puedan decidir si quieren la escolarización de sus hijos en catalán o en castellano, según publica el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

El DOGC acaba de publicar la resolución, que no incluye cambios significativos con respecto al curso anterior, por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos del segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.

Fuentes del Departamento de Enseñanza han explicado que en la hoja de inscripción, como se viene haciendo desde hace algunos años, se seguirá preguntando a los padres de los niños que se escolarizan por primera vez cuál es su lengua materna y a los alumnos que lo necesiten se les seguirán aplicando programas de adaptación lingüística.

El pasado mes de febrero, el Gobierno anunció que estudiaba la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluyese una casilla en la que los padres pudiesen elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos, después de que lo solicitasen el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC). Esta intención despertó el rechazo de la comunidad educativa independentista y tanto sindicatos de docentes y de alumnos, como asociaciones de padres de corte nacionalista, se manifestaron a favor del actual modelo lingüístico catalán y contra la posibilidad de la inclusión de la citada casilla.

En marzo, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento de la Lomce por el que se obligaba a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados de los alumnos sin enseñanza pública en castellano.

'Hablamos Español' exige al Gobierno que garantice por decreto la enseñanza en español

Ciudadanos critica al Gobierno por no incorporar a través del 155 la casilla del español en la educación en Cataluña.
Daniel Basteiro elespanol 5 Abril 2018

La decisión del Gobierno de mantener el modelo educativo en Cataluña para el próximo curso escolar ha generado críticas entre los que defienden acabar con la inmersión lingüística.

La asociación Hablamos Español, que recoge firmas para promover una ley en el Congreso de los Diputados que garantice la educación en castellano, exige al Gobierno un "decreto, con la Ley de Educación en la mano, para aplicar la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional y aplicar un sistema de conjunción lingüística para que todos los alumnos estudien en las dos lenguas", explica Gloria Lago, presidenta y portavoz de la asociación.

Según la entidad, la casilla que el Gobierno ha decidido no incorporar no era la panacea sino que la legislación y jurisprudencia obligan a que, o bien se garantiza la total libertad de elección de lengua vehicular o se instaura un sistema de conjunción en el que se estudie en amas "en la proporción que se determine".

Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno anunció su intención de incorporar una casilla en las matrículas para el curso 2018-19 en el que los padres seleccionasen, si querían, que sus hijos fuesen educados en español como lengua vehicular.

El diario oficial no incorpora cambios
Sin embargo, el diario oficial de la Generalitat publicó este miércoles las normas de preinscripción, que comienza este mismo mes para educación infantil, primaria y secundaria, sin que haya un cambio en el modelo de inmersión lingüística. De esta manera, el Gobierno daba marcha atrás ante la oposición de los partidos independentistas, el PSC, Catalunya En Comú Podem y buena parte del sector educativo.

"No entendemos muy bien cuál es la posición del PP, porque ellos no la aclaran nunca", dijo por su parte el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa. "Ellos dijeron con el 155 que garantizarían y dejarían de garantizar", pero "el PP del Gobierno de España no ha hecho nada ni ha demostrado saber qué hay que hacer". "El PP en 40 años no ha sabido acometer estas reformas, no ha querido o no ha podido", según él.

Ciudadanos apuesta por un modelo trilingüe que no sólo incorpore el español sino también el inglés, en el que los alumnos catalanes tienen un nivel "muy bajo", lamentó Carrizosa.

SCC: que se cumpla la ley
Por su parte, fuentes de Societat Civil Catalana explican, sin entrar a valorar el procedimiento, que "lo importante es que se cumplan las resoluciones judiciales y se garanticen los derechos de los alumnos" reivindicados, con la educación en español, por varios pronunciamientos judiciales.

Mientras el Gobierno decidía, a través de la Generalitat, que el modelo no cambiará el curso que viene, el grupo popular en el Parlament presentó una iniciativa en la cámara para promover la enseñanza en español por vía legislativa.

Vigencia del 'raca raca' de Peridis
Ramón De España cronicaglobal 5 Abril 2018

No envidio a los letrados del Parlament. Su oficio es, en estos momentos, uno de los más deprimentes que se pueden desempeñar en Cataluña. De hecho, para el caso que les hacen los políticos, se podría desmantelar el departamento y devolver a sus miembros a la vida real, donde encontrarían más alicientes profesionales, ya que en el Parlament se han convertido en unos peculiares convidados de piedra cuya opinión le entra al señor Torrent? por una oreja y le sale por la otra, a no ser que coincida con la suya, lo que últimamente no sucede con mucha frecuencia.

Los letrados en cuestión no ven muy claro que un prófugo de la justicia española momentáneamente alojado en una prisión alemana pueda votar como si fuese una persona decente. Los que están en el trullo en España, vale, pues han dado la cara y han aceptado las consecuencias de sus actos, pero alguien que se da el piro, no. Eso lo entiende cualquiera menos el señor Torrent, que solo entiende lo que quiere entender, como casi todos los políticos independentistas, empeñados en que el prusés no termine nunca.

Yo creo que hay un antes y un después de la catarsis republicana, tan necesaria para unos y otros después de cinco interminables años en los que a punto estuvimos todos de que nos estallara la próstata. Aquello era un latazo inaguantable: los indepes promulgaban una ley absurda, pasándose por el forro a los pobres letrados del Parlament, y el Gobierno central los enviaba al Constitucional. Cinco años chinchándose mutuamente independentistas y constitucionalistas, pero sin llegar nunca a las manos entre el temor del provocador y el tancredismo del provocado. ¡Menuda tabarra! Por eso nos vino tan bien que Puchi se zumbara del todo, declarara instaurada la república y que fuese lo que Dios quiera. La cosa era un horror, de acuerdo, una estupidez, un remake de lo de Companys en 1934, ¡pero por lo menos había pasado algo! Una vez consumado el delirio sucedió lo habitual en estos casos: políticos cesados y detenidos, fuga rocambolesca del líder y sus leales, cabreo de la masa indepe, indignación permanente de Pilar Rahola, prodigiosas jeremiadas a cargo de Ramón Cotarelo, Òmnium y la ANC haciendo horas extras, nacimiento de los Comités de Defensa de la República, porrazos de los mossos...

Lo normal --aunque no haya nada normal en toda esta triste historia-- es que los supervivientes del naufragio se hubiesen dado prisa en formar un gobierno presidido por cualquiera que no estuviese fichado y seguir conspirando con discreción para intentar liarla de nuevo dentro de diez o quince años (y seguir viviendo del erario público mientras tanto). Lo que se ha hecho es todo lo contrario: instalarse en el procesismo y dedicarse a buscar candidatos imposibles a la presidencia de la Generalitat. ¿Qué harán cuando les tumben a Puigdemont? Pues volver a intentarlo con Sànchez o con su compañero de celda, aunque se trate de un preso común condenado por exhibirse a la entrada de un colegio de niñas. ¡El caso es alargar la tabarra y negarse a reconocer que el golpe salió mal y hay que plegar velas con los menores desperfectos posibles! Lo importante es que no decaiga la pesadez de los últimos años. Menos pasar página, cualquier cosa. Formar gobierno y librarse del 155 es lo de menos: donde esté el raca raca de Peridis, que se quite todo.

SINDICATO AMES
Denuncian la ‘cobardía’ del Gobierno por marginar el castellano en Cataluña
La Gaceta  5 Abril 2018

El sindicato AMES solicitó al Gobierno que la hoja de preinscripción escolar en Cataluña incluyera una casilla de forma que los padres pudieran elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos.

El presidente el Sindicato Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES), Antonio Jimeno, ha denunciado la “cobardía” del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al no incluir la casilla del castellano en los folletos de preinscripción para el curso 2018-19.

Antonio Jimeno ha denunciado que el ministro “ha tenido miedo a las protestas en la calle y a las manifestaciones” y ha vuelto a reclamar que se “respete el 25 % de lengua castellana en la escuela”.

El sindicato AMES solicitó al Gobierno el pasado mes de febrero que la hoja de preinscripción escolar en Cataluña incluyera una casilla de forma que los padres pudiesen elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos.

Esta fórmula, según Jimeno, “hubiese sido una medida muy útil para que los padres pudiesen decidir sin necesidad de acudir a la justicia”.

El presidente de AMES ha reconocido que “esperaba” esta reacción por parte del Gobierno, que “tomó como una excusa para dar marcha atrás” la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el procedimiento de la Lomce por el que se obligaba a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados de los alumnos sin enseñanza pública en castellano, ha denunciado Jimeno.

El Gobierno utilizó esta sentencia como un “aval para no seguir con la intención de normalizar el modelo lingüístico”, pero para AMES “en realidad es una excusa ya que se trata de dos realidades diferentes”, ha afirmado.

El presidente de AMES ha anunciado que se reunirá con entidades que comparten su reivindicación para decidir un calendario conjunto de movilizaciones y “seguir reivindicando la igualdad en cuanto a número de horas que se imparten tanto de lengua catalana como castellana en la escuela”.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica este miércoles la resolución por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos del segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria de Cataluña, y que no incluye cambios significativos con respecto al curso anterior.

En la hoja de inscripción, como se viene haciendo desde hace algunos años, se seguirá preguntando a los padres de los niños que se escolarizan por primera vez cuál es su lengua materna y a los alumnos que lo necesiten se les seguirán aplicando programas de adaptación lingüística.

El plazo de presentación de solicitudes previsto para el segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria será del 13 al 24 de abril.

¿Qué fue del trilingüismo en Baleares?
Josep María Aguiló ABC 5 Abril 2018

El modelo de una educación trilingüe en las escuelas de Cataluña que ahora propondrá el PP en dicha Comunidad tiene un conocido antecedente, el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) puesto en marcha en Baleares en la pasada legislatura. Dicho decreto fue impulsado bajo la presidencia del popular José Ramón Bauzá, quien en las elecciones autonómicas de mayo de 2011 obtuvo mayoría absoluta y logró para el PP balear los mejores resultados de su historia, con 35 diputados sobre un total de 59 escaños.

En el programa electoral con el que el PP ganó aquellos comicios no se recogía de manera explícita la futura implantación de un modelo específico de enseñanza trilingüe, sino sólo el compromiso de favorecer la libre elección de la lengua vehicular en la enseñanza. El promotor del TIL fue el primer consejero de Educación de Bauzá, Rafael Bosch, quien pese a ello siempre despertó recelos en una parte del PP, que consideraba a Bosch próximo a posiciones nacionalistas. Esa circunstancia y ciertas discrepancias entre Bauzá y Bosch acerca de cuál debería ser el contenido concreto del TIL provocaron la destitución del consejero en mayo de 2013, un mes después de la aprobación inicial del decreto.

Bosch fue relevado en Educación por Joana Maria Camps, que fue la persona encargada de gestionar la puesta en marcha del nuevo modelo lingüístico a partir del curso 2013-2014. A lo largo de la tramitación legislativa previa de este proyecto, tanto el PSOE y MÉS —entonces en la oposición— como buena parte del sector educativo habían mostrado su rechazo al modelo trilingüe que postulaba el Ejecutivo popular, al entender que no había sido consensuado. Esencialmente, el TIL preveía la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los colegios del Archipiélago, con el inglés o el alemán como tercera lengua, compartiendo horas lectivas con el castellano y el catalán.

Esta iniciativa iba a suponer además en la práctica el fin de la inmersión lingüística, que estaba vigente en Baleares desde hacía una década y media. Cabe recordar que en 1997, con el popular Jaume Matas como presidente autonómico, se había puesto en marcha el llamado Decreto de Mínimos, que obligaba a los colegios a impartir en catalán al menos el 50 por cien de las clases, sin que estuviera estipulado un máximo de horas lectivas en dicha lengua. Ello acabó favoreciendo de facto la inmersión lingüística, aunque como tal no estuviera explícitamente recogida en el citado decreto. El sucesor de Matas al frente de la Comunidad, el socialista Francesc Antich, mantuvo el Decreto de Mínimos.

Controversia en la aplicación
El Ejecutivo de Bauzá sufriría un primer revés judicial en relación al TIL poco antes del comienzo del curso 2013-2014. Así, el 6 de septiembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) acordó a través de sendos autos suspender de forma cautelar el inicio de la aplicación del citado decreto, al entender que el anexo que fijaba el calendario para su progresiva puesta en marcha no había seguido los procedimientos legales adecuados.

Una vez hecha pública la citada suspensión cautelar, Bauzá convocó ese mismo 6 de septiembre un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar un decreto ley que suprimía o modificaba los puntos del TIL considerados incorrectos por los jueces. Ello permitió que la nueva norma pudiera empezar a aplicarse ya al inicio de aquel curso escolar. En el seno del PP nadie cuestionó entonces públicamente el proyecto lingüístico impulsado por Bauzá, que además era apoyado por buena parte del electorado popular.

Por su parte, los partidos de la oposición y los profesores de filiación nacionalista intensificaron sus críticas hacia el TIL desde el momento mismo de su entrada en vigor. En ese contexto, la denominada Asamblea de Docentes convocó una huelga indefinida al principio del curso 2013-2014, que finalmente se desarrolló entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre de 2013. Además, el 29 de septiembre de aquel año tuvo lugar la manifestación más multitudinaria celebrada hasta hoy en Palma, en la que más de 80.000 personas pidieron la retirada del citado proyecto lingüístico. Pese a todo, Bauzá optó entonces por mantener el controvertido decreto.

A lo largo de los meses siguientes continuó la tensión política motivada por el inicio de la aplicación del TIL, sin que la Asamblea de Docentes y el Gobierno balear consiguieran acercar posiciones. Ese callejón sin salida fue uno de los factores determinantes de la destitución de Camps como consejera de Educación en septiembre de 2014. Bauzá hizo público el cese de Camps días después de que el TSJIB se hubiera pronunciado por dos veces y de manera seguida contra algunos aspectos concretos de la aplicación del TIL. La sustituta de Camps fue Nuria Riera, que en aquel momento era la consejera de Administraciones Públicas y también portavoz del Ejecutivo autonómico.

Las resoluciones judiciales
Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB dictó el 23 de septiembre de 2014 tres sentencias en las que consideraba nulo el decreto que regulaba el TIL, que había sido aprobado en Consejo de Gobierno en abril de 2013. El TSJIB estimó los recursos presentados por CC OO, STEI y UGT, al entender que existían dos deficiencias formales en dicho decreto, en concreto, que el Gobierno balear no solicitó en su momento el preceptivo informe a la Universidad de las Islas Baleares y que preparó una evaluación insuficiente sobre las posibles consecuencias del trilingüismo.

La misma Sala del TSJIB dictó un día después, el 24 de septiembre de 2014, cuatro autos en los que los jueces adoptaron la medida cautelar de suspender la ejecución de la orden de la Consejería de Educación de 9 de mayo de 2014, que desarrollaba el calendario de aplicación del trilingüismo en los colegios durante el curso 2014-2015. Los cuatro autos argumentaban que la suspensión de la orden de la Consejería de Educación era procedente tras las citadas tres sentencias que anulaban el decreto del TIL, ya que la orden formulada por el departamento autonómico desarrollaba el citado decreto. El Gobierno balear recurrió dichas resoluciones judiciales y mientras tanto el decreto se siguió aplicando en ese curso escolar.

Unos meses después, en los comicios autonómicos de mayo de 2015, el PP ganó de nuevo las elecciones en Baleares, pero pasó de 35 a 20 diputados, lo que supuso su peor resultado histórico en el Archipiélago. Una de las causas de esa debacle fue, sin duda, el desgaste sufrido por los populares por la gran controversia generada por el TIL. En ese contexto, el PSOE, MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos lograron alcanzar un acuerdo «por el cambio», que permitió que la socialista Francina Armengol pasase a presidir la Comunidad. Una de las primeras decisiones tomadas por Armengol fue la derogación del TIL. Desde entonces vuelve a estar vigente de facto el Decreto de Mínimos.

Estando ya derogado el TIL, el Tribunal Constitucional se pronunció en marzo de 2016 sobre un recurso que había presentado Armengol en diciembre de 2013, cuando estaba aún en la oposición. Armengol presentó dicho recurso porque consideraba inconstitucional el decreto ley aprobado por Bauzá para que pudiera entrar en vigor el TIL. Sin embargo, el Órgano de Garantías desestimó finalmente el recurso de Armengol y avaló la actuación de Bauzá. Fue un triunfo simbólico para el PP, ya que no tuvo repercursiones políticas, pero al menos abrió la puerta para la posible reimplantación de un modelo de enseñanza trilingüe en la próxima legislatura, en caso de que el PP y Cs consigan formar una mayoría alternativa a la actual en los comicios autonómicos que se celebrarán dentro de un año.

¡Barcelona, quién te ha visto y quién te ve!
Miquel Giménez vozpopuli.es 5 Abril 2018

En el mismo corazón de Barcelona, la plaza de Cataluña, los turistas no dan crédito a sus ojos ante el penoso espectáculo que se ofrece a la vista de todos. Un grupo heterogéneo acampa, arrasando el césped, llenando la glorieta de basura, hace más de tres meses. Es la Barcelona del proceso, del neo pijerío progre.
Manteros, separatistas y ratas

La entrada a la estación del Metro de la plaza de Cataluña está colapsada por manteros, que venden sus productos ilegales adquiridos ilegalmente y en la más completa ilegalidad. La policía municipal pasa frente a ellos como si fuesen invisibles. Tienen órdenes expresas emanadas del ayuntamiento de no tocarles un pelo. Que los impuestos que pagan los comerciantes de la zona sean de los más altos de la ciudad da lo mismo. Ada Colau ha decidido que, pobrecitos, hay que protegerlos de ese capitalismo salvaje y represor que a ella le permite levantarse un sueldo de más de cien mil pavos al año. Los ama tanto que hasta les ha montado un sindicato. Que muchos de ellos sean violentos, atropellen a gente – yo mismo he visto como se llevaron por delante a un matrimonio de edad en las escaleras de la estación- o formen parte de conocidas bandas de delincuencia organizada carece de la menor importancia. Y ojo con afearles la conducta, porque te cruzan la cara quedándose tan anchos, seguros como están de su total impunidad. Han llegado a agredir físicamente a los mismos agentes de la autoridad. Claro que para eso están los concejales de las CUP, que se personan en las dependencias sanitarias cuando hay follón para coaccionar a los profesionales de la sanidad y obligarles a que digan que los heridos manteros lo han sido por la policía. Igualito que los miles de lesionados el pasado 1-O.

En ese recorrido de la mugre podemos llegarnos hasta esa plaza, que siempre fue un lugar apacible al que llevar a los más pequeños para que diesen de comer a las palomas, donde veremos a varias personas con tiendas de campaña, banderas separatistas, cartones, carritos de supermercado repletos de basura, chinches y basura. Son una extraña mezcolanza de homeless, separatistas y vividores. Los independentistas, digámoslo todo, son campistas urbanos a tiempo parcial. Su lema “Acampada por la República” no ha tenido mucho éxito entre los suyos que, obviamente, prefieren dormir cómodamente en sus camas, calentitos y al abrigo de la intemperie. Dicen que llevan sesenta y tantos días ahí – bueno, se organizan en turnos, ustedes ya me entienden – reivindicando lo que se votó en aquel referéndum de opereta, defendiendo la democracia, la tierra, el retorno de los exiliados, la libertad de los presos políticos y bla bla bla.

A diferencia de los CDR, Comités de Defensa de la República, estos héroes de la independencia carecen de apoyo porque, seamos sinceros, reivindicación y jabón no deberían estar reñidos, siendo los neo convergentes gentes de orden y ducha diaria. No hay más que ver a Elsa Artadi para darse cuenta que los champús de pelo, el gel de baño aromático, el perfume caro o los abrigos de más de mil euros son su principal seña de identidad. No es criticar, es referir, porque a la que te acercas a ese campamento te invade un olor a humanidad que tumba de espaldas. Nada que ver con los aromas que emanan de la bancada de Junts per Catalunya en el Parlament, embriagadora, sutil mezcla de Loewe Quizás, Eau de Cartier u Omnia de Bulgari, por citar solo tres perfumes de los que usan las diputadas separatistas.

Poco se compadece tanta suciedad e incivismo con la idea de república, salvo que esta sea de chinches, ratas, enfermedades, porros e indigencia cruda, descarnada, que hiere a la vista y no parece molestar ni a procesistas ni a podemitas, que la toleran, la auspician, la promueven. Qué tristeza de ciudad.
Si hablan catalán, son de los nuestros, aunque sean pobres

Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Popular en el ayuntamiento barcelonés, no ceja en sus peticiones a la alcaldesa para que acabe con manteros, vendedores ilegales, ponga orden en las calles y acabe con ese campamento insalubre que parece una pústula en la piel de Barcelona. No le hace caso ni Dios, claro, porque ya sabemos que los del PP son malísimos, lo peor de lo peor, y vayan ustedes a saber que oscuras maquinaciones se trae entre manos Alberto pidiendo que las calles que transitamos los barceloneses, nuestros mayores, nuestros hijos, sean, como mínimo, seguras, limpias y estén en orden.

Que se infrinja la misma ordenanza municipal al tolerar todo esto no le importa un higo ni a Colau ni a los suyos. Que dé una pésima imagen de la Ciudad Condal a los turistas, aun menos. Que aquello sea una especie de Calcuta en miniatura, incluso puede que les haga gracia. Aunque esa gracia no se plasme en nada más, porque los indigentes que allí también se han congregado no han sido visitados ni una sola vez por los servicios sociales municipales. Digamos que entre ellos hay gente que padece heridas infectadas, enfermedades contagiosas, desnutrición, adicción a drogas. Pero a los podemitas repantingados en sus butacones de privilegio todo eso les parece una minucia. Que, al lado de la plaza, en otra muy cercana, la de Salvador Seguí, la gente se meta chutes de jaco, defeque, se masturbe o fornique como bestias tampoco debe ser relevante para la podemita concejal del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, ex ocupa.

Ya lo ven, es al derechoso, al terrible, al monstruoso Alberto a quien le inquieta toda esa gente, más allá de ordenanzas y legalidad, mientras que a los capitostes del rojerío mundial no se les mueve ni una ceja. Qué cosas. Porque uno podría llegar a aceptar lo que aquí, a fuerza de verse, hemos llegado a considerar, si no normal, al menos cotidiano. Que, por vía de ejemplo, en edificios de la Generalitat, como el Palau Moya, sito en plenas Ramblas, figure una enorme pancarta que en inglés advierte a los foráneos que el gobierno español asesina a la democracia y exilia a los gobernantes legítimos, o que en la balconada del mismísimo ayuntamiento se exhiba un lazo amarillo en solidaridad con los presos golpistas. Pero que se desatienda a gente sin vivienda, sin medios, que vive en la calle y se arrima a los de la estelada esperando así poder sacarse una comida diaria, ni que sea, es señal de que hemos tocado fondo en la sociedad catalana.

Los separatistas allí instalados comparten un bocata o una botella de coca cola con los pobres. “Pobrets, parlan català”, decía una jovencita de barrios burgueses que acude allí en busca de vaya usted a saber que redención, igual que debían hacer sus abuelas asistiendo a las sesiones de las Pías Damas del Ropero. Pobrecitos, hablan catalán. Claro, eso ya los redime de cualquier otra culpa. Que se queden siendo pobres, eso sí, porque nosotros ya les daremos una dádiva cuando sea procedente, no sea que se lo vayan a gastar todo en vino.

Insistimos, que eso lo haga la derechona de verdad, la de Pedralbes, la de los Pujol y los Carulla, es predecible. Pero que hagan lo mismo los que se reclaman como antorcha de revoluciones, vanguardia del proletariado y adalides de la clase obrera es repugnante. Son los Comuns el mejor y más eficaz aliado en la trama separatista, teniendo con ésta un punto en común: ambas ideologías, la separatista y la comunista, se arrogan el derecho a detentar la verdad de manera única e indiscutible. Así pues, si hay pobres sin atender no será culpa ni del ayuntamiento ni de sus responsables, la culpa será de Montoro, de Rajoy, de Rivera, del heteropatriarcado, del capitalismo salvaje y la OTAN. O, visto desde el lado de los de Puigdemont, de una España de rapiña que le roba a Cataluña. En fin. Si estos son los progresistas, los buenos, los que han de salvarnos a todos, apaga y vámonos.

Menos mal que el de derechas es Alberto.

el malestar ha llegado hasta a la guardia civil
Terremoto en la AVT: las víctimas 'echan' al presidente por reunirse con 'abertzales'
Una candidatura alternativa apadrinada por Ángeles Pedraza se presenta el próximo 5 de mayo como única lista
Roberto R. Ballesteros. elconfidencial 5 Abril 2018

El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, dejará el cargo a partir de mayo después de dos años al frente del organismo. Su salida se producirá en medio de una enorme polémica entre sus asociados que ha ido aumentando a lo largo de su mandato. Durante los últimos meses, el máximo representante de las víctimas ha mantenido reuniones con diferentes dirigentes de la izquierda 'abertzale' que no han sentado precisamente bien a los socios de la AVT.

En concreto, Sánchez ha tenido decenas de encuentros con el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, que fue concejal de Herri Batasuna en Tolosa (Guipúzcoa) antes de crear la coordinadora Lurraldea, que formaba parte del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, con el fin de luchar contra el trazado de la autovía Irurzun-Andoain. Tras conseguir cambiar el recorrido, fundó Elkarri también en el mismo entorno y con el fin de ganar presencia en las organizaciones pacifistas y dar la vuelta al lenguaje que estaban abanderando las asociaciones antiterroristas.

Las citas entre Fernández y Sánchez han tenido lugar en todo tipo de contextos, tanto públicos como privados, y han derivado en que la AVT pase de percibir 60.000 euros en subvenciones procedentes del Gobierno vasco durante la época de su antecesora, Ángeles Pedraza, a casi 200.000 euros en el periodo presidido por el actual representante de las víctimas. Sánchez asegura en su círculo más cercano que Jonan es su "amigo" y ante El Confidencial admitió hace semanas que esos encuentros habían tenido lugar.

Fuentes de su entorno aseguran además que ha tenido encuentros con el abogado donostiarra Urko Aiartza, que ha defendido a Batasuna en diferentes causas de ilegalización emprendidas contra el partido por la Audiencia Nacional, que formó parte de la candidatura de Euskal Herritarrok al Ayuntamiento de San Sebastián en las elecciones municipales de 1999 y que ha ejercido de enlace entre la izquierda 'abertzale' y diferentes organizaciones internacionales, como el Sinn Féin irlandés, el Congreso Nacional Africano o mediadores de conflictos como Brian Currin, que ha participado activamente en la última fase de desarme de ETA.

Sánchez no ha confirmado los encuentros con este último, aunque no han sido estos los que han colmado la paciencia de las víctimas. Las entrevistas que el todavía presidente de la AVT ha mantenido con la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y con el portavoz del Ejecutivo foral, Koldo Martínez, han sido las gotas que han colmado el vaso de las víctimas, que se han quejado en masa ante diferentes miembros de la cúpula de la asociación de lo que estaba haciendo. El propio Sánchez salió a la palestra pública el pasado 6 de febrero para pedir "disculpas" a las víctimas, como contó el 'Diario de Navarra', en unas declaraciones que no hacían más que mostrar abiertamente la división entre el presidente y el resto de asociados.

Ha sido la presión de estos últimos, de hecho, lo que ha provocado la salida definitiva de Sánchez, que inicialmente tenía previsto presentar su candidatura a la reelección como máximo dirigente de la asociación, pero que finalmente ha desistido de su idea al ver las pocas posibilidades con que contaba. Aunque su actuación no ha molestado únicamente a las víctimas. Sánchez es el séptimo presidente que tiene la AVT, pero el primer miembro de la Guardia Civil que ostenta el cargo. Y los movimientos de acercamiento a la izquierda 'abertzale' han incomodado también a destacados mandos del instituto armado, que han trasladado su malestar incluso a altos cargos del Ministerio del Interior.

De hecho, en el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido también había voces a las que no gustaba la actitud de Sánchez. En concreto, miembros de las fuerzas de seguridad que tienen responsabilidades en este ministerio han expresado igualmente su disconformidad con las decisiones del presidente de la AVT, aunque siempre en foros reducidos, dada la independencia política que tiene esta asociación tanto en la teoría como en la práctica. Los movimientos de Sánchez han llegado incluso al Centro Nacional de Inteligencia.

Miembros de la AVT consultados por El Confidencial aseguran que el 80% de los viajes que ha realizado Sánchez durante todo su mandato han sido al País Vasco, que no ha visitado ni Andalucía, ni Extremadura, ni Galicia ni Asturias. El aún presidente de la AVT no contestó ayer la llamada de El Confidencial, con lo que no pudo confirmar este dato ni sus supuestos encuentros con Aiartza, como tampoco dar su versión sobre la polémica, que se extendió hasta el beneplácito que dio Sánchez a los acercamientos de presos de ETA anunciados por Francia, que provocó también división entre las víctimas.

Vuelve Pedraza como presidenta de honor
De momento, solo se ha presentado a las elecciones de la AVT que se celebrará el próximo 5 de mayo una candidatura en la que no está Sánchez. La lista está conformada por Maite Araluce Letamendía, Inmaculada Sánchez Polo, Narcisa López Castro, Ana Isabel Díaz Delgado y Milagros Valor San Román. Araluce Letamendía será previsiblemente la próxima presidenta del organismo, dado que no hay otra candidatura. Es hija de Juan María Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa desde 1969 hasta que fue asesinado por ETA el 4 de octubre de 1976. Lleva en la AVT desde 2005 y formó parte del equipo de Ángeles Pedraza como delegada de la asociación en Navarra, Jaén y Granada desde 2011. Durante el mandato de Sánchez, Araluce ha seguido siendo delegada en estas dos últimas ciudades.

Sánchez Polo es hermana del policía Juan Manuel Sánchez Polo, herido en un atentado cometido por ETA el 14 de diciembre de 1990 en San Sebastián, y comenzó su andadura en la AVT como delegada en Extremadura con Pedraza como presidenta. Va como vicepresidenta en la candidatura. López Castro —que está como secretaria en la lista— está casada con Eugenio Casasola Paz, herido por ETA en 1991, y también formó parte de la junta directiva de Pedraza como secretaria general primero y como vicepresidenta después. Díaz Delgado —futura tesorera, previsiblemente— es hermana de Francisco Javier Díaz Delgado, policía asesinado por la espalda por pistoleros de la banda en Barcelona en 1991 junto a su compañero. Es delegada de la AVT en Asturias desde que la nombró Pedraza en 2014. Valor San Román, viuda de Vicente Marín Chivas, asesinado en el 11-M, se asoció a la AVT en 2005. Ahora será vocal en una candidatura que además contará con Pedraza como presidenta de honor.

Según anuncia la nueva candidatura en una carta remitida a todos los socios a la que ha tenido acceso El Confidencial, su labor en caso de ser elegida será la de "devolver a la AVT al lugar donde siempre tuvo que estar". En concreto, al "prestigio institucional y social tanto a nivel nacional como internacional" del que asegura que "ha desaparecido en estos dos últimos años". "Es necesario volver a la posición de independencia que tuvimos y que nunca debimos de perder respecto a cualquier tipo de órgano o presión externa, como demostramos en los años de Ángeles Pedraza", añaden.

El directivo de Marcilla y Saimaza pidió el boicot a Banco Sabadell por usar el castellano
El directivo Xavier Mitjavila aseguró hace unos días en su cuenta de Facebook que España es un "estado fascista".
Libre Mercado 5 Abril 2018

Xavier Mitjavila, el directivo de Jacobs Douwe Egberts (JDE), propietaria de marcas como Marcilla, Saimaza, Hornimans, Tassimo o L'Or, sigue dando que hablar.

Mitjavila salió a la luz pública hace unos días, cuando publicó en su cuenta de Facebook que "España es un Estado fascista" junto a un lazo amarillo en solidaridad con dirigentes separatistas. Tras conocerse las opiniones de Mitjavila, las peticiones de boicot a estas enseñas no se hicieron esperar en las redes sociales.

Pero esta no es la primera vez que el directivo de la empresa holandesa con sede en Barcelona se posiciona a favor del independentismo en internet. Tal y como ha publicado Dolcacatalunya.com, en el año 2015, Xavier Mitjavila cargó contra Banco Sabadell por usar el castellano en sus comunicaciones.

De hecho, el propio directivo no dudó en promover el boicot contra la entidad catalana por este motivo. "El banco de millones de empresas y a partir de ahora, el de Rita la Cantaora. ¡Patéticos!", dijo. Ahora, son los usuarios de Twitter los que están haciendo lo mismo contra las marcas de café y té para las que trabaja.
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