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Alemania, fuera de la UE
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 9 Abril 2018
La ministra de Justicia del Gobierno presidido por Angela Merkel.
una naziprogre anglogermana llamada Katarina Barley, del Partido
Socialista, ha colocado a su país fuera de la Unión Europea, en
abierto desafío a todos sus miembros. Lo hizo humillando a España
-con este Gobierno todos se atreven-, actuando como comisaria
política o jueza de jueces. La naziprogre presumió de conocer
previamente la sentencia, de respaldarla y hasta de endurecerla, que
esa es la independencia del tribunal de Schleswig-Holstein que
anteayer se sumó al golpe de Estado catalán negando al Tribunal
Supremo español la capacidad de calificar los presuntos delitos
cometidos en nuestro país. Pero los acuerdos y el espíritu fundador
de la propia UE se basan en lo contrario: el reconocimiento de todos
sus países miembros como Estados de Derecho, cuya legitimidad se
acepta en la entrada del país en la Unión. Una euroorden debería ser
simplemente cumplimentada, ni comentada ni casada. ¿Quiénes son los
jueces regionales de un país para anular el Tribunal Supremo de
otro? Hay instancias superiores europeas. Y si no, no hay Europa.
Hay IV Reich.
La búsqueda de la exacta correspondencia de delitos en distintos
Estados es el último burladero de delincuentes narcolistos y rábulas
con toga. En su artículo del sábado, Sosa Wagner recordaba la
sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe contra el
referéndum de separación de Baviera. Al defender la integridad
territorial alemana -privilegio que los naziprogres no extienden a
países y razas inferiores- defendía también la base de la UE, que es
la inviolabilidad de las fronteras. Y lo es por la euromanía, sobre
todo alemana, de invadir y masacrar a sus vecinos. La ministra
racista de Merkel nos devuelve a la Europa de Hitler y Stalin, sus
inspiraciones políticas, muy lejos de la Comunidad Europea del
Carbón y el Acero, madre del Mercado Común, el padre de la UE.
Cuando Barley barbota que Puigdemont «será libre en un país libre,
la República Federal Alemana» (la de Baader y Meinhof), dice que
España -que apoyó la reunificación alemana cuando Francia y Gran
Bretaña se oponían- entró en el Club Ario sin despiojarse. Si no por
defender a la nación, que le da igual, Rajoy, o al menos Rivera,
deben atacar al IV Reich. Hoy, defender a España es defender la
Unión Europea.
SOS Europa:el amparo de un tribunal alemán
a Puigdemont amenaza a la Unión
Editorial esdiario 9 Abril 2018
Europa está amenazada al completo por un nuevo problema, casi tan
grave como el fundamentalismo, que pone en peligro el futuro de la
Unión. La ayuda a Puigdemont activa la alarma general.
Europa al completo se enfrenta ahora a un nuevo desafío, más
inesperado que tantos otros como la crisis o el fundamentalismo,
derivado de la sorprendente decisión de un tribunal regional alemán
de dar un amparo parcial a Carles Puigdemont, inútil a efectos de
librarle de las consecuencias judiciales y políticas de su desafío
ilegal; pero suficiente para rearmar al movimiento que representa.
Y a la vez, a todos los que, en el resto del Continente, beben de la
misma ideología y comparten fines parecidos. El fantasma del
nacionalismo, siempre presente en el origen de los peores conflictos
que han asolado Europa a lo largo de su historia, se ha reactivado
por la irresponsable decisión de la Audiencia Territorial de
Schleswig-Holstein, tan sonrojante para España como letal para el
Viejo Continente a efectos de conformar un espacio jurídico,
sentimental y cultural sustentado en la lealtad entre los socios y
en la defensa conjunta de los valores más elevados que nunca la
humanidad ha convertido en una guía de acción cotidiana.
El frívolo tribunal regional ha echado gasolina al fuego separatista
en muchos países de la UE, no sólo en España
Hoy, desde luego que como nunca desde la infausta guerra de los
Balcanes en los 90, el separatismo en Bélgica, la italiana Tirol del
Sur, las alemanas Baviera y Hamburgo o la francesa Córcega, por
citar sólo los ejemplos más significados; se siente más legitimado
para echar un pulso a sus propios Estados y confiar en que, llegado
el momento, Europa será un trampolín antes que un obstáculo.
El precedente sentado por el tribunal germano es un incentivo para
todos esos casos y un clavo en el ataúd de la seguridad jurídica
común europea, uno de los pilares de una Unión sustentada en la
pérdida de soberanía de los Estados miembros en beneficio de un
proyecto mayor que refuerza, teóricamente, la respuesta colectiva a
cualquier reto particular para integrarlo en un espacio de superior
jerarquía.
¿En auxilio del golpismo?
Los jueces alemanes no sólo echan benzina al fuego nacionalista que
sufren varios países del Continente, sino que además desmoralizan a
los ciudadanos -españoles en este caso- y amenazan el futuro del
proyecto europeo al plantar una duda en el corazón de sus socios
sobre la conveniencia de respetar unas reglas comunes que van en
detrimento de los países que, como España, se adhieren a mecanismos
de refuerzo bilateral como las euroórdenes hoy al auxilio del
golpismo catalán.
Ni la letra ni el espíritu de ese tipo de herramientas permite
corregir, desde un tribunal local, las decisiones de las más altas
instancias judiciales españolas -ni francesas ni alemanas-, pues
nacen del principio de respeto a las medidas de cada uno de los
Estados al entender que todas nacen de sus ordenamientos jurídicos
democráticos: no están previstas para conceder una especie de
tercera instancia a presuntos delincuentes, sino para disuadirles en
sus países de origen al hacer de todos el problema de una de las
partes.
Pero no es eso lo que ha pasado, con una frivolidad pasmosa
empeorada por la ministra de Justicia alemana, que al penoso fallo
de sus jueces le ha añadido una respuesta política en defensa de
Puigdemont e hiriente para España.
La Unión era perder soberanía para ganar fortaleza, no para salir en
auxilio de quienes ataquen a un socio
Más allá de que el Gobierno tendrá que reflexionar sobre cómo es tan
sencillo ofender a España jurídica, política y mediáticamente en
Europa y en todo el mundo sin que se perciba una estrategia
diplomática preventiva ni una respuesta contundente posterior; los
hechos ocurridos le obligan a poner en cuarentena no pocos de los
postulados de la Unión y de sus relaciones bilaterales con la propia
Alemania.
Una duda grave
Sin histerismos ni urgencias, pero con contundencia y firmeza,
sabiendo que además será lo mejor para la propia Europa. Más allá de
que el Tribunal Supremo apele a Luxemburgo para plantear una
cuestión prejudicial que anule la decisión de Schleswig-Holstein y
por mucho que el futuro judicial de Puigdemont siga siendo negro en
cualquier caso si pisa España, Europa tiene que posicionarse con
claridad sobre cuál es su actitud cuando atacan a uno de sus
miembros: si del lado de ellos o, por contra, de sus enemigos. Que
exista una duda al respecto, ya lo dice todo.
Europeos, sin duda
RAFA LATORRE El Mundo 9 Abril 2018
Si algo ha demostrado la biografía política de Rajoy es que el PP
puede resistir a la mentira. Lo de Cifuentes pasará, como pasaron
tantas otras cosas, algunas de las cuales requirieron dosis todavía
más elevadas de cinismo. El votante está dispuesto a soportar un
cierto hedor siempre que los resultados acompañen. He aquí el
asunto: los resultados. No digo que esto sea bueno, sencillamente
es. La indignación es un combustible sobrevalorado, arde fácil y se
consume demasiado rápido. Papel, no carbón. Hay un sentimiento mucho
más sutil y duradero, y por tanto políticamente mucho más relevante:
el desamparo.
La ministra alemana de Justicia, al contrario que el Gobierno
español, sí reaccionó a la decisión del Tribunal Regional Superior
de Schleswig-Holstein de dejar en libertad a Carles Puigdemont. La
celebró sin rubor y remató su festiva declaración con una coda
inaceptable, por lo que sugiere de un socio: «Entonces Puigdemont
será un hombre libre en un país libre, es decir, en la República
Federal Alemana». Justo un mes después de que más de la mitad de los
ciudadanos de la tercera potencia de la UE, Italia, votaran a
partidos eurófobos, el Gobierno alemán cuestiona el régimen de
libertades de la cuarta, España, que resulta ser la nación más
dócilmente eurofílica y sumisa de todo el club. La frase que
pronunció el jefe de la diplomacia española al conocer la postura de
Alemania apenas mereció honores de portada y no paralizó la
convención que el partido del Gobierno celebraba en Sevilla pero, en
términos políticos, pesa más que 1.000 Cifuentes. «Estuvo un tanto
desafortunada», opuso, lanar, el ministro Dastis.
Esto no va de cuestionar a Europa sino precisamente de todo lo
contrario. «Que somos europeos no hay la menor duda, pese a los
europeos», dejó dicho Camilo José Cela en una entrevista en RNE ya
en 1994, cuando abundaba entre los españoles el papanatismo por las
consecuencias de Maastricht. Lo que está por ver es cuánto de
europeo es el actual Gobierno alemán. Si tan poco como lo fue el de
Schröeder, actual empleado de Putin, o algo más. Lo antieuropeo es
proteger el germen de la destrucción de la Unión, no exigir su
entrega. Quien crea que el nacionalismo en Cataluña ha conseguido
algo más que miseria y enfrentamiento, se equivoca o miente. Ni una
victoria, sólo caos y cárcel. Pero a título individual sí hay que
reconocerle a Puigdemont la proeza de conseguir que un proyecto
siniestro campe por Europa con una pátina de respetabilidad. De ahí
el desamparo.
BRUSELAS, EN CRISIS PERMANENTE
Schleswig-Holstein, radiografía del
desengaño europeo
Fernando Paz gaceta.es 9 Abril 2018
La reciente resolución de la justicia alemana liberando a Puigdemont
ha indignado a la opinión pública española, a la que resulta difícil
entender la razón de dicha determinación.
Tras décadas proyectando una imagen de idílica colaboración
trasnacional entre los principales estados europeos, y tratando de
convencernos de la importancia de España en el seno de la UE, la
sentencia judicial germana resulta incomprensible.
O no tanto.
Pluralismo alemán
La sentencia resulta llamativa desde muchos puntos de vista;
empezando por el político, ya que no puede olvidarse que el Tribunal
Constitucional alemán, ante la pretensión de un minúsculo partido
bávaro de separarse del conjunto del país, ha sentenciado que «la
soberanía recae en el pueblo alemán, por lo que los estados
federados no son los dueños de la Constitución. No hay por lo tanto
espacio para aspiraciones secesionistas de un estado federado en el
marco de la Constitución.
Violan el orden constitucional».
Por no hablar de que Alemania no permite la existencia legal de un
partido comunista o de un partido nazi por razones de principios,
sin necesidad de justificar tal prohibición en acto violento alguno.
La convicción general es que a un país con mayor potencia de fuego
que España no le habrían recetado tal sentencia. La fundamentación
de la sentencia, como ha sido reconocido, es más que dudosa, y
parece inevitable en estos casos considerar la trascendencia de
España en el escenario internacional.
Una débil España en Europa
Resulta alarmante la escasa importancia de España no ya en el
escenario internacional, sino en el más modesto y cercano ámbito
europeo. Esa peligrosa carencia explica el porqué de la bofetada al
gobierno de Mariano Rajoy. Es evidente que si Berlín valorase en
algo sus relaciones con España -en algo más que en la consideración
de nuestro país como un destino de consumo para sus productos -, nos
habríamos ahorrado este bochorno.
Pero en la política internacional solo cuentan aquellos que se hacen
valer y, en el marco europeo, España no tiene el peso que parecería
adecuado. La decisión de soltar a Puigdemont refleja, en el mejor de
los casos, un alto grado de indiferencia por las cosas de España.
El gobierno, genuflexo
Lo peor del asunto es la temerosa exhibición del gobierno de Madrid.
Acostumbrado a refugiarse tras las togas de las diversos tribunales,
audiencias, supremos y constitucionales, reacciona siempre como en
un reflejo condicionado, manifestando estruendosamente su
disposición a acatar lo que digan los tribunales. Ni un adarme de
protesta, de dignidad, de patriotismo. Los tribunales, über alles.
Y lo cierto es que, si cualquier decisión de una corte de justicia
es criticable – aunque otra cosa pretenda el pappanatismo que eleva
a la condición divina cualquier pronunciamiento de un tribunal – en
este caso tanto más. Porque del de Schleswig-Holstein, un simple
land al fin y al cabo, no solo se ha permitido ignorar la petición
de un magistrado del Supremo español, sino que le ha negado la
autoridad para enjuiciar por rebelión al prófugo Puigdemont.
El tribunal alemán solo debía cotejar si el delito que se le imputa
en España existe en la legislación alemana. Algo que no solo parece
fuera de toda duda, sino que en Alemania recibe un castigo penal
mayor que en España.
Pero el tribunal de Schleswig-Holstein no ha hecho eso, sino que ha
entrado en el fondo de la cuestión, valorando si el grado de
violencia empleado en el delito que se le imputa a Puigdemont y por
el que se le reclama, permite calificar de un modo u otro el propio
delito. Es decir, que un juez de un land alemán ha actuado como una
instancia superior del Tribunal Supremo ¡de España!
Mientras, el gobierno de España entonando la salmodia del respeto a
las sentencias judiciales.
Algo que, por cierto, no está haciendo el gobierno alemán con los
tribunales españoles. Este viernes pasado, la ministra alemana de
Justicia, Katarina Barley, no solo ha respaldado la decisión de la
corte de Schleswig-Holstein, sino que ha echado leña al fuego al
añadir que el gobierno español iba a tener muy difícil no ya
justificar la acusación de rebelión, sino incluso la de
malversación. Algo verdaderamente inaudito el que un ministro de un
país de la unión se pronuncie sobre el fondo de la cuestión de una
petición judicial formulada por un país miembro.
Mientras, en España, ni una sola fuerza parlamentaria ha salido a
protestar por tal intromisión. Y el gobierno, por boca de su
ministro de exteriores, Alfonso Dastis, se ha limitado a calificar
de “desafortunadas” las palabras de la ministra alemana mientras, de
espaldas a la realidad, insiste en que todo es “un diálogo entre
jueces”…
¿Por qué?
El modo de actuar del gobierno, en términos generales y más en este
asunto, ha sido desde el principio parapetarse en las resoluciones
judiciales, lo que, creen, les permitirá evitar el pago de un precio
político por las decisiones que toman los tribunales.
Así que el valor fundamental para este gobierno es no tener que
pronunciarse; es decir, no hacer política, y para ello las
resoluciones judiciales son el burladero perfecto, aunque sea a
costa de los españoles que se están batiendo el cobre en Cataluña
por mantener viva a España.
El horizonte del gobierno del Partido Popular es, ante todo, el de
no comprometerse. Su objetivo es el de retornar al periodo anterior
a septiembre de 2017, un tiempo que ya no volverá; se empecina en
actuar como si no hubiera sucedido nada en estos meses o como si lo
sucedido no hubiese modificado el panorama político del modo que lo
ha hecho.
Además, el gobierno de Rajoy ha descansado buena parte de su
confianza en los pregonados apoyos exteriores. Algo que ha utilizado
como arma de propaganda durante bastante tiempo. Sin embargo, en los
últimos meses esos celebrados apoyos europeos han arrojado algunas
sombras, que se han visto corroboradas por la sentencia de
Schleswig-Holstein.
Apoyo exterior
Una de las constantes en toda esta crisis ha sido la insistencia del
gobierno en los apoyos exteriores. Como era previsible, los
gobiernos se han manifestado públicamente en el respeto por el staus
quo y, por lo tanto, eso puede traducirse como un apoyo al Estado
español.
El gobierno de Madrid ha exhibido tal circunstancia durante un
tiempo como un mérito al que se ha hecho acreedor, pero la verdad
dista bastante de esto.
Los independentistas se han movido mucho mejor durante la mayor
parte de esta crisis, aunque en los últimos meses haya habido una
cierta reacción del gobierno. Pero el balance no puede ser positivo.
Pues si bien la postura oficial de casi todas las capitales ha sido
acorde a la cortesía exigible, no han faltado algunas
manifestaciones dudosas.
Algunos estados, incluso comunitarios, no se han recatado en mostrar
sus simpatías por la causa independentista. En este sentido ha
habido manifestaciones públicas de los países bálticos, de Israel,
de Bélgica; los parlamentos danés y suizo han aprobado declaraciones
en las que instan a una “solución democrática y negociada” a la
cuestión catalana, algo que recuerda al lenguaje separatista,
mientras que los parlamentos finés y sueco, condenaron la presunta
violencia policial del 1-O.
En Eslovenia, el presidente del parlamento defendió públicamente que
“los catalanes tienen derecho a la autodeterminación”, mientras que
el ex-presidente Milan Kucan – que goza de un notable prestigio por
ser el primer presidente del gobierno tras la independencia -, ha
condenado el uso que el gobierno español hizo de “la fuerza y las
amenazas de una intervención militar”.
Todo esto sin contar con la labor de la Open Society Foundations de
Soros y otros lobbys dependientes del mismo magnate.
Schengen
Parte de lo sucedido con Puigdemont se debe a la existencia del
llamado espacio Schengen. Es decir, al hecho de que un gran número
de países europeos ha eliminado las fronteras – en sucesivas etapas
– entre ellos. En los últimos años hemos sido testigos de cómo este
hecho ha proporcionado una gran impunidad a delincuentes de
distintos pelajes y terroristas, así como ha impedido una acción
eficaz para controlar los movimientos migratorios.
Aunque durante largos años desde la UE se ha pretendido que el
espacio Schengen en realidad suponía una mejora en la lucha contra
la delincuencia, ha sido Schengen lo que ha permitido a Puigdemont
salir de España sin ser molestado.
Pero Schengen es algo no negociable para la eurocracia, pues está en
el epicentro mismo de la UE. Se le ha dotado de una cierta
flexibilidad, precisamente porque se sabe de la debilidad que aporta
en materia de seguridad a los países miembros de este acuerdo (que
ni son todos los de la UE ni se limita a miembros de la UE).
Con Schengen y careciendo de mecanismos unificadores en materia
penal, el resultado es lo que está sucediendo con el prófugo
Puigdemont. Es decir, existe una enorme facilidad para el
desplazamiento territorial de los delincuentes mientras que estamos
muy lejos de una respuesta de igual agilidad por parte de la
justicia.
Pero tampoco debe perderse de vista la voluntad política, esa que
tantas veces soluciona tantas cosas. Porque hoy al gobierno, por
mucho que se empeñe en lo contrario, le resulta ya imposible evitar
la imagen de la bofetada que se ha propinado a la dignidad de todos
los españoles en su cara. Una bofetada política, de público
desprecio.
El episodio de Puigdemont ha representado el último desengaño de una
población que continúa estupefacta ante lo acaecido en el tribunal
de Schleswig-Holstein, y que barrunta que la debilidad de España ha
jugado un papel crucial en el pronunciamiento judicial teutón.
Y que se siente humillada y ofendida.
El paraíso de los abogados
Amando de Miguel Libertad Digital 9 Abril 2018
Nunca como hoy hemos visto a tantos políticos y altos funcionarios
en la cárcel o por lo menos en el banquillo de los acusados.
Hace 40 años, en los comienzos de la llamada Transición (nunca se
dijo hacia dónde) recogí el diagnóstico de un colega de Derecho
Administrativo sobre el régimen que entonces se inauguraba: "Esto va
a ser el paraíso de los abogados". El hombre lo decía por la maraña
de litigios que se iba a desprender de lo que entonces empezaba a
ser Estado de las Autonomías. Nadie sabía lo que eso iba a ser.
Todavía hoy sigue siendo una incógnita.
El diagnóstico se ha cumplido con creces. La carrera de Derecho
siempre fue una de las salidas más prometedoras para los jóvenes.
Pero en la última generación todavía más. Querellas, recursos,
litigios están a la orden del día en todas las organizaciones,
públicas y privadas, en los sujetos individuales, que ahora son
también clientes, usuarios, consumidores. Las noticias sobre
tribunales de justicia, que antes constituían una sección
especializada de los periódicos, ahora son de apertura en todos los
medios. Los jueces y fiscales, antes figuras oscuras, se han
convertido en celebridades. Las polémicas políticas a menudo se
sustancian en los tribunales o en los despachos jurídicos. Algunos
de los cuales se han convertido en grandes empresas por el volumen
de negocio y la nómina de empleados. El Estado de las Autonomías es
lo de menos. La miríada de relaciones de los contribuyentes con el
Estado se resuelve hoy en el terreno jurídico. Nunca como hoy hemos
visto a tantos políticos y altos funcionarios en la cárcel o por lo
menos en el banquillo de los acusados, que por lo menos ahora cuenta
con respaldo. Muchos más pasan por la categoría de investigados por
la Justicia, algo que empieza a no ser demasiado degradante.
La política se impregna del lenguaje jurídico. Se recuerda el
comentario que ha repetido tantas veces con orgullo Rodolfo Martín
Villa: "Soy el ingeniero que más sabe de Derecho". De ahí su azaroso
destino incombustible. Los jóvenes han aprendido la lección. Si
desean medrar políticamente ya saben cuál es la carrera de éxito:
Derecho y cualquier otra cosa al mismo tiempo. Fue la fórmula que
inventaron los padres de la Compañía en Deusto y que luego se
extendió a todas las escuelas de negocios. Últimamente se añade el
complemento de los másteres. En la mente de todos está estos días la
vergüenza de cierto máster en Derecho Autonómico (si es que existe
tal engendro) de la Universidad Rey Juan Carlos. Nunca habían
llegado tan bajo los catedráticos de universidad.
La gente del común se ha acostumbrado a manejar los terminachos
jurídicos más abstrusos (ahora se dice "sofisticados"). Nunca como
hoy ha sido tan alta la probabilidad de que uno pueda pasar por los
tribunales, sean civiles, laborales, penales o administrativos. El
hecho de la experiencia carcelaria acontece en las mejores familias.
Los gastos en abogados, procuradores, notarios, asesores jurídicos,
etc. son parte fundamental del presupuesto doméstico.
Se me dirá que todo este embrollo de leyes, disposiciones,
directivas, reglamentos, contratos, expedientes, recursos,
alegaciones, etc. representa el triunfo de la seguridad jurídica. No
lo dudo, pero supongo que es también y sobre todo el triunfo de los
abogados, sean del Estado, de las empresas o de los particulares.
De acuerdo, el llamado Estado de Derecho es mejor que lo que
teníamos antes, pero se me reconocerá que todo este balduque (como
antes se decía) nos sale muy caro. Y eso que ahora el Alcubilla o el
BOE se han informatizado. El cliente principal de un abogado suele
ser otro abogado. Se dice que "la Justicia es ciega" para ponderar
su carácter equitativo, pero al final resulta que también se muestra
insaciable.
Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com
Seguridad Nacional.
Vicente A. C. M. PD 9 Abril 2018
CONGRESO DEL PP CON CRISTINA CIFUENTES EN PLAN ESTELAR. PUIGDEMONT
PONTIFICA DESDE BERLIN SIN OPOSICIÓN.
¡Menudo Congreso este del PP! El de la pre-feria de Sevilla. Un
Congreso que pasará a la historia de ese partido como el de las
lealtades inquebrantables y el del culto al líder. Una imagen muy
poco ejemplar en un partido que no realiza ninguna auto crítica y
antepone sus intereses cortoplacistas sobre todo lo demás. Un
Congreso donde solo una voz discrepante con el aborregamiento
general puso una nota de mínima ética al no dar por buena la versión
oficial y plantear dudas razonables sobre lo que ha dominado la
atención durante este fin de semana, el caso “Master” de Cristina
Cifuentes, la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid. Es voz no
podía ser otra que la de quien está llamado a ser el sucesor de este
petrificado Mariano Rajoy. Gallego como él, Presidente de la
Comunidad de Galicia y hombre pragmático y de consenso que nada
entre las dos aguas del nacionalismo gallego emergente y del
constitucionalismo tradicional. Un difícil equilibrio que se
evidencia en un constante descenso de esa cómoda mayoría del PPG
desde la época de Manuel Fraga.
Porque el PP con ese “cierre de filas” en torno a Cifuentes y ese
lema de ¡hay que apoyar a los nuestros”, transmite una imagen de
partido más empeñado en conservar el poder que en resolver los
graves problemas internos que le afectan. Principalmente el de la
corrupción y un liderazgo alejado de su propio electorado, empeñado
en aplicar políticas confiscadoras propias de una socialdemocracia
escorada a la extrema izquierda. Su nula voluntad de mantener
cortafuegos con aquellos implicados en asuntos nada ejemplares por
acción o por omisión, es la responsable de su caída en intención de
voto. Y hace muy mal en fijar su dianas en CIUDADANOS y no en
quienes son su verdaderos oponentes políticos, esa coalición de
izquierdas de PSOE- UNIDOS PODEMOS que no ocultan su ansiedad por
conseguir esa revancha y desplazar a la que llaman coalición de
derechas.
Una situación de descomposición de la derecha tradicional que
fortalece a un liberalismo de izquierda empeñado en camuflarse un
utópico centro moderado heredero de la antigua CDS de Adolfo Suarez.
Y es que lo peor que puede haber es la impostura. Ni la derecha
puede disfrazarse de izquierda socialdemócrata, ni la izquierda, por
muy liberal que sea, puede ocupar ese espacio de la derecha
tradicional. Lo que parce claro es que la izquierda se ha agrupado
en el extremismo radical con un PSOE desnortado e incapaz de dar un
mensaje coherente a su electorado que no comparte esas alianzas.
Porque hay algo mucho más importante que las propias ambiciones de
esos partidos, y es el resurgimiento del sentimiento nacional
español como respuesta a los ataques del independentismo radical en
Cataluña y la falta de contundencia del Ejecutivo y legislativo que
ha dejado todo en manos del poder judicial. A lo que hay que añadir
el ejemplar comportamiento del Rey D. Felipe VI en su determinación
para condenar y rechazar de pleno las intenciones de los golpistas
catalanes.
El PP ha defraudado a millones de españoles por su actitud numantina
de defensa de esas manzanas podridas sin sacarlas del cesto. Un
código ético demasiado laxo que elude adoptar medidas políticas y lo
fía todo a las causas judiciales. Porque la lealtad no puede ser
ciega cuando los hechos parecen ser tozudos y son sólidos indicios
de comportamiento irregular o presuntamente delictivo. La fe no
puede sustituir a la razón. Y es verdad que siempre hay que
anteponer la presunción de inocencia, pero eso hay que
circunscribirlo al proceso judicial, pero no al político. Porque es
mucho más importante mantener los principios y aplicarlos con
determinación y rotundidad, que hacer como si no pasase nada o se
tratase del típico ataque o persecución o conspiraciones de enemigos
o amigos en una cacería “ad hominem”. Una realidad que no exime de
que los hechos existan y otros intenten aprovecharlos para sus
fines.
Este Congreso ha sido todo un desperdicio de la oportunidad de
cambiar el mensaje a los ciudadanos. Se ha evidenciado la imposición
del discurso monolítico de una ejecutiva anquilosada y no dispuesta
a renovarse ni a renovar el partido dejando paso a nuevas
generaciones más pegadas a la realidad política de España y sin el
lastre de la corrupción.
En otro orden de cosas, seguimos con el culebrón de Carles
Puigdemont, el payés errante como le identifica el periodista José
Domínguez, el fugitivo cocomocho, o cualquier otro epíteto que pueda
definir a este cobarde prófugo de la justicia que tanto daño está
haciendo a España. No sin la complicidad de la justicia de terceros
países que, como Bélgica y ahora Alemania, evidencian la nula
efectividad de la política común de la UE, donde algo tan esencial
como la justicia actúa de barrera y favorece la huida y refugio de
delincuentes y golpistas. Porque la supuesta no injerencia en
asuntos judiciales ha sido vulnerada de forma totalmente inaceptable
por la Ministra de Justicia de Alemania al posicionarse gravemente
comentando la decisión judicial de liberar al prófugo y exonerarle
del principal cargo que la euroorden reflejaba, emitiendo un juicio
de valor sobre el fondo del asunto, algo fuera del espíritu de
agilidad y confianza entre sistemas judiciales de países miembros de
la UE que, además, comparten el espacio Schengen de libre
circulación de personas.
Un esperpento más que añadir a la ya larga fuga de cinco meses donde
Carles Puigdemont sigue aprovechándose de los medios de comunicación
y de los apoyos de otras formaciones políticas afines separatistas
en su mayor parte, o simplemente de ideología pretendidamente
progresista como esta socialdemocracia alemana que ahora gobierna en
coalición con el partido demócrata. Ayer el fugitivo dio una nueva
rueda de prensa donde no ahorró acusaciones a España y al Gobierno
pidiendo su injerencia en el poder judicial para imponer la
candidatura del preso golpista Jordi Sánchez a la Presidencia de la
Generalidad. Vuelve a pedir diálogo, tal y como lo entienden los
golpistas, en un trágala y permitir algo inaceptable como es el robo
de la soberanía de cuarenta y tres millones de españoles por solo
dos millones de fanatizados independentistas. Un discurso que no por
repetirlo mil veces deja de ser una gran mentira, una manipulación
grosera por quien demuestra su cobardía eludiendo a la justicia y
dejando que sean otros los que carguen con la prisión.
Solo faltan días para que la justicia, encarnada por el juez del
tribunal Supremo Pablo Llarena, culmine su labor, sea firme su Auto
de procesamiento y se dictaminen las inhabilitaciones a los
procesados para ejercer cualquier cargo público, cuyo plazo se
determinará cuando se emita sentencia en el juicio. Mientras tanto,
hay que hacer lo posible para que no se produzca un fraude de ley.
No se puede permitir que un procesado por delitos tan graves como el
de rebelión, pueda someterse a una investidura como candidato a la
Presidencia del Gobierno de la Generalidad. Los derechos
constitucionales no están intactos como pretenden imponer los
golpistas apoyados en una mera admisión a trámite del organismo de
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza), país que ni siquiera
cumple con los requisitos de extraditar a una de las principales
responsables de l golpe de Estado, Marta Rovira de ERC.
La ONU no puede imponer nada sin haber escuchado a ambas partes y
mucho menos establecer medidas cautelares que bloqueen el normal
desarrollo de la justicia en un asunto que es de Seguridad Nacional.
Ya es vergonzoso el que un tribunal extranjero haya querido dar
lecciones a la justicia de España pronunciándose sobre la
legislación existente y cuestionando la euroorden y los delitos
reflejados en ella. Y no solo eso, sino negando la extradición por
el principal delito que su propia legislación contempla incluso con
mayores condenas penales. Una actitud inadmisible que debe ser
rotundamente protestada ante los organismos de la UE y nate el
propio Gobierno de Alemania.
Creo que aquí, como ya hizo el Reino Unido, se puede apelar al
interés de la Seguridad Nacional, para evitar que los golpistas
puedan salirse con sus pretensiones de mantener vivo el conflicto
con el Estado de Derecho usando argucias legales y los plazos
ineludibles de la justicia. Debemos evitarlo a toda costa.
¡Qué pasen un buen día!
MENTIRAS DE LA MEMORIA HISTÓRICA
El Frente Popular preparó durante tres
meses el asesinato de Calvo Sotelo
Juan E. Pflüger gaceta.es 9 Abril 2018
Queda claro que el acoso de los defensores de la Ley de Memoria
Histórica contra los lugares y las placas en recuerdo de Calvo
Sotelo solamente pretenden esconder y tapar otro de los crímenes de
la izquierda.
La nueva documentación, aportada por el socialista Francisco
Vázquez, desmonta otro de los mitos de la historiografía marxista,
el de que el asesinato del líder conservador José Calvo Sotelo fue
una represalia por el del teniente Castillo, instructor de las
milicias de las Juventudes Socialistas. Saca a la luz un documento
de la instrucción que demuestra que las milicias de los partidos de
izquierda, al mando de los principales dirigentes de las formaciones
políticas, preparaban el asesinato de Calvo Sotelo, José María Gil
Robles y Antonio Goicoechea desde el mismo momento en el que el
Frente Popular llegó al poder.
Tras el asesinato de Calvo Sotelo, en la madrugada del 12 de julio
de 1936, la Justicia republicana abrió un procedimiento para
esclarecer el suceso. Sin embargo, en los primeros días de la Guerra
Civil, el juzgado de primera instancia e instrucción en el que se
investigaban los hechos fue asaltado por un grupo de milicianos que
robó todos los documentos. Solamente se salvaron algunos, que se
encontraban en poder de diversos intervinientes en la investigación.
Uno de estos documentos, que fue puesto a salvo por el magistrado de
instrucción Francisco García Vázquez, es una declaración tomada a
Blas Estebarán Llorente, empleado como conductor de la ambulancia
que trasladó el cuerpo del político asesinado hasta el cementerio de
la Almudena, donde el cuerpo fue abandonado tras ser disparado en la
nuca.
En esa declaración quedan claras varias cuestiones que desmienten la
teoría oficial promovida por los principales historiadores marxistas
que pretendían quitar todo tipo de responsabilidad a los dirigentes
políticos de los partidos que conformaban el Frente Popular.
Según Estebarán Llorente, tres meses antes del asesinato de Calvo
Sotelo, el líder comunista Jesús Hernández, que sería ministro en
los diferentes gobiernos republicanos durante la Guerra Civil,
contactó con él en abril de 1936 para saber si podía contar con sus
servicios para lo que calificó de un importante “servicio con su
camión-furgoneta”.
El plan no era otro que dejar sin líderes a los partidos de la
oposición derechista en el Congreso de los Diputados. La misión
encomendada a Estebarán Llorente era la de recoger los cadáveres de
los tres políticos para trasladarlos al cementerio y que los
servicios funerarios no pudieran identificar a los autores de los
crímenes para no poder fijar su relación con los dirigentes
políticos de la izquierda que gobernaba.
La declaración explica cómo el declarante fue avisado el mediodía
del mismo 12 de julio de 1936 para que se reuniera con Jesús
Hernández y Antonio López. Cuando salió de servicio se reunió en un
restaurante de Moncloa con los dos dirigentes comunistas y, en
compañía del primero de ellos, fue con su ambulancia hasta la plaza
de Manuel Becerra. Una vez allí, Hernández le explicó que su misión
consistía en transportar «el cadáver de Calvo Sotelo, a quien
aquella noche tenían que asesinar» (sic).
La declaración de Estebarán Llorente arroja más luz sobre lo que
ocurrió durante los últimos instantes de vida de Calvo Sotelo.
Desmiente que los disparos contra el político los realizse Luis
Cuenca, el pistolero socialista miembro de La Motorizada, al que
hasta ahora se le culpaba de los hechos. Según el declarante, el
autor material del crimen fue el teniente de los Guardias de Asalto
Máximo Moreno.
La declaración del conductor de la ambulancia es muy minuciosa.
Explica cómo al filo de la una de la madrugada de aquel 13 de julio,
una furgoneta de la Dirección General de Seguridad, a la que se le
habían quitado las placas de matrícula, se detuvo al lado de su
ambulancia y le ordenaron seguirles. Al poco, nada más entrar en la
Carretera del Este, se detuvieron y allí, entre Jesús Hernández y
Antonio López arrastraron el cuerpo de la víctima “tirando de los
pies del cadáver, lo hicieron caer sobre la carretera, causando con
el estribo del coche nuevos destrozos en el cuerpo y abandonándolo
en la cuneta, y regresaron a Madrid”.
Estebarán Llorente era un activo militante del PCE, por lo que
conocía a todos los integrantes de la comitiva que había asesinado a
Calvo Sotelo, y explicó quiénes eran y qué lugar ocupaban: conducía
Baldomero Sanz, a su lado estaba Julio Bueno. Detrás iban Isidoro
Castiñeira, el teniente Moreno y entre ellos la víctima. En el
asiento de detrás estaba Luis Linares.
Nuevamente los documentos que van viendo la luz desmontan la versión
oficial de algunos hechos que han sido manipulados por la
historiografía y los partidos de izquierdas. Esta declaración
demuestra que había un plan del Partido Comunista y de las
Juventudes Socialistas Unificadas para asesinar a los principales
líderes de la oposición. También que no fue una reacción ante la
muerte del Teniente Castillo. Que el asesino no fue, como siempre se
afirmó, Luis Cuenca, que por morir pocos días después fue muy útil
para depurar responsabilidades.
También deja claro que el acoso de los defensores de la Ley de
Memoria Histórica contra los lugares y las placas en recuerdo de
Calvo Sotelo solamente pretenden esconder y tapar otro de los
crímenes de la izquierda.
Unos crímenes que, de aprobarse la nueva Ley de Memoria Histórica
que se debate en el Congreso de los Diputados, convertirá en delito
la publicación de artículos como este y podría costar hasta cuatro
años de condena a quien se atreva a firmarlo. Aunque esté soportado,
como en este caso, por documentación más que fidedigna.
Fundación Francisco Franco responde al
‘adoctrinamiento totalitario’ del PSOE
La Gaceta 9 Abril 2018
La FNFF acusa a los socialistas de “desconocimiento de la
Constitución, ignorancia de la Historia, incluida la suya, y de
tener un deseo de adoctrinamiento en la mentira”.
Con fecha 16/03/2018, a las 09:32, registro de entrada nº 99.594, el
PSOE presentó a la Mesa del Senado una Moción para su debate en la
Comisión Constitucional, en relación a la ilegalización de la
Fundación Nacional Francisco Franco.
La Fundación expone las siguientes observaciones al respecto en un
comunicado que, por su interés, reproducimos íntegramente a
continuación:
“1. El socialismo vuelve a sus orígenes, esos que jalonan su
truculenta historia, hasta el punto de ser uno de los problemas que
ha tenido España para salir del atraso endémico en el siglo XIX y
parte del XX. Ha vuelto a “el partido estará en la legalidad
mientras esta le permita adquirir lo que necesita…”. Pablo Iglesias
dixit. Ahora tenemos que contestar, sin hartazgo, ni hastío, a la
nueva ofensiva, esta vez en el Senado. Consideramos esta iniciativa
impropia de un partido constitucional y que denota tres deficiencias
graves: Una, desconocimiento de la propia Constitución; Dos,
ignorancia inexcusable de la historia, incluida la suya; Tres, un
deseo de adoctrinamiento, en la mentira, a las generaciones futuras.
Ello nos obliga a contestar.
2. La iniciativa socialista supone un desprecio absoluto a los
fundamentos del estado de derecho recogidos en la Constitución, como
ordenamiento jurídico que no sólo rige la comunidad política sino
que la “constituye”, teniendo como objetivos fundamentales “proteger
a todos los españoles en el ejercicio de sus derechos humanos…”
donde la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político
forman parte de su indelegable “corpus jurídico” del Art. 1º y
subsiguientes Arts. 10, 14, 16, 17, 20, 21 y 22, que serían
vulnerados si la iniciativa fuera acogida. El propio Tribunal
Constitucional viene sosteniendo, desde 1981, “La Constitución
incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el
orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento
jurídico”.
3. En la exposición de motivos la iniciativa, con cita de un
profesor de derecho penal sobre las Fundaciones que hacemos nuestra,
hace un uso torticero de los fines de esta fundación sin otro
fundamento que su voluntarismo oprobioso hacia la figura de
Francisco Franco y lo que representó, extremo opinable, pero no
reprobable y menos excluible de los fines de una Fundación para ser
legal. Siguiendo lo establecido en el art. 3 de la Ley 50/2002, de
26 de Diciembre de Fundaciones, al menos consideramos cumplir con la
defensa de los siguientes valores: “perseguimos fines de interés
general, como es el de defender la historia como ocurrió y no como
relato inventado; defensa de los derechos humanos desde antes de su
constitución, como acreditó Franco en la defensa de los judíos y
reconoció la ONU; defensa de los derechos cívicos, educativos,
culturales, laborales, de fortalecimiento institucional, de
cooperación para el desarrollo del voluntariado en defensa de la
historia; de fomento de la economía social cuyo icono fue la era de
Francisco Franco; promoción de los valores constitucionales y de los
principios democráticos y el fomento de la tolerancia, como venimos
acreditando desde hace 35 años en que sufrimos todos los ataques del
odio y manipulación imaginables”. Esto no forma parte de lo
opinable, está en nuestros fines constitutivos y en los hechos que
se corresponden y tendría que ser el sistema judicial, no el
político, el que pudiera analizar los hechos que nuestras conductas
comporten, bajo el amparo constitucional que a todos nos afecta.
4. El ser contrarios a la vigente Ley 52/2007, mal llamada de
“Memoria Histórica”, forma parte de la disparidad de criterios que
todo estado de derecho defiende y cuya interpretación sólo a los
tribunales corresponde dilucidar. Podemos sostener que es una Ley de
“ingeniería social”, de claro contenido partidista, excluyente,
arbitraria y contraria al interés general; de dudosa
constitucionalidad y creada para deslegitimar a todas las
instituciones existentes y llevarnos a la idílica e inventada, como
democrática, II Republica. Y tenemos la obligación moral y legal de
defender, ante la justicia ordinaria, a quienes están legitimados
para ello, faltaría más. Y establecido esto claramente no está de
más resaltar que las actuaciones procesales en las que está presente
la Fundación son sustanciadas precisamente, y sólo, en base a la
propia Ley de Memoria Histórica. No somos nosotros los que
organizamos actos de evidente exaltación de la guerra civil como es
el caso presente de la exposición habida en Madrid “No pasarán”, que
supone una evidente exaltación de la misma vetada por el artículo 15
de la propia LMH.
5. Como quiera que en la Moción, instan a través de la Comisión
Constitucional del Senado, al Gobierno a nuestra ilegalización a
través de una serie de pretextos inventados o sin fundamento alguno;
esta Fundación Nacional Francisco Franco insta al Partido Socialista
y quienes le secunden a que acudan a los tribunales, únicos con
capacidad interpretativa de las normas jurídicas a que evalúen y
juzguen todos y cada uno de los cinco puntos en que basan su
pretensión de ilegalizarnos. Con un sólo ruego, el de que no
comparen al franquismo con el fascismo o el nazismo, menos
asimilable, en la historia y la realidad, que el comunismo
estalinista en relación al Partido Socialista Obrero Español de
Largo Caballero, Prieto o Negrin.
6. Entendemos que en su proceso pre-revolucionario es necesario que
el futuro vuelva a estar en el pasado escrito, que la verdad tenga
que ser proscrita y condenada y la mentira enseñada, propagada e
impuesta como la única verdad posible y admitida. Pero sepan que la
verdad no depende del número de los que la defienden, sino de la
importancia y necesidad de su defensa como presupuesto básico de la
moral individual o colectiva. Fuera quedará, excluido como bárbaro,
el que combata el adoctrinamiento totalitario/buenista; dentro, el
que promueva e imponga el uniformismo corruptor, degradante y
falsario. Pero mucho importa que en la vida larga o corta que
llevamos, libres o siervos seamos.
7. Para ello sólo falta que la sociedad se acostumbre a un “modo
correcto” de sentir, pensar o comportarse de equivalencia a la
granja orweliana, donde todos respeten únicamente la jerarquía
animalizante impuesta mediante la coacción o el chantaje. No
importará la razón, sino la fuerza; el derecho natural, sino la
costumbre impostada; la verdad empírica o intelectiva, sino la
conveniencia política; la justicia orientadora del bien común, sino
la arbitrariedad del mando; el derecho que organiza la convivencia
en el deber, sino el voluntarismo numérico de lo útil; la
legitimidad de la historia, sino la legalidad de un relato
falsificado. Así, hacia la nada sartriana, hacia la destrucción de
una civilización milenaria que procuró el mayor progreso cultural y
material conocido y soportó los más letales ataques a sus postulados
filosófico tomistas en su humanismo perenne.
8. Lucharemos y defenderemos la verdad, nuestra verdad, no les quepa
duda, porque consideramos que Franco fue la solución a todos los
problemas que aquejaron a España; porque el agua que hoy bebemos a
él se lo debemos; porque las cuatro millones y medio de viviendas
sociales que hoy habitan mucha gente él las mandó construir, porque
la Seguridad Social que hoy sostiene tanta ancianidad él la creó;
porque en la Sanidad Publica las placas ya no dicen quién fue su
creador o cuándo se inauguraron, pero no podrán borrar que fue
pública, ejemplar, gratuita en beneficio del pueblo y obra
predilecta del régimen. Porque todo el tejido industrial creado era
de todos los españoles, aunque hoy no sepamos ni de quién es, cómo
se ha privatizado o los beneficios que han generado y para quién. En
fin, como todavía no sabemos dónde habita esa Arcadia feliz,
señalada por Popper, como “sociedad abierta”, debemos seguir
soportando el hobbesiano del “bellum ómnium contra omnes””.
EN EL CEMENTERIO CIVIL DE MADRID
La izquierda homenajea a Largo Caballero,
el ‘Lenin español’
Juan E. Pflüger gaceta.es 9 Abril 2018
Largo Caballero fue uno de los más activos organizadores del golpe
de Estado camuflado como huelga revolucionaria en octubre de 1934.
UGT y la Fundación Largo Caballero organizan un acto conmemorativo
del traslado, el 8 de abril de 1978, de los restos de Francisco
Largo Caballero de Madrid a París, que se celebrará en el Cementerio
Civil de la ciudad
Junto a los Nuevos Ministerios de Madrid se encuentran dos estatuas
de dos dirigentes históricos del socialismo español a los que la
izquierda en general, desde la más extrema a la socialdemocracia
–esa que reivindica Podemos-, rinde una admiración desmedida. Estas
dos moles de bronce están dedicada a Largo Caballero e Indalecio
Prieto. Hoy vamos a hacer un repaso del primero de ello, apodado el
“Lenin español” por la deriva revolucionaria en la que fue entrando
a medida que iba acercándose al poder.
Su vida estuvo ligada a la política desde muy joven y ya desde 1918
ocupaba un puesto en el Congreso de los Diputados en representación
del PSOE, por entonces un partido que se definía como
marxista-leninista y que fue uno de los más activos organizadores
del golpe de Estado camuflado como huelga revolucionaria en octubre
de 1934.pese a su defensa de la socialdemocracia tenía más de
socialismo revolucionario que de defensor de la democracia.
Durante el Gobierno del general Primo de Rivera formó parte del
Consejo de Estado entre 1924 y 1929 y llegó a estar durante unos
meses de 1927 en la Asamblea Nacional Consultiva, pero su verdadero
ascenso dentro del PSOE y en la política nacional se produjo una vez
proclamada la segunda República. Aprovechando su cargo de secretario
general de UGT, cargo que ocupó entre 1918 y 1938, medró dentro del
partido siendo nombrado presidente en 1932 en sustitución del
moderado Julián Besteiro.
Durante la Segunda República fue diputado desde 1931 hasta el final
de la Guerra Civil en 1939, ministro de Guerra, ministro de Trabajo
y, finalmente, entre 1936 y 1937, presidente del Gobierno.
Entre tanto, fue uno de los más activos organizadores del golpe de
Estado camuflado como huelga revolucionaria en octubre de 1934. Se
le acusó, y permaneció detenido, de un delito de rebelión en grado
de dirigente máximo. Pero nadie podía llamarse a engaño, lo llevaba
anunciando desde un año antes durante la campaña electoral: “En las
elecciones de abril (1931), los socialistas renunciaron a vengarse
de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas; que no esperen esa
generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma
buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan,
pero que luego justifica la Historia”. “Vamos a la Revolución
social. ¿Como? (una voz del público: como en Rusia) No nos asusta
eso…Habrá que expropiar a la burguesía por la violencia”. “Tenemos
que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral,
y ese período es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos.
Había que preparar la ofensiva socialista”.
Ya antes, en ese 1931 al que se refería en la anterior cita, ante
una posible disolución de las cortes que perjudicaba a los intereses
del PSOE, el diario de sesiones del Congreso de los Diputados recoge
unas inquietantes palabras suyas: “No puedo aceptar la posibilidad,
que sería un reto al partido, y que nos obligaría a ir a una guerra
civil”.
Sus declaraciones tanto en actos políticos, como publicadas en
diversos medios no dejan lugar a la duda de su desprecio por la
democracia, una circunstancia que la izquierda de hoy, a la que se
le llena la boca de esa palabra, no tienen en cuenta a la hora de
rendirle tributo. “Quiero decirles a las derechas que si triunfamos
colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas
nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados
dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil
declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas,
que nosotros lo realizamos”, afirmaba en enero de 1936 en un mitin
en Alicante.
Para quienes lo presentan como un defensor de la democracia y
quienes pretenden vincular este sistema político con la izquierda,
habría que recordar sus palabras en un acto del partido en Linares
dos días después: “La clase obrera debe adueñarse del poder
político, convencida de que la democracia es incompatible con el
socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo
voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución”.
Y pocos meses antes del alzamiento del 18 de julio se dedicaba a
asegurar que la guerra civil era inevitable, así, el 24 de mayo el
periódico El Socialista recogía unas declaraciones suyas: “Cuando el
Frente Popular se derrumbe -anunció-, como se derrumbará sin duda,
el triunfo del proletariado será indiscutible. Entonces
estableceremos la dictadura del proletariado, lo que… quiere decir
la represión de las clases capitalistas y burguesas”. Ya no hablaba
de llegar al poder por medio de la guerra, estaba avisando de los
cientos de miles de asesinatos que se cometieron en la zona
republicana durante la Guerra Civil.
Y dos citas más, una para aquellos que defienden que la Guerra Civil
fue un choque entre militares autoritarios y demócratas
representados por el Frente Popular al que pertenecía el PSOE: “No
creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la
libertad”, palabras pronunciadas durante una conferencia de Largo
Caballero en Ginebra durante el verano de 1934.
La segunda una amenaza a sus rivales políticos, a quienes les avisa
de que no respetarán el resultado de las urnas tras las elecciones
si estas no les dan la victoria: “El jefe de Acción Popular decía en
un discurso a los católicos que los socialistas admitimos la
democracia cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene tomamos
por el camino más corto. Pues bien, yo tengo que decir con franqueza
que es verdad. Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro
avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la
conquista del Poder”, en este caso lo decía durante el mitin
electoral que dio en el cine Europa en enero de 1933.
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a sospechosos
******************* Sección "bilingüe"
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¿Alemania ampara el separatismo?
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 9 Abril 2018
Alexis de Tocqueville, en su genial obra La democracia en América,
mantiene que "no hay casi ninguna cuestión política en los Estados
Unidos que no derive, más pronto o más tarde, en una cuestión
judicial". Semejante axioma es también válido en la actualidad en
cualquier Estado moderno, aunque con la diferencia de que en unos
países únicamente se recurre a las soluciones judiciales cuando se
han agotado las políticas. Por el contrario, en otros países,
cualquier problema que debería resolverse mediante soluciones
políticas se acaba judicializando para que lo resuelvan los jueces,
sin que los políticos se estrujen las meninges ni tengan que
arrostrar riesgos o esfuerzos.
Justamente esto es lo que ha ocurrido en los últimos años en España,
especialmente en lo que se refiere al problema catalán, pues una
cuestión como ésta, que es eminentemente política, no se ha querido
resolver mediante el diálogo, la negociación o el pacto, cuando se
podía haber hecho. En otras palabras, se ha preferido que sea el
juez quien lo resuelva sin que los políticos se manchen las manos,
ni produzcan una sola gota de sudor. Pero como se está demostrando
en la actualidad, se recurre con frecuencia a los jueces en el
momento en que la mantequilla se ha fundido ya y no hay nada que
hacer, salvo que se provoque un terremoto.
Dicho esto, vayamos al grano de la actualidad, el golpe de Estado
encabezado por Puigdemont. Tras la aplicación forzada del artículo
155 por el Gobierno de Rajoy, tarde y mal, el poder judicial ha
tenido que entrar en juego para decretar la prisión provisional de
algunos de los golpistas y para solicitar mediante una euroorden la
entrega de Puigdemont y de varios de sus ex consejeros. Como es
sabido, tras unos meses de estancia turística en Bélgica, el ex
president fue apresado cuando atravesaba el territorio alemán,
siendo internado durante unos días en la cárcel de Neumünster en el
Estado de Schleswig- Holstein. Hace pocos días el Tribunal Superior
de este Land, integrado por tres jueces, ha decretado que no puede
atribuir al político catalán el delito de rebelión, dejando en
barbecho el delito de malversación por el que también se le acusa,
según un auto impecable del juez Llarena, que, evidentemente, los
magistrados tudescos no lo han leído o no lo han comprendido.
Para ello era necesario que hubiesen utilizado la óptica del
contexto en el que se produjeron los hechos, aunque podían haber
consultado a sus connacionales residentes en Barcelona, pues
concretamente uno de ellos, Karl Jacobi, le espetó al presidente del
Parlament que los soberanistas catalanes que han promovido el golpe
de Estado deberían ir a la cárcel por el mal que están haciendo a
Cataluña.
Pero incluso, aunque no quieran consultarlos, los jueces del
Tribunal Superior del Estado citado, deberían saber algunas cosas
elementales para todo jurista. Primero, que se desprende de la Carta
de las Naciones Unidas, cuyo fin es mantener la paz y la seguridad
en el mundo, que para conseguirlo es necesario el respeto a la
integridad territorial o independencia política de cualquier Estado,
una vez que la libre autodeterminación de los pueblos ya caducó
después del fin de la descolonización. Segundo, que formando parte
tanto Alemania como España de la UE, deberían saber que el Tratado
de Maastricht, en su artículo 31, les señala que se debe facilitar
la extradición entre los Estados miembros y que conviene evitar los
conflictos de jurisdicción entre los mismos. Y, tercero, que uno de
los pilares de la UE, en lo que se refiere a la colaboración
judicial entre los Estados, consiste en la denominada euroorden,
creada el 1 de julio de 2004 a través de la Orden Europea de
Detención y Entrega de delincuentes, lo que significa que para que
sea realmente efectiva debe descansar en la confianza y el respeto
de los diversos jueces nacionales para ir fomentando su
colaboración, incluso en los casos en que se supere la lista de 32
delitos específicos en los que la extradición es prácticamente
automática.
Pero centrándonos ahora en el contenido de lo que han examinado los
magistrados alemanes, es sorprendente que excluyan el delito de
rebelión que señala Llarena porque, aun reconociendo que es cierto
que hubo violencia ( no solo el 1 de octubre, sino también antes y
después), afirman que no es suficiente para calificar esos actos
como rebelión. Es decir, según ellos, es necesario que superen un
determinado número de kilos de violencia, como si se pudieran pesar
esos actos. Pero se equivocan -o quieren equivocarse-, porque hubo
ciertamente violencia física, según ha relatado de forma minuciosa
la Guardia Civil, pero también desde hace años hay una fuerte
violencia moral y verbal en Cataluña, donde los no independentistas
no se atreven a exponer sus ideas y si lo hacen están expuestos a
todo tipo de amenazas y coacciones.
Pongo un ejemplo personal. Como constitucionalista y analista
político democrático, llevo muchos años criticando a los gobiernos
de turno; y, aunque a algunos lectores no les guste lo que opino,
jamás me han insultado de forma agresiva y preocupante. Sin embargo,
en julio, ante el anuncio del referéndum ilegal, recomendé al
Gobierno que se tomase alguna de las medidas constitucionales
posibles para impedirlo y evitar así todo lo que se nos vino encima
después. Pues bien, en un diario digital catalán se incluyeron más
de 20 páginas de comentarios de lectores poniéndome a caldo e
incluso calumniándome o injuriándome. Esto es violencia verbal y
puede ser tan grave como la física, porque lo que se busca en ambos
casos es amedrentar a los que no piensan como ellos.
Pero siguiendo con la resolución de los jueces alemanes, es obvio
que ignoran que en Cataluña se reconoce algo que en Alemania no se
tolera. Según el artículo 9.2 de la Ley Fundamental de Bonn, "quedan
prohibidas las asociaciones cuyos fines o cuya actividad sean
contrarios a las leyes penales o que vayan dirigidas contra el orden
constitucional o contra los ideales de entendimiento entre los
pueblos". Pues bien, los jueces germánicos deben saber que en
Cataluña hay dos asociaciones de este tipo: la Asamblea Nacional
Catalana y Òmnium Cultural, cuyas actividades en favor de la
República catalana no están exentas de violencia, como lo demuestra
el hecho de que sus dirigentes estuvieron al frente de los actos
violentos que culminaron en el destrozo de varios coches de la
Guardia Civil y en impedir la salida de un edificio público de
varios funcionarios. Aquí ya no se trata de violencia verbal o
moral, sino estrictamente física.
Claro que los magistrados alemanes no sólo son juristas, sino
también filósofos, pues señalan que realmente no hubo rebelión
porque la violencia no pasó de ser una amenaza mínima para el orden
constitucional español. Evidente, pues si hubiese supuesto una gran
amenaza habrían ganado y entonces a nadie se le ocurriría penalizar
un golpe de Estado triunfante, porque los delincuentes se habrían
apoderado del poder. Es más: para evitar esto deben recordar lo que
señala precisamente el artículo 20.4 de su propia Constitución:
"Contra cualquiera que intente derribar el orden constitucional
todos los alemanes tienen el derecho a la resistencia cuando no
fuera posible otro recurso". Es decir, cualquier violencia es legal
para defender la democracia, pero, según sus señorías, para
derribarla se requiere pasar por el fielato para pesarla y comprobar
que es ilegal. Incluso más: el artículo 21.2, a diferencia de
España, indica que los partidos que tiendan a destruir el régimen
constitucional, serán declarados ilegales por el Tribunal
Constitucional, es decir, en Alemania Puigdemont y sus mariachis
estarían fuera de la ley.
Por consiguiente, señorías, ustedes no han comprendido, incluso con
el apoyo de la novata e irresponsable ministra de Justicia de
Alemania, el mal que han hecho a un socio europeo como es España,
sino que, además, si no dan marcha atrás, pueden provocar un caos
jurídico y el descrédito del Derecho en España, a causa de que por
su culpa no se puede imputar el delito de rebelión al jefe del golpe
de Estado, pero sí a los que estaban bajo su mando, hoy en prisión
provisional.
Según uno de los escasos teóricos que se han ocupado de estudiar los
golpes de Estado, Edward Luttwak, la descolonización triplicó, desde
el año 1945, el número de países en el mundo y, en consecuencia, se
han multiplicado los golpes de Estado. Pero "debemos considerar
-según él- que no todos los Estados constituyen buenos objetivos
para analizar ese tema. Por ejemplo, no existe ninguna razón para
pensar que se pueda dar una asonada en Inglaterra, aunque fuese por
breve tiempo". Es decir, los golpes se dan en países que no disponen
de una estabilidad tradicional con fuertes estructuras
institucionales o que atraviesan una fase de crisis y debilidad
política de su Gobierno. Este es el caso de España, porque si aquí
se ha podido dar es porque durante 30 años no se ha hecho nada
sustantivo para detener a los separatistas. Esa cuestión habrá que
analizarla otro día. Hoy basta con afirmar, como dice José García
Domínguez, que si siguen actuando así los jueces alemanes, "la
democracia que peligra es la suya, no la nuestra". Hagamos, pues,
como los japoneses que siempre miran al futuro, es decir, a los
cerezos en flor.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y
presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
Europa, por encima de Puigdemont
larazon 9 Abril 2018
La Prensa alemana, prácticamente en bloque, reducía ayer la
peripecia del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles
Puigdemont, a sus justos términos, muy alejados, por supuesto, de la
propaganda nacionalista al uso. Así, el «Frankfurter Allgemeine
Sonntangszeitung» recordaba a sus lectores que fue Puigdemont quien
«violó la ley» y que, frente a los «mantras» separatistas, en España
«no gobiernan los sucesores de Franco, sino representantes del
pueblo libremente elegidos», y que los policías españoles «no son
esbirros de ningún dictador, sino que tratan de mantener el derecho
y el orden».
En el mismo sentido, «Der Spiegel» afeaba al dirigente separatista
que no hubiera explicado en su comparecencia ante la Prensa
berlinesa «que el referéndum era ilegal, que su gobierno
secesionista rompió en serie las leyes y que cientos de miles de
ciudadanos que quieren seguir en España se sintieron oprimidos y
privados de sus derechos el pasado otoño».
Finalmente, «Die Zeit», tras definir a Puigdemont como «un
populista», se inquietaba por lo que el nacionalismo catalán supone
«de riesgo para toda Europa».
Si hemos reseñado por extenso algunos comentarios de los principales
periódicos germanos sobre la crisis en Cataluña y la situación del
político fugado, es para que la opinión pública española, alarmada
y, ciertamente, desalentada por la decisión de un tribunal regional
alemán, advierta de que nada fundamental ha cambiado en la
percepción foránea del intento golpista en Cataluña, mucho menos en
lo que respecta al apoyo de nuestros principales socios europeos a
las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Sin duda, las terminales del separatismo catalán siempre encuentran
eco en los movimientos extremistas, tanto de izquierdas como de la
ultraderecha xenófoba, que pretenden impedir la consolidación del
gran proyecto de la unidad europea y que, como en el caso de
Alemania, han crecido electoralmente a caballo de la crisis
económica y del rechazo a la política migratoria.
De vez en cuando, surgen, parlamentarios de minorías ruidosas y
sectarias o, también, dirigentes de la vieja izquierda socialista
europea en declive, que prestan su apoyo simbólico al separatismo
catalán y que éste magnifica a través de sus redes de propaganda.
Tal vez, se podría reprochar al Ejecutivo español, pero no solo, que
no haya llevado a cabo una campaña didáctica más eficaz que las
parvas declaraciones de nuestro ministro de Asuntos Exteriores,
Alfonso Dastis, o del voluntarismo de algunos eurodiputados. Pero,
en definitiva, ni la posición internacional de España se ha
desmoronado ni las autoridades alemanas han cambiado un ápice su
postura.
El eje Berlín-Madrid funciona con la misma sintonía de siempre y el
final de la escapada de Puigdemont está escrito, por más vericuetos
de leguleyo que recorra. Los próximos días 17 y 18 de mayo, con
motivo de la cumbre sobre Kosovo, la canciller alemana, Angela
Merkel, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrán la
oportunidad de reafirmar la estrecha colaboración entre los dos
países, precisamente, cuando el proceso de extradición de Carles
Puigdemont se encuentre, previsiblemente, en la recta final. Por
supuesto, no queremos minusvalorar la confusión que pueden crear los
nacionalismo xenófobos europeos con la crisis separatista catalana,
pero sí advertir de que esas minorías ruidosas a las que nos hemos
referido no representan la posición de los países de la UE,
abrumadoramente en favor de la democracia española y su estado de
Derecho.
¿Violencia en alemán?
FERRAN CABALLERO El Mundo 9 Abril 2018
Será alemán, pero ni parece sordo ni parece tonto. Así que si no
considera el delito de alta traición no será porque no oiga el
clamor popular ni porque la violencia independentista no haya
logrado sus objetivos, sino porque ni podía lograrlos ni lo
pretendía. Y no hay en esta constatación ningún desprecio a España
sino un aprecio muy superior al de muchos de sus ciudadanos,
periodistas y dirigentes por la fortaleza del Estado.
Aun siendo alemán, también el juez puede entender que se necesita
mucho más que lo habido para romper un país. Que a España no se la
derrota tirando de una urna ni destrozando un par de coches de la
policía ni subiéndose a ellos (por mucho que insistan ciudadanos y
populares catalanes en un repetido ejercicio de banalización, ya no
de la violencia, sino del desafío independentista). Que se necesita
mucho más que eso para violar la voluntad de cualquier órgano
constitucional y que se necesita mucho más que esa presunta
Proclamación "simbólica" de Independencia para poner en peligro la
integridad de un Estado europeo.
Eso ya lo sabían Puigdemont y el resto de dirigentes
independentistas mucho antes de que nos lo recordase el juez alemán.
Lo sabían al menos desde que llegó el momento de llamar a la defensa
de la República, a la ocupación de puertos y aeropuertos, al corte
de carreteras, al cierre de fronteras y a tomar los edificios
oficiales de la potencia ocupante... desde que tocaba gritar ¡aux
armes citoyens!, gritar ¡a la rebelión!, y el president llamó a...
"desescalar". Una triste manera de pedir clemencia y una triste
manera de reconocer la preponderancia de un Estado al que sólo se
podría vencer con el alzamiento popular que no se quería provocar.
Hasta aquí el pecado de frivolidad independentista, de ese sí pero
no que ni los suyos ni los otros tienen ganas de reconocer como
prudencia. De ese farol que ya sólo se toman en serio sean sus
adversarios. Y de aquí las acusaciones de rebelión y la prisión
preventiva, convertidas en la última excusa para no dar
explicaciones sobre por qué hasta aquí o por qué no más allá; por
qué sólo justo y hasta el peor de los puntos; donde se aseguraban la
derrota y el castigo mientras hacían imposible la victoria. Pero las
explicaciones son obvias. Porque el farol era evidente a años vista
y porque nadie estaba dispuesto a pagar el precio de la rebelión;
que era la cárcel porque era la violencia.
Puigdemont, sí malversó
EDITORIAL El Mundo 9 Abril 2018
Frente a la posverdad difundida con éxito por el nacionalismo, los
hechos investigados sobre cómo la Generalitat, con Puigdemont al
frente, malversó fondos públicos para preparar su golpe son tozudos.
Ayer publicábamos cómo los ex consejeros Jordi Turull y Oriol
Junqueras habilitaron 3,43 millones del FLA para promover su
referéndum ilegal y llegaron a desviar al menos 1,6 millones para
sus campañas, según la Guardia Civil. Y hoy desvelamos cómo la
Generalitat dispuso 51 millones de euros para apuntalar una Hacienda
catalana, dentro de un ambicioso plan que incluía la creación de un
Banco Central Catalán para desconectar de España.
Sólo alguien con un profundo desconocimiento de lo ocurrido en
Cataluña desde 2014 y de la minuciosa instrucción del juez Llarena,
como parece ser el caso de la ministra de Justicia alemana, Katarina
Barley, puede poner en duda la solvencia de la acusación de que
Puigdemont cometió un delito de malversación agravada. Resulta
sorprendente cómo el independentismo ha logrado expandir su
propaganda ante la impasibilidad del Gobierno. Como también lo es el
hecho de que mientras la Generalitat utilizaba el FLA para financiar
actividades ilegales, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se
atreviera a repetir que el Govern no había destinado ni un solo euro
de los españoles al procés. Afirmación que hizo suya el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy.
El independentismo preparó su rebelión a sus anchas por la
incapacidad del Ejecutivo de frenar su desafío. Son los tribunales
españoles quienes deben juzgar los delitos, mientras las urnas
juzgarán el papel de los políticos.
La nave de los locos
Miquel Giménez. vozpopuli 9 Abril 2018
Se suele decir que los partidarios del separatismo están locos. Si
consideramos locura creer que estando todo un día procesionando
alrededor de la vieja cárcel Modelo de Barcelona pueden conseguir la
libertad de sus líderes encarcelados, lo están. Aunque todo sea
mucho más complejo.
Elogiando su propia locura
Como muchas personas saben, Erasmo de Rotterdam ya dijo en su
conocida obra Elogio de la locura que reírse de todo es propio de
tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. Esa locura
ponderada por el pensador poco tiene que ver con la que comúnmente
se les achaca a los partidarios de la independencia, los obsesos del
amarillo, los de los lacitos, las velitas, las manifestaciones
cuajadas de lágrima fácil y globos, banderas, o cualquier otra
puerilidad. No son partidarios de los CDR –uy no, somos pacíficos,
eso es cosa de españoles, me decía el otro día una señora entrada en
años y carnes-, pero se alegran malignamente cuando alguien llama
puta a Inés Arrimadas o le hacen un escrache a la sede del PP. Viven
en la paradoja de querer ser modelo de virtudes, siendo
recipiendarios de vicios.
Les sucede lo mismo que a los asesinos a los que en su fortaleza de
Alamut el Viejo de la Montaña mantenía adormecidos por el hashish,
de ahí el origen de su nombre; cuando el anciano les privaba de
aquella sustancia que les hacía creerse en un paraíso repleto de
leche, miel y bellas huríes, los enviaba a cometer un crimen
espantoso, asegurándoles que, caso de que muriesen, irían directos a
ese mismo paraíso que Alá tenía reservado solamente para sus más
fieles devotos. Los separatistas han estado cuarenta años instalados
en la artificialidad de dos realidades, una catalana y la otra
española, y ahora que están enfrentándose con la realidad harán caso
de cualquier estupidez con tal de regresar a esa Cataluña pujolista
en la que pertenecer a Convergencia sobraba y bastaba para tener
éxito, ser reconocido, para triunfar inclusive en aquel Madrid
político de los cambalaches y las componendas por debajo de los
manteles.
Solo hay que ver los repetidos intentos por forzar una negociación
con el gobierno nacional, tanto por parte de Puigdemont como por
Esquerra. Seguir viviendo del acuerdo que discrimina a otras
regiones, seguir contando con la impunidad para hacer en Cataluña lo
que les dé la gana, para seguir con su corrupción y sus mangoneos.
No hay otro deseo por su parte más que este, y quieren que sea el
propio estado quien lo sancione. A sus partidarios les venden el
humo tóxico necesario para presionar en esa dirección y estos, que
son una curiosa mezcla de pueril masa cobarde, pero cruel, y de
gente de orden y de libro de caja, se lo traga.
De ahí que no encuentren ridículo turnarse durante veinticuatro
horas para dar vueltas a la vieja cárcel Modelo, de tristísimo
recuerdo para cualquier demócrata, salmodiando letanías en favor de
los presos “políticos”, llevando narices de payasos y creyendo,
además, que todo esto tiene una utilidad tremenda para el logro de
sus propósitos. Refractarios a cualquier argumento lógico, si
alguien desconocedor de lo que se vive en Cataluña los viese
pensaría que contempla a los miembros de alguna secta: Exacto,
porque ese es el problema que aún no se ha comprendido en Madrid. El
nacionalismo burgués del tres por ciento se ha convertido en una
religión que, como tal, tiene sus dogmas, sus santos, sus mártires y
sus dogmas. No es locura, es fe.
Aprenda de Erasmo y su idea del aprendizaje, señor Rajoy
El sabio holandés escribió, aparte del ya citado Elogio, infinidad
de tratados a cuál más acertado y crítico con su época. Entre ellos
no es de menor importancia el De pueris statim ac liberaliter
instituendis, Sobre la enseñanza firme, pero amable, de los niños.
En él, se habla de las ventajas que tiene saber instruir a los niños
de manera firme, pero cariñosa, didáctica, empática. Erasmo, por
elipsis, se refería a la educación del pueblo, claro. Dos de sus
frases son particularmente dignas de ser meditadas por los
gobernantes: “El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay
que olvidar” y “Los zorros usan muchos trucos, los erizos solo uno,
pero es mucho mejor que el de los zorros”.
Los constitucionalistas, creyendo que todo se soluciona con el
Aranzadi, han menospreciado a conceptos políticamente modernos como
son los medios de comunicación o la propaganda. Peor aún, cuando
usan alguno de estos dos instrumentos se limitan a hablar de
kilómetros de carreteras construidas, de asfaltado, de ladrillos, de
cosas sólidas y tangibles, pero absolutamente ajenas al pensamiento
religioso, mágico, del separatismo. No será así como se les vencerá,
no lo duden.
Que se cumpla la ley ya sería un buen principio, pero ni siquiera
esa cosa sucede en Cataluña. Ya ni quiero hablarles de elaborar un
argumentario que pudiera servir para desconectar de la irrealidad en
la que viven los seguidores de la religión amarilla. Son cuarenta
años de cuidadosa construcción de todo ese imaginario religioso al
que les hacía referencia y a esa monolítica fe solamente puede
dársele batalla desde una Reforma como la de Lutero, si se me
permite el símil.
El primer paso para que un enfermo mental sea consciente de que
puede curarse es la aceptación de su dolencia. Y en Cataluña tenemos
a dos millones de personas afectadas por el Síndrome de Munchausen.
Esa patología se caracteriza por inventarse o fingir enfermedades,
incluso provocárselas, para llamar la atención. Es un trastorno
totalmente ficticio, aunque quizás en el caso de los separatistas
sea más exacto definirlos como pacientes de ese síndrome, pero en
una fase más avanzada, la denominada “por poderes”, mucho más
perversa, que hace al afectado proyectar sus imaginarias dolencias
sobre un niño o alguien bajo su tutela. Justo lo que hacen
Puigdemont y los suyos. Proyectan sobre el cuerpo social que les
sigue sus propias mentiras, sus males imaginarios, sus delirios. Si
estos los aceptan como dogmas inapelables por ese sentimiento
religioso que experimentan hacia ellos, creyéndolos mucho más que
políticos, que seres normales, que semejantes suyos. La idealización
que se hace de estos dirigentes es sumamente peligrosa, y ya les he
hablado en no pocas ocasiones de a dónde conduce la idolatría hacia
el líder.
Que los locos son los cabecillas es indiscutible, que sus seguidores
están afectados por su locura, también. Es un terreno que se escapa
de la política entendida tradicionalmente, del concepto hegeliano de
la tesis, antítesis y síntesis. Por eso argumentos como que, desde
la aplicación timorata del 155, se paga regularmente a proveedores
de la Generalitat sea del todo inútil. Nada lógico podrá cuartear la
fe en lo amarillo, porque todos los que se criaron con las Diadas,
Pujol y Ferrusola, el Club Súper Tres, Mikimoto, los informativos
convergentes, el Barça de Gaspar o Laporta y las bufonadas de La
Lloll, Toni Albá y demás podrá jamás aceptar que ese paraíso
imaginario no era cierto, que jamás tendrán su edén particular, que
todo era pura mentira, porque los que los han llevado hasta aquí
mentían en provecho de sus propios bolsillos.
No están ni locos ni son desquiciados. Son creyentes, son adictos a
una droga, son una mera pantalla en la que proyectan sus egoístas
ansias los que siempre han mandado y desean seguir haciéndolo.
Insisto, no se trata tan solo de usar la ley, urge crear un
departamento de salud social que se ocupe en desintoxicar a esos
millones de personas que confunden a Rajoy con España, al PP con la
política, a Puigdemont con un héroe y a la independencia como la
panacea a sus problemas. Será difícil, pero tarde o temprano habrá
que hacerlo, si no se quiere que acabemos a tiros por las calles.
Educar siempre es la mejor manera de prever la desgracia y aquí,
empezando por los propios colegios, nos hace falta esa educación en
lo real más que el pan que comemos.
Abandonemos la nave de los locos separatista, una nave que, además,
cuando se hunda nos puede arrastrar a todos a las profundidades.
Cataluña da consignas a sus maestros para
que enseñen un castellano «sencillo»
La Generalitat les pide que el nivel de exigencia con esta lengua
sea menor que con el catalán. También les alecciona para que valoren
a los alumnos que se impliquen en el catalán
Esther Armora ABC 9 Abril 2018
El castellano lleva años castigado en las aulas catalanas. La
inmersión lingüística ha consagrado al catalán como la única lengua
vehicular en la escuela y el español tiene hoy el mismo peso
curricular en Cataluña que la lengua extranjera (excepto en los
centros que, por imperativo legal, cumplen con el 25 por ciento de
castellano, lo que supone una asignatura troncal más en esta
lengua). A esta discriminación en en el currículo se añade, según ha
podido comprobar ABC, el diferente trato que los maestros, guiados
por consignas que les llegan del departamento de Enseñanza, dan a
las asignaturas de catalán y de castellano en los primeros años de
aprendizaje (de los 6 a los 12 años).
Este diario ha tenido acceso a los documentos que los profesores
reciben desde el departamento y en los que se les orienta sobre cómo
evaluar e impartir, entre otras, las asignaturas de Lengua Catalana
yLengua Castellana en la Educación Primaria.
En los documentos, pensados, según arguye la Generalitat, «para que
sean útiles a los docentes en el proceso de toma de decisiones para
la mejora del aprendizaje de sus alumnos», llama la atención, de
entrada, que en los primeros años de esta etapa, en el Ciclo
Inicial, en el bloque de contenidos y en el caso de la Lengua
Castellana se matice de forma reiterativa que los textos a trabajar
deben ser «sencillos», matiz que no aparece, sin embargo, en las
orientaciones para la asignatura de Lengua Catalana.
En catalán, textos a secas
Así, dentro del bloque de expresión escrita en la materia de
castellano se aconseja a los maestros que usen con los alumnos
«estrategias para la producción de textos escritos sencillos»,
«utilicen los recursos informáticos para escribir textos
sencilllos», o «la aplicación de los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua en la producción de textos escritos
sencillos». En el caso de la asignatura de catalán las
recomendaciones son las mismas sin el apunte de que los textos no
tengan dificultad.
El matiz vuelve a repetirse también en el bloque de educación
literaria de esta etapa, en el que la Generalitat aconseja para los
contenidos de la asignatura de castellano «comprensión de textos
literarios sencillos», «reproducción oral de textos literarios
sencillos», «lectura en voz alta de textos literarios
sencillos»...Al igual que en el bloque anterior, en el caso del
catalán desaparece el calificativo y se refiere a «textos
literarios» sin más.
Una mayor exigencia
El diferente tratamiento que se aconseja a los docentes para las dos
asignaturas se concreta también en los últimos años de esta etapa,
en el ciclo superior, donde el nivel de exigencia de los docentes
para los alumnos con respecto a una y otra materia es también
diferente.
Así, por ejemplo, a los alumnos de castellano se les exige
«participar de forma activa en las situaciones comunicativas,
respetando las normas de interacción oral», mientras que a los de
catalán les reclaman «participar activamente en las conversaciones
de clase y usar un lenguaje comprensible para las funciones básicas
como relacionarse, aprender, expresar experiencias vividas,
imaginar. Saber escuchar a los otros y respetar los turnos de
palabra». También en el caso de la asignatura de catalán se pide a
los estudiantes que «expongan temas de producción propia oralmente
(exposiciones, procesos, comentarios de actualidad, entre otros),
con preparación previa y adaptando la entonación, el tono de voz o
el gesto a la situación comunicativa». En Lengua Castellana esa
exigencia se concreta en «realizar exposiciones orales con orden,
coherencia y claridad (conocimientos, vivencias, hechos) usando
adecuadamente recursos no lingüísticos (gesticulación, soportes
visuales)». Estos son solo dos ejemplos que demuestran que a los
alumnos catalanes se les reclama un mayor conocimiento del catalán
que del castellano.
También entre los objetivos a conseguir en el Ciclo Superior en
cuanto a Lengua Catalana consta el de «mostrar seguridad en la
ortografia de base, un buen conocimiento de las normas ortográficas
que responden a las leyes constantes y haber aprendido algunas
normas de excepción y algunas excepciones ; haber memorizado las
pasabras de uso frecuente».En las recomendaciones a los docentes
para el dominio del castellano ese punto no aparece. Se limita a
apuntar que deben «conocer las normas ortográficas y apreciar su
valor social».
Objetivos en plurilingüismo
Al margen de las indicaciones específicas por materia para cada
curso de la etapa, la Generalitat presenta también a los profesores
unas recomendaciones para fomentar la dimensión plurilingúe e
intercultural. Para evaluar este ámbito, el Govern apunta a los
profesores que tengan en cuenta una serie de aspectos, cinco en
total, entre los que figura que «valoren de forma especialmente
positiva a aquellos alumnos que se impliquen en el aprendizaje del
catalán por parte de los nuevos alumnos o de los que tengan
dificultades para expresarse en esta lengua».
En el documento de resumen de competencias básicas, en dimensión
plurilingüe, se expone, asimismo, que «los alumnos sean conscientes
del nivel de pertenencia a la comunidad lingüística catalana y
muestren interés por el uso de esta lengua».
La Generalitat lleva años presumiendo de que, pese a recibir
íntegramente la enseñanza en catalán, los alumnos de Cataluña acaban
dominando por igual el catalán y el castellano. ¿Es realmente
posible que obtengan un buen resultado en un idioma que sólo
estudian en clase durante dos horas a la semana?
El filtro de PISA
Según el gobierno catalán, sus alumnos presentan en los informes
PISA un nivel de comprensión lectora superior a la media española.
Obvian, sin embargo, un detalle importante: que la prueba se hace en
catalán, por tanto, no mide la comprensión lectora en español. Lo
que sí evidencia PISA, y así lo ha denunciado reiteradamente ABC,es
que el nivel de fracaso de los alumnos castellanohablantes es
sensiblemente más alto que el de los catalanes, algo lógico, según
los expertos, si se tiene en cuenta que se escolarizan en una lengua
que no es la materna.
Otro argumento del Govern es que el catalán debe reforzarse desde la
escuela porque está en desventaja respecto al castellano en el
ámbito social. Según datos de la preinscripción (durante la etapa de
la consejera Irene Rigau,) consultados por ABC, la lengua que
conocen y en la que se expresan y se sienten cómodos los niños
cuando llegan a la escolarización obligatoria es mayoritariamente el
catalán y no el castellano como argumenta la consejería. Según las
citadas estadísticas (correspondientes al curso 2013-14), un 15,83
por ciento de todos los que rellenaron la preinscripción ese año,
afirmaron entender el catalán, frente a sólo un 7,23 por ciento, que
alegaron que la lengua en la que se sentían cómodos era el
castellano, menos de la mitad con respecto a los primeros.
El jefe de Asuntos Internos de los Mossos
que tapó el golpe de Trapero expedienta a constitucionalistas
Carlos Cuesta okdiario 9 Abril 2018
El jefe de Asuntos Internos de los Mossos que tapó y no denunció la
actuación del mayor Trapero en favor del golpe del 1-O sigue con el
155 y es el responsable de buena parte de expedientes a mossos
constitucionalistas. Se trata del intendente Jaume García Valls,
jefe de la División de Asuntos Internos de los Mossos. Teóricamente,
el responsable de denunciar los comportamientos ilegales de los
agentes.
Todo un jefe de Asuntos Internos que, sin embargo, no se enteró de
que su jefe directo, Trapero -procesado por sedición y organización
criminal- preparaba un golpe a la vista de todo el mundo -tal y como
ha señalado la juez Lamela-, que para ello daba órdenes a diestro y
siniestro reorganizando unidades enteras de los Mossos, que hizo que
los Mossos espiasen a los policías nacionales y guardias civiles en
pleno 1-O, que mantenía reuniones políticas con los partidos
golpistas, y que obstaculizó abiertamente las exigencias del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
García Valls no vio nada de todo ello pese a que la juez de la
Audiencia Nacional, Carmen Lamela, acaba de procesar al ex mayor de
los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, por organización
criminal y dos delitos de sedición.
Tampoco vio que, junto con Trapero, se encontraba en “organización
criminal” el exdirector de los Mossos, Pere Soler. Ni que la
intendente Teresa Laplana -procesada por delito de sedición- hacía
cosas cuando menos extrañas aquellos 20 y 21 de septiembre en los
que, lejos de ayudar a los agentes nacionales, decidió delatar los
movimientos de los guardias civiles que se defendían en los tres
coches destrozados por los radicales.
García Valls no veía desde dentro lo que sí ha visto la juez Lamela
desde fuera: que, en el marco de una estrategia premeditada y
perfectamente coordinada, existía un reparto de papeles entre
autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, para llevar a
cabo la secesión. Y que, en ese plan, los mossos eran llevados “a
obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia
la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y
públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler
y César Puig. Y materializada por Trapero. Todo ello, “bajo una
dirección común en cuya cúspide se encontraba el President de la
Generalitat de Cataluña”.
Esos detalles se le pasaron por alto al intendente de la División de
Asuntos Internos. Pero sí está viendo todo lo que, a su juicio, es
expedientable de los mossos leales a la Constitución.
Y es que los mossos constitucionalistas han denunciado ya que la
DAI, la División de Asuntos Internos de los Mossos, pese al control
de la policía autonómica por parte del Gobierno de España, está
usando su poder para realizar cribas ideológicas entre las que se
encuentran, por ejemplo, la apertura de expedientes -como el
extracto que hoy muestra OKDIARIO con la firma de García Valls- y
las órdenes de desplazamiento a zonas alejadas del domicilio de
aquellos que se significan como contrarios al separatismo.
Junto con esa información, los constitucionalistas igualmente han
denunciado la existencia de colectivos totalmente separatistas que
hacen alarde de su desacato a la Constitución y que, sin embargo,
campan a sus anchas sin el más mínimo problema. Y lo hacen ante los
ojos de García Valls.
Entre otras cosas, se ha denunciado la existencia de una sectorial
de la Asamblea Nacional Catalana que agrupa a mossos y que, ya en el
pasado más reciente, afirmó que se mantendrían “leales al Parlament
y al Govern” y no al 155 o la Carta Magna española.
Han denunciado, por supuesto, casos de apertura de expedientes a un
mosso por una “falta grave de respeto”, por ejemplo, por oponerse a
utilizar siempre el formulario en catalán para los atestados, como
le ordenó su sargento. Han denunciado igualmente infinidad de
insultos a las autoridades lanzados en las redes sociales por parte
de mossos separatistas que quedan sin el más mínimo castigo.
Han denunciado igualmente insultos a la Corona -llamaron “dictador”
al Rey de España en redes sociales, o “fascista” a la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría-. Y han denunciado la
lentitud o inacción de la DAI con mossos separatistas que han
lanzado sus ataques estos últimos días contra el juez Pablo Llarena,
el juez del Tribunal Supremo que instruye la principal causa contra
el golpe de Estado de Carles Puigdemont y su cúpula.
El Gobierno del 155 subvenciona la
exaltación del defensor del ‘racismo catalán’: Pompeu Fabra
Luz Sela okdiario 9 Abril 2018
El acuerdo para la concesión de subvenciones para el fomento del
catalán, aprobado bajo el amparo del Gobierno central, recoge las
ayudas para “hacer conocer la obra o la figura de Pompeu Fabra”, en
el 150 aniversario de su nacimiento. Pompeu Fabra, convencido
catalanista, está considerado el padre de la normalización
lingüística y de la imposición del catalán. Pero además fue uno de
los firmantes del manifiesto “Por la conservación de la raza
catalana”, todo un alegato xenófobo sobre la superioridad de los
catalanes frente a la población “forastera”. Es decir, el resto de
españoles.
“Se debe procurar que toda la estructuración social y económica de
nuestro pueblo se base firmemente sobre una población creciente y
sana, homogénea en cuanto al sentimiento patriótico y con una clara
visión de los destinos de nuestra patria”, “Tenemos que acudir
forzosamente a la inmigración forastera difícilmente controlable”,
“aunque no podemos dirigir o controlar la mezcla de razas, no
deberíamos permanecer desprevenidos ante las posibles
consecuencias”… se podía leer en el manifiesto.
En el texto, firmado por otros referentes del independentismo como
Jaume Pi Sunyer o Batista Roca, se apostaba por impulsar “las bases
científicas de una política catalana de población” para buscar
“medios adecuados de defensa de nuestra raza”. Pompeu fue promotor
de una sociedad catalana de eugenesia para preservar la raza
catalana de la influencia exterior.
En concreto, las ayudas para la promoción del histórico lingüista se
recogen en el acuerdo para la concesión de subvenciones en el ámbito
del fomento de la lengua, que regirán durante este año.
“Esta línea de subvenciones promueve las actuaciones siguientes: a)
Actuaciones que faciliten la presencia y el uso de la lengua
catalana, preferentemente en los ámbitos laboral, empresarial, de la
juventud y del ocio. b) Actuaciones que contribuyan a hacer conocer
la obra o la figura de Pompeu Fabra, en el 150.º aniversario de su
nacimiento”.
Las subvenciones van dirigidas a entidades privadas sin finalidad de
lucro que tengan su sede en Cataluña, los colegios profesionales de
Cataluña, las organizaciones empresariales, las organizaciones
sindicales y las federaciones deportivas catalanas que tengan
previsto llevar a cabo actuaciones específicas para fomentar el
catalán. La cuantía de la subvención no puede superar el 70% del
coste del proyecto.
El acuerdo determina también las bases de subvenciones para la
incorporación de la lengua catalana en productos tecnológicos, para
el doblaje y subtitulación en catalán de largometrajes y series,
para la traducción al catalán de obras, tanto literarias como no
literarias, y para el fomento y difusión de la lengua de signos
catalana.
La propuesta llega precisamente un día después de que el Diario
Oficial de la Generalitat publicase las normas de preinscripción y
matriculación para el próximo curso, en las que no figura la casilla
para el castellano, como había prometido el Gobierno.
La única propuesta será una Proposición de Ley que ha presentado el
PP catalán para cambiar la Ley de Educación, de forma que se asegure
la enseñanza en castellano. “El catalán puede tener la condición de
lengua vehicular, pero sin que ello implique que el castellano pueda
quedar excluido como lengua vehicular”, se dice en la iniciativa, en
la que se propone una presencia de al menos el 25% de las horas-
como determinó el Constitucional-otro 25% en catalán y otro 25% en
inglés.
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