|
El racismo alemán humilla a España y
destroza la UE
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 8 Abril 2018
No, no ha sido un juez de provincias, ni una instancia judicial mal
informada por el Gobierno de Rajoy. Ha sido la ministra de Justicia
socialista la que en una rueda de prensa tan innecesaria que sólo
podía ser deliberada, se comportó de forma insultante y ofensiva
contra España, ciscándose en el principio básico de la creación de
la UE, que es la inviolabilidad de las fronteras de los países
miembros, un principio que se debe a la propensión alemana a invadir
y masacrar a los países vecinos, la última vez en 1939. No ha sido
la "decisión judicial" que acataron cobardemente Soraya y Catalá,
porque la sentencia antiespañola fue respaldada y ampliada por el
Gobierno. Y tampoco unas declaraciones "desafortunadas" como musitó
penosamente Dastis, porque avalan una acción judicial que humilla a
España y destroza cualquier principio de unidad judicial europea en
los casos más importantes.
La Rieffenstahl socialista de Merkel
Repasemos las claves del discurso de la ministra germana, que a mí
me recuerda a Leni Riefenstahl, la brillante cineasta nazi cuya obra
maestra El triunfo de la voluntad tanto contribuyó a deificar a su
admirado y admirador Adolf Hitler y, de paso, a retratar el
fanatismo del pueblo alemán. Tras escapar de las ruinas del Reich
Leni se dedicó a la filmación y disfrute de otra raza superior, en
este caso negra, masai, en Africa Central; y murió casi centenaria,
discretamente venerada en todas las filmotecas del mundo. La esbelta
y racista ministra socialista Katarina Barley no tendrá su talento,
pero sí su arrogancia. Lo que dijo fue nada más y nada menos que
esto:
1. Que ya conocía antes de ser pública, y que compartía plenamente
los argumentos de la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein. O
sea, que el tribunal, sabedor de su importancia y gravedad, la había
adelantado al Gobierno Merkel, que la ocultó aviesa y deslealmente
al Gobierno español. No fue, pues, una decisión independiente, sin
prever su efecto político. Los jueces de esa región tuvieron
previamente el respaldo del Gobierno alemán.
2. Que sobre negarse a cumplimentar la euroorden por el delito de
rebelión -lo único que debía hacer el tribunal, sin entrar en el
fondo del asunto, que no es de su incumbencia según los acuerdos de
la UE, "no le será fácil" al Gobierno español "probar el delito de
malversación". Como si fuera el Gobierno y no el Tribunal Supremo,
máxima instancia judicial, el encargado de calificar los delitos de
un prófugo de la Justicia española, es decir, que la ministra, léase
Gobierno alemán, comparte lo que los golpistas catalanes dicen del
Estado Español: que no es una democracia. Si no lo es y no respeta
los principios fundamentales de la UE, sorprende que la ministra
pro-golpista alemana y los propios forajidos golpistas esperen que
respeten, sin embargo, lo que decida un juzgado alemán, con su
Gobierno detrás. ¿Ha de ser España un protectorado alemán para
considerarse Estado de Derecho? Para el Gobierno alemán,
evidentemente, sí. Y para sus jueces, también.
3. Para que no haya duda al respecto, la ministra alemana comunica
al Estado racial y políticamente inferior -la aceitosa colonia
sureña llamada España- que si no demuestra -y ya ha adelantado que
le será muy difícil- la malversación de fondos públicos, Puigdemont
"será libre en un país libre, que es la República Federal Alemana".
Está claro que para la máxima autoridad en materia de Justicia del
Gobierno alemán, ni España es libre ni, por tanto, merece ser un
país, así que resulta moralmente imperativo que Alemania dedique
todo su esfuerzo a destruirlo. Como el propio Pigdemont.
La raza superior sí tiene derecho a combatir el separatismo
Oportunísima para entender la Leyenda Negra contra España es la
exposición que esta semana presentó María Elvira Roca sobre Lutero
en Alcobendas, porque el fundador del protestantismo lo es también
del racismo alemán moderno, que culmina en Hitler pero se alarga
hasta Katarina Barley, criatura anglo-germánica que no oculta el
secular desprecio de los países reformistas a los católicos, cuyo
gran exponente era España. Aquí no quedan casi católicos ni allí
protestantes, pero el racismo contra el Sur sigue intacto.
El racismo protestante -ferozmente antisemita desde Lutero y
Calvino- contra los españoles no era sólo por ser católicos, sino
por tener sangre judía, lo mismo que decían los padres del
nacionalismo catalán, que los españoles somos muy judíos. Hace poco
escribía Junqueras que los catalanes tenían un ADN más parecido al
francés que al español. No se atrevió a decir que eran arios puros.
Ahora, tal vez se atreverán, porque el IV Reich ha iniciado la
desmembración de Europa que el III llevó al paroxismo. En Memoria
del Comunismo cuento que una de las hazañas hitlerianas que
desembocaron en la II Guerra Mundial, la anexión de los sudetes, fue
saludada por Companys y Aguirre como "un triunfo de la
autodeterminación de los pueblos", y le enviaron un caluroso
telegrama de felicitación a Chamberlain por permitirla. La historia
no se repite, pero a veces se parece horrores.
¿Por qué digo que lo de la socialista Katarina Barley es racismo
puro? Porque para la izquierda europea la libertad y la democracia,
cuya garantía es el Estado de Derecho, no es natural en los países o
razas inferiores, eslavos y católicos, sobre todo hispanos. Carlos
Rangel explica en Del buen salvaje al buen revolucionario cómo
anglosajones, alemanes y franceses defienden para Iberoamérica las
dictaduras comunistas que para sus países rechazan. Creen que para
Cuba, Nicaragua, Colombia o Venezuela, como para España en 1936, el
imperio de la Ley, el Estado de Derecho son productos exóticos para
los que nunca estaremos realmente preparados. Una dictadura con
toques pintorescos, atractivos para el turista político, es más que
suficiente.
El recuerdo político-legal de Sosa Wagner
La prueba de que sólo el racismo político de la izquierda europea,
perfectamente representado por la socialista Barley, explica la
miserable agresión no de un juzgado de Shleswig-Holstein -insisto-
sino del Gobierno alemán contra España y la UE, es que el tribunal
constitucional de Karlsruhe condenó tajantemente, y hace bien poco
para que un juez pueda olvidarlo, un referéndum para la
independencia de Baviera. Lo recordó ayer en El Mundo el
eurodiputado Francisco Sosa Wagner en un artículo formidable: El
horror de Schleswig-Holstein, del que transcribo estos párrafos
esenciales:
(…) ustedes, señores de mohosas togas de Schleswig-Holstein, han
considerado que un proyecto de secesión como el de Cataluña que
implica violar el texto constitucional y además -¡una bagatela!-
alterar las fronteras de un país europeo, es asunto menor y que
desde luego no es motivo para mantener en prisión a su autor y
entregarlo a los jueces y tribunales españoles. Y todo en virtud de
una confusa argumentación, propia no de juristas sino de rábulas,
sobre la inexistencia de violencia que ustedes por supuesto no
aceptarían si de analizar una alta traición (Hochverrat) se tratara.
¿O es que no recuerdan ustedes la celeridad con la que el Tribunal
Constitucional de Karlsruhe zanjó la pretensión de celebrar un
referéndum en Baviera (2 BvR 349/16)? Lo hizo con estas escuetas
palabras contra las que no creo que ninguno de ustedes se
revolviera: "En la República Federal de Alemania, Estado nacional
fundamentado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder
no son señores de la Constitución. En la Constitución no existe
ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los Länder.
Son contrarias al orden constitucional".
Tan clarito es lo que he tratado de contar que me inclino a pensar
que su disparatada decisión -sea dicho con el máximo de los
respetos- es el fruto, por un lado, de su ignorancia de lo que
significan España y el orden establecido en los Tratados europeos;
por otro, del hecho de que viven ustedes en una burbuja periodística
y televisiva en la que prácticamente no han tenido cabida más que
las tesis de los secesionistas catalanes.
Al siempre educado Sosa Wagner le faltó añadir: y porque ustedes son
unos racistas siniestros, que desprecian para España lo que
defienden para Alemania: fronteras seguras, orden constitucional y
defensa de la integridad nacional garantizados por la cooperación
internacional de la UE. ¿No apoyó España la reunificación de
Alemania pese a la oposición de las Francia y Gran Bretaña? ¿Y así
nos lo pagan? ¿Diciendo que en 340 actos violentos no hay violencia?
¿Porque pegan a policías españoles? ¿Esto es cooperación entre
democracias o repugnante racismo político? Para mí no hay duda: puro
racismo, desprecio del grande al chico, del rubio al moreno, del
izquierdista al español, que sólo si es comunista deja de ser
franquista, en todo caso fuera de las delicatessen democráticas de
los arios civilizados.
Si la UE no condena a Alemania, que disfrute el IV Reich
Duro es el golpe a España, pero mucho más duro a la UE, cuyo primer
país, Alemania, respalda la destrucción física y legal del cuarto,
que es España. Y no es sólo culpa de Rajoy, aunque si tuviera
decencia, tras el estrepitoso fracaso internacional de su política
ante el golpismo catalán, dimitiría de un cargo del que pocos dudan
que para él es sólo el parapeto ante el banquillo. La oposición con
una cierta idea de España, es decir, Ciudadanos, debería poner en
marcha no sólo una moción de censura para echar al Gobierno y
convocar elecciones, sino una campaña internacional -aquí quiero ver
a Macron- para que la UE desautorice a Alemania y defienda
nítidamente la integridad nacional española. Y si no, que disfruten
otros del IV Reich. Al final, si no nos defendemos nosotros, en esta
Europa nadie nos defenderá.
Europa es un cachondeo
EDUARDO INDA okdiario 8 Abril 2018
Manda huevos que la mayor crisis que ha sufrido a nivel interno el
Reino de España en décadas haya llegado desde tierras lejanas como
una suerte de pacífica a la par que europea reedición de la de Cuba
en 1898. La puñalada trapera de tres jueces golfos alemanes tendrá,
salvo inesperada marcha atrás, consecuencias imprevisibles en esta
España cada vez más invertebrada. Nos han humillado, nos tratan como
si fuéramos Sudán, como si Franco siguiera en El Pardo, han dado
alas al golpismo y han convertido a un pluridelincuente en un
mártir. Tan injusto como estereotipar a Alemania como un país nazi,
autoritario y antisemita. Tan desaforado como identificar a cada
alemán con ese psicópata austriaco de cuyo nombre prefiero no
acordarme que asesinó a seis millones de judíos en las cámaras de
gas.
Tan pronto rubrico eso como puntualizo que sería injusto sostener
que Alemania se ha portado en términos generales mal con España. La
canciller Merkel cumplió la promesa que había efectuado a Mariano
Rajoy: “Si Puigdemont pisa territorio alemán, lo detendremos y os lo
entregaremos”. La Fiscalía germana fue impecable e implacable y
reclamó prisión para el ex president regional golpista y su traslado
a España para ser procesado por rebelión. Entre otras cosas, porque
un delito idéntico existe en su ordenamiento jurídico.
El fallo de la magistratura de Schleswig-Holstein, que es a Alemania
lo que un Tribunal Superior autonómico a España, constituye un acto
prevaricador en toda regla. Me explico: para empezar, se han pasado
por el arco del triunfo el principio acusatorio, que rige en
cualquier Estado de Derecho. Es decir, el juez hace lo que le pide
el fiscal y no da un solo paso que no le haya reclamado. Mucho ha de
fundamentar un tribunal de un Estado democrático para fallar en
contra del criterio del ministerio público.
Para continuar, porque en una Orden Europea de Detención y Entrega
nunca se entra en el fondo, sólo hay que valorar las formas,
analizar si el delito figura en el Código Penal propio o no, si la
reclamación es conforme al Derecho local. No hace falta ser Raimundo
de Peñafort para colegir que tan sólo debían resolver si un delito
idéntico al español de rebelión existe allí. Que haberlo, haylo, y
prácticamente calcadito con la particularidad de que allí se castiga
hasta con cadena perpetua.
Y, para terminar, porque alguien me tendrá que explicar cómo tres
jueces pueden determinar que no ha habido violencia cuando no se han
leído las decenas de miles de folios del sumario, cuando ni siquiera
han esperado al informe traducido de 300 páginas que les iba a
remitir la Guardia Civil y cuando tan sólo obraban en su poder las
60 páginas del auto de procesamiento del Tribunal Supremo. Debe ser
que entraron en la basuresca wikipedia, controlada por el podemismo
mundial, comprobaron que España es una semidictadura y los golpistas
catalanes una suerte de mártires de la libertad, los derechos
humanos y la autodeterminación. Y sanseacabó, que eso de trabajar es
de fachas.
Son malos y vagos. O vagos para ser malos. No debían entrar en el
fondo pero ya que lo hicieron no hubiera estado de más que se
hubieran empollado el sumario. Habrían comprobado que la Guardia
Civil probó no uno, no dos, no 10, tampoco 100, sino más bien ¡¡¡315
episodios de violencia física!!! durante las semanas del golpe de
Estado (un putsch no se prepara ni se consuma en un pispás
precisamente). Pero para ello deberían haberse estudiado las decenas
de miles de páginas del sumario, algo física y metafísicamente
imposible en apenas 24 horas. Ni Einstein o cualquier ADN con un
coeficiente intelectual de 180 sería capaz de asumir tanto dato,
tanto argumento y tanto tocho en un día. Ni metiéndose 100
centraminas entre pecho y espalda.
Lo más flipante de todo es que estos prevaricadores se contradicen
in terminis. Admiten que hubo violencia pero añaden que “no la
suficiente” como para violentar al Estado. Hace falta tener una jeta
tan dura como la cantera de mi pueblo para sostener algo así y
concluir que no hay rebelión. Eso sí, dejan abierta la puerta a la
malversación. Puerta que ayer cerró otra que tal baila, la ministra
de Justicia alemana, que se pasó setenta pueblos maltratando a
España, anticipando lo que ocurrirá y presentándonos como una suerte
de país entre bananero y subsahariano.
Katarina Barley, la Catalá germana, transgredió las más elementales
normas de respeto institucional enterrando a Montesquieu. “La
decisión sobre Puigdemont es correcta, la esperaba”, apuntó en el
primero de los zascas a nuestra nación. Adelantándose a los
acontecimientos, o no, porque tal vez está todo predeterminado, la
titular de Justicia agregó que “no será fácil” probar la
malversación. “Si Rajoy no prueba la malversación, Puigdemont será
libre en un país libre”, remachó la pájara esta pasándose por el
arco del triunfo la división de poderes, poniendo en duda nuestro
sistema judicial y equiparándonos implícitamente a una dictadura.
Como si fuéramos Tanzania, Guinea Ecuatorial o un país bananero de
ésos que florecen en Centroamérica. ¿Se puede ser más cretina?
Ciertamente, no.
Lo que mejor funciona en las relaciones internacionales no es el
buen rollito sino la Ley del Talión, la aplicación de ese judaico
aserto del “ojo por ojo, diente por diente”. Que traducido al mundo
contemporáneo significa devolver por métodos pacíficos las putadas
que un Estado extranjero te haga. En un mundo en el que cada uno va
a lo suyo pensar que se pueden resolver las cosas por las buenas, al
más puro estilo Bismarck, es tanto como creer en esa imbecilidad
supina que es en términos prácticos (y no prácticos) el flower
power. Algo así sostenía el que seguramente pasa por ser el inventor
de la diplomacia moderna, el cardenal Richelieu, que alumbró aquello
de la razón de Estado. Que básicamente consiste en anteponer los
intereses propios a cualquier otra consideración. Que, por cierto,
es para lo que se elige a un presidente o a un primer ministro.
Seamos prácticos. Ahora sólo queda envainárnosla y esperar al
milagro. Mientras tanto, debemos tomar nota y rechazar todas y cada
una de las peticiones de entrega de delincuentes que provengan de
Alemania. ¿Que un asesino en serie se refugia en la Costa del Sol,
en Canarias o en Baleares?, pues lo enchironamos nosotros y que se
lo entregue Rita la Cantaora. ¿Que hay que renovar el parque de
tanques y cazabombarderos? Muy sencillito: compremos Abrams y F-35
estadounidenses y que se metan los Eurofighter y los Leopard donde
les quepan. ¿Que Baviera se quiere separar del resto de Alemania e
intentan detener al protagonista de la secesión? Más fácil aún: lo
acogemos por estos pagos y lo convertimos en refugiado político. Y,
entre tanto, boicoteemos los productos alemanes. Adquiramos coches
franceses, italianos, estadounidenses, indios o japoneses. Que se
enteren de lo que vale un peine. Que sepan que el desprecio no sale
gratis. Y con Bélgica tres cuartos de lo mismo: que colabore con
ellos la madre del Rey Alberto. La deslealtad se paga con
deslealtad. El desprecio con desprecio. La provocación con
provocación. La insolidaridad con más insolidaridad. La humillación
con mucha más humillación.
La gran lectura de la internacionalización del golpe de Estado del
1-0 es que Europa es una unión monetaria y nada más. Una entelequia
y un cuento chino en el que cada uno va a lo suyo y en el que se
premia a los enemigos de los países miembros. No estaría de más
amenazar con salirnos de la Unión Europea para que reaccionen. De lo
contrario el euroescepticismo dejará de ser una enfermedad
estrictamente británica para convertirse también en un virus made in
Spain. Si nos tratan como unos parias, que se queden con sus
funcionarios, sus corruptelas y su mierda de superioridad moral. Ni
la nación de Molenbeek, Dutroux y las mafias de las drogas y las
armas ni la que parió a uno de los dos regímenes más deleznables de
la historia nos van a venir a dar lecciones. Hasta ahí podíamos
llegar.
Hay un juez en Schlewig-Holstein
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 8 Abril 2018
Carles Puigdemont se siente feliz y sus huestes fanatizadas
descorchan botellas de espumoso tras la resolución del Tribunal del
Land de Schlewig-Holstein descartando que el delito de rebelión por
el que está procesado en España se corresponda con la figura penal
de alta traición en la legislación alemana. De acuerdo con este
veredicto, Puigdemont, en caso de ser extraditado al que, pese a sus
fantasías calenturientas, sigue siendo su país, no podría ser
juzgado por rebelión, sino, en todo caso, por malversación, una
vulneración de la ley de menor entidad que no implicaría su
inhabilitación automática. Sin embargo, pese a este tropiezo de la
justicia española en la aplicación de la euro-orden, el resto de la
decisión de los jueces alemanes no es precisamente para que los
independentistas arrojen tantos cohetes. En primer lugar, se deja
claro que el acusado no sufre persecución política, contradiciendo
así una de las tesis principales de los golpistas, que niegan su
condición de presuntos delincuentes y se lamentan de sufrir las
arbitrariedades de un Estado represor. En segundo, le deja en
libertad bajo fianza de 75.000 euros, con obligación de presentarse
regularmente en un juzgado y de permanecer en suelo de la
Bundesrepublik. No parece tampoco que este sea el trato que se
dispensa a un héroe de las libertades democráticas, sino que más
bien apunta a las precauciones que se toman para que un procesado no
escape al rigor de la ley. Y, por último, el procedimiento de
extradición continúa por el delito de malversación, con un posible
resultado desfavorable al falso mártir que puede acabar en un avión
en dirección a la cárcel de Estremera.
El Gobierno de Mariano Rajoy se caracteriza, inspirado por el
nebuloso carácter de su presidente, por una mezcla equilibrada de
pasividad, inoperancia y pusilanimidad, que él denomina curiosamente
“sentido común”. Fruto de esta forma de afrontar las tareas propias
del poder ejecutivo, el golpe se ha venido gestando durante años con
luz y taquígrafos mientras en La Moncloa facilitaban este encomiable
propósito con abundantes recursos financieros y abriendo un despacho
en su Delegación en Barcelona para que la ínclita estadista que ha
revelado ser la Vicepresidenta Para Todo practicara un infatigable
diálogo apaciguador con los que preparaban incansables la
“desconexión” de España. Queda la duda de si la vicepresidenta era
consciente de la inutilidad de sus esfuerzos, pero persistía en
ellos porque le resultaban entretenidos; o si creía de verdad que
sus dotes de seducción terminarían por ablandar la dura coraza de
sus interlocutores, lo que probaría que se puede ganar una oposición
a un cuerpo de elite del Estado con un nivel considerablemente
moderado de inteligencia.
Cuando la Fiscalía germana suscribió al completo las tesis del
instructor Pablo Llarena y solicitó a la sala de lo penal del Land
fronterizo con Dinamarca mantener a Puigdemont entre rejas y aceptar
su extradición a España por rebelión y malversación, un hálito de
optimismo invadió a nuestros aguerridos ministros y a su sinuoso
líder. Las perspectivas no podían ser más halagüeñas, los togados
teutones iban a hacer el trabajo mientras en la mesa del Consejo
podía continuar la siesta. Pero, oh hados fatales, el tribunal
competente le ha enmendado la plana al fiscal y la dicha se ha
trocado en desconcierto y consternación. Este molesto incidente ha
venido a corroborar lo que millones de españoles ya sabemos desde la
desperdiciada mayoría absoluta de 2011. En España hay una apariencia
de Gobierno, unos caballeros y unas damas que se sientan en las
poltronas ministeriales y fingen que se afanan en la conducción de
los negocios públicos, pero que en la práctica dejan que otros se
enfrenten a los problemas verdaderamente acuciantes, sea el Rey,
sean los empresarios, sean los jueces o sea la sociedad civil.
El Estado español es multisecular y resistente y ha conseguido no
ser destruido por los mandatos sucesivos de Zapatero y de Rajoy,
combinados ambos con la labor dinamitera de los separatistas
catalanes, especialistas en el engaño, la felonía y el saqueo del
erario. Ahora bien, por sólida que sea su mole y por dilatada que
sea su historia, no existe Estado que pueda sobrevivir a gobiernos
que o no hacen nada o, cuando se desperezan, se dedican a
suministrar a sus peores enemigos los medios para liquidarlo. Por
eso, la partitocracia corrupta, ineficaz y ruinosa en que ha
degenerado el sistema institucional y político del 78, tiene los
días contados. La pregunta es si surgirá de las entrañas de la
Nación el proyecto de renovación que rectifique los numerosos
errores de las últimas cuatro décadas y sustituya la clase política
incinerada que hoy nos desgobierna por equipos de refresco
integrados por gentes de limpia ambición y sano patriotismo
dispuestos a acometer la difícil misión de enderezar un rumbo
definitivamente perdido.
Es conocida la anécdota de Federico II de Prusia y el molinero, en
la que el monarca expresa su satisfacción por el buen funcionamiento
de la justicia en su reino con la célebre frase “Aún hay jueces en
Berlín”. En estos días, el Gobierno de España ha descubierto que hay
jueces en Schlewig-Holstein que pueden desbaratar con una decisión
más que discutible su temblorosa estrategia de esconderse detrás de
los tribunales. La separación de poderes es un principio básico de
las auténticas democracias, pero cada uno de los tres en su lugar y
con sus competencias. Cuando uno de ellos se arruga y se refugia en
alguno de los otros dos, el riesgo de que un cisne negro levante el
vuelo y siembre la desolación se multiplica. ¿Podremos los españoles
salir del marasmo que nos atenaza sin pasar previamente por un
cataclismo traumático como en anteriores ocasiones de nuestro
pasado? Las próximas elecciones generales nos brindan la oportunidad
de acabar de rematar lo viejo y de dar un impulso vigoroso al
nacimiento de lo nuevo. ¿Sabremos hacerlo?
Asunto interno
ARCADI ESPADA El Mundo 8 Abril 2018
Mi liberada:
Después de un asalto al Estado que ha durado más de cinco años, el
jefe de un gobierno regional español consuma su apropiación de la
soberanía constitucional del conjunto de los ciudadanos, proclama la
secesión de la región que gobierna y huye cuando la Justicia decide
perseguirlo. Su huida acaba en Alemania. Cuando las autoridades
españolas reclaman su extradición, los jueces alemanes responden que
ellos decidirán el delito -y si hay delito- por el que deba ser
juzgado. En la práctica ello supone que los jueces alemanes actúan
como lo haría un juez de instrucción ante una petición fiscal:
evaluando la calidad de los indicios aportados y el grado de
convicción de sus argumentos. Y ejerciendo, respecto a los hechos
investigados y a su calificación jurídica, la autoridad que tiene el
juez de instrucción sobre el fiscal.
Todo ello contraría el automatismo que rige o quiere regir en el
espacio común europeo. El automatismo del euro, por ejemplo. O el de
Schengen, que elimina la cláusula de la frontera. El automatismo
europeo supone que lo único que cabría esperar de la petición
española era la entrega automática del prófugo. Así lo dio a
entender la fiscalía alemana. La primera razón son los delitos
mismos atribuidos. O sea, la imposibilidad de que algún Estado de
Derecho pueda sostener que la secesión unilateral no es delito en su
país. La segunda es la confianza absoluta, fruto de la pertenencia
al mismo espacio moral y político, en que el presunto delincuente
tendrá un juicio justo en su país. Pero el automatismo no se ha
producido.
Los jueces alemanes tienen dudas de que la palabra violencia
describa parte del método empleado por los nacionalistas catalanes
en su asalto a la democracia española. Son dudas razonables, que
comparten muchas personas, juristas o no, en España. La instrucción
del juez Llarena ha recibido diversas críticas por su empeño en
justificar, a partir de la violencia, el tipo penal de la rebelión.
Pero la procedencia o no de esas críticas habrán de determinarlas
los tribunales españoles. Insólitamente los jueces alemanes no han
depositado en ellos la resolución de sus dudas, sino que se han
adelantado a su decisión absolviendo en la práctica a Puigdemont del
delito de rebelión. Haciendo, por lo tanto, muy rentable su huida de
la Justicia española y dando un insospechado apoyo fáctico a la
constante denuncia nacionalista de la baja calidad democrática del
Estado de Derecho español. No solo han hecho eso los jueces
alemanes. Según su resolución, que desbrozaba ayer María Peral en El
Español, la posibilidad de la extradición del prófugo a causa de un
delito de malversación está también en el aire. Los jueces,
enmendando radicalmente la plana a la instrucción, exigen más
información, más aporte fáctico, al juez español. De nuevo se erigen
en instructores de la causa. La extradición no solo peligra por esa
razón. La ley alemana relativa al auxilio judicial internacional en
materia penal dice en su artículo 1: «La extradición no será
admisible sobre la base de un acto político o de un acto
relacionado». No parece difícil que los abogados de Puigdemont
tengan éxito en las alegaciones que relacionen la malversación con
el acto político de la convocatoria del referéndum de
autodeterminación.
Y es en esas dos palabras, acto político, donde se resume el inmenso
problema de este asunto. Buena parte de la opinión
constitucionalista española se niega a aceptar que los nacionalistas
hayan cometido un delito político. Es absurdo. Los nacionalistas
catalanes han quebrado la ley para obtener un beneficio político. Su
delito es de naturaleza política como el del violador es de
naturaleza sexual o el del estafador de naturaleza económica. La
naturaleza política del delito nacionalista es la misma que la del
golpista. El que Milans del Bosch pusiera los tanques en Valencia y
Puigdemont las masas encuadradas de la Anc no altera la idéntica
naturaleza de sus delitos ni la evidencia de que ambos se alzaron
contra el Estado democrático. La no aceptación de que hay delitos
políticos y por lo tanto delincuentes políticos, otorga a la
política un carácter no punible, fuente de todo tipo de
manipulaciones. Entre las más veteranas y despreciables, la que
permite oponer las soluciones políticas a las soluciones judiciales.
El abstruso razonamiento de los jueces alemanes sobre el grado de
violencia a que obliga el delito de rebelión para poder ser
considerado, solo puede entenderse como un intento de señalar en qué
circunstancias extremas la violencia desplaza a la política. Según
su resolución -que compara ridículamente el asalto nacionalista a la
democracia con el intento de ocupación en 1983 del aeropuerto de
Francfort por grupos contrarios a su ampliación- la violencia del
Proceso no fue la necesaria como para convertir a sus principales
actores en delincuentes. Los nacionalistas, en el juicio profundo de
los jueces alemanes, pudieron cometer un delito tan solo político...
y los delitos políticos no existen. La ministra de Justicia alemana,
socialdemócrata de manual, lo tradujo ayer al modo ingenuo de su
ser: «La decisión de los jueces de Schleswig es absolutamente
correcta, la esperaba (...) Ahora habrá que hablar también de los
componentes políticos [del Proceso]». Así pues los jueces alemanes
habrían devuelto, correctamente, a la política lo que es de la
política. El mensaje de los jueces y de la ministra es el
conocidísimo del tipo nierga: «Ustedes que pueden, dialoguen». Hagan
política. Si los adversarios del Proceso hubiesen tenido la virtud
de encarar la naturaleza política de la insurrección nacionalista
podrían contestar de modo imbatible: «¿Cómo dialogar con el que se
levanta contra la democracia, es decir, contra el diálogo?». Pero no
hay un solo político en España que pueda contestar así a los
alemanes. Baste saber lo que piensa el pusilánime ministro de
exteriores español sobre la declaración de la ministra alemana:
«Estuvo un tanto desafortunada».
El daño irremediable que los jueces alemanes han causado va mucho
más allá de la circunstancia personal de Puigdemont. Los jueces
alemanes han absuelto al Proceso secesionista. Lo han absuelto en
sus métodos, al no percibir violencia en la actividad intimidatoria
de un grupo de dirigentes que utilizó tanto a su policía como a sus
ciudadanos, tanto su poder político como su poder social, para
incumplir repetida y gravemente la ley. Y lo han absuelto también en
sus objetivos. En torno a la resolución de Schleswig-Holstein -y de
la correcta traducción de la ministra- gravita apenas disimulado por
la prosa leguleya el reconocimiento del derecho a la
autodeterminación de los pueblos. De los hirsutos pueblos españoles,
naturalmente. Durante mucho tiempo Europa transmitió a España que el
desafío nacionalista era un asunto interno. Un asunto interno de los
catalanes querían decir.
Sigue ciega tu camino.
A.
Cuéntanos por qué te afiliaste al PP
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO El Mundo 8 Abril 2018
"¿Quieres ser el protagonista de la próxima Convención del Partido
Popular? Cuéntanos porque (sic) te afiliaste al PP y consigue dos
invitaciones para la Convención Nacional en Sevilla los días 6, 7 y
8 de abril".
No sé cuántos militantes habrán respondido a la tómbola que el
Partido Popular anuncia en su página web. Pero habrá que ver con
ternura sus vídeos, escuchar sus argumentos y reconocerles el mismo
mérito que a los seguidores del Atlético en las temporadas más
oscuras. Militar en el PP se ha convertido en una forma de
masoquismo. Y pocas ocasiones mejores para comprobarlo que esta
convención invernal e infernal en Sevilla.
Ya ni siquiera quedan presuntas sucesoras con las que hacerse
selfies para matar el tiempo entre ponencias: Soraya, kaput;
Cifuentes, fin de máster. Para el estoico afiliado, como para el
periodista, la alternativa será medir el grado de vacío que le hacen
a la ¡todavía! presidenta de la Comunidad de Madrid sus compañeros
de partido, empezando por su líder, y perdonen la hipérbole. En
cuanto al discurso de clausura, esta vez la expectación está
justificada. Atentos a cómo reivindica Rajoy su gestión en Cataluña.
Puede centrarse en su vigorosa defensa del derecho de los
castellano-parlantes. En su enérgica reacción frente a los sabotajes
cometidos por los Comités para la Defensa de la Rebelión, que no de
la República. En su heroica decisión de cerrar TV3. En su diligente
limpieza de los edificios públicos de lazos amarillos y otra
propaganda separatista. O -lo más probable- en su eficacísima
reafirmación del Estado de derecho español frente a los golpistas
prófugos.
En las últimas 48 horas no ha explotado nada. Simplemente han
quedado expuestos el vacío y la flacidez de uno de los últimos
diques de nuestro sistema democrático, en su doble vertiente:
Gobierno y partido. Vacío de liderazgo, por supuesto. Pero sobre
todo vacío de proyecto, de criterio, de estrategia, de táctica, de
cualquier cosa que pueda identificarse mínimamente con la política
entendida como algo más que la mera supervivencia personal.
El golpe asestado a España desde Alemania es una catástrofe europea,
sí. Demuestra que el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia no es
más que una suma de palabras bellas. Que Europa sigue siendo un
espejismo, una visión romántica, la mía, porque no existe no ya
confianza mutua, sino buena voluntad recíproca. Pero sobre todo es
un fracaso nacional. De los que avalan leyendas negras y alimentan
depresiones colectivas: los males endémicos de España. El Gobierno
de Rajoy ha sido respecto a Bruselas, y concretamente respecto a
Berlín, un alumno aplicado. Ha cumplido todas sus instrucciones
económicas, incluso más allá de lo conveniente, como durante la
atolondrada reforma del sistema financiero. A cambio no ha exigido
nada. Ni siquiera respeto.
En estos años críticos, España no ha hecho valer no ya su peso como
país, sino tampoco su esfuerzo en aras de un proyecto de
civilización que echó a andar gracias a la economía pero que nació
de la política. Europa se fundó contra el nacionalismo y la
alteración unilateral de las fronteras. Todo lo que favorezca a
estos últimos, perjudica a la primera. El Gobierno no lo ha
explicado. Ni dentro ni fuera. No ha hecho nada por convertir el
desafío separatista catalán en un examen de la fortaleza europea.
Nunca interpeló pública y enfáticamente a sus aliados necesarios. No
les preguntó: "Y ustedes en nuestra situación, ¿qué harían? ¿Ah sí?
¿Juzgarían a un golpista por malversación? ¿De verdad? ¿En Córcega?
¿En el Ulster? ¿En Flandes? ¡¿En Baviera?!" El resultado es el peor
de los posibles: el triunfo del nacionalismo; un quebranto de Europa
sobre el quebranto español.
La decisión ultra-exprés del tribunal de Schleswig Holstein es un
reflejo de las lánguidas indecisiones del Gobierno de España.
Juntas, anulan la movilización constitucionalista de octubre, la más
importante desde la Transición. Puigdemont, un golpista, será
juzgado como un corrupto cualquiera, de los que cada mediodía
condena La Sexta. Es cierto que algunos de sus colegas y
subordinados tendrán que responder por los delitos de rebelión y
sedición. Pero a ver qué juez, qué tribunal y sobre todo qué
político de los que hoy tiene España va a aguantar la acusación de
cultivar un odioso doble rasero. Los indultófilos y los socialistas,
valga la redundancia, ya están al acecho.
Y con la impunidad, la legitimación de la violencia política. No
sólo la de los últimos meses. Si el asalto televisado a la
Consejería de Economía y la usurpación de la Policía Autonómica para
fines explícitamente delictivos no son formas de violencia, ¿qué
serán entonces los otros ingredientes del proyecto separatista? Me
refiero a los suciamente soterrados: la agitación de la xenofobia,
el hostigamiento de los discrepantes, la movilización de las masas
contra la legalidad, las pintadas en casa de Llarena, los cipreses
mutilados de Boadella. ¿Expresiones de convivencia democrática? ¿Y
cuál será el impacto de este descalabro sobre el País Vasco,
Navarra, Valencia, Baleares...? ¿Y sobre la política nacional en el
corto plazo? Especulemos.
Albert Rivera pensará que la política consiste en esperar a que tu
rival se inmole
El gol político de Puigdemont al Estado -el segundo después de las
elecciones que le regaló Rajoy- puede enrocar todavía más al
separatismo, dificultando la formación de un Gobierno en Cataluña.
Esto forzaría al Gobierno a mantener el artículo 155 en vigor y
blindaría los sibilinos pretextos del PNV. El bloqueo catalán
provocaría así el definitivo bloqueo español: por primera vez en la
historia, los Presupuestos Generales del Estado podrían ser
devueltos, derribados. Rajoy podrá pensar: "Prorroguemos. Total, qué
más da. Todo es un lío..." Sería propio de su carácter, pero
impropio de su cargo, el paso casi póstumo de una trayectoria
singular. No se ha dicho lo suficiente: pocos políticos han generado
más caos en la política española que el aparentemente conservador
Rajoy. Y con el caos acumulativo, la erosión institucional. La de su
país y su partido.
Bajemos un momento a Sevilla y a las alcantarillas. Abrazos y
declaraciones públicas al margen, Génova y Moncloa intentan ahora
desmarcarse de Cifuentes. Es una maniobra inútil. La devastación del
PP madrileño es la devastación del PP nacional. Y antes su
consecuencia que su causa. Contra lo que ellos quisieran y ella
cree, Cifuentes es una política convencional, del mainstream
marianista. Su concepción de la política también es la negación de
la ideología, sobre todo de la propia. Ha confundido la lucha contra
la corrupción -puro estuco- con la defensa de un proyecto, cuando la
ética en política no se propone, se presupone. Ha abusado del
victimismo como un nacionalista cualquiera: primero «me hago la
rubia» y luego grito "¡machismo!". Y ha acabado expuesta como lo que
es: un fake. Eso sí, con la lección bien aprendida: "¿Dimitir, yo?
¿Por un máster? Si a Mariano le han un dado un golpe de Estado y ahí
sigue".
La resistencia egoísta no es lo único que une a Cifuentes y Rajoy.
Ninguno de los dos tiene sucesor interno. De ambos lo será Albert
Rivera. Con un inconveniente. El líder de Ciudadanos también es
proclive a la táctica. Y, dado el panorama, podría pensar que el
secreto del éxito en política es hacer lo mínimo posible. No
moverse. Quedarse completamente quieto mientras tu rival se
despedaza a sí mismo. Eso pensó el Partido Popular después de la
inmolación económica de Zapatero. Y así estamos. Pasmados. Con la
inaudita soga de Europa al cuello.
BATALLA ENTRE PODEMOS Y EL PSOE
El Valle de los Caídos y la lucha
izquierdista por la bandera de la revancha
Agustín Benito gaceta.es 8 Abril 2018
El presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los
Caídos, Pablo Linares, recuerda en declaraciones a La Gaceta que el
monumento fue construido “para la paz, la concordia y la
reconciliación”, y que Franco no podrá ser exhumado si su familia se
niega.
El Valle de los Caídos y la Fundación Nacional Francisco Franco
(FNFF) son claves en la batalla en la izquierda por la bandera de la
Memoria Histórica. Podemos y el PSOE compiten por ver quién muestra
mejor su obsesivo “revanchismo”, visto que en la actualidad las
encuestas no favorecen la reedición de un nuevo Frente Popular.
Esta semana, las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y
Ada Colau, presentaron la exposición “No pasarán. Madrid 1936. 16
días”, una muestra organizada por la Oficina de Derechos Humanos y
Memoria, que dirige el tercer teniente de alcalde, el “leninista”
Mauricio Valiente, que olvida a las personas del autodenominado
bando nacional asesinadas en la represión izquierdista que llenó de
checas Madrid y matanza de más de 2.500 personas perpetrada por
milicianos al más puro estilo soviético en Paracuellos del Jarama.
Por otra parte, los socialistas, que quieren exhumar a Franco y
convertir el Valle de los Caídos en “un espacio para la memoria
colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, instaron al Gobierno a
promover la ilegalización de la FNFF por entender que “enaltece y
exalta la dictadura”, y para ello presentaron una moción en el
Senado que insta a la Abogacía General del Estado a elaborar un
informe sobre las posibilidades de extinguirla. Anunciaron esta
iniciativa después de que la fundación difundiera un tuit para
conmemorar el final de la Guerra Civil del 1 de abril de 1939 bajo
la expresión “Hoy celebramos una Victoria tan justa como merecida”.
En su exposición de motivos asegura que las actividades de esta
entidad van “en contra” de los principios fijados en la Ley de
Fundaciones, como la promoción de los derechos constitucionales, de
los principios democráticos, los derechos humanos o el
“fortalecimiento institucional”. “No parece muy lógico que se adecue
a la legalidad una fundación que enaltece y exalta la dictadura, y
proyecta su ideario sobre la sociedad española”, dice.
Ante estos ataques, la FNFF ha tildado en un comunicado la intención
de la formación liderada por Pedro Sánchez “desprecio absoluto a los
fundamentos del Estado de Derecho recogidos en la Constitución”. Le
ha instado además a “acudir a los tribunales” para que “evalúen y
juzguen todos y cada uno de los cinco puntos en que basan su
pretensión” de ilegalización y ha prometido que lucharán y
defenderán la verdad.
“Defenderemos nuestra verdad porque consideramos que Franco fue la
solución a todos los problemas que aquejaron a España”, ha añadido,
antes de asegurar que la Ley de Memoria Histórica es “una Ley de
ingeniería social, de claro contenido partidista, excluyente,
arbitraria, contraria al interés general, de dudosa
constitucionalidad y creada para deslegitimar a todas las
instituciones existentes”.
El presidente de la entidad, Juan Chicharro, reiteró sus críticas a
la Ley -“es liberticida y sectaria”, dijo- durante el debate
-moderado por Rafael Núñez Huesca- que mantuvo el pasado miércoles
sobre el franquismo y la Guerra Civil con el secretario general del
Partido Comunista de Madrid (PCM), Álvaro Aguilera, en la Redacción
Abierta de Intereconomía TV.
‘Un monumento para la reconciliación’
También ha salido al paso el presidente de la Asociación para la
Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, que ha censurado las
“preocupaciones” actuales de la izquierda, inmersa en un conflicto
por la “desmemoria”. Ha salido en defensa del Valle de los Caídos,
una vez conocido que se quiere intensificar el proceso de
“resignificación” de un monumento construido “para la paz y la
concordia”, “un lugar absolutamente modélico en el espíritu de
hermandad y reconciliación para el que fue concebido” y que contiene
a “los caídos de ambos bandos en una guerra fratricida”.
En declaraciones a La Gaceta, ha asegurado que el monumento, que en
la actualidad recibe 300.000 visitantes cada año, ha sufrido los
ataques de las izquierdas -cuando están en el Gobierno-, y también
la cobardía y pasividad de la supuesta derecha -el PP- que no hace
“nada” para que siga siendo un enclave turístico, religioso y
ecológico de primer orden. Asimismo, ha criticado que el PSOE siga
anclado en el “guerracivilismo” y “se base en una comisión de
pseudoexpertos que desde su nacimiento careció de objetividad,
copresidida por Virgilio Zapatero, uno que nos daba lecciones
mientras se lucraba con las becas black”.
Ha negado también que ellos se opongan a las exhumaciones de los
hermanos Lapeña si es que están allí. “No nos oponemos siempre y
cuando se encuentren individualizados y tal y como dice el auto se
tengan en cuenta los derechos de terceros. Representamos a 156
familias de ambos bandos que se niegan a que toquen los cuerpos de
sus parientes”, ha añadido.
Sobre la exhumación de Franco, otra de las reivindicaciones de la
izquierda, Linares ha recordado que en primer lugar lo tiene que
aceptar su familia -si la familia no acepta, el traslado no es
posible- y en segundo término, la Iglesia. Esto es porque los restos
se encuentran en el interior de una Basílica de carácter pontificio.
Cabe señalar que el Congreso instó el pasado año al Ejecutivo a
sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos en una
proposición no de ley impulsada por el PSOE que contó con la
abstención del PP.
La histórica victoria de la España de Franco sobre Inglaterra en la
ONU
Pío Moa gaceta.es 8 Abril 2018
Con las salas del Centro Riojano repletas, la primera sesión del
seminario sobre Gibraltar ha correspondido a José María Carrascal,
que no necesita presentación. Entre sus trabajos de periodista ha
escrito un imprescindible libro de historia, La batalla de
Gibraltar, confrontación diplomática librada en la ONU entre los
años 1964 y 1969. Algo que debería ser vastamente conocido por la
opinión pública, pero que por desgracia ha permanecido semioculto
durante decenios.
El planteamiento general era este: aprovechando la marea
descolonizadora, Londres declaró colonia a Gibraltar, lo cual
anulaba unilateralmente el tratado de Utrecht, por lo demás anulado
sobradamente por las usurpaciones y abusos de los ingleses en los
siglos pasados y en el XX. El truco consistía en que, al
“autodeterminarse” los gibraltareños, elegirían sin duda mantenerse
de hecho bajo poder inglés con la base militar, de la que vivían,
junto con el contrabando y otras agresiones a España. De modo que,
con este disfraz, Gibraltar pasaría “por propia voluntad” a depender
para siempre de Londres.
Ya de antemano la batalla parecía ganada por Inglaterra, porque no
dejaba de ser una gran potencia y tener el apoyo de los países de
Europa occidental (casualmente también apoyarían a la ETA en su
momento), incluso el más disimulado de Usa — que no podía ser
abierto debido a sus bases en España– así como un puesto
privilegiado en el Consejo de Seguridad como uno de sus cinco
miembros permanentes. Además utilizaba a fondo el argumento del
franquismo como régimen no democrático. No debe olvidarse que al
terminar la guerra mundial, los anglosajones y los soviéticos y
otros países, de consuno, intentaron hambrear a España por medio del
aislamiento. Este plan criminal no les salió bien, teniendo que
tragar finalmente con un régimen español que, al revés que el resto
de Europa occidental, no debía nada al ejército useño ni a las
finanzas useñas ni a Stalin: España se había reconstruido con sus
propias fuerzas pese a las asechanzas y hostilidad exteriores.
En España, la estupidez interesada de muchos antifranquistas les
llevaba a argumentar que era lógico que no devolvieran el peñón
mientras estuviese Franco, pero que con una democracia sí lo
devolverían. Eran como aquellos que colaboraban o justificaban a la
ETA pensando que les hacía el trabajo sucio pero que, cuando muriese
Franco, dejaría de asesinar y les dejaría a ellos los jugosos
puestos políticos en una democracia sui generis.
La descolonización venía impulsada especialmente por Usa y la URSS,
y dio lugar a un movimiento de No Alineados. Y enseguida se
percataron muchos de que las potencias coloniales podían mantener su
dominio disgregando países, sobornando a poderes, etc. Por eso se
pusieron trabas: la descolonización no debía romper la unidad
territorial de los países, lo cual debilitaba la posición inglesa.
La experta diplomacia franquista maniobró sobre este punto ,
recordando, además, que los auténticos gibraltareños eran los
descendientes de los habitantes del peñón que habían tenido que huir
ante la invasión inglesa. Los contactos con los países
hispanoamericanos rindieron enseguida sus frutos, y también fueron
tratados los países árabes, que acababan de sufrir los abusos
coloniales de Inglaterra (los primeros bombardeos indiscriminados
sobre población indefensa los realizaron los ingleses en Irak) El
embajador sirio preguntó al representante inglés por el nombre del
gobernador de Gibraltar. Este lo dijo, y apostilló el sirio: “En mi
país se le conoce como “el carnicero de Damasco”. Finalmente también
los soviéticos, que tanto habían hostigado España junto con los
anglosajones y países eurooccidentales, se opusieron a las
pretensiones de Londres, por ganarse simpatías.
Los ingleses sufrieron una derrota diplomática aplastante. Un último
intento fue el de poner en primer plano los “deseos” (wishes) de los
llanitos. España replicó que se respetarían sus derechos (no serían
expulsados o perseguidos) pero no sus deseos, que todos sabían
cuáles eran. La ONU decidió que en el plazo de un año debían
concluirse las negociaciones entre Madrid y Londres (los llanitos no
tenían ningún papel, como era lógico) para descolonizar Gibraltar y
devolverlo a España. Puede decirse que Londres había caído en su
propia trampa al declarar colonia al peñón.
Dado que Londres se empeñaba en incumplir los acuerdos (vulnerar por
la fuerza todos los acuerdos o pactos cuando no le convienen es una
larga tradición inglesa) España cerró la verja. El resultado muy
rápido fue que el peñón se convirtió en una ruina muy costosa para
Londres, al paso que disminuyó el contrabando, otra fuente
tradicional de riqueza para los llanitos. De paso, el régimen
industrializó la zona, para evitar la dependencia laboral de
Gibraltar: quedan, como resultado de ello, el puerto de Algeciras,
convertido en uno de los más importantes de Europa, la factoría de
Acerinox, y otras empresas. Hoy, el panorama es, a pesar de esa
herencia, desolador: es la zona de mayor desempleo de España.
Carrascal se extendió luego con cierta amplitud sobre cómo los
políticos españoles empezaron, ya con López Bravo y luego con
Marcelino Oreja, a cobardear y chanchullear, pese a que la propia
ONU presionaba en el sentido justo. El espejismo del Mercado Común
fue a su vez utilizado por Londres para mantener el statu quo,
frente a una diplomacia española que ya no era la del franquismo,
sino la de unos gobiernos indecentes, ansiosos de ganarse la
aprobación de Londres y otros como “demócratas”.
El conferenciante se extendió también sobre cómo los politicastros
españoles anularon después la histórica victoria de su país, que
prefieren dejar en el olvido, y convirtieron la ruina para Londres
en un emporio capaz, hoy, de corromper y sobornar a media Andalucía
y actuar también en el mismo Madrid. Tema que explicará más
ampliamente el próximo conferenciante, Guillermo Rocafort, el
viernes que viene.
*****************
Cómo se decidió el PSOE por la guerra civil al perder las elecciones
de noviembre de 1933: https://www.youtube.com/watch?v=-n47hYuuKgI
Instrucciones secretas del PSOE para la guerra civil, en 1934:
https://www.youtube.com/watch?v=-n9Qqg4Uilw&t=169s
Memoria histórica de Calvo Sotelo
«La declaración en sede judicial del chófer de la
furgoneta-ambulancia que trasladó el cadáver de Calvo Sotelo al
cementerio del Este, inédita hasta hoy, permite aventurar la
existencia de una conjura organizada y planificada desde círculos
dirigentes de partidos de izquierda tres meses antes a la noche de
aquel crimen. Este testimonio echa por tierra que el magnicidio
fuera una represalia al asesinato un día antes del teniente
Castillo»
FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ ABC 8 Abril 2018
EN el archivo de mi biblioteca obra un folio judicial, seriado y
numerado, que me fue regalado por un amigo, compañero mío de la
Inspección de Trabajo, el cual lo encontró entre los papeles de su
difunto padre, el magistrado don Francisco García Vázquez, que en
los aciagos días de 1936 era juez de primera instancia e
instrucción.
El escrito contiene la declaración efectuada en sede judicial por
uno de los intervinientes en el asesinato de don José Calvo Sotelo
en la madrugada del 13 de julio de 1936. El declarante, llamado Blas
Estebarán Llorente, manifiesta ser el chófer de la
camioneta-ambulancia que, según sus afirmaciones, trasladó hasta el
cementerio del Este el cadáver del político asesinado.
Su relato considero que tiene una relevante importancia histórica ya
que muchas de sus aseveraciones entran en total contradicción con
hechos dados por ciertos hasta hoy. Hace constar que ¡tres meses!
antes del crimen, el dirigente comunista Jesús Hernández, ministro
en la guerra civil, acompañado de un tal Antonio López, «le indicó
que contaban con él para llevar a cabo un servicio con su
camioneta-ambulancia».
Esta afirmación, inédita hasta ahora, permite aventurar la
existencia de una conjura organizada y planificada desde bastante
tiempo antes a la noche del crimen urdido desde círculos dirigentes
de los partidos de izquierda, avalando así la tesis de quienes
sostienen que además de a Calvo Sotelo, la madrugada de antes se
intentó asesinar también a Gil Robles y a Antonio Goicoechea, los
cuales se salvaron por no encontrarse en sus domicilios,
circunstancia que impidió que la razia criminal de aquella noche
descabezara violentamente de sus principales dirigentes a los
partidos de la oposición parlamentaria al gobierno del Frente
Popular.
Añade a continuación el encausado, que no fue hasta el mediodía del
12 de julio de 1936 cuando se le encargó que al terminar sus
servicios en el Parque de Sanidad, se reuniera con los ya citados
Jesús Hernández y Antonio López.
Manifiesta que sobre las nueve menos cuarto de la noche, se reunió
con ellos en un bar de Moncloa y sin cenar se trasladaron con la
ambulancia hasta la plaza de Manuel Becerra, donde aparcaron. Ese
fue el momento, en que, según su declaración, Jesús Hernández le
comunicó que allí tenían que esperar a otro coche que transportaría
«el cadáver de Calvo Sotelo, a quien aquella noche tenían que
asesinar» (sic).
Estas afirmaciones, de ser ciertas, echan por tierra la
interpretación histórica mayoritaria mantenida hasta hoy de que la
muerte de Calvo Sotelo fue un acto de venganza perpetrado por
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en represalia por el
asesinato un día antes del teniente Castillo a manos de pistoleros
falangistas, aunque el historiador Ian Gibson imputa el atentado
contra Castillo a un comando carlista.
Sin embargo, lo que más sorprende, y para mí lo más importante de la
declaración de Estebarán Llorente, es cuando afirma que de sus
averiguaciones el autor de los dos disparos que alevosamente se
descerrajaron sobre la nuca de Calvo Sotelo, fue el teniente de los
Guardias de Asalto Máximo Moreno y consiguientemente no, tal como se
consideraba hasta hoy, el pistolero desgraciadamente de origen
coruñés Luis Cuenca Esteras, miembro de la milicia socialista «La
Motorizada».
La narración termina con una dramática exposición de los hechos.
Alrededor de la una de la madrugada llega a la plaza de Manuel
Becerra un coche «hispano» sin matrícula, de la Dirección General de
Seguridad, desde el que le ordenaron que los siguiese. Pasado un
trecho, pararon ambos vehículos al llegar a la Carretera del Este,
momento en que transportaron del coche a la ambulancia el cadáver de
Calvo Sotelo y siguieron hasta el Cementerio del Este. Allí, y cito
textualmente, «Jesús Hernández y Antonio López, tirando de los pies
del cadáver, lo hicieron caer sobre la carretera, causando con el
estribo del coche nuevos destrozos en el cuerpo y abandonándolo en
la cuneta, regresaron a Madrid».
Finalmente, resulta de interés la relación de los nombres de quienes
indica viajaban en el coche «hispano». El conductor era Baldomero
Sanz, quien llevaba a su lado a Julio Bueno; detrás, en la banqueta
del coche, iban Isidoro Castiñeira, el teniente Moreno y entre ellos
el cadáver, yendo en el asiento posterior Luis Linares. Todos ellos,
excepto el teniente Moreno, declara que eran agentes de Policía,
conocidos suyos.Hasta aquí los aspectos más novedosos del
magnicidio, que aporta esta declaración desconocida, o al menos no
descifrazada hasta hoy.
El asesinato de Calvo Sotelo siempre tuvo zonas de sombra nunca
aclaradas, motivadas en gran medida por el muy sospechoso robo que,
ya iniciada la guerra civil, llevaron a cabo el 25 de julio un grupo
de milicianos en las mismas dependencias del Ministerio de
Gobernación, de donde sustrajeron todos los documentos de las
investigaciones hasta entonces efectuadas, circunstancia que
ocasionó la pérdida de parte de las pruebas científicas realizadas
por los forenses y las actas de los interrogatorios a los
principales sospechosos.
Confío en que lo datos aportados contribuyan a mejor conocer y
aclarar algunos de los puntos oscuros de aquel ignominioso crimen de
Estado. Es tarea que corresponde a los historiadores. Yo me limito a
ser un mero divulgador que da a conocer un documento que
accidentalmente llegó a mis manos y que por su contenido considero
puede ser importante.
PD: De entrar en vigor la nueva ley de Memoria Histórica presentada
en el Congreso por quienes actualmente okupan la dirección del PSOE,
el contenido del presente artículo podría llegar a acarrearme una
pena de hasta cuatro años de cárcel, por mantener una opinión
divergente con la «verdad única» que hoy se nos intenta imponer
desde el afán revanchista imperante, que sectariamente busca acabar
con el espíritu de reconciliación nacional que, con la generosidad
de renuncias de unos y otros, supimos construir los españoles en el
proceso de la Transición democrática.
Francisco Vázquez Vázquez fue embajador de españa ante la santa
sede.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Víctimas en el exterior de la inoperancia
del 'procés'
EDITORIAL El Mundo 8 Abril 2018
Stefan Zweig se adelantó con su agudeza sobre los nacionalismos, «la
peor de todas las pestes» que envenenaría a Europa. Si viviera hoy,
a buen seguro completaría el diagnóstico añadiendo la propaganda
como gran enemiga para el continente. Desde luego, mucha posverdad
hay tanto en la deriva del procés como en los últimos vericuetos del
fugado Puigdemont en Alemania. Porque las declaraciones de la
ministra de Justicia de este país respecto al caso no sólo
demuestran su nulo respeto por el Estado de derecho en un socio como
España. Sino que confirman hasta qué punto en determinados estratos
políticos y de opinión pública en Europa han calado las falsedades
del independentismo, gracias a una hábil campaña de propaganda desde
hace años, ante la inoperancia de las autoridades españolas,
incapaces de contrarrestar con el ahínco necesario tantas mentiras.
Cuando la ministra de Justicia alemana se atreve a advertir de que
España tendrá que explicar bien las razones por las que Puigdemont
debería ser juzgado por malversación de fondos -«no será fácil»,
subraya atrevida-, amén de abrir una preocupante crisis política con
nuestro país, está poniendo en jaque uno de los cimientos de la
Unión Europea:el judicial. Porque igual que los magistrados de
Schleswig-Holstein se han extralimitado al entrar en el fondo de
algo que no les compete, la política mencionada está cuestionando la
naturaleza misma de la euroorden. Esta figura se creó para acabar
con la politización en los procesos de extradición. Y se basa en la
confianza plena de las instancias judiciales de los distintos
estados miembros de la UE, en un espacio común de libertades.
Declaraciones así quiebran este principio y atentan contra el
proyecto europeo.
Nuestro Estado de derecho es suficientemente sólido para afrontar
estos reveses. Sin embargo, queda al descubierto la pésima gestión
en el exterior ante un desafío de la envergudura del golpe
independentista. El ministro Dastis se limitaba ayer a tachar de
«desafortunadas» las necedades de la ministra alemana. Pero mucho de
lo que estamos viviendo se debe a la inoperancia para haber evitado
que, por ejemplo, toda la prensa alemana -de izquierda a derecha-
haya comprado el discurso del secesionismo. De nada sirve llorar por
la pérdida de las batallas que no se dan.
Y, mientras, en Cataluña se mantiene el sainete. La decisión de
Torrent de volver a proponer como candidato a presidir la
Generalitat al encarcelado Jordi Sànchez agranda aún más la
astracanada. El juez del Supremo ya le impidió salir de prisión para
participar en una investidura farsa. Y, por mucho que los
indepedentistas quieran enredar gracias al cable echado por
Alemania, las circunstancias siguen siendo las mismas. El
secesionismo deberá responder ante la ciudadanía catalana por su
empecinamiento en querer que se mantenga sine die el 155.
Urge ir a elecciones generales cuanto antes
Jesús Cacho. vozpopuli 8 Abril 2018
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein
negando la extradición a España de Carles Puigdemont por el delito
de rebelión cayó el jueves como una bofetada en pleno rostro del
Gobierno Rajoy, de la Justicia española, y de millones de
compatriotas que tomaron el fallo judicial alemán como una afrenta
intolerable a España, tan dados como somos a la exageración y al
tremendismo, tan apegados a ciertos complejos históricos de los que
nos cuesta un mundo desprendernos por mucho que podamos presumir de
contar con un país equiparable con ventaja en tantas cosas a los de
nuestro entorno. De más está decir que la frustración de la España
constitucional corrió pareja con el entusiasmo, inexplicable en
buena medida, de la tropa independentista, que, al parecer, se
encuentra mucho más cómoda ante un delito de malversación de fondos
–posibilidad de extradición que sí considera factible el tribunal-
que ante uno de rebelión. Es natural, ellos siempre han estado más
familiarizados con el choriceo que con la guerrilla. Ellos son más
de robar que de levantarse en armas.
Y a mí me parece que, siendo lo ocurrido un revés inobjetable para
nuestro Tribunal Supremo, el asunto se ha sacado de madre por estos
pagos. Entre otras cosas porque nunca hubo unanimidad en torno a la
calificación –rebelión o sedición- de los eventuales delitos
cometidos por los golpistas, y que incluso en la propia Audiencia
Nacional la discrepancia ha sido tan reciente como para que la juez
Lamela haya empapelado al ex responsable de los Mossos, el mayor
Trapero, por un doble delito de sedición y no de rebelión, justo lo
contrario del criterio seguido por el también magistrado Llarena con
Puigdemont y otros líderes del prusés encarcelados. Hablar, por
tanto, de que la peculiar decisión de la Sala Primera de lo Penal
del referido tribunal alemán ha “humillado” a los magistrados del
Supremo y, por extensión, a la entera justicia española es sin duda
un exceso o a mí me lo parece. Una de tila, por favor.
Peculiar decisión porque el texto conocido hasta ahora avalando ese
fallo, o al menos su traducción al castellano, se las trae.
Sencillamente se han vulnerado los automatismos sobre los que se
asienta la euroorden de extradición, según la cual el Estado
requerido (Alemania) debe limitarse a comprobar si los hechos
descritos por el magistrado requirente (España) y por él valorados,
entran en un tipo penal existente en su legislación, sin que quepa,
como ha ocurrido en este caso, entrar a valorar jurídicamente los
hechos, como si fuera competente para hacerlo. Un desatino, porque
es al Estado requirente al que corresponde valorar el fondo del
asunto. “La gente aquí está perpleja”, asegura un juez de la
Audiencia de Barcelona, “en especial los que llevan cooperación
internacional. Nadie se lo puede creer. La efectividad de las
órdenes europeas de detención y entrega radica en que se ejecutan
sin necesidad de meterse a analizar los hechos relatados en la
causa. La euroorden se ejecuta y punto, porque el sistema está
basado en el reconocimiento de la mutua potestad para juzgar con las
garantías procesales que son del caso en cualquier sistema
democrático. Por eso resulta tan raro que el juez alemán se haya
metido a analizar si hay o no delito de rebelión, cosa que no le
corresponde. Tan sorprendente parece todo, que las sospechas no han
tardado en aparecer”.
El tribunal alemán no cuestiona el hecho de que durante el
referéndum del 1 de octubre se produjera violencia (“Es cierto que
los actos violentos que tuvieron lugar el día de la votación se
pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la
celebración del referéndum), pero le parece que el grado de
violencia ejercido no fue suficiente como para poner al Gobierno
español de rodillas (“dichos actos no bastaron para someter al
Gobierno a una presión tal que lo obligase a capitular ante las
exigencias de los perpetradores de la violencia”). Sorprendente.
Hubo violencia, ma non troppo. Un argumento mendaz según el cual los
responsables del golpe de Estado del 23-F se hubieran ido de
rositas, porque ellos, con Tejero al mando, tampoco lograron
“doblegar la voluntad” (sic) del Estado, con Adolfo Suárez y el
capitán general Gutiérrez Mellado como sus excelsos representantes.
Que el tribunal alemán haya entrado a valorar la existencia o no de
violencia sienta un precedente de desconfianza interjudicial en la
UE que pone en tela de juicio la euroorden misma y que tendrá sus
consecuencias en el marco de la Unión.
Un duro golpe para el proyecto europeo
El que la justicia germana se desentienda de lo que pueda pasarle a
España con sus fronteras, mucho más estando allí prohibida la
secesión, no es una buena noticia para Europa y viene a poner en
evidencia lo que ya sabemos: la fragilidad del proyecto europeo, la
falta de mimbres sólidos con los que edificar una verdadera unidad
en un espacio que nació precisamente para consolidar las fronteras y
acabar con los sangrientos vaivenes provocados por las Alsacias y
Lorenas de turno. Parece, pues, que el juez alemán se ha
extralimitado en sus funciones, aunque también es posible que en la
solapa de su corazoncito luzca un lazo amarillo, veranee en Calella
de Palafrugell, o tenga un cuñado indepe en Mataró. En todas partes
cuecen habas, y en todos los sistemas judiciales hay magistrados
venales o simplemente piernas. Ya no quedan jueces en Berlín. Ello
sin olvidar que el tribunal ha negado al botarate su pretendida
condición de perseguido por sus ideas políticas, del mismo modo que
le ha calificado de reo del delito de malversación de fondos.
Lo que, con independencia de los caminos que tome la justicia
española para hacer frente a lo dispuesto por el tribunal de
Schleswig-Holstein, no parece en ningún caso una buena idea es
juzgar lo ocurrido en términos de herida del orgullo nacional.
Abdiquemos del tremendismo. No demos tal satisfacción a ese rancio
supremacismo independentista, en tantos detalles primo carnal del
totalitarismo nazi. El separatismo catalán está muerto y ellos lo
saben, por larga que resulte la conducción del cadáver de este nuevo
carlismo hasta el cementerio donde descansan este y otros horrores
de la Historia. No podría ser de otro modo. Entre otras cosas,
porque Europa se rompería en pedazos si cualquier región insolidaria
pudiera independizarse por la vía de los hechos consumados.
Puigdemont tiene por delante un futuro carcelario muy oscuro, y su
carrera política está acabada. Y ha sido el Estado, que no el
Gobierno Rajoy, quien ha derrotado al separatismo. Ha sido la
movilización del pueblo español, con el rey Felipe VI a la cabeza,
quien ha dicho basta.
Porque lo ocurrido el jueves en el tribunal superior del Land de
Schleswig-Holstein ha venido a rubricar el fracaso de este Gobierno
en la gestión de la revuelta del nacionalismo catalán contra España
y su Constitución. Este me parece el meollo de la cuestión. La
batalla contra el independentismo, cuyos rescoldos tardarán en
apagarse, se ha ganado a pesar de este Gobierno de indigentes
morales que hoy ocupa el poder y que no ve el momento de pasar la
estafeta del 155 al primer indepe que levante la mano y lo pida,
para poder desentenderse del asunto. Un Gobierno que ha perdido sin
paliativos la batalla de la comunicación, dentro y fuera de España,
a pesar de la red de embajadas que pagamos con nuestros impuestos.
Nada nuevo bajo el sol, cierto, pero sí la gota que colma el vaso de
la paciencia de millones de españoles y la evidencia de la necesidad
inaplazable de proceder a desalojar de la Moncloa a este esperpento
de Ejecutivo que este fin de semana se ha ido a Sevilla a celebrar
el éxito logrado en Schleswig-Holstein y el brillante master de la
señora Cifuentes.
Los primeros perjudicados, los grandes damnificados por el desalojo
de Mariano Rajoy de la Moncloa serían precisamente los
independentistas, porque nunca tales aprendices de brujo pudieron
imaginar tan idílico paisaje para ensayar su golpe como el que les
ha proporcionado el ausente Gobierno Rajoy, que además de puta del
prusés ha puesto la cama, ha pagado el meublé, ha financiado el
golpe de Estado contra la democracia española. Un cambio de Gobierno
para asegurar que el golpismo no quedará impune, y un aviso a
navegantes a quienes, en otras latitudes de esta castigada España,
puedan sentir la tentación de emprender el mismo viaje hacia ninguna
parte. Si de verdad una mayoría del pueblo español está decidida a
acabar de una vez por todas con un independentismo dispuesto a
intentar de nuevo el asalto a las instituciones si se le da la
oportunidad, no hay más remedio que proceder cuanto antes a relevar
del poder al Partido Popular.
España está sin Gobierno
Un cambio de Gobierno no solo para castigar a los golpistas, sino
para poner en marcha a un país que ahora mismo está parado; para
acometer las reformas estructurales que sigue reclamando no solo la
economía, sino la sociedad entera. España está sin Gobierno, y los
españoles no deberían consentir seguir en el dique seco dos años más
porque así le pete a un señor lastrado por sus cuentas pendientes
con la Justicia y a un partido corrompido, cuyo único objeto es la
ocupación del poder. Albert Rivera se enfrenta a una especial
responsabilidad a la hora de poner fin a este punto muerto. Es
cierto que desde un punto de vista partidario, a Ciudadanos le
interesaría dejar correr el tiempo para alargar la agonía de Rajoy y
su patética troupe, pero ese es un lujo que ni España ni los
españoles se pueden permitir. Los PGE para el año en curso podrían
ser la clave de ese adelanto electoral que se antoja urgente. Por
encima de las cínicas protestas que propala de cara a su parroquia,
es una evidencia que el PNV está comprometido con su aprobación –la
posibilidad de que C’s pueda llegar a gobernar provoca auténtico
pavor en Ajuria Enea-, por lo que sería necesario que Rivera diera
un paso al frente y decidiera acelerar el inevitable curso de los
acontecimientos. España necesita asomar de nuevo la cabeza de entre
las miserias en que vive instalada. Ya es hora.
Rajoy y la extraña derrota de España
FRANCISCO ROSELL El Mundo 8 Abril 2018
En Una historia política de los intelectuales, una preclara
inteligencia de la Francia actual como Alain Minc refiere que, desde
hace lustros, suele regalar el mismo libro a aquéllos a quienes
aprecia de veras, por lo que debe atesorarlo uno de sus grandes
amigos españoles como Gregorio Marañón, presidente del Patronato del
Teatro Real. Se trata de La extraña derrota. Escrito en el verano de
1940, es el testamento de Marc Bloch, un judío francés, historiador
insigne y combatiente de la segunda conflagración mundial. Primero
como capitán del ejército regular y luego, tras la claudicación ante
la Alemania nazi, como partisano de la Resistencia hasta su
fusilamiento en 1944.
Al no ser comunista, según resalta Minc, el silencio más ominoso se
apoderó de este héroe. Empero, en los años 70, se le redimió al
popularizarse esta reflexión suya sobre el abatimiento de una nación
y el fracaso de sus élites. «Por desgracia -consigna Bloch a su
hijo- la ignorancia de la gente que me rodea sigue asustándome».
Sentada la premisa de que el origen de La extraña derrota se debió a
la inanidad e incuria de aquellos jefes militares, Bloch admite que
tales mandos no erraron más que el resto de la clase dirigente, sino
que tamaña debacle fue la suma de muchas debilidades individuales.
Reforzando aquella percepción, el escritor sevillano Chaves Nogales,
testigo asimismo de La agonía de Francia, a donde se expatrió cuando
aquella «república sin republicanos» española devino en atroz Guerra
Civil, anduvo, si cabe, más lejos que Bloch: «La revelación más
sorprendente y espantable del derrumbamiento de Francia ha sido ésta
de la indecencia humana de las masas. Las ciudades no han tenido en
ninguna otra época de la Historia una expresión tan ferozmente
egoísta, tan limitada a la satisfacción inmediata y estricta de los
apetitos y las necesidades de cada cual». Sin duda, toda gran crisis
va inevitablemente precedida de la quiebra de las élites, de modo
parejo a como el pescado comienza a pudrirse por la cabeza.
Valga este preámbulo a cuenta de la humillación infringida a la
democracia española por la Audiencia Territorial de un pequeño
länder alemán -Schleswig-Holstein- al negarle ésta su capacidad para
juzgar por rebelión al prófugo Puigdemont, desatendiendo la
solicitud del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En vez de
circunscribirse a los estrictos términos de la euroorden,
verificando si esos delitos tienen su correspondencia en su
legislación, la referida Audiencia se ha erigido, en la práctica, en
instancia superior.
De esta guisa, ha entrado en el fondo de un sumario -el grado de
violencia del golpe de Estado del 1 de octubre- que no le incumbe
calificar. El destino de España, de su unidad y de sus derechos
inalienables, no se puede fiar a magistrados que dirimen en un
plis-plas una compleja instrucción de meses en un contexto de
periódicos nativos en los que el independentismo ha colocado su
relato ante la pasividad de la diplomacia española y donde se hacen
presentes agrupaciones de coros y danzas separatistas que tiran con
la pólvora del rey que sufraga el Tesoro Público del Estado que
socavan. ¿Cabe mayor grado de estupidez?
Volviendo el trance por pasiva, ¿admitiría Alemania o cualquier
Estado que se precie que el presidente del länder de Baviera, por
ejemplo, promulgara unilateralmente su independencia, valiéndose de
su policía autonómica cual «organización criminal», como ha resuelto
la juez Lamela para imputar por sedición al ex mayor de los mossos,
se fugara a España con su cohorte y se le brindara impunidad
judicial? La respuesta parece obvia sin necesidad de un máster
-¡ay!- en Universidad alguna.
Es más, se estaría librando, sin que ello tenga que ver con la
inexcusable división de poderes, una guerra diplomática de alto
voltaje con insondables secuelas en la Unión Europea. No es para
menos estando en juego la integridad territorial. Claro que eso
sería así en Berlín, pero no lo está siendo, por contra, en Madrid.
Basta ver la displicencia del Gobierno al lavarse las manos como
Poncio Pilatos en la jofaina, del modo en que lo ha hecho la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría, a la sazón alta comisionada para
la Cataluña del artículo 155. Escuchando a estos brigadistas del
Aranzadi, cualquiera deduciría que lo que se dilucida es la
expropiación de una parcela para trazar una carretera. Esa
indolencia indigna más incluso que el veredicto del controvertido
tribunal teutón.
En el colmo del desvarío, el mismo Gobierno que ha arrastrado a
España a esta situación de alarma transige con que un desatado
independentismo campe a sus anchas. Así, sin réplica alguna, sus
brigadas entintan con botes de pintura amarilla una nueva leyenda
negra sobre España, como si Puigdemont fuera para Felipe VI lo que
el vil Antonio Pérez fue para Felipe II. Ante tan desasosegante
inacción, pareciera que la rebelión catalana es un asunto particular
del juez Llarena y de algunos togados más, en vez de serlo del
Estado con todas las de la ley.
No es un fracaso de la Justicia, desde luego, sino del Gobierno, por
mucho que éste se ponga de perfil y endose la papeleta a los jueces,
como a aquel ministril que dio la cara por su corregidor. «Señor -le
transmitió a su alcaide-, cuando un alguacil lleva una orden de
Vuesa Merced, ¿no representa vuestra misma persona y vuestra misma
cara?». «Muy cierto es», le respondió. «Pues sabed -le expuso- que,
en la cara de vuestro alguacil, Perico Sarmiento, que es la misma
cara de Vuesa Merced, han estampado una bofetada». Con toda calma,
el corregidor, como el Gobierno con respecto al juez Llarena, le
arguyó: «Pues ahí me las den todas».
No se persigue -Dios nos libre- reeditar ningún patrioterismo barato
ni aquel ardor que inflamó Cataluña cuando, en 1885, Bismarck osó
anexionarse de las Islas Carolinas por considerarlas res nullius.
Pese a que la inmensa mayoría del pueblo español nunca había oído
hablar de este archipiélago del Pacífico, 100.000 barceloneses
llenaron las calles con banderas españolas y al grito unánime de
«¡Viva la integridad de la Patria!». Incluso La Vanguardia
editorializó en rotundos términos: «Ante esta horrible mancha a
nuestra altivez, a nuestra honra; ante esta cruenta herida hecha a
nuestro honor nacional, no hay partidos políticos: sólo hay
españoles, cuyo corazón late al unísono para demostrar a Alemania
que no en vano se ataca a un pueblo de fiereza innata como el
nuestro (...) Cuando se infiere un agravio a España, nos levantamos
airados».
Devuelta esta página a la hemeroteca, conviene remarcar con letras
también de molde que un Estado que se respete a sí mismo no puede
mantenerse impávido ante una afrenta así. Cuando está en riesgo el
porvenir de las libertades fundamentales, no se puede adoptar la
actitud del avestruz.
Pero, en fin, ¿qué puede esperarse de un Gobierno (y una oposición)
que aplicó el artículo 155 arrastrando los pies y cuando su
desistimiento ya rayaba en la complicidad? Ello le llevó a emplearlo
con el exclusivo objetivo de convocar unas elecciones en el que el
aparato de propaganda se mantuvo a las órdenes del Govern
destituido. Tan prosopopéyico artículo no ha valido ni para añadir
una mísera casilla para que los castellanoparlantes tengan
garantizado su derecho constitucional a estudiar en castellano.
Distraídos con el masterchef de Cifuentes, tan mal cocinado como
indigesto y donde se pone de manifiesto que los males de la política
no son menos hondos que los de una Universidad, convertida en
incubadora y expendedora de sus peores vicios, conviene auscultar
los graves quebrantos de salud de una España que se desangra por la
úlcera catalana. Cicerón ponderaba que, cuando el Estado alcanza a
la más extrema de las humillaciones, le corresponde al pueblo actuar
como lo harían en la arena los gladiadores reducidos a la
esclavitud.
En vez de fajarse con tan astifina porfía, Rajoy emula al célebre
novillero valenciano Tancredo López, introductor a principios del
siglo pasado de esa original suerte consistente en recibir al animal
encaramado a un pedestal y vestido de blanco con la cara empolvada.
Simulando una cérea estatua de mármol, lograba que la res se
limitara a olfatearlo y, al poco, desentenderse camino de algún
tendido. Todo ello en medio del general regocijo de una afición que
pronto le daría la espalda a aquel circunstancial rey del valor. En
lo que toca a Cataluña, ese aparente tancredismo -esa maniobra
tranquilizadora para soslayar el nudo gordiano de cualquier negocio-
le ha hecho perder al presidente el sitio en la plaza hasta el punto
extremo de preguntarse, de momento en voz baja, si el PP será capaz
de sobrevivir a Rajoy. Acostumbrado a estar él y el tiempo, contra
todos, parafraseando a Felipe II, Rajoy desespera hasta al mismísimo
tiempo. De hecho, de tanto perderlo, éste se ha vuelto tal vez
irrecuperable.
En vez de detener desde primera hora el proceso independentista,
haciendo que se derritiera como la bola de nieve a la que se le
planta un dedo encima antes de que cuaje y solidifique, el
soberanismo ha adquirido una dimensión de alud que amaga con
arrollar a todo lo que le sale al paso, principiando por los
catalanes ajenos al credo nacionalista. Reeditando la política de
apaciguamiento, con la que Chamberlain creyó aplacar a Hitler y
obtener «la paz para nuestro tiempo», este espejismo sólo acelera
esos planes rupturistas con la facilidad añadida de disponer el
camino expedito para ampliar su espacio vital mediante el victimismo
y la tergiversación de la realidad. Atendiendo a la máxima
churchiliana, por evitar el conflicto, se aceptó el deshonor y ahora
se tiene lo uno y lo otro. Las concesiones sólo estimulan las
exigencias porque siempre se interpretan como debilidad. Al fin y al
cabo, la fuerza de uno deriva primordialmente de la debilidad del
otro.
Frente a ello, hay que recabar la dignidad de la andadura vertical y
del paso erguido a las que apelaba aquel héroe de su tiempo que fue
Marc Bloch, cuando todo se derrumbaba a su alrededor y precipitaba
aquella extraña derrota, cuyas páginas siembra Alain Minc como
simiente que avienta sobre la tierra fértil de sus amigos para que
fructifique en nutriente mies. Si aquella extraña derrota francesa
ante Alemania tuvo sus fautores, igualmente los tiene esta otra
sufrida por España en el frente, esta vez, judicial.
El artículo 155 y el modelo lingüístico
catalán
Joaquín Romero cronicaglobal 8 Abril 2018
Puede que muchos ciudadanos se hayan visto sorprendidos por la
noticia de que la preinscripción escolar del próximo curso en
Cataluña no incluye la posibilidad de que los padres elijan el
idioma vehicular de la enseñanza de sus hijos.
En un momento de apuro ante el cambio de ciclo que se avecina y del
que Ciudadanos saldrá beneficiado a costa del PP, algunos dirigentes
de este partido hablaron de la posibilidad de permitir que las
familias dijeran si querían la educación en catalán o en castellano.
En la certeza de que la cuestión lingüística catalana ha favorecido
al partido de Albert Rivera, un alto cargo del PP se pronunció a
favor de esa opción, probablemente sin saber que se trata de un
método contraproducente que situaría al catalán en condiciones casi
de gueto. Solo hay que observar el color de la piel de los niños de
infantil de los barrios de Barcelona para imaginar la lengua que
elegirían sus padres.
Pero al margen de esa semipropuesta, lo cierto es que el Gobierno no
sabe qué hacer. Como le ha ocurrido a todos los gobiernos españoles
desde la transición. Los únicos que han tenido una política clara en
este asunto han sido las gentes de CDC y los que han seguido su
estela en Cataluña; o sea, todos los que han tocado poder.
Desde los primeros pasos del Govern provisional de Josep
Tarradellas, el objetivo fue que la enseñanza en Cataluña fuera “en”
catalán y de “contenidos catalanes”. La escuela como pal de paller
para construir el país que tenían en el imaginario. A lo largo de 40
años el nacionalismo ha fabricado una tupida legislación autonómica
y también estatal: las famosas leyes orgánicas en las que el Grupo
Catalán colaboraba con la mayoría de turno.
Todo ello envuelto en un relato plagado de eufemismos como “modelo
lingüístico”, “modelo de escuela”, “modelo de éxito”, “inmersión”,
“integración”, etcétera.
Hacer oídos sordos a la jurisprudencia que ha sancionado los
incumplimientos de la Generalitat en la enseñanza fue el primer y
reiterado acto de desobediencia ya desde los tiempos de Jordi Pujol.
Por eso, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy dice que la aplicación
del artículo 155 de la Constitución no permite cambiar el “modelo
lingüístico catalán” está mareando la perdiz. En realidad, solo se
trata de poner los medios para que se cumplan las leyes y las
sentencias: que el castellano sea --también-- lengua vehicular; en
todos los colegios del territorio.
La razón que explica la parálisis gubernamental es relativamente
sencilla. En el momento en que aquel secretario de Estado metió la
pata hablando de la casilla de la preinscripción despertó una
respuesta inmediata de la orquesta habitual; incluida Ada Colau, por
supuesto. Enseñaron los dientes, un arma disuasiva que tan buenos
resultados ha dado al nacionalismo. No digamos ya en este caso,
frente a un Gobierno que cuenta solo con 134 diputados, rodeado de
mil problemas y en fase de salvar los muebles. Menos aún después del
varapalo alemán.
No se atreve a hacer que se cumpla la ley, como tampoco se atrevió
cuando tenía mayoría absoluta; igual que los gobiernos anteriores. Y
esto no significa aplicar mano dura ni meter a nadie en la cárcel,
solo quiere decir tomar decisiones y gobernar; o, mejor aun, tener
el coraje de gobernar.
Escarnio, mofa y befa a España.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 8 Abril 2018
PUIGDEMONT ACAPARA LOS MEDIOS E INTERNACIONALIZA SU VICTIMISMO. EL
JUEZ ESTUDIA CONSULTAR AL TRIBUNAL DE LA UE EN LUXEMBURGO LA
DECISIÓN DE EXCLUIR EL DELITO DE REBELIÓN.
La salida en libertad bajo fianza de Carles Puigdemont se transformó
ayer en un acontecimiento mediático que supo aprovechar el fugitivo
para hacer un mitin como si hubiera sido exonerado de todo y lanzar
su mensaje victimista de siempre. Y lo malo es que allí no había
nadie que pudiese rebatirle y desnudarle en sus mentiras. Lejos de
eso, envalentonado al verse en libertad no dudó en amenazar a
España, en este caso al Tribunal Supremo anunciando presentar una
denuncia ante el mismo Tribunal de Justicia al que el juez Pablo
Llarena piensa pedir aclaración sobre la interpretación del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Schleswig Holstein sobre el
delito de rebelión, equivalente en el código penal alemán al de
“alta traición”. Y el quid de la cuestión está precisamente en la
interpretación del Tribunal alemán en no apreciar “violencia
suficiente” aunque sí que reconoce la violencia del día del
referéndum ilegal.
Y desde luego no ayuda mucho el posicionamiento de la jueza Carmen
Lamela que, de un Auto inculpatorio donde estableció la prisión sin
fianza para Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart, rebaja la
calificación de rebelión a sedición, ya que no considera, al igual
que el Tribunal alemán, la existencia de violencia, algo que sí
mantiene el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo. De hecho,
Lamela ha acusado al ex Mayor Trapero y parte de la cúpula de los
Mossos de delitos de sedición y de integración en organización
criminal. No hay que obviar que la diferencia entre sedición y
rebelión es que la primera conlleva penas de prisión de hasta 15
años, mientras que la segunda alcanza los 25 años. Una diferencia
que es bastante sustancial acorde con la gravedad de los delitos. Y
el debate viene de la interpretación de lo que se considera
“violencia”, de si se refiere solo a la coacción física u otras
formas de ejercerla, como abusar de un cargo público para imponer
leyes ilegales y violar la Constitución y el Estatuto de autonomía.
Hemos pasado en pocos meses incluso a plantearnos si efectivamente
la justicia está sobreactuando ante un golpe de Estado negado por
los golpistas presos, pero no por los fugados, que insisten en su
campaña de victimismo alegando una persecución política, exigiendo
un diálogo bilateral al Gobierno de España y la intermediación
internacional en el conflicto. Y aquí solo existe una realidad, el
Estado de Derecho y unos delincuentes que lo han vulnerado. No
importa si a esa acción de le llama rebelión, alta traición o
asonada civil. Lo que importa es que existen unos delitos y que
algunos, como Carles Puigdemont, huyeron para eludir la acción de la
justicia. Se trata de cobardes que además cuentan con la complicidad
de partidos políticos tan culpables de rebelión, sedición y
malversación como los actualmente encausados y procesados. Partidos
y organizaciones civiles que incomprensiblemente siguen estando
legalizados. Una democracia no puede ser tan permisiva que llegue al
punto de no defenderse de aquellos que la intentan destruir.
El caso es que en poco más de una hora Carles Puigdemont dará una
conferencia de prensa desde su residencia temporal en Berlín
mientras espera la resolución del Tribunal de Schleswig Holstein
sobre la euroorden de extradición solicitada por el juez del
Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena. Por supuesto que todo
parece indicar que, al solo contemplarse el delito de “malversación”
en su equivalente alemán de “corrupción”, no parece improbable el
que finalmente se acceda a esa extradición condicionada a ese
delito. La entrega a España conlleva la inmediata encarcelación de
Puigdemont y su presentación ante el juez, que se vería obligado a
procesarle solo por el delito contemplado de malversación, aunque
sea en calidad de “agravada” con una pena de hasta 15 años. La
prisión provisional solo estaría justificada por la posible
apreciación de reiteración en el delito y riesgo de fuga.
Es por ello que el juez se esté planteando la posibilidad de
efectuar una consulta ante el TJUE (Tribunal de Justicia de la UE)
sobre la posible extralimitación del Tribunal Superior del Estado de
Schleswig Holstein al hacer un prejuicio sobre el fondo en cuanto al
delito de rebelión y su equivalente de "alta traición", al
cuestionar los fundamentos aportados por el juez sobre la existencia
de violencia. Un prejuicio en el que no niega taxativamente la
existencia de esa violencia, pero sí de que no fue la suficiente
como para “doblegar” a todo un Estado y que este no pudiese revertir
la situación. Es decir, se basa en graduar esa violencia en la idea
de equipararla quizás a una rebelión militar con uso de armas y
enfrentamientos sangrientos, una asonada, un levantamiento o algo de
esas proporciones. Y aquí hay que acudir a lo que realmente debe ser
analizado en el caso de una euroorden de detención y extradición,
que la ley de la UE contempla en que los delitos imputados deben
tener su equivalencia en la legislación del país que la recibe y
debe actuar, en este caso Alemania. Y ¿Qué dice esa legislación en
Alemania?
El Código penal alemán (Strafgesetzbuch) contempla en los artículos
81 a 83 del Titulo Segundo lo siguiente para el delito de Alta
Traición:
“§ 81. Alta traición contra la Federación
(1) Quien intente con violencia o por medio de amenaza con
violencia,
1.perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania
2.cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de
la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa
de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no
inferior a 10 años.
(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un
año hasta 10 años.
§ 82. Alta traición contra un Estado Federal
(1) Quien intente, con violencia o por medio de amenaza con
violencia,
1.incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro
Estado de la República Federal de Alemania o separar una parte de un
Estado o,
2.cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de
un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de uno
hasta 10 años.
(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de
seis meses hasta cinco años.
§ 83. Preparación de una operación de alta traición
(1) Quien prepara una determinada operación de alta traición contra
la Federación, será castigado con pena privativa de la libertad de
uno hasta diez años; en casos menos graves ésta pena será de tres
meses hasta cinco
años.
(2) Quien prepara una determinada operación de alta traición contra
un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de un
mes hasta cinco años.
§ 83a. Arrepentimiento eficaz
(1) En los casos de los incisos 81 y 82 el tribunal puede disminuir
la pena según su criterio.(§ 49, inciso 2), o prescindir de la pena
según éstas normas, cuando el autor abandone voluntariamente la
ejecución posterior del hecho y cuando evite o disminuya
esencialmente un peligro por él reconocido de que otro continúe
ejecutando la operación o cuando él impida voluntariamente la
consumación del hecho.
(2) En los casos del § 83 el tribunal puede proceder de acuerdo con
el inciso 1, cuando el autor abandona voluntariamente su proyecto y
desvía o disminuye considerablemente un peligro que él ha causado y
reconocido de que otro siga preparando la operación o que la ejecute
o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho.
(3) Si se evita el peligro descrito sin acción del autor o si se
disminuye considerablemente o si se impide la ejecución del hecho,
entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio por alcanzar
esta meta.”
Y aquí es en este artículo 81 y en el 82 donde se habla de
“violencia” donde el Tribunal alemán dice no apreciarla
interpretándola y emitiendo un prejuicio sobre el fondo y de valor
al exigir una gradación de la misma para ser considerada como tal. Y
esta es la pregunta que debe aclarar el TJUE al juez Llarena si
decide plantearla. Por si se ha extralimitado al dar curso a la
euroorden.
En cualquier caso, el Gobierno de España hace mutis por el foro y
espera a que sea la justicia la que le resuelva su propia
incompetencia evidenciada desde hace años con este desafío
secesionista. Y eso es lo que nos ha llevado a esta situación de
auténtico escarnio y ridículo que está sufriendo España, su justicia
y su Estado de Derecho.
¡Que pasen un buen día!
Jueces alemanes y complejos españoles
Roberto L. Blanco Valdés lavoz 8 Abril 2018
Definitivamente es el nuestro un país acomplejado. Así lo prueban de
nuevo las reacciones a la decisión del tribunal de
Schleswig-Holstein declarando que Puigdemont no había cometido
rebelión y que, por ese delito al menos, no se le extraditaría. Un
hecho inaudito que habría levantado en Francia, Italia o Gran
Bretaña una formidable polvareda y que ha generado aquí, con raras
excepciones, solo dos tipos de respuestas, ambas dominadas por un
sentido de culpa vergonzoso.
Primera: la de quienes, con razón, han denunciado los efectos muy
negativos que tendrá esa decisión en la lucha que dentro de los
estrictos límites del Estado de derecho mantiene nuestra democracia
frente a la conspiración sediciosa, insólita en Europa, que
pretendía (y aún pretende) acabar por la fuerza con la unidad de
España y su forma de Gobierno.
Segunda: la de quienes, también acertando, han señalado que es
rotundamente falso que la decisión de los jueces alemanes otorgue de
ningún modo la razón al secesionismo: tras negar que exista en
España persecución política alguna contra Puigdemont, reconocen los
jueces con toda claridad que en el proceso secesionista hubo
violencia y que aquella «puede imputarse al acusado como iniciador y
defensor de la celebración del referendo».
¿Por qué no conceden, pues, la extradición por rebelión? Porque los
jueces consideran que los actos violentos del procés no tenían la
naturaleza que se exige en Alemania para apreciar la existencia del
delito similar (alta traición) previsto en su Código Penal: a saber,
la capacidad de forzar al Estado a rendirse a los rebeldes.
Dicho de un modo que sea comprensible para los legos en derecho: los
jueces de Schleswig-Holstein, en una escandalosa extralimitación de
sus funciones, que revienta todos los principios en que se basa la
euroorden, entran en el fondo del asunto, se permiten apreciar los
hechos del caso y resuelven ¡en 48 horas! una cuestión que no les
compete en absoluto sobre la que llevan varios meses trabajando en
España el juez instructor y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado: la naturaleza de los actos violentos que han tenido lugar en
Cataluña. Para más inri, y en unas declaraciones que constituyen un
insulto inadmisible, la ministra alemana de Justicia, justificando
el increíble proceder de la judicatura germana, se permite leernos
las cartilla y desafiar la rectitud de nuestro Estado de derecho.
Esto es lo que, por ese complejo de inferioridad que deja a España a
la altura de una república bananera, casi nadie se ha atrevido a
decir en voz bien alta: que no se trata solo de que los jueces
alemanes no se fíen de nuestro sistema judicial. Que la cosa es, si
cabe, mucho peor: su decisión, gravísima e inaceptable, impide que
Puigdemont sea juzgado en donde presuntamente ha delinquido porque
los jueces alemanes, ¡sin juicio!, lo han absuelto. Una intromisión
intolerable en nuestra soberanía con la que no se habrían atrevido
si Puigdemont se apellidase Bianchi, Glenn o Arnaud.
HABLANDO SOBRE ESPAÑA
Santiago Abascal: "Pablo Iglesias es el
hijo de Zapatero y de Sáenz de Santamaría"
Cristian Campos elespanol 8 Abril 2018
En la biografía que aparece en la solapa de su libro Hay un camino a
la derecha, Santiago Abascal (Bilbao, 1976) se define a sí mismo
como “sociólogo de casualidad, escritor temprano por convicción y
activista de lo difícil”. Y añade luego: “A los 23 años, la mafia
separatista ya quería liquidarme”. A ver cuántas biografías como esa
encuentran ustedes en Linkedin. Y a ver a cuántas personas
encuentran que las enarbolen con tanto orgullo como hace el
presidente de Vox.
De los off the record que canta Santiago Abascal sobre el País Vasco
de los años de plomo de ETA guardaremos un escrupuloso silencio.
Resulta llamativo en cualquier caso que alguien con ese historial a
cuestas —diputado del PP en el Parlamento Vasco desde 2004 hasta
2009, cercano ideológicamente a María San Gil, amenazado por ETA
durante la mayor parte de su vida— haya sido definido por la
izquierda de este país como un extremista ultramontano. A él parece
no importarle demasiado la etiqueta y tampoco parece tener mucha
prisa en definir ideológicamente a su partido.
Abascal no rehuye las preguntas sobre Marine Le Pen, pero parece
cansado de las comparaciones, que él intenta explicar con paciencia
digna de mejor causa. Se muestra muy crítico con el PP y un poco
menos, sólo un poco, con Ciudadanos, aunque niega formar parte de
una pinza contra Mariano Rajoy y su partido. Las encuestas le dan
entre uno y tres diputados y el presidente de Vox agradece que EL
ESPAÑOL desglose el apartado "Otros" cuando casi ningún otro medio
lo hace. “Cuando se habla de 'Otros' se están refiriendo a nosotros
sin nombrarnos”.
Escuchada en vivo y en directo, la ideología de Santiago Abascal
parece una mezcolanza de conservadurismo clásico, liberalismo
económico y filosofía judeocristiana, pero no niego la posibilidad
de que mis sentidos me engañen. Otra cosa es su metodología
política, cuya calificación cedo a los lectores. En cualquier caso,
mi primera pregunta es obvia. Quiero saber frente a quién estoy.
¿Vox es extrema derecha?
Vox es un partido de extrema necesidad para España. Lo que ocurre es
que el campo ideológico se ha corrido tanto hacia la izquierda que
hasta la cúpula del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se ha
convertido en el albacea testamentario del proyecto político de
Zapatero. En ese contexto, cualquiera que se rebele contra la
corrección política impuesta por la izquierda es inmediatamente
etiquetado de ultraderecha. Y eso es absurdo.
¿No le preocupa?
No. Nosotros sabemos que nos votan personas de convicciones
liberales, personas conservadoras, personas que creen en la unidad
de España y personas que están en contra de la excesiva presión
fiscal. Es gente que no se deja asustar por las etiquetas.
Es más, nosotros recibimos con agrado las etiquetas que nos
adjudican nuestros adversarios porque entendemos que estamos
haciéndoles daño políticamente y representando a muchos españoles
que se sentían huérfanos. Además, nosotros no tenemos que
defendernos de nada. Nosotros vamos al ataque.
Pero si no se definen ustedes, les definirán sus adversarios.
La izquierda nos ha dicho que somos de ultraderecha, xenófobos,
islamófobos y retrógrados. Y lo repito, no nos preocupa. Es tanto el
daño que ha hecho la izquierda en tantos terrenos que estamos al
otro lado de lo que representan ellos. Son muchos los españoles que
no entienden el Estado de las autonomías, por ejemplo. Que es
carísimo, que es insostenible, que nos hace desiguales y que nos
resta libertades. Y esos españoles no entienden que les llamen
fachas por eso. Así que no perdemos ni un segundo en justificarnos o
defendernos de esos ataques.
En cierta manera, es normal que ahora que hasta Felipe González,
José Sacristán, Joan Manuel Serrat o Gaspar Llamazares son
calificados de fachas, a Vox se le considere poco menos que el Ku
Klux Klan.
Ya sabemos cómo funciona la izquierda en España. Ellos intentan
etiquetar y estigmatizar, que es lo que han hecho con el PP durante
treinta años. Al PP le han acobardado hasta llevarlo a un rincón del
cuadrilátero y ahora es incapaz de defender ningún valor. El PP se
ha convertido en un partido que sólo aspira a gestionar el legado
ideológico de la izquierda.
¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el marco ideológico de la izquierda es
considerado como el estado por defecto de la democracia?
La dictadura progre de lo políticamente correcto afecta a todo el
ámbito occidental, pero en España es particularmente fuerte porque
la izquierda ha utilizado el franquismo para atemorizar a la
derecha. Y es curioso, porque lo ha utilizado la izquierda de los
últimos años de la democracia, la de Zapatero. No lo hizo la de
Felipe González, por ejemplo, que entendió que era la hora de la
convivencia y que también entendió que los españoles debíamos mirar
hacia el futuro y no hacia atrás.
Y eso es lo que no ha querido entender la izquierda actual.
Necesitaban “tensión”, como le dijo Zapatero a Gabilondo. ¿Quién
entendió muy bien eso? El hijo de Zapatero y de Soraya Sáenz de
Santamaría, Pablo Iglesias. Iglesias es una consecuencia directa de
ese odio inoculado, o rescatado, por Zapatero. Y también de la ayuda
en los medios de comunicación que se le ha prestado desde ámbitos
gubernamentales para dividir al PSOE.
Socialistas de todos los partidos, como decía Hayek.
En el caso de Montoro, por ejemplo, sería muy benévolo llamarle
socialdemócrata. Montoro subió los impuestos en algunos terrenos más
allá de lo que planteaba IU. Así que podríamos llamarle cosas mucho
peores.
¿Cuántos afiliados tiene Vox ahora mismo y cómo se financia?
Nos financiamos exclusivamente con las aportaciones de los afiliados
y los simpatizantes. Tenemos 5.700 afiliados de cuota, y es el
momento en el que más afiliados hemos tenido en toda la historia del
partido. Es más: teníamos sólo 3.300 en el mes de septiembre de
2017, antes del golpe de Estado separatista, y el crecimiento tras
nuestra respuesta al mismo está siendo extraordinario. En poco menos
de un año vamos a duplicar el tamaño de Vox. Y lo estamos notando en
todos los terrenos. En capacidad de financiación, en la afiliación,
en los actos públicos —que llenamos a pesar de que sólo se mueven
por redes sociales— y también en la aparición de algunas encuestas.
¿Usted se cree esas encuestas? Las que dan 20 y 30 escaños de
ventaja a Ciudadanos sobre PP y PSOE, y entre uno y tres diputados a
Vox.
Yo soy sociólogo y creo que las encuestas se han convertido más en
una herramienta de inducción del voto que en una herramienta de
predicción del voto. Antes de que naciera Podemos en España,
conocíamos las encuestas del CIS y algunas preelectorales. Pero
ahora nos asedian con encuestas todas las semanas. Yo estoy
convencido de que, en general, son herramientas editoriales.
Ahora bien. Sí creo que indican direcciones concretas y que el
desplome del PP y del PSOE es creíble. Lo percibimos en la calle
todos los días. También creo que el apoyo a las nuevas fuerzas
políticas, entre ellas Ciudadanos y por supuesto Vox, va a ser un
hecho.
¿Lo notan en la calle?
Hasta ahora nos decían que éramos cojonudos, pero que no era útil
votarnos. Y lo que nos dicen ahora no tiene nada que ver con eso.
Nos felicitan por lo que estamos haciendo en Cataluña, nos dicen que
somos los únicos que hemos tenido el valor de presentar querellas
contra los golpistas y nos dan la enhorabuena porque ya nos ven
dentro de las instituciones. Yo también creo que vamos a entrar, y
con más fuerza incluso de lo que dicen las encuestas.
¿Considera una buena noticia el desplome de PP y PSOE?
El bipartidismo no tiene por qué ser un sistema político que
funcione de manera negativa. Hay naciones que funcionan así, con dos
partidos que se alternan en el poder, partidos con muchas corrientes
internas, y eso no es necesariamente malo.
Pero en España no ha habido nunca un bipartidismo. En España ha
habido un cuarteto de partidos, que eran los dos de siempre, PP y
PSOE, y los dos de nunca, PNV y CiU, que determinaban las políticas
de los dos anteriores.
El bipartidismo es un mito.
Era falso, no existía. Había una dominación por parte de partidos
separatistas que han hecho un gran daño al proyecto común por
debilidad y falta de responsabilidad de los partidos nacionales, que
en vez de pactar entre ellos han pactado con partidos separatistas
absolutamente alejados del interés general de los españoles.
Así que no, no me preocupa nada que PP y PSOE se vayan al garete.
Creo que sus cúpulas son merecedoras del mayor castigo electoral
posible. El PP y el PSOE ya no representan a los españoles. Son
votados en gran medida por inercia, casi futbolísticamente. Se vota
a las siglas que votaban los padres o a lo que siempre se ha votado.
Vox es muy claro en muchos terrenos y por eso es difícil estar 100%
de acuerdo con nuestro programa.
Ahora hay nuevos partidos.
Nuevos partidos que nunca nos van a representar al 100%. Porque
nadie puede compartir completamente el programa electoral de Vox o
el del Ciudadanos. Bueno, el de Ciudadanos es más fácil porque son
cuatro cosas y no se mojan. Pero el de Vox es más difícil porque
somos muy claros en muchos terrenos. Es necesario, además, votar a
partidos que vayan a cumplir lo que prometen para que no ocurra como
con Mariano Rajoy, que ha incumplido todo lo que prometió y
mantenido todo lo que criticó.
¿Es Vox el 50% de una pinza al PP, junto con Ciudadanos?
No. Y, de hecho, nosotros somos muy severos con PP y PSOE, pero
también tremendamente críticos con Ciudadanos por ser un partido que
juega a la indefinición y la confusión. Por lo tanto, no podemos ser
parte de una pinza con nadie, y menos con Ciudadanos, que es un
partido con el que competimos electoralmente. Muchos de los que hoy
les votan nos votarían en realidad a nosotros, pero optan por ellos
porque tienen un tamaño político mayor.
¿Y Podemos?
A Podemos le consideramos el enemigo. Es enemigo de las libertades,
enemigo de la unidad de España y enemigo del sistema democrático.
¿Cuál es la intrahistoria de las querellas presentadas por sus
abogados contra los líderes del proceso separatista?
Nosotros hace tiempo que reclamamos la aplicación del 155 y del
Código Penal a los golpistas. O, mejor dicho, contra los
protogolpistas que ya anunciaban el golpe antes de octubre de 2017.
No había que esperar a que se produjera la declaración de
independencia. Por eso, acudimos a los tribunales ya en 2015 y
presentamos querellas contra Artur Mas por delitos de malversación,
usurpación de funciones, desobediencia y conspiración para la
rebelión y la sedición en grado de tentativa.
En su día, los tribunales nos impusieron fianzas elevadas que no
pudimos asumir, nos quedamos fuera de esos procedimientos y la
Fiscalía acabó retirando en su acusación final los delitos que
llevaban aparejada cárcel. Para los intereses de los españoles fue
muy negativo que no existiera una acusación popular que pudiera
mantener esos delitos hasta el final.
Y luego llegó Puigdemont.
Tras las declaraciones del juez Santiago Vidal, acudimos al juzgado
13 de Barcelona y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y
presentamos querellas contra los aforados y también los no aforados.
Esa querella fue determinante porque dio lugar a una investigación
del juez que provocó a su vez las primeras detenciones previas al
1-O y los consiguientes ataques a la Policía y la Guardia Civil.
Todo aquello fue provocado por la querella de Vox. Y, de hecho, en
algunas de las conversaciones interceptadas ellos mismos dicen que
lo que más les preocupa es la querella de Vox.
Todo esto sucedió antes del 1-O.
Después, volvimos a presentar querellas contra la Mesa del
Parlamento y todo el Gobierno en el TSJC. Nos impusieron elevadas
fianzas, que nosotros pagamos a través de campañas de captación de
fondos y con las aportaciones de gente que en muchos casos ni
siquiera era afiliada de Vox o votante, pero que quería que hubiera
una acusación popular.
Y yo creo que esa acusación popular, que es de todo el pueblo
español, ha sido determinante. Porque ha marcado el paso a otras
instituciones y no le ha permitido al Gobierno y a la Fiscalía
actuar con tanta debilidad como habrían deseado. El caso de Jordi
Forn es un buen ejemplo. Forn estaría hoy en libertad si no fuera
por la acusación popular de Vox. Porque la propia Fiscalía pidió su
excarcelación hace una semana.
¿Cree que el Gobierno no deseaba realmente procesar a los líderes
del golpe?
Nos consta que el Gobierno ha presionado fuertemente, de manera
creciente y sistemática, a la Fiscalía General del Estado para que
no pidiera prisión preventiva. Nosotros sabemos que eso ha sido así.
Y lo sabemos por distintas vías y por fuentes más que fidedignas.
¿Estamos hablando de tres personas en concreto?
A la Fiscalía se la ha presionado a través del Ministerio de
Justicia, a través de la Vicepresidencia del Gobierno y a través del
presidente del Gobierno.
Nicolás Redondo me decía la semana pasada tener la sensación de que
la derecha española necesita que la acompañen de la mano.
Estoy de acuerdo. Da la sensación de que se quiere hacer todo por
consenso. Y el consenso es deseable, pero no es imprescindible
cuando uno tiene mayorías de Gobierno claras. Parece que Rajoy ha
necesitado permanentemente el apoyo de Sánchez y Rivera para aplicar
un 155 que luego no ha sido tal, porque no ha servido ni para
controlar a los Mossos d’Esquadra ni para poner en su sitio a TV3.
¿Qué opina de TV3?
Bueno, lo que habría que hacer con TV3, como con todas las
televisiones autonómicas públicas, es cerrarla. Esas televisiones
son herramientas de propaganda. Tampoco ha servido el 155 para
garantizar la libertad de enseñanza y la de poder escolarizar a tus
hijos en la lengua común de todos los españoles.
Y ese complejo no sólo parece operar respecto a la izquierda, sino
también con respecto a las instituciones europeas.
Sí, parece que necesitamos el sello de calidad de Europa. Y eso es
inaceptable. El único mensaje que desde el Gobierno se estaba
lanzando a nuestros compatriotas catalanes durante los últimos años
era, por un lado, el de que esto iba a ser muy malo para la economía
y que algunos iban a ser más pobres. Cosa que a los separatistas les
daba igual porque “con la patria, pan y cebolla”.
¿Y por el otro?
Que la UE no lo iba a aceptar. ¿Qué pasa? ¿Que lo peor que se le
puede decir a un catalán es que va a dejar de ser europeo? Lo peor
que le puede pasar a un catalán es dejar de ser español. Y si el
Gobierno de la nación no es capaz de transmitir un mínimo de orgullo
de lo que significa ser español… ¿quién lo va a hacer? El hecho de
que el PP necesite de esos dos sellos de calidad, el de la izquierda
y el de las instituciones europeas, lo convierte en un partido
irrelevante y prescindible.
Quizá el PP se ha creído la propia leyenda negra española.
Desgraciadamente, muchos españoles, influidos por la cobardía de
muchos intelectuales, se han tragado la leyenda negra española.
Desde la reconquista frente al islam, llamada “insidiosa
reconquista” por el señor Cebrián, hasta la gran obra de la
hispanidad, que con sus luces y sus sombras —y yo creo que hay más
de lo primero que de lo segundo— es la mayor obra de hermanamiento
universal hecha por ningún pueblo. Allí donde llegaba el ferrocarril
de los anglosajones, por ejemplo, se acababan los indios.
Los españoles, en cambio, podemos decir, como afirmaba el
historiador Venancio Diego Carro, que “la cara de los
hispanoamericanos es un documento viviente y nuestra mayor
apología”. Porque los españoles hemos aceptado el mestizaje y no nos
ha importado la cuestión racial, sino el hecho cultural y religioso.
Hay una tercera leyenda negra.
La de la lucha contra la invasión francesa. Hay quienes dicen, como
Pérez-Reverte, que por otro lado está muy acertado en otras cosas,
que lo mejor que nos podría haber pasado es que los franceses
también nos hubieran hecho la revolución aquí.
Y sobre esos tres hechos —la construcción identitaria frente al
islam, la construcción en torno a la obra de la hispanidad y la
afirmación de España como nación política, y no sólo histórica, a
partir de la Constitución de 1812— hay una leyenda negra aceptada
por españoles de lo más variopinto. Nosotros no nos identificamos
con eso. Sabemos que la historia de España no es únicamente rosa,
pero desde luego tampoco es negra. Es una historia de la que nos
podemos sentir muy orgullosos.
¿Tiene opinión sobre lo ocurrido con los Mossos d’Esquadra en
Cataluña?
Sí. Las políticas de Interior deben estar en manos del Gobierno de
la nación y no deberían existir ni los Mossos ni la policía
autonómica vasca. Nosotros tenemos muchos seguidores entre los
Mossos y la Ertzaintza. Muchísimos. ¿Significa eso que queremos
mandarlos al paro? No. Significa que debe existir un Cuerpo Nacional
de Policía y una Guardia Civil en todo el territorio nacional, y que
esos mossos o policías autonómicos vascos deberían poder integrarse
en ellos.
Lo ocurrido ahora nos viene a dar la razón. Hemos puesto en manos de
los golpistas, de los más desleales, una fuerza extraordinaria y
armada que estaba comprando armas de guerra, no armas de carácter
policial. Parte de la deslealtad de esos Mossos d’Esquadra ha sido
facilitada por el Gobierno de la nación y, en general, por los
partidos nacionales, que no han querido solucionar ese problema.
¿Qué opina de la polémica sobre los editoriales de diarios como The
Times y The Guardian, entre otros?
A mí me importa tan poco lo que diga Angela Merkel como lo que diga
el New York Times. No tienen ni puñetera idea. A lo único que tiene
que atender nuestro Gobierno es a lo que digan nuestras leyes y a lo
que diga el pueblo español. Volvemos una vez más a los complejos
respecto al "prestigio" del que gozan unos medios decadentes que ya
no determinan la opinión pública. Ni en los EE.UU. ni en el resto
del mundo. Como demuestra por cierto la victoria de Donald Trump.
Las oligarquías mediáticas ya no mandan. Da igual lo que digan, ya
no son tan importantes.
Ahora casi cuentan más las redes sociales.
Las redes sociales han democratizado la opinión. En algunos casos,
en sentido negativo, porque es cierto que la violencia que se
expresa en las redes es a veces pavorosa, pero también es cierto que
han logrado que todos esos que pretendían determinar cómo debía ser
nuestro futuro ya no puedan hacerlo.
Si estuviera en sus manos decidirlo, ¿cuál sería el grado exacto de
integración en Europa que querría para España?
Europa es un espacio cultural y geográfico. Y España es Europa con
mayor derecho que el resto de los países europeos. Porque Europa es
Europa gracias a que España permitió que lo fuera y porque los
españoles y los franceses del sur impidieron la islamización de
Europa hace muchos siglos. Antes se decía que “Europa termina en los
Pirineos”. Pues bien: si Europa termina en los Pirineos es porque
empieza en Gibraltar.
Así que, con pleno orgullo, manifiesto nuestra adhesión a Europa, de
forma indisoluble.
Habrá un pero.
Esa adhesión no puede llevarnos de ninguna manera a aceptar una UE
burocrática que pretenda la disolución de los Estados-nación. Porque
nosotros creemos en la unidad de España, y creemos que ni se puede
romper ni disolver en el contexto internacional. ¿Hay que replantear
el proyecto europeo sobre otras bases? Sí. No creemos en las bases
federales que se plantean desde la izquierda, desde Ciudadanos o
desde el PP, en boca de dirigentes del PP como Margallo.
Nosotros no creemos que Europa deba ser una gran supernación
federal. La referencia del Estado-nación sigue siendo válida y es
con la que nos identificamos la mayoría de los españoles. Además,
nosotros nos creemos el artículo 2 de la Constitución española.
Creemos, además, que la UE está atacando la identidad europea con su
política de puertas abiertas a la inmigración y a los supuestos
refugiados.
Hace unas semanas, un viejo líder del PSOE me habló de “ordenar” la
inmigración. Es el tipo de declaraciones que se le perdonan a la
izquierda pero que jamás se le perdonarían a Vox.
La inmigración es un hecho. España ha sido un país de emigrantes y
ahora también de inmigrantes. Hemos emigrado con orden y concierto,
respetando la legalidad de los países a los que hemos ido, y hemos
recibido inmigración con desorden y desconcierto. Nosotros lo que
planteamos es que la inmigración se ordene y se regule.
¿En función de qué?
De dos elementos. En primer lugar, de las necesidades de la economía
nacional. Porque con varios millones de parados, España no necesita
inmigración en estos momentos. Decir que los inmigrantes nos van a
pagar las pensiones es, directamente, mentira. Los inmigrantes que
llegan a España lo hacen de manera ilegal, sin contratos de trabajo,
y para recibir las ayudas sociales que no reciben muchos españoles.
En segundo lugar, en función de la capacidad de adaptación de los
inmigrantes. No es lo mismo recibir a un inmigrante de naciones
hermanas como las hispanoamericanas, con una misma cultura, una
misma lengua y una misma cosmovisión, que recibir a un inmigrante de
países islámicos. Incluso dentro de los países islámicos hay
diferencias. Hay países más radicales y otros más moderados. Pero
nosotros somos partidarios de detener la inmigración procedente de
países islámicos habida cuenta de en qué se ha convertido en Europa.
¿En qué se ha convertido?
La inmigración de los primeros años llegó a integrarse, pero la más
reciente no tiene ninguna intención de hacerlo. Y se están creando
guetos y zonas no go donde no es que no puedan entrar los
ciudadanos, es que no puede entrar ni la Policía. Pronto las habrá
en España. Son microestados, islas religiosas donde se pretende
aplicar la sharia. Y creo que esa es la voluntad de una gran parte
de la inmigración islámica en Europa: convertir la ley religiosa en
ley civil. El problema es que por vía demográfica, y por lo tanto
democrática, podrían llegar a considerarlo.
Usted me está hablando de identidad, entonces.
Nosotros creemos que es absolutamente lícito querer mantener nuestra
cultura y nuestra identidad. Identidad no en un sentido metafísico,
sino en el sentido de la libertad del hombre, de la igualdad del
hombre y la mujer, y de la separación de Iglesia y Estado. Que, por
cierto, es un préstamo del cristianismo: “A Dios lo que es de Dios y
al César lo que es del César”.
Lo que está ocurriendo en muchos barrios de Bélgica, Suecia o
Alemania no parece indicar que ese vaya a ser el camino seguido
mayoritariamente en Europa.
En España hay barrios conflictivos donde, por suerte, no se ha
llegado todavía a esos extremos. Lavapiés o, en su momento, el Raval
de Barcelona. O las zonas rurales de Lérida y Gerona, que se han
llenado de inmigración islámica gracias al separatismo.
¿Y quiénes son los que no pueden aceptar eso? Pues las personas que
se ven obligadas a convivir con ese tipo de inmigración, que son las
que se dan cuenta de las consecuencias. ¿Quién lo puede aceptar?
Pues quien no convive con ello. Es decir los más privilegiados
económicamente. Estoy recordando las palabras de un alto directivo
de una de las principales multinacionales europeas, Airbus, que
decía que la oleada de refugiados era muy buena porque eso les iba a
permitir abaratar los salarios.
Hablemos de ello, de economía. ¿Es Vox liberal?
A mí no me gustan las etiquetas. Vox es un partido que de forma muy
rotunda desafía la corrección fiscal que impera en el resto de los
partidos. Apostamos por la rebaja de muchos impuestos, y los
impuestos que no queremos rebajar los queremos suprimir, como el de
sucesiones y el de patrimonio, que están afectando a las clases
populares. Los ricos tienen muchas formas de transmitir su
patrimonio, pero las personas que reciben una pequeña herencia en
forma de piso en un barrio modesto, y que ven que no pueden asumirlo
porque no tienen la liquidez suficiente para pagar los impuestos
derivados, son las que lo sufren.
Apostamos por que a los españoles no se les arrebate de forma
desmedida el fruto de su esfuerzo. Los impuestos deben ser los
justos, los mínimos para mantener un Estado que no debe tener el
tamaño del Estado actual.
¿A quién culpa de ese tamaño?
Al Estado de las autonomías. Nosotros somos partidarios de un
recorte drástico de la parte improductiva del Estado, es decir del
aparato autonómico.
¿Pero es compatible una política fiscal liberal con el
proteccionismo que defiende Vox?
Creo que sí. Al final, la competencia desleal con mano de obra
barata acaba abaratando mucho los productos y nos permite comprar a
precios bajos productos que antes no podíamos comprar. Como los
teléfonos móviles, por ejemplo. Todo esto es consecuencia de la
globalización. ¿Es una consecuencia positiva? Sí.
Pero también tiene su lado B, y hemos de ser capaces de analizarlo.
Donald Trump en los EE.UU. ha sido muy consciente de ello y ha
querido acabar con los acuerdos multilaterales para llegar a
acuerdos bilaterales que creo que le están haciendo triunfar en
materia económica.
¿Se identifica con Trump, más allá de sus políticas concretas?
Con la pregunta me das la respuesta. Es un personaje, y todos
tenemos uno. En el caso de Trump, ese personaje es superlativo.
Todos nos hemos reído con los vídeos que corren por ahí de él. Pero
yo, al personaje caricaturesco de Donald Trump, lo veo con
distancia. Al Donald Trump que desafía la corrección política, que
protege los intereses norteamericanos y que se atreve a enfrentarse
con la izquierda en todos los terrenos lo veo sin embargo con
simpatía.
He de suponer que si algún día llegara usted a presidente del
Gobierno, se comportaría de forma más ajustada al protocolo.
Yo creo que en general ya lo hago, ¿no? Pero, lo repito: no me
identifico con el personaje. Me identifico con esa reacción tan
difusa que se ha producido en todo el mundo contra la reacción
política dictada por la izquierda desde Mayo del 68. En ese sentido,
Donald Trump ha sido muy beneficioso.
¿Usted le habría votado?
Sí. Mil veces antes que a Hillary Clinton, que representa lo progre
en su máxima expresión.
¿Cree que la alarma por el supuesto auge de la ultraderecha en
Europa se corresponde con su peso real?
Es que yo creo que no es ultraderecha todo lo que llaman
ultraderecha. Es muy fácil etiquetar y decir que un 36% de los
franceses son ultraderecha. Pero es equivocarse. A Marine Le Pen la
votan principalmente los obreros franceses y las clases populares.
Llamarle ultraderecha a todo eso, sin matices, es un error. Un error
deliberado.
¿Pero comparte algo con ella?
Alguna gente criticaba aquella reunión que mantuvimos con ella. ¿El
modelo de sociedad que Vox defiende para España es el que defiende
Marine Le Pen para Francia? No. ¿El modelo de Estado? No. ¿El modelo
fiscal? No. ¿El modelo de civilización es compatible? Sí.
¿Estamos frente a un choque de civilizaciones?
Eso es mucho decir. Estamos frente a un choque de la civilización
contra la barbarie.
EN EDUCACIÓN
Líderes de NNGG piden abrir el debate sobre
la recuperación de competencias
Agustín Benito gaceta.es 8 Abril 2018
Se muestran a favor de “abrir el melón” de la recuperación de
competencias por parte del Estado en materia educativa visto el
“adoctrinamiento en regiones como Cataluña y el País Vasco”.
Cargos de Nuevas Generaciones del PP han pedido “abrir el melón” de
la recuperación de competencias por parte del Estado en materia
educativa visto el “adoctrinamiento en regiones como Cataluña y el
País Vasco”.
Así, la secretaria general de NNGG en el País Vasco, Beatriz Fanjul,
ha asegurado que solo recuperando competencias en enseñanza se
“conseguirá avanzar”. “Esto es lo más importante porque hoy en
muchos colegios públicos de algunas comunidades se educa en el odio
y los profesores adoctrinan a los pequeños en sus propios
intereses”, ha dicho, antes de recordar que en el País Vasco se han
dado hasta “homenajes de estudiantes a etarras”.
Ha recordado que su partido aboga por un 33% de clases en euskera,
castellano e inglés, y que la ley no se cumple porque “todas las
asignaturas troncales se dan en euskera”. En este sentido, ha
denunciado que sigue puntuando más el conocimiento de una lengua que
hablan poco más de 700.000 personas (nativas) que la formación en
oposiciones para acceder a funcionario, evidenciando la injusticia
del sistema y mermando los derechos de los castellanohablantes y la
igualdad de oportunidades.
En la misma línea se ha manifestado Rodrigo Mediavilla, presidente
de la rama juvenil del PP en Palencia, que en declaraciones a La
Gaceta ha aseverado que “merece la pena abrir al menos el debate de
la recuperación de competencias que están en manos de las
Comunidades Autónomas y replanteárselo, aunque no se sepa muy bien
cómo hacerlo salvo que una región ejerza dejación de funciones”.
Cree que hay “un problema de competencias” y aunque se tenga
voluntad, “probablemente el Ejecutivo no pueda con el estatus actual
cambiar el modelo lingüístico”, regido por la Ley de Educación
Catalana, que sólo puede ser modificada a través de otra ley que se
apruebe por el Parlament, según fuentes gubernamentales.
Irene Pardo, presidenta de NNGG en Lérida, ha pedido, por su parte,
que el Ejecutivo, en un momento de excepción como el actual,
establezca “mecanismos de control y de inspección” en las escuelas
catalanas para que se cumpla la ley, “dónde se está adoctrinando a
los más pequeños” porque “hay profesores que están corrompiendo la
Historia, maestros que colocan lazos amarillos por los golpistas
presos y niños con cinco o seis años y sin criterio políticos crecen
con una estelada bajo el brazo”.
Duras críticas del sindicato AMES
El presidente el Sindicato Acción para la Mejora de la Enseñanza
Secundaria (AMES), Antonio Jimeno, ha criticado la “cobardía” del
ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al no incluir la
casilla del español: “ha tenido miedo a las protestas en la calle y
a las manifestaciones”.
AMES fue una de las entidades que solicitó al Gobierno el pasado mes
de febrero que la hoja de preinscripción escolar en Cataluña
incluyera esta opción. Esta fórmula, según Jimeno, “hubiese sido una
medida muy útil para que los padres pudiesen decidir sin necesidad
de acudir a la justicia”.
Viajar a Galicia
Nota del Editor
La fábrica de humo no para. Ahora quieren levantar otra humareda sin
hacer fuego, y eso que lo tienen fácil: sólo acercarse a ver al tal
Núñez en Galicia, hablarle en español y pedirle que esta lengua no
sea impropia allí.
Recortes
de Prensa Página
Inicial
|