AGLI Recortes de Prensa   Sábado 7 Abril 2018

Los Presupuestos que realmente necesitaría España
EDITORIAL Libertad Digital 7 Abril 2018

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha vuelto a descolgar con un proyecto de Presupuestos Generales del Estado profundamente erróneo, no solo desde el punto de vista económico y fiscal, sino también político. Lo único que busca la propuesta del PP es intentar contentar a parte de su electorado con algunas migajas presupuestarias en forma de subidas salariales a los funcionarios y aumento de las pensiones mínimas, exhibiendo con ello un nefasto cortoplacismo que en nada contribuye al interés general del país, pero tampoco a su propio partido.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vanaglorió el pasado martes de presentar en el Congreso los Presupuestos con el mayor gasto social de los últimos años, bajo la excusa de devolver a la sociedad parte del sacrificio que había realizado durante la crisis. Sin embargo, lo único que ofrece este proyecto es un nuevo incremento del gasto público, con un aguinaldo de 4.000 millones de euros a repartir entre pensionistas, funcionarios y rentas bajas para captar votos, aprovechando la recaudación extra que posibilitará el crecimiento económico y la creación de empleo durante 2018. Y ello, a pesar de que España es el único país del euro que supera el umbral máximo de déficit del 3% del PIB y de que la deuda ronda el 100%, el mayor nivel en un siglo.

La irresponsabilidad y ceguera del Gobierno en esta materia no puede ser mayor. En primer lugar, porque lo último que requiere España es despilfarrar más dinero del contribuyente. El gasto público total rondará los 490.000 millones de euros en 2018, equivalente al 40,5% del PIB, casi 20.000 millones más que en 2017. El número de partidas, entes y organismos susceptibles de ser eliminados o, como mínimo, de reducir costes es, sencillamente, ingente. Tan solo prescindiendo de las onerosas e improductivas subvenciones que reciben todo tipo de sectores y actividades, así como las empresas y organismos inútiles y las ineficiencias que presenta el sector público, especialmente a nivel autonómico, los contribuyentes se podrían ahorrar cada año entre 50.000 y 70.000 millones de euros sin grandes esfuerzos, dejando intactas las partidas destinadas a pensiones, educación, sanidad y protección social.

Un ahorro de estas características, sumada a la recaudación adicional proveniente de la recuperación económica, permitiría al Gobierno plantear una sustancial rebaja de impuestos, además de acabar con el déficit y empezar a amortizar deuda para reforzar la solvencia del Estado. De este modo, mataría dos pájaros de un tiro, ya que, por un lado, propiciaría una automática y generalizada subida de sueldos y rentas muy superior a la presentada en los Presupuestos. Todos los contribuyentes, desde pensionistas y funcionarios hasta parados y trabajadores, verían incrementadas sus nóminas de forma significativa gracias a la existencia de una menor carga fiscal, con todo lo que ello supone desde el punto de vista electoral. Pero es que, además, dicha medida también ayudaría a impulsar la creación de riqueza y empleo, acelerando con ello la salida definitiva de la crisis. El único que perdería con este planteamiento sería el funesto clientelismo político, social y empresarial que vive de la sopa boba que les ofrece la estructura pública a costa del bolsillo de los contribuyentes.

Además, España en ningún caso se puede permitir un Estado que gaste más de lo que ingrese y aún menos que desvalije al sector productivo mediante elevados impuestos con tal de mantener su chiringuito en pie. Con una deuda del 100% del PIB, es una absoluta temeridad disparar el gasto público. También es cierto que, dada la situación política actual, el Gobierno no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos, pero puestos a negociar, al menos presentar un plan que sea realmente beneficioso para los españoles y el interés general del país, sin plegarse de buenas a primeras a los postulados presupuestarios de la izquierda política y mediática.

Cuentas para el corto plazo
MARÍA VEGA El Mundo 7 Abril 2018

Esta semana, el mismo día en que el ministro de Hacienda registraba sus Presupuestos en el Congreso, el Banco de España acogía una conferencia bajo el título España:De la recuperación a la resiliencia. En ese evento, el número dos del FMI, David Lipton, advirtió de la necesidad que tiene nuestro país de prepararse para afrontar futuras crisis con una mayor fortaleza que la recién pasada. Y el gobernador del Banco de España,Luis María Linde, señaló nuestra gran debilidad: una desorbitada deuda pública que costará «varias décadas» rebajar al 60% del PIB, como marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Según el pendrive de las cuentas públicas que Cristóbal Montoro entregó a la presidenta del Congreso, el Estado destinará en 2018 al pago de intereses de la deuda 31.547 millones de euros. Una cifra que representa el 8.9% del gasto total del Presupuesto y es mayor que otras partidas como el paro (5%) o los servicios sociales (5,6%). La deuda pública superará este año el billón de euros. Por suerte, en el último trienio el PIB ha crecido y ésta se situará en el 97% de nuestra riqueza nacional, lejos del 35,6% de 2007, pero sin llegar a rebasar la barrera psicológica del valor del Producto Interior. Antes de la crisis, la deuda pública per capita de los españoles era de 8.400 euros. Ahora, cada español debe 24.583 euros por los gastos del Estado.

El récord en recaudación que prevén los PGE este año podría destinarse a reducir deuda o a invertir en I+D+i. Partida esta última que, por cierto, apenas representa el 2% del Presupuesto, un pírrico porcentaje que incluso podría no ejecutarse, como ocurrió en 2017. Sin embargo, eso sería trabajar por el largo plazo.Y en política, el cortoplacismo es más rentable.Sobre todo cuando se está en un Gobierno en minoría noqueado por el socio que sostiene la legislatura.

Nacionalismos
TADEU El Mundo 7 Abril 2018

Finalmente, el desafío independentista se ha europeizado, voluntariamente por parte de unos, involuntariamente por parte de otros, por mucho que la Comisión siga escondiendo la cabeza debajo del ala y el Consejo se haga el sueco, hoy por ti mañana por mí, o el Europarlamento haga seguidismo. La hasta ayer exótica posibilidad de que un Llarena acuda al TJUE por vía prejudicial a discutirle a un tribunal de otro Estado miembro una (des)estimación parcial de una euroorden (¡y eso que aún Bélgica y Reino Unido... y Suiza no se han pronunciado!) lo deja bien claro. No hay que tener miedo a que se abra un debate europeo sobre el asunto catalán, vasco, escocés, flamenco o corso en Europa. Como con respeto a Polonia y Hungría. Las fiebres nacionalistas que acechan a Europa no se resolverán con la lengua de madera ni con el "eso son cuestiones internas". Más Europa y menos nacionalismo. Estatal, también.

Solo un chorizo
Santiago González El Mundo 7 Abril 2018

Hoy manda una noticia sobre todas: la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de poner en libertad a Puigdemont al no apreciarle el delito de rebelión que le imputa la instrucción del Tribunal Supremo. Y no hay rebelión porque no aprecia el tribunal alemán la existencia de violencia, no porque no se dieran episodios, sino porque esos hechos no fueron capaces de doblegar la voluntad de los órganos constitucionales españoles.

Hay otros asuntos, pero están en este. Llama la atención que un tribunal regional alemán pueda enmendar la plana a la instrucción del Tribunal Supremo español. En apenas 48 horas han corregido una instrucción de meses del alto tribunal español. Es el principio del fin de la UE. Hay una falta de concordancia judicial entre países soberanos. La violencia "capaz de doblegar la voluntad" requeriría que el golpe de estado triunfase para que el juez alemán apreciara la existencia de violencia y entonces la cosa no tendría remedio. Dicho de otra manera: Ese juez tampoco vería violencia en el golpe de Estado de Tejero. En ningún momento los asaltantes del Congreso fueron capaces de doblegar la voluntad del Gobierno y el poder legislativo, secuestrados por los golpistas.

Otro asunto es el autorretrato de los catalanes que celebran con inexplicable alegría la noticia de que un juez alemán no considere a Puigdemont como un rebelde o un golpista, sino como un corrupto o un chorizo, condiciones que deben de parecerles más compatibles con el título de honorable.

Tres son las posibilidades para la justicia española: aceptar la entrega bajo la limitación de juzgarlo solo por malversación, ampliar la euroorden para incluir el delito de sedición o retirarla. Sería la segunda vez que el juez Llarena retira la euroorden, lo cual no sería bueno para la imagen exterior de nuestra justicia, pero nada sería tan grave para esa imagen, que es la imagen de España, como la humillación de nuestro Tribunal Supremo por un órgano de nivel irrelevante. Que se mueva por Europa durante los 20 años que tarde en prescribir su delito o hasta que caiga en un país que no esté dispuesto a soportar a este cantamañanas.

A hacer puñetas
Javier Somalo Libertad Digital 7 Abril 2018

Podemos pensar que la Unión Europea es un engendro de burocracias nacionales regida por una burocracia superior que genera normativas y funcionarios a granel, podemos deducir pues, que las partes y el todo no tienen nada en común y que queda un largo camino para que sea una realidad al servicio del ciudadano. Pues sí. Pero mientras eso se arregla, si es que es posible, lo inadmisible en este negro abril de 2018 es que un estado miembro, España, haya renunciado a sofocar un golpe de Estado interno.

No estaríamos en Alemania ni habríamos pasado por Bélgica o Suiza de haber tenido los arrestos para acabar con el órdago separatista en casa. Pero Pilatos se lavó las manos dejando el destino de España en la bocamanga de los jueces. Pocas veces un gobierno ha estado tan respaldado como el de Rajoy para plantar cara a los golpistas. Habíamos pasado del "hablando se entiende la gente" o el "habrá que intentarlo" de Juan Carlos I a los puños apretados y el discurso firme de Felipe VI; de la mayoría acobardada y silenciosa a la Tabarnia –a Dios gracias– escandalosa. Pues nada. En España, el Ejecutivo está concebido para vivir en La Moncloa, y de la política de Estado que se encarguen los tribunales. El desgaste por la defensa de la democracia y el imperio de la Ley que se lo remitan al juez Llarena y a su familia, que ya sufren el terrorismo de la diana en la frente.

Rajoy sólo habla de Economía y de Europa. La primera, por bien que pueda progresar y por más que sea éxito de todos, no tanto del Gobierno, está ahora en manos del PNV que se deja ofertar. Y de la segunda, estamos viendo los frutos y la anoréxica imagen de nuestro país. Ni con José María Aznar ni con Felipe González habríamos hecho parada y fonda en montañas lejanas. Gracias a Mariano Rajoy, la herencia envenenada de José Luis Rodríguez Zapatero emponzoña nuestras instituciones a un ritmo sobrecogedor.

El gobierno de España está instalado en la política de pudridero y en acatar, por no madrugar, lo que digan los tribunales propios y ajenos. ¿Es esto gobernar? No, pero hay todavía más insultos que inventariar. El pago de la fianza al golpista Puigdemont lleva el sello del Banco de España y ha salido de los Presupuestos del Estado, los mismos que costean cada afrenta en TV3. ¿Alta traición? Sí, pero dónde. ¿Malversación? También, pero de quién. "Ni un euro –dijo Cristóbal Montoro– se va a dedicar al referéndum". Pues además de que aquello era mentira, ahí están –una vez más– Omnium Cultural y la ANC, o sea, la República de Cataluña declarada y firmada, depositando el sucio dinero español porque Madrid sí paga traidores.

En España se hizo una abdicación histórica sin Ley: se tuvo que pergeñar después del hecho consumado porque nadie se lo había planteado aunque algunos achaquen a Spottorno un papel brillante y crucial en la improvisación. Es todo así, como cuándo los franquistas se preguntaban qué llegaría después de Franco porque no concebían "el hecho biológico inevitable". No es que legislemos en caliente, como dicen los oportunistas, es que se hace casi siempre tarde y mal, derogando lo útil e hipertrofiando lo obvio, creando instancias especiales allí donde bastaría lo ordinario, si se aplicara, claro. Y ya no somos una democracia joven, como se solía justificar en los casos más sonados de inepcia legislativa. Que van 40 años.

España se ha ido a hacer puñetas en Cataluña usando a los jueces para esconder la cobardía. Se tarda mucho en confeccionar tanto bordado y encaje que adornan las bocamangas de las togas, por eso se hacían en conventos, y hasta en cárceles, en los largos tiempos muertos del retiro. Ahora la solución togada al golpe, por omisión del deber de gobierno, se complica con interpretaciones extranjeras que sólo confirman otra desgracia más: la insistencia de Europa por autodestruirse. Eso sí, a imagen de España.

Confianza en la Justicia española
 larazon 7 Abril 2018

Carles Puigdemont abandonó ayer la prisión de Neumünster donde ingresó tras ser detenido en aplicación de la euroorden dictada por España. Lo hizo después de que la Audiencia de Schleswig-Holstein descartara el delito de rebelión en el proceso de extradición a España y ordenara su puesta en libertad mientras estudia la entrega por malversación.

No era el resultado esperado después de una intachable instrucción del juez Pablo Llarena y de un detalladísimo auto de procesamiento en el que se acumularon pruebas difícilmente rebatibles contra el prófugo ex president. No obstante, el rechazo de la petición de la Justicia española era una posibilidad inherente a todo procedimiento judicial. La decepción por la desastrosa decisión del tribunal regional germano era tan lógica, como esperada la euforia desmedida de los cenáculos golpistas catalanes.

Pero después de la desazón y la indignación es momento de no perder el norte ni caer en el derrotismo. Carles Puigdemont no ha extinguido sus causas con la Justicia española ni su horizonte está despejado de la posibilidad cierta de importantes penas de prisión –sólo la malversación agravada puede acarrear una condena de hasta 12 años de prisión, además de los años de inhabilitación–.

El proceso de entrega sigue su curso y la Justicia española tiene instrumentos para apuntalar la razón de sus actos. Ayer mismo se conoció que el magistrado Pablo Llarena y la Fiscalía General del Estado estudian cuestionar el fallo alemán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pedirán aclaraciones sobre el alcance de la decisión marco que activó la euroorden y los procedimientos de entrega entre Estados miembros después de que la Audiencia de Schleswig-Holstein entrara en el fondo del asunto para rechazar la reclamación de España sobre Puigdemont.

Entendemos que existen razones para censurar la labor del tribunal germano que se extralimitó en sus funciones al valorar la comisión o no del delito, en este caso de rebelión, lo que no permite el orden jurídico europeo, en lugar de verificar si la demanda española tenía soporte en el Código Penal alemán. Hay fundamentos sólidos para creer que el TJUE debe corregir el exceso de los jueces alemanes, porque además se supone que Europa es un espacio común de colaboración para que los delincuentes no deambulen a sus anchas por el territorio.

En cualquier caso, el separatismo, al igual que ha venido haciendo hasta ahora, aprovechó la coyuntura para desacreditar el trabajo de los jueces españoles, especialmente el de Pablo Llarena, y sentar una patética cátedra sobre la imprescindible rectificación de los encausamientos de los cabecillas separatistas. Nada que se saliera del guión por muy obscenamente intelectual que nos parezca la provocación.

Más difícil nos resulta comprender que la dirección del PSOE se descolgara en un día tan complicado con comentarios ventajistas como que el presidente Rajoy debía dejar de esconderse «detrás de las togas» en la cuestión catalana ante las «limitaciones de una estrategia judicial para una crisis política». Si no supone un volantazo sobre el discurso mantenido hasta ahora, lo parece. Ferraz debería aclararlo más temprano que tarde, salir de la nebulosa que le presta el PSC y concretar si su posición es la de borrón y cuenta nueva tras el golpe.

Más allá de los demagogos y los oportunistas que celebraban el revés de la Justicia española, creemos que toca dejar trabajar a los tribunales, especialmente al Supremo, auténtica élite de la magistratura, respetar los procedimientos de nuestro sistema plenamente garantista y esperar a que se sustancien los procesos que depuren las gravísimas responsabilidades contraídas contra el orden constitucional, que, no lo olvidemos, sigue hoy amenazado por esa organización insurrecta definida por la jueza Lamela como criminal.

Entrevista a la senadora colombiana y Gran Premio Humanitario de Francia

Alberto D. Prieto okdiario 7 Abril 2018

Sofía Gaviria no es sólo senadora de la República de Colombia, es víctima de las FARC, las autodenominadas Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, unos narcoterroristas que han pasado más de medio siglo extorsionando, asesinando, narcotraficando, secuestrando, reclutando forzosamente niños y violando niñas. Su hermano Guillermo, líder político en Antioquia fue secuestrado y asesinado por quienes hoy quieren dar lecciones de reconciliación sin entregar los fusiles ni la fortuna acumulada, sin arrepentirse ni renunciar a su proyecto totalitario.

Sofía Gaviria (Medellín, 1968) es más que senadora por el Partido Liberal, es la voz de las víctimas y antes fue cooperante, licenciada en Políticas, trabajadora humanitaria en la antigua Yugoslavia. Este sábado recibe en París el Gran Premio Humanitario de Francia por su liderazgo de la mayor asociación de víctimas del terrorismo del mundo. En sólo tres años, son ya alrededor de 180.000 afiliados, entre los nueve millones de personas afectados por un conflicto que el presidente saliente, Juan Manuel Santos, prometió que se acababa a finales de 2016. “Pero es falso”, espeta, “ya todo el mundo sabe en Colombia que no hay paz, y en las elecciones del 27 de mayo nos jugamos la democracia… así está Colombia, en ese precipicio”.

PREGUNTA.– ¿Son las víctimas las grandes olvidadas?
RESPUESTA.– A este galardón me postularon por el trabajo que habíamos hecho de organizar a las víctimas de las FARC para que tuvieran una voz representativa, una sola voz. Pero hay otras víctimas muy olvidadas, un reto de toda la sociedad colombiana, las que sufren el hambre en las comunidades indígenas. Lo denunciamos en la UNESCO, en el Congreso, en el Senado, en Francia, en Bruselas… y se reconoció nuestro trabajo. Ahora, hay que seguir defendiendo y denunciando hasta que superemos esta vulnerabilidad, porque queremos que sea una condición, no una maldición en el tiempo.

P.– ¿Este sería uno de los aspectos que habría que tocar en los pactos de Santos y Timochenko?
R.– Sí. Hacer realidad los derechos de las víctimas en el acuerdo con las FARC, resumiría lo que hay que hacer con ese texto. Primero, en términos de Justicia: en ningún proceso de paz en pleno siglo XXI se permitiría que responsables de criminales de lesa humanidad. Debe ir a la cárcel todo el secretariado [de las FARC] en bloque. Segundo, que no puedan acceder directamente a la representación política. Tengo la esperanza y no renunciaré nunca a que los representantes públicos sean ejemplares para la sociedad. El tercer tema es la reparación de las víctimas en lo material. Las FARC no han entregado, ni siquiera declarado, la mayoría, de su patrimonio, que debe ser confiscado. El cuarto tema es el de la verdad: el 85% de los crímenes de las FARC están claros, más allá de dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Pero son las víctimas de otros sectores las que piden la verdad: las del Estado, de otros actores violentos que hacen parte del conflicto y siguen matando.

P.– ¿Algo más?
R.– Sí, un quinto punto, por supuesto. Que se diga la verdad sobre el proceso. Nosotros denunciamos que las FARC no eran el único actor violento, decir eso era una mentira como una catedral. En Colombia, ya todo el mundo reconoce que no hay paz, las víctimas no se reducen, hay desplazamientos y reclutamiento de menores. La semana pasada se reclutó a tres niños por las disidencias de las FARC que trabajan en llave con el ELN. Se ha entregado al institucionalidad, y todos los principios básicos que no se deberían violar en un proceso que debe respetar los derechos humanos.

P.– ¿Qué se juega Colombia en las próximas elecciones presidenciales?
R.– Otra vez estamos en un esquema manqueo de los que defienden a ultranza el acuerdo firmado y los que defendemos que haya un proceso que sí lleve a una mitigación del conflicto, con unas condiciones aceptables, para que esto no mute a otro tipo de conflicto, que es lo que está pasando. Las disidencias de las FARC son más grandes que lo desmovilizado. Esperemos que los colombianos entiendan que debemos construir una sociedad más justa. Eisenhower decía que la Justicia y la paz son dos caras de la misma moneda.

P.– Entre los candidatos, Gustavo Petro, Vargas Lleras, De la Calle, Iván Duque… ¿quién debe ser el presidente?
R.– Cualquiera que entienda que los acuerdos hay que reformarlos en esos mínimos.

El único candidato en este momento en Colombia comprometido con la mejora de los acuerdos con las FARC es Iván Duque
P.– Entiendo que apuesta por Duque, del Centro Democrático liderado por Álvaro Uribe. Pero ése no es su partido. Ese manifiesto que usted ha firmado…
R.– Ese manifiesto no lo he firmado, es una fake news de las muchas que se están haciendo en Colombia. No he hechos ningún pronunciamiento sobre adhesiones a ningún candidato. Pero sí he dicho claramente que no voy a estar con cualquier candidato que esté en coalición con las FARC o que diga que los acuerdos no necesitan ningún cambio. Yo soy una persona de centro, del Partido Liberal, estoy representando en el Congreso a las víctimas de las FARC. La gente lo sabe: es claro que no estoy con el candidato de mi partido, Humberto de la Calle, que llegó al cargo por una consulta ilegítima, ilegal, obscena… donde se excluyó a las mujeres, a las víctimas, a las comunidades religiosas… Entonces, se ha elucubrado muchos sobre mi apoyo y el de las víctimas, porque es evidente que el único candidato que en este momento se perfila como comprometido con esa mejora de los acuerdos es Iván Duque.

P.– Y ésa es la razón por la que alguien ha elaborado ese texto falso…
R.– Sí.

P.– Su empeño en permanecer en el Partido Liberal, que no la dejó presentarse a la Presidencia y casi le impide repetir candidatura al Senado, no parece tener sentido.
R.– El partido está perdiendo los militantes, no lo quieren votar. En el futuro tendré que decidir, pero en estas elecciones no podía hacer otra cosa. El Partido Liberal tiene un deterioro de años que se ha acrecentado en esta coalición con Juan Manuel Santos, un gobierno que no tenía nada de liberal, que vendió el patrimonio público, incrementó el IVA y los impuestos a la clase media y baja, que dejó morir a miles de niños de hambre en Colombia porque no priorizó la atención a los más vulnerables, que mintió en el proceso de paz, se olvidó de las víctimas, que no defiende los principios republicanos de democracia, que nadie puede estar por encima de la ley… Todo eso ha hecho que Sofía Gaviria casi sienta que perdió la batalla por la defensa del propio partido. Es un enfermo terminal sin forma de salvarse.

P.– Se puede reunificar al pueblo colombiano, dividido al 50% entre el sí y el no a los acuerdos?
R.– Que haya dos polos no quiere decir que esté a la mitad. Antes sí, pero ya no, porque todo el mundo ve la realidad del proceso y las mentiras que se dijeron. Cada una de las hipótesis que dijimos sobre ese acuerdo en su momento son ya realidades. El proceso tiene un rechazo del 80% de la sociedad colombiana, según todas las encuestas. Y es difícil encontrar a un presidente con mayor rechazo en la historia sostenido en los últimos dos años como Santos. El candidato del CD hoy en día tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta, con mayoría absoluta, porque enfrente están intentando una coalición de todos contra él, no importa qué opinen de qué. Y esa falta de claridad con las FARC frente a la coherencia de años del CD contra ellos está premiando a Iván Duque.

P.– ¿Qué va a pasar con la negociación que dejará Santos sin cerrar con el autodenominado Ejército de Liberación Nacional?
R.– Estos terroristas siguen actuando. Hacía muchos años que no atentaban en el departamento Atlántico. Y ha habido tres ataques en febrero. El ELN ya exige como mínimo las prebendas que le dieron a las FARC. ¡Eso es lo que nos entrega Santos! Una guerrilla crecida, un país con 220.000 hectáreas de coca sembrada, que nunca tuvimos tanto y ése es el fuelle del conflicto. Además, están las disidencias de las FARC, que son el brazo armado del partido FARC. Porque se ha demostrado que están en contacto desde el monte con el secretariado.

P.– ¿Hace falta en Colombia un cambio constitucional?
R.– Sí. El contrato social según Rousseau está perdido. La confianza en la institucionalidad y el compromiso de legalidad que media en esa confianza está perdido. La cultura de la ilegalidad está implantada en la sociedad colombiana. Los acuerdos con las FARC han reformado la Constitución y se han impuesto sobre ella, atentando contra la Carta Magna completamente. Habría que hacer una gran constituyente que recupere ese pacto social, e iniciemos un ciclo distinto basado en el respeto a los derechos humanos universales, nada más. Ése es el mínimo para un país que pretenda entrar en la modernidad.
Venezuela como problema regional

P.– Con este escenario, ¿teme usted una venezolanización de Colombia?
R.– Ya la tenemos en muchos aspectos. Hay ya más de un millón de venezolanos viviendo en las condiciones más dolorosas en Colombia. Era el vecino rico y desperdició sus bonanzas petroleras. Están en situación dramática. Los muchísimos venezolanos que he visto se asustan ahora por cómo ven la historia de Venezuela a punto de repetirse en Colombia. ¡Es un escenario muy peligroso! Hay un candidato que es socio, defensor y amigo de Maduro, que ha dicho en público que aspira a que gane: es Gustavo Petro. Así que es un escenario mucho más real de lo que la comunidad internacional piensa. Y segundo, cómo estamos atendiendo a estos migrantes venezolanos. Colombia es un país con siete millones de desplazados y nueve millones de víctimas que no han sido atendidas, y recibimos ahora un millón de venezolanos en las condiciones más paupérrimas. Eso es caldo de cultivo para cualquier populismo. Ése es un peligro real e inmediato de cara a estas elecciones.

P.– ¿Cuál es su postura concreta respecto a la tiranía de Nicolás Maduro? Si usted se hubiera podido presentar a la Presidencia, ¿cuál sería su política con el vecino?
R.– La política que se debe hacer con cualquier dictador: rechazo completo, bloqueo y atención especial a las migraciones.

P.– Los líderes opositores venezolanos están de gira: han visto a Rivera, a Rajoy… y al ex presidente González. ¿Qué pasa en el PSOE que Sánchez no tiene agenda y Zapatero tiene una postura más cercana a Maduro que a la oposición democrática?
P.– No está claro. Con todo respeto, España no sería el país que es sin Latinoamérica, eso es una realidad. Su peso se lo dan los millones de latinoamericanos, que hablamos castellano y tenemos una historia común. Así que la claridad deben la defensa de los derechos humanos de los europeos y particularmente de los españoles frente a los países Latinoamericanos tiene que ser absoluta. Un dictador como Maduro en Europa no se permitiría. Ni las atrocidades contra los derechos humanos que comete contra la disidencia. Ni su complacencia con los terroristas colombianos. Así que hay que pedirle al PSOE y a cualquier partido que pretenda ser democrático que sea coherente con lo que se pide para su territorio. Como decía Almunia, es muy fácil hacer las revoluciones a miles de kilómetros.

El populismo en España
P.– Me acaba de nombrar a los terrorista colombianos y su relación con la tiranía venezolana… No puedo evitar preguntarle por la relación de ésta con Podemos.
R.– La aspiración de hacer una coalición universal nace desde hace hace muchísimo, acuérdese del manifiesto comunista y ‘el fantasma que recorría Europa’. Parecía superado tras la caída del muro, pero esta involución del socialismo, que ha sido el de Chávez y el de la dictadura de los Castro, la de Maduro y lo que se pretende implantar en Colombia a través de las FARC es la asociación natural de quienes profesan el mismo credo. Es normal ver coaliciones, tapadas o abiertas. recuerde que la relación de ETA con las FARC y el ELN fue demostrada. El concierto para delinquir o atropellar la democracia está servido en un mundo globalizado.

P.– Usted tiene relación con España por su matrimonio con Jaume Guardans. ¿Ve alguna relación entre el populismo el independentismo?
R.– Es un fenómeno ya mundial el maniqueísmo de la política. El triunfo de los extremos, de las vísceras sobre de la razón. La terminación de los argumentos y el empoderamiento de los sentimientos. Eso es muy preocupante y sólo sirve a los extremos.

P.– Gana Trump, sigue Putin, la tiranía venezolana, el riesgo en Colombia, el independentismo en España… ¿Cómo se podría frenar desde la política?
R.– Estamos en una cultura de imágenes inmediata, muy rápida. Una cultura frívola en el fondo. Lo superficial necesita emotividad, la piel. Habría que cambiar este proceso, hacer una pedagogía desde los medios, desde los políticos, las universidades: tomarse un poco más de tiempo antes de hablar, revisar la historia, leer más. Porque hoy todo es una frivolización de los temas. Usted ha citado mi relación con Cataluña. Como colombiana, tengo muy buena recepción en España, me siento muy bienvenida en cuanto escuchan mi acento… hasta que, en el resto de España, les digo que mi esposo es catalán, y en la mayoría de los casos ya no les parece tan bien. Es una predisposición. En términos de Platón, ya perdimos la aspiración de salir de la caverna y ver con luz los problemas.

P.– ¿Le pide usted algo en concreto a la UE para Colombia y Venezuela?
R.– No le pido más ni menos que lo que ellos están todo el tiempo diciendo que defienden: la democracia, los derechos humanos, la libertad de los pueblos. En Venezuela no hay un Gobierno legítimo, hay una dictadura. Y ésa es una de las esencias de la UE, la defensa de la democracia.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
La Unión Europea era esto

La Verdad Ofende  latribunadelpaisvasco.com 7 Abril 2018

Ayer conocimos que el Gobierno Rajoy envió órdenes muy precisas y taxativas a los policías destacados en Cataluña tras el golpe de Estado para no subir a las redes los videos de los cientos de agresiones sufridas por los golpistas CAT, repitiendo el modelo europeo impuesto a la prensa de no dar difusión a las noticias de los miles de abusos sexuales atribuidos a refugiados musulmanes.

Después de ver las barricadas e incendios en las carreteras, las muchas coacciones, amenazas y señalamiento a jueces, la manifiesta fractura social de la próspera Cataluña, las decenas de policías heridos y guardias civiles rodeados asaltados, acosados, insultados y agredidos, armas robadas y vehículos vandalizados y destruidos, ha tenido que venir un juez alemán que ejerce a 2.000 kilómetros de España a afirmar que el "procés" del separatismo CAT no fue violento porque era impotente.

Este es el peregrino razonamiento juridico del tribunal alemán:
“Consideramos que la violencia de la que es responsable Puigdemont no era apropiada para someter al Gobierno central a una capitulación".

Y lo dejan libre. Con un par...

Europa prometió a quienes respetarán los valores democráticos, la prosperidad de un mercado único cimentado en un entorno de respeto a la ley, la soberanía y unidad de los estados miembros de la unión, y la fortaleza que el bloque Europeo representaba ante un nuevo y competitivo mundo globalizado.

Pero la realidad es una Europa elefantiásica y corrupta, cara y cobarde, lenta e ineficiente, entregada a alimentar una falsa prosperidad basada en contraer una impagable deuda externa en los mercados financieros, comprometiendo el futuro de las generaciones de europeos a quienes espera, bajo el paraguas de la “alianza de civilizaciones” la disolución de la cultura judeo cristiana occidental y la integridad de las naciones, desde una política de sustitución de la población, apoyando el aborto, la llegada masiva de inmigración y el silencio ante la imparable invasión islámica, cuyos crímenes se nos ocultan, recurriendo al epígrafe de “islamofobia” aplicado a quienes los denuncien.

Europa ha decidido no defender nuestras leyes ante el golpismo, olvidando que España es una democracia y es también soberana. Ni somos Alemania ni queremos parecernos a esa llamada ejemplar justicia centroeuropea que calló ante un fingido “suicidio” en prisión de los líderes de la banda terrorista comunista “Baader Meinhof”.

El Gobierno, sus socios y su "inteligencia" han financiado (siguen haciéndolo) el golpe de Estado. Es la hora del Tribunal Supremo, quien debe juzgar conforme a nuestra ley, debe ejercer nuestra soberanía y defender nuestra dignidad nacional sin un ápice de complejos ante quienes proclaman buscar la ruptura constitucional y nacional, blanqueados desde la izquierda y la circunspección europea.

No es que la rebelión existiera, no; está en marcha, hay que decirlo, se esta internacionalizando y el Gobierno Rajoy la financia cada día y desde años, demostrando una vergonzante y cobarde incapacidad en la aplicación del 155, poniendo en evidencia nuestro papel internacional, donde se permite una campaña de desprestigio y blanqueamiento a los golpistas, que califican a españa de totalitaria, tiránica y fascista.

El partido de Rajoy no puede defendernos ante las instancias judiciales, con avales como la mafia universitaria de la tramposa Cifuentes, o la sede del PP pagada en dinero B gracias a la trama Gurtel. Su corrupta incapacidad deja indefensos a los Españoles ante una rebelión que hoy ya goza del apoyo internacional de nuestros socios europeos.

España nunca debió permitir que nuestros “socios” europeos opinaran sobre nuestra soberanía, ni desde el maniqueo tribunal de Estrasburgo, ni desde Bélgica ni desde el estado de Schleswig-Holstein. Rajoy renunció a usar toda la fuerza de España en Europa (si su actitud sumisa y timorata dejo alguna) para exigir respeto a los tribunales y gobiernos europeos.

El verdadero problema no está en Alemania o en Bélgica sino en los gobiernos de España, que por décadas renunciaron defender la historia de la soberanía nacional y el Estado de Derecho, aquí y en Europa, arrodillándose ante el eterno chantaje separatista que hoy tiene secuestrados a millones de catalanes, un rendicionismo que nos deslegitima a la hora de pedir la firmeza a Europa que nuestros políticos no quisieron aplicar en casa.

Vimos hace días como el Gobierno se negó a colocar una casilla para enseñar español en las matrículas de Cataluña, lengua desaparecida institucionalmente en Galicia y en vías de extinción en Baleares y Valencia gracias a las leyes que aprobó el PP, no porque no haya demanda por el uso del Español, al contrario, es Rajoy quien no está dispuesto a liberar a los españoles de la condición de rehenes del separatismo.

España necesita liberarse de la corrupta Europa. La corrupción es el único cáncer y el peor de los males para una nación trabajadora y solidaria como la muestra, alimento de populismos que prosperan apoyados en la mentira históricista que el relativismo impuesto por la cobarde socialdemocracia europa permite, desde una izquierda revisionista que afirma ser el único referente de la democracia, un sistema que sólo la aceptó cuando ante el uso de la fuerza, perdió.

"Separatismo: artificio ideologico que se inventa un pais vecino para quedarse con un trozo del tuyo mientras te llama opresor"

Tres razones para el optimismo tras el varapalo alemán
Javier Caraballo EC 7 Abril 2018

Como somos país de extremos, el personal ha pasado de considerar Alemania “un país serio” a verlo como un país frívolo que se ha reído de España con la decisión de no extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión y, además, facilitarle la salida de prisión bajo fianza. Sólo las reacciones de los independentistas podrían superar ese quiebro extremo, porque la euforia desatada de ayer, al conocer la decisión del tribunal alemán, se llevó por delante los días previos, con Puigdemont en la cárcel de Neumünster, en los que daban por sentado que en la Unión Europea reinaba el fascismo y la represión. Pues ni una cosa ni la otra, ni unos extremos ni otros, porque la única certeza que puede constatarse en medio de ese barullo de opiniones precipitadas es que la decisión del tribunal alemán, objetivamente, supone un varapalo para el estado de ánimo de los defensores de la Constitución y del Estado de Derecho en España; desaliento de incomprensión que ya se ha experimentado en otras ocasiones cuando tribunales europeos han tenido que pronunciarse sobre conflictos territoriales de España. Pero ese desánimo lo único que no puede provocar es que se asuma, como propia, la nueva propaganda independentista contra las decisiones de los tribunales españoles. Sostienen desde ayer los distintos voceros del independentismo que la decisión de la Justicia alemana supone, de facto, la desacreditación del proceso penal abierto en España y eso ni es verdad, no hay ninguna regresión, ni tampoco se puede sustentar con el análisis del auto de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein. Estas son tres razones para el optimismo ante el varapalo evidente que supone la decisión del tribunal alemán.

Primera: la Justicia alemana no cuestiona que Puigdemont haya delinquido
Al poco de conocerse la noticia de la excarcelación de Puigdemont, uno de los partidarios del ex president se fue hasta las puertas de la cárcel en la que estaba y descorchó una botella de cava o de champán. Puede ser la primera vez que alguien brinda porque a una persona se le imputen formalmente delitos que pueden llevarlo a la cárcel durante diez o doce años, además de inhabilitarlo de por vida para el ejercicio de un cargo público por delitos de malversación de fondos que, por la cuantía de lo malversado, lo elevarían a la pena máxima. Eso no lo discute el tribunal alemán. En España y en Alemania, Puigdemont es un presunto delincuente; eso no ha cambiado. De hecho, se autoriza la extradición para que sea extraditado a España, donde sería encarcelado y juzgado.

Por otro lado, la mayoría de los titulares de prensa española erraban ayer, a mi juicio, al interpretar la decisión cuando afirmaban que “la justicia alemana niega que exista rebelión”. No se puede sostener esa afirmación por la sencilla razón de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no ha decidido la extradición de acuerdo al delito de rebelión sino al de alta traición, que es como se llama en el Código Penal alemán. Lo que ha determinado ese tribunal es que Puigdemont no ha cometido un delito de alta traición, que es lo que solicitaba la Fiscalía alemana y cuya redacción no es igual que la del delito de rebelión. Como no se puede extraditar a nadie por un delito que no esté contemplado en el país en el que se encuentra, resulta que Puigdemont no puede ser extraditado por alta traición. La razón de la negativa está en que el delito de alta traición en Alemania es más duro –con penas de hasta 30 años- y restringe el supuesto penal a quienes, con acciones violentas, logren doblegar y poner en riesgo el orden constitucional.

¿Quién puede discutir que en España la revuelta catalana no ha conseguido doblegar al Tribunal Constitucional? Pues eso es lo que afirma el tribunal alemán: "Se requiere que la violencia ejercida sobre terceros haya operado una presión tal sobre el órgano constitucional (afectado) suficiente para doblegar la voluntad opuesta de dicho órgano constitucional". Un analista jurídico consultado añade un elemento más al respecto que tiene un gran interés. Son cinco palabras que se añaden en el auto al párrafo anterior: ‘Das sei nicht der Fall’. “Es una construcción interesante –afirma- porque no dice 'das ist nicht der Fall', que sería 'este no ha sido el caso' (respecto al riesgo de doblegar al Estado español) sino que la traducción sería 'se me dice que este no ha sido el caso'”. Es decir, que lo que el juez alemán sostiene es que la información remitida desde España es la que le confirma que la revuelta catalana no ha conseguido doblegar al Estado de Derecho, con lo que no habría delito de alta traición. Pero eso no afecta a quienes en España están procesados y encarcelados por rebelión.

Segunda: la Justicia alemana no pone en duda que existiera violencia
El principal debate jurídico que existe en España sobre los graves sucesos de Cataluña, tras la declaración unilateral de independencia y la proclamación de la República de Cataluña, se refiere a si se puede considerar que existió violencia o si, por el contrario, se trataba de actos pacíficos, como defienden los independentistas, con lo que no se le podría aplicar el delito de rebelión. De la misma forma que en el auto de Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no dice que no exista el delito de rebelión, tampoco dice en ningún momento que no haya existido violencia, sino que no ha logrado doblegar al Estado español, como se explicaba antes. Pero que ha existido violencia, no está en duda: "Puede que la violencia generada el día del referéndum sea atribuible al encausado, en tanto que iniciador y artífice, pero estos actos violentos no tuvieron la forma, la envergadura y el efecto suficiente como para ejercer tanta presión en el Gobierno para verse obligado a 'capitular ante las exigencias de los violentos'". En el proceso penal que está en curso en España, y por el que están imputados todos los cabecillas de la revuelta de septiembre y octubre del pasado año, se podrá discutir y discrepar sobre si aquellos sucesos se encuadran en un delito de rebelión o de sedición, en función a la gravedad que se le otorgue a los episodios de violencia que se produjeron, pero lo que no se puede alegar tras el auto Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein es que la violencia ha quedado desacreditada por los jueces alemanes, porque no es así. Sencillamente, no lo dice en ningún momento.

Tercera: la Justicia alemana afirma que en España no hay presos políticos
El daño mayor que se realiza al prestigio y a la imagen internacional de la democracia española y del Estado de Derecho se produce con la reiteración, a cada instante, de la existencia de presos políticos en España y de un ‘gobierno en el exilio’. Desde que comenzaron las primeras detenciones y encarcelamientos, ha habido numerosas voces de dirigentes internacionales de distintos gobiernos que han rechazado esos términos, pero el auto de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein es el primer texto legal de un tribunal europeo en el que se rechaza de forma contundente esa consideración. Lo dice en dos momentos distintos. Por un lado, afirma que Puigdemont está acusado de un delito de malversación “pero no por sus convicciones políticas”. Si el tribunal alemán no lo creyese así, si no pensara que existen indicios suficientes para sostener que Puigdemont es un delincuente, no hubiera autorizado, de hecho, la extradición a España. Y lo hace, además, plenamente convencido de que si finalmente llega a España y se suma a los otros procesados o encarcelados por el Tribunal Supremo no va a estar “en riesgo de persecución política”.

La ley no exime del trabajo político
EDITORIAL El Mundo 7 Abril 2018

Se ha convertido en un tópico del análisis político afirmar que el Gobierno de Rajoy confió la resolución de un grave problema político -el proceso separatista en Cataluña- a los tribunales de justicia. Como todos los tópicos, éste también resulta de mezclar la verdad fáctica con la pereza mental. La Justicia ha actuado ante el delito porque no puede hacer otra cosa en una democracia con separación de poderes, y el Ejecutivo no puede ni debe inmiscuirse en su camino, por más que persistan fundadas sospechas de que lo ha intentado a través de la Fiscalía General del Estado, singularmente desde que Julián Sánchez Melgar ocupa el cargo. Cuestión distinta es que los españoles preocupados por la integridad de su Nación se sientan desde hace tiempo mejor representados y más confortados y esperanzados por algunos jueces que por el Gobierno de España. En el vacío doctrinal, en la ausencia de liderazgo político, en la diluida y errática aplicación del 155, en la falta de coraje moral y de potencia argumentativa para refutar las mentiras incesantes de la maquinaria separatista dentro y fuera de nuestras fronteras encuentran los ciudadanos graves motivos para el desamparo.

Hay quienes desde posiciones supuestamente progresistas reprochan a Rajoy falta de estrategia política no para superar el desafío, sino para rendirse a él. Parten de la necia premisa de que la solución a la escalada nacionalista, para variar, pasaba por abrirse a negociar la partición de la soberanía de todos los españoles primero con el Govern chantajista de Artur Mas y después con el gabinete declaradamente golpista de Carles Puigdemont. Rajoy ha demostrado otras veces que sabe explicar por qué ningún presidente de Gobierno es competente para liquidar los derechos políticos de todos los españoles consagrados en el artículo primero de la Constitución. Por la sencilla razón de que la soberanía no le pertenece a él, ni al Rey, ni al presidente del Congreso: es propiedad de todos los españoles procedentes de todo el territorio nacional. España es plural. Pero ninguna identidad cultural, lingüística o étnica concede a los residentes de una parte el derecho de decidir un destino que afecta directamente a todos los sujetos de una soberanía compartida. Y menos en virtud de una conciencia intragable de supremacismo histórico.

Éste es el núcleo conceptual de nuestra condición de ciudadanos libres e iguales de una nación democrática. Y conviene explicarlo una y otra vez. Defenderlo en todo foro y ocasión, pero sobre todo donde y cuando arrecia la propaganda reaccionaria del proyecto separatista. A eso nos referimos cuando demandamos del Gobierno mayor despliegue político, un ejercicio mucho más determinado de diplomacia y pedagogía en un régimen de opinión pública como en el que vivimos. Resulta desolador escuchar al portavoz del Gobierno o al ministro de Justicia lavarse las manos y limitarse a pedir respeto para las decisiones judiciales sin que tan razonable petición vaya acompañada de alguna alternativa a la paciencia, el conformismo y la muda contemplación de la sonrisa triunfal de Puigdemont saliendo de la cárcel alemana. El mismo Puigdemont que lleva meses burlando una y otra vez a las autoridades españolas. Por ejemplo: ¿qué va a hacer el Gobierno para impulsar en Europa una revisión de la figura de la euroorden, que ha probado su ineficacia al primer intento de secesión unilateral que ha tenido que afrontar un país miembro de la UE desde su fundación?

Frente al apocamiento del Ejecutivo, el juez Llarena planea ya apelar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) planteando una cuestión prejudicial para salvar la integridad de su causa y evitar que el cabecilla del golpe termine juzgado sólo por malversación. Correspondería entonces al TJUE pronunciarse sobre si el juez de Schleswig-Holstein se extralimitó en su inadmisión del delito de rebelión. Pero mientras la Justicia trabaja activamente por evitar la impunidad de los golpistas, el Gobierno calla y espera, o se sume en convenciones de partido. Esa clase de política interesará quizá a la militancia. Los ciudadanos necesitan otra.

No se lo van a creer
Jesús Laínz Libertad Digital 7 Abril 2018

No le quepa ninguna duda, lector sorprendido por las simpatías que están recibiendo los delincuentes separatistas en algunos medios de comunicación extranjeros: nuestros separatistas siempre han gozado de buena prensa más allá de nuestras fronteras. ¿Sabe usted por qué? Por lo bien que funcionó y sigue funcionando el mito antifranquista.

¿Recuerda la fama de justicieros demócratas contra la dictadura franquista de la que disfrutaron los criminales etarras durante décadas, incluidas las tres posteriores a la muerte de Franco, cuando cometieron la inmensa mayoría de sus crímenes? ¿Recuerda el refugio y la ayuda que recibieron de Francia? ¿Recuerda las manifestaciones de apoyo a ETA en todo el mundo? ¿Recuerda la hucha de Olof Palme? Pues lo mismo sucede ahora con los golpistas catalanes, que están recogiendo los frutos de la propaganda exterior que han sembrado a lo largo de cuatro décadas. Las mismas décadas durante las que el Estado no ha movido un dedo. Cuando no ha colaborado directamente.

El daño provocado por la inexistencia del Estado de Derecho durante cuatro décadas es difícil de subsanar con calma y sin violencia. Los instrumentos del ordenamiento jurídico para impedir los desmanes separatistas no han sido utilizados por ningún gobernante desde el nefasto duque de sí mismo hasta hoy. El incumplimiento sistemático e insolente de leyes y sentencias por parte de los separatistas, sabedores de que se encontraban por encima de la ley debido a la complicidad izquierdista y el complejo derechista, ha dado sus frutos. Y cuando no ha quedado más remedio que hacer cumplir la ley, ya se han encargado los agitadores separatistas de convencer a sus hinchas, y a todo el mundo, de que se trata de un nuevo pisoteo a los derechos de Cataluña por parte del "Estado postfranquista español", en palabras textuales de estos últimos días.

Ahora, tras décadas de inutilidad y perjurio, los paralíticos de la Moncloa confían en que los jueces resolverán el problema. Pero, muy al contrario, el resultado de todo ello está siendo el aumento, o por lo menos el enquistamiento, del voto separatista. Podrán interponerse obstáculos legales a la secesión, pero la batalla de las ideas, y por lo tanto de los votos, está ganada por los separatistas hace mucho, pues nunca se entabló. Ya hemos visto la reacción de un electorado catalán convencido de que ha sido víctima otra vez de la opresión española que le impide tomar decisiones libremente. Por no hablar de la reacción de una comunidad internacional más desinformada todavía.

Y con esto volvemos al comienzo de estas líneas. Porque si el Gobierno pretende ahora –¡a buenas horas, mangas verdes!– explicar a los extranjeros que lo que sucede en Cataluña es consecuencia de la inaplicación del ordenamiento jurídico por parte de los Gobiernos españoles durante cuarenta años, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que las sentencias dictadas contra los corruptos y totalitarios gobernantes separatistas no se han ejecutado por voluntad de los propios Gobiernos españoles, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que los hablantes discriminados en España no son los de ninguna lengua regional, sino los de la española, única oficial en todo el territorio, hablada por todos los españoles y mayoritaria en las regiones bilingües, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que los únicos partidos que han gobernado España ininterrumpidamente durante cuarenta años han sido los separatistas vascos y catalanes gracias a los acuerdos de legislatura con el PP y el PSOE, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que el PP y el PSOE han permitido durante cuarenta años el paulatino vaciamiento del Estado en beneficio de los separatistas, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que el que impidió la presentación del recurso del Defensor del Pueblo contra la Ley de Política Lingüística catalana en 1998 fue José María Aznar para poder gobernar con el apoyo del Gran Timonel separatista Jordi Pujol, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que el PSOE de Zapatero y Maragall estuvo encantado de gobernar en coalición con la separatista Esquerra Republicana, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que cientos de miles de vascos y catalanes han tenido que irse de su tierra a otras provincias de España para escapar del terrorismo, el ahogamiento lingüístico, el adoctrinamiento de los niños y la asfixia social, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que los políticos que han tenido que llevar escolta durante muchos años en el País Vasco no han sido los gobernantes separatistas, sino los de la oposición antiseparatista, y que cuando los criminales etarras salen de la cárcel se les hace homenajes públicos, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que los ciudadanos que están siendo oprimidos, perseguidos, insultados, acosados, atemorizados y agredidos en Cataluña no son los separatistas sino los que desean seguir siendo españoles, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que los Gobiernos de un Estado democrático han permitido durante cuarenta años la construcción de sendos regímenes totalitarios en dos regiones españolas, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que las emisorias públicas de radio y televisión del País Vasco y Cataluña, pagadas con los impuestos de todos los españoles, sirven a intereses de partido y llevan décadas inoculando el odio contra el resto de España, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que la escuela en Cataluña y el País Vasco es una máquina adoctrinadora y que los libros de texto de los escolares están repletos de odio y mentiras contra España, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que los separatistas, tras cuatro décadas de impunidad e ingeniería ideológica totalitaria, se han visto capaces de dar un golpe contra un Estado democrático, golpe al que han presentado como una acción pacífica y democrática contra el fascista Estado español, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que la causa de España es la de la democracia, la libertad, el imperio de la ley y la defensa de la soberanía nacional, y que la de los separatistas es la del totalitarismo, la desigualdad, la discriminación, la arbitrariedad, el rechazo a la democracia y la destrucción de la soberanía nacional, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que el Gobierno de la nación, en medio del golpe, imploró a los golpistas que dejaran de darlo porque, de lo contrario, se vería obligado "a hacer lo que no queremos", es decir, aplicar la ley, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que el Gobierno de la nación prohibió a la Policía mostrar vídeos de las agresiones sufridas durante el golpe de Estado del 1 de octubre para no perjudicar a los golpistas, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que la televisión autonómica, en estos momentos dirigida por el Gobierno de la nación en virtud del artículo 155, sigue en manos de unos separatistas que la utilizan para seguir agitando el odio y organizando el golpe de Estado, no se lo van a creer.

Si pretende explicar que la policía autonómica fue pieza clave del golpe y que, en estos momentos dirigida por el gobierno de la nación, sigue vulnerando la ley y protegiendo a los golpistas y terroristas callejeros, no se lo van a creer.

Ésta es la situación a la que nos ha conducido la tremenda incapacidad –cuando no la complicidad– de nuestros gobernantes desde hace cuarenta años. Muchas gracias, Suárez. Muchas gracias, Calvo-Sotelo. Muchas gracias, González. Muchas gracias, Aznar. Muchas gracias, Zapatero. Muchas gracias, Rajoy. El pueblo español os llevará siempre en el corazón.

www.jesuslainz.es

Una indignante derrota de España que no varía el fracaso seguro del separatismo
Esdiario 7 Abril 2018

El independentismo no tiene ningún futuro, pero la sonrojante decisión de un tribunal alemán auxilia al cabecilla del Golpe, legitima su desafío ilegal y hace aún más complicado el arreglo.

Un tribunal regional de Alemania ha decidido, de forma frívola, indignante e inesperada; dejar en libertad a Puigdemont al considerar que no concurría el delito de rebelión que le imputa el Tribual Supremo y que, en consecuencia, no concurren las circunstancias para mantenerle en cautiverio y proceder a su extradición con ese duro equipaje penal incluido.

Resulta chocante que tres jueces hayan resuelto en apenas unos días un complejo caso que contradice una parte del trabajo -la más sustancial- elaborado durante meses por hasta cuatro instancias judiciales españolas del máximo prestigio-el Supremo, el Constitucional, la Audiencia Nacional y la Fiscalía General-, rotundamente sustentado en pruebas de todo tipo que justifican la acusación de rebelión y la existencia de violencia en el tipo requerido para juzgar a alguien por ese delito.

Es indecente que tres jueces alemanes sin conocimientos derriben en 5 minutos el laborioso trabajo de meses de toda la Justicia española

La propia Fiscalía germana lo reconoció, respetando así la prolija instrucción española, en lo que parecía el preludio lógico de una decisión idéntica del tribunal decisivo que al final no ha llegado. Es de esperar que recurra ahora, y ojalá con éxito. En un país que prohíbe el independentismo como mera posición política, escandaliza la laxitud con que tolera el intento de aplicación por la fuerza de esa funesta ideología: en Alemania no se puede defender políticamente el separatismo, ni siquiera como simple declaración retórica; pero al parecer en España sí se puede intentar imponer esa postura por cualquier método.

Sorprende además la decisión porque el propio auto reconoce la existencia de violencia, requisito indispensable de este tipo penal que admite interpretaciones distintas pero no puede referirse en exclusiva al uso de armas, pero no le da la dimensión suficiente al considerar que no logró su objetivo de amenazar lo suficiente al Estado.

Sí hay violencia
De un lado, niega el carácter pacífico del que el soberanismo presume con su habitual desapego por la verdad. Pero de otro, lanza una pregunta al aire de lo más inquietante: ¿Se puede usar pues la violencia de manera gratuita sin que sea tenido en cuenta salvo que triunfe? ¿Puede el soberanismo, en definitiva, intentarlo cuantas veces quiera, que no le pasará nada si fracasa? Parece razonable pensar que, si triunfa, será tarde para procesar a nadie por un delito que quedará superado por los acontecimientos y, si falla, podrá volver a las andadas cuantas veces quiera hasta lograrlo.

La infumable decisión alemana es una indudable victoria de Puigdemont que, sin Govern elegido ni presidente investido, será presentada además como un éxito del soberanismo y una legitimación de sus objetivos. Entre otras cosas porque, de no anular ahora el Supremo la euroorden, el expresidente catalán podría incluso ser investido al volver a España si los plazos de la extradición lo permiten: el delito de malversación comporta penas de inhabilitación y hasta ocho años de cárcel; pero no prisión preventiva. En otras palabras, es probable que pueda perfectamente personarse en el Parlament para tomar posesión y ser designado mientras su situación procesal sigue su laborioso curso.

La debilidad de Europa para defenderse explica el auge del separatismo, el populismo, el fundamentalismo y fenómenos como el Brexit o Trump

Conviene preguntarse, sin duda, sobre la conveniencia de respetar un espacio judicial europeo que, lejos de garantizar el predominio continental del Estado de Derecho de sus miembros, ofrece cobijo a quienes lo pisotean: la cesión de soberanía atiende al principio de consolidación de un campo de juego mayor donde se refuercen mejor los valores y herramientas comunes de Europa para atender mejor los desafíos globales -desde el desempleo hasta el terrorismo, pasando por la economía o la Justicia-; no al de injerencia caprichosa en favor de quienes lo asaltan y se buscan métodos de evasión.

La debilidad de Europa
En episodios como éste, en los que Europa expone su débil carácter y su incapaz autodefensa para entender y responder la triple amenaza del independentismo, el populismo y el fundamentalismo; se refleja bien la causa de fenómenos mundiales tan inquietantes como el Brexit británico o el triunfo de Donald Trump, síntesis de la respuesta popular a la sensación de indefensión provocada por las instituciones tradicionales.

Que el soberanismo haya ganado esa batalla judicial no significa, sin embargo, que el 'procés' sea legítimo. Y mucho menos adecenta ni respalda la independencia, aunque todo ello se dirá con nulo aprecio a la realidad desde la maquinara propagandística del movimiento.

Las opciones de separación de Cataluña son las mismas hoy que ayer, ninguna; y aunque el fallo alemán auspiciará un incremento de la presión soberanista y dificultará aún más la estabilidad de España, no cambiará el estado estructural de las cosas: si Puigdemont o cualquiera de sus secuaces interpreta la decisión judicial como un plácet a su hoja de ruta y vuelve a intentar imponerla por el mismo método ilegal; sin duda incurrirá en los mismos delitos y tendrá la misma respuesta judicial, institucional y política.

Toca defenderse
Y simplemente habrá que evitar que se fugue para sortear el nefando auxilio de unos jueces insensatos que han agitado un avispero con efectos secundarios para toda Europa y estimulado una preocupante escalada de la agitación callejera en Cataluña cuando se compruebe que lo sustantivo no ha variado y la independencia es igual de inviable que siempre.

Sería un buen momento, en fin, para que España se defendiera por sí misma, desde la unidad de los partidos constitucionales y con arreglo a un Estado de Derecho democrático que tiene que respetar las jerarquías europeas, sin duda, pero nunca al precio de pagar un coste tan desmedido como el que pretende, ahora más que nunca, el secesionismo catalán.

El pacto de Berlín
Miquel Giménez. vozpopuli  7 Abril 2018

No, no se trata de una vieja película de espías o de hacer pasar a occidente a un científico ruso, es algo mucho más peligroso. Carles Puigdemont está en la capital alemana. ¿Por qué? ¿A quién ha estado llamando desde ayer?

La Orden Nerón: dejar al enemigo solo tierra quemada
Ya que el fugado de la justicia española se encuentra en la capital de Alemania, no vendrá a desmano recordar una de las últimas órdenes emanadas desde el Führerbunker, cuando el telón estaba a punto de caer sobre el III Reich. Se trata de la tristemente célebre Befehl betreffend Zerstörungsmassnahmen im Reichsgebief, conocida popularmente como Orden Nerón. En ella Hitler conminó a su ministro Speer a dejar arrasada toda Alemania, volando instalaciones eléctricas, de agua potable, fábricas, campos de cultivo, en fin, todo cuanto pudiera ser de utilidad a los ejércitos que invadían ya el Reich. Condenaba así a su pueblo a la muerte por privarlo de todo lo imprescindible. Cuando Speer le dijo que él no podía cumplir aquella monstruosidad porque supondría llevar a Alemania a la Edad Media de nuevo, y le imploró que pensase en el pueblo alemán, el Führer, encogiéndose de hombros, le espetó que su pueblo se merecía eso y más todavía, por no haber estado a la altura de un genio como él.

Esa misma táctica es utilizada, aunque de manera mucho más sutil, cuando en un sistema democrático un político ve que va a perder el poder y desea que sus adversarios no encuentren más que problemas insolubles. El expresident lo dijo no hace mucho: “España tiene un pollo de collons”. Ese pollo, organizado por él y por los separatistas, tiene la sencilla solución de aplicar con firmeza la ley, sin ambages, con contundencia, pero Puigdemont sabe que se las tiene que ver con un gobierno débil y timorato en Madrid, así como con una clase política comprada, adocenada y servil en Cataluña, salvo honrosísimas excepciones.

De ahí que, mientras salía de la cárcel de Neumünster, en Barcelona la portavoz del cesado, Elsa Artadi, diese por hecha la investidura de Jordi Sánchez en una entrevista que le hacía TV3. “Lo tenemos atado a tres bandas”, declaraba enigmáticamente. Las CUP se apresuraban a decir que no, que ellos no habían pactado nada y menos con otro candidato que no fuese el de Bruselas. El carrusel y el mareo político continuaban. Ahora bien, ¿se trataba de una maniobra de despiste más u obedecía Artadi órdenes recibidas desde la antigua capital germana? Hay quien afirma que sí, y que éstas tienen la misma inspiración que la Orden Nerón: acabaremos por ir a elecciones, dicen los cercanos al fugado, probablemente hacia mediados de julio, pero los partidos constitucionalistas han de encontrarse con un campo de minas insalvable, un Cataluña sacudida por las acciones abertzales de los CDR y un arsenal de papeles provenientes de diferentes organismos internacionales que conminen a España a dar bola blanca a los golpistas. La estrategia de los asesores de Puigdemont es complicar cuanto más mejor el panorama político catalán, porque saben que esto también afecta, y mucho, al conjunto de España.

Ha estado utilizando como elementos integrados en su discurso monolítico la pseudo violencia del 1-O – algún día sabremos las razones que llevaron a Mariano Rajoy a impedir la divulgación de las imágenes en las que se ve a los “pacíficos” independentistas agredir salvajemente a guardias civiles, periodistas y ciudadanos no secesionistas a lo largo de ese día – junto a reivindicaciones de personajes como Pablo Hasel, las fotos censuradas en Arco, los titiriteros condenados por apología del terrorismo, la obligación por parte de la justicia europea de que no sea delito quemar una fotografía del jefe del estado, en fin, todo lo que arrime el ascua a su sardina.

Con el auxilio siempre interesado en el mismo objetivo, el caos, de podemitas de aquí y de allí y la cobarde equidistancia de un socialismo cobardón y folclórico, su estrategia parece irles bien. Porque en ese acuerdo a tres anunciado por Artadi es cierto que las CUP no están. ¿Quién, entonces?

El amigo Doménech
Dicen fuentes próximas al núcleo duro del fugado que se podría contar con el auxilio de los Comuns, que Xavier Doménech habría aceptado una investidura del preso Sánchez, amparándose en no se sabe que papelito de la ONU. Que tal papel ni sea una ley, ni un mandato imperativo ni una resolución del plenario de la ONU, les da igual. La cuestión estriba en desacreditar por todos los medios al gobierno español y a España. Pura estrategia Batasuna, no en vano tienen como consejero áulico a Otegui.

La intención es seguir con esa táctica hasta que el contador se detenga y los plazos para investir a un candidato se hayan agotado. Entonces iremos a elecciones, efectivamente, y en la campaña los separatistas se aglutinarán alrededor de Puigdemont, haciendo de él todavía más una figura indiscutible, un caudillo, un jefe, alguien a quien nadie puede negar sus méritos como patriota, ni sus padecimientos o sus logros. Al igual que en la Alemania de los años treinta se decía que Hitler pasó cautiverio en la prisión de Landberg – una habitación cómoda, con libertad de movimientos por todo el presidio, secretario, máquina de escribir y tiempo para redactar el Mein Kampf, amén de tener a toda la guardia del lugar a sus órdenes -, a Puigdemont se le presentará como a un mártir por Cataluña y sus derechos.

Una vez más, las similitudes son espantosas y no presagian nada bueno para esta tierra que ha conseguido que dos millones de sus ciudadanos se entreguen a un racismo totalitario sin saberlo, o sabiéndolo, que eso es lo de menos. Mucho nos tememos que en esas elecciones volveremos a encontrarnos en la misma situación que ahora, es decir, un parlamento dividido por la mitad, unos medios de comunicación de la Generalitat al servicio de esta, una administración autonómica plagada de infiltrados nacionalistas, unos Mossos contaminados por el separatismo y una violencia callejera que irá, por desgracia, en aumento. Es algo peor que tierra quemada, es la destrucción de una de las regiones más prósperas de España, de Europa, y de la misma España si me apuran. En el resto de la UE no acaban de entender que esto puede ser el pistoletazo de salida para que en cada uno de sus países los movimientos nazis o radicales de izquierda se vean crecidos y con fuerzas suficientes como para tomar al asalto los diferentes estados. Si alguien se preguntaba qué pintaba el diputado nazi de Alternativa por Alemania Bernd Lucke visitando a Puigdemont en la cárcel, ya lo sabe. El apoyo que ha recibido por parte de AfD, oportunamente silenciado en Cataluña e, inexplicablemente, en el resto de España, es harto elocuente.

Dice Valentí Puig que vivimos tiempos peligrosos. Tiene razón, pero desde Berlín se está proyectando una sombra ominosa que nos hace presagiar otros más peligrosos aún. Tiempos en los que amenazar a jueces, políticos y periodistas será algo tan normal que acabará siendo ley. Ante esto no cabe ponerse a silbar esperando que escampe. Esa táctica ya no sirve. Cuando lo que tienes enfrente es algo tan poderoso como la maquinaria de los dos extremos, la derecha y la izquierda, un estado democrático debe reaccionar con músculo y energía. Aquí, me temo, preferimos entretenernos con los masters de Cifuentes o si la reina Letizia tiene o no tienen una buena relación con su suegra.

Asistimos como espectadores de privilegio a la caída del concepto de la democracia parlamentaria de corte liberal, la única que, con todas sus imperfecciones, ha demostrado ser la que garantiza unos mínimos de libertad, progreso y justicia. Lo que venga a continuación lo sabemos por la historia: o dictaduras marxistas o fascistas, no hay nada más.

Puigdemont sigue dando órdenes desde Berlín como antes hacía desde Bruselas, solo que ahora está más fuerte, más respaldado. Y aquellos que le dan apoyo no son los del lacito amarillo, son algo infinitamente peor. Al tiempo.

La pandilla del trágala
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 7 Abril 2018

Uno de los recuerdos imborrables de mi adolescencia gira en torno al fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, con la derrota de Alemania y Japón. En Argentina, mi país de origen, la dictadura militar, cuyo cerebro era el futuro presidente Perón, simulaba cortar los vínculos con los vencidos que habían sido sus patrocinadores, aunque seguía dando la bienvenida a jerarcas y capitales nazis. En los círculos de la oposición democrática se festejaba que los aliados hubieran exigido la rendición incondicional de los vencidos, rechazando sus ofertas de entablar negociaciones por separado con las potencias triunfantes. Desde entonces la fórmula rendición incondicional quedó asociada en mi memoria a la intransigencia con los enemigos de la convivencia civilizada.

Suturar los desgarros
Nada que ver, por supuesto, con los remedios que habrá que emplear para suturar los desgarros que dejará en Cataluña la tentativa de insurrección que puso en marcha un clan de supremacistas codiciosos. Aquí no ha habido, afortunadamente, tropas enemigas ni choques bélicos, aunque los alzados no se recataban de exacerbar rencores guerracivilistas ni de tratar a la mayoría desafecta como si de rehenes extranjeros se tratara. Pero no es a los dos millones de conciudadanos que mordieron el anzuelo de la mitología etnocéntrica a quienes se les debe exigir la rendición incondicional. La sutura, con ellos, se hará mediante la apelación al diálogo sobre bases racionales encaminado a la reconciliación. Son, repito, nuestros conciudadanos por encima de todo.

¿Por qué vuelve entonces a mi memoria la fórmula de la rendición incondicional? Vuelve porque el Estado Mayor de la intentona golpista y sus aliados políticos y mediáticos van a agotar el abecedario bautizando los planes que traman para recuperar el poder. Ya van por el Plan D, con el caduco Ernest Maragall en el escaparate. Son profesionales del trágala. Y es a ellos a los que la comunidad organizada no les puede hacer concesiones ni aceptar condiciones. Los 3.550.000 ciudadanos que completan el censo electoral pueden y deben llegar a acuerdos con los dos millones de compatriotas engañados. Con la pandilla del trágala, no.

Siguen conspirando
La farsa podría haber concluido cuando el prófugo Puigdemont le confesó a su compinche Toni Comín, en la equívoca intimidad del móvil: "Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. El plan de la Moncloa triunfa". Pero la farsa continúa porque sobran, entre los sediciosos, los aspirantes a ocupar el trono vacante de la república mostrenca. Y aunque derrotados, tienen la desfachatez de ser ellos quienes ponen condiciones para fingir el retorno a la legalidad que aborrecen y contra la que siguen conspirando jactanciosamente. Por eso su prioridad máxima es la derogación del artículo 155, que el constitucionalismo debe convertir en una barrera infranqueable contra la marabunta totalitaria.

La táctica para montar el nuevo golpe consiste en recuperar lo antes posible los puestos de mando en la Generalitat, y los más astutos buscan un candidato leal a la causa y libre de imputaciones judiciales para ponerlo al frente del proceso reciclado, con los presos y los prófugos en la calle, arengando a la masa nuevamente movilizada. Otra vez el desmadre que nos asfixiaría si no nos protegiera el artículo 155.

Lo más irritante es que se complacen en proclamar a los cuatro vientos que este es el trágala que están cocinando para asaltar las instituciones y completar la depredación social, cultural y económica que iniciaron bajo la férula de la dinastía Pujol.

El paladín Francesc-Marc Álvaro lo planteó a cara descubierta ("President de choque", LV, 22/3):
Hay que acertar en la detección del mal menor, que es lo que toca cuando ninguna carta es buena. A mi entender el mal menor es hacer gobierno y recuperar inmediatamente la gestión de todos los departamentos de la Generalitat.

Propensos a las claudicación
El 1 de abril, Pere Aragonès, nuevo hombre fuerte de ERC en ausencia del penitente Oriol Junqueras, entrevistado por La Vanguardia, conmocionó a la pandilla del trágala cuando dijo: "Habrá que sentarse a dialogar con Rajoy". Los volatineros del PSC y otros correveidiles propensos a la claudicación lo interpretaron como un giro hacia la concordia. Falso. El paleoencéfalo de los supremacistas está inmunizado contra la concordia y Aragonès lo confirmó en sus respuestas:

Hace falta una nueva estrategia independentista. Necesitamos mayorías consolidadas, la recuperación de las instituciones de autogobierno, ganar más apoyos internacionales y fortalecer la sociedad civil para poder dar respuesta a las ofensivas del Estado. (…) La república se tiene que implementar sin fechas. En estos meses hemos hecho todo un aprendizaje. Hemos llegado más lejos que nunca y ahora lo que hace falta es acumular fuerzas y adaptar la estrategia para seguir avanzando.
Gracias por la franqueza.

Toque esperpéntico
El 2 de abril, Francesc-Marc Álvaro vuelve a la carga, citando a Aragonès, Turull y Torrent como expertos en engañar a bobos sin renunciar al trágala ("Héroe de la retirada"):
Según Clausewitz, la retirada es la operación más difícil de todas. También las retiradas tácticas. (…) Acude a mi cabeza la figura del héroe de la retirada. Si alguien de la cúpula soberanista quisiera asumir este papel, debería hacer lo que nadie ha querido hacer desde el 27 de septiembre del 2015: hablar sin miedo de provocar decepciones y recibir un alud de reproches y descalificaciones. Y con capacidad para convencer de la necesidad de una nueva estrategia.

El toque esperpéntico de esta nueva estrategia lo puso, como era de prever, el mamarracho Artur Mas, que se asomó sobre el borde de la papelera de la Historia adonde lo arrojó la CUP para descartar a su gemelo Puigdemont y pedir, precisamente él, desde su estulticia, "inteligencia política" (LV, 2/4):

Artur Mas en declaraciones a RAC1 (…) consideró que en estos momentos la prioridad es "rearmarse" y, desde la "paciencia, constancia e inteligencia política", constituir un gobierno para "plantar cara y tirar hacia delante" (…) "Investir ahora a Puigdemont comportaría abrir más procesos penales contra más personas, lo que se ha de valorar es si vale la pena".

Jordi Juan, astro emergente en la constelación mediática del conde Godó, nos recuerda que el cambio en la hoja de ruta es de forma pero no de fondo ("Llamar a las cosas por su nombre", LV, 2/4):

Frente a esta tesis [de la confrontación por la confrontación], otros sectores defienden que es mucho más inteligente moderar el discurso y ampliar la base catalanista para volver al ataque en un futuro. Quizás es bueno que lo expliciten abiertamente y se digan las cosas por su nombre sin tantos eufemismos. Aragonès ha dado el primer paso.

Evitar la reiteración delictiva
"Para volver al ataque". Estas cuatro palabras sintetizan el objetivo solapado de todos los simulacros de moderación y pragmatismo con que la pandilla del trágala bombardea a la opinión pública desde que tomó conciencia de que debía cambiar la forma, ya que no el fondo, de su hoja de ruta balcanizadora. Llamemos a las cosas por su nombre, como pide Jordi Juan: "Volver al ataque" es, ni más ni menos, el equivalente de la "reiteración delictiva" que el juez Llarena quiso evitar cuando dictó la prisión preventiva de los conjurados.

Aquí no se exigirá la rendición incondicional a los culpables de la voladura de la convivencia, la cultura y la economía de la sociedad catalana, aunque merecen ese castigo ejemplar por el daño que han causado. Pero tampoco se irán de rositas. Si los profesionales del trágala logran ponerse de acuerdo para formar un gobierno a su medida, los tribunales de justicia y el artículo 155 de la Constitución seguirán en pie para frustrar la reiteración delictiva que traen entre manos. Ni un paso atrás en el frente constitucionalista.

PD: Fiel a mis convicciones liberales, critico el hecho de que cuatro ministros cantaran "Soy el novio de la muerte" en el acto de la Legión, en Semana Santa. Pero me repugna el cinismo de quienes, al mismo tiempo que formulan esas críticas, adoptan como himno Els Segadors, con su "buen golpe de hoz" al adversario, o entonan La Internacionalcon el puño en alto, agraviando la memoria de los cien millones de víctimas mortales del comunismo.

La entelequia de una justicia común para la UE
“Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro la enfermedad es incurable” Voltaire
Miguel Massanet diariosigloxxi 7 Abril 2018

Seguramente el vulgo, el ciudadano de a pie, el que no es conocedor de los enredos políticos y la persona de buena voluntad tendrá dificultad para entender lo que está sucediendo en una Europa, nominalmente unida, presuntamente cohesionada y, no obstante, prácticamente dividida en más cuestiones importantes y temas esenciales que lo que, quienes gobiernan esta gran coalición de 28 naciones, se atreverían a admitir si se les hiciese la pregunta. Uno de los temas pendientes que, por su importancia, puede decirse que, hasta que se le haya puesto remedio no puede decirse que la Unión Europea forme este gran bloque socio económico con el que se nos pretende presentar ante quienes formamos parte de él es, sin duda, el conseguir establecer una Constitución que abarque a todas las naciones de esta compleja unión. Se intentó, pero se fracasó y, desde entonces, nadie parece que se haya atrevido a volver a poner sobre la mesa la posibilidad de abordarlo de nuevo.

Una Constitución, entre otras muchas posibilidades, significaría el establecimiento de una justicia supranacional, vigente para todos los miembros de la coalición, que recopilase, igualase y depurase todo el fárrago legislativo que, hoy en día, existe en cada país; de modo que, el resultado de todo este ímprobo esfuerzo, cristalizase en una Justicia universal, común para toda la comunidad, de modo que cualquiera que fuese el país de la UE en el que un ciudadano cometiese un delito sus efectos, su persecución y su puesta a disposición de los tribunales fuese misión de todos los países sin que, en ninguno de ellos, un delincuente pudiera encontrar refugio o protección debido a que, como ocurre en la actualidad, la existencia de posibles divergencias o interpretaciones distintas respecto al delito cometido, lo impidiera. Y ello, naturalmente, nos lleva al penoso espectáculo que se nos presenta a los ciudadanos cuando contemplamos, con estupefacción, como un mismo fugado de la Justicia española, un sujeto que se ha atrevido a desafiar al Estado de derecho de una democracia, según haya sido el país al que se ha dirigido en su huida, las autoridades judiciales, en lugar de cumplir sin más la euro orden que pedía su entrega a las autoridades españolas, se han dedicado a buscar similitudes dentro de sus propias leyes, a profundizar en las consecuencias penales que su entrega supondrían para el prófugo en cuestión y a llevar a cabo un simulacro abreviado, carente de pruebas y de informaciones fidedignas, de prejuicio precipitado mediante el cual han decidido que, el delincuente, no debe ser entregado a la Justicia española, sin que semejante decisión les cause ningún problema de conciencia.

Y uno se pregunta si, ante una actitud y unas resoluciones dictadas desde los tribunales de otros países, seguramente legales según la actual normativa europea, pero evidentemente absurdas si es que queremos considerar que la UE está formada por democracias en las que, los principios generales del derecho en los que se amparan, con pequeñas diferencias, son semejantes; si es cierto que, todos los países que forman la unión tiene intereses comunes; que todo lo que sucede en uno de ellos puede repercutir de una manera determinante en el resto y que las posibilidades de que, en una de las naciones de la coalición surjan grupos separatistas que intenten, por los medios que tengan a su alcance (entre los cuales se pueden citar la propaganda subversiva, las manifestaciones coactivas, las amenazas y la insubordinación a las leyes del país, unidas a campañas de propaganda desde el extranjero e intentos de conseguir apoyos en otros grupos de otras naciones cuyos fines, en la mayoría de las ocasiones, coinciden con los de los insurrectos) conseguir la desestabilización, la insumisión, el incumplimiento de las leyes, la ocupación y el vandalismo en las calles, el poner obstáculos a la normalización de las instituciones y la desobediencia dentro de una nación o región de la misma, posicionamientos que, para más INRI, se llegan a extender a los propios cuerpos de seguridad del colectivo, cuya misión sería la de impedir la comisión de semejantes delitos; ¿debe, cualquier democracia integrada en la UE, permanecer impasible, permitiendo que el prófugo se sirva de su país para eludir la acción de la justicia?

Bélgica, Suiza y, últimamente, Alemania han intervenido sucesivamente en un mismo episodio, un lamentable caso de un delincuente, prófugo de la Justicia española, al que, por si fuera poco, no solamente se le ha dejado suelto, a pesar de haber recibido una euro orden de detención procedente de la Justicia española, sino que se le permite que vaya haciendo propaganda y demagogia, insultando a la nación con la que tiene cuentas pendientes en sus tribunales. Alguna de estas naciones “amigas” se permitió dudar oficialmente de las garantías procesales que recibían las personas sometidas a juicio. Otras, han criticado nuestras instituciones penitenciarias y, unas terceras, han pretendido presentar al señor Puigdemont y a sus acólitos como monjas ursulinas, perseguidas por sus ideas políticas y no por haber intentado actuar alevosamente contra la integridad de la nación española. El tribunal del länder alemán de Schleswig-Holstein mismo ha fallado en contra de las propuestas de sus fiscales, que encontraron al catalán merecedor de ser extraditado y de que, entre tanto, permaneciera en prisión. No debe ser tan evidente como parece que, los tres jueces alemanes que han acordado la libertad de Puigdemont, cuando técnicos en leyes, como el señor fiscal, han venido sustentando opiniones distintas. No se trata, como parece que los más conformistas pretenden hacernos tragar, que debamos aceptar sin protestar, la obligación de aceptar el veredicto de dichos jueces, sino de poner en cuestión una situación que ya la hemos venido padeciendo, en esta ocasión, desde el tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos que, influenciado por uno de sus jueces, un español resentido de izquierdas, no hace más que fallar en contra de los intereses de España, sin que las razones que arguye sean lo suficientemente sólidas, como fue el caso de Xabier Berartegui, un etarra que fue detenido por la Guardia Civil y que alegó que había sido torturado. Ya han sido numerosas las intervenciones de dicho tribunal en contra de nuestro país, como fue el caso de unos condenados por quemar fotos del Rey, una acción que consideró que entraba dentro de la “libertad de expresión” o el reciente caso por el que se condenó al Estado a indemnizar a los etarras Portu y Sarasola a 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por “daños morales”. La idea que estos magistrados tienen de lo que ha representado la banda ETA en España y la secuela de muertes con las que castigaron a nuestra ciudadanía, no parece ser precisamente la que seguramente tendrían si alguno de sus parientes hubiera caído bajo los tiros de semejantes salvajes.

No sabemos a qué se deben estas normas que imperan respecto al tratamiento de los prófugos perseguidos por naciones pertenecientes a la UE. No obstante, no se ve razonable que, si se estableció una euro-orden de detención para aligerar los procedimientos de entrega de huidos de la justicia, ahora resulte que, en la práctica, no tiene ninguna efectividad, como hemos podido comprobar durante estos últimos meses. Por otra parte, el hecho de que, mientras se tramita una supuesta vista para decretar o impedir la extradición, se permita a unos presuntos traidores a la patria ejercer con entera libertad su labor de desgaste, de descalificación, de engaños, de calumnias y de desprestigio de las instituciones y las autoridades y Justicia españolas; cuando España está reconocida internacionalmente como un país plenamente democrático equiparable, en todos los aspectos, a cualquiera de los países que forman la UE. En lo que no coincidimos es en esta sumisión pastueña con la que el Gobierno parece acoquinarse ante cualquier organismo extranjero que intente avasallarnos.

Tampoco parece hacerlo el abogado de Vox, señor Javier Ortega que, sin ambages, ha expresado su opinión al respeto diciendo algo que muchos hemos pensado muchas veces: “Hay que plantearse si España debe seguir obedeciendo órdenes de la UE”, añadiendo el siguiente comentario: “es una decisión judicial (la del tribunal alemán) incomprensible e inaceptable para la soberanía nacional española”. Es una ocasión en la que tenemos que coincidir con los británicos y su “brexit”, al menos en lo que respeta al tema aplicación de la extradición dentro de la CE; una situación absurda en la que, el hecho de que todas las legislaciones penales de los 28 países de la UE sean distintas y en la dificultad de que, en cada nación, la tipificación de los distintos delitos y sus penas pueden tener características distintas, lo suficiente para impedir la agilidad necesaria para que los criminales sean anulados con la rapidez que requieren semejantes cuestiones.

El hecho de que España haya caído en manos de una serie de partidos que, lo que pretenden, es acceder al poder sin importarles el bienestar de los españoles y la evidencia de que, las nuevas generaciones, imbuidas de la filosofía relativista, hayan dejado de darle importancia al patriotismo ( éste que, curiosamente, los catalanes, que tanto desprecian a los españoles por su amor a la patria, no obstante, en cuanto se hace referencia a ellos, aceptan un patriotismo exacerbado, cuando se hace referencia a su propia tierra) y prefieran amoldarse a optar por aceptar teorías regresivas, de vuelta a situaciones anteriores al disparo de las tecnologías y adelantos digitales, aunque ello les pudiera representar pagar un alto precio en cuanto a la renuncia a las posibilidades de conseguir futuros adelantos, descubrimientos e innovaciones que ayudaran a la población española a disfrutar de un mejor nivel de vida para aquellos que todavía no lo hayan conseguido.

Y, ya puestos a ello, se nos ocurre preguntarnos ¿qué postura tomarían estos jueces alemanes, que tan estrictos se muestran cuando se trata de aceptar que, el señor Puigdemont, haya cometido un gravísimo delito al pretender separar una parte de España, utilizando todos los medios a su alcance para conseguir convencer a una parte importante del pueblo catalán para que se levante en desobediencia contra el Estado infringiendo, en numerosas ocasiones, los preceptos constitucionales e incumpliendo, a sabiendas y con la peor intención, las resoluciones de los tribunales y las órdenes de nuestro TC; si todo esto ocurriera en su propio país? Precisamente, a primeros del año pasado (2017) el Tribunal Constitucional alemán dictaminó que el 'land' de Baviera no tenía derecho a celebrar un referéndum de independencia porque su secesión vulneraría la Ley Fundamental de Alemania. Cabría preguntarse, si los bávaros se hubieran comportado como lo han hecho los catalanes, ignorando las resoluciones de nuestro TC y, saltándose dicha prohibición, hubieran puesto en marcha una consulta a pesar de todo y la hubieran intentado llevar a cabo. ¿Lo hubieran consentido apaciblemente? ¿Hubieran dejado que los que violaran lo dispuesto por tan alto tribunal se salieran de rositas con su intento? ¿Habrían aceptado que la policía local del länder hubiera colaborado en la celebración de tal evento? Será muy curioso conocer las respuestas a estas preguntas porque, si en su tierra no estarían resulta evidente que no estarían dispuestos a transigir con ello, resulta de una hipocresía desternillante lo que acaban de hacer con Puigdemont al negar su devolución a España.O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mostramos nuestro desacuerdo absoluto con la postura de nuestro Gobierno y de los partidos políticos partidarios de dejarse anular por naciones como Bélgica, una nación en la que los terroristas se mueven con plena indemnidad y su policía es incapaz de actuar con la debida eficacia, pueda impedir que España pueda aplicar la Justicia a todos aquellos que han intentado perturbar la tranquilidad, la paz y la normalidad, maquinando para conseguir romper la unidad de nuestra nación. Es nuestro derecho y debemos luchar para que nadie pueda impedir que lo ejerzamos.

Román Cendoya: ‘No veo el milagro económico de Rajoy por ningún lado’
Rosa Cuervas-Mons gaceta.es 7 Abril 2018

“Me habría gustado que hubieran intervenido España”. “Cedimos toda nuestra soberanía económica con el euro”. “No veo el milagro económico de Rajoy por ningún lado”.

Para alguien como él, que ha hecho de la libertad bandera de su vida – “por eso no he tenido hijos”- que ETA le obligara a marcharse de San Sebastián, su ciudad y en la que vive toda su familia, fue un trago amargo que sigue recordando años después. Ahora, instalado entre Madrid y Lima, dedica su tiempo a un trabajo que le apasiona -empresario y experto en comunicación política- y analiza, cuando puede, lo que pasa a ambos lados del Atlántico en distintas radios y platós de televisión. Con ustedes Román Cendoya.

-Empecemos, como se suele decir, por el principio. En 1996, con 32 años, abandona su San Sebastián amenazado por ETA. Amigos suyos, como Gregorio Ordóñez, se dejaron allí la vida. ¿Cómo se vivieron aquellos años? ¿Cómo lo viven ahora ustedes, los supervivientes?
Una experiencia de amenaza, de persecución, es muy singular y en aquella época la vivíamos con miedo. Si no hubiera miedo, la actitud de defensa democrática no tendría valor porque estarías haciendo una locura, pero cuando te encuentras en esa realidad no te queda más remedio que apechugar con ello y seguir luchando por lo que pensábamos y lo que tenía que ser. Ahora nos queda seguir luchando por la memoria de nuestros amigos asesinados. Nosotros seguimos juntos emocional y físicamente, Ana Iribar [viuda de Gregorio Ordóñez] vive en Madrid, solemos juntarnos en el Patronato [de la Fundación Gregorio Ordóñez], en actos privados y públicos, mantenemos viva la memoria de nuestros amigos. Yo sigo manteniendo el contacto con María San Gil, Jaime Mayor… con quienes éramos un grupo de trabajo que debíamos estar haciendo bien las cosas porque conseguimos que el Partido Popular fuera la fuerza más votada en San Sebastián y la segunda más votada en el País Vasco. Teníamos un discurso firme, de principios y valores, que ninguno de nosotros hemos cambiado; no hemos pasado página para nada, todo lo contrario, por eso seguimos siendo enormemente molestos para mucha gente.

-Si ustedes no han cambiado y ya no están cerca del PP… ¿Ha cambiado el partido?
Yo nunca he sido militante del PP. Sí he sido muy cercano, he sido director de campañas, he representado al Partido en instituciones… pero nunca he sido militante. No acepto la obediencia debida, soy libreprensador. Dicho esto, claro que el Partido Popular ha cambiado el discurso. No se puede salir, como hace Borja Semper, en el Diario Vasco con el representante de Bildu y el del PNV más radical. No se puede salir tomando unos potes el día de Nochevieja diciendo que hay que construir el futuro del pueblo vasco entre todos y que hay que construir el futuro con Bildu. ‘Pues mire, con Bildu no tenemos nada que construir’. Son matices fundamentales de un cambio formal de discurso. En el momento que pierdes tu posición y entiendes que tienes que ser un poco como piensan los nacionalistas… para eso en el País Vasco ya está el PNV. El resultado es que en las últimas autonómicas y municipales el PP ya ha perdido las dos terceras partes de sus votos y el que los ha recuperado es el PNV.

-Mientras realizamos esta entrevista usted está en Perú. ¿Cómo se ven las cosas desde allí? ¿Se ve España de otra manera?
Produce cierta desazón, por la globalidad hacia lo peor que se produce en los distintos países. Soy un privilegiado porque puedo ver la realidad social, política y económica de estos países. Ayer, durante el almuerzo, decía ‘no hagáis lo peor; no hagáis lo malo de los países, sino lo bueno’, porque Perú desde el año 96 está en crecimiento económico continuo. Pero ha llegado la corrupción con el caso Lavajato y Odebrecht… la política se ha convertido en todas partes en la exaltación del mediocre. Cuando ves el nivel de pérdida de prestigio de quienes se sientan en los escaños con el paso de los años… Hace años se miraba a la bancada socialista durante el Gobierno de Felipe González, o a la bancada del Partido Popular, y veías en primera fila a Loyola de Palacio, a Rodrigo Rato, a Álvarez Cascos a Arias Salgado… Todos con un peso infinitamente superior a lo que encuentras ahora en la bancada de estos partidos. Había banquillo.

-Suena nostálgico…
La política se va degenerando y va perdiendo categoría y se genera ese divorcio entre ciudadanos y políticos. Además vivimos una sustitución en la construcción de la sociedad por el liderazgo tecnológico, por empresas que responden a intereses personales. Así, Facebook, Twitter y las redes sociales están generando, junto con Amazon, Apple, Samsung y compañías tecnológicas, una nueva sociedad que no es una mejor sociedad, sino una sociedad al servicio de sus intereses. Y eso es porque la ideología, los principios y los valores han sido sustituidos por intereses y necesidades de ciertas empresas. Eso no es bueno para el mundo.

-Pero eso no tiene vuelta atrás. ¿No cree que es imposible luchar contra los gigantes tecnológicos?
Unos políticos de mayor categoría podrían frenar el avance de los gigantes tecnológicos, pero no hay voluntad.

-¿Cómo se haría?
Vamos a ver.. se está generando ideología y modelo social a través de los trending topics y resulta que la mayoría de esos trending topics y de los intentos de generar opinión están hechos a través de trolls y de robots gestionados por los propios servidores.
Tú puedes lanzar una idea peregrina, de nueva ingeniería social, y ponerla de moda. Y como hay un montón de gente acrítica que sigue la sociedad y las tendencias con los ojos cerrados, dice ‘ah, esto es la novedad. La unidad familiar tiene que ser en vez de una pareja, tres, y vivir en tríos todo el mundo. Venga vamos…’. Pero si todo eso, en lugar de hacerse con nicks y nombres ficticios, estuviera con personas que ponen su cara, nombres y apellidos por ley, que cada uno diga lo que quiera, pero el ejercicio de la libertad iría acompañado de un ejercicio de responsabilidad. Usted es responsable de lo que dice, no se esconde detrás de nombres presuntamente graciosos para insultar, amenazar o vejar a la gente. Usted con su nombre diga lo que quiera… pero con su nombre. Hay muchas prácticas para corregir estos defectos de las compañías tecnológicas, como su no residencia fiscal en los países en los que generan su economía. Hay que romper los monopolios de cuatro o cinco compañías que utilizan palabras tan bonitas como ‘mercado global’, que en realidad es mercado único. Eso una política potente podía arreglarlo, pero hay una política débil que no lo arregla.

– De su visión de España a la visión de sus amigos peruanos. ¿Cómo ven allí España? ¿Nombran a Puigdemont tantas veces como aquí?
Perú tiene una relación muy especial con España porque fue la sede del virreinato. Se sienten casi más españoles que nosotros muchos de ellos, pero a la vez es una relación complicada porque, por un lado les robamos el oro pero no se lo robamos, luego somos la madre patria y, como digo yo siempre, uno se independiza de ‘su puta madre’, pero no de la madre patria…

-¿Interesa esa madre patria?
Existe una enorme preocupación y un enorme interés por la realidad española y, no sólo por la Liga de fútbol -que aquí hay más peñas madridistas y del Barça que en España, casi-… Preguntan qué está pasando y están perplejos por lo que dura el desafío separatista. ‘¿Pero no se había suspendido la autonomía?’, preguntan. Ya, ya, pero es que el Gobierno está siendo débil. Les llama la atención la Unión Europea en la que un tío como Puigdemont puede pulular por ahí y existe perplejidad, pero la misma que tenemos los españoles.

-¿Usted también?
Yo sigo perplejo. A día de hoy la presidenta del Gobierno catalán se llama Soraya Sáenz de Santamaría y los consejeros son los ministros de España, estamos bajo el sólido artículo 155, que en manos de Rajoy es menos sólido que un mosquito. Y vemos actuaciones como las de TV3, las calles…

-Es empresario. ¿Cómo valora la situación económica de España? ¿Se le puede reconocer al Gobierno de Rajoy haber mejorado las cifras?
Los impuestos en España son altísimos y son un freno absoluto para el desarrollo económico. Yo no creo que el PP haya hecho una meritoria gestión de la crisis económica, porque lo que ha hecho es cumplir con Europa. Ha sido un mero servidor y lo que más le ha preocupado es salvar los huevos y los panes de los políticos a costa de los ciudadanos. A mí me hubiera gustado que hubieran intervenido España, creo que habría sido una magnífica solución.

-¿De verdad? ¿Le habría gustado un rescate?
Un rescate con intervención, con los señores de negro. Porque no nos habrían hecho lo mismo que a Grecia, Portugal o Irlanda, porque la estructura política y económica es diferente.

-¿Qué habría pasado aquí?
Habrían dicho ‘a ver, la estructura de gasto del Estado’. Habrían cogido el organigrama del Estado y habrían dicho ‘Gobierno. Lógico. Tiene Ministerio de Educación. Lógico’. Luego habrían visto las Comunidades Autónomas, que tienen Consejería de Educación. Luego habrían visto las diputaciones y luego los ayuntamientos, que tienen Consejería de Educación. Lo mismo con Sanidad y Deportes… Al final habrían dicho: ‘¿qué es esto de las Comunidades Autónomas?’. 400.000 políticos enchufados, muchos cargos metidos a dedo, 17 parlamentos autonómicos, no sé cuántas oficinas internacionales… televisiones autonómicas… resumen, que un 30% del PIB se va en gasto estructural de una organización replicada por arriba y por abajo. Lo normal es que hubieran tachado y hecho desaparecer. Se habrían cargado las autonomías.

-Pero no hubo rescate…
No. Lo que ha habido es que Mariano Rajoy ha cumplido todo lo que se le ha mandado. No hemos salvado los bancos, hemos salvado las cajas de ahorro españolas gestionadas por políticos; hemos salvado las Autonomías; hemos arruinado a la clase media, nos hemos cargado a los profesionales liberales a través de medidas de Montoro y compañía y hemos conseguido que los sueldos españoles pierdan el 30% de su valor. Todo eso endeudando el país en seis años de Rajoy el doble de lo que lo endeudó Zapatero en ocho años… Yo no veo el milagro económico por ningún lado.

-Y, encima, las hucha de las pensiones…
La situación económica es complicada, pero si a eso le sumas tramitología, burocracia y dificultades -que un autónomo, por ejemplo, produzca o no produzca tenga que pagar un impuesto de 300 euros al mes por intentar trabajar- no avanza. Nos hemos comido la caja de las pensiones y tenemos un sistema de pensiones quebrado. Yo a finales del año pasado arranqué una campaña en redes sociales y dije que en 2018 tendríamos que escoger: autonomías o pensiones. En 15 años, por ejemplo, llegaré a la jubilación… tenemos que saber que no va a haber sistema de pensiones, no va a haber poder adquisitivo.

-¿Así lo cree?
Igual te pueden dar una pensión de subsistencia, de cien euros, que no vale para nada. Nos mienten de manera constante desde el Pacto de Toledo hasta ahora; ellos ya sabían que esto iba a pasar porque la pirámide de población es la que es… El primero que dijo que había que hacerse planes privados de pensiones fue el ministro Pedro Solbes en el año 92, que ya sabían entonces que el sistema estructural no funcionaba.
Pero como los políticos no tienen visión estructural de reconstruir la sociedad y mejorarla, sino de hacer demagogia y permanecer en el poder, nadie nos ha contado la verdad. Nadie ha dicho a los españoles: ‘señores, esto no funciona, esto hay que modificarlo y hay que hacer un sistema que garantice las pensiones de nuestros mayores, pero también que cuando ustedes lleguen se les va a mantener’. Y eso sabiendo que las familias, en lugar de tener cinco hijos, seis, ocho, como en los 60, tienen 1.3 o 1. La situación es verdaderamente preocupante.

-Decía antes que prefería la intervención. ¿No le hiere el orgullo perder nuestra independencia económica ante Bruselas?
La soberanía financiera la cedimos con el Euro. Los presupuestos nos los marca Europa; las tasas de endeudamiento también. La única ventaja que tenemos es que como somos la cuarta economía europea y no somos como Portugal, Irlanda o Grecia, somos un país sistémico. Si España quiebra, quiebra el sistema, entonces lo único que tenemos que tener es fortaleza de negociación y para plantar cara, pero Mariano Rajoy no es esa persona. Hemos hechos los presupuestos que ha querido la señora Merkel, lo único que ha hecho él es tener un buen traductor de alemán para coger el fax de Merkel y aplicarlo… lo que ha sido es un bienmandado.

-¿No le reconoce ni el descenso del paro?
Sí, es un éxito, pero lo ha hecho a base de precarización del trabajo que, por otro lado, es una tendencia que va a aumentar y es global. El problema es la digitalización de la sociedad, que hace que sobre un montón de mano de obra. La intermediación, que era significativa, queda eliminada con la era digital. Tú aparcas con tu móvil, te pagas el aparcamiento, haces las transferencias… todo lo haces tú mismo. Antes lo hacían empleados. Había taquilleros para el cine, 14 o 15 ventanillas… todo lo que haces tú, además de quitar a la persona que te atendía en el mostrador, destruye empleo en todas partes y esto no lo ha sabido resolver Occidente. Por eso va a haber una precarización del trabajo y una brecha brutal en la sociedad futura, con una minoría muy, muy rica y con unos niveles de vida espectaculares y una sociedad muy igualitaria y bastante pobre.

-Usted ha sido director de comunicación de un Ministerio y se dedica a la comunicación… ¿qué nota pone en este aspecto al Gobierno Rajoy?
Muy baja. Muy, muy baja. No sabe contar las cosas, y es una característica de la derecha. Además, el perfil cuasi funcionarial de los ministros actuales hace que no exista política por parte del Gobierno del PP. El Gobierno de una nación tiene que hacer política, y eso se hace a través de la comunicación, haciendo docencia, explicando la realidad de las cosas, por qué y cómo se hacen… Pero para eso es necesario tener un modelo y un proyecto de país, y el problema de Rajoy es que no tiene ningún proyecto para España. El ejercicio de la comunicación que ha hecho la Secretaría de Estado de la Comunicación, en lugar de potenciar y vender las políticas del Gobierno, ha sido perseguir periodistas, controlar y censura para que no se criticara al muy amado líder. Es muy divertido porque, cuando Gobierna el PSOE, detienen a los del PP, los meten en la cárcel y en los medios de comunicación ponen a los de la izquierda. Cuando gobierna el PP, detienen a los del PP, los meten en la cárcel y en los medios de comunicación ponen a los de la izquierda. Esa es la inutilidad de la forma de hacer comunicación del Partido Popular.

-¿Ha sido Cataluña el mayor fracaso comunicativo?
Cataluña es un fracaso político.

-Me refiero a que no han sabido vender el 155, por ejemplo, que ha beneficiado electoralmente a Ciudadanos, y fuera de España parece que tampoco han sabido explicar lo que pasaba aquí…
Es que el PP no tiene comunicación. No hay un fracaso, es que no hay directamente. No existe. Creen que la comunicación política es crear argumentarios y repetirlos como papagayos. Hay que estudiar muy bien el caso Rajoy para enseñar a la gente lo que nunca se debería hacer. Empezó con la corrupción, que no la supo explicar por su cercanía y luego siguió con el plasma. Cuando empieza un gobierno con mayoría absoluta y tú te pones detrás de un plasma, queda todo desmontado. En el Gobierno de Aznar se entró en precario y se sacó una mayoría absoluta. El de Rajoy se entró con mayoría absoluta y… Eso refleja la gestión de este gobierno.

-Vale. El Gobierno suspende. ¿Y los medios de comunicación? ¿Qué nota les pone?
En independencia tienen un cero. Probablemente porque la crisis de la sociedad digital les afecta. La mayoría de los grupos están quebrados y se han dejado someter a las voluntades de los gobiernos. El Grupo Prisa está abierto porque Soraya Saénz de Santamaría se encargó de buscar la financiación. La situación es precaria y han sido muy torpes al someterse a los caprichos del Gobierno, al aceptar censuras, vetos de profesionales… El propio Gobierno se ha metido a aprendiz de brujo teniendo La Sexta abierta para que se desgastara la izquierda y se rompiera el PSOE y les ha salido un grano en el trasero… Los medios no han entendido la nueva sociedad.

-¿Conclusión?
Nos hemos cargado la estructura de un Cuarto Poder que antes era independiente y que ahora es dependiente y nos hemos cargado la pluralidad en aras de ‘me tengo que cargar la derecha porque la derecha con principios y valores no me interesa porque me pone contra el espejo y no me interesa”.

-Hace tiempo se fumaba usted puros con Mariano Rajoy. ¿Volverá a hacerlo?
Sí, me fumaría un puro con él siempre. Lo que no sé es si él estaría cómodo, porque yo soy muy educado pero muy políticamente incorrecto y le explicaría a la cara perfectamente por qué cree el hashtag #MarianoRajao. Lo que pasa es que dejó de fumar puros hace tiempo.

-¿Con quién no se sentaría a conversar nunca?
Con los terroristas. Como me quisieron matar en lugar de hablar, no tengo nada que hablar con ellos. Con todos los demás, diálogo abierto y permanente.

-¿Además de libre, cómo se define Román Cendoya?
Soy una persona muy trabajadora y me divierto muchísimo con mi trabajo. Hago lo que quiero, porque yo lo que he buscado toda mi vida ha sido la libertad, ser independiente, autónomo… y soy optimista, me parece que estamos viviendo uno de los momentos más fascinantes de la historia de la Humanidad, probablemente el más fascinante.

-¿Por qué?
Porque en la historia de la humanidad, el homo sapiens ha sido analógico y ahora, fruto de nuestro propio desarrollo, hemos inventado lo digital. Todo lo hemos creado nosotros, pero no sabemos aún lo que hemos creado. Destruye empleo, cambia estructuras sociales, globaliza el mundo, cambian las relaciones personales, es súper fascinante. Nosotros somos los últimos homo sapiens y estamos conviviendo con los prehistóricos del homo digitalis.

-¿Usted cree?
Ha cambiado el paradigma de la educación. De la nuestra, la educación en el saber, a la de generaciones educadas en el acceder. Eso supone un cambio de especie. Volvemos a estar en un periodo histórico en el que dos homínidos compartimos el planeta y estar ahí, en ese momento de la historia de la humanidad, es una suerte enorme. Lo único que me preocupa es que los valores y principios fundamentales del ser humano -la independencia, la libertad, la razón- prevalezcan en el futuro. Pero…

-¿Qué?
Creo que esa partida la estamos perdiendo.

Los delitos por odio político se dispararon en Cataluña tras el 1-O
En el último trimestre de 2017 hubo 89 casos, más que en todo 2016, cuando sumaron 72
JESÚS HIERRO ABC 7 Abril 2018

El conflicto político en el que está inmersa Cataluña en los últimos tiempos ha tenido su coste social y ha afectado afecta de plano a las relaciones entre catalanes y a la convivencia ciudadana. Prueba de ello es que el año pasado se dispararon los delitos de odio y discriminación por motivos de orientación política en esta comunidad autónoma. Si en 2016 se registraron un total de 72 hechos delictivos en este ámbito, el año pasado la cifra alcanzó los 152. Es decir, de un año para otro se incrementó en un 111,2 por ciento el número de casos. Lo desvelaron ayer los Mossos d’Esquadra en un informe que hace balance de los delitos y faltas conocidos durante el último año en Cataluña.

En la cúspide del «procés»
La polarización social y política ha pasado factura y se refleja ahora también en estos datos que ahora han salido a la luz. Es especialmente significativo que los delitos de odio y discriminación por orientación política se hayan disparado en el último trimestre del año, a partir de la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre. Desde esa fecha se sucedieron un total de 89 hechos con este cariz político -con un total de 106 víctimas-, mientras que en los nueve meses anteriores únicamente se contabilizaron 63 casos. En resumen, en los tres meses de mayor intensidad del conflicto se contabilizaron más delitos de odio por razones políticas que en todo el año anterior. En ese trimestre se produjeron más de la mitad de los delitos de odio por origen político del año. Fueron tres meses en los que se agolparon el referéndum ilegal, las cargas policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil para abortar las votaciones y requisar las urnas; la declaración de independencia en el Parlamento catalán, el encarcelamiento de varios líderes soberanistas, manifestaciones varias, la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el que se destituyó al Govern y la celebración de elecciones autonómicas.

Un balance atípico
El informe policial no recoge, sin embargo, las características de cada uno de los hechos delictivos. Así no se puede comprobar, por ejemplo, cuántos de estos hechos fueron provocados por independentistas y cuántos producidos por personas de movimientos por contrarios a la secesión de Cataluña. Tampoco se puede comprobar el porcentaje de los mismos que pudieron ser cometidos a través de las redes sociales.

A diferencia de lo que era habitual, que este balance anual lo presentasen en rueda prensa el consejero de Interior de la Generalitat y el jefe de los Mossos, en esta ocasión la Policía catalana se ha limitado a enviar una nota de prensa con los datos. Cabe recordar que el cuerpo de agentes autonómicos está intervenido por el Gobierno que preside Mariano Rajoy desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El conjunto de las víctimas de delitos de odio y discriminación -que además de por ideología política engloba otras tipologías como la homofobia, por motivos religiosos, xenófobos o de discapacidad- subió en un 59 por ciento con respecto al año anterior. Pasaron de 369 en 2016 a 589 en 2017.

Además de los delitos de odio por orientación política, que fueron los que más crecieron, el año pasado se dispararon también los que tienen que ver con motivos religiosos -subieron un 75 por ciento, al pasar de 32 casos a 56- y los de LGTBI-fobia, que aumentaron un 57 por ciento. En 2016 fueron 89 episodios y al año siguiente 140. También crecieron en un 41 por ciento los casos de odio ético y por origen nacional o racial, que son los mayoritarios, al pasar de 156 a 216.

Los Mossos recuerdan, sin embargo, que los de odio representan una parte mínima respecto al resto de la tipología delictiva. El año pasado supusieron un 0,12 por ciento del total.

Se rompe la tendencia
En números globales, los delitos y faltas aumentaron un 4,18 por ciento en Cataluña en 2017, rompiéndose así por primera vez la tendencia a la baja desde 2009. En parte, se debe al incremento de los hurtos en el metro y en comercios, a los robos con violencia, las estafas, las agresiones sexuales y el maltrato doméstico. Durante el año pasado se registraron un total de 508.274 hechos delictivos en toda esta comunidad autónoma, un 85 por ciento de los cuales fueron delitos contra el patrimonio, que también crecieron.

Aumentaron también los homicidios y asesinatos -de 55 a 65-, pero hay que recordar que 16 de ellos se corresponden con los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto.

PNV, un partido poliédrico por la independencia
El autor repasa y desmitifica la historia del PNV, y subraya que la crisis provocada por el golpe separatista catalán está siendo aprovechada por el nacionalismo vasco para relanzar sus planes independentistas.
Roberto Muñoz Bolaños elespanol 7 Abril 2018

La aritmética electoral resultante de las elecciones legislativas del 26 de junio de 2016, ha colocado al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en una situación de fuerza dentro del panorama político español. Se trata de una organización centenaria, cuya historia oficial la presenta como defensora de la democracia y el Estado de Derecho.

Sin embargo, su historia real no se mueve sobre esos parámetros. Por el contrario, los jeltzales siempre persiguieron dos objetivos durante la mayor parte de su historia: el mantenimiento del orden social, como correspondía a un partido netamente conservador con un fuerte sustrato integrista católico, y la independencia de Euskadi, que incluiría las provincias vascas, Navarra y una serie de territorios franceses. Ambos objetivos entraron en colisión en algunos momentos de su historia, convirtiéndose entonces en una organización poliédrica que llegó a conspirar contra el sistema democrático. Esta dinámica cambiante quedó patente en tres momentos claves de la historia del PNV.

El primero fue la segunda mitad del año 1931, tras la proclamación de la Segunda República, que conllevó la puesta en marcha de políticas rupturistas que incluían una legislación laicista, así como atentados contra las propiedades eclesiásticas. El PNV, como partido católico, vio entonces peligrar el orden público hasta el extremo de que en las reuniones de su máximo órgano, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), no se dudó en afirmar que existía un auténtico peligro de revolución comunista en España.

Ante esa tesitura, los jeltzales participaron en diversas reuniones conspirativas junto a monárquicos carlistas y alfonsinos, con el objetivo de poner en marcha un golpe de Estado que derribase el régimen republicano. Durante el desarrollo de esos encuentros, los conspiradores monárquicos prometieron a los emisarios del PNV –primero José Antonio Aguirre, futuro lehendakari, y luego Luis María Villalonga– la restitución foral plena –lo que suponía la independencia de facto– a cambio de la participación de los mendiogoizales –milicia paramilitar de los jeltzales– en la insurrección contra el régimen republicano.

La contrapropuesta de los nacionalistas vascos –en nombre del EBB– fue que apoyarían la sublevación, pero sin participación activa en la misma, salvo para mantener el orden en las provincias vascas y Navarra. Los conspiradores monárquicos consideraron que la oferta era muy limitada, y exigieron un compromiso mayor que Villalonga, un simple emisario, no pudo aceptar. En todo caso, esa conspiración nunca se puso en marcha porque fue desarticulada por el Gobierno republicano y porque el PNV decidió apoyar a la República a cambio del soñado estatuto de autonomía.

El segundo momento fue la primavera de 1936. Los conspiradores que desencadenaron la sublevación de julio de 1936 necesitaban al PNV para asegurar su triunfo en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, donde el partido tenía una fuerte presencia. Por eso, buscaron de nuevo, su colaboración. Los jeltzales, temerosos de que tras el triunfo del Frente Popular (FP) en las elecciones del 16 de febrero se iniciara un proceso revolucionario que subvirtiera el orden social, decidieron asistir a diferentes reuniones conspirativas, siendo su representante un importante miembro del EBB, Telésforo Monzón, presidente del Gipuzku Buru Batzar (GBB) y futuro fundador de Herri Batasuna (HB).

En el primer encuentro, celebrado a comienzos de abril, Monzón explicó a los asistentes que el PNV colaboraría con ellos en la sublevación, aunque el resultado final fuera el establecimiento de una dictadura militar. Esta respuesta satisfizo al resto de conspiradores, que hicieron una reducida entrega de armas y de dinero a los jeltzales, para hacer frente a una revolución izquierdista que consideraban próxima. Sin embargo, en el siguiente encuentro, celebrado el 20 de abril, Monzón presentó otra propuesta de colaboración, muy similar a la que Villalonga había realizado en 1931: si la sublevación era estrictamente militar, los nacionalistas vascos se mantendrían al margen, garantizando el orden en las calles y ocupando los edificios públicos; pero, si la dirigían los carlistas, se unirían a este partido e irían con ellos hasta el final. Esta propuesta fue aceptada por el resto de los asistentes, que realizaron una nueva entrega de armas a los jeltzales.

Los contactos del PNV con los conspiradores no pasaron desapercibidos para los dirigentes del FP. Uno de ellos, el socialista Indalecio Prieto –con una gran influencia en las provincias vascas– llego a prometer la aprobación del estatuto de autonomía a cambio de la lealtad del partido a la República. Ante esa oferta, los jeltzales mostraron su carácter poliédrico, cambiando de bando. No obstante, una última oferta de los conspiradores –sistema autonómico con fueros y concierto económico–, planteada en julio por el dirigente monárquico alfonsino José María de Areilza, les hizo dudar de nuevo.

Esto explicaría por qué, tras iniciarse la sublevación militar, la postura inicial de la dirección del PNV en las dos provincias donde no triunfó –Guipúzcoa y Vizcaya– fue la de mantenerse neutrales en el conflicto civil que se iniciaba; tal como había propuesto Monzón. Posición que se modificaría por el temor a las represalias de las organizaciones de izquierdas, poniéndose a lado de Gobierno republicano. En Navarra y Álava, donde tuvo lugar un rápido triunfo rebelde, la postura del partido fue la misma, aunque pronto cambiaría por las amenazas a sus dirigentes, llegando incluso algunos de los jeltzales de estas provincias a colaborar económica, política y militarmente con los sublevados. Por tanto, no fue el respeto por el sistema democrático y el Estado de Derecho lo que determinó la posición del PNV ante el conflicto civil, sino el miedo.

El tercer momento, la propia Guerra Civil. Desde el principio, los dirigentes nacionalistas de Guipúzcoa y Vizcaya se sintieron incómodos dentro del bando republicano, especialmente por el poder de las organizaciones izquierdistas y los asesinatos de civiles y militares que tuvieron lugar en agosto de 1936. De ahí que, de nuevo, apareciera el carácter poliédrico del partido: abrieron conversaciones con los rebeldes con el objetivo prioritario de abandonar el conflicto sin sufrir represalias y de obtener, si fuera posible, un sistema autonómico. Sin embargo, seguían negociando a la vez con el Gobierno republicano la concesión de un estatuto de autonomía.

El resultado de ambas vías negociadoras fue un éxito, ya que tanto los sublevados, a través del general Mola, como el Gobierno republicano, prometieron el soñado sistema autonómico. Ante esta tesitura, los dirigentes del EBB optaron por aceptar la oferta gubernamental –limitado sólo a Vizcaya, pues Guipúzcoa fue ocupada por los sublevados en los primeros meses del conflicto– que se concretó el 1 de octubre de 1936.

Sin embargo, esto no significó el fin de las negociaciones con los sublevados, en las que trataron de involucrar a Gran Bretaña y en las que participaron Italia y El Vaticano. Por el contrario, tras la pérdida de Bilbao el 19 de junio de 1937 y la del resto de Vizcaya poco después, se aceleraron, ya que los jeltzales perdieron todas las razones para seguir combatiendo al lado de la República. El resultado final sería el famoso Pacto de Santoña, rubricado el 24 de agosto de 1937, por el que los batallones jeltzales se rindieron a las fuerzas italianas, abandonando al Ejército republicano del Norte. Franco no reconocería este acuerdo; obligando a los italianos a entregarle los prisioneros que fueron sometidos a una severa represión.

Como conclusión podemos decir que su carácter poliédrico se mantiene en la actualidad. Ya no gira en torno a la ambivalencia entre orden público e independencia, que presidieron buena parte de la historia del partido, pues ahora existe una sólida estabilidad social; sino en su actitud frente al Estado central y la Constitución de 1978, ya que la independencia se ha convertido ahora en su único objetivo.

Para lograr esa independencia, el PNV, desde los años ochenta del siglo XX, ha puesto en marcha un plan articulado sobre cuatro bases.

1.Rígido control de las instituciones de autogobierno.

2.Euskaldunización radical de la sociedad vasca, para acabar con la posibilidad de una identidad compartida con el resto de España.

3.Extensión de ese modelo de euskaldunización a Navarra, para facilitar su anexión a medio plazo, favorecida por la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de 1978.

4.Establecimiento de un estatuto de Estado libre asociado con el resto de España, lo que convertiría a las provincias vascas más Navarra en independientes de facto.

Para lograr los tres primeros objetivos, los jeltzales no han dudado en pactar dentro de la legalidad vigente tanto con el PSOE como con el PP. Por el contrario, el cuarto resulta complicado de alcanzar de forma legal, pues precisa de una reforma constitución aprobada por todos los españoles. De ahí que hayan buscado sobrepasar el Estado de Derecho para conseguirlo.

El lehendakari Juan José Ibarretxe lo intentó entre 2001 y 2005 con su plan homónimo, derrotado en el Congreso de los Diputados. No obstante, la crisis provocada por el intento de secesión de Cataluña, lo ha resucitado de la mano de su homólogo Iñigo Urkullu y del presidente del EBB Antoni Ortuzar, pues la independencia siempre ha sido y será el gran objetivo de este partido. Y para lograrla, nunca han dudado ni dudarán en aprovechar cualquier coyuntura que debilite al Estado.

*** Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea, es profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), de la Universidad Camilo José Cela y de la Francisco de Vitoria.

EN ALEMANIA
VOX se personará en el caso de Puigdemont para que sea juzgado por rebelión
La Gaceta  7 Abril 2018

Santiago Abascal ha cargado contra Mariano Rajoy por “permitir la fuga” del expresidente de la Generalitat.

La decisión de un tribunal alemán de dejar en libertad provisional al expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha obligado a VOX a poner en marcha toda su maquinaria judicial para personarse en el proceso en el país teutón y lograr que el golpista sea juzgado finalmente por los delitos de rebelión y de malversación.

Según explica el partido liderado por Santiago Abascal, sus servicios jurídicos ya están en contacto con abogados alemanes con el objetivo de recurrir la sentencia. El único objetivo es lograr que el líder secesionista sea juzgado por los delitos por los que le procesó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado 23 de marzo.

En declaraciones para Esradio, Javier Ortega Smith ha cargado contra la justicia alemana y ha pedido reflexión y autocrítica al Gobierno: “Si nuestro estado de derecho queda a expensas de lo que diga el juez alemán, ha llegado el momento de plantearse si debemos seguir obedeciendo”.

El secretario general de VOX ha mantenido que su objetivo es que pueda ser juzgado también por rebelión al igual que otras personas también procesadas en la causa.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó el delito de rebelión en la petición de extradición de España de Puigdemont. El tribunal se desmarcó así en parte del escrito presentado el martes por la Fiscalía General del “Land”, que había respaldado en todos sus puntos la petición de cursada por España y solicitado mantener en prisión a Puigdemont por entender que hay riesgo de fuga.

En un comunicado, el tribunal explicó que no cree que pueda tramitarse la extradición por rebelión al no cumplirse el requisito de la “violencia”, aunque estimó que sí puede ser aceptado el delito de malversación de fondos públicos, por lo que el proceso para la eventual extradición a España de Puigdemont sigue adelante.

‘¿Para qué sirve la UE?’
Por su parte, Santiago Abascal ha cargado contra Bruselas: “Hoy es día de dura realidad para los “europapanatas”, -así los llamaría Unamuno-, para los que creían que Bruselas nos resolvería nuestros problemas”, ha sentenciado.

Abascal, que siempre ha defendido una reforma de las relaciones con la UE, ha mantenido que es “la hora de los españoles euroexigentes, de los que creemos que España debe ser respetada en todos los foros internacionales”.

“Si la UE de los mercaderes y burócratas no sirve para proteger nuestros intereses nacionales, -como hemos visto tras las actuaciones de Bélgica y Alemania-, van a tener que explicarnos despacio para qué sirve”, ha remarcado.


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