AGLI Recortes de Prensa   Lunes 9 Abril 2018

Alemania, fuera de la UE
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 9 Abril 2018

La ministra de Justicia del Gobierno presidido por Angela Merkel. una naziprogre anglogermana llamada Katarina Barley, del Partido Socialista, ha colocado a su país fuera de la Unión Europea, en abierto desafío a todos sus miembros. Lo hizo humillando a España -con este Gobierno todos se atreven-, actuando como comisaria política o jueza de jueces. La naziprogre presumió de conocer previamente la sentencia, de respaldarla y hasta de endurecerla, que esa es la independencia del tribunal de Schleswig-Holstein que anteayer se sumó al golpe de Estado catalán negando al Tribunal Supremo español la capacidad de calificar los presuntos delitos cometidos en nuestro país. Pero los acuerdos y el espíritu fundador de la propia UE se basan en lo contrario: el reconocimiento de todos sus países miembros como Estados de Derecho, cuya legitimidad se acepta en la entrada del país en la Unión. Una euroorden debería ser simplemente cumplimentada, ni comentada ni casada. ¿Quiénes son los jueces regionales de un país para anular el Tribunal Supremo de otro? Hay instancias superiores europeas. Y si no, no hay Europa. Hay IV Reich.

La búsqueda de la exacta correspondencia de delitos en distintos Estados es el último burladero de delincuentes narcolistos y rábulas con toga. En su artículo del sábado, Sosa Wagner recordaba la sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe contra el referéndum de separación de Baviera. Al defender la integridad territorial alemana -privilegio que los naziprogres no extienden a países y razas inferiores- defendía también la base de la UE, que es la inviolabilidad de las fronteras. Y lo es por la euromanía, sobre todo alemana, de invadir y masacrar a sus vecinos. La ministra racista de Merkel nos devuelve a la Europa de Hitler y Stalin, sus inspiraciones políticas, muy lejos de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, madre del Mercado Común, el padre de la UE. Cuando Barley barbota que Puigdemont «será libre en un país libre, la República Federal Alemana» (la de Baader y Meinhof), dice que España -que apoyó la reunificación alemana cuando Francia y Gran Bretaña se oponían- entró en el Club Ario sin despiojarse. Si no por defender a la nación, que le da igual, Rajoy, o al menos Rivera, deben atacar al IV Reich. Hoy, defender a España es defender la Unión Europea.

SOS Europa:el amparo de un tribunal alemán a Puigdemont amenaza a la Unión
Editorial esdiario 9 Abril 2018

Europa está amenazada al completo por un nuevo problema, casi tan grave como el fundamentalismo, que pone en peligro el futuro de la Unión. La ayuda a Puigdemont activa la alarma general.

Europa al completo se enfrenta ahora a un nuevo desafío, más inesperado que tantos otros como la crisis o el fundamentalismo, derivado de la sorprendente decisión de un tribunal regional alemán de dar un amparo parcial a Carles Puigdemont, inútil a efectos de librarle de las consecuencias judiciales y políticas de su desafío ilegal; pero suficiente para rearmar al movimiento que representa.

Y a la vez, a todos los que, en el resto del Continente, beben de la misma ideología y comparten fines parecidos. El fantasma del nacionalismo, siempre presente en el origen de los peores conflictos que han asolado Europa a lo largo de su historia, se ha reactivado por la irresponsable decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, tan sonrojante para España como letal para el Viejo Continente a efectos de conformar un espacio jurídico, sentimental y cultural sustentado en la lealtad entre los socios y en la defensa conjunta de los valores más elevados que nunca la humanidad ha convertido en una guía de acción cotidiana.

El frívolo tribunal regional ha echado gasolina al fuego separatista en muchos países de la UE, no sólo en España
Hoy, desde luego que como nunca desde la infausta guerra de los Balcanes en los 90, el separatismo en Bélgica, la italiana Tirol del Sur, las alemanas Baviera y Hamburgo o la francesa Córcega, por citar sólo los ejemplos más significados; se siente más legitimado para echar un pulso a sus propios Estados y confiar en que, llegado el momento, Europa será un trampolín antes que un obstáculo.

El precedente sentado por el tribunal germano es un incentivo para todos esos casos y un clavo en el ataúd de la seguridad jurídica común europea, uno de los pilares de una Unión sustentada en la pérdida de soberanía de los Estados miembros en beneficio de un proyecto mayor que refuerza, teóricamente, la respuesta colectiva a cualquier reto particular para integrarlo en un espacio de superior jerarquía.

¿En auxilio del golpismo?
Los jueces alemanes no sólo echan benzina al fuego nacionalista que sufren varios países del Continente, sino que además desmoralizan a los ciudadanos -españoles en este caso- y amenazan el futuro del proyecto europeo al plantar una duda en el corazón de sus socios sobre la conveniencia de respetar unas reglas comunes que van en detrimento de los países que, como España, se adhieren a mecanismos de refuerzo bilateral como las euroórdenes hoy al auxilio del golpismo catalán.

Ni la letra ni el espíritu de ese tipo de herramientas permite corregir, desde un tribunal local, las decisiones de las más altas instancias judiciales españolas -ni francesas ni alemanas-, pues nacen del principio de respeto a las medidas de cada uno de los Estados al entender que todas nacen de sus ordenamientos jurídicos democráticos: no están previstas para conceder una especie de tercera instancia a presuntos delincuentes, sino para disuadirles en sus países de origen al hacer de todos el problema de una de las partes.

Pero no es eso lo que ha pasado, con una frivolidad pasmosa empeorada por la ministra de Justicia alemana, que al penoso fallo de sus jueces le ha añadido una respuesta política en defensa de Puigdemont e hiriente para España.

La Unión era perder soberanía para ganar fortaleza, no para salir en auxilio de quienes ataquen a un socio

Más allá de que el Gobierno tendrá que reflexionar sobre cómo es tan sencillo ofender a España jurídica, política y mediáticamente en Europa y en todo el mundo sin que se perciba una estrategia diplomática preventiva ni una respuesta contundente posterior; los hechos ocurridos le obligan a poner en cuarentena no pocos de los postulados de la Unión y de sus relaciones bilaterales con la propia Alemania.

Una duda grave
Sin histerismos ni urgencias, pero con contundencia y firmeza, sabiendo que además será lo mejor para la propia Europa. Más allá de que el Tribunal Supremo apele a Luxemburgo para plantear una cuestión prejudicial que anule la decisión de Schleswig-Holstein y por mucho que el futuro judicial de Puigdemont siga siendo negro en cualquier caso si pisa España, Europa tiene que posicionarse con claridad sobre cuál es su actitud cuando atacan a uno de sus miembros: si del lado de ellos o, por contra, de sus enemigos. Que exista una duda al respecto, ya lo dice todo.

Europeos, sin duda
RAFA LATORRE El Mundo 9 Abril 2018

Si algo ha demostrado la biografía política de Rajoy es que el PP puede resistir a la mentira. Lo de Cifuentes pasará, como pasaron tantas otras cosas, algunas de las cuales requirieron dosis todavía más elevadas de cinismo. El votante está dispuesto a soportar un cierto hedor siempre que los resultados acompañen. He aquí el asunto: los resultados. No digo que esto sea bueno, sencillamente es. La indignación es un combustible sobrevalorado, arde fácil y se consume demasiado rápido. Papel, no carbón. Hay un sentimiento mucho más sutil y duradero, y por tanto políticamente mucho más relevante: el desamparo.

La ministra alemana de Justicia, al contrario que el Gobierno español, sí reaccionó a la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein de dejar en libertad a Carles Puigdemont. La celebró sin rubor y remató su festiva declaración con una coda inaceptable, por lo que sugiere de un socio: «Entonces Puigdemont será un hombre libre en un país libre, es decir, en la República Federal Alemana». Justo un mes después de que más de la mitad de los ciudadanos de la tercera potencia de la UE, Italia, votaran a partidos eurófobos, el Gobierno alemán cuestiona el régimen de libertades de la cuarta, España, que resulta ser la nación más dócilmente eurofílica y sumisa de todo el club. La frase que pronunció el jefe de la diplomacia española al conocer la postura de Alemania apenas mereció honores de portada y no paralizó la convención que el partido del Gobierno celebraba en Sevilla pero, en términos políticos, pesa más que 1.000 Cifuentes. «Estuvo un tanto desafortunada», opuso, lanar, el ministro Dastis.

Esto no va de cuestionar a Europa sino precisamente de todo lo contrario. «Que somos europeos no hay la menor duda, pese a los europeos», dejó dicho Camilo José Cela en una entrevista en RNE ya en 1994, cuando abundaba entre los españoles el papanatismo por las consecuencias de Maastricht. Lo que está por ver es cuánto de europeo es el actual Gobierno alemán. Si tan poco como lo fue el de Schröeder, actual empleado de Putin, o algo más. Lo antieuropeo es proteger el germen de la destrucción de la Unión, no exigir su entrega. Quien crea que el nacionalismo en Cataluña ha conseguido algo más que miseria y enfrentamiento, se equivoca o miente. Ni una victoria, sólo caos y cárcel. Pero a título individual sí hay que reconocerle a Puigdemont la proeza de conseguir que un proyecto siniestro campe por Europa con una pátina de respetabilidad. De ahí el desamparo.

BRUSELAS, EN CRISIS PERMANENTE
Schleswig-Holstein, radiografía del desengaño europeo
Fernando Paz gaceta.es 9 Abril 2018

La reciente resolución de la justicia alemana liberando a Puigdemont ha indignado a la opinión pública española, a la que resulta difícil entender la razón de dicha determinación.

Tras décadas proyectando una imagen de idílica colaboración trasnacional entre los principales estados europeos, y tratando de convencernos de la importancia de España en el seno de la UE, la sentencia judicial germana resulta incomprensible.

O no tanto.

Pluralismo alemán
La sentencia resulta llamativa desde muchos puntos de vista; empezando por el político, ya que no puede olvidarse que el Tribunal Constitucional alemán, ante la pretensión de un minúsculo partido bávaro de separarse del conjunto del país, ha sentenciado que «la soberanía recae en el pueblo alemán, por lo que los estados federados no son los dueños de la Constitución. No hay por lo tanto espacio para aspiraciones secesionistas de un estado federado en el marco de la Constitución.

Violan el orden constitucional».
Por no hablar de que Alemania no permite la existencia legal de un partido comunista o de un partido nazi por razones de principios, sin necesidad de justificar tal prohibición en acto violento alguno.

La convicción general es que a un país con mayor potencia de fuego que España no le habrían recetado tal sentencia. La fundamentación de la sentencia, como ha sido reconocido, es más que dudosa, y parece inevitable en estos casos considerar la trascendencia de España en el escenario internacional.

Una débil España en Europa
Resulta alarmante la escasa importancia de España no ya en el escenario internacional, sino en el más modesto y cercano ámbito europeo. Esa peligrosa carencia explica el porqué de la bofetada al gobierno de Mariano Rajoy. Es evidente que si Berlín valorase en algo sus relaciones con España -en algo más que en la consideración de nuestro país como un destino de consumo para sus productos -, nos habríamos ahorrado este bochorno.

Pero en la política internacional solo cuentan aquellos que se hacen valer y, en el marco europeo, España no tiene el peso que parecería adecuado. La decisión de soltar a Puigdemont refleja, en el mejor de los casos, un alto grado de indiferencia por las cosas de España.

El gobierno, genuflexo
Lo peor del asunto es la temerosa exhibición del gobierno de Madrid. Acostumbrado a refugiarse tras las togas de las diversos tribunales, audiencias, supremos y constitucionales, reacciona siempre como en un reflejo condicionado, manifestando estruendosamente su disposición a acatar lo que digan los tribunales. Ni un adarme de protesta, de dignidad, de patriotismo. Los tribunales, über alles.

Y lo cierto es que, si cualquier decisión de una corte de justicia es criticable – aunque otra cosa pretenda el pappanatismo que eleva a la condición divina cualquier pronunciamiento de un tribunal – en este caso tanto más. Porque del de Schleswig-Holstein, un simple land al fin y al cabo, no solo se ha permitido ignorar la petición de un magistrado del Supremo español, sino que le ha negado la autoridad para enjuiciar por rebelión al prófugo Puigdemont.

El tribunal alemán solo debía cotejar si el delito que se le imputa en España existe en la legislación alemana. Algo que no solo parece fuera de toda duda, sino que en Alemania recibe un castigo penal mayor que en España.

Pero el tribunal de Schleswig-Holstein no ha hecho eso, sino que ha entrado en el fondo de la cuestión, valorando si el grado de violencia empleado en el delito que se le imputa a Puigdemont y por el que se le reclama, permite calificar de un modo u otro el propio delito. Es decir, que un juez de un land alemán ha actuado como una instancia superior del Tribunal Supremo ¡de España!

Mientras, el gobierno de España entonando la salmodia del respeto a las sentencias judiciales.
Algo que, por cierto, no está haciendo el gobierno alemán con los tribunales españoles. Este viernes pasado, la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, no solo ha respaldado la decisión de la corte de Schleswig-Holstein, sino que ha echado leña al fuego al añadir que el gobierno español iba a tener muy difícil no ya justificar la acusación de rebelión, sino incluso la de malversación. Algo verdaderamente inaudito el que un ministro de un país de la unión se pronuncie sobre el fondo de la cuestión de una petición judicial formulada por un país miembro.

Mientras, en España, ni una sola fuerza parlamentaria ha salido a protestar por tal intromisión. Y el gobierno, por boca de su ministro de exteriores, Alfonso Dastis, se ha limitado a calificar de “desafortunadas” las palabras de la ministra alemana mientras, de espaldas a la realidad, insiste en que todo es “un diálogo entre jueces”…
¿Por qué?

El modo de actuar del gobierno, en términos generales y más en este asunto, ha sido desde el principio parapetarse en las resoluciones judiciales, lo que, creen, les permitirá evitar el pago de un precio político por las decisiones que toman los tribunales.

Así que el valor fundamental para este gobierno es no tener que pronunciarse; es decir, no hacer política, y para ello las resoluciones judiciales son el burladero perfecto, aunque sea a costa de los españoles que se están batiendo el cobre en Cataluña por mantener viva a España.

El horizonte del gobierno del Partido Popular es, ante todo, el de no comprometerse. Su objetivo es el de retornar al periodo anterior a septiembre de 2017, un tiempo que ya no volverá; se empecina en actuar como si no hubiera sucedido nada en estos meses o como si lo sucedido no hubiese modificado el panorama político del modo que lo ha hecho.

Además, el gobierno de Rajoy ha descansado buena parte de su confianza en los pregonados apoyos exteriores. Algo que ha utilizado como arma de propaganda durante bastante tiempo. Sin embargo, en los últimos meses esos celebrados apoyos europeos han arrojado algunas sombras, que se han visto corroboradas por la sentencia de Schleswig-Holstein.

Apoyo exterior
Una de las constantes en toda esta crisis ha sido la insistencia del gobierno en los apoyos exteriores. Como era previsible, los gobiernos se han manifestado públicamente en el respeto por el staus quo y, por lo tanto, eso puede traducirse como un apoyo al Estado español.

El gobierno de Madrid ha exhibido tal circunstancia durante un tiempo como un mérito al que se ha hecho acreedor, pero la verdad dista bastante de esto.

Los independentistas se han movido mucho mejor durante la mayor parte de esta crisis, aunque en los últimos meses haya habido una cierta reacción del gobierno. Pero el balance no puede ser positivo. Pues si bien la postura oficial de casi todas las capitales ha sido acorde a la cortesía exigible, no han faltado algunas manifestaciones dudosas.

Algunos estados, incluso comunitarios, no se han recatado en mostrar sus simpatías por la causa independentista. En este sentido ha habido manifestaciones públicas de los países bálticos, de Israel, de Bélgica; los parlamentos danés y suizo han aprobado declaraciones en las que instan a una “solución democrática y negociada” a la cuestión catalana, algo que recuerda al lenguaje separatista, mientras que los parlamentos finés y sueco, condenaron la presunta violencia policial del 1-O.

En Eslovenia, el presidente del parlamento defendió públicamente que “los catalanes tienen derecho a la autodeterminación”, mientras que el ex-presidente Milan Kucan – que goza de un notable prestigio por ser el primer presidente del gobierno tras la independencia -, ha condenado el uso que el gobierno español hizo de “la fuerza y las amenazas de una intervención militar”.

Todo esto sin contar con la labor de la Open Society Foundations de Soros y otros lobbys dependientes del mismo magnate.

Schengen
Parte de lo sucedido con Puigdemont se debe a la existencia del llamado espacio Schengen. Es decir, al hecho de que un gran número de países europeos ha eliminado las fronteras – en sucesivas etapas – entre ellos. En los últimos años hemos sido testigos de cómo este hecho ha proporcionado una gran impunidad a delincuentes de distintos pelajes y terroristas, así como ha impedido una acción eficaz para controlar los movimientos migratorios.

Aunque durante largos años desde la UE se ha pretendido que el espacio Schengen en realidad suponía una mejora en la lucha contra la delincuencia, ha sido Schengen lo que ha permitido a Puigdemont salir de España sin ser molestado.

Pero Schengen es algo no negociable para la eurocracia, pues está en el epicentro mismo de la UE. Se le ha dotado de una cierta flexibilidad, precisamente porque se sabe de la debilidad que aporta en materia de seguridad a los países miembros de este acuerdo (que ni son todos los de la UE ni se limita a miembros de la UE).

Con Schengen y careciendo de mecanismos unificadores en materia penal, el resultado es lo que está sucediendo con el prófugo Puigdemont. Es decir, existe una enorme facilidad para el desplazamiento territorial de los delincuentes mientras que estamos muy lejos de una respuesta de igual agilidad por parte de la justicia.

Pero tampoco debe perderse de vista la voluntad política, esa que tantas veces soluciona tantas cosas. Porque hoy al gobierno, por mucho que se empeñe en lo contrario, le resulta ya imposible evitar la imagen de la bofetada que se ha propinado a la dignidad de todos los españoles en su cara. Una bofetada política, de público desprecio.

El episodio de Puigdemont ha representado el último desengaño de una población que continúa estupefacta ante lo acaecido en el tribunal de Schleswig-Holstein, y que barrunta que la debilidad de España ha jugado un papel crucial en el pronunciamiento judicial teutón.

Y que se siente humillada y ofendida.

El paraíso de los abogados
Amando de Miguel Libertad Digital 9 Abril 2018

Nunca como hoy hemos visto a tantos políticos y altos funcionarios en la cárcel o por lo menos en el banquillo de los acusados.

Hace 40 años, en los comienzos de la llamada Transición (nunca se dijo hacia dónde) recogí el diagnóstico de un colega de Derecho Administrativo sobre el régimen que entonces se inauguraba: "Esto va a ser el paraíso de los abogados". El hombre lo decía por la maraña de litigios que se iba a desprender de lo que entonces empezaba a ser Estado de las Autonomías. Nadie sabía lo que eso iba a ser. Todavía hoy sigue siendo una incógnita.

El diagnóstico se ha cumplido con creces. La carrera de Derecho siempre fue una de las salidas más prometedoras para los jóvenes. Pero en la última generación todavía más. Querellas, recursos, litigios están a la orden del día en todas las organizaciones, públicas y privadas, en los sujetos individuales, que ahora son también clientes, usuarios, consumidores. Las noticias sobre tribunales de justicia, que antes constituían una sección especializada de los periódicos, ahora son de apertura en todos los medios. Los jueces y fiscales, antes figuras oscuras, se han convertido en celebridades. Las polémicas políticas a menudo se sustancian en los tribunales o en los despachos jurídicos. Algunos de los cuales se han convertido en grandes empresas por el volumen de negocio y la nómina de empleados. El Estado de las Autonomías es lo de menos. La miríada de relaciones de los contribuyentes con el Estado se resuelve hoy en el terreno jurídico. Nunca como hoy hemos visto a tantos políticos y altos funcionarios en la cárcel o por lo menos en el banquillo de los acusados, que por lo menos ahora cuenta con respaldo. Muchos más pasan por la categoría de investigados por la Justicia, algo que empieza a no ser demasiado degradante.

La política se impregna del lenguaje jurídico. Se recuerda el comentario que ha repetido tantas veces con orgullo Rodolfo Martín Villa: "Soy el ingeniero que más sabe de Derecho". De ahí su azaroso destino incombustible. Los jóvenes han aprendido la lección. Si desean medrar políticamente ya saben cuál es la carrera de éxito: Derecho y cualquier otra cosa al mismo tiempo. Fue la fórmula que inventaron los padres de la Compañía en Deusto y que luego se extendió a todas las escuelas de negocios. Últimamente se añade el complemento de los másteres. En la mente de todos está estos días la vergüenza de cierto máster en Derecho Autonómico (si es que existe tal engendro) de la Universidad Rey Juan Carlos. Nunca habían llegado tan bajo los catedráticos de universidad.

La gente del común se ha acostumbrado a manejar los terminachos jurídicos más abstrusos (ahora se dice "sofisticados"). Nunca como hoy ha sido tan alta la probabilidad de que uno pueda pasar por los tribunales, sean civiles, laborales, penales o administrativos. El hecho de la experiencia carcelaria acontece en las mejores familias. Los gastos en abogados, procuradores, notarios, asesores jurídicos, etc. son parte fundamental del presupuesto doméstico.

Se me dirá que todo este embrollo de leyes, disposiciones, directivas, reglamentos, contratos, expedientes, recursos, alegaciones, etc. representa el triunfo de la seguridad jurídica. No lo dudo, pero supongo que es también y sobre todo el triunfo de los abogados, sean del Estado, de las empresas o de los particulares.

De acuerdo, el llamado Estado de Derecho es mejor que lo que teníamos antes, pero se me reconocerá que todo este balduque (como antes se decía) nos sale muy caro. Y eso que ahora el Alcubilla o el BOE se han informatizado. El cliente principal de un abogado suele ser otro abogado. Se dice que "la Justicia es ciega" para ponderar su carácter equitativo, pero al final resulta que también se muestra insaciable.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Seguridad Nacional.
Vicente A. C. M. PD 9 Abril 2018

CONGRESO DEL PP CON CRISTINA CIFUENTES EN PLAN ESTELAR. PUIGDEMONT PONTIFICA DESDE BERLIN SIN OPOSICIÓN.

¡Menudo Congreso este del PP! El de la pre-feria de Sevilla. Un Congreso que pasará a la historia de ese partido como el de las lealtades inquebrantables y el del culto al líder. Una imagen muy poco ejemplar en un partido que no realiza ninguna auto crítica y antepone sus intereses cortoplacistas sobre todo lo demás. Un Congreso donde solo una voz discrepante con el aborregamiento general puso una nota de mínima ética al no dar por buena la versión oficial y plantear dudas razonables sobre lo que ha dominado la atención durante este fin de semana, el caso “Master” de Cristina Cifuentes, la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid. Es voz no podía ser otra que la de quien está llamado a ser el sucesor de este petrificado Mariano Rajoy. Gallego como él, Presidente de la Comunidad de Galicia y hombre pragmático y de consenso que nada entre las dos aguas del nacionalismo gallego emergente y del constitucionalismo tradicional. Un difícil equilibrio que se evidencia en un constante descenso de esa cómoda mayoría del PPG desde la época de Manuel Fraga.

Porque el PP con ese “cierre de filas” en torno a Cifuentes y ese lema de ¡hay que apoyar a los nuestros”, transmite una imagen de partido más empeñado en conservar el poder que en resolver los graves problemas internos que le afectan. Principalmente el de la corrupción y un liderazgo alejado de su propio electorado, empeñado en aplicar políticas confiscadoras propias de una socialdemocracia escorada a la extrema izquierda. Su nula voluntad de mantener cortafuegos con aquellos implicados en asuntos nada ejemplares por acción o por omisión, es la responsable de su caída en intención de voto. Y hace muy mal en fijar su dianas en CIUDADANOS y no en quienes son su verdaderos oponentes políticos, esa coalición de izquierdas de PSOE- UNIDOS PODEMOS que no ocultan su ansiedad por conseguir esa revancha y desplazar a la que llaman coalición de derechas.

Una situación de descomposición de la derecha tradicional que fortalece a un liberalismo de izquierda empeñado en camuflarse un utópico centro moderado heredero de la antigua CDS de Adolfo Suarez. Y es que lo peor que puede haber es la impostura. Ni la derecha puede disfrazarse de izquierda socialdemócrata, ni la izquierda, por muy liberal que sea, puede ocupar ese espacio de la derecha tradicional. Lo que parce claro es que la izquierda se ha agrupado en el extremismo radical con un PSOE desnortado e incapaz de dar un mensaje coherente a su electorado que no comparte esas alianzas. Porque hay algo mucho más importante que las propias ambiciones de esos partidos, y es el resurgimiento del sentimiento nacional español como respuesta a los ataques del independentismo radical en Cataluña y la falta de contundencia del Ejecutivo y legislativo que ha dejado todo en manos del poder judicial. A lo que hay que añadir el ejemplar comportamiento del Rey D. Felipe VI en su determinación para condenar y rechazar de pleno las intenciones de los golpistas catalanes.

El PP ha defraudado a millones de españoles por su actitud numantina de defensa de esas manzanas podridas sin sacarlas del cesto. Un código ético demasiado laxo que elude adoptar medidas políticas y lo fía todo a las causas judiciales. Porque la lealtad no puede ser ciega cuando los hechos parecen ser tozudos y son sólidos indicios de comportamiento irregular o presuntamente delictivo. La fe no puede sustituir a la razón. Y es verdad que siempre hay que anteponer la presunción de inocencia, pero eso hay que circunscribirlo al proceso judicial, pero no al político. Porque es mucho más importante mantener los principios y aplicarlos con determinación y rotundidad, que hacer como si no pasase nada o se tratase del típico ataque o persecución o conspiraciones de enemigos o amigos en una cacería “ad hominem”. Una realidad que no exime de que los hechos existan y otros intenten aprovecharlos para sus fines.

Este Congreso ha sido todo un desperdicio de la oportunidad de cambiar el mensaje a los ciudadanos. Se ha evidenciado la imposición del discurso monolítico de una ejecutiva anquilosada y no dispuesta a renovarse ni a renovar el partido dejando paso a nuevas generaciones más pegadas a la realidad política de España y sin el lastre de la corrupción.

En otro orden de cosas, seguimos con el culebrón de Carles Puigdemont, el payés errante como le identifica el periodista José Domínguez, el fugitivo cocomocho, o cualquier otro epíteto que pueda definir a este cobarde prófugo de la justicia que tanto daño está haciendo a España. No sin la complicidad de la justicia de terceros países que, como Bélgica y ahora Alemania, evidencian la nula efectividad de la política común de la UE, donde algo tan esencial como la justicia actúa de barrera y favorece la huida y refugio de delincuentes y golpistas. Porque la supuesta no injerencia en asuntos judiciales ha sido vulnerada de forma totalmente inaceptable por la Ministra de Justicia de Alemania al posicionarse gravemente comentando la decisión judicial de liberar al prófugo y exonerarle del principal cargo que la euroorden reflejaba, emitiendo un juicio de valor sobre el fondo del asunto, algo fuera del espíritu de agilidad y confianza entre sistemas judiciales de países miembros de la UE que, además, comparten el espacio Schengen de libre circulación de personas.

Un esperpento más que añadir a la ya larga fuga de cinco meses donde Carles Puigdemont sigue aprovechándose de los medios de comunicación y de los apoyos de otras formaciones políticas afines separatistas en su mayor parte, o simplemente de ideología pretendidamente progresista como esta socialdemocracia alemana que ahora gobierna en coalición con el partido demócrata. Ayer el fugitivo dio una nueva rueda de prensa donde no ahorró acusaciones a España y al Gobierno pidiendo su injerencia en el poder judicial para imponer la candidatura del preso golpista Jordi Sánchez a la Presidencia de la Generalidad. Vuelve a pedir diálogo, tal y como lo entienden los golpistas, en un trágala y permitir algo inaceptable como es el robo de la soberanía de cuarenta y tres millones de españoles por solo dos millones de fanatizados independentistas. Un discurso que no por repetirlo mil veces deja de ser una gran mentira, una manipulación grosera por quien demuestra su cobardía eludiendo a la justicia y dejando que sean otros los que carguen con la prisión.

Solo faltan días para que la justicia, encarnada por el juez del tribunal Supremo Pablo Llarena, culmine su labor, sea firme su Auto de procesamiento y se dictaminen las inhabilitaciones a los procesados para ejercer cualquier cargo público, cuyo plazo se determinará cuando se emita sentencia en el juicio. Mientras tanto, hay que hacer lo posible para que no se produzca un fraude de ley. No se puede permitir que un procesado por delitos tan graves como el de rebelión, pueda someterse a una investidura como candidato a la Presidencia del Gobierno de la Generalidad. Los derechos constitucionales no están intactos como pretenden imponer los golpistas apoyados en una mera admisión a trámite del organismo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza), país que ni siquiera cumple con los requisitos de extraditar a una de las principales responsables de l golpe de Estado, Marta Rovira de ERC.

La ONU no puede imponer nada sin haber escuchado a ambas partes y mucho menos establecer medidas cautelares que bloqueen el normal desarrollo de la justicia en un asunto que es de Seguridad Nacional. Ya es vergonzoso el que un tribunal extranjero haya querido dar lecciones a la justicia de España pronunciándose sobre la legislación existente y cuestionando la euroorden y los delitos reflejados en ella. Y no solo eso, sino negando la extradición por el principal delito que su propia legislación contempla incluso con mayores condenas penales. Una actitud inadmisible que debe ser rotundamente protestada ante los organismos de la UE y nate el propio Gobierno de Alemania.

Creo que aquí, como ya hizo el Reino Unido, se puede apelar al interés de la Seguridad Nacional, para evitar que los golpistas puedan salirse con sus pretensiones de mantener vivo el conflicto con el Estado de Derecho usando argucias legales y los plazos ineludibles de la justicia. Debemos evitarlo a toda costa.

¡Qué pasen un buen día!

MENTIRAS DE LA MEMORIA HISTÓRICA
El Frente Popular preparó durante tres meses el asesinato de Calvo Sotelo
Juan E. Pflüger gaceta.es 9 Abril 2018

Queda claro que el acoso de los defensores de la Ley de Memoria Histórica contra los lugares y las placas en recuerdo de Calvo Sotelo solamente pretenden esconder y tapar otro de los crímenes de la izquierda.

La nueva documentación, aportada por el socialista Francisco Vázquez, desmonta otro de los mitos de la historiografía marxista, el de que el asesinato del líder conservador José Calvo Sotelo fue una represalia por el del teniente Castillo, instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas. Saca a la luz un documento de la instrucción que demuestra que las milicias de los partidos de izquierda, al mando de los principales dirigentes de las formaciones políticas, preparaban el asesinato de Calvo Sotelo, José María Gil Robles y Antonio Goicoechea desde el mismo momento en el que el Frente Popular llegó al poder.

Tras el asesinato de Calvo Sotelo, en la madrugada del 12 de julio de 1936, la Justicia republicana abrió un procedimiento para esclarecer el suceso. Sin embargo, en los primeros días de la Guerra Civil, el juzgado de primera instancia e instrucción en el que se investigaban los hechos fue asaltado por un grupo de milicianos que robó todos los documentos. Solamente se salvaron algunos, que se encontraban en poder de diversos intervinientes en la investigación.

Uno de estos documentos, que fue puesto a salvo por el magistrado de instrucción Francisco García Vázquez, es una declaración tomada a Blas Estebarán Llorente, empleado como conductor de la ambulancia que trasladó el cuerpo del político asesinado hasta el cementerio de la Almudena, donde el cuerpo fue abandonado tras ser disparado en la nuca.

En esa declaración quedan claras varias cuestiones que desmienten la teoría oficial promovida por los principales historiadores marxistas que pretendían quitar todo tipo de responsabilidad a los dirigentes políticos de los partidos que conformaban el Frente Popular.

Según Estebarán Llorente, tres meses antes del asesinato de Calvo Sotelo, el líder comunista Jesús Hernández, que sería ministro en los diferentes gobiernos republicanos durante la Guerra Civil, contactó con él en abril de 1936 para saber si podía contar con sus servicios para lo que calificó de un importante “servicio con su camión-furgoneta”.

El plan no era otro que dejar sin líderes a los partidos de la oposición derechista en el Congreso de los Diputados. La misión encomendada a Estebarán Llorente era la de recoger los cadáveres de los tres políticos para trasladarlos al cementerio y que los servicios funerarios no pudieran identificar a los autores de los crímenes para no poder fijar su relación con los dirigentes políticos de la izquierda que gobernaba.

La declaración explica cómo el declarante fue avisado el mediodía del mismo 12 de julio de 1936 para que se reuniera con Jesús Hernández y Antonio López. Cuando salió de servicio se reunió en un restaurante de Moncloa con los dos dirigentes comunistas y, en compañía del primero de ellos, fue con su ambulancia hasta la plaza de Manuel Becerra. Una vez allí, Hernández le explicó que su misión consistía en transportar «el cadáver de Calvo Sotelo, a quien aquella noche tenían que asesinar» (sic).

La declaración de Estebarán Llorente arroja más luz sobre lo que ocurrió durante los últimos instantes de vida de Calvo Sotelo. Desmiente que los disparos contra el político los realizse Luis Cuenca, el pistolero socialista miembro de La Motorizada, al que hasta ahora se le culpaba de los hechos. Según el declarante, el autor material del crimen fue el teniente de los Guardias de Asalto Máximo Moreno.

La declaración del conductor de la ambulancia es muy minuciosa. Explica cómo al filo de la una de la madrugada de aquel 13 de julio, una furgoneta de la Dirección General de Seguridad, a la que se le habían quitado las placas de matrícula, se detuvo al lado de su ambulancia y le ordenaron seguirles. Al poco, nada más entrar en la Carretera del Este, se detuvieron y allí, entre Jesús Hernández y Antonio López arrastraron el cuerpo de la víctima “tirando de los pies del cadáver, lo hicieron caer sobre la carretera, causando con el estribo del coche nuevos destrozos en el cuerpo y abandonándolo en la cuneta, y regresaron a Madrid”.

Estebarán Llorente era un activo militante del PCE, por lo que conocía a todos los integrantes de la comitiva que había asesinado a Calvo Sotelo, y explicó quiénes eran y qué lugar ocupaban: conducía Baldomero Sanz, a su lado estaba Julio Bueno. Detrás iban Isidoro Castiñeira, el teniente Moreno y entre ellos la víctima. En el asiento de detrás estaba Luis Linares.

Nuevamente los documentos que van viendo la luz desmontan la versión oficial de algunos hechos que han sido manipulados por la historiografía y los partidos de izquierdas. Esta declaración demuestra que había un plan del Partido Comunista y de las Juventudes Socialistas Unificadas para asesinar a los principales líderes de la oposición. También que no fue una reacción ante la muerte del Teniente Castillo. Que el asesino no fue, como siempre se afirmó, Luis Cuenca, que por morir pocos días después fue muy útil para depurar responsabilidades.

También deja claro que el acoso de los defensores de la Ley de Memoria Histórica contra los lugares y las placas en recuerdo de Calvo Sotelo solamente pretenden esconder y tapar otro de los crímenes de la izquierda.

Unos crímenes que, de aprobarse la nueva Ley de Memoria Histórica que se debate en el Congreso de los Diputados, convertirá en delito la publicación de artículos como este y podría costar hasta cuatro años de condena a quien se atreva a firmarlo. Aunque esté soportado, como en este caso, por documentación más que fidedigna.

Fundación Francisco Franco responde al ‘adoctrinamiento totalitario’ del PSOE
La Gaceta  9 Abril 2018

La FNFF acusa a los socialistas de “desconocimiento de la Constitución, ignorancia de la Historia, incluida la suya, y de tener un deseo de adoctrinamiento en la mentira”.

Con fecha 16/03/2018, a las 09:32, registro de entrada nº 99.594, el PSOE presentó a la Mesa del Senado una Moción para su debate en la Comisión Constitucional, en relación a la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco.

La Fundación expone las siguientes observaciones al respecto en un comunicado que, por su interés, reproducimos íntegramente a continuación:

“1. El socialismo vuelve a sus orígenes, esos que jalonan su truculenta historia, hasta el punto de ser uno de los problemas que ha tenido España para salir del atraso endémico en el siglo XIX y parte del XX. Ha vuelto a “el partido estará en la legalidad mientras esta le permita adquirir lo que necesita…”. Pablo Iglesias dixit. Ahora tenemos que contestar, sin hartazgo, ni hastío, a la nueva ofensiva, esta vez en el Senado. Consideramos esta iniciativa impropia de un partido constitucional y que denota tres deficiencias graves: Una, desconocimiento de la propia Constitución; Dos, ignorancia inexcusable de la historia, incluida la suya; Tres, un deseo de adoctrinamiento, en la mentira, a las generaciones futuras. Ello nos obliga a contestar.

2. La iniciativa socialista supone un desprecio absoluto a los fundamentos del estado de derecho recogidos en la Constitución, como ordenamiento jurídico que no sólo rige la comunidad política sino que la “constituye”, teniendo como objetivos fundamentales “proteger a todos los españoles en el ejercicio de sus derechos humanos…” donde la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político forman parte de su indelegable “corpus jurídico” del Art. 1º y subsiguientes Arts. 10, 14, 16, 17, 20, 21 y 22, que serían vulnerados si la iniciativa fuera acogida. El propio Tribunal Constitucional viene sosteniendo, desde 1981, “La Constitución incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico”.

3. En la exposición de motivos la iniciativa, con cita de un profesor de derecho penal sobre las Fundaciones que hacemos nuestra, hace un uso torticero de los fines de esta fundación sin otro fundamento que su voluntarismo oprobioso hacia la figura de Francisco Franco y lo que representó, extremo opinable, pero no reprobable y menos excluible de los fines de una Fundación para ser legal. Siguiendo lo establecido en el art. 3 de la Ley 50/2002, de 26 de Diciembre de Fundaciones, al menos consideramos cumplir con la defensa de los siguientes valores: “perseguimos fines de interés general, como es el de defender la historia como ocurrió y no como relato inventado; defensa de los derechos humanos desde antes de su constitución, como acreditó Franco en la defensa de los judíos y reconoció la ONU; defensa de los derechos cívicos, educativos, culturales, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo del voluntariado en defensa de la historia; de fomento de la economía social cuyo icono fue la era de Francisco Franco; promoción de los valores constitucionales y de los principios democráticos y el fomento de la tolerancia, como venimos acreditando desde hace 35 años en que sufrimos todos los ataques del odio y manipulación imaginables”. Esto no forma parte de lo opinable, está en nuestros fines constitutivos y en los hechos que se corresponden y tendría que ser el sistema judicial, no el político, el que pudiera analizar los hechos que nuestras conductas comporten, bajo el amparo constitucional que a todos nos afecta.

4. El ser contrarios a la vigente Ley 52/2007, mal llamada de “Memoria Histórica”, forma parte de la disparidad de criterios que todo estado de derecho defiende y cuya interpretación sólo a los tribunales corresponde dilucidar. Podemos sostener que es una Ley de “ingeniería social”, de claro contenido partidista, excluyente, arbitraria y contraria al interés general; de dudosa constitucionalidad y creada para deslegitimar a todas las instituciones existentes y llevarnos a la idílica e inventada, como democrática, II Republica. Y tenemos la obligación moral y legal de defender, ante la justicia ordinaria, a quienes están legitimados para ello, faltaría más. Y establecido esto claramente no está de más resaltar que las actuaciones procesales en las que está presente la Fundación son sustanciadas precisamente, y sólo, en base a la propia Ley de Memoria Histórica. No somos nosotros los que organizamos actos de evidente exaltación de la guerra civil como es el caso presente de la exposición habida en Madrid “No pasarán”, que supone una evidente exaltación de la misma vetada por el artículo 15 de la propia LMH.

5. Como quiera que en la Moción, instan a través de la Comisión Constitucional del Senado, al Gobierno a nuestra ilegalización a través de una serie de pretextos inventados o sin fundamento alguno; esta Fundación Nacional Francisco Franco insta al Partido Socialista y quienes le secunden a que acudan a los tribunales, únicos con capacidad interpretativa de las normas jurídicas a que evalúen y juzguen todos y cada uno de los cinco puntos en que basan su pretensión de ilegalizarnos. Con un sólo ruego, el de que no comparen al franquismo con el fascismo o el nazismo, menos asimilable, en la historia y la realidad, que el comunismo estalinista en relación al Partido Socialista Obrero Español de Largo Caballero, Prieto o Negrin.

6. Entendemos que en su proceso pre-revolucionario es necesario que el futuro vuelva a estar en el pasado escrito, que la verdad tenga que ser proscrita y condenada y la mentira enseñada, propagada e impuesta como la única verdad posible y admitida. Pero sepan que la verdad no depende del número de los que la defienden, sino de la importancia y necesidad de su defensa como presupuesto básico de la moral individual o colectiva. Fuera quedará, excluido como bárbaro, el que combata el adoctrinamiento totalitario/buenista; dentro, el que promueva e imponga el uniformismo corruptor, degradante y falsario. Pero mucho importa que en la vida larga o corta que llevamos, libres o siervos seamos.

7. Para ello sólo falta que la sociedad se acostumbre a un “modo correcto” de sentir, pensar o comportarse de equivalencia a la granja orweliana, donde todos respeten únicamente la jerarquía animalizante impuesta mediante la coacción o el chantaje. No importará la razón, sino la fuerza; el derecho natural, sino la costumbre impostada; la verdad empírica o intelectiva, sino la conveniencia política; la justicia orientadora del bien común, sino la arbitrariedad del mando; el derecho que organiza la convivencia en el deber, sino el voluntarismo numérico de lo útil; la legitimidad de la historia, sino la legalidad de un relato falsificado. Así, hacia la nada sartriana, hacia la destrucción de una civilización milenaria que procuró el mayor progreso cultural y material conocido y soportó los más letales ataques a sus postulados filosófico tomistas en su humanismo perenne.

8. Lucharemos y defenderemos la verdad, nuestra verdad, no les quepa duda, porque consideramos que Franco fue la solución a todos los problemas que aquejaron a España; porque el agua que hoy bebemos a él se lo debemos; porque las cuatro millones y medio de viviendas sociales que hoy habitan mucha gente él las mandó construir, porque la Seguridad Social que hoy sostiene tanta ancianidad él la creó; porque en la Sanidad Publica las placas ya no dicen quién fue su creador o cuándo se inauguraron, pero no podrán borrar que fue pública, ejemplar, gratuita en beneficio del pueblo y obra predilecta del régimen. Porque todo el tejido industrial creado era de todos los españoles, aunque hoy no sepamos ni de quién es, cómo se ha privatizado o los beneficios que han generado y para quién. En fin, como todavía no sabemos dónde habita esa Arcadia feliz, señalada por Popper, como “sociedad abierta”, debemos seguir soportando el hobbesiano del “bellum ómnium contra omnes””.

EN EL CEMENTERIO CIVIL DE MADRID
La izquierda homenajea a Largo Caballero, el ‘Lenin español’
Juan E. Pflüger gaceta.es  9 Abril 2018

Largo Caballero fue uno de los más activos organizadores del golpe de Estado camuflado como huelga revolucionaria en octubre de 1934.

UGT y la Fundación Largo Caballero organizan un acto conmemorativo del traslado, el 8 de abril de 1978, de los restos de Francisco Largo Caballero de Madrid a París, que se celebrará en el Cementerio Civil de la ciudad

Junto a los Nuevos Ministerios de Madrid se encuentran dos estatuas de dos dirigentes históricos del socialismo español a los que la izquierda en general, desde la más extrema a la socialdemocracia –esa que reivindica Podemos-, rinde una admiración desmedida. Estas dos moles de bronce están dedicada a Largo Caballero e Indalecio Prieto. Hoy vamos a hacer un repaso del primero de ello, apodado el “Lenin español” por la deriva revolucionaria en la que fue entrando a medida que iba acercándose al poder.

Su vida estuvo ligada a la política desde muy joven y ya desde 1918 ocupaba un puesto en el Congreso de los Diputados en representación del PSOE, por entonces un partido que se definía como marxista-leninista y que fue uno de los más activos organizadores del golpe de Estado camuflado como huelga revolucionaria en octubre de 1934.pese a su defensa de la socialdemocracia tenía más de socialismo revolucionario que de defensor de la democracia.

Durante el Gobierno del general Primo de Rivera formó parte del Consejo de Estado entre 1924 y 1929 y llegó a estar durante unos meses de 1927 en la Asamblea Nacional Consultiva, pero su verdadero ascenso dentro del PSOE y en la política nacional se produjo una vez proclamada la segunda República. Aprovechando su cargo de secretario general de UGT, cargo que ocupó entre 1918 y 1938, medró dentro del partido siendo nombrado presidente en 1932 en sustitución del moderado Julián Besteiro.

Durante la Segunda República fue diputado desde 1931 hasta el final de la Guerra Civil en 1939, ministro de Guerra, ministro de Trabajo y, finalmente, entre 1936 y 1937, presidente del Gobierno.

Entre tanto, fue uno de los más activos organizadores del golpe de Estado camuflado como huelga revolucionaria en octubre de 1934. Se le acusó, y permaneció detenido, de un delito de rebelión en grado de dirigente máximo. Pero nadie podía llamarse a engaño, lo llevaba anunciando desde un año antes durante la campaña electoral: “En las elecciones de abril (1931), los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas; que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la Historia”. “Vamos a la Revolución social. ¿Como? (una voz del público: como en Rusia) No nos asusta eso…Habrá que expropiar a la burguesía por la violencia”. “Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese período es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos. Había que preparar la ofensiva socialista”.

Ya antes, en ese 1931 al que se refería en la anterior cita, ante una posible disolución de las cortes que perjudicaba a los intereses del PSOE, el diario de sesiones del Congreso de los Diputados recoge unas inquietantes palabras suyas: “No puedo aceptar la posibilidad, que sería un reto al partido, y que nos obligaría a ir a una guerra civil”.

Sus declaraciones tanto en actos políticos, como publicadas en diversos medios no dejan lugar a la duda de su desprecio por la democracia, una circunstancia que la izquierda de hoy, a la que se le llena la boca de esa palabra, no tienen en cuenta a la hora de rendirle tributo. “Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos”, afirmaba en enero de 1936 en un mitin en Alicante.

Para quienes lo presentan como un defensor de la democracia y quienes pretenden vincular este sistema político con la izquierda, habría que recordar sus palabras en un acto del partido en Linares dos días después: “La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución”.

Y pocos meses antes del alzamiento del 18 de julio se dedicaba a asegurar que la guerra civil era inevitable, así, el 24 de mayo el periódico El Socialista recogía unas declaraciones suyas: “Cuando el Frente Popular se derrumbe -anunció-, como se derrumbará sin duda, el triunfo del proletariado será indiscutible. Entonces estableceremos la dictadura del proletariado, lo que… quiere decir la represión de las clases capitalistas y burguesas”. Ya no hablaba de llegar al poder por medio de la guerra, estaba avisando de los cientos de miles de asesinatos que se cometieron en la zona republicana durante la Guerra Civil.

Y dos citas más, una para aquellos que defienden que la Guerra Civil fue un choque entre militares autoritarios y demócratas representados por el Frente Popular al que pertenecía el PSOE: “No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad”, palabras pronunciadas durante una conferencia de Largo Caballero en Ginebra durante el verano de 1934.

La segunda una amenaza a sus rivales políticos, a quienes les avisa de que no respetarán el resultado de las urnas tras las elecciones si estas no les dan la victoria: “El jefe de Acción Popular decía en un discurso a los católicos que los socialistas admitimos la democracia cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene tomamos por el camino más corto. Pues bien, yo tengo que decir con franqueza que es verdad. Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la conquista del Poder”, en este caso lo decía durante el mitin electoral que dio en el cine Europa en enero de 1933.

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¿Alemania ampara el separatismo?
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 9 Abril 2018

Alexis de Tocqueville, en su genial obra La democracia en América, mantiene que "no hay casi ninguna cuestión política en los Estados Unidos que no derive, más pronto o más tarde, en una cuestión judicial". Semejante axioma es también válido en la actualidad en cualquier Estado moderno, aunque con la diferencia de que en unos países únicamente se recurre a las soluciones judiciales cuando se han agotado las políticas. Por el contrario, en otros países, cualquier problema que debería resolverse mediante soluciones políticas se acaba judicializando para que lo resuelvan los jueces, sin que los políticos se estrujen las meninges ni tengan que arrostrar riesgos o esfuerzos.

Justamente esto es lo que ha ocurrido en los últimos años en España, especialmente en lo que se refiere al problema catalán, pues una cuestión como ésta, que es eminentemente política, no se ha querido resolver mediante el diálogo, la negociación o el pacto, cuando se podía haber hecho. En otras palabras, se ha preferido que sea el juez quien lo resuelva sin que los políticos se manchen las manos, ni produzcan una sola gota de sudor. Pero como se está demostrando en la actualidad, se recurre con frecuencia a los jueces en el momento en que la mantequilla se ha fundido ya y no hay nada que hacer, salvo que se provoque un terremoto.

Dicho esto, vayamos al grano de la actualidad, el golpe de Estado encabezado por Puigdemont. Tras la aplicación forzada del artículo 155 por el Gobierno de Rajoy, tarde y mal, el poder judicial ha tenido que entrar en juego para decretar la prisión provisional de algunos de los golpistas y para solicitar mediante una euroorden la entrega de Puigdemont y de varios de sus ex consejeros. Como es sabido, tras unos meses de estancia turística en Bélgica, el ex president fue apresado cuando atravesaba el territorio alemán, siendo internado durante unos días en la cárcel de Neumünster en el Estado de Schleswig- Holstein. Hace pocos días el Tribunal Superior de este Land, integrado por tres jueces, ha decretado que no puede atribuir al político catalán el delito de rebelión, dejando en barbecho el delito de malversación por el que también se le acusa, según un auto impecable del juez Llarena, que, evidentemente, los magistrados tudescos no lo han leído o no lo han comprendido.

Para ello era necesario que hubiesen utilizado la óptica del contexto en el que se produjeron los hechos, aunque podían haber consultado a sus connacionales residentes en Barcelona, pues concretamente uno de ellos, Karl Jacobi, le espetó al presidente del Parlament que los soberanistas catalanes que han promovido el golpe de Estado deberían ir a la cárcel por el mal que están haciendo a Cataluña.

Pero incluso, aunque no quieran consultarlos, los jueces del Tribunal Superior del Estado citado, deberían saber algunas cosas elementales para todo jurista. Primero, que se desprende de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo fin es mantener la paz y la seguridad en el mundo, que para conseguirlo es necesario el respeto a la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, una vez que la libre autodeterminación de los pueblos ya caducó después del fin de la descolonización. Segundo, que formando parte tanto Alemania como España de la UE, deberían saber que el Tratado de Maastricht, en su artículo 31, les señala que se debe facilitar la extradición entre los Estados miembros y que conviene evitar los conflictos de jurisdicción entre los mismos. Y, tercero, que uno de los pilares de la UE, en lo que se refiere a la colaboración judicial entre los Estados, consiste en la denominada euroorden, creada el 1 de julio de 2004 a través de la Orden Europea de Detención y Entrega de delincuentes, lo que significa que para que sea realmente efectiva debe descansar en la confianza y el respeto de los diversos jueces nacionales para ir fomentando su colaboración, incluso en los casos en que se supere la lista de 32 delitos específicos en los que la extradición es prácticamente automática.

Pero centrándonos ahora en el contenido de lo que han examinado los magistrados alemanes, es sorprendente que excluyan el delito de rebelión que señala Llarena porque, aun reconociendo que es cierto que hubo violencia ( no solo el 1 de octubre, sino también antes y después), afirman que no es suficiente para calificar esos actos como rebelión. Es decir, según ellos, es necesario que superen un determinado número de kilos de violencia, como si se pudieran pesar esos actos. Pero se equivocan -o quieren equivocarse-, porque hubo ciertamente violencia física, según ha relatado de forma minuciosa la Guardia Civil, pero también desde hace años hay una fuerte violencia moral y verbal en Cataluña, donde los no independentistas no se atreven a exponer sus ideas y si lo hacen están expuestos a todo tipo de amenazas y coacciones.

Pongo un ejemplo personal. Como constitucionalista y analista político democrático, llevo muchos años criticando a los gobiernos de turno; y, aunque a algunos lectores no les guste lo que opino, jamás me han insultado de forma agresiva y preocupante. Sin embargo, en julio, ante el anuncio del referéndum ilegal, recomendé al Gobierno que se tomase alguna de las medidas constitucionales posibles para impedirlo y evitar así todo lo que se nos vino encima después. Pues bien, en un diario digital catalán se incluyeron más de 20 páginas de comentarios de lectores poniéndome a caldo e incluso calumniándome o injuriándome. Esto es violencia verbal y puede ser tan grave como la física, porque lo que se busca en ambos casos es amedrentar a los que no piensan como ellos.

Pero siguiendo con la resolución de los jueces alemanes, es obvio que ignoran que en Cataluña se reconoce algo que en Alemania no se tolera. Según el artículo 9.2 de la Ley Fundamental de Bonn, "quedan prohibidas las asociaciones cuyos fines o cuya actividad sean contrarios a las leyes penales o que vayan dirigidas contra el orden constitucional o contra los ideales de entendimiento entre los pueblos". Pues bien, los jueces germánicos deben saber que en Cataluña hay dos asociaciones de este tipo: la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, cuyas actividades en favor de la República catalana no están exentas de violencia, como lo demuestra el hecho de que sus dirigentes estuvieron al frente de los actos violentos que culminaron en el destrozo de varios coches de la Guardia Civil y en impedir la salida de un edificio público de varios funcionarios. Aquí ya no se trata de violencia verbal o moral, sino estrictamente física.

Claro que los magistrados alemanes no sólo son juristas, sino también filósofos, pues señalan que realmente no hubo rebelión porque la violencia no pasó de ser una amenaza mínima para el orden constitucional español. Evidente, pues si hubiese supuesto una gran amenaza habrían ganado y entonces a nadie se le ocurriría penalizar un golpe de Estado triunfante, porque los delincuentes se habrían apoderado del poder. Es más: para evitar esto deben recordar lo que señala precisamente el artículo 20.4 de su propia Constitución: "Contra cualquiera que intente derribar el orden constitucional todos los alemanes tienen el derecho a la resistencia cuando no fuera posible otro recurso". Es decir, cualquier violencia es legal para defender la democracia, pero, según sus señorías, para derribarla se requiere pasar por el fielato para pesarla y comprobar que es ilegal. Incluso más: el artículo 21.2, a diferencia de España, indica que los partidos que tiendan a destruir el régimen constitucional, serán declarados ilegales por el Tribunal Constitucional, es decir, en Alemania Puigdemont y sus mariachis estarían fuera de la ley.

Por consiguiente, señorías, ustedes no han comprendido, incluso con el apoyo de la novata e irresponsable ministra de Justicia de Alemania, el mal que han hecho a un socio europeo como es España, sino que, además, si no dan marcha atrás, pueden provocar un caos jurídico y el descrédito del Derecho en España, a causa de que por su culpa no se puede imputar el delito de rebelión al jefe del golpe de Estado, pero sí a los que estaban bajo su mando, hoy en prisión provisional.

Según uno de los escasos teóricos que se han ocupado de estudiar los golpes de Estado, Edward Luttwak, la descolonización triplicó, desde el año 1945, el número de países en el mundo y, en consecuencia, se han multiplicado los golpes de Estado. Pero "debemos considerar -según él- que no todos los Estados constituyen buenos objetivos para analizar ese tema. Por ejemplo, no existe ninguna razón para pensar que se pueda dar una asonada en Inglaterra, aunque fuese por breve tiempo". Es decir, los golpes se dan en países que no disponen de una estabilidad tradicional con fuertes estructuras institucionales o que atraviesan una fase de crisis y debilidad política de su Gobierno. Este es el caso de España, porque si aquí se ha podido dar es porque durante 30 años no se ha hecho nada sustantivo para detener a los separatistas. Esa cuestión habrá que analizarla otro día. Hoy basta con afirmar, como dice José García Domínguez, que si siguen actuando así los jueces alemanes, "la democracia que peligra es la suya, no la nuestra". Hagamos, pues, como los japoneses que siempre miran al futuro, es decir, a los cerezos en flor.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
 

Europa, por encima de Puigdemont
 larazon  9 Abril 2018

La Prensa alemana, prácticamente en bloque, reducía ayer la peripecia del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a sus justos términos, muy alejados, por supuesto, de la propaganda nacionalista al uso. Así, el «Frankfurter Allgemeine Sonntangszeitung» recordaba a sus lectores que fue Puigdemont quien «violó la ley» y que, frente a los «mantras» separatistas, en España «no gobiernan los sucesores de Franco, sino representantes del pueblo libremente elegidos», y que los policías españoles «no son esbirros de ningún dictador, sino que tratan de mantener el derecho y el orden».

En el mismo sentido, «Der Spiegel» afeaba al dirigente separatista que no hubiera explicado en su comparecencia ante la Prensa berlinesa «que el referéndum era ilegal, que su gobierno secesionista rompió en serie las leyes y que cientos de miles de ciudadanos que quieren seguir en España se sintieron oprimidos y privados de sus derechos el pasado otoño».

Finalmente, «Die Zeit», tras definir a Puigdemont como «un populista», se inquietaba por lo que el nacionalismo catalán supone «de riesgo para toda Europa».

Si hemos reseñado por extenso algunos comentarios de los principales periódicos germanos sobre la crisis en Cataluña y la situación del político fugado, es para que la opinión pública española, alarmada y, ciertamente, desalentada por la decisión de un tribunal regional alemán, advierta de que nada fundamental ha cambiado en la percepción foránea del intento golpista en Cataluña, mucho menos en lo que respecta al apoyo de nuestros principales socios europeos a las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin duda, las terminales del separatismo catalán siempre encuentran eco en los movimientos extremistas, tanto de izquierdas como de la ultraderecha xenófoba, que pretenden impedir la consolidación del gran proyecto de la unidad europea y que, como en el caso de Alemania, han crecido electoralmente a caballo de la crisis económica y del rechazo a la política migratoria.

De vez en cuando, surgen, parlamentarios de minorías ruidosas y sectarias o, también, dirigentes de la vieja izquierda socialista europea en declive, que prestan su apoyo simbólico al separatismo catalán y que éste magnifica a través de sus redes de propaganda. Tal vez, se podría reprochar al Ejecutivo español, pero no solo, que no haya llevado a cabo una campaña didáctica más eficaz que las parvas declaraciones de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, o del voluntarismo de algunos eurodiputados. Pero, en definitiva, ni la posición internacional de España se ha desmoronado ni las autoridades alemanas han cambiado un ápice su postura.

El eje Berlín-Madrid funciona con la misma sintonía de siempre y el final de la escapada de Puigdemont está escrito, por más vericuetos de leguleyo que recorra. Los próximos días 17 y 18 de mayo, con motivo de la cumbre sobre Kosovo, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrán la oportunidad de reafirmar la estrecha colaboración entre los dos países, precisamente, cuando el proceso de extradición de Carles Puigdemont se encuentre, previsiblemente, en la recta final. Por supuesto, no queremos minusvalorar la confusión que pueden crear los nacionalismo xenófobos europeos con la crisis separatista catalana, pero sí advertir de que esas minorías ruidosas a las que nos hemos referido no representan la posición de los países de la UE, abrumadoramente en favor de la democracia española y su estado de Derecho.

¿Violencia en alemán?

FERRAN CABALLERO El Mundo 9 Abril 2018

Será alemán, pero ni parece sordo ni parece tonto. Así que si no considera el delito de alta traición no será porque no oiga el clamor popular ni porque la violencia independentista no haya logrado sus objetivos, sino porque ni podía lograrlos ni lo pretendía. Y no hay en esta constatación ningún desprecio a España sino un aprecio muy superior al de muchos de sus ciudadanos, periodistas y dirigentes por la fortaleza del Estado.

Aun siendo alemán, también el juez puede entender que se necesita mucho más que lo habido para romper un país. Que a España no se la derrota tirando de una urna ni destrozando un par de coches de la policía ni subiéndose a ellos (por mucho que insistan ciudadanos y populares catalanes en un repetido ejercicio de banalización, ya no de la violencia, sino del desafío independentista). Que se necesita mucho más que eso para violar la voluntad de cualquier órgano constitucional y que se necesita mucho más que esa presunta Proclamación "simbólica" de Independencia para poner en peligro la integridad de un Estado europeo.

Eso ya lo sabían Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas mucho antes de que nos lo recordase el juez alemán. Lo sabían al menos desde que llegó el momento de llamar a la defensa de la República, a la ocupación de puertos y aeropuertos, al corte de carreteras, al cierre de fronteras y a tomar los edificios oficiales de la potencia ocupante... desde que tocaba gritar ¡aux armes citoyens!, gritar ¡a la rebelión!, y el president llamó a... "desescalar". Una triste manera de pedir clemencia y una triste manera de reconocer la preponderancia de un Estado al que sólo se podría vencer con el alzamiento popular que no se quería provocar.

Hasta aquí el pecado de frivolidad independentista, de ese sí pero no que ni los suyos ni los otros tienen ganas de reconocer como prudencia. De ese farol que ya sólo se toman en serio sean sus adversarios. Y de aquí las acusaciones de rebelión y la prisión preventiva, convertidas en la última excusa para no dar explicaciones sobre por qué hasta aquí o por qué no más allá; por qué sólo justo y hasta el peor de los puntos; donde se aseguraban la derrota y el castigo mientras hacían imposible la victoria. Pero las explicaciones son obvias. Porque el farol era evidente a años vista y porque nadie estaba dispuesto a pagar el precio de la rebelión; que era la cárcel porque era la violencia.

Puigdemont, sí malversó
EDITORIAL El Mundo 9 Abril 2018

Frente a la posverdad difundida con éxito por el nacionalismo, los hechos investigados sobre cómo la Generalitat, con Puigdemont al frente, malversó fondos públicos para preparar su golpe son tozudos. Ayer publicábamos cómo los ex consejeros Jordi Turull y Oriol Junqueras habilitaron 3,43 millones del FLA para promover su referéndum ilegal y llegaron a desviar al menos 1,6 millones para sus campañas, según la Guardia Civil. Y hoy desvelamos cómo la Generalitat dispuso 51 millones de euros para apuntalar una Hacienda catalana, dentro de un ambicioso plan que incluía la creación de un Banco Central Catalán para desconectar de España.

Sólo alguien con un profundo desconocimiento de lo ocurrido en Cataluña desde 2014 y de la minuciosa instrucción del juez Llarena, como parece ser el caso de la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, puede poner en duda la solvencia de la acusación de que Puigdemont cometió un delito de malversación agravada. Resulta sorprendente cómo el independentismo ha logrado expandir su propaganda ante la impasibilidad del Gobierno. Como también lo es el hecho de que mientras la Generalitat utilizaba el FLA para financiar actividades ilegales, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se atreviera a repetir que el Govern no había destinado ni un solo euro de los españoles al procés. Afirmación que hizo suya el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El independentismo preparó su rebelión a sus anchas por la incapacidad del Ejecutivo de frenar su desafío. Son los tribunales españoles quienes deben juzgar los delitos, mientras las urnas juzgarán el papel de los políticos.

La nave de los locos
Miquel Giménez. vozpopuli 9 Abril 2018

Se suele decir que los partidarios del separatismo están locos. Si consideramos locura creer que estando todo un día procesionando alrededor de la vieja cárcel Modelo de Barcelona pueden conseguir la libertad de sus líderes encarcelados, lo están. Aunque todo sea mucho más complejo.

Elogiando su propia locura
Como muchas personas saben, Erasmo de Rotterdam ya dijo en su conocida obra Elogio de la locura que reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. Esa locura ponderada por el pensador poco tiene que ver con la que comúnmente se les achaca a los partidarios de la independencia, los obsesos del amarillo, los de los lacitos, las velitas, las manifestaciones cuajadas de lágrima fácil y globos, banderas, o cualquier otra puerilidad. No son partidarios de los CDR –uy no, somos pacíficos, eso es cosa de españoles, me decía el otro día una señora entrada en años y carnes-, pero se alegran malignamente cuando alguien llama puta a Inés Arrimadas o le hacen un escrache a la sede del PP. Viven en la paradoja de querer ser modelo de virtudes, siendo recipiendarios de vicios.

Les sucede lo mismo que a los asesinos a los que en su fortaleza de Alamut el Viejo de la Montaña mantenía adormecidos por el hashish, de ahí el origen de su nombre; cuando el anciano les privaba de aquella sustancia que les hacía creerse en un paraíso repleto de leche, miel y bellas huríes, los enviaba a cometer un crimen espantoso, asegurándoles que, caso de que muriesen, irían directos a ese mismo paraíso que Alá tenía reservado solamente para sus más fieles devotos. Los separatistas han estado cuarenta años instalados en la artificialidad de dos realidades, una catalana y la otra española, y ahora que están enfrentándose con la realidad harán caso de cualquier estupidez con tal de regresar a esa Cataluña pujolista en la que pertenecer a Convergencia sobraba y bastaba para tener éxito, ser reconocido, para triunfar inclusive en aquel Madrid político de los cambalaches y las componendas por debajo de los manteles.

Solo hay que ver los repetidos intentos por forzar una negociación con el gobierno nacional, tanto por parte de Puigdemont como por Esquerra. Seguir viviendo del acuerdo que discrimina a otras regiones, seguir contando con la impunidad para hacer en Cataluña lo que les dé la gana, para seguir con su corrupción y sus mangoneos. No hay otro deseo por su parte más que este, y quieren que sea el propio estado quien lo sancione. A sus partidarios les venden el humo tóxico necesario para presionar en esa dirección y estos, que son una curiosa mezcla de pueril masa cobarde, pero cruel, y de gente de orden y de libro de caja, se lo traga.

De ahí que no encuentren ridículo turnarse durante veinticuatro horas para dar vueltas a la vieja cárcel Modelo, de tristísimo recuerdo para cualquier demócrata, salmodiando letanías en favor de los presos “políticos”, llevando narices de payasos y creyendo, además, que todo esto tiene una utilidad tremenda para el logro de sus propósitos. Refractarios a cualquier argumento lógico, si alguien desconocedor de lo que se vive en Cataluña los viese pensaría que contempla a los miembros de alguna secta: Exacto, porque ese es el problema que aún no se ha comprendido en Madrid. El nacionalismo burgués del tres por ciento se ha convertido en una religión que, como tal, tiene sus dogmas, sus santos, sus mártires y sus dogmas. No es locura, es fe.

Aprenda de Erasmo y su idea del aprendizaje, señor Rajoy
El sabio holandés escribió, aparte del ya citado Elogio, infinidad de tratados a cuál más acertado y crítico con su época. Entre ellos no es de menor importancia el De pueris statim ac liberaliter instituendis, Sobre la enseñanza firme, pero amable, de los niños. En él, se habla de las ventajas que tiene saber instruir a los niños de manera firme, pero cariñosa, didáctica, empática. Erasmo, por elipsis, se refería a la educación del pueblo, claro. Dos de sus frases son particularmente dignas de ser meditadas por los gobernantes: “El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar” y “Los zorros usan muchos trucos, los erizos solo uno, pero es mucho mejor que el de los zorros”.

Los constitucionalistas, creyendo que todo se soluciona con el Aranzadi, han menospreciado a conceptos políticamente modernos como son los medios de comunicación o la propaganda. Peor aún, cuando usan alguno de estos dos instrumentos se limitan a hablar de kilómetros de carreteras construidas, de asfaltado, de ladrillos, de cosas sólidas y tangibles, pero absolutamente ajenas al pensamiento religioso, mágico, del separatismo. No será así como se les vencerá, no lo duden.

Que se cumpla la ley ya sería un buen principio, pero ni siquiera esa cosa sucede en Cataluña. Ya ni quiero hablarles de elaborar un argumentario que pudiera servir para desconectar de la irrealidad en la que viven los seguidores de la religión amarilla. Son cuarenta años de cuidadosa construcción de todo ese imaginario religioso al que les hacía referencia y a esa monolítica fe solamente puede dársele batalla desde una Reforma como la de Lutero, si se me permite el símil.

El primer paso para que un enfermo mental sea consciente de que puede curarse es la aceptación de su dolencia. Y en Cataluña tenemos a dos millones de personas afectadas por el Síndrome de Munchausen. Esa patología se caracteriza por inventarse o fingir enfermedades, incluso provocárselas, para llamar la atención. Es un trastorno totalmente ficticio, aunque quizás en el caso de los separatistas sea más exacto definirlos como pacientes de ese síndrome, pero en una fase más avanzada, la denominada “por poderes”, mucho más perversa, que hace al afectado proyectar sus imaginarias dolencias sobre un niño o alguien bajo su tutela. Justo lo que hacen Puigdemont y los suyos. Proyectan sobre el cuerpo social que les sigue sus propias mentiras, sus males imaginarios, sus delirios. Si estos los aceptan como dogmas inapelables por ese sentimiento religioso que experimentan hacia ellos, creyéndolos mucho más que políticos, que seres normales, que semejantes suyos. La idealización que se hace de estos dirigentes es sumamente peligrosa, y ya les he hablado en no pocas ocasiones de a dónde conduce la idolatría hacia el líder.

Que los locos son los cabecillas es indiscutible, que sus seguidores están afectados por su locura, también. Es un terreno que se escapa de la política entendida tradicionalmente, del concepto hegeliano de la tesis, antítesis y síntesis. Por eso argumentos como que, desde la aplicación timorata del 155, se paga regularmente a proveedores de la Generalitat sea del todo inútil. Nada lógico podrá cuartear la fe en lo amarillo, porque todos los que se criaron con las Diadas, Pujol y Ferrusola, el Club Súper Tres, Mikimoto, los informativos convergentes, el Barça de Gaspar o Laporta y las bufonadas de La Lloll, Toni Albá y demás podrá jamás aceptar que ese paraíso imaginario no era cierto, que jamás tendrán su edén particular, que todo era pura mentira, porque los que los han llevado hasta aquí mentían en provecho de sus propios bolsillos.

No están ni locos ni son desquiciados. Son creyentes, son adictos a una droga, son una mera pantalla en la que proyectan sus egoístas ansias los que siempre han mandado y desean seguir haciéndolo. Insisto, no se trata tan solo de usar la ley, urge crear un departamento de salud social que se ocupe en desintoxicar a esos millones de personas que confunden a Rajoy con España, al PP con la política, a Puigdemont con un héroe y a la independencia como la panacea a sus problemas. Será difícil, pero tarde o temprano habrá que hacerlo, si no se quiere que acabemos a tiros por las calles. Educar siempre es la mejor manera de prever la desgracia y aquí, empezando por los propios colegios, nos hace falta esa educación en lo real más que el pan que comemos.

Abandonemos la nave de los locos separatista, una nave que, además, cuando se hunda nos puede arrastrar a todos a las profundidades.

Cataluña da consignas a sus maestros para que enseñen un castellano «sencillo»
La Generalitat les pide que el nivel de exigencia con esta lengua sea menor que con el catalán. También les alecciona para que valoren a los alumnos que se impliquen en el catalán
Esther Armora ABC 9 Abril 2018

El castellano lleva años castigado en las aulas catalanas. La inmersión lingüística ha consagrado al catalán como la única lengua vehicular en la escuela y el español tiene hoy el mismo peso curricular en Cataluña que la lengua extranjera (excepto en los centros que, por imperativo legal, cumplen con el 25 por ciento de castellano, lo que supone una asignatura troncal más en esta lengua). A esta discriminación en en el currículo se añade, según ha podido comprobar ABC, el diferente trato que los maestros, guiados por consignas que les llegan del departamento de Enseñanza, dan a las asignaturas de catalán y de castellano en los primeros años de aprendizaje (de los 6 a los 12 años).

Este diario ha tenido acceso a los documentos que los profesores reciben desde el departamento y en los que se les orienta sobre cómo evaluar e impartir, entre otras, las asignaturas de Lengua Catalana yLengua Castellana en la Educación Primaria.

En los documentos, pensados, según arguye la Generalitat, «para que sean útiles a los docentes en el proceso de toma de decisiones para la mejora del aprendizaje de sus alumnos», llama la atención, de entrada, que en los primeros años de esta etapa, en el Ciclo Inicial, en el bloque de contenidos y en el caso de la Lengua Castellana se matice de forma reiterativa que los textos a trabajar deben ser «sencillos», matiz que no aparece, sin embargo, en las orientaciones para la asignatura de Lengua Catalana.

En catalán, textos a secas
Así, dentro del bloque de expresión escrita en la materia de castellano se aconseja a los maestros que usen con los alumnos «estrategias para la producción de textos escritos sencillos», «utilicen los recursos informáticos para escribir textos sencilllos», o «la aplicación de los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua en la producción de textos escritos sencillos». En el caso de la asignatura de catalán las recomendaciones son las mismas sin el apunte de que los textos no tengan dificultad.

El matiz vuelve a repetirse también en el bloque de educación literaria de esta etapa, en el que la Generalitat aconseja para los contenidos de la asignatura de castellano «comprensión de textos literarios sencillos», «reproducción oral de textos literarios sencillos», «lectura en voz alta de textos literarios sencillos»...Al igual que en el bloque anterior, en el caso del catalán desaparece el calificativo y se refiere a «textos literarios» sin más.

Una mayor exigencia
El diferente tratamiento que se aconseja a los docentes para las dos asignaturas se concreta también en los últimos años de esta etapa, en el ciclo superior, donde el nivel de exigencia de los docentes para los alumnos con respecto a una y otra materia es también diferente.

Así, por ejemplo, a los alumnos de castellano se les exige «participar de forma activa en las situaciones comunicativas, respetando las normas de interacción oral», mientras que a los de catalán les reclaman «participar activamente en las conversaciones de clase y usar un lenguaje comprensible para las funciones básicas como relacionarse, aprender, expresar experiencias vividas, imaginar. Saber escuchar a los otros y respetar los turnos de palabra». También en el caso de la asignatura de catalán se pide a los estudiantes que «expongan temas de producción propia oralmente (exposiciones, procesos, comentarios de actualidad, entre otros), con preparación previa y adaptando la entonación, el tono de voz o el gesto a la situación comunicativa». En Lengua Castellana esa exigencia se concreta en «realizar exposiciones orales con orden, coherencia y claridad (conocimientos, vivencias, hechos) usando adecuadamente recursos no lingüísticos (gesticulación, soportes visuales)». Estos son solo dos ejemplos que demuestran que a los alumnos catalanes se les reclama un mayor conocimiento del catalán que del castellano.

También entre los objetivos a conseguir en el Ciclo Superior en cuanto a Lengua Catalana consta el de «mostrar seguridad en la ortografia de base, un buen conocimiento de las normas ortográficas que responden a las leyes constantes y haber aprendido algunas normas de excepción y algunas excepciones ; haber memorizado las pasabras de uso frecuente».En las recomendaciones a los docentes para el dominio del castellano ese punto no aparece. Se limita a apuntar que deben «conocer las normas ortográficas y apreciar su valor social».

Objetivos en plurilingüismo
Al margen de las indicaciones específicas por materia para cada curso de la etapa, la Generalitat presenta también a los profesores unas recomendaciones para fomentar la dimensión plurilingúe e intercultural. Para evaluar este ámbito, el Govern apunta a los profesores que tengan en cuenta una serie de aspectos, cinco en total, entre los que figura que «valoren de forma especialmente positiva a aquellos alumnos que se impliquen en el aprendizaje del catalán por parte de los nuevos alumnos o de los que tengan dificultades para expresarse en esta lengua».

En el documento de resumen de competencias básicas, en dimensión plurilingüe, se expone, asimismo, que «los alumnos sean conscientes del nivel de pertenencia a la comunidad lingüística catalana y muestren interés por el uso de esta lengua».

La Generalitat lleva años presumiendo de que, pese a recibir íntegramente la enseñanza en catalán, los alumnos de Cataluña acaban dominando por igual el catalán y el castellano. ¿Es realmente posible que obtengan un buen resultado en un idioma que sólo estudian en clase durante dos horas a la semana?

El filtro de PISA
Según el gobierno catalán, sus alumnos presentan en los informes PISA un nivel de comprensión lectora superior a la media española. Obvian, sin embargo, un detalle importante: que la prueba se hace en catalán, por tanto, no mide la comprensión lectora en español. Lo que sí evidencia PISA, y así lo ha denunciado reiteradamente ABC,es que el nivel de fracaso de los alumnos castellanohablantes es sensiblemente más alto que el de los catalanes, algo lógico, según los expertos, si se tiene en cuenta que se escolarizan en una lengua que no es la materna.

Otro argumento del Govern es que el catalán debe reforzarse desde la escuela porque está en desventaja respecto al castellano en el ámbito social. Según datos de la preinscripción (durante la etapa de la consejera Irene Rigau,) consultados por ABC, la lengua que conocen y en la que se expresan y se sienten cómodos los niños cuando llegan a la escolarización obligatoria es mayoritariamente el catalán y no el castellano como argumenta la consejería. Según las citadas estadísticas (correspondientes al curso 2013-14), un 15,83 por ciento de todos los que rellenaron la preinscripción ese año, afirmaron entender el catalán, frente a sólo un 7,23 por ciento, que alegaron que la lengua en la que se sentían cómodos era el castellano, menos de la mitad con respecto a los primeros.

El jefe de Asuntos Internos de los Mossos que tapó el golpe de Trapero expedienta a constitucionalistas
Carlos Cuesta okdiario 9 Abril 2018

El jefe de Asuntos Internos de los Mossos que tapó y no denunció la actuación del mayor Trapero en favor del golpe del 1-O sigue con el 155 y es el responsable de buena parte de expedientes a mossos constitucionalistas. Se trata del intendente Jaume García Valls, jefe de la División de Asuntos Internos de los Mossos. Teóricamente, el responsable de denunciar los comportamientos ilegales de los agentes.

Todo un jefe de Asuntos Internos que, sin embargo, no se enteró de que su jefe directo, Trapero -procesado por sedición y organización criminal- preparaba un golpe a la vista de todo el mundo -tal y como ha señalado la juez Lamela-, que para ello daba órdenes a diestro y siniestro reorganizando unidades enteras de los Mossos, que hizo que los Mossos espiasen a los policías nacionales y guardias civiles en pleno 1-O, que mantenía reuniones políticas con los partidos golpistas, y que obstaculizó abiertamente las exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

García Valls no vio nada de todo ello pese a que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, acaba de procesar al ex mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, por organización criminal y dos delitos de sedición.

Tampoco vio que, junto con Trapero, se encontraba en “organización criminal” el exdirector de los Mossos, Pere Soler. Ni que la intendente Teresa Laplana -procesada por delito de sedición- hacía cosas cuando menos extrañas aquellos 20 y 21 de septiembre en los que, lejos de ayudar a los agentes nacionales, decidió delatar los movimientos de los guardias civiles que se defendían en los tres coches destrozados por los radicales.

García Valls no veía desde dentro lo que sí ha visto la juez Lamela desde fuera: que, en el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada, existía un reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, para llevar a cabo la secesión. Y que, en ese plan, los mossos eran llevados “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig. Y materializada por Trapero. Todo ello, “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el President de la Generalitat de Cataluña”.

Esos detalles se le pasaron por alto al intendente de la División de Asuntos Internos. Pero sí está viendo todo lo que, a su juicio, es expedientable de los mossos leales a la Constitución.

Y es que los mossos constitucionalistas han denunciado ya que la DAI, la División de Asuntos Internos de los Mossos, pese al control de la policía autonómica por parte del Gobierno de España, está usando su poder para realizar cribas ideológicas entre las que se encuentran, por ejemplo, la apertura de expedientes -como el extracto que hoy muestra OKDIARIO con la firma de García Valls- y las órdenes de desplazamiento a zonas alejadas del domicilio de aquellos que se significan como contrarios al separatismo.

Junto con esa información, los constitucionalistas igualmente han denunciado la existencia de colectivos totalmente separatistas que hacen alarde de su desacato a la Constitución y que, sin embargo, campan a sus anchas sin el más mínimo problema. Y lo hacen ante los ojos de García Valls.

Entre otras cosas, se ha denunciado la existencia de una sectorial de la Asamblea Nacional Catalana que agrupa a mossos y que, ya en el pasado más reciente, afirmó que se mantendrían “leales al Parlament y al Govern” y no al 155 o la Carta Magna española.

Han denunciado, por supuesto, casos de apertura de expedientes a un mosso por una “falta grave de respeto”, por ejemplo, por oponerse a utilizar siempre el formulario en catalán para los atestados, como le ordenó su sargento. Han denunciado igualmente infinidad de insultos a las autoridades lanzados en las redes sociales por parte de mossos separatistas que quedan sin el más mínimo castigo.

Han denunciado igualmente insultos a la Corona -llamaron “dictador” al Rey de España en redes sociales, o “fascista” a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría-. Y han denunciado la lentitud o inacción de la DAI con mossos separatistas que han lanzado sus ataques estos últimos días contra el juez Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que instruye la principal causa contra el golpe de Estado de Carles Puigdemont y su cúpula.

El Gobierno del 155 subvenciona la exaltación del defensor del ‘racismo catalán’: Pompeu Fabra
Luz Sela okdiario 9 Abril 2018

El acuerdo para la concesión de subvenciones para el fomento del catalán, aprobado bajo el amparo del Gobierno central, recoge las ayudas para “hacer conocer la obra o la figura de Pompeu Fabra”, en el 150 aniversario de su nacimiento. Pompeu Fabra, convencido catalanista, está considerado el padre de la normalización lingüística y de la imposición del catalán. Pero además fue uno de los firmantes del manifiesto “Por la conservación de la raza catalana”, todo un alegato xenófobo sobre la superioridad de los catalanes frente a la población “forastera”. Es decir, el resto de españoles.

“Se debe procurar que toda la estructuración social y económica de nuestro pueblo se base firmemente sobre una población creciente y sana, homogénea en cuanto al sentimiento patriótico y con una clara visión de los destinos de nuestra patria”, “Tenemos que acudir forzosamente a la inmigración forastera difícilmente controlable”, “aunque no podemos dirigir o controlar la mezcla de razas, no deberíamos permanecer desprevenidos ante las posibles consecuencias”… se podía leer en el manifiesto.

En el texto, firmado por otros referentes del independentismo como Jaume Pi Sunyer o Batista Roca, se apostaba por impulsar “las bases científicas de una política catalana de población” para buscar “medios adecuados de defensa de nuestra raza”. Pompeu fue promotor de una sociedad catalana de eugenesia para preservar la raza catalana de la influencia exterior.

En concreto, las ayudas para la promoción del histórico lingüista se recogen en el acuerdo para la concesión de subvenciones en el ámbito del fomento de la lengua, que regirán durante este año.

“Esta línea de subvenciones promueve las actuaciones siguientes: a) Actuaciones que faciliten la presencia y el uso de la lengua catalana, preferentemente en los ámbitos laboral, empresarial, de la juventud y del ocio. b) Actuaciones que contribuyan a hacer conocer la obra o la figura de Pompeu Fabra, en el 150.º aniversario de su nacimiento”.

Las subvenciones van dirigidas a entidades privadas sin finalidad de lucro que tengan su sede en Cataluña, los colegios profesionales de Cataluña, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales y las federaciones deportivas catalanas que tengan previsto llevar a cabo actuaciones específicas para fomentar el catalán. La cuantía de la subvención no puede superar el 70% del coste del proyecto.

El acuerdo determina también las bases de subvenciones para la incorporación de la lengua catalana en productos tecnológicos, para el doblaje y subtitulación en catalán de largometrajes y series, para la traducción al catalán de obras, tanto literarias como no literarias, y para el fomento y difusión de la lengua de signos catalana.

La propuesta llega precisamente un día después de que el Diario Oficial de la Generalitat publicase las normas de preinscripción y matriculación para el próximo curso, en las que no figura la casilla para el castellano, como había prometido el Gobierno.

La única propuesta será una Proposición de Ley que ha presentado el PP catalán para cambiar la Ley de Educación, de forma que se asegure la enseñanza en castellano. “El catalán puede tener la condición de lengua vehicular, pero sin que ello implique que el castellano pueda quedar excluido como lengua vehicular”, se dice en la iniciativa, en la que se propone una presencia de al menos el 25% de las horas- como determinó el Constitucional-otro 25% en catalán y otro 25% en inglés.

 


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