AGLI Recortes de Prensa   Domingo 8 Abril 2018

El racismo alemán humilla a España y destroza la UE
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 8 Abril 2018

No, no ha sido un juez de provincias, ni una instancia judicial mal informada por el Gobierno de Rajoy. Ha sido la ministra de Justicia socialista la que en una rueda de prensa tan innecesaria que sólo podía ser deliberada, se comportó de forma insultante y ofensiva contra España, ciscándose en el principio básico de la creación de la UE, que es la inviolabilidad de las fronteras de los países miembros, un principio que se debe a la propensión alemana a invadir y masacrar a los países vecinos, la última vez en 1939. No ha sido la "decisión judicial" que acataron cobardemente Soraya y Catalá, porque la sentencia antiespañola fue respaldada y ampliada por el Gobierno. Y tampoco unas declaraciones "desafortunadas" como musitó penosamente Dastis, porque avalan una acción judicial que humilla a España y destroza cualquier principio de unidad judicial europea en los casos más importantes.

La Rieffenstahl socialista de Merkel
Repasemos las claves del discurso de la ministra germana, que a mí me recuerda a Leni Riefenstahl, la brillante cineasta nazi cuya obra maestra El triunfo de la voluntad tanto contribuyó a deificar a su admirado y admirador Adolf Hitler y, de paso, a retratar el fanatismo del pueblo alemán. Tras escapar de las ruinas del Reich Leni se dedicó a la filmación y disfrute de otra raza superior, en este caso negra, masai, en Africa Central; y murió casi centenaria, discretamente venerada en todas las filmotecas del mundo. La esbelta y racista ministra socialista Katarina Barley no tendrá su talento, pero sí su arrogancia. Lo que dijo fue nada más y nada menos que esto:

1. Que ya conocía antes de ser pública, y que compartía plenamente los argumentos de la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein. O sea, que el tribunal, sabedor de su importancia y gravedad, la había adelantado al Gobierno Merkel, que la ocultó aviesa y deslealmente al Gobierno español. No fue, pues, una decisión independiente, sin prever su efecto político. Los jueces de esa región tuvieron previamente el respaldo del Gobierno alemán.

2. Que sobre negarse a cumplimentar la euroorden por el delito de rebelión -lo único que debía hacer el tribunal, sin entrar en el fondo del asunto, que no es de su incumbencia según los acuerdos de la UE, "no le será fácil" al Gobierno español "probar el delito de malversación". Como si fuera el Gobierno y no el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial, el encargado de calificar los delitos de un prófugo de la Justicia española, es decir, que la ministra, léase Gobierno alemán, comparte lo que los golpistas catalanes dicen del Estado Español: que no es una democracia. Si no lo es y no respeta los principios fundamentales de la UE, sorprende que la ministra pro-golpista alemana y los propios forajidos golpistas esperen que respeten, sin embargo, lo que decida un juzgado alemán, con su Gobierno detrás. ¿Ha de ser España un protectorado alemán para considerarse Estado de Derecho? Para el Gobierno alemán, evidentemente, sí. Y para sus jueces, también.

3. Para que no haya duda al respecto, la ministra alemana comunica al Estado racial y políticamente inferior -la aceitosa colonia sureña llamada España- que si no demuestra -y ya ha adelantado que le será muy difícil- la malversación de fondos públicos, Puigdemont "será libre en un país libre, que es la República Federal Alemana". Está claro que para la máxima autoridad en materia de Justicia del Gobierno alemán, ni España es libre ni, por tanto, merece ser un país, así que resulta moralmente imperativo que Alemania dedique todo su esfuerzo a destruirlo. Como el propio Pigdemont.

La raza superior sí tiene derecho a combatir el separatismo
Oportunísima para entender la Leyenda Negra contra España es la exposición que esta semana presentó María Elvira Roca sobre Lutero en Alcobendas, porque el fundador del protestantismo lo es también del racismo alemán moderno, que culmina en Hitler pero se alarga hasta Katarina Barley, criatura anglo-germánica que no oculta el secular desprecio de los países reformistas a los católicos, cuyo gran exponente era España. Aquí no quedan casi católicos ni allí protestantes, pero el racismo contra el Sur sigue intacto.

El racismo protestante -ferozmente antisemita desde Lutero y Calvino- contra los españoles no era sólo por ser católicos, sino por tener sangre judía, lo mismo que decían los padres del nacionalismo catalán, que los españoles somos muy judíos. Hace poco escribía Junqueras que los catalanes tenían un ADN más parecido al francés que al español. No se atrevió a decir que eran arios puros. Ahora, tal vez se atreverán, porque el IV Reich ha iniciado la desmembración de Europa que el III llevó al paroxismo. En Memoria del Comunismo cuento que una de las hazañas hitlerianas que desembocaron en la II Guerra Mundial, la anexión de los sudetes, fue saludada por Companys y Aguirre como "un triunfo de la autodeterminación de los pueblos", y le enviaron un caluroso telegrama de felicitación a Chamberlain por permitirla. La historia no se repite, pero a veces se parece horrores.

¿Por qué digo que lo de la socialista Katarina Barley es racismo puro? Porque para la izquierda europea la libertad y la democracia, cuya garantía es el Estado de Derecho, no es natural en los países o razas inferiores, eslavos y católicos, sobre todo hispanos. Carlos Rangel explica en Del buen salvaje al buen revolucionario cómo anglosajones, alemanes y franceses defienden para Iberoamérica las dictaduras comunistas que para sus países rechazan. Creen que para Cuba, Nicaragua, Colombia o Venezuela, como para España en 1936, el imperio de la Ley, el Estado de Derecho son productos exóticos para los que nunca estaremos realmente preparados. Una dictadura con toques pintorescos, atractivos para el turista político, es más que suficiente.

El recuerdo político-legal de Sosa Wagner
La prueba de que sólo el racismo político de la izquierda europea, perfectamente representado por la socialista Barley, explica la miserable agresión no de un juzgado de Shleswig-Holstein -insisto- sino del Gobierno alemán contra España y la UE, es que el tribunal constitucional de Karlsruhe condenó tajantemente, y hace bien poco para que un juez pueda olvidarlo, un referéndum para la independencia de Baviera. Lo recordó ayer en El Mundo el eurodiputado Francisco Sosa Wagner en un artículo formidable: El horror de Schleswig-Holstein, del que transcribo estos párrafos esenciales:

(…) ustedes, señores de mohosas togas de Schleswig-Holstein, han considerado que un proyecto de secesión como el de Cataluña que implica violar el texto constitucional y además -¡una bagatela!- alterar las fronteras de un país europeo, es asunto menor y que desde luego no es motivo para mantener en prisión a su autor y entregarlo a los jueces y tribunales españoles. Y todo en virtud de una confusa argumentación, propia no de juristas sino de rábulas, sobre la inexistencia de violencia que ustedes por supuesto no aceptarían si de analizar una alta traición (Hochverrat) se tratara.

¿O es que no recuerdan ustedes la celeridad con la que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe zanjó la pretensión de celebrar un referéndum en Baviera (2 BvR 349/16)? Lo hizo con estas escuetas palabras contra las que no creo que ninguno de ustedes se revolviera: "En la República Federal de Alemania, Estado nacional fundamentado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder no son señores de la Constitución. En la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los Länder. Son contrarias al orden constitucional".

Tan clarito es lo que he tratado de contar que me inclino a pensar que su disparatada decisión -sea dicho con el máximo de los respetos- es el fruto, por un lado, de su ignorancia de lo que significan España y el orden establecido en los Tratados europeos; por otro, del hecho de que viven ustedes en una burbuja periodística y televisiva en la que prácticamente no han tenido cabida más que las tesis de los secesionistas catalanes.

Al siempre educado Sosa Wagner le faltó añadir: y porque ustedes son unos racistas siniestros, que desprecian para España lo que defienden para Alemania: fronteras seguras, orden constitucional y defensa de la integridad nacional garantizados por la cooperación internacional de la UE. ¿No apoyó España la reunificación de Alemania pese a la oposición de las Francia y Gran Bretaña? ¿Y así nos lo pagan? ¿Diciendo que en 340 actos violentos no hay violencia? ¿Porque pegan a policías españoles? ¿Esto es cooperación entre democracias o repugnante racismo político? Para mí no hay duda: puro racismo, desprecio del grande al chico, del rubio al moreno, del izquierdista al español, que sólo si es comunista deja de ser franquista, en todo caso fuera de las delicatessen democráticas de los arios civilizados.

Si la UE no condena a Alemania, que disfrute el IV Reich
Duro es el golpe a España, pero mucho más duro a la UE, cuyo primer país, Alemania, respalda la destrucción física y legal del cuarto, que es España. Y no es sólo culpa de Rajoy, aunque si tuviera decencia, tras el estrepitoso fracaso internacional de su política ante el golpismo catalán, dimitiría de un cargo del que pocos dudan que para él es sólo el parapeto ante el banquillo. La oposición con una cierta idea de España, es decir, Ciudadanos, debería poner en marcha no sólo una moción de censura para echar al Gobierno y convocar elecciones, sino una campaña internacional -aquí quiero ver a Macron- para que la UE desautorice a Alemania y defienda nítidamente la integridad nacional española. Y si no, que disfruten otros del IV Reich. Al final, si no nos defendemos nosotros, en esta Europa nadie nos defenderá.

Europa es un cachondeo
EDUARDO INDA okdiario 8 Abril 2018

Manda huevos que la mayor crisis que ha sufrido a nivel interno el Reino de España en décadas haya llegado desde tierras lejanas como una suerte de pacífica a la par que europea reedición de la de Cuba en 1898. La puñalada trapera de tres jueces golfos alemanes tendrá, salvo inesperada marcha atrás, consecuencias imprevisibles en esta España cada vez más invertebrada. Nos han humillado, nos tratan como si fuéramos Sudán, como si Franco siguiera en El Pardo, han dado alas al golpismo y han convertido a un pluridelincuente en un mártir. Tan injusto como estereotipar a Alemania como un país nazi, autoritario y antisemita. Tan desaforado como identificar a cada alemán con ese psicópata austriaco de cuyo nombre prefiero no acordarme que asesinó a seis millones de judíos en las cámaras de gas.

Tan pronto rubrico eso como puntualizo que sería injusto sostener que Alemania se ha portado en términos generales mal con España. La canciller Merkel cumplió la promesa que había efectuado a Mariano Rajoy: “Si Puigdemont pisa territorio alemán, lo detendremos y os lo entregaremos”. La Fiscalía germana fue impecable e implacable y reclamó prisión para el ex president regional golpista y su traslado a España para ser procesado por rebelión. Entre otras cosas, porque un delito idéntico existe en su ordenamiento jurídico.

El fallo de la magistratura de Schleswig-Holstein, que es a Alemania lo que un Tribunal Superior autonómico a España, constituye un acto prevaricador en toda regla. Me explico: para empezar, se han pasado por el arco del triunfo el principio acusatorio, que rige en cualquier Estado de Derecho. Es decir, el juez hace lo que le pide el fiscal y no da un solo paso que no le haya reclamado. Mucho ha de fundamentar un tribunal de un Estado democrático para fallar en contra del criterio del ministerio público.

Para continuar, porque en una Orden Europea de Detención y Entrega nunca se entra en el fondo, sólo hay que valorar las formas, analizar si el delito figura en el Código Penal propio o no, si la reclamación es conforme al Derecho local. No hace falta ser Raimundo de Peñafort para colegir que tan sólo debían resolver si un delito idéntico al español de rebelión existe allí. Que haberlo, haylo, y prácticamente calcadito con la particularidad de que allí se castiga hasta con cadena perpetua.

Y, para terminar, porque alguien me tendrá que explicar cómo tres jueces pueden determinar que no ha habido violencia cuando no se han leído las decenas de miles de folios del sumario, cuando ni siquiera han esperado al informe traducido de 300 páginas que les iba a remitir la Guardia Civil y cuando tan sólo obraban en su poder las 60 páginas del auto de procesamiento del Tribunal Supremo. Debe ser que entraron en la basuresca wikipedia, controlada por el podemismo mundial, comprobaron que España es una semidictadura y los golpistas catalanes una suerte de mártires de la libertad, los derechos humanos y la autodeterminación. Y sanseacabó, que eso de trabajar es de fachas.

Son malos y vagos. O vagos para ser malos. No debían entrar en el fondo pero ya que lo hicieron no hubiera estado de más que se hubieran empollado el sumario. Habrían comprobado que la Guardia Civil probó no uno, no dos, no 10, tampoco 100, sino más bien ¡¡¡315 episodios de violencia física!!! durante las semanas del golpe de Estado (un putsch no se prepara ni se consuma en un pispás precisamente). Pero para ello deberían haberse estudiado las decenas de miles de páginas del sumario, algo física y metafísicamente imposible en apenas 24 horas. Ni Einstein o cualquier ADN con un coeficiente intelectual de 180 sería capaz de asumir tanto dato, tanto argumento y tanto tocho en un día. Ni metiéndose 100 centraminas entre pecho y espalda.

Lo más flipante de todo es que estos prevaricadores se contradicen in terminis. Admiten que hubo violencia pero añaden que “no la suficiente” como para violentar al Estado. Hace falta tener una jeta tan dura como la cantera de mi pueblo para sostener algo así y concluir que no hay rebelión. Eso sí, dejan abierta la puerta a la malversación. Puerta que ayer cerró otra que tal baila, la ministra de Justicia alemana, que se pasó setenta pueblos maltratando a España, anticipando lo que ocurrirá y presentándonos como una suerte de país entre bananero y subsahariano.

Katarina Barley, la Catalá germana, transgredió las más elementales normas de respeto institucional enterrando a Montesquieu. “La decisión sobre Puigdemont es correcta, la esperaba”, apuntó en el primero de los zascas a nuestra nación. Adelantándose a los acontecimientos, o no, porque tal vez está todo predeterminado, la titular de Justicia agregó que “no será fácil” probar la malversación. “Si Rajoy no prueba la malversación, Puigdemont será libre en un país libre”, remachó la pájara esta pasándose por el arco del triunfo la división de poderes, poniendo en duda nuestro sistema judicial y equiparándonos implícitamente a una dictadura. Como si fuéramos Tanzania, Guinea Ecuatorial o un país bananero de ésos que florecen en Centroamérica. ¿Se puede ser más cretina? Ciertamente, no.

Lo que mejor funciona en las relaciones internacionales no es el buen rollito sino la Ley del Talión, la aplicación de ese judaico aserto del “ojo por ojo, diente por diente”. Que traducido al mundo contemporáneo significa devolver por métodos pacíficos las putadas que un Estado extranjero te haga. En un mundo en el que cada uno va a lo suyo pensar que se pueden resolver las cosas por las buenas, al más puro estilo Bismarck, es tanto como creer en esa imbecilidad supina que es en términos prácticos (y no prácticos) el flower power. Algo así sostenía el que seguramente pasa por ser el inventor de la diplomacia moderna, el cardenal Richelieu, que alumbró aquello de la razón de Estado. Que básicamente consiste en anteponer los intereses propios a cualquier otra consideración. Que, por cierto, es para lo que se elige a un presidente o a un primer ministro.

Seamos prácticos. Ahora sólo queda envainárnosla y esperar al milagro. Mientras tanto, debemos tomar nota y rechazar todas y cada una de las peticiones de entrega de delincuentes que provengan de Alemania. ¿Que un asesino en serie se refugia en la Costa del Sol, en Canarias o en Baleares?, pues lo enchironamos nosotros y que se lo entregue Rita la Cantaora. ¿Que hay que renovar el parque de tanques y cazabombarderos? Muy sencillito: compremos Abrams y F-35 estadounidenses y que se metan los Eurofighter y los Leopard donde les quepan. ¿Que Baviera se quiere separar del resto de Alemania e intentan detener al protagonista de la secesión? Más fácil aún: lo acogemos por estos pagos y lo convertimos en refugiado político. Y, entre tanto, boicoteemos los productos alemanes. Adquiramos coches franceses, italianos, estadounidenses, indios o japoneses. Que se enteren de lo que vale un peine. Que sepan que el desprecio no sale gratis. Y con Bélgica tres cuartos de lo mismo: que colabore con ellos la madre del Rey Alberto. La deslealtad se paga con deslealtad. El desprecio con desprecio. La provocación con provocación. La insolidaridad con más insolidaridad. La humillación con mucha más humillación.

La gran lectura de la internacionalización del golpe de Estado del 1-0 es que Europa es una unión monetaria y nada más. Una entelequia y un cuento chino en el que cada uno va a lo suyo y en el que se premia a los enemigos de los países miembros. No estaría de más amenazar con salirnos de la Unión Europea para que reaccionen. De lo contrario el euroescepticismo dejará de ser una enfermedad estrictamente británica para convertirse también en un virus made in Spain. Si nos tratan como unos parias, que se queden con sus funcionarios, sus corruptelas y su mierda de superioridad moral. Ni la nación de Molenbeek, Dutroux y las mafias de las drogas y las armas ni la que parió a uno de los dos regímenes más deleznables de la historia nos van a venir a dar lecciones. Hasta ahí podíamos llegar.

Hay un juez en Schlewig-Holstein
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 8 Abril 2018

Carles Puigdemont se siente feliz y sus huestes fanatizadas descorchan botellas de espumoso tras la resolución del Tribunal del Land de Schlewig-Holstein descartando que el delito de rebelión por el que está procesado en España se corresponda con la figura penal de alta traición en la legislación alemana. De acuerdo con este veredicto, Puigdemont, en caso de ser extraditado al que, pese a sus fantasías calenturientas, sigue siendo su país, no podría ser juzgado por rebelión, sino, en todo caso, por malversación, una vulneración de la ley de menor entidad que no implicaría su inhabilitación automática. Sin embargo, pese a este tropiezo de la justicia española en la aplicación de la euro-orden, el resto de la decisión de los jueces alemanes no es precisamente para que los independentistas arrojen tantos cohetes. En primer lugar, se deja claro que el acusado no sufre persecución política, contradiciendo así una de las tesis principales de los golpistas, que niegan su condición de presuntos delincuentes y se lamentan de sufrir las arbitrariedades de un Estado represor. En segundo, le deja en libertad bajo fianza de 75.000 euros, con obligación de presentarse regularmente en un juzgado y de permanecer en suelo de la Bundesrepublik. No parece tampoco que este sea el trato que se dispensa a un héroe de las libertades democráticas, sino que más bien apunta a las precauciones que se toman para que un procesado no escape al rigor de la ley. Y, por último, el procedimiento de extradición continúa por el delito de malversación, con un posible resultado desfavorable al falso mártir que puede acabar en un avión en dirección a la cárcel de Estremera.

El Gobierno de Mariano Rajoy se caracteriza, inspirado por el nebuloso carácter de su presidente, por una mezcla equilibrada de pasividad, inoperancia y pusilanimidad, que él denomina curiosamente “sentido común”. Fruto de esta forma de afrontar las tareas propias del poder ejecutivo, el golpe se ha venido gestando durante años con luz y taquígrafos mientras en La Moncloa facilitaban este encomiable propósito con abundantes recursos financieros y abriendo un despacho en su Delegación en Barcelona para que la ínclita estadista que ha revelado ser la Vicepresidenta Para Todo practicara un infatigable diálogo apaciguador con los que preparaban incansables la “desconexión” de España. Queda la duda de si la vicepresidenta era consciente de la inutilidad de sus esfuerzos, pero persistía en ellos porque le resultaban entretenidos; o si creía de verdad que sus dotes de seducción terminarían por ablandar la dura coraza de sus interlocutores, lo que probaría que se puede ganar una oposición a un cuerpo de elite del Estado con un nivel considerablemente moderado de inteligencia.

Cuando la Fiscalía germana suscribió al completo las tesis del instructor Pablo Llarena y solicitó a la sala de lo penal del Land fronterizo con Dinamarca mantener a Puigdemont entre rejas y aceptar su extradición a España por rebelión y malversación, un hálito de optimismo invadió a nuestros aguerridos ministros y a su sinuoso líder. Las perspectivas no podían ser más halagüeñas, los togados teutones iban a hacer el trabajo mientras en la mesa del Consejo podía continuar la siesta. Pero, oh hados fatales, el tribunal competente le ha enmendado la plana al fiscal y la dicha se ha trocado en desconcierto y consternación. Este molesto incidente ha venido a corroborar lo que millones de españoles ya sabemos desde la desperdiciada mayoría absoluta de 2011. En España hay una apariencia de Gobierno, unos caballeros y unas damas que se sientan en las poltronas ministeriales y fingen que se afanan en la conducción de los negocios públicos, pero que en la práctica dejan que otros se enfrenten a los problemas verdaderamente acuciantes, sea el Rey, sean los empresarios, sean los jueces o sea la sociedad civil.

El Estado español es multisecular y resistente y ha conseguido no ser destruido por los mandatos sucesivos de Zapatero y de Rajoy, combinados ambos con la labor dinamitera de los separatistas catalanes, especialistas en el engaño, la felonía y el saqueo del erario. Ahora bien, por sólida que sea su mole y por dilatada que sea su historia, no existe Estado que pueda sobrevivir a gobiernos que o no hacen nada o, cuando se desperezan, se dedican a suministrar a sus peores enemigos los medios para liquidarlo. Por eso, la partitocracia corrupta, ineficaz y ruinosa en que ha degenerado el sistema institucional y político del 78, tiene los días contados. La pregunta es si surgirá de las entrañas de la Nación el proyecto de renovación que rectifique los numerosos errores de las últimas cuatro décadas y sustituya la clase política incinerada que hoy nos desgobierna por equipos de refresco integrados por gentes de limpia ambición y sano patriotismo dispuestos a acometer la difícil misión de enderezar un rumbo definitivamente perdido.

Es conocida la anécdota de Federico II de Prusia y el molinero, en la que el monarca expresa su satisfacción por el buen funcionamiento de la justicia en su reino con la célebre frase “Aún hay jueces en Berlín”. En estos días, el Gobierno de España ha descubierto que hay jueces en Schlewig-Holstein que pueden desbaratar con una decisión más que discutible su temblorosa estrategia de esconderse detrás de los tribunales. La separación de poderes es un principio básico de las auténticas democracias, pero cada uno de los tres en su lugar y con sus competencias. Cuando uno de ellos se arruga y se refugia en alguno de los otros dos, el riesgo de que un cisne negro levante el vuelo y siembre la desolación se multiplica. ¿Podremos los españoles salir del marasmo que nos atenaza sin pasar previamente por un cataclismo traumático como en anteriores ocasiones de nuestro pasado? Las próximas elecciones generales nos brindan la oportunidad de acabar de rematar lo viejo y de dar un impulso vigoroso al nacimiento de lo nuevo. ¿Sabremos hacerlo?

Asunto interno
ARCADI ESPADA El Mundo 8 Abril 2018

Mi liberada:

Después de un asalto al Estado que ha durado más de cinco años, el jefe de un gobierno regional español consuma su apropiación de la soberanía constitucional del conjunto de los ciudadanos, proclama la secesión de la región que gobierna y huye cuando la Justicia decide perseguirlo. Su huida acaba en Alemania. Cuando las autoridades españolas reclaman su extradición, los jueces alemanes responden que ellos decidirán el delito -y si hay delito- por el que deba ser juzgado. En la práctica ello supone que los jueces alemanes actúan como lo haría un juez de instrucción ante una petición fiscal: evaluando la calidad de los indicios aportados y el grado de convicción de sus argumentos. Y ejerciendo, respecto a los hechos investigados y a su calificación jurídica, la autoridad que tiene el juez de instrucción sobre el fiscal.

Todo ello contraría el automatismo que rige o quiere regir en el espacio común europeo. El automatismo del euro, por ejemplo. O el de Schengen, que elimina la cláusula de la frontera. El automatismo europeo supone que lo único que cabría esperar de la petición española era la entrega automática del prófugo. Así lo dio a entender la fiscalía alemana. La primera razón son los delitos mismos atribuidos. O sea, la imposibilidad de que algún Estado de Derecho pueda sostener que la secesión unilateral no es delito en su país. La segunda es la confianza absoluta, fruto de la pertenencia al mismo espacio moral y político, en que el presunto delincuente tendrá un juicio justo en su país. Pero el automatismo no se ha producido.

Los jueces alemanes tienen dudas de que la palabra violencia describa parte del método empleado por los nacionalistas catalanes en su asalto a la democracia española. Son dudas razonables, que comparten muchas personas, juristas o no, en España. La instrucción del juez Llarena ha recibido diversas críticas por su empeño en justificar, a partir de la violencia, el tipo penal de la rebelión. Pero la procedencia o no de esas críticas habrán de determinarlas los tribunales españoles. Insólitamente los jueces alemanes no han depositado en ellos la resolución de sus dudas, sino que se han adelantado a su decisión absolviendo en la práctica a Puigdemont del delito de rebelión. Haciendo, por lo tanto, muy rentable su huida de la Justicia española y dando un insospechado apoyo fáctico a la constante denuncia nacionalista de la baja calidad democrática del Estado de Derecho español. No solo han hecho eso los jueces alemanes. Según su resolución, que desbrozaba ayer María Peral en El Español, la posibilidad de la extradición del prófugo a causa de un delito de malversación está también en el aire. Los jueces, enmendando radicalmente la plana a la instrucción, exigen más información, más aporte fáctico, al juez español. De nuevo se erigen en instructores de la causa. La extradición no solo peligra por esa razón. La ley alemana relativa al auxilio judicial internacional en materia penal dice en su artículo 1: «La extradición no será admisible sobre la base de un acto político o de un acto relacionado». No parece difícil que los abogados de Puigdemont tengan éxito en las alegaciones que relacionen la malversación con el acto político de la convocatoria del referéndum de autodeterminación.

Y es en esas dos palabras, acto político, donde se resume el inmenso problema de este asunto. Buena parte de la opinión constitucionalista española se niega a aceptar que los nacionalistas hayan cometido un delito político. Es absurdo. Los nacionalistas catalanes han quebrado la ley para obtener un beneficio político. Su delito es de naturaleza política como el del violador es de naturaleza sexual o el del estafador de naturaleza económica. La naturaleza política del delito nacionalista es la misma que la del golpista. El que Milans del Bosch pusiera los tanques en Valencia y Puigdemont las masas encuadradas de la Anc no altera la idéntica naturaleza de sus delitos ni la evidencia de que ambos se alzaron contra el Estado democrático. La no aceptación de que hay delitos políticos y por lo tanto delincuentes políticos, otorga a la política un carácter no punible, fuente de todo tipo de manipulaciones. Entre las más veteranas y despreciables, la que permite oponer las soluciones políticas a las soluciones judiciales.

El abstruso razonamiento de los jueces alemanes sobre el grado de violencia a que obliga el delito de rebelión para poder ser considerado, solo puede entenderse como un intento de señalar en qué circunstancias extremas la violencia desplaza a la política. Según su resolución -que compara ridículamente el asalto nacionalista a la democracia con el intento de ocupación en 1983 del aeropuerto de Francfort por grupos contrarios a su ampliación- la violencia del Proceso no fue la necesaria como para convertir a sus principales actores en delincuentes. Los nacionalistas, en el juicio profundo de los jueces alemanes, pudieron cometer un delito tan solo político... y los delitos políticos no existen. La ministra de Justicia alemana, socialdemócrata de manual, lo tradujo ayer al modo ingenuo de su ser: «La decisión de los jueces de Schleswig es absolutamente correcta, la esperaba (...) Ahora habrá que hablar también de los componentes políticos [del Proceso]». Así pues los jueces alemanes habrían devuelto, correctamente, a la política lo que es de la política. El mensaje de los jueces y de la ministra es el conocidísimo del tipo nierga: «Ustedes que pueden, dialoguen». Hagan política. Si los adversarios del Proceso hubiesen tenido la virtud de encarar la naturaleza política de la insurrección nacionalista podrían contestar de modo imbatible: «¿Cómo dialogar con el que se levanta contra la democracia, es decir, contra el diálogo?». Pero no hay un solo político en España que pueda contestar así a los alemanes. Baste saber lo que piensa el pusilánime ministro de exteriores español sobre la declaración de la ministra alemana: «Estuvo un tanto desafortunada».

El daño irremediable que los jueces alemanes han causado va mucho más allá de la circunstancia personal de Puigdemont. Los jueces alemanes han absuelto al Proceso secesionista. Lo han absuelto en sus métodos, al no percibir violencia en la actividad intimidatoria de un grupo de dirigentes que utilizó tanto a su policía como a sus ciudadanos, tanto su poder político como su poder social, para incumplir repetida y gravemente la ley. Y lo han absuelto también en sus objetivos. En torno a la resolución de Schleswig-Holstein -y de la correcta traducción de la ministra- gravita apenas disimulado por la prosa leguleya el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos. De los hirsutos pueblos españoles, naturalmente. Durante mucho tiempo Europa transmitió a España que el desafío nacionalista era un asunto interno. Un asunto interno de los catalanes querían decir.

Sigue ciega tu camino.
A.

Cuéntanos por qué te afiliaste al PP
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO El Mundo 8 Abril 2018

"¿Quieres ser el protagonista de la próxima Convención del Partido Popular? Cuéntanos porque (sic) te afiliaste al PP y consigue dos invitaciones para la Convención Nacional en Sevilla los días 6, 7 y 8 de abril".

No sé cuántos militantes habrán respondido a la tómbola que el Partido Popular anuncia en su página web. Pero habrá que ver con ternura sus vídeos, escuchar sus argumentos y reconocerles el mismo mérito que a los seguidores del Atlético en las temporadas más oscuras. Militar en el PP se ha convertido en una forma de masoquismo. Y pocas ocasiones mejores para comprobarlo que esta convención invernal e infernal en Sevilla.

Ya ni siquiera quedan presuntas sucesoras con las que hacerse selfies para matar el tiempo entre ponencias: Soraya, kaput; Cifuentes, fin de máster. Para el estoico afiliado, como para el periodista, la alternativa será medir el grado de vacío que le hacen a la ¡todavía! presidenta de la Comunidad de Madrid sus compañeros de partido, empezando por su líder, y perdonen la hipérbole. En cuanto al discurso de clausura, esta vez la expectación está justificada. Atentos a cómo reivindica Rajoy su gestión en Cataluña. Puede centrarse en su vigorosa defensa del derecho de los castellano-parlantes. En su enérgica reacción frente a los sabotajes cometidos por los Comités para la Defensa de la Rebelión, que no de la República. En su heroica decisión de cerrar TV3. En su diligente limpieza de los edificios públicos de lazos amarillos y otra propaganda separatista. O -lo más probable- en su eficacísima reafirmación del Estado de derecho español frente a los golpistas prófugos.

En las últimas 48 horas no ha explotado nada. Simplemente han quedado expuestos el vacío y la flacidez de uno de los últimos diques de nuestro sistema democrático, en su doble vertiente: Gobierno y partido. Vacío de liderazgo, por supuesto. Pero sobre todo vacío de proyecto, de criterio, de estrategia, de táctica, de cualquier cosa que pueda identificarse mínimamente con la política entendida como algo más que la mera supervivencia personal.

El golpe asestado a España desde Alemania es una catástrofe europea, sí. Demuestra que el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia no es más que una suma de palabras bellas. Que Europa sigue siendo un espejismo, una visión romántica, la mía, porque no existe no ya confianza mutua, sino buena voluntad recíproca. Pero sobre todo es un fracaso nacional. De los que avalan leyendas negras y alimentan depresiones colectivas: los males endémicos de España. El Gobierno de Rajoy ha sido respecto a Bruselas, y concretamente respecto a Berlín, un alumno aplicado. Ha cumplido todas sus instrucciones económicas, incluso más allá de lo conveniente, como durante la atolondrada reforma del sistema financiero. A cambio no ha exigido nada. Ni siquiera respeto.

En estos años críticos, España no ha hecho valer no ya su peso como país, sino tampoco su esfuerzo en aras de un proyecto de civilización que echó a andar gracias a la economía pero que nació de la política. Europa se fundó contra el nacionalismo y la alteración unilateral de las fronteras. Todo lo que favorezca a estos últimos, perjudica a la primera. El Gobierno no lo ha explicado. Ni dentro ni fuera. No ha hecho nada por convertir el desafío separatista catalán en un examen de la fortaleza europea. Nunca interpeló pública y enfáticamente a sus aliados necesarios. No les preguntó: "Y ustedes en nuestra situación, ¿qué harían? ¿Ah sí? ¿Juzgarían a un golpista por malversación? ¿De verdad? ¿En Córcega? ¿En el Ulster? ¿En Flandes? ¡¿En Baviera?!" El resultado es el peor de los posibles: el triunfo del nacionalismo; un quebranto de Europa sobre el quebranto español.

La decisión ultra-exprés del tribunal de Schleswig Holstein es un reflejo de las lánguidas indecisiones del Gobierno de España. Juntas, anulan la movilización constitucionalista de octubre, la más importante desde la Transición. Puigdemont, un golpista, será juzgado como un corrupto cualquiera, de los que cada mediodía condena La Sexta. Es cierto que algunos de sus colegas y subordinados tendrán que responder por los delitos de rebelión y sedición. Pero a ver qué juez, qué tribunal y sobre todo qué político de los que hoy tiene España va a aguantar la acusación de cultivar un odioso doble rasero. Los indultófilos y los socialistas, valga la redundancia, ya están al acecho.

Y con la impunidad, la legitimación de la violencia política. No sólo la de los últimos meses. Si el asalto televisado a la Consejería de Economía y la usurpación de la Policía Autonómica para fines explícitamente delictivos no son formas de violencia, ¿qué serán entonces los otros ingredientes del proyecto separatista? Me refiero a los suciamente soterrados: la agitación de la xenofobia, el hostigamiento de los discrepantes, la movilización de las masas contra la legalidad, las pintadas en casa de Llarena, los cipreses mutilados de Boadella. ¿Expresiones de convivencia democrática? ¿Y cuál será el impacto de este descalabro sobre el País Vasco, Navarra, Valencia, Baleares...? ¿Y sobre la política nacional en el corto plazo? Especulemos.

Albert Rivera pensará que la política consiste en esperar a que tu rival se inmole

El gol político de Puigdemont al Estado -el segundo después de las elecciones que le regaló Rajoy- puede enrocar todavía más al separatismo, dificultando la formación de un Gobierno en Cataluña. Esto forzaría al Gobierno a mantener el artículo 155 en vigor y blindaría los sibilinos pretextos del PNV. El bloqueo catalán provocaría así el definitivo bloqueo español: por primera vez en la historia, los Presupuestos Generales del Estado podrían ser devueltos, derribados. Rajoy podrá pensar: "Prorroguemos. Total, qué más da. Todo es un lío..." Sería propio de su carácter, pero impropio de su cargo, el paso casi póstumo de una trayectoria singular. No se ha dicho lo suficiente: pocos políticos han generado más caos en la política española que el aparentemente conservador Rajoy. Y con el caos acumulativo, la erosión institucional. La de su país y su partido.

Bajemos un momento a Sevilla y a las alcantarillas. Abrazos y declaraciones públicas al margen, Génova y Moncloa intentan ahora desmarcarse de Cifuentes. Es una maniobra inútil. La devastación del PP madrileño es la devastación del PP nacional. Y antes su consecuencia que su causa. Contra lo que ellos quisieran y ella cree, Cifuentes es una política convencional, del mainstream marianista. Su concepción de la política también es la negación de la ideología, sobre todo de la propia. Ha confundido la lucha contra la corrupción -puro estuco- con la defensa de un proyecto, cuando la ética en política no se propone, se presupone. Ha abusado del victimismo como un nacionalista cualquiera: primero «me hago la rubia» y luego grito "¡machismo!". Y ha acabado expuesta como lo que es: un fake. Eso sí, con la lección bien aprendida: "¿Dimitir, yo? ¿Por un máster? Si a Mariano le han un dado un golpe de Estado y ahí sigue".

La resistencia egoísta no es lo único que une a Cifuentes y Rajoy. Ninguno de los dos tiene sucesor interno. De ambos lo será Albert Rivera. Con un inconveniente. El líder de Ciudadanos también es proclive a la táctica. Y, dado el panorama, podría pensar que el secreto del éxito en política es hacer lo mínimo posible. No moverse. Quedarse completamente quieto mientras tu rival se despedaza a sí mismo. Eso pensó el Partido Popular después de la inmolación económica de Zapatero. Y así estamos. Pasmados. Con la inaudita soga de Europa al cuello.

BATALLA ENTRE PODEMOS Y EL PSOE
El Valle de los Caídos y la lucha izquierdista por la bandera de la revancha
Agustín Benito gaceta.es 8 Abril 2018

El presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, recuerda en declaraciones a La Gaceta que el monumento fue construido “para la paz, la concordia y la reconciliación”, y que Franco no podrá ser exhumado si su familia se niega.

El Valle de los Caídos y la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) son claves en la batalla en la izquierda por la bandera de la Memoria Histórica. Podemos y el PSOE compiten por ver quién muestra mejor su obsesivo “revanchismo”, visto que en la actualidad las encuestas no favorecen la reedición de un nuevo Frente Popular.

Esta semana, las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, presentaron la exposición “No pasarán. Madrid 1936. 16 días”, una muestra organizada por la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, que dirige el tercer teniente de alcalde, el “leninista” Mauricio Valiente, que olvida a las personas del autodenominado bando nacional asesinadas en la represión izquierdista que llenó de checas Madrid y matanza de más de 2.500 personas perpetrada por milicianos al más puro estilo soviético en Paracuellos del Jarama.

Por otra parte, los socialistas, que quieren exhumar a Franco y convertir el Valle de los Caídos en “un espacio para la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, instaron al Gobierno a promover la ilegalización de la FNFF por entender que “enaltece y exalta la dictadura”, y para ello presentaron una moción en el Senado que insta a la Abogacía General del Estado a elaborar un informe sobre las posibilidades de extinguirla. Anunciaron esta iniciativa después de que la fundación difundiera un tuit para conmemorar el final de la Guerra Civil del 1 de abril de 1939 bajo la expresión “Hoy celebramos una Victoria tan justa como merecida”.

En su exposición de motivos asegura que las actividades de esta entidad van “en contra” de los principios fijados en la Ley de Fundaciones, como la promoción de los derechos constitucionales, de los principios democráticos, los derechos humanos o el “fortalecimiento institucional”. “No parece muy lógico que se adecue a la legalidad una fundación que enaltece y exalta la dictadura, y proyecta su ideario sobre la sociedad española”, dice.

Ante estos ataques, la FNFF ha tildado en un comunicado la intención de la formación liderada por Pedro Sánchez “desprecio absoluto a los fundamentos del Estado de Derecho recogidos en la Constitución”. Le ha instado además a “acudir a los tribunales” para que “evalúen y juzguen todos y cada uno de los cinco puntos en que basan su pretensión” de ilegalización y ha prometido que lucharán y defenderán la verdad.

“Defenderemos nuestra verdad porque consideramos que Franco fue la solución a todos los problemas que aquejaron a España”, ha añadido, antes de asegurar que la Ley de Memoria Histórica es “una Ley de ingeniería social, de claro contenido partidista, excluyente, arbitraria, contraria al interés general, de dudosa constitucionalidad y creada para deslegitimar a todas las instituciones existentes”.

El presidente de la entidad, Juan Chicharro, reiteró sus críticas a la Ley -“es liberticida y sectaria”, dijo- durante el debate -moderado por Rafael Núñez Huesca- que mantuvo el pasado miércoles sobre el franquismo y la Guerra Civil con el secretario general del Partido Comunista de Madrid (PCM), Álvaro Aguilera, en la Redacción Abierta de Intereconomía TV.

‘Un monumento para la reconciliación’
También ha salido al paso el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, que ha censurado las “preocupaciones” actuales de la izquierda, inmersa en un conflicto por la “desmemoria”. Ha salido en defensa del Valle de los Caídos, una vez conocido que se quiere intensificar el proceso de “resignificación” de un monumento construido “para la paz y la concordia”, “un lugar absolutamente modélico en el espíritu de hermandad y reconciliación para el que fue concebido” y que contiene a “los caídos de ambos bandos en una guerra fratricida”.

En declaraciones a La Gaceta, ha asegurado que el monumento, que en la actualidad recibe 300.000 visitantes cada año, ha sufrido los ataques de las izquierdas -cuando están en el Gobierno-, y también la cobardía y pasividad de la supuesta derecha -el PP- que no hace “nada” para que siga siendo un enclave turístico, religioso y ecológico de primer orden. Asimismo, ha criticado que el PSOE siga anclado en el “guerracivilismo” y “se base en una comisión de pseudoexpertos que desde su nacimiento careció de objetividad, copresidida por Virgilio Zapatero, uno que nos daba lecciones mientras se lucraba con las becas black”.

Ha negado también que ellos se opongan a las exhumaciones de los hermanos Lapeña si es que están allí. “No nos oponemos siempre y cuando se encuentren individualizados y tal y como dice el auto se tengan en cuenta los derechos de terceros. Representamos a 156 familias de ambos bandos que se niegan a que toquen los cuerpos de sus parientes”, ha añadido.

Sobre la exhumación de Franco, otra de las reivindicaciones de la izquierda, Linares ha recordado que en primer lugar lo tiene que aceptar su familia -si la familia no acepta, el traslado no es posible- y en segundo término, la Iglesia. Esto es porque los restos se encuentran en el interior de una Basílica de carácter pontificio. Cabe señalar que el Congreso instó el pasado año al Ejecutivo a sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos en una proposición no de ley impulsada por el PSOE que contó con la abstención del PP.

La histórica victoria de la España de Franco sobre Inglaterra en la ONU
Pío Moa gaceta.es 8 Abril 2018

Con las salas del Centro Riojano repletas, la primera sesión del seminario sobre Gibraltar ha correspondido a José María Carrascal, que no necesita presentación. Entre sus trabajos de periodista ha escrito un imprescindible libro de historia, La batalla de Gibraltar, confrontación diplomática librada en la ONU entre los años 1964 y 1969. Algo que debería ser vastamente conocido por la opinión pública, pero que por desgracia ha permanecido semioculto durante decenios.

El planteamiento general era este: aprovechando la marea descolonizadora, Londres declaró colonia a Gibraltar, lo cual anulaba unilateralmente el tratado de Utrecht, por lo demás anulado sobradamente por las usurpaciones y abusos de los ingleses en los siglos pasados y en el XX. El truco consistía en que, al “autodeterminarse” los gibraltareños, elegirían sin duda mantenerse de hecho bajo poder inglés con la base militar, de la que vivían, junto con el contrabando y otras agresiones a España. De modo que, con este disfraz, Gibraltar pasaría “por propia voluntad” a depender para siempre de Londres.

Ya de antemano la batalla parecía ganada por Inglaterra, porque no dejaba de ser una gran potencia y tener el apoyo de los países de Europa occidental (casualmente también apoyarían a la ETA en su momento), incluso el más disimulado de Usa — que no podía ser abierto debido a sus bases en España– así como un puesto privilegiado en el Consejo de Seguridad como uno de sus cinco miembros permanentes. Además utilizaba a fondo el argumento del franquismo como régimen no democrático. No debe olvidarse que al terminar la guerra mundial, los anglosajones y los soviéticos y otros países, de consuno, intentaron hambrear a España por medio del aislamiento. Este plan criminal no les salió bien, teniendo que tragar finalmente con un régimen español que, al revés que el resto de Europa occidental, no debía nada al ejército useño ni a las finanzas useñas ni a Stalin: España se había reconstruido con sus propias fuerzas pese a las asechanzas y hostilidad exteriores.

En España, la estupidez interesada de muchos antifranquistas les llevaba a argumentar que era lógico que no devolvieran el peñón mientras estuviese Franco, pero que con una democracia sí lo devolverían. Eran como aquellos que colaboraban o justificaban a la ETA pensando que les hacía el trabajo sucio pero que, cuando muriese Franco, dejaría de asesinar y les dejaría a ellos los jugosos puestos políticos en una democracia sui generis.

La descolonización venía impulsada especialmente por Usa y la URSS, y dio lugar a un movimiento de No Alineados. Y enseguida se percataron muchos de que las potencias coloniales podían mantener su dominio disgregando países, sobornando a poderes, etc. Por eso se pusieron trabas: la descolonización no debía romper la unidad territorial de los países, lo cual debilitaba la posición inglesa. La experta diplomacia franquista maniobró sobre este punto , recordando, además, que los auténticos gibraltareños eran los descendientes de los habitantes del peñón que habían tenido que huir ante la invasión inglesa. Los contactos con los países hispanoamericanos rindieron enseguida sus frutos, y también fueron tratados los países árabes, que acababan de sufrir los abusos coloniales de Inglaterra (los primeros bombardeos indiscriminados sobre población indefensa los realizaron los ingleses en Irak) El embajador sirio preguntó al representante inglés por el nombre del gobernador de Gibraltar. Este lo dijo, y apostilló el sirio: “En mi país se le conoce como “el carnicero de Damasco”. Finalmente también los soviéticos, que tanto habían hostigado España junto con los anglosajones y países eurooccidentales, se opusieron a las pretensiones de Londres, por ganarse simpatías.

Los ingleses sufrieron una derrota diplomática aplastante. Un último intento fue el de poner en primer plano los “deseos” (wishes) de los llanitos. España replicó que se respetarían sus derechos (no serían expulsados o perseguidos) pero no sus deseos, que todos sabían cuáles eran. La ONU decidió que en el plazo de un año debían concluirse las negociaciones entre Madrid y Londres (los llanitos no tenían ningún papel, como era lógico) para descolonizar Gibraltar y devolverlo a España. Puede decirse que Londres había caído en su propia trampa al declarar colonia al peñón.

Dado que Londres se empeñaba en incumplir los acuerdos (vulnerar por la fuerza todos los acuerdos o pactos cuando no le convienen es una larga tradición inglesa) España cerró la verja. El resultado muy rápido fue que el peñón se convirtió en una ruina muy costosa para Londres, al paso que disminuyó el contrabando, otra fuente tradicional de riqueza para los llanitos. De paso, el régimen industrializó la zona, para evitar la dependencia laboral de Gibraltar: quedan, como resultado de ello, el puerto de Algeciras, convertido en uno de los más importantes de Europa, la factoría de Acerinox, y otras empresas. Hoy, el panorama es, a pesar de esa herencia, desolador: es la zona de mayor desempleo de España.

Carrascal se extendió luego con cierta amplitud sobre cómo los políticos españoles empezaron, ya con López Bravo y luego con Marcelino Oreja, a cobardear y chanchullear, pese a que la propia ONU presionaba en el sentido justo. El espejismo del Mercado Común fue a su vez utilizado por Londres para mantener el statu quo, frente a una diplomacia española que ya no era la del franquismo, sino la de unos gobiernos indecentes, ansiosos de ganarse la aprobación de Londres y otros como “demócratas”.

El conferenciante se extendió también sobre cómo los politicastros españoles anularon después la histórica victoria de su país, que prefieren dejar en el olvido, y convirtieron la ruina para Londres en un emporio capaz, hoy, de corromper y sobornar a media Andalucía y actuar también en el mismo Madrid. Tema que explicará más ampliamente el próximo conferenciante, Guillermo Rocafort, el viernes que viene.
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Cómo se decidió el PSOE por la guerra civil al perder las elecciones de noviembre de 1933: https://www.youtube.com/watch?v=-n47hYuuKgI
Instrucciones secretas del PSOE para la guerra civil, en 1934: https://www.youtube.com/watch?v=-n9Qqg4Uilw&t=169s

Memoria histórica de Calvo Sotelo
«La declaración en sede judicial del chófer de la furgoneta-ambulancia que trasladó el cadáver de Calvo Sotelo al cementerio del Este, inédita hasta hoy, permite aventurar la existencia de una conjura organizada y planificada desde círculos dirigentes de partidos de izquierda tres meses antes a la noche de aquel crimen. Este testimonio echa por tierra que el magnicidio fuera una represalia al asesinato un día antes del teniente Castillo»
FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ ABC 8 Abril 2018

EN el archivo de mi biblioteca obra un folio judicial, seriado y numerado, que me fue regalado por un amigo, compañero mío de la Inspección de Trabajo, el cual lo encontró entre los papeles de su difunto padre, el magistrado don Francisco García Vázquez, que en los aciagos días de 1936 era juez de primera instancia e instrucción.

El escrito contiene la declaración efectuada en sede judicial por uno de los intervinientes en el asesinato de don José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio de 1936. El declarante, llamado Blas Estebarán Llorente, manifiesta ser el chófer de la camioneta-ambulancia que, según sus afirmaciones, trasladó hasta el cementerio del Este el cadáver del político asesinado.

Su relato considero que tiene una relevante importancia histórica ya que muchas de sus aseveraciones entran en total contradicción con hechos dados por ciertos hasta hoy. Hace constar que ¡tres meses! antes del crimen, el dirigente comunista Jesús Hernández, ministro en la guerra civil, acompañado de un tal Antonio López, «le indicó que contaban con él para llevar a cabo un servicio con su camioneta-ambulancia».

Esta afirmación, inédita hasta ahora, permite aventurar la existencia de una conjura organizada y planificada desde bastante tiempo antes a la noche del crimen urdido desde círculos dirigentes de los partidos de izquierda, avalando así la tesis de quienes sostienen que además de a Calvo Sotelo, la madrugada de antes se intentó asesinar también a Gil Robles y a Antonio Goicoechea, los cuales se salvaron por no encontrarse en sus domicilios, circunstancia que impidió que la razia criminal de aquella noche descabezara violentamente de sus principales dirigentes a los partidos de la oposición parlamentaria al gobierno del Frente Popular.

Añade a continuación el encausado, que no fue hasta el mediodía del 12 de julio de 1936 cuando se le encargó que al terminar sus servicios en el Parque de Sanidad, se reuniera con los ya citados Jesús Hernández y Antonio López.

Manifiesta que sobre las nueve menos cuarto de la noche, se reunió con ellos en un bar de Moncloa y sin cenar se trasladaron con la ambulancia hasta la plaza de Manuel Becerra, donde aparcaron. Ese fue el momento, en que, según su declaración, Jesús Hernández le comunicó que allí tenían que esperar a otro coche que transportaría «el cadáver de Calvo Sotelo, a quien aquella noche tenían que asesinar» (sic).

Estas afirmaciones, de ser ciertas, echan por tierra la interpretación histórica mayoritaria mantenida hasta hoy de que la muerte de Calvo Sotelo fue un acto de venganza perpetrado por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en represalia por el asesinato un día antes del teniente Castillo a manos de pistoleros falangistas, aunque el historiador Ian Gibson imputa el atentado contra Castillo a un comando carlista.

Sin embargo, lo que más sorprende, y para mí lo más importante de la declaración de Estebarán Llorente, es cuando afirma que de sus averiguaciones el autor de los dos disparos que alevosamente se descerrajaron sobre la nuca de Calvo Sotelo, fue el teniente de los Guardias de Asalto Máximo Moreno y consiguientemente no, tal como se consideraba hasta hoy, el pistolero desgraciadamente de origen coruñés Luis Cuenca Esteras, miembro de la milicia socialista «La Motorizada».

La narración termina con una dramática exposición de los hechos. Alrededor de la una de la madrugada llega a la plaza de Manuel Becerra un coche «hispano» sin matrícula, de la Dirección General de Seguridad, desde el que le ordenaron que los siguiese. Pasado un trecho, pararon ambos vehículos al llegar a la Carretera del Este, momento en que transportaron del coche a la ambulancia el cadáver de Calvo Sotelo y siguieron hasta el Cementerio del Este. Allí, y cito textualmente, «Jesús Hernández y Antonio López, tirando de los pies del cadáver, lo hicieron caer sobre la carretera, causando con el estribo del coche nuevos destrozos en el cuerpo y abandonándolo en la cuneta, regresaron a Madrid».

Finalmente, resulta de interés la relación de los nombres de quienes indica viajaban en el coche «hispano». El conductor era Baldomero Sanz, quien llevaba a su lado a Julio Bueno; detrás, en la banqueta del coche, iban Isidoro Castiñeira, el teniente Moreno y entre ellos el cadáver, yendo en el asiento posterior Luis Linares. Todos ellos, excepto el teniente Moreno, declara que eran agentes de Policía, conocidos suyos.Hasta aquí los aspectos más novedosos del magnicidio, que aporta esta declaración desconocida, o al menos no descifrazada hasta hoy.

El asesinato de Calvo Sotelo siempre tuvo zonas de sombra nunca aclaradas, motivadas en gran medida por el muy sospechoso robo que, ya iniciada la guerra civil, llevaron a cabo el 25 de julio un grupo de milicianos en las mismas dependencias del Ministerio de Gobernación, de donde sustrajeron todos los documentos de las investigaciones hasta entonces efectuadas, circunstancia que ocasionó la pérdida de parte de las pruebas científicas realizadas por los forenses y las actas de los interrogatorios a los principales sospechosos.

Confío en que lo datos aportados contribuyan a mejor conocer y aclarar algunos de los puntos oscuros de aquel ignominioso crimen de Estado. Es tarea que corresponde a los historiadores. Yo me limito a ser un mero divulgador que da a conocer un documento que accidentalmente llegó a mis manos y que por su contenido considero puede ser importante.

PD: De entrar en vigor la nueva ley de Memoria Histórica presentada en el Congreso por quienes actualmente okupan la dirección del PSOE, el contenido del presente artículo podría llegar a acarrearme una pena de hasta cuatro años de cárcel, por mantener una opinión divergente con la «verdad única» que hoy se nos intenta imponer desde el afán revanchista imperante, que sectariamente busca acabar con el espíritu de reconciliación nacional que, con la generosidad de renuncias de unos y otros, supimos construir los españoles en el proceso de la Transición democrática.

Francisco Vázquez Vázquez fue embajador de españa ante la santa sede.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Víctimas en el exterior de la inoperancia del 'procés'
EDITORIAL El Mundo 8 Abril 2018

Stefan Zweig se adelantó con su agudeza sobre los nacionalismos, «la peor de todas las pestes» que envenenaría a Europa. Si viviera hoy, a buen seguro completaría el diagnóstico añadiendo la propaganda como gran enemiga para el continente. Desde luego, mucha posverdad hay tanto en la deriva del procés como en los últimos vericuetos del fugado Puigdemont en Alemania. Porque las declaraciones de la ministra de Justicia de este país respecto al caso no sólo demuestran su nulo respeto por el Estado de derecho en un socio como España. Sino que confirman hasta qué punto en determinados estratos políticos y de opinión pública en Europa han calado las falsedades del independentismo, gracias a una hábil campaña de propaganda desde hace años, ante la inoperancia de las autoridades españolas, incapaces de contrarrestar con el ahínco necesario tantas mentiras.

Cuando la ministra de Justicia alemana se atreve a advertir de que España tendrá que explicar bien las razones por las que Puigdemont debería ser juzgado por malversación de fondos -«no será fácil», subraya atrevida-, amén de abrir una preocupante crisis política con nuestro país, está poniendo en jaque uno de los cimientos de la Unión Europea:el judicial. Porque igual que los magistrados de Schleswig-Holstein se han extralimitado al entrar en el fondo de algo que no les compete, la política mencionada está cuestionando la naturaleza misma de la euroorden. Esta figura se creó para acabar con la politización en los procesos de extradición. Y se basa en la confianza plena de las instancias judiciales de los distintos estados miembros de la UE, en un espacio común de libertades. Declaraciones así quiebran este principio y atentan contra el proyecto europeo.

Nuestro Estado de derecho es suficientemente sólido para afrontar estos reveses. Sin embargo, queda al descubierto la pésima gestión en el exterior ante un desafío de la envergudura del golpe independentista. El ministro Dastis se limitaba ayer a tachar de «desafortunadas» las necedades de la ministra alemana. Pero mucho de lo que estamos viviendo se debe a la inoperancia para haber evitado que, por ejemplo, toda la prensa alemana -de izquierda a derecha- haya comprado el discurso del secesionismo. De nada sirve llorar por la pérdida de las batallas que no se dan.

Y, mientras, en Cataluña se mantiene el sainete. La decisión de Torrent de volver a proponer como candidato a presidir la Generalitat al encarcelado Jordi Sànchez agranda aún más la astracanada. El juez del Supremo ya le impidió salir de prisión para participar en una investidura farsa. Y, por mucho que los indepedentistas quieran enredar gracias al cable echado por Alemania, las circunstancias siguen siendo las mismas. El secesionismo deberá responder ante la ciudadanía catalana por su empecinamiento en querer que se mantenga sine die el 155.

Urge ir a elecciones generales cuanto antes
Jesús Cacho. vozpopuli  8 Abril 2018

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein negando la extradición a España de Carles Puigdemont por el delito de rebelión cayó el jueves como una bofetada en pleno rostro del Gobierno Rajoy, de la Justicia española, y de millones de compatriotas que tomaron el fallo judicial alemán como una afrenta intolerable a España, tan dados como somos a la exageración y al tremendismo, tan apegados a ciertos complejos históricos de los que nos cuesta un mundo desprendernos por mucho que podamos presumir de contar con un país equiparable con ventaja en tantas cosas a los de nuestro entorno. De más está decir que la frustración de la España constitucional corrió pareja con el entusiasmo, inexplicable en buena medida, de la tropa independentista, que, al parecer, se encuentra mucho más cómoda ante un delito de malversación de fondos –posibilidad de extradición que sí considera factible el tribunal- que ante uno de rebelión. Es natural, ellos siempre han estado más familiarizados con el choriceo que con la guerrilla. Ellos son más de robar que de levantarse en armas.

Y a mí me parece que, siendo lo ocurrido un revés inobjetable para nuestro Tribunal Supremo, el asunto se ha sacado de madre por estos pagos. Entre otras cosas porque nunca hubo unanimidad en torno a la calificación –rebelión o sedición- de los eventuales delitos cometidos por los golpistas, y que incluso en la propia Audiencia Nacional la discrepancia ha sido tan reciente como para que la juez Lamela haya empapelado al ex responsable de los Mossos, el mayor Trapero, por un doble delito de sedición y no de rebelión, justo lo contrario del criterio seguido por el también magistrado Llarena con Puigdemont y otros líderes del prusés encarcelados. Hablar, por tanto, de que la peculiar decisión de la Sala Primera de lo Penal del referido tribunal alemán ha “humillado” a los magistrados del Supremo y, por extensión, a la entera justicia española es sin duda un exceso o a mí me lo parece. Una de tila, por favor.

Peculiar decisión porque el texto conocido hasta ahora avalando ese fallo, o al menos su traducción al castellano, se las trae. Sencillamente se han vulnerado los automatismos sobre los que se asienta la euroorden de extradición, según la cual el Estado requerido (Alemania) debe limitarse a comprobar si los hechos descritos por el magistrado requirente (España) y por él valorados, entran en un tipo penal existente en su legislación, sin que quepa, como ha ocurrido en este caso, entrar a valorar jurídicamente los hechos, como si fuera competente para hacerlo. Un desatino, porque es al Estado requirente al que corresponde valorar el fondo del asunto. “La gente aquí está perpleja”, asegura un juez de la Audiencia de Barcelona, “en especial los que llevan cooperación internacional. Nadie se lo puede creer. La efectividad de las órdenes europeas de detención y entrega radica en que se ejecutan sin necesidad de meterse a analizar los hechos relatados en la causa. La euroorden se ejecuta y punto, porque el sistema está basado en el reconocimiento de la mutua potestad para juzgar con las garantías procesales que son del caso en cualquier sistema democrático. Por eso resulta tan raro que el juez alemán se haya metido a analizar si hay o no delito de rebelión, cosa que no le corresponde. Tan sorprendente parece todo, que las sospechas no han tardado en aparecer”.

El tribunal alemán no cuestiona el hecho de que durante el referéndum del 1 de octubre se produjera violencia (“Es cierto que los actos violentos que tuvieron lugar el día de la votación se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la celebración del referéndum), pero le parece que el grado de violencia ejercido no fue suficiente como para poner al Gobierno español de rodillas (“dichos actos no bastaron para someter al Gobierno a una presión tal que lo obligase a capitular ante las exigencias de los perpetradores de la violencia”). Sorprendente. Hubo violencia, ma non troppo. Un argumento mendaz según el cual los responsables del golpe de Estado del 23-F se hubieran ido de rositas, porque ellos, con Tejero al mando, tampoco lograron “doblegar la voluntad” (sic) del Estado, con Adolfo Suárez y el capitán general Gutiérrez Mellado como sus excelsos representantes. Que el tribunal alemán haya entrado a valorar la existencia o no de violencia sienta un precedente de desconfianza interjudicial en la UE que pone en tela de juicio la euroorden misma y que tendrá sus consecuencias en el marco de la Unión.
Un duro golpe para el proyecto europeo

El que la justicia germana se desentienda de lo que pueda pasarle a España con sus fronteras, mucho más estando allí prohibida la secesión, no es una buena noticia para Europa y viene a poner en evidencia lo que ya sabemos: la fragilidad del proyecto europeo, la falta de mimbres sólidos con los que edificar una verdadera unidad en un espacio que nació precisamente para consolidar las fronteras y acabar con los sangrientos vaivenes provocados por las Alsacias y Lorenas de turno. Parece, pues, que el juez alemán se ha extralimitado en sus funciones, aunque también es posible que en la solapa de su corazoncito luzca un lazo amarillo, veranee en Calella de Palafrugell, o tenga un cuñado indepe en Mataró. En todas partes cuecen habas, y en todos los sistemas judiciales hay magistrados venales o simplemente piernas. Ya no quedan jueces en Berlín. Ello sin olvidar que el tribunal ha negado al botarate su pretendida condición de perseguido por sus ideas políticas, del mismo modo que le ha calificado de reo del delito de malversación de fondos.

Lo que, con independencia de los caminos que tome la justicia española para hacer frente a lo dispuesto por el tribunal de Schleswig-Holstein, no parece en ningún caso una buena idea es juzgar lo ocurrido en términos de herida del orgullo nacional. Abdiquemos del tremendismo. No demos tal satisfacción a ese rancio supremacismo independentista, en tantos detalles primo carnal del totalitarismo nazi. El separatismo catalán está muerto y ellos lo saben, por larga que resulte la conducción del cadáver de este nuevo carlismo hasta el cementerio donde descansan este y otros horrores de la Historia. No podría ser de otro modo. Entre otras cosas, porque Europa se rompería en pedazos si cualquier región insolidaria pudiera independizarse por la vía de los hechos consumados. Puigdemont tiene por delante un futuro carcelario muy oscuro, y su carrera política está acabada. Y ha sido el Estado, que no el Gobierno Rajoy, quien ha derrotado al separatismo. Ha sido la movilización del pueblo español, con el rey Felipe VI a la cabeza, quien ha dicho basta.

Porque lo ocurrido el jueves en el tribunal superior del Land de Schleswig-Holstein ha venido a rubricar el fracaso de este Gobierno en la gestión de la revuelta del nacionalismo catalán contra España y su Constitución. Este me parece el meollo de la cuestión. La batalla contra el independentismo, cuyos rescoldos tardarán en apagarse, se ha ganado a pesar de este Gobierno de indigentes morales que hoy ocupa el poder y que no ve el momento de pasar la estafeta del 155 al primer indepe que levante la mano y lo pida, para poder desentenderse del asunto. Un Gobierno que ha perdido sin paliativos la batalla de la comunicación, dentro y fuera de España, a pesar de la red de embajadas que pagamos con nuestros impuestos. Nada nuevo bajo el sol, cierto, pero sí la gota que colma el vaso de la paciencia de millones de españoles y la evidencia de la necesidad inaplazable de proceder a desalojar de la Moncloa a este esperpento de Ejecutivo que este fin de semana se ha ido a Sevilla a celebrar el éxito logrado en Schleswig-Holstein y el brillante master de la señora Cifuentes.

Los primeros perjudicados, los grandes damnificados por el desalojo de Mariano Rajoy de la Moncloa serían precisamente los independentistas, porque nunca tales aprendices de brujo pudieron imaginar tan idílico paisaje para ensayar su golpe como el que les ha proporcionado el ausente Gobierno Rajoy, que además de puta del prusés ha puesto la cama, ha pagado el meublé, ha financiado el golpe de Estado contra la democracia española. Un cambio de Gobierno para asegurar que el golpismo no quedará impune, y un aviso a navegantes a quienes, en otras latitudes de esta castigada España, puedan sentir la tentación de emprender el mismo viaje hacia ninguna parte. Si de verdad una mayoría del pueblo español está decidida a acabar de una vez por todas con un independentismo dispuesto a intentar de nuevo el asalto a las instituciones si se le da la oportunidad, no hay más remedio que proceder cuanto antes a relevar del poder al Partido Popular.

España está sin Gobierno
Un cambio de Gobierno no solo para castigar a los golpistas, sino para poner en marcha a un país que ahora mismo está parado; para acometer las reformas estructurales que sigue reclamando no solo la economía, sino la sociedad entera. España está sin Gobierno, y los españoles no deberían consentir seguir en el dique seco dos años más porque así le pete a un señor lastrado por sus cuentas pendientes con la Justicia y a un partido corrompido, cuyo único objeto es la ocupación del poder. Albert Rivera se enfrenta a una especial responsabilidad a la hora de poner fin a este punto muerto. Es cierto que desde un punto de vista partidario, a Ciudadanos le interesaría dejar correr el tiempo para alargar la agonía de Rajoy y su patética troupe, pero ese es un lujo que ni España ni los españoles se pueden permitir. Los PGE para el año en curso podrían ser la clave de ese adelanto electoral que se antoja urgente. Por encima de las cínicas protestas que propala de cara a su parroquia, es una evidencia que el PNV está comprometido con su aprobación –la posibilidad de que C’s pueda llegar a gobernar provoca auténtico pavor en Ajuria Enea-, por lo que sería necesario que Rivera diera un paso al frente y decidiera acelerar el inevitable curso de los acontecimientos. España necesita asomar de nuevo la cabeza de entre las miserias en que vive instalada. Ya es hora.

Rajoy y la extraña derrota de España
FRANCISCO ROSELL El Mundo 8 Abril 2018

En Una historia política de los intelectuales, una preclara inteligencia de la Francia actual como Alain Minc refiere que, desde hace lustros, suele regalar el mismo libro a aquéllos a quienes aprecia de veras, por lo que debe atesorarlo uno de sus grandes amigos españoles como Gregorio Marañón, presidente del Patronato del Teatro Real. Se trata de La extraña derrota. Escrito en el verano de 1940, es el testamento de Marc Bloch, un judío francés, historiador insigne y combatiente de la segunda conflagración mundial. Primero como capitán del ejército regular y luego, tras la claudicación ante la Alemania nazi, como partisano de la Resistencia hasta su fusilamiento en 1944.

Al no ser comunista, según resalta Minc, el silencio más ominoso se apoderó de este héroe. Empero, en los años 70, se le redimió al popularizarse esta reflexión suya sobre el abatimiento de una nación y el fracaso de sus élites. «Por desgracia -consigna Bloch a su hijo- la ignorancia de la gente que me rodea sigue asustándome». Sentada la premisa de que el origen de La extraña derrota se debió a la inanidad e incuria de aquellos jefes militares, Bloch admite que tales mandos no erraron más que el resto de la clase dirigente, sino que tamaña debacle fue la suma de muchas debilidades individuales.

Reforzando aquella percepción, el escritor sevillano Chaves Nogales, testigo asimismo de La agonía de Francia, a donde se expatrió cuando aquella «república sin republicanos» española devino en atroz Guerra Civil, anduvo, si cabe, más lejos que Bloch: «La revelación más sorprendente y espantable del derrumbamiento de Francia ha sido ésta de la indecencia humana de las masas. Las ciudades no han tenido en ninguna otra época de la Historia una expresión tan ferozmente egoísta, tan limitada a la satisfacción inmediata y estricta de los apetitos y las necesidades de cada cual». Sin duda, toda gran crisis va inevitablemente precedida de la quiebra de las élites, de modo parejo a como el pescado comienza a pudrirse por la cabeza.

Valga este preámbulo a cuenta de la humillación infringida a la democracia española por la Audiencia Territorial de un pequeño länder alemán -Schleswig-Holstein- al negarle ésta su capacidad para juzgar por rebelión al prófugo Puigdemont, desatendiendo la solicitud del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En vez de circunscribirse a los estrictos términos de la euroorden, verificando si esos delitos tienen su correspondencia en su legislación, la referida Audiencia se ha erigido, en la práctica, en instancia superior.

De esta guisa, ha entrado en el fondo de un sumario -el grado de violencia del golpe de Estado del 1 de octubre- que no le incumbe calificar. El destino de España, de su unidad y de sus derechos inalienables, no se puede fiar a magistrados que dirimen en un plis-plas una compleja instrucción de meses en un contexto de periódicos nativos en los que el independentismo ha colocado su relato ante la pasividad de la diplomacia española y donde se hacen presentes agrupaciones de coros y danzas separatistas que tiran con la pólvora del rey que sufraga el Tesoro Público del Estado que socavan. ¿Cabe mayor grado de estupidez?

Volviendo el trance por pasiva, ¿admitiría Alemania o cualquier Estado que se precie que el presidente del länder de Baviera, por ejemplo, promulgara unilateralmente su independencia, valiéndose de su policía autonómica cual «organización criminal», como ha resuelto la juez Lamela para imputar por sedición al ex mayor de los mossos, se fugara a España con su cohorte y se le brindara impunidad judicial? La respuesta parece obvia sin necesidad de un máster -¡ay!- en Universidad alguna.

Es más, se estaría librando, sin que ello tenga que ver con la inexcusable división de poderes, una guerra diplomática de alto voltaje con insondables secuelas en la Unión Europea. No es para menos estando en juego la integridad territorial. Claro que eso sería así en Berlín, pero no lo está siendo, por contra, en Madrid. Basta ver la displicencia del Gobierno al lavarse las manos como Poncio Pilatos en la jofaina, del modo en que lo ha hecho la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, a la sazón alta comisionada para la Cataluña del artículo 155. Escuchando a estos brigadistas del Aranzadi, cualquiera deduciría que lo que se dilucida es la expropiación de una parcela para trazar una carretera. Esa indolencia indigna más incluso que el veredicto del controvertido tribunal teutón.

En el colmo del desvarío, el mismo Gobierno que ha arrastrado a España a esta situación de alarma transige con que un desatado independentismo campe a sus anchas. Así, sin réplica alguna, sus brigadas entintan con botes de pintura amarilla una nueva leyenda negra sobre España, como si Puigdemont fuera para Felipe VI lo que el vil Antonio Pérez fue para Felipe II. Ante tan desasosegante inacción, pareciera que la rebelión catalana es un asunto particular del juez Llarena y de algunos togados más, en vez de serlo del Estado con todas las de la ley.

No es un fracaso de la Justicia, desde luego, sino del Gobierno, por mucho que éste se ponga de perfil y endose la papeleta a los jueces, como a aquel ministril que dio la cara por su corregidor. «Señor -le transmitió a su alcaide-, cuando un alguacil lleva una orden de Vuesa Merced, ¿no representa vuestra misma persona y vuestra misma cara?». «Muy cierto es», le respondió. «Pues sabed -le expuso- que, en la cara de vuestro alguacil, Perico Sarmiento, que es la misma cara de Vuesa Merced, han estampado una bofetada». Con toda calma, el corregidor, como el Gobierno con respecto al juez Llarena, le arguyó: «Pues ahí me las den todas».

No se persigue -Dios nos libre- reeditar ningún patrioterismo barato ni aquel ardor que inflamó Cataluña cuando, en 1885, Bismarck osó anexionarse de las Islas Carolinas por considerarlas res nullius. Pese a que la inmensa mayoría del pueblo español nunca había oído hablar de este archipiélago del Pacífico, 100.000 barceloneses llenaron las calles con banderas españolas y al grito unánime de «¡Viva la integridad de la Patria!». Incluso La Vanguardia editorializó en rotundos términos: «Ante esta horrible mancha a nuestra altivez, a nuestra honra; ante esta cruenta herida hecha a nuestro honor nacional, no hay partidos políticos: sólo hay españoles, cuyo corazón late al unísono para demostrar a Alemania que no en vano se ataca a un pueblo de fiereza innata como el nuestro (...) Cuando se infiere un agravio a España, nos levantamos airados».

Devuelta esta página a la hemeroteca, conviene remarcar con letras también de molde que un Estado que se respete a sí mismo no puede mantenerse impávido ante una afrenta así. Cuando está en riesgo el porvenir de las libertades fundamentales, no se puede adoptar la actitud del avestruz.

Pero, en fin, ¿qué puede esperarse de un Gobierno (y una oposición) que aplicó el artículo 155 arrastrando los pies y cuando su desistimiento ya rayaba en la complicidad? Ello le llevó a emplearlo con el exclusivo objetivo de convocar unas elecciones en el que el aparato de propaganda se mantuvo a las órdenes del Govern destituido. Tan prosopopéyico artículo no ha valido ni para añadir una mísera casilla para que los castellanoparlantes tengan garantizado su derecho constitucional a estudiar en castellano.

Distraídos con el masterchef de Cifuentes, tan mal cocinado como indigesto y donde se pone de manifiesto que los males de la política no son menos hondos que los de una Universidad, convertida en incubadora y expendedora de sus peores vicios, conviene auscultar los graves quebrantos de salud de una España que se desangra por la úlcera catalana. Cicerón ponderaba que, cuando el Estado alcanza a la más extrema de las humillaciones, le corresponde al pueblo actuar como lo harían en la arena los gladiadores reducidos a la esclavitud.

En vez de fajarse con tan astifina porfía, Rajoy emula al célebre novillero valenciano Tancredo López, introductor a principios del siglo pasado de esa original suerte consistente en recibir al animal encaramado a un pedestal y vestido de blanco con la cara empolvada. Simulando una cérea estatua de mármol, lograba que la res se limitara a olfatearlo y, al poco, desentenderse camino de algún tendido. Todo ello en medio del general regocijo de una afición que pronto le daría la espalda a aquel circunstancial rey del valor. En lo que toca a Cataluña, ese aparente tancredismo -esa maniobra tranquilizadora para soslayar el nudo gordiano de cualquier negocio- le ha hecho perder al presidente el sitio en la plaza hasta el punto extremo de preguntarse, de momento en voz baja, si el PP será capaz de sobrevivir a Rajoy. Acostumbrado a estar él y el tiempo, contra todos, parafraseando a Felipe II, Rajoy desespera hasta al mismísimo tiempo. De hecho, de tanto perderlo, éste se ha vuelto tal vez irrecuperable.

En vez de detener desde primera hora el proceso independentista, haciendo que se derritiera como la bola de nieve a la que se le planta un dedo encima antes de que cuaje y solidifique, el soberanismo ha adquirido una dimensión de alud que amaga con arrollar a todo lo que le sale al paso, principiando por los catalanes ajenos al credo nacionalista. Reeditando la política de apaciguamiento, con la que Chamberlain creyó aplacar a Hitler y obtener «la paz para nuestro tiempo», este espejismo sólo acelera esos planes rupturistas con la facilidad añadida de disponer el camino expedito para ampliar su espacio vital mediante el victimismo y la tergiversación de la realidad. Atendiendo a la máxima churchiliana, por evitar el conflicto, se aceptó el deshonor y ahora se tiene lo uno y lo otro. Las concesiones sólo estimulan las exigencias porque siempre se interpretan como debilidad. Al fin y al cabo, la fuerza de uno deriva primordialmente de la debilidad del otro.

Frente a ello, hay que recabar la dignidad de la andadura vertical y del paso erguido a las que apelaba aquel héroe de su tiempo que fue Marc Bloch, cuando todo se derrumbaba a su alrededor y precipitaba aquella extraña derrota, cuyas páginas siembra Alain Minc como simiente que avienta sobre la tierra fértil de sus amigos para que fructifique en nutriente mies. Si aquella extraña derrota francesa ante Alemania tuvo sus fautores, igualmente los tiene esta otra sufrida por España en el frente, esta vez, judicial.

El artículo 155 y el modelo lingüístico catalán
Joaquín Romero cronicaglobal 8 Abril 2018

Puede que muchos ciudadanos se hayan visto sorprendidos por la noticia de que la preinscripción escolar del próximo curso en Cataluña no incluye la posibilidad de que los padres elijan el idioma vehicular de la enseñanza de sus hijos.

En un momento de apuro ante el cambio de ciclo que se avecina y del que Ciudadanos saldrá beneficiado a costa del PP, algunos dirigentes de este partido hablaron de la posibilidad de permitir que las familias dijeran si querían la educación en catalán o en castellano.

En la certeza de que la cuestión lingüística catalana ha favorecido al partido de Albert Rivera, un alto cargo del PP se pronunció a favor de esa opción, probablemente sin saber que se trata de un método contraproducente que situaría al catalán en condiciones casi de gueto. Solo hay que observar el color de la piel de los niños de infantil de los barrios de Barcelona para imaginar la lengua que elegirían sus padres.

Pero al margen de esa semipropuesta, lo cierto es que el Gobierno no sabe qué hacer. Como le ha ocurrido a todos los gobiernos españoles desde la transición. Los únicos que han tenido una política clara en este asunto han sido las gentes de CDC y los que han seguido su estela en Cataluña; o sea, todos los que han tocado poder.

Desde los primeros pasos del Govern provisional de Josep Tarradellas, el objetivo fue que la enseñanza en Cataluña fuera “en” catalán y de “contenidos catalanes”. La escuela como pal de paller para construir el país que tenían en el imaginario. A lo largo de 40 años el nacionalismo ha fabricado una tupida legislación autonómica y también estatal: las famosas leyes orgánicas en las que el Grupo Catalán colaboraba con la mayoría de turno.

Todo ello envuelto en un relato plagado de eufemismos como “modelo lingüístico”, “modelo de escuela”, “modelo de éxito”, “inmersión”, “integración”, etcétera.

Hacer oídos sordos a la jurisprudencia que ha sancionado los incumplimientos de la Generalitat en la enseñanza fue el primer y reiterado acto de desobediencia ya desde los tiempos de Jordi Pujol. Por eso, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy dice que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no permite cambiar el “modelo lingüístico catalán” está mareando la perdiz. En realidad, solo se trata de poner los medios para que se cumplan las leyes y las sentencias: que el castellano sea --también-- lengua vehicular; en todos los colegios del territorio.

La razón que explica la parálisis gubernamental es relativamente sencilla. En el momento en que aquel secretario de Estado metió la pata hablando de la casilla de la preinscripción despertó una respuesta inmediata de la orquesta habitual; incluida Ada Colau, por supuesto. Enseñaron los dientes, un arma disuasiva que tan buenos resultados ha dado al nacionalismo. No digamos ya en este caso, frente a un Gobierno que cuenta solo con 134 diputados, rodeado de mil problemas y en fase de salvar los muebles. Menos aún después del varapalo alemán.

No se atreve a hacer que se cumpla la ley, como tampoco se atrevió cuando tenía mayoría absoluta; igual que los gobiernos anteriores. Y esto no significa aplicar mano dura ni meter a nadie en la cárcel, solo quiere decir tomar decisiones y gobernar; o, mejor aun, tener el coraje de gobernar.

Escarnio, mofa y befa a España.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 8 Abril 2018

PUIGDEMONT ACAPARA LOS MEDIOS E INTERNACIONALIZA SU VICTIMISMO. EL JUEZ ESTUDIA CONSULTAR AL TRIBUNAL DE LA UE EN LUXEMBURGO LA DECISIÓN DE EXCLUIR EL DELITO DE REBELIÓN.

La salida en libertad bajo fianza de Carles Puigdemont se transformó ayer en un acontecimiento mediático que supo aprovechar el fugitivo para hacer un mitin como si hubiera sido exonerado de todo y lanzar su mensaje victimista de siempre. Y lo malo es que allí no había nadie que pudiese rebatirle y desnudarle en sus mentiras. Lejos de eso, envalentonado al verse en libertad no dudó en amenazar a España, en este caso al Tribunal Supremo anunciando presentar una denuncia ante el mismo Tribunal de Justicia al que el juez Pablo Llarena piensa pedir aclaración sobre la interpretación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Schleswig Holstein sobre el delito de rebelión, equivalente en el código penal alemán al de “alta traición”. Y el quid de la cuestión está precisamente en la interpretación del Tribunal alemán en no apreciar “violencia suficiente” aunque sí que reconoce la violencia del día del referéndum ilegal.

Y desde luego no ayuda mucho el posicionamiento de la jueza Carmen Lamela que, de un Auto inculpatorio donde estableció la prisión sin fianza para Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart, rebaja la calificación de rebelión a sedición, ya que no considera, al igual que el Tribunal alemán, la existencia de violencia, algo que sí mantiene el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo. De hecho, Lamela ha acusado al ex Mayor Trapero y parte de la cúpula de los Mossos de delitos de sedición y de integración en organización criminal. No hay que obviar que la diferencia entre sedición y rebelión es que la primera conlleva penas de prisión de hasta 15 años, mientras que la segunda alcanza los 25 años. Una diferencia que es bastante sustancial acorde con la gravedad de los delitos. Y el debate viene de la interpretación de lo que se considera “violencia”, de si se refiere solo a la coacción física u otras formas de ejercerla, como abusar de un cargo público para imponer leyes ilegales y violar la Constitución y el Estatuto de autonomía.

Hemos pasado en pocos meses incluso a plantearnos si efectivamente la justicia está sobreactuando ante un golpe de Estado negado por los golpistas presos, pero no por los fugados, que insisten en su campaña de victimismo alegando una persecución política, exigiendo un diálogo bilateral al Gobierno de España y la intermediación internacional en el conflicto. Y aquí solo existe una realidad, el Estado de Derecho y unos delincuentes que lo han vulnerado. No importa si a esa acción de le llama rebelión, alta traición o asonada civil. Lo que importa es que existen unos delitos y que algunos, como Carles Puigdemont, huyeron para eludir la acción de la justicia. Se trata de cobardes que además cuentan con la complicidad de partidos políticos tan culpables de rebelión, sedición y malversación como los actualmente encausados y procesados. Partidos y organizaciones civiles que incomprensiblemente siguen estando legalizados. Una democracia no puede ser tan permisiva que llegue al punto de no defenderse de aquellos que la intentan destruir.

El caso es que en poco más de una hora Carles Puigdemont dará una conferencia de prensa desde su residencia temporal en Berlín mientras espera la resolución del Tribunal de Schleswig Holstein sobre la euroorden de extradición solicitada por el juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena. Por supuesto que todo parece indicar que, al solo contemplarse el delito de “malversación” en su equivalente alemán de “corrupción”, no parece improbable el que finalmente se acceda a esa extradición condicionada a ese delito. La entrega a España conlleva la inmediata encarcelación de Puigdemont y su presentación ante el juez, que se vería obligado a procesarle solo por el delito contemplado de malversación, aunque sea en calidad de “agravada” con una pena de hasta 15 años. La prisión provisional solo estaría justificada por la posible apreciación de reiteración en el delito y riesgo de fuga.

Es por ello que el juez se esté planteando la posibilidad de efectuar una consulta ante el TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) sobre la posible extralimitación del Tribunal Superior del Estado de Schleswig Holstein al hacer un prejuicio sobre el fondo en cuanto al delito de rebelión y su equivalente de "alta traición", al cuestionar los fundamentos aportados por el juez sobre la existencia de violencia. Un prejuicio en el que no niega taxativamente la existencia de esa violencia, pero sí de que no fue la suficiente como para “doblegar” a todo un Estado y que este no pudiese revertir la situación. Es decir, se basa en graduar esa violencia en la idea de equipararla quizás a una rebelión militar con uso de armas y enfrentamientos sangrientos, una asonada, un levantamiento o algo de esas proporciones. Y aquí hay que acudir a lo que realmente debe ser analizado en el caso de una euroorden de detención y extradición, que la ley de la UE contempla en que los delitos imputados deben tener su equivalencia en la legislación del país que la recibe y debe actuar, en este caso Alemania. Y ¿Qué dice esa legislación en Alemania?

El Código penal alemán (Strafgesetzbuch) contempla en los artículos 81 a 83 del Titulo Segundo lo siguiente para el delito de Alta Traición:

“§ 81. Alta traición contra la Federación
(1) Quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia,
1.perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania
2.cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años.
(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años.

§ 82. Alta traición contra un Estado Federal
(1) Quien intente, con violencia o por medio de amenaza con violencia,
1.incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado de la República Federal de Alemania o separar una parte de un Estado o,
2.cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de uno hasta 10 años.
(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años.

§ 83. Preparación de una operación de alta traición
(1) Quien prepara una determinada operación de alta traición contra la Federación, será castigado con pena privativa de la libertad de uno hasta diez años; en casos menos graves ésta pena será de tres meses hasta cinco
años.
(2) Quien prepara una determinada operación de alta traición contra un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de un mes hasta cinco años.

§ 83a. Arrepentimiento eficaz
(1) En los casos de los incisos 81 y 82 el tribunal puede disminuir la pena según su criterio.(§ 49, inciso 2), o prescindir de la pena según éstas normas, cuando el autor abandone voluntariamente la ejecución posterior del hecho y cuando evite o disminuya esencialmente un peligro por él reconocido de que otro continúe ejecutando la operación o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho.

(2) En los casos del § 83 el tribunal puede proceder de acuerdo con el inciso 1, cuando el autor abandona voluntariamente su proyecto y desvía o disminuye considerablemente un peligro que él ha causado y reconocido de que otro siga preparando la operación o que la ejecute o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho.

(3) Si se evita el peligro descrito sin acción del autor o si se disminuye considerablemente o si se impide la ejecución del hecho, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio por alcanzar esta meta.”

Y aquí es en este artículo 81 y en el 82 donde se habla de “violencia” donde el Tribunal alemán dice no apreciarla interpretándola y emitiendo un prejuicio sobre el fondo y de valor al exigir una gradación de la misma para ser considerada como tal. Y esta es la pregunta que debe aclarar el TJUE al juez Llarena si decide plantearla. Por si se ha extralimitado al dar curso a la euroorden.

En cualquier caso, el Gobierno de España hace mutis por el foro y espera a que sea la justicia la que le resuelva su propia incompetencia evidenciada desde hace años con este desafío secesionista. Y eso es lo que nos ha llevado a esta situación de auténtico escarnio y ridículo que está sufriendo España, su justicia y su Estado de Derecho.

¡Que pasen un buen día!

Jueces alemanes y complejos españoles
Roberto L. Blanco Valdés lavoz 8 Abril 2018

Definitivamente es el nuestro un país acomplejado. Así lo prueban de nuevo las reacciones a la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein declarando que Puigdemont no había cometido rebelión y que, por ese delito al menos, no se le extraditaría. Un hecho inaudito que habría levantado en Francia, Italia o Gran Bretaña una formidable polvareda y que ha generado aquí, con raras excepciones, solo dos tipos de respuestas, ambas dominadas por un sentido de culpa vergonzoso.

Primera: la de quienes, con razón, han denunciado los efectos muy negativos que tendrá esa decisión en la lucha que dentro de los estrictos límites del Estado de derecho mantiene nuestra democracia frente a la conspiración sediciosa, insólita en Europa, que pretendía (y aún pretende) acabar por la fuerza con la unidad de España y su forma de Gobierno.

Segunda: la de quienes, también acertando, han señalado que es rotundamente falso que la decisión de los jueces alemanes otorgue de ningún modo la razón al secesionismo: tras negar que exista en España persecución política alguna contra Puigdemont, reconocen los jueces con toda claridad que en el proceso secesionista hubo violencia y que aquella «puede imputarse al acusado como iniciador y defensor de la celebración del referendo».

¿Por qué no conceden, pues, la extradición por rebelión? Porque los jueces consideran que los actos violentos del procés no tenían la naturaleza que se exige en Alemania para apreciar la existencia del delito similar (alta traición) previsto en su Código Penal: a saber, la capacidad de forzar al Estado a rendirse a los rebeldes.

Dicho de un modo que sea comprensible para los legos en derecho: los jueces de Schleswig-Holstein, en una escandalosa extralimitación de sus funciones, que revienta todos los principios en que se basa la euroorden, entran en el fondo del asunto, se permiten apreciar los hechos del caso y resuelven ¡en 48 horas! una cuestión que no les compete en absoluto sobre la que llevan varios meses trabajando en España el juez instructor y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la naturaleza de los actos violentos que han tenido lugar en Cataluña. Para más inri, y en unas declaraciones que constituyen un insulto inadmisible, la ministra alemana de Justicia, justificando el increíble proceder de la judicatura germana, se permite leernos las cartilla y desafiar la rectitud de nuestro Estado de derecho.

Esto es lo que, por ese complejo de inferioridad que deja a España a la altura de una república bananera, casi nadie se ha atrevido a decir en voz bien alta: que no se trata solo de que los jueces alemanes no se fíen de nuestro sistema judicial. Que la cosa es, si cabe, mucho peor: su decisión, gravísima e inaceptable, impide que Puigdemont sea juzgado en donde presuntamente ha delinquido porque los jueces alemanes, ¡sin juicio!, lo han absuelto. Una intromisión intolerable en nuestra soberanía con la que no se habrían atrevido si Puigdemont se apellidase Bianchi, Glenn o Arnaud.

HABLANDO SOBRE ESPAÑA
Santiago Abascal: "Pablo Iglesias es el hijo de Zapatero y de Sáenz de Santamaría"
Cristian Campos elespanol 8 Abril 2018

En la biografía que aparece en la solapa de su libro Hay un camino a la derecha, Santiago Abascal (Bilbao, 1976) se define a sí mismo como “sociólogo de casualidad, escritor temprano por convicción y activista de lo difícil”. Y añade luego: “A los 23 años, la mafia separatista ya quería liquidarme”. A ver cuántas biografías como esa encuentran ustedes en Linkedin. Y a ver a cuántas personas encuentran que las enarbolen con tanto orgullo como hace el presidente de Vox.

De los off the record que canta Santiago Abascal sobre el País Vasco de los años de plomo de ETA guardaremos un escrupuloso silencio. Resulta llamativo en cualquier caso que alguien con ese historial a cuestas —diputado del PP en el Parlamento Vasco desde 2004 hasta 2009, cercano ideológicamente a María San Gil, amenazado por ETA durante la mayor parte de su vida— haya sido definido por la izquierda de este país como un extremista ultramontano. A él parece no importarle demasiado la etiqueta y tampoco parece tener mucha prisa en definir ideológicamente a su partido.

Abascal no rehuye las preguntas sobre Marine Le Pen, pero parece cansado de las comparaciones, que él intenta explicar con paciencia digna de mejor causa. Se muestra muy crítico con el PP y un poco menos, sólo un poco, con Ciudadanos, aunque niega formar parte de una pinza contra Mariano Rajoy y su partido. Las encuestas le dan entre uno y tres diputados y el presidente de Vox agradece que EL ESPAÑOL desglose el apartado "Otros" cuando casi ningún otro medio lo hace. “Cuando se habla de 'Otros' se están refiriendo a nosotros sin nombrarnos”.

Escuchada en vivo y en directo, la ideología de Santiago Abascal parece una mezcolanza de conservadurismo clásico, liberalismo económico y filosofía judeocristiana, pero no niego la posibilidad de que mis sentidos me engañen. Otra cosa es su metodología política, cuya calificación cedo a los lectores. En cualquier caso, mi primera pregunta es obvia. Quiero saber frente a quién estoy.

¿Vox es extrema derecha?
Vox es un partido de extrema necesidad para España. Lo que ocurre es que el campo ideológico se ha corrido tanto hacia la izquierda que hasta la cúpula del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se ha convertido en el albacea testamentario del proyecto político de Zapatero. En ese contexto, cualquiera que se rebele contra la corrección política impuesta por la izquierda es inmediatamente etiquetado de ultraderecha. Y eso es absurdo.

¿No le preocupa?
No. Nosotros sabemos que nos votan personas de convicciones liberales, personas conservadoras, personas que creen en la unidad de España y personas que están en contra de la excesiva presión fiscal. Es gente que no se deja asustar por las etiquetas.

Es más, nosotros recibimos con agrado las etiquetas que nos adjudican nuestros adversarios porque entendemos que estamos haciéndoles daño políticamente y representando a muchos españoles que se sentían huérfanos. Además, nosotros no tenemos que defendernos de nada. Nosotros vamos al ataque.

Pero si no se definen ustedes, les definirán sus adversarios.
La izquierda nos ha dicho que somos de ultraderecha, xenófobos, islamófobos y retrógrados. Y lo repito, no nos preocupa. Es tanto el daño que ha hecho la izquierda en tantos terrenos que estamos al otro lado de lo que representan ellos. Son muchos los españoles que no entienden el Estado de las autonomías, por ejemplo. Que es carísimo, que es insostenible, que nos hace desiguales y que nos resta libertades. Y esos españoles no entienden que les llamen fachas por eso. Así que no perdemos ni un segundo en justificarnos o defendernos de esos ataques.

En cierta manera, es normal que ahora que hasta Felipe González, José Sacristán, Joan Manuel Serrat o Gaspar Llamazares son calificados de fachas, a Vox se le considere poco menos que el Ku Klux Klan.
Ya sabemos cómo funciona la izquierda en España. Ellos intentan etiquetar y estigmatizar, que es lo que han hecho con el PP durante treinta años. Al PP le han acobardado hasta llevarlo a un rincón del cuadrilátero y ahora es incapaz de defender ningún valor. El PP se ha convertido en un partido que sólo aspira a gestionar el legado ideológico de la izquierda.

¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el marco ideológico de la izquierda es considerado como el estado por defecto de la democracia?
La dictadura progre de lo políticamente correcto afecta a todo el ámbito occidental, pero en España es particularmente fuerte porque la izquierda ha utilizado el franquismo para atemorizar a la derecha. Y es curioso, porque lo ha utilizado la izquierda de los últimos años de la democracia, la de Zapatero. No lo hizo la de Felipe González, por ejemplo, que entendió que era la hora de la convivencia y que también entendió que los españoles debíamos mirar hacia el futuro y no hacia atrás.

Y eso es lo que no ha querido entender la izquierda actual.
Necesitaban “tensión”, como le dijo Zapatero a Gabilondo. ¿Quién entendió muy bien eso? El hijo de Zapatero y de Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Iglesias. Iglesias es una consecuencia directa de ese odio inoculado, o rescatado, por Zapatero. Y también de la ayuda en los medios de comunicación que se le ha prestado desde ámbitos gubernamentales para dividir al PSOE.

Socialistas de todos los partidos, como decía Hayek.
En el caso de Montoro, por ejemplo, sería muy benévolo llamarle socialdemócrata. Montoro subió los impuestos en algunos terrenos más allá de lo que planteaba IU. Así que podríamos llamarle cosas mucho peores.

¿Cuántos afiliados tiene Vox ahora mismo y cómo se financia?
Nos financiamos exclusivamente con las aportaciones de los afiliados y los simpatizantes. Tenemos 5.700 afiliados de cuota, y es el momento en el que más afiliados hemos tenido en toda la historia del partido. Es más: teníamos sólo 3.300 en el mes de septiembre de 2017, antes del golpe de Estado separatista, y el crecimiento tras nuestra respuesta al mismo está siendo extraordinario. En poco menos de un año vamos a duplicar el tamaño de Vox. Y lo estamos notando en todos los terrenos. En capacidad de financiación, en la afiliación, en los actos públicos —que llenamos a pesar de que sólo se mueven por redes sociales— y también en la aparición de algunas encuestas.

¿Usted se cree esas encuestas? Las que dan 20 y 30 escaños de ventaja a Ciudadanos sobre PP y PSOE, y entre uno y tres diputados a Vox.
Yo soy sociólogo y creo que las encuestas se han convertido más en una herramienta de inducción del voto que en una herramienta de predicción del voto. Antes de que naciera Podemos en España, conocíamos las encuestas del CIS y algunas preelectorales. Pero ahora nos asedian con encuestas todas las semanas. Yo estoy convencido de que, en general, son herramientas editoriales.

Ahora bien. Sí creo que indican direcciones concretas y que el desplome del PP y del PSOE es creíble. Lo percibimos en la calle todos los días. También creo que el apoyo a las nuevas fuerzas políticas, entre ellas Ciudadanos y por supuesto Vox, va a ser un hecho.

¿Lo notan en la calle?
Hasta ahora nos decían que éramos cojonudos, pero que no era útil votarnos. Y lo que nos dicen ahora no tiene nada que ver con eso. Nos felicitan por lo que estamos haciendo en Cataluña, nos dicen que somos los únicos que hemos tenido el valor de presentar querellas contra los golpistas y nos dan la enhorabuena porque ya nos ven dentro de las instituciones. Yo también creo que vamos a entrar, y con más fuerza incluso de lo que dicen las encuestas.

¿Considera una buena noticia el desplome de PP y PSOE?
El bipartidismo no tiene por qué ser un sistema político que funcione de manera negativa. Hay naciones que funcionan así, con dos partidos que se alternan en el poder, partidos con muchas corrientes internas, y eso no es necesariamente malo.

Pero en España no ha habido nunca un bipartidismo. En España ha habido un cuarteto de partidos, que eran los dos de siempre, PP y PSOE, y los dos de nunca, PNV y CiU, que determinaban las políticas de los dos anteriores.

El bipartidismo es un mito.
Era falso, no existía. Había una dominación por parte de partidos separatistas que han hecho un gran daño al proyecto común por debilidad y falta de responsabilidad de los partidos nacionales, que en vez de pactar entre ellos han pactado con partidos separatistas absolutamente alejados del interés general de los españoles.

Así que no, no me preocupa nada que PP y PSOE se vayan al garete. Creo que sus cúpulas son merecedoras del mayor castigo electoral posible. El PP y el PSOE ya no representan a los españoles. Son votados en gran medida por inercia, casi futbolísticamente. Se vota a las siglas que votaban los padres o a lo que siempre se ha votado.
Vox es muy claro en muchos terrenos y por eso es difícil estar 100% de acuerdo con nuestro programa.

Ahora hay nuevos partidos.
Nuevos partidos que nunca nos van a representar al 100%. Porque nadie puede compartir completamente el programa electoral de Vox o el del Ciudadanos. Bueno, el de Ciudadanos es más fácil porque son cuatro cosas y no se mojan. Pero el de Vox es más difícil porque somos muy claros en muchos terrenos. Es necesario, además, votar a partidos que vayan a cumplir lo que prometen para que no ocurra como con Mariano Rajoy, que ha incumplido todo lo que prometió y mantenido todo lo que criticó.

¿Es Vox el 50% de una pinza al PP, junto con Ciudadanos?
No. Y, de hecho, nosotros somos muy severos con PP y PSOE, pero también tremendamente críticos con Ciudadanos por ser un partido que juega a la indefinición y la confusión. Por lo tanto, no podemos ser parte de una pinza con nadie, y menos con Ciudadanos, que es un partido con el que competimos electoralmente. Muchos de los que hoy les votan nos votarían en realidad a nosotros, pero optan por ellos porque tienen un tamaño político mayor.

¿Y Podemos?
A Podemos le consideramos el enemigo. Es enemigo de las libertades, enemigo de la unidad de España y enemigo del sistema democrático.

¿Cuál es la intrahistoria de las querellas presentadas por sus abogados contra los líderes del proceso separatista?
Nosotros hace tiempo que reclamamos la aplicación del 155 y del Código Penal a los golpistas. O, mejor dicho, contra los protogolpistas que ya anunciaban el golpe antes de octubre de 2017. No había que esperar a que se produjera la declaración de independencia. Por eso, acudimos a los tribunales ya en 2015 y presentamos querellas contra Artur Mas por delitos de malversación, usurpación de funciones, desobediencia y conspiración para la rebelión y la sedición en grado de tentativa.

En su día, los tribunales nos impusieron fianzas elevadas que no pudimos asumir, nos quedamos fuera de esos procedimientos y la Fiscalía acabó retirando en su acusación final los delitos que llevaban aparejada cárcel. Para los intereses de los españoles fue muy negativo que no existiera una acusación popular que pudiera mantener esos delitos hasta el final.

Y luego llegó Puigdemont.
Tras las declaraciones del juez Santiago Vidal, acudimos al juzgado 13 de Barcelona y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y presentamos querellas contra los aforados y también los no aforados. Esa querella fue determinante porque dio lugar a una investigación del juez que provocó a su vez las primeras detenciones previas al 1-O y los consiguientes ataques a la Policía y la Guardia Civil. Todo aquello fue provocado por la querella de Vox. Y, de hecho, en algunas de las conversaciones interceptadas ellos mismos dicen que lo que más les preocupa es la querella de Vox.

Todo esto sucedió antes del 1-O.
Después, volvimos a presentar querellas contra la Mesa del Parlamento y todo el Gobierno en el TSJC. Nos impusieron elevadas fianzas, que nosotros pagamos a través de campañas de captación de fondos y con las aportaciones de gente que en muchos casos ni siquiera era afiliada de Vox o votante, pero que quería que hubiera una acusación popular.

Y yo creo que esa acusación popular, que es de todo el pueblo español, ha sido determinante. Porque ha marcado el paso a otras instituciones y no le ha permitido al Gobierno y a la Fiscalía actuar con tanta debilidad como habrían deseado. El caso de Jordi Forn es un buen ejemplo. Forn estaría hoy en libertad si no fuera por la acusación popular de Vox. Porque la propia Fiscalía pidió su excarcelación hace una semana.

¿Cree que el Gobierno no deseaba realmente procesar a los líderes del golpe?
Nos consta que el Gobierno ha presionado fuertemente, de manera creciente y sistemática, a la Fiscalía General del Estado para que no pidiera prisión preventiva. Nosotros sabemos que eso ha sido así. Y lo sabemos por distintas vías y por fuentes más que fidedignas.

¿Estamos hablando de tres personas en concreto?
A la Fiscalía se la ha presionado a través del Ministerio de Justicia, a través de la Vicepresidencia del Gobierno y a través del presidente del Gobierno.

Nicolás Redondo me decía la semana pasada tener la sensación de que la derecha española necesita que la acompañen de la mano.
Estoy de acuerdo. Da la sensación de que se quiere hacer todo por consenso. Y el consenso es deseable, pero no es imprescindible cuando uno tiene mayorías de Gobierno claras. Parece que Rajoy ha necesitado permanentemente el apoyo de Sánchez y Rivera para aplicar un 155 que luego no ha sido tal, porque no ha servido ni para controlar a los Mossos d’Esquadra ni para poner en su sitio a TV3.

¿Qué opina de TV3?
Bueno, lo que habría que hacer con TV3, como con todas las televisiones autonómicas públicas, es cerrarla. Esas televisiones son herramientas de propaganda. Tampoco ha servido el 155 para garantizar la libertad de enseñanza y la de poder escolarizar a tus hijos en la lengua común de todos los españoles.

Y ese complejo no sólo parece operar respecto a la izquierda, sino también con respecto a las instituciones europeas.
Sí, parece que necesitamos el sello de calidad de Europa. Y eso es inaceptable. El único mensaje que desde el Gobierno se estaba lanzando a nuestros compatriotas catalanes durante los últimos años era, por un lado, el de que esto iba a ser muy malo para la economía y que algunos iban a ser más pobres. Cosa que a los separatistas les daba igual porque “con la patria, pan y cebolla”.

¿Y por el otro?
Que la UE no lo iba a aceptar. ¿Qué pasa? ¿Que lo peor que se le puede decir a un catalán es que va a dejar de ser europeo? Lo peor que le puede pasar a un catalán es dejar de ser español. Y si el Gobierno de la nación no es capaz de transmitir un mínimo de orgullo de lo que significa ser español… ¿quién lo va a hacer? El hecho de que el PP necesite de esos dos sellos de calidad, el de la izquierda y el de las instituciones europeas, lo convierte en un partido irrelevante y prescindible.

Quizá el PP se ha creído la propia leyenda negra española.
Desgraciadamente, muchos españoles, influidos por la cobardía de muchos intelectuales, se han tragado la leyenda negra española. Desde la reconquista frente al islam, llamada “insidiosa reconquista” por el señor Cebrián, hasta la gran obra de la hispanidad, que con sus luces y sus sombras —y yo creo que hay más de lo primero que de lo segundo— es la mayor obra de hermanamiento universal hecha por ningún pueblo. Allí donde llegaba el ferrocarril de los anglosajones, por ejemplo, se acababan los indios.

Los españoles, en cambio, podemos decir, como afirmaba el historiador Venancio Diego Carro, que “la cara de los hispanoamericanos es un documento viviente y nuestra mayor apología”. Porque los españoles hemos aceptado el mestizaje y no nos ha importado la cuestión racial, sino el hecho cultural y religioso.

Hay una tercera leyenda negra.
La de la lucha contra la invasión francesa. Hay quienes dicen, como Pérez-Reverte, que por otro lado está muy acertado en otras cosas, que lo mejor que nos podría haber pasado es que los franceses también nos hubieran hecho la revolución aquí.

Y sobre esos tres hechos —la construcción identitaria frente al islam, la construcción en torno a la obra de la hispanidad y la afirmación de España como nación política, y no sólo histórica, a partir de la Constitución de 1812— hay una leyenda negra aceptada por españoles de lo más variopinto. Nosotros no nos identificamos con eso. Sabemos que la historia de España no es únicamente rosa, pero desde luego tampoco es negra. Es una historia de la que nos podemos sentir muy orgullosos.

¿Tiene opinión sobre lo ocurrido con los Mossos d’Esquadra en Cataluña?
Sí. Las políticas de Interior deben estar en manos del Gobierno de la nación y no deberían existir ni los Mossos ni la policía autonómica vasca. Nosotros tenemos muchos seguidores entre los Mossos y la Ertzaintza. Muchísimos. ¿Significa eso que queremos mandarlos al paro? No. Significa que debe existir un Cuerpo Nacional de Policía y una Guardia Civil en todo el territorio nacional, y que esos mossos o policías autonómicos vascos deberían poder integrarse en ellos.

Lo ocurrido ahora nos viene a dar la razón. Hemos puesto en manos de los golpistas, de los más desleales, una fuerza extraordinaria y armada que estaba comprando armas de guerra, no armas de carácter policial. Parte de la deslealtad de esos Mossos d’Esquadra ha sido facilitada por el Gobierno de la nación y, en general, por los partidos nacionales, que no han querido solucionar ese problema.

¿Qué opina de la polémica sobre los editoriales de diarios como The Times y The Guardian, entre otros?
A mí me importa tan poco lo que diga Angela Merkel como lo que diga el New York Times. No tienen ni puñetera idea. A lo único que tiene que atender nuestro Gobierno es a lo que digan nuestras leyes y a lo que diga el pueblo español. Volvemos una vez más a los complejos respecto al "prestigio" del que gozan unos medios decadentes que ya no determinan la opinión pública. Ni en los EE.UU. ni en el resto del mundo. Como demuestra por cierto la victoria de Donald Trump. Las oligarquías mediáticas ya no mandan. Da igual lo que digan, ya no son tan importantes.

Ahora casi cuentan más las redes sociales.
Las redes sociales han democratizado la opinión. En algunos casos, en sentido negativo, porque es cierto que la violencia que se expresa en las redes es a veces pavorosa, pero también es cierto que han logrado que todos esos que pretendían determinar cómo debía ser nuestro futuro ya no puedan hacerlo.

Si estuviera en sus manos decidirlo, ¿cuál sería el grado exacto de integración en Europa que querría para España?
Europa es un espacio cultural y geográfico. Y España es Europa con mayor derecho que el resto de los países europeos. Porque Europa es Europa gracias a que España permitió que lo fuera y porque los españoles y los franceses del sur impidieron la islamización de Europa hace muchos siglos. Antes se decía que “Europa termina en los Pirineos”. Pues bien: si Europa termina en los Pirineos es porque empieza en Gibraltar.

Así que, con pleno orgullo, manifiesto nuestra adhesión a Europa, de forma indisoluble.

Habrá un pero.
Esa adhesión no puede llevarnos de ninguna manera a aceptar una UE burocrática que pretenda la disolución de los Estados-nación. Porque nosotros creemos en la unidad de España, y creemos que ni se puede romper ni disolver en el contexto internacional. ¿Hay que replantear el proyecto europeo sobre otras bases? Sí. No creemos en las bases federales que se plantean desde la izquierda, desde Ciudadanos o desde el PP, en boca de dirigentes del PP como Margallo.

Nosotros no creemos que Europa deba ser una gran supernación federal. La referencia del Estado-nación sigue siendo válida y es con la que nos identificamos la mayoría de los españoles. Además, nosotros nos creemos el artículo 2 de la Constitución española. Creemos, además, que la UE está atacando la identidad europea con su política de puertas abiertas a la inmigración y a los supuestos refugiados.

Hace unas semanas, un viejo líder del PSOE me habló de “ordenar” la inmigración. Es el tipo de declaraciones que se le perdonan a la izquierda pero que jamás se le perdonarían a Vox.

La inmigración es un hecho. España ha sido un país de emigrantes y ahora también de inmigrantes. Hemos emigrado con orden y concierto, respetando la legalidad de los países a los que hemos ido, y hemos recibido inmigración con desorden y desconcierto. Nosotros lo que planteamos es que la inmigración se ordene y se regule.

¿En función de qué?
De dos elementos. En primer lugar, de las necesidades de la economía nacional. Porque con varios millones de parados, España no necesita inmigración en estos momentos. Decir que los inmigrantes nos van a pagar las pensiones es, directamente, mentira. Los inmigrantes que llegan a España lo hacen de manera ilegal, sin contratos de trabajo, y para recibir las ayudas sociales que no reciben muchos españoles.

En segundo lugar, en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. No es lo mismo recibir a un inmigrante de naciones hermanas como las hispanoamericanas, con una misma cultura, una misma lengua y una misma cosmovisión, que recibir a un inmigrante de países islámicos. Incluso dentro de los países islámicos hay diferencias. Hay países más radicales y otros más moderados. Pero nosotros somos partidarios de detener la inmigración procedente de países islámicos habida cuenta de en qué se ha convertido en Europa.

¿En qué se ha convertido?
La inmigración de los primeros años llegó a integrarse, pero la más reciente no tiene ninguna intención de hacerlo. Y se están creando guetos y zonas no go donde no es que no puedan entrar los ciudadanos, es que no puede entrar ni la Policía. Pronto las habrá en España. Son microestados, islas religiosas donde se pretende aplicar la sharia. Y creo que esa es la voluntad de una gran parte de la inmigración islámica en Europa: convertir la ley religiosa en ley civil. El problema es que por vía demográfica, y por lo tanto democrática, podrían llegar a considerarlo.

Usted me está hablando de identidad, entonces.
Nosotros creemos que es absolutamente lícito querer mantener nuestra cultura y nuestra identidad. Identidad no en un sentido metafísico, sino en el sentido de la libertad del hombre, de la igualdad del hombre y la mujer, y de la separación de Iglesia y Estado. Que, por cierto, es un préstamo del cristianismo: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.

Lo que está ocurriendo en muchos barrios de Bélgica, Suecia o Alemania no parece indicar que ese vaya a ser el camino seguido mayoritariamente en Europa.

En España hay barrios conflictivos donde, por suerte, no se ha llegado todavía a esos extremos. Lavapiés o, en su momento, el Raval de Barcelona. O las zonas rurales de Lérida y Gerona, que se han llenado de inmigración islámica gracias al separatismo.

¿Y quiénes son los que no pueden aceptar eso? Pues las personas que se ven obligadas a convivir con ese tipo de inmigración, que son las que se dan cuenta de las consecuencias. ¿Quién lo puede aceptar? Pues quien no convive con ello. Es decir los más privilegiados económicamente. Estoy recordando las palabras de un alto directivo de una de las principales multinacionales europeas, Airbus, que decía que la oleada de refugiados era muy buena porque eso les iba a permitir abaratar los salarios.

Hablemos de ello, de economía. ¿Es Vox liberal?
A mí no me gustan las etiquetas. Vox es un partido que de forma muy rotunda desafía la corrección fiscal que impera en el resto de los partidos. Apostamos por la rebaja de muchos impuestos, y los impuestos que no queremos rebajar los queremos suprimir, como el de sucesiones y el de patrimonio, que están afectando a las clases populares. Los ricos tienen muchas formas de transmitir su patrimonio, pero las personas que reciben una pequeña herencia en forma de piso en un barrio modesto, y que ven que no pueden asumirlo porque no tienen la liquidez suficiente para pagar los impuestos derivados, son las que lo sufren.

Apostamos por que a los españoles no se les arrebate de forma desmedida el fruto de su esfuerzo. Los impuestos deben ser los justos, los mínimos para mantener un Estado que no debe tener el tamaño del Estado actual.

¿A quién culpa de ese tamaño?
Al Estado de las autonomías. Nosotros somos partidarios de un recorte drástico de la parte improductiva del Estado, es decir del aparato autonómico.

¿Pero es compatible una política fiscal liberal con el proteccionismo que defiende Vox?
Creo que sí. Al final, la competencia desleal con mano de obra barata acaba abaratando mucho los productos y nos permite comprar a precios bajos productos que antes no podíamos comprar. Como los teléfonos móviles, por ejemplo. Todo esto es consecuencia de la globalización. ¿Es una consecuencia positiva? Sí.

Pero también tiene su lado B, y hemos de ser capaces de analizarlo. Donald Trump en los EE.UU. ha sido muy consciente de ello y ha querido acabar con los acuerdos multilaterales para llegar a acuerdos bilaterales que creo que le están haciendo triunfar en materia económica.

¿Se identifica con Trump, más allá de sus políticas concretas?
Con la pregunta me das la respuesta. Es un personaje, y todos tenemos uno. En el caso de Trump, ese personaje es superlativo. Todos nos hemos reído con los vídeos que corren por ahí de él. Pero yo, al personaje caricaturesco de Donald Trump, lo veo con distancia. Al Donald Trump que desafía la corrección política, que protege los intereses norteamericanos y que se atreve a enfrentarse con la izquierda en todos los terrenos lo veo sin embargo con simpatía.

He de suponer que si algún día llegara usted a presidente del Gobierno, se comportaría de forma más ajustada al protocolo.
Yo creo que en general ya lo hago, ¿no? Pero, lo repito: no me identifico con el personaje. Me identifico con esa reacción tan difusa que se ha producido en todo el mundo contra la reacción política dictada por la izquierda desde Mayo del 68. En ese sentido, Donald Trump ha sido muy beneficioso.

¿Usted le habría votado?
Sí. Mil veces antes que a Hillary Clinton, que representa lo progre en su máxima expresión.

¿Cree que la alarma por el supuesto auge de la ultraderecha en Europa se corresponde con su peso real?
Es que yo creo que no es ultraderecha todo lo que llaman ultraderecha. Es muy fácil etiquetar y decir que un 36% de los franceses son ultraderecha. Pero es equivocarse. A Marine Le Pen la votan principalmente los obreros franceses y las clases populares. Llamarle ultraderecha a todo eso, sin matices, es un error. Un error deliberado.

¿Pero comparte algo con ella?
Alguna gente criticaba aquella reunión que mantuvimos con ella. ¿El modelo de sociedad que Vox defiende para España es el que defiende Marine Le Pen para Francia? No. ¿El modelo de Estado? No. ¿El modelo fiscal? No. ¿El modelo de civilización es compatible? Sí.

¿Estamos frente a un choque de civilizaciones?
Eso es mucho decir. Estamos frente a un choque de la civilización contra la barbarie.

EN EDUCACIÓN
Líderes de NNGG piden abrir el debate sobre la recuperación de competencias
Agustín Benito gaceta.es 8 Abril 2018

Se muestran a favor de “abrir el melón” de la recuperación de competencias por parte del Estado en materia educativa visto el “adoctrinamiento en regiones como Cataluña y el País Vasco”.

Cargos de Nuevas Generaciones del PP han pedido “abrir el melón” de la recuperación de competencias por parte del Estado en materia educativa visto el “adoctrinamiento en regiones como Cataluña y el País Vasco”.

Así, la secretaria general de NNGG en el País Vasco, Beatriz Fanjul, ha asegurado que solo recuperando competencias en enseñanza se “conseguirá avanzar”. “Esto es lo más importante porque hoy en muchos colegios públicos de algunas comunidades se educa en el odio y los profesores adoctrinan a los pequeños en sus propios intereses”, ha dicho, antes de recordar que en el País Vasco se han dado hasta “homenajes de estudiantes a etarras”.

Ha recordado que su partido aboga por un 33% de clases en euskera, castellano e inglés, y que la ley no se cumple porque “todas las asignaturas troncales se dan en euskera”. En este sentido, ha denunciado que sigue puntuando más el conocimiento de una lengua que hablan poco más de 700.000 personas (nativas) que la formación en oposiciones para acceder a funcionario, evidenciando la injusticia del sistema y mermando los derechos de los castellanohablantes y la igualdad de oportunidades.

En la misma línea se ha manifestado Rodrigo Mediavilla, presidente de la rama juvenil del PP en Palencia, que en declaraciones a La Gaceta ha aseverado que “merece la pena abrir al menos el debate de la recuperación de competencias que están en manos de las Comunidades Autónomas y replanteárselo, aunque no se sepa muy bien cómo hacerlo salvo que una región ejerza dejación de funciones”.

Cree que hay “un problema de competencias” y aunque se tenga voluntad, “probablemente el Ejecutivo no pueda con el estatus actual cambiar el modelo lingüístico”, regido por la Ley de Educación Catalana, que sólo puede ser modificada a través de otra ley que se apruebe por el Parlament, según fuentes gubernamentales.

Irene Pardo, presidenta de NNGG en Lérida, ha pedido, por su parte, que el Ejecutivo, en un momento de excepción como el actual, establezca “mecanismos de control y de inspección” en las escuelas catalanas para que se cumpla la ley, “dónde se está adoctrinando a los más pequeños” porque “hay profesores que están corrompiendo la Historia, maestros que colocan lazos amarillos por los golpistas presos y niños con cinco o seis años y sin criterio políticos crecen con una estelada bajo el brazo”.

Duras críticas del sindicato AMES
El presidente el Sindicato Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES), Antonio Jimeno, ha criticado la “cobardía” del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al no incluir la casilla del español: “ha tenido miedo a las protestas en la calle y a las manifestaciones”.

AMES fue una de las entidades que solicitó al Gobierno el pasado mes de febrero que la hoja de preinscripción escolar en Cataluña incluyera esta opción. Esta fórmula, según Jimeno, “hubiese sido una medida muy útil para que los padres pudiesen decidir sin necesidad de acudir a la justicia”.

Viajar a Galicia
Nota del Editor

La fábrica de humo no para. Ahora quieren levantar otra humareda sin hacer fuego, y eso que lo tienen fácil: sólo acercarse a ver al tal Núñez en Galicia, hablarle en español y pedirle que esta lengua no sea impropia allí.
 


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