AGLI Recortes de Prensa   Jueves 12  Abril 2018

La excentricidad de Ciudadanos
EDITORIAL Libertad Digital 12 Abril 2018

Tenso rifirrafe el mantenido este miércoles en el Congreso entre el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y el ministro de Educación. Íñigo Méndez de Vigo. "Llámeme excéntrico", le dijo en un momento dado el primero al segundo, "pero ¿sería mucho pedir que se pudiera estudiar español en España?". A lo que el ministro replicó: "no le llamo excéntrico, sino demagogo porque en España se estudia en español".

Es verdad que el ministro ha mentido descaradamente al negar que en algunas partes de España –y no sólo en Cataluña– el castellano haya sido proscrito como lengua vehicular en la enseñanza. La burda negación de la realidad por parte del ministro es tanto más grosera porque hace sólo unos días él mismo tuvo que admitir que no iba poder cumplir en Cataluña su compromiso de garantizar la enseñanza en español a quienes así lo solicitasen, tal y como se había comprometido a hacer antes las demandas de los ciudadanos catalanes que tienen desde hace décadas cercenado ese derecho constitucional.

Ahora bien, que Méndez de Vigo mienta de forma tan descarada no borra el fariseísmo de una formación como Ciudadanos, que hace ya mucho tiempo que dejó de defender la libertad de elección de lengua para pasar a defender un sistema de inmersión lingüística en catalán, castellano e inglés que no por trilingüe deja de ser coactivo. Se da la circunstancia, además, de que Ciudadanos es una formación que, al igual que el PP de Rajoy, defiende que las competencias de educación no estén en manos de la Administración central, sino en las de las autonomías.

Al igual que al PP, Ciudadanos excusa su apoyo al estado autonómico docente haciendo uso de una falsedad como la de hacer creer que la Alta Inspección del Estado podría hacer efectivo el derecho de todo español a estudiar en castellano. Lo cierto, sin embargo, es que cuando una Administración autonómica se niega a obedecer el precepto constitucional y las sentencias en defensa del uso del español como lengua vehicular de la enseñanza en toda España sólo cabe hacer tres cosas: procesar por desobediencia a los responsables autonómicos que no cumplen con su obligación; dejar en suspenso la competencia autonómica en educación mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, para que pueda ser la Administración central la que haga efectivo el derecho a estudiar en español, o proponer una reforma constitucional para que sea la Administración central la que tenga asignada la competencia en educación de forma ordinaria.

Al igual que el PP, y en relación a la exclusión del castellano en la enseñanza, Ciudadanos no ha instado nunca procedimiento penal contra ningún responsable autonómico por desobediencia. Además, siempre se ha negado a toda aplicación del 155 que no tuviera por objetivo celebrar, cuanto antes, unas nuevas elecciones autonómicas como las celebradas el pasado mes de diciembre. Con dicha surrealista aplicación del 155 ni se quería ni se podía hacer nada, en este como en otros tantos campos. Menos aun en una competencia como la educación, que había salido del orden constitucional mucho antes de 2012 y cuya recuperación exigiría cuanto menos más de un curso escolar.

Finalmente, tanto Ciudadanos como el PP y el resto de las formaciones con representación en el Congreso se oponen a que el Estado central recupere las competencias en educación.

Cuando Albert Rivera, Toni Cantó o Juan Carlos Girauta denuncian tan acertadamente los desmanes de los nacionalistas en la enseñanza, Ciudadanos podrá parecer una formación similar a los socialdemócratas de UPyD o a los liberalconservadores de Vox. Sin embargo, a la hora de proponer soluciones, prácticamente viene a ser más de lo mismo que el resto de las condescendientes y pusilánimes formaciones constitucionalistas con representación parlamentaria.

Querer que todos los españoles, vivan donde vivan, puedan estudiar en español no es tanto una excentricidad como, lamentablemente, una aspiración extraparlamentaria.

Frente al problema separatista, estamos solos
Cristina Losada Libertad Digital 12 Abril 2018

En las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos permanentes, sólo hay intereses permanentes. La frase atribuida a Lord Palmerston que acabo de resumir es muy conocida. Se considera la fórmula por antonomasia del pragmatismo aplicado al ámbito de la política internacional. Tiene un punto o dos de cinismo, pero éste resulta a veces un antídoto necesario. Resguarda de una visión no sólo demasiado idealista, sino también demasiado afectiva. Es un llamamiento a la sobriedad frente a la tendencia de gobernantes y opiniones públicas a creer que hay, de un lado, amigos y, del otro lado, enemigos. Y que, de manera semejante a lo que ocurre en la vida privada, un país, un Estado y sus ciudadanos saben a qué atenerse y qué pueden esperar de sus amigos y enemigos, salvo por las excepciones: ésas que siempre se mencionan, pero con las que en realidad no se cuenta.

Nadie contaba con que una de las excepciones fuera Alemania. Con que fuese precisamente Alemania quien propinara un revés a España, a su Justicia, a su Estado y a sus ciudadanos (exceptuando a los que quieren dejar de serlo) precisamente en asunto tan sensible como el separatismo. De Bélgica se podía esperar cualquier cosa. De Finlandia o de Dinamarca o de Suiza no se sabría qué esperar. Pero de Alemania no se esperaba algo así en absoluto. Un país donde no se da margen alguno a las veleidades secesionistas de pequeñas minorías. Un país donde la ley se respeta escrupulosamente (o eso creemos). ¡Un país donde los peatones no cruzan nunca un semáforo en rojo! Un país cuyo criterio durante la crisis económica y del euro apoyó España sin vacilar, pese a que nos ponía en la tesitura de un duro ajuste. Un país de entre los europeos que considerábamos aliado y, en fin, amigo.

El lado de los amigos está frecuentemente plagado de falsos amigos, como las traducciones. Del país del que menos lo esperábamos vino la decisión judicial sobre Puigdemont que ha supuesto una quiebra del espacio de confianza que requiere el procedimiento de la euroorden. En el país donde menos lo imaginábamos han cristalizado, en torno a ese hecho, opiniones políticas y periodísticas a propósito del problema catalán que oscilan entre lo ridículo y lo ofensivo. Incluso se han ido de la lengua quienes más se espera que la sujeten. Ministros han roto la norma de la neutralidad política ante dictámenes judiciales para aplaudir que no se entregue a Puigdemont por rebelión. Han metido a España en el mismo saco que a Turquía en cuanto a calidad y garantías del sistema judicial. Y se han lanzado a aconsejarnos que apliquemos los cataplasmas del diálogo y la política, cosas que igual creen que jamás fueron probados para contentar al nacionalismo catalán. ¡Pero si no se ha hecho otra cosa!

La incredulidad se ha palpado estos días. No sólo por la decisión judicial. De pronto, hemos descubierto que no podemos contar con Alemania, con su Gobierno, con sus dos grandes partidos -con los demás ya no contábamos-, con su Estado, en esta dura, crítica y decisiva partida en la que España se juega tanto. No podemos contar del modo amplio, generoso y comprensivo que esperamos de un amigo. Todo eso se ha puesto en duda, y esa duda que nos ha dejado Alemania se extiende. También pensábamos que Europa, la Unión Europea, ese proyecto que se levantó contra el nacionalismo, se jugaba mucho en la partida contra el separatismo catalán. Lo pensábamos aún a pesar de aquel latiguillo del "asunto interno". Si bien su reducción a asunto interno español tenía la virtud de obstaculizar cualquier intento de "internacionalizar el conflicto". Eso pensábamos.

En Alemania, sin embargo, algunos políticos y medios han empezado a impulsar la idea de una mediación internacional, desde lo que parece una perfecta ignorancia de los antecedentes y de las consecuencias. El director de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, Wilhelm Hofmeister, exponía esa peregrina idea y sus más que predecibles consecuencias en un artículo que publicó en Frankfurter Allgemeine Zeitung ("Cataluña y el declive de la Unión Europea"). Decía respecto de esa mediación:

Del todo nefasta sería la propuesta de que la UE o incluso Alemania deban asumir un papel de mediadores para intermediar en el conflicto entre el Gobierno español y los nacionalistas catalanes. Aunque se lamente que el Gobierno español no haya puesto más interés en una solución política de la crisis al apostar en exceso por una solución jurídica, revalorizar ahora a Puigdemont mediante una iniciativa de mediación supondría que él se podría ver aún más cerca de alcanzar su objetivo. Por supuesto, él va a prometer todo para involucrar a la UE o a Alemania en el conflicto. En tal caso, él se convertiría en dueño del proceso y podría aumentar sin límite el precio a pagar para alcanzar un acuerdo. Los nacionalistas catalanes no buscan un mayor grado de autonomía, sino su objetivo es alcanzar la soberanía, es decir, la escisión de España para fundar un Estado propio. Esto es algo que la Unión Europea no debe y no puede propiciar si quiere evitar una de las causas de su futuro declive.

Es difícil saber tan pronto si esa clase de ideas de bombero vienen motivadas por la buena intención, que puede errar mucho por idealismo y adanismo, o si obedecen a algún interés en el sentido que decía Lord Palmerston. Pero lo que importa saber, en cualquier caso, es que no hay amigos permanentes. Y que precisamente por eso tampoco hay posiciones permanentes. La propia Alemania, por ejemplo, cambió de posición en el lapso de pocos meses cuando las guerras yugoslavas de los años 1990. De una posición favorable a que Yugoslavia permaneciera en lo esencial como un Estado unido pasó a presionar fuertemente en pro del reconocimiento europeo e internacional de la independencia de Eslovenia y Croacia, lo cual abocaba inexorablemente a la fragmentación. Es éste un precedente inquietante. Pero será más útil inquietarse que creer que hay amigos con los que podemos contar y a los que podemos trasladar la solución de nuestros problemas. Nadie nos va a sacar las castañas del fuego.

Legalidad y política.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Abril 2018

ES UN PROBLEMA DE LEGALIDADES SR. ZAPATERO CON UN TRASFONDO POLÍTICO. HOY HABRÁ AUTO DEL JUEZ LLARENA SOBRE JORDI SÁNCHEZ.

Este expresidente de Gobierno de España José Luís Rodríguez Zapatero no deja de ser no un verso suelto sino todo un libro de poemas dentro del panorama político español. La mayoría de las veces para incrementar el ya de por sí desprestigio que arrastra desde su la desastrosa etapa en su segunda legislatura al frente del Gobierno de España durante la crisis económica que solo admitió tardíamente. Tras su forzado retiro y su bien remunerado cargo en el Consejo del Reino, destino de todos los expresidentes de Gobierno de la nación, sus actuaciones y declaraciones han constituido una serie de despropósitos que confirman lo más oscuro del sectarismo ideológico que le caracteriza y que evidenció durante su mandato. Han sido especialmente controvertidas sus labores de intermediación en Venezuela entre la dictadura de Maduro y la disidencia. Una labor que casi mayoritariamente ha sido criticada por su parcialidad extrema por la misma disidencia venezolana.

Pero es que no ha sido la única. Ya empezó con aquella escandalosa declaración de que “nación es un concepto discutido y discutible” y la idea de que España es una nación de naciones. Y no menos lo fue aquella frase dirigida a Pascual Maragall del PSC cuando dijo “aprobaremos lo que venga de Cataluña” referido al nuevo Estatuto de Autonomía que contenía conceptos y atribuciones inaceptables por inconstitucionales. Pero lo que ya resulta el colmo es su última declaración en la que dice que “Pienso sinceramente que la política debe ser quien lidere la respuesta a las crisis políticas. Pienso que el derecho penal, que inevitablemente entra a funcionar cuando se producen hechos delictivos, en democracia es un camino que debe tener la responsabilidad de lo que es el propio sistema democrático”. Y añade que “cuando hay personas privadas de la libertad, presos y familias de presos” se dificulta el diálogo.

Para este nefasto personaje de la reciente historia de España, el conflicto declarado por los golpistas catalanes se reduce a un tema político. No pienso que los sucesos de violencia premeditada y coordinada lanzada durante los últimos meses del pasado año y parte de este, sean manifestaciones de la política, salvo que se acepte esa idea que también comparte el líder de PODEMOS, Pablo Iglesias, cuando dijo lo de hacer de la calle el foro de debate despreciando al Congreso de los Diputados. No pienso que sea política imponer una mayoría parlamentaria para violar conscientemente la Constitución de España y el Estatuto de autonomía, despreciando la voluntad de más de la mitad de los ciudadanos de la comunidad de Cataluña y la soberanía del resto de millones de españoles. Eso no es política sino filibusterismo de la más baja estofa ejercido por cargos públicos abusando de su posición e inmunidad parlamentaria.

Y es que precisamente esos representantes públicos están presos no por sus ideas políticas, sino por la forma de llevarlas a cabo sin respetar las reglas de juego de la democracia que nos hemos dado entre todos los españoles y de la que obtienen su legitimidad para desempeñar sus cargos de responsabilidad. Han cometido graves delitos por los que deben responder ante la justicia, eligiendo algunos de ellos huir de forma cobarde a seguros refugios en el extranjero. No son exiliados sino fugitivos de la justicia. Zapatero piensa además que se precisa un diálogo urgente cuya solución pudiera venir de una reforma de la Constitución. Y aquí discrepo totalmente. No se trata de atender a reclamaciones de un autogobierno superior al ya establecido que es el mayor comparado con otros Estados federales como Alemania. No se trata de crear ese nueva “nación de naciones” en una federación asimétrica agravando el desequilibrio real de derechos ya existente entre comunidades llamadas “históricas” y el resto con prebendas inaceptables de Fueros y Conciertos económicos. No se trata de ir a un diálogo donde una de las partes ya impone condiciones previas al limitarlo a buscar la satisfacción de sus reclamaciones independentistas.

Es claro que lo que podemos agradecer es que este individuo no tenga responsabilidades de Gobierno, aunque no hay que perder de vista el que su partido, el PSOE, ha asumido buena parte de ese discurso en su último Congreso y solo una contestación social podría obligarle a suavizarlo por mera estrategia electoral. Bastante crispación existe en la sociedad española como para abrir un nuevo frente donde se ponga en riesgo temas como la solidaridad entre regiones, la igualdad de derechos y el mantenimiento de privilegios inasumibles en un Estado que se dice democrático.

Por otro lado, hoy debe haber una resolución del juez Pablo Llarena sobre la petición de Jordi Sánchez de obtener permiso para acudir al pleno de su propia investidura como candidato o hacerlo de forma telemática. Lo normal es que la decisión sea denegarlo, manteniendo eso sí la delegación de voto ya aplicada en otras ocasiones. La sola solicitud amparada en una mera admisión a trámite del organismo de Derechos Humanos de la ONU con una petición genérica de garantizar los derechos políticos no entra en el fondo del asunto de la denncia presentada y en ningún caso es vinculante, además de que sí que se respetan esos derechos políticos aunque limitados por otra serie de circunstancias de reiteración delictiva al no ser creíble que modifique su comportamiento ni sus objetivos, menos aún llegando a ocupara un alto cargo de responsabilidad como Presidente del Gobierno de la Generalidad. Por otra parte, en breces días o semanas, puede producirse su inhabilitación provisional para el ejercicio de cargo público al ser procesado.

Creo indiscutible admitir que los golpistas, y en esto incluyo a los partidos políticos participantes del golpe de Estado de octubre pasado, PDeCAT, ERC y CUP, siguen en su estrategia de confrontación con el Estado de Derecho al proponer a candidatos inmersos en causas judiciales en relación con ese golpe de Estado, algunos en prisión y otros huidos de la justicia. Su intento de mantener estructuras de Estado ilegales de representación de la República liderada por un prófugo como Carles Puigdemont, evidencia la nula voluntad de asumir la vía constitucional poniendo lo que llaman un “gobierno títere” que lleve a cabo las directrices dadas desde esas sedes en el extranjero, donde no se excluye reincidir en la desobediencia y en promover disturbios en la forma en que ahora existe con los llamados CDR Comités de Defensa de la República. Una nula voluntad de diálogo en la que se busca consolidar el conflicto.

En cualquier caso, judicialmente lo que hay que evitar es que se pueda cometer un fraude de ley. Y esa es la responsabilidad exclusiva de los Tribunales.

¡Que pasen un buen día!

Todos contra el Partido Suicida
Jorge Vilches. vozpopuli  12 Abril 2018

Robert A. Dahl, un politólogo de los de antes, de esos que no vivían pegados al big data sino a la filosofía, se preguntaba sobre la cantidad de oposición política que puede aguantar un gobierno democrático. Dadas unas aceptables condiciones para la expresión del pensamiento, la presentación de alternativas gubernamentales, la participación ciudadana en la vida pública, el control de las decisiones del gabinete, y una razonable división de poderes, el desenvolvimiento lógico de la democracia deshace gobiernos y crea otros.

El problema surgía, decía aquel norteamericano, cuando en ese sistema se encuentra un ejecutivo débil con una oposición dedicada a minar los dos componentes institucionales básicos del espíritu democrático: el consenso y la lealtad. Tan malo es un término como el otro. No cabe duda de que no es bueno un gobierno debilitado por la falta de confianza, el fracaso de sus políticas o de su comunicación, la timidez resolutiva, la desorganización, la desorientación ideológica, o la labor de zapa de los medios que ponen la lupa en los vicios humanos.

Esa característica va creciendo en España desde diciembre de 2011, cuando tantas confianzas quedaron enterradas, en parte por la herencia recibida del gobierno socialista de Zapatero. Han sido años en los que el ejecutivo de Rajoy, y el resto del PP en municipios y comunidades autónomas, han perdido cuatro millones de votos. Un tiempo en el que la remontada económica no ha sido suficiente para granjearse el reconocimiento de la ciudadanía. Una época en la que adoptaron la tecnocracia como sustento ideológico, eso sí, con un profundo aroma socialdemócrata, lo que ha resultado ser un error garrafal al coincidir con el retorno de la democracia sentimental.

Además, su timidez resolutiva y la política de camuflaje fueron aprovechadas desde 2014 por los independentistas, quienes abrieron un frente que no deja de sangrar. La CiU de Artur Mas concluyó la vía abierta por Jordi Pujol en 1981, aquel proyecto de nation building a golpe de subvenciones, prebendas y control de la educación y de la información. Tocqueville confesaba en sus Recuerdos que a todos les pilló por sorpresa la revolución de 1848. Hoy se habría reído de nosotros por la quietud ante la evidencia de que se avecinaba un golpe de Estado institucional en Cataluña con apoyo en una red social de aspecto cultural.

Los golpistas calcularon bien la personalidad y la debilidad del gobierno, y utilizaron los mecanismos de la democracia para llevar su posición al disenso extremo que destruye las bases de la convivencia. El daño que ha hecho la situación catalana al PP, o mejor, su incapacidad para recoger la reacción popular en defensa de la Constitución, es todavía pronto para calcularlo. Pero no es un número, es un síntoma del abandono suicida de un partido de gobierno.

El resultado de esta situación es negativo, aquí y en cualquier lugar, porque se produce una desafección general hacia el grupo dirigente, confundido con las instituciones y los procedimientos. El ciudadano no tiene por qué saber cómo funciona un sistema político y las leyes, pero sí sabe cuando pierde su confianza en aquellos en quienes la depositó para gestionar lo público.

Esto lleva a la siguiente conclusión: tan nocivo es un gobierno sin capacidad de respuesta, débil y noqueado, como una oposición fundada en el disenso absoluto y la deslealtad, que moviliza a sectores sociales sensibles, como jubilados y estudiantes, y que marca el compás de la agenda política con el auxilio de los medios de comunicación amigos. Lo último es particularmente grave, ya que en democracia la iniciativa política la tiene el gobierno, no la oposición. Cuando esto sucede, un sistema se encuentra en la pista de salida.

Esto es lo que han hecho los partidos de la “nueva política”, Ciudadanos y Podemos; ya muy envejecidos por la ambición, el caudillismo y el marketing electoral. Han sabido explotar las evidentes debilidades del gobierno y de su partido para crear opinión pública, retorcer su mano, humillarlos en ocasiones, y tener presencia social. No hay límites, sino excusas, como las del orden gubernamental y la virtud. El caso de Murcia es una muestra: Pedro Antonio Sánchez, imputado por las denuncias de un PSOE presentado como acusación particular, fue obligado a dimitir por Ciudadanos. El posterior sobreseimiento de las denuncias no ha importado, y el PP sigue bajando en Murcia.

La labor de oposición de los “nuevos” ha minado la confianza en el gobierno, ya de por sí baja por la cascada continua de casos de corrupción, sin aumentar el optimismo por la alternativa. Una democracia con pretensiones de estabilidad ha de basarse también en la esperanza. Ya ocurrió cuando se suicidó la UCD de Suárez, y el PSOE recogió la vitalidad; o cuando se enfangaron los de González en los noventa y apareció el PP de Aznar, hoy estandarte del fuego amigo. Los populares se empeñan en suicidarse, en permanecer “sin pulso” como diría Francisco Silvela, mientras todos le animan a hacerlo, sin alimentar la esperanza en el recambio.

Dos modelos
Gabriel Albiac ABC 12 Abril 2018

Una presidenta autónoma, en Madrid, obtiene mediante fraude un ridículo diploma universitario: basta eso para que esté políticamente muerta. Y bien está. Es un signo de la salud moral –de la salud mental, sin más– de los ciudadanos madrileños no perdonar que un poderoso les tome el pelo. Aunque no haya robado un céntimo. El dinero, en materia de corrupción, potencia el envilecimiento. Pero la corrupción no nace directamente del dinero. Exige una torcedura del recto juicio, sin la cual saberse un ladrón sería muy insoportable. Antes de robar, es necesario generar un clima –ético como estético– de indiferencia hacia lo verdadero. Dicen los clásicos que corromper el lenguaje es la raíz de todas las corrupciones. Cualquier cosa valdrá para quien impone, a su medida, sentido a las palabras: aquel que borró las lindes entre verdadero y falso está exento de cualquier remordimiento. También del de robar. Pero no es lo mismo dar este último paso que no darlo.

En Andalucía, el paso fue dado desde el inicio de esto a lo cual llamamos Estado de las Autonomías. Y que allá abajo no fue nunca otra cosa que Estado del robo. Desde el inicio mismo. La España democrática nacía con muchas rémoras: desiguales desarrollos económicos, resentimientos políticos nunca cicatrizados… De los primeros podía derivarse una hostilidad entre regiones, cuya última consecuencia estamos pagando ahora. De los segundos, un uso sectario de la política como machete con el que deslindar «los míos» de «los otros». En Andalucía, la doble desigualdad se conjugaba con pureza de laboratorio. Nadie pareció pensar lo peligroso que era explotar ese drama para hacer de él crisol de votos.

El PSOE es un monopartido imperfecto en Andalucía. En donde su régimen vence ya en longevidad al de la dictadura. Su control es total: desde las instituciones autonómicas hasta los sindicatos, pasando por coimas empresariales y bancarias. Porque un control así de hermético no puede ser puesto en pie sin repartir mucho dinero. Desde el primer día. Hasta hoy. ¿De dónde podían salir los miles de millones que, a lo largo de estos cuatro decenios, vinieron alimentando una bolsa de votos que no lo era sólo a efectos locales, que movía decisivamente el equilibrio electoral en toda España? De Europa, sobre todo: de los inmensos fondos con que Europa planificaba financiar una homogeneidad de territorios sobre la cual la UE pudiera alzar su proyecto de país federal único a medio plazo. Desde el PER hasta los ERE, no hubo un céntimo de ese maná que no acabase por pagar los votos del omnímodo poder que lo repartía entre esos ciudadanos cada vez más condenados a vivir, o bien de la limosna de la Junta o bien de nada. Y no hay limosna en esta vida que no se pague. Carísima, en política.

Un exceso de confianza en su impunidad hace que dos de esos todopoderosos presidentes socialistas, Griñán y Chaves, deban ahora sentarse en el banquillo. Con la vergüenza ante los ojos de tener que justificar lo injustificable: el reparto de esa fortuna entre amiguetes; o entre siervos, a cambio de una papeleta.

¿Qué resultó de esa caridad de bandolero? Lo previsible: Andalucía ha perdido el tren de la economía moderna, al cual el resto de España se subió hace mucho. Y continúa votando por su servidumbre. No tiene otra cosa. El ciudadano madrileño puede decapitar a una presidenta que exhibe títulos falsos. El andaluz se aferra a dirigentes corruptos, de cuyas migajas vive. Aunque ese vivir sea apenas supervivencia.

Jaime González se despide de ABC denunciando la "purga más infame" nunca vista
ESdiario 12 Abril 2018

El periodista pone fin a una trayectoria de 31 años en el diario de Vocento en una columna en la que no deja títere con cabeza y denuncia el miserable ataque a la libertad de expresión.

Después de 31 años trabajando en ABC, este jueves Jaime González aprovechaba su columna en el diario para despedirse de sus fieles lectores y lo hacía echando mano de la música, "el territorio donde nada nos hace daño", según Andrés Calamaro.

Y González, con dolor, ponía como excepción Baleares "cuyo Gobierno se ha cargado de un plumazo el único lenguaje que tenemos los seres humanos para comunicarnos universalmente. Que el conocimiento del catalán sea obligatorio a partir de ahora para quien aspire a formar parte de la Orquesta Sinfónica supone un miserable y despiadado ataque a la libertad de expresión".

El periodista pone un ejemplo concreto: "el violonchelo de la rusa Ella Carberry" al que cortarán las cuerdas por la sencilla razón de que su dueña no sabe catalán. A su juicio, "segarle las alas a la música es como matar a un ruiseñor. Van a asesinar a un violonchelo y los dedos de Ella Carberry tendrán que exiliarse a otra parte. No cabe mayor exhibición de sectarismo ni purga más infame que la que está promoviendo en Baleares el Gobierno de la socialista Francina Armengol bajo el auspicio de una legión de fanáticos nacionalistas de ultraizquierda. Ni la música se salva".

A los talibanes del catalanismo, González les saca los colores con un par de preguntas: "¿Qué diría Pau Casals? ¿Cómo se sentiría ese catalán universal al comprobar que han matado un violonchelo? "La música trasciende las fronteras de la lengua, de la política", dijo un día. Y dijo más: "La música, este maravilloso lenguaje universal, debería ser fuente de comunicación entre todos los hombres". Pau Casals se moriría de pena y de vergüenza al comprobar cómo, bajo la excusa de defender el catalán, al violonchelo de Ella Carberry le han reventado la caja de resonancia. El sectarismo ha matado a una música rusa por no saber expresarse de otro modo mejor que acariciando las cuerdas".

Y con esta pena en la pluma, González enlaza con su propia despedida: "En señal de duelo, este pianista frustrado abandona el escenario. Me voy con mi música a otra parte. Treinta y un años de servicio (y quince días) me han servido para poder despedirme de ustedes como siempre soñé: rociando de palabras esta última columna en ABC que guardaré como prueba de vida y de fe. Me marcho. Comprenderán ustedes que en días como este daría lo que fuera por saber tocar el violonchelo".

Política y moral
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es  12 Abril 2018

En las democracias los gobernantes son elegidos por los gobernados, que pueden mediante su voto apartarles de sus cargos si no cumplen con sus expectativas, faltan a sus promesas electorales, muestran incompetencia o se comportan de forma deshonrosa. Este mecanismo proporcionado por las urnas puede ser considerado suficiente protección del interés general y garantía de que los políticos, deseosos de conseguir la confianza de sus conciudadanos, se guardarán mucho de incurrir en conductas reprobables para evitar la pérdida de su apoyo. Sin embargo, la experiencia demuestra reiteradamente que los cargos públicos defraudan, roban, mienten, engañan y cometen todo tipo de tropelías, bien sea para conseguir o conservar el poder o para su enriquecimiento personal. La prensa en los países libres destapa con frecuencia los asuntos turbios de ministros, diputados, concejales o presidentes de gobierno y los jueces y fiscales, tras las correspondientes denuncias, proceden a aplicar la ley penal a los que se han valido de sus responsabilidades institucionales para perpetrar delitos. Pese a esta triple red de seguridad, el sufragio, los medios y los tribunales, la frecuencia y gravedad de las transgresiones éticas y de las vulneraciones de la legalidad de los representantes del pueblo no dejan de asombrar e indignar a sus representados.

Por supuesto, hay que distinguir entre Estados en los que los escándalos de corrupción política son raros, reciben con carácter inmediato un castigo ejemplar y sus autores son objeto de unánime reprobación social, como es el caso de los países nórdicos en Europa o de Canadá, Nueva Zelanda, Singapur o Australia en zonas más distantes del planeta, y aquellos en los que las prácticas venales de la Administración son sistémicas, toleradas y escapan frecuentemente de la acción de la justicia, como sucede en Somalia, Afganistán, Guinea Ecuatorial o Venezuela, por citar ejemplos paradigmáticos. España ocupa un decepcionante lugar cuadragésimo segundo en la clasificación de Transparencia Internacional, que abarca ciento ochenta países en el conjunto del orbe. Estamos por detrás de la República Dominicana, de Uruguay, de Portugal y de Chipre, por poner nuestro nivel de limpieza institucional en perspectiva.

El afloramiento de numerosos episodios de prevaricación, cohecho, blanqueo, falsedad y fraude fiscal protagonizados por dirigentes de prácticamente todo el arco parlamentario en los ámbitos local, autonómico y estatal ha sido a la vez señal y síntoma del agotamiento del régimen del 78, que a partir de una transformación meritoria del autoritarismo a la democracia ha ido deteriorándose hasta chapotear en el barro de una partitocracia ineficiente, cleptocrática y cainita. El secreto para disfrutar de orden, seguridad, prosperidad y una función pública honesta tiene dos claves: un diseño institucional correcto y una cultura social basada en valores sólidos. Por desgracia, España no dispone en esta etapa de su historia de ninguno de estos dos elementos en grado suficiente. Nuestro Estado autonómico de partidos es un tinglado políticamente inmanejable y financieramente insostenible en el que abundan los atajos para que los desaprensivos que ocupan puestos de poder cedan a la tentación de la codicia o del trapicheo. El bochornoso espectáculo de una Presidenta de Comunidad defendiendo con ahínco en sede parlamentaria la legitimidad de obtener un Máster presencial sin asistir a clase y sin presentar el trabajo final ha sido el último acto esperpéntico de este prolongado teatro de la desfachatez.

El primer factor, el establecimiento de instituciones sólidas y de procedimientos de gestión pública transparentes y sujetos a un control eficaz, será una de las tareas principales del Gobierno renovado que surja de los próximos comicios generales. El segundo, la implantación en la sociedad de una conciencia colectiva que repudie el aprovechamiento de las responsabilidades públicas para beneficio particular indebido y que reduzca, en consecuencia, a mínimos la aparición de casos de corrupción, es un trabajo de más largo alcance que requerirá una paciente y constante acción en los campos de la educación, los medios, el derecho penal y la ejemplaridad de las elites. El día en que los corruptos, tras cometer su latrocinio, sean arrojados sin misericordia al ostracismo social y no puedan resistir la contemplación de su imagen en el espejo porque la vergüenza les aniquile, nos elevaremos al podio de los primeros puestos de la competición mundial de la moral pública. Otro objetivo más que alcanzar en esta nueva etapa histórica que los españoles iniciaremos juntos en un futuro inmediato.

La libertad de expresión y sus enemigos
Óscar Elía Mañú gaceta.es 12 Abril 2018

Pocas expresiones tienen para el hombre contemporáneo más importancia, ni generan a priori más polémica y unanimidad en su defensa, que la libertad de expresión.

Tendemos a ver a su peor enemigo en el político poderoso que desde el gobierno no tolera críticas, y ejerce la censura violenta como forma de mantenerse en el poder y evitar verdades incómodas. Algo hay de cierto en ello, naturalmente: pero creo que es una forma sencilla y fácil de ver el problema, aunque bastante desenfocada y contraproducente: lo que caracteriza a la libertad de expresión en este arranque del siglo XXI son dos cosas. En primer lugar, que no se limita al ámbito de la lucha política, ni está impulsada por el Estado: lo que la caracteriza es, por un lado, que se dirige a aspectos íntimos del ser humano, alejadísimos de la lucha política.

Nunca en el pasado ningún tirano había querido, y podido, ejercer la censura incluso dentro de la conciencia del hombre, de su pensar, de su querer o de su actuar. Por eso en segundo lugar, los nuevos enemigos de la libertad de expresión no son ya primariamente los políticos, sino que incluso éstos son víctimas de la censura, como lo son otros miembros de la sociedad.

La censura en el periodismo
En primer lugar, antes aún que los políticos, son los periodistas los primeros en ejercer o proponer con saña la censura frente a las opiniones minoritarias: de hecho, con tanta más saña como minoritarias aparezcan. Hay obviamente diferentes motivos, muchos de los cuales se nos escapan: los intereses económicos de las grandes corporaciones, la ideologización creciente entre jóvenes profesionales, la escasa formación intelectual y cívica de promociones enteras de periodistas salidos de las universidades, o las servidumbres del periodismo superficial del siglo XXI, el de twitter y youtube. Todo ello ha creado la figura de un periodista banal y superficial en el rigor, pero sumamente agresivo ante las opiniones ajenas, especialmente si son minoritarias.

El periodismo se ha uniformizado hasta el límite, haciéndose agresivo en esa uniformidad. Intereconomía sabe bien qué es sufrir esa agresividad de la mayoría. En relación con la presidencia de Trump, se denuncian públicamente a los trumpistas, o simplemente a los no suficientemente antitrumpistas, como antes se hacía con el Tea Party o anteriormente con el reaganismo; en relación a la deriva de la Unión Europea, los medios denuncian con gravedad la eurofobia y el auge de la ultraderecha antieuropea; se denuncia a los jueces, escritores homófobos o islamófobos. A los escritores, intelectuales, jueces, empresarios machistas: nadie escapa a la etiquetación ideológica, al señalamiento y al apartheid de los medios. Y son esos medios los que exigen la mordaza antes de que a ningún político se le haya ocurrido pensar en ella.

Y es que la mitología mediática presenta a los periodistas como víctimas de los políticos: pero es más bien al revés. Son los medios los que señalan al político culpable, lo juzgan, lo condenan y lo ejecutan. Para evitarlo, el político se rinde ante la jauría mediática: y cuando no se rinde, asistimos al efecto Trump: el político enfrentado a la corrección política de los medios con un enorme coste: ¡son los medios los que piden el impeachment, los que piden a twitter que cierre su cuenta! En fin: lejos de ser una salvaguarda de la libre discusión, los medios de comunicación actuales tienden a ser los primeros en pedir la censura: lo hacen incluso imponiéndose sobre los propios políticos, que son habitualmente víctimas de la falta de rigor y la demagogia que recorren la prensa y las televisiones.

Las ONG sin ‘ánimo de lucro’
En segundo lugar, hay toda una constelación de organizaciones e instituciones “no gubernamentales” instaladas en la censura intelectual, cultural o artística. La agresividad es mayor cuanto de mayor calado humano y social es el asunto tratado: es decir, cuanto más importante es para la persona. Aquí destacan obviamente las organizaciones LGTB, con observatorios destinados a detectar, perseguir y eliminar civilmente rivales ideológicos. Pero no son las únicas: asociaciones feministas, observatorios contra la “discriminación religiosa”, movimientos ecologistas, de defensa del inmigrante, incluso asociaciones gremiales defienden cada vez con mayor violencia la censura y la mordaza contra opiniones ajenas.

La libertad está ya tan erosionada que emitir opiniones o informar sobre cualquiera de estos grupos humanos es ya arriesgado, puesto que su brazo judicial es ya fuerte y llega hasta la política: es el caso de la Ley mordaza LGTB de Cristina Cifuentes, verdadero brazo armado del lobby gay, destinada a acabar con la libertad de expresión de sus críticos. O el entramado creado a partir de la Ley de Memoria Histórica, destinado a perseguir y amordazar a quienes no defiendan la versión frentepopulista de la Guerra Civil.

Curiosamente –o no- muchas de estas ONGs y organizaciones viven y se desarrollan gracias precisamente a los fondos públicos recibidos: es una broma macabra, porque viven de los impuestos de las personas a las que persiguen. Generalmente además, este tipo de asociaciones se integra bien en la censura mediática: sus expertos justifican en prime time la persecución y el delito de opinión, y a menudo proporcionan a los periodistas materia para señalar mediáticamente a personas o instituciones.

Muchos políticos ceden también ante estas organizaciones, por su supuesto buen fin, por las supuestas causas que dicen defender o por miedo a la etiqueta. Lo políticamente correcto tiene en los políticos a su principal víctima: obedecen de mala gana ante el riesgo de ser señalados por estas organizaciones como machistas, homófobos o racistas, poniendo en riesgo su carrera política. El supuesto objetivo filantrópico, mezclado con habilidades jurídicas y administrativas para la censura, han convertido a las ONGs en elemento esencial contra la libertad de expresión.

La globalización
En tercer lugar, existe una internacional de la censura, radicada en organizaciones internacionales que, escapando al control de los países, legislan cada vez más en materia de libre opinión y pensamiento: el caso de Naciones Unidas o de la Unión Europea es paradigmático. En el caso de la ONU, organismos de expertos dictan normas sobre cómo obrar y como no obrar, qué costumbres se deben imponer y cuáles no. Lo hacen, además, para toda la humanidad y en nombre de la mismísima humanidad.

Así, la OMS no sólo aspira a mandar sobre los cuerpos de miles de millones de personas, sino también sobre sus mentes: señalando a personas y gobiernos que incumplirían con la ciencia y con el bienestar de la humanidad al mismo tiempo. En nombre, de la ciencia médica, denuncian y persiguen a aquellos que en materia de salud sexual o cambio climático no siguen o promueven determinados hábitos y costumbres. Que incluyen, naturalmente, la tutela de esos mismos organismos a escala global.

En el caso de la UE, en la búsqueda de un ethos común a todos los estados miembros, se ha desarrollado un tipo de ética miserable: una mezcla de relativismo y tecnocracia que castiga al pensamiento fuerte. La denuncia de quienes recuerdan las raíces cristianas de Europa, o de quienes alertan del peligro de la islamización vía demografía del viejo continente, forma parte del europeísmo que alerta contra la eurofobia, el populismo o la extrema derecha. Es el caso de Hungría, lo suficientemente representativo: las sanciones, las amenazas poco disimuladas contra Budapest se han convertido en lugar común desde el búnker de Bruselas.

Tanto es así, que no pocos de los argumentos que los censores esgrimen están basados precisamente en tal o cual directiva internacional: el político se encoge de hombros y se remite a las directrices de Bruselas, órdenes impuestas a los Estados miembros. Otras veces, evita en lo posible desairar a ésta o aquella agencia de Naciones Unidas: ¿qué gobernante desea ser puesto en el punto de mira por la ONU o la UE?

La Educación
En cuarto lugar, la educación, en especial la educación universitaria, es también hoy en día un ámbito creador de censura. Creador en el interior, pero también creador de un determinado tipo de graduado tendente a ella en su vida profesional y personal. Así, el fenómeno de los “safe spaces” en las universidades norteamericanas se importa rápidamente a Europa: todo profesor sabe hoy en día que los temas tabús se multiplican en las aulas, paralizando cursos enteros. Se trata de no soliviantar o molestar a éste o aquel colectivo, de evitar llamar la atención de los medios, de enojar a éste o aquel sindicato de estudiantes: la denuncia sobre el racismo, el machismo, la homofobia planean de manera asfixiante sobre las aulas, creando cada vez más áreas prohibidas, que son cada vez más amplias y profundas, porque afectan a cuestiones de la vida humana y social insoslayables en las aulas. En el otro extremo, cuando no se trata de no molestar, se trata de agradar a esos mismos grupos.

Los profesores son así al mismo tiempo víctimas y verdugos. Víctimas porque son ellos los que cada vez más evitan determinados temas que les puedan poner en apuros ante, de nuevo, los medios de comunicación, la universidad o los ministerios. Verdugos porque ejercen ya la censura previa, sobre sí mismos y sobre los demás. Y porque, participando de la normalización de los tabúes, normalizan en sus alumnos la tendencia a la censura y la autocensura. Lejos de formar, la educación se desliza hacia la deformación.

No hay que buscar en la zahúrdas del poder ni en los despachos de los gobierno, a los grandes censores de hoy en día; sino en los medios de comunicación, en las ONGs, en las organizaciones internacionales y en el mundo educativo. Son los periodistas, los activistas políticos, los burócratas y los profesores quienes, hoy en día, ejercen, defienden o justifican la censura. Lo grave del asunto es que todos ellos promueven la censura mucho más allá de lo político; lo hacen además, respecto a cuestiones humanas esenciales. Esta censura va dirigida a la conciencia. Nunca habían llegado los enemigos de la libertad de expresión tan lejos.

TODAS SUS MENTIRAS
Javier Cercas desmonta al separatismo en un artículo en un diario alemán
La Gaceta  12 Abril 2018

Cercas, que se confiesa de izquierdas, hace un ejercicio pedagógico en el artículo y va desmontando una a una las mentiras que el secesionismo vende en Europa.

El escritor español Javier Cercas denuncia en un artículo de opinión en el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” la actuación de los líderes secesionsitas catalanes, a los que acusa de haber protagonizado “un golpe de Estado, lo que no implica forzosamente violencia”.

El artículo hace un relato del acercamiento de la “derecha nacionalista” catalana a los separatistas radicales a partir de 2012, en plena crisis económica, en parte, a su juicio, para que el Gobierno autonómico pudiera culpar a Madrid de su “mala gestión” de esa crisis y, en parte, para desviar la atención de las acusaciones de corrupción que pesaban sobre ellos.

En septiembre de 2017, continúa, el Parlamento regional aprobó la ley del referéndum -declarada luego inconstitucional- y la ley de transitoriedad, con el objetivo de “cambiar de arriba abajo el derecho democrático” para constituir la república catalana.

Se trató, escribe, de “un descarado ataque al estado de derecho” y un “golpe de Estado”, el intento de anular el orden legislativo vigente y sustituirlo por un nuevo orden ilegal.
‘No hay presos políticos’

Los líderes secesionistas detenidos, destaca, no son presos políticos, sino que están acusados de delitos graves, como rebelión, que se aplica a quienes intentan un golpe de Estado.

“Me pregunto por qué alemanes bienintencionados creen que Puigdemont no debería ser extraditado. ¿Porque España presuntamente no sería un estado de derecho tras cuarenta años de democracia y 32 años en la UE? Eso es lo que sostiene la propaganda separatista y es una tontería”, afirma el escritor.

“Ser elegido no otorga a nadie el derecho a derogar la democracia. Deberían recordarlo precisamente en Alemania”, subraya.

Cercas reconoce que no es jurista y evita analizar la resolución de la Audiencia Territorial alemana que descartó el delito de rebelión, pero se presenta como europeísta de izquierdas y considera que “una Europa unida es la única utopía razonable”, frente al “explosivo cóctel” independentista que mezcla “victimismo histórico”, “egoísmo económico” y xenofobia.

ENCUENTRO CON RAFAEL BARDAJÍ
El exjefe de estrategia de Trump, Steve Bannon, apuesta por VOX
La Gaceta  12 Abril 2018

Bannon, otrora presidente de Breitbart, también ha acogido con entusiasmo la invitación del partido de Abascal para venir en los próximos meses a España.

En su primer viaje a EEUU como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de VOX, el columnista de La Gaceta y exasesor de Aznar Rafael Bardají ha mantenido importantes reuniones con miembros de la administración Trump y también con el que fuera el jefe de la campaña que le llevó a la presidencia, Stephen Bannon.

Tras su encuentro con Bardají, el conspicuo Bannon ha manifestado tanto su total respaldo a VOX como su deseo de que el partido derechista obtenga representación parlamentaria lo antes posible: ‘Es muy importante que en España exista un partido basado en la soberanía y la identidad del pueblo español, y dispuesto a defender sus fronteras’.

Por otro lado, y quizá esto sea lo más relevante, el otrora presidente de Breitbart ha acogido con entusiasmo la invitación de VOX para venir a España. Una visita que tendrá lugar en los próximos meses y que estará precedida por reuniones de trabajo orientadas a dos propósitos fundamentales: impulsar la agenda política de VOX y urdir estrategias para combatir la propaganda separatista en el exterior.

Tras su fructífero encuentro con el exjefe de estrategia de Trump, Bardají ha reflexionado sobre el papel que puede desempeñar aquél en el crecimiento de VOX: ‘La experiencia de Bannon durante la campaña presidencial, construida sobre su papel en la formación y evolución del Tea Party en Estados Unidos, su conocimiento de la situación de Europa y la coincidencia en el diagnóstico que aqueja a España y sus vecinos, hará que la aportación de Stephen Bannon al debate político español sea de un valor incalculable’.

Veterano de guerra con pasado en Goldman Sachs y en el mundo del cine, Bannon ha centrado su discurso político en los últimos años tanto en el establishment estadounidense en general, al que acusa de ser totalmente ajeno al pueblo, como al establishment del Partido Republicano en particular, al que considera alejado de su base social.

Bannon, cuyo principal rasgo es la insumisión a los dogmas de la corrección política, se muestra bastante crítico con ese “capitalismo libertario que cosifica a las personas”. De hecho, durante una alocución pronunciada en el Vaticano en el año 2014, aseguró que en nuestro Siglo convergen, como fenómenos relacionados, una crisis de fe y una crisis del capitalismo.

Fundación Konrad Adenauer
El separatismo catalán, la decisión del tribunal alemán y el declive de la UE
La Gaceta  12 Abril 2018

La Fundación Konrad Adenauer ha publicado un artículo en el diario alemán en el que acusa al Tribunal de Schleswig-Holstein de haberse excedido en sus competencias al rechazar la entrega de Puigdemont por rebelión.

El director de la entidad en España, Wilhelm Hofmeister, remitió dicho artículo al Frankfurter Allgmeine Zeitung este miércoles. Bajo el título “Cataluña y el declive de la Unión Europea”, la fundación aborda el peligro de la cuestión catalana para la superviviencia del club comunitario. Este es el texto íntegro del artículo que ha traducido el periodista Hermann Tertsch:

‘’Cuando a principios del próximo siglo los historiadores describan el declive de la Unión Europea y los posteriores conflictos en el continente, buscarán sin duda, en la tradición de Tucídides la auténtica causa (próphasis) y las razones inmediatas (aitiai) para el reiterado desastre. No resulta difícil prever que el comportamiento en Alemania frente al separatismo catalán será reconocido como una de las razones inmediatas (aitiai) para el declive de la Unión Europea.

La Unión Europea se basa, entre otras cosas, en la idea de que es una comunidad de democracias liberales con arreglo al Estado de derecho. En estos momentos, en Alemania esta idea se pone seriamente en entredicho, a juzgar no sólo por el veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein, que ordenó la libertad provisional del líder separatista Carles Puigdemont, sino también por la reacción de políticos y medios de comunicación que niegan al Gobierno y al poder judicial español la competencia necesaria para formarse un juicio constitucionalmente apropiados sobre los separatistas.

En su sentencia, el tribunal regional superior establece analogías entre España y el Estado federal alemán. Por un lado es comprensible, dado que el tribunal sólo puede tomar como referencia a su propio entorno. Pero, por otro lado, esto es fundamentalmente erróneo, porque España no es un Estado federal y porque las Comunidades Autónomas tienen una estatus constitucional completamente diferente a la de los länder alemanes. Los derechos autonómicos de Cataluña superan en muchas áreas las competencias de los Estados federados. Además, el consenso constitucional español se basa en experiencias completamente diferentes a las de Alemania. Uno puede decir que es más precario por lo que, entre otras cosas, los procedimientos para enmendar la Constitución son mucho más complicados y prolongados que en Alemania. Pero esto fue acordado así por los padres de la Constitución Española para no poner en riesgo de forma negligente el consenso alcanzado hace 40 años, cuando se aprobó la Constitución. Las violaciones flagrantes de la Constitución, como las que ha cometido Carles Puigdemont, tienen en el contexto nacional de España un peso al que se percibe en el extremo norte de Alemania.

En lugar de centrarse en las reglas básicas de la Orden de Detención Europea y en entregar a Puigdemont a España, el Tribunal de Justicia de Schleswig-Holstein ha llevado a cabo en un cortísimo plazo una valoración cualificada de los hechos que rodeaban el referéndum ilegal del 1 de octubre, algo que no se le había exigido y que excede de manera significativa sus competencias.

La valoración de las violaciones de la Constitución y de las leyes por parte de Puigdemont y su Gobierno debería dejarse en manos de los tribunales españoles. La democracia liberal de España no sólo permite que personas (como Puigdemont y otros) se presenten como candidatos a las elecciones, a pesar de que evaden la justicia huyendo al extranjero, sino que también les autoriza a aceptar su mandato desde la distancia e incluso de delegar su voto (¡cobrando encima sus dietas!). En Alemania esto sería impensable. Por lo tanto, no hay duda de que los separatistas acusados están recibiendo en España el adecuado proceso judicial, acorde a los principios del Estado de derecho. Sus abogados pueden refutar los cargos individuales y el tribunal no tiene por qué acatar el escrito de acusación, al igual que el tribunal de Schleswig tampoco no acató la petición de extradición de la fiscalía.

Completamente nefasta es la propuesta de un rol de mediación de la UE, o incluso de Alemania, en el conflicto entre el Gobierno español y los nacionalistas catalanes. Puede lamentarse que el Gobierno español no persiguiera con más vehemencia una solución política a la crisis y que apostara en exceso por una solución legal. Pero revaluar ahora a Puigdemont mediante una iniciativa de mediación significaría que éste se acerca un paso más a su objetivo. Por supuesto, prometerá de todo para involucrar a la UE o a Alemania en el conflicto. Entonces, sería el dueño y señor del asunto y podría elevar infinitamente el precio de un acuerdo. A los nacionalistas catalanes no les interesa un mayor grado de autonomía, sino la soberanía; es decir, la secesión de España y la formación de un Estado separado. En esto no debe ni puede mediar la Unión Europea, si lo que quiere es evitar una de las razones de su futuro declive.’’

La UE respalda a Alemania
Una señal de ese declive que describe la fundación Konrad Adenauer son las palabras de la titular de Justicia de la Comisión Europea, Vera Jourová, que ha indicado que la Justicia alemana actuó “de acuerdo a las reglas” en relación a la extradición de Puigdemont. Tendría que mirar los detalles, pero creo que en este caso específico Alemania actuó de acuerdo a las reglas“, ha afirmado Jourová en una rueda de prensa.

La comisaria ha subrayado que los expertos de su equipo “no le han alertado sobre ninguna aplicación errónea de la euroorden” en Alemania.

Jourová hya descartado también que la Comisión Europea esté planeando ampliar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, una negativa que ya había expresado el pasado mes de diciembre después de que España considerara que la lista había quedado “obsoleta”.

“No tengo ningún requerimiento de este tipo de ninguno de los Estados miembros. Tuvimos algo de debate con los colegas españoles el año pasado, pero en este momento no estamos continuando este diálogo”, ha argumentado la comisaria checa.

Sectarismo en Granada
Santiago Navajas Libertad Digital 12 Abril 2018

En Andalucía está en cuestión la prevaricación de facto que acometen las instituciones públicas socialistas con una programación cultural en la que priman los intereses ideológicos sobre los estrictamente artísticos.

En Granada se ha desatado un vendaval político tras la crítica del PP al ayuntamiento socialista de la localidad de Pinos Puente porque ha programado la obra de Alberto San Juan Masacre. Una historia del capitalismo español. La crítica de los conservadores (solo dos concejales contra quince de izquierda) se basa en el adoctrinamiento masivo que se realiza desde las instituciones políticas socialistas en Andalucía, que usan el presupuesto público como un pesebre para "artistas" amigos. Evidentemente, los concejales del PP no están contra la representación de la obra sino que critican que se subvencione sistemáticamente con dinero público una propaganda sectaria, anti sistema y ultra. Pero la izquierda se cree en posesión del erario común como si fuese su coto privado.

Inmediatamente, la mayor parte de los medios de comunicación granadinos y andaluces, que sobreviven gracias a la publicidad institucional pagada por el PSOE de Susana Díaz, ha tratado el caso como si fuese un caso de "censura". Por ejemplo, se ha dado fuelle a la comisaria política del PSOE para "Cultura y Memoria Histórica y Democrática" (sic) que ha hablado de "intolerancia y ridículo nacional" del PP. Pero estos medios, que funcionan en la práctica como una extensión publicitaria del Boletín Oficial de la Junta, forman parte también del entramado orgánico que propagación de "fake news" que ha convertido a Andalucía en una región donde el "pensamiento único" socialdemócrata y los dogmas de la "corrección política" se extienden sin que nadie se atreva a chistar. Y cuando lo hacen, como en el caso del PP en Pinos Puente que protesta porque los teatros públicos se conviertan en "teatros populistas", son arrasados por una caza de brujas que oculta el talante inquisitorial contra cualquier disidencia bajo una fachada "progre".

Permítanme que les cuente una anécdota personal. Hace años invité a un prestigioso grupo de teatro granadino a representar una obra que les había visto en el Teatro Isabel la Católica, el centro dependiente del Ayuntamiento de Granada en aquella época regido por el PP. El director del grupo me confesó que, por haber aceptado la invitación hecha por el equipo municipal del partido conservador, había sido amenazado por los representantes socialistas de la institución de la que dependía, ya que estos no toleraban una colaboración con el "enemigo". Por el contrario, de los responsables de Cultura del PP en el Ayuntamiento, a pesar de conocer sus querencias izquierdistas, no habían encontrado sino colaboración. Le planteé mi incredulidad ante semejante muestra de sectarismo por parte de los socialistas pero el buen hombre, de izquierdas a carta cabal, resignado me dijo que la "cultura" la consideraban los jerarcas socialistas andaluces desde una perspectiva de territorialidad y monopolio, además de una "lógica" de lucha contra el "enemigo".

En Granada no hay más que comprobar la programación del teatro dependiente de la Junta de Andalucía en la capital. En el mes de febrero hemos presenciado además de la citada obra de Alberto San Juan, al parecer un imperativo para todos los teatros de "izquierda", una sutil e implícita apología de la violencia izquierdista con Ragazzo, donde se cuenta la historia de una manifestante de extrema izquierda italiano que fue abatido por la policía cuando intentaba matar a un carabiniere aplastándole la cabeza. Por supuesto, desde una perspectiva lírica y épica que convierte al violento ultraizquierdista en un romántico "rebelde sin causa", víctima del "Sistema" (neoliberal salvaje). Antes, La tristeza de los monstruos, una de las mayores estafas que he tenido ocasión de presenciar en un teatro, vendida como una (atención a la retórica infame):

una ópera prima magistral que habla el idioma de los adolescentes y conecta con su grito desesperanzado; el espejo de una generación colapsada de imágenes; una obra que rechaza el realismo para acercarse a la verdad y en la que las aberraciones criminales de una minoría revelan un malestar social latente.

Es decir, una basura histriónica y pedante envuelta en el eterno soniquete de la "contracultura".

Próximamente habrá otra entrega de adoctrinamiento "kultural" financiado con fondos públicos: La sección. Mujeres en el fascismo español. ¿Sería posible una obra titulada El gulag. Mujeres en los campos de concentración comunistas? La pregunta es retórica.

Habría censura, como protestan escandalizados el sindicato periodístico de la Junta de Andalucía, si se hubiese prohibido la representación de la obra de San Juan. Pero lo que está en cuestión es la prevaricación de facto que acometen las instituciones públicas socialistas con una programación cultural en la que priman los intereses ideológicos sobre los estrictamente artísticos.

Por no hablar del adoctrinamiento masivo que se lleva a cabo en los centros educativos andaluces de mano de ONGs que, con la excusa de una supuesta labor social, inculcan a los alumnos en los postulados de la ideología de género, el anti capitalismo y el discurso del odio a Occidente. Pero eso es tema de otro artículo...

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Terror Lliure
Pablo Planas Libertad Digital 12 Abril 2018
La desaforada reacción catalanista ante las detenciones de varios sujetos de los CDR no es más que un episodio, otro, del blanqueo de la violencia del proceso.

Los separatistas flipan con los jueces. No comprenden cómo es posible que se detenga a los suyos por cargarse la Constitución y el Estatuto. y mucho menos entienden que cortar carreteras también sea un delito, mucho menor en recorrido pero delito. Es que alucinan. Creen firmemente que sus deseos están por encima de las leyes, que sus actos no tienen consecuencias y que el desprecio por la ley exime de su cumplimiento. A capricho.

Mayúsculo estupor. Han detenido a la Tami, que se hacía fotos con todos los concejales de su pueblo y luego se iba a cortar carreteras con los coleguis del comité. ¡Qué fuerte! Después de lo del cuadro ese de Arco y el rapero follainfantas, van a por los CDR. Es que en España no hay democracia, claman los abogados de los golpistas ante la misma ONU, donde están por dejar lo de la guerra de Siria a su aire para ocuparse de la investidura de Sànchez y de la "represión" en Cataluña.

Dantesco les parece a los del proceso, a los medios y partidos de la república del 1-O. El Código Penal no es lo suyo y no lo aceptan. Puede que décadas de impunidad tengan algo que ver. Nunca pasaba nada. Jamás se consideró que amenazar de muerte a políticos y disidentes, que atacar y marcar sedes de partidos, comercios y viviendas o que asediar las casas cuartel de la Guardia Civil estuviera siquiera vagamente relacionado con el terrorismo o fuera algo que mereciera una condena política o una reprobación eclesial, ni mucho menos buscar, juzgar y condenar a los autores de esos actos.

La desaforada reacción catalanista ante las detenciones de varios sujetos de los CDR no es más que un episodio, otro, del blanqueo de la violencia del proceso. Téngase en cuenta que estos campeones del pacifismo van de la mano de personajes como Otegui y Carles Sastre, fundador de Terra Lliure, condenado por el asesinato del empresario José María Bultó y ahora respetado líder sindicalnacionalista, el convocante de las huelgas "de país". Eso sí, del asesinato de Joaquín Viola y Montserrat Tarragona fue absuelto por falta de pruebas. El procedimiento en ambos casos fue el mismo, una bomba adosada al pecho de las víctimas. En diciembre de 2015 fue homenajeado en TV3 y calificado de "gran reserva del independentismo" por firmar un manifiesto para que la CUP no se cepillara a Mas.

Tiene su lógica que quienes consideran que Terra Lliure no fue una banda de asesinos sino unos chicos magníficos convertidos con los años en candidatos a la cruz de Sant Jordi sean incapaces de digerir que se detenga a unos encapuchados que se dedican a sabotear infraestructuras básicas y que han intentado asaltar el Parlament o la Delegación del Gobierno. Según Puigdemont, "no es terrorismo, es la lucha pacífica por la democracia y la libertad". Sí, una lucha estupenda, muy mansa, tanto que hay jueces, disidentes y políticos a los que se ha reforzado la escolta ante el incremento de los incidentes y las amenazas. ¿Terrorismo? No es lo mismo que atropellar a una multitud, pero apesta tanto como para tener que redoblar la guardia por si acaso. Por no hablar del iter criminis.

Más que proclamarse superpacifistas, convendría a los golpistas condenar la violencia, pero no venga de donde venga, sino esa concreta ejercida sin reparos durante años y años en forma de amenazas y exclusión contra los que llaman "unionistas". Sería un primer paso.

La violencia del ‘procés’
Arturo García gaceta.es 12 Abril 2018

Hace tiempo que el ‘procés’ decidió quitarse esa careta de revolución pacífica y friendly que tanto gusta entre algunos sectores del progresismo europeo.

Hoy en La Gaceta nuestro compañero Pepe Gª-Saavedra desvela la terrible agresión que ha sufrido un hombre a manos de un grupo de separatistas en San Julián de Vilatorta (Barcelona). ¿Su delito? Retirar lazos amarillos y los carteles que pedían la ‘libertad de los presos políticos’ que habían sido colocados a la entrada del pueblo. “Le estaban pegando una paliza a un hombre con un bate de béisbol mientras le gritaban: ¡fascista, franquista!”, explica un testigo de la agresión que decidió hacer frente a los violentos.

Un ejemplo que ilustra a la perfección los niveles de violencia que ha alcanzado la deriva separatista en Cataluña. Hace tiempo que el ‘procés’ decidió quitarse esa careta de revolución pacífica y friendly que tanto gusta entre algunos sectores del progresismo europeo para demostrar que décadas de adoctrinamiento en el odio hacia los españoles han generado un clima tóxico que a estas alturas parece irreversible.

Una sensación que comparten los ciudadanos extranjeros que viven en Cataluña. La carta de un alemán residente en España desde hace 17 años así lo demuestra. “Tenemos que reaccionar y demostrarles a los periodistas internacionales que existimos, que existe presión, que estamos excluidos, marcados, agredidos y maltratados psicológicamente por los defensores del nacionalseparatismo”, asevera en relación a la decisión de la Audiencia Territorial del länder Schleswig-Holstein de poner en libertad al golpista Carles Puigdemont y negar a la Justicia española su capacidad para juzgarle por rebelión. No hay más preguntas, señoría.

La pasividad de Mariano Rajoy ha permitido que la imagen del independentismo catalán en Europa no se ajuste a la realidad?. Resulta sorprendente que el presidente de uno de los países más fieles a Angela Merkel y a cualquier medida que se le ocurra a la canciller -véase el Welcome Refugees- no haya sido capaz de poner en marcha una campaña mediática para desmontar una a una las mentiras de Puigdemont y el resto de líderes catalanes.
Trump…

Las decisiones de Donald Trump en materia exterior comienzan a ser un absoluto misterio. Uno recuerda con añoranza aquellos tiempos en los que prometía que, si alcanzaba la Presidencia, Estados Unidos dejaría de derrocar gobiernos ajenos. Una loable medida, dados los precedentes de George Bush en Irak y Barack Obama durante las primaveras árabes, que desde el 8 de noviembre de 2016 parece haber quedado en el olvido.

Este miércoles Trump protagonizó una frenética jornada en su red social favorita, Twitter. El magnate lanzó en apenas quince minutos dos mensajes casi contradictorios que, tal y como señala Carlos Esteban en su artículo, parecen querer contentar, a la vez, a sus bases originales y a los neoconservadores que llevan años tratando de empujar a Estados Unidos a una invasión de Siria.

“Rusia segura que derribará todos y cada uno de los misiles disparados en Siria. ¡Prepárate, Rusia, porque aquí llegan, bonitos, nuevos e ‘inteligentes’! ¡No debiste asociarte con un animal que mata con gas a su pueblo y lo disfruta!”, aseguró el presidente norteamericano. Una amenaza directa al Kremlin, que horas antes había advertido de las nefastas consecuencias de un nuevo bombardeo sobre el pueblo sirio.

A continuación y para sorpresa de todos, Trump lanzó otro tuit en el que abría la puerta a parar la carrera armamentística: “Nuestra relación con Rusia está en su peor momento, y eso incluye la Guerra Fría. No hay motivo para ello. Rusia necesita nuestra ayuda con su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y nosotros necesitamos que todas la naciones trabajen juntas. ¿Paramos la carrera armamentística?”.

¿Con qué Trump nos quedamos? ¿El vociferador beligerante que se apunta a las tesis neoconservadoras contra Rusia en Siria? ¿O con aquel candidato republicano que provocó histeria colectiva en el establishment mundial por asegurar que las relaciones con Putin podían ser buenas?

Un jirón en Europa
Teresa Giménez Barbat okdiario 12 Abril 2018

La orden europea de detención es el mecanismo en que se concreta lo que conocemos por ‘espacio europeo de justicia’, e implica que todos los países de la Unión Europea disponen de sistemas judiciales de plenas garantías. Así, ante la orden europea de detención que pesaba sobre el prófugo español Carles Puigdemont, no cabía esperar del Tribunal de Schleswig-Holstein más que la tramitación automática de su extradición; en la presunción, insisto, de que cualquier resolución dictada en el ámbito de la Unión Europea es merecedora de confianza con independencia del país donde se haya dictado.

En lugar de ello, los jueces alemanes se han enredado en una extravagante disquisición sobre el grado de violencia del procés, como si sus principales responsables la hubieran graduado a la baja para no consumar la intentona golpista. De ahondar en el tortuoso razonamiento de sus señorías, sólo el triunfo de la rebelión habría convertido a sus instigadores en delincuentes, de lo que se sigue, por ejemplo, que el fracaso del 23-F debiera haber exonerado a Tejero o a Milans. Con todo, la arbitrariedad que preside el dictamen no oculta el fondo de la cuestión, y es el crédito que aún merece en Europa cualquier conato de insurrección que recuerde vagamente a la lucha antifranquistas.

Y ello pese a que la misma Alemania prohíbe expresamente en su Constitución la secesión unilateral de cualquiera de sus lands, como recordó el Tribunal Constitucional de ese mismo país no hace ni dos años ante la pretensión de un minoritario partido independentista de organizar un referéndum en Baviera. En este sentido, tan decepcionante como la resolución de la Audiencia Territorial del land norteño han sido las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, pues confirman la sospecha de que una parte de la clase política europea no tiene a España por un Estado de derecho. O ello, cuando menos, se desprende de la consideración de que los delitos en que pudiera haber incurrido Puigdemont requieren una solución política.

En el receloso coro socialdemócrata, una de las voces más destacadas ha sido la del diputado Rolf Mützenich, que se ha se atrevido a comparar España con Turquía o Polonia. Y que lo ha hecho, además, “en virtud de la experiencia”. Literalmente: “El Gobierno federal tiene que considerar si la orden de detención europea e internacional, en virtud de la experiencia con, por ejemplo, el poder judicial turco, español o polaco, todavía permite un procedimiento adecuado y cumple los principios legales del estado democrático”.

Dicho lo cual, no debemos perder de vista la negligencia con que el Gobierno español ha gestionado la intentona golpista. No ya por la risible estrategia de apaciguamiento que ensayó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría o el disparate que supuso destituir a los golpistas para, a continuación, convocar unas elecciones y permitirles presentarse a las mismas. Si en un país como Alemania, donde el mero planteamiento de un proceso de las características del catalán sería contrario a la ley, ha calado el relato nacionalista, es porque no ha habido ningún otro relato que lo refutara.

Están por ver las consecuencias que pueda tener todo ello en un escenario en el que, en los últimos tiempos, el euroescepticismo viene haciendo caja. Lo que ahora se impone, sin embargo, es apurar la vía judicial y restaurar la trama de complicidades entre Estados amigos que es Europa.

Las ‘fake news’ del separatismo
José García Domínguez Libertad Digital 12 Abril 2018

La prensa 'amarilla' de Barcelona ha perdido ya cualquier asomo de honestidad.

La connivencia subvencionada con los sublevados de octubre y sus epígonos bullangueros, los promotores de las algaradas callejeras de ahora mismo, ha llevado a que la prensa amarilla de Barcelona se anime de una vez por todas a romper con las últimas apariencias cosméticas que aún le permitían afectar algún lejano vínculo de parentesco con la honestidad intelectual. Cautivos y desarmados los últimos prejuicios estéticos, las rémoras de lo que en algún tiempo ya muy remoto fueron periódicos serios y hasta respetables, de un tiempo a esta parte se miente a calzón quitado desde la trinchera editorial. Sin afeites ni disimulos arcaicos, lo suyo ahora mismo es el periodismo de hooligans y para hooligans. Al punto de que, comparado con los guisos de olla podrida que a diario se pueden degustar en los kioscos de Barcelona, hasta El Alcázar hubiera pasado por un digno sucedáneo ibérico del Times de Londres. Cátese, sino, la última gran trola coral a la que están dando pábulo los dircom del golpe.

Se trata de la bola de moda en Barcelona, esa que pretender enmendar nada menos que a la ONU con la candidatura de Jordi Sánchez. Así, en La Vanguardia del presunto Grande predica cierto Luis B. García que "Puigdemont reclama la necesidad de exigir que se cumpla con las medidas de la ONU" a propósito de los apetitos presidenciales del alborotador Sánchez. En elnacional.cat, belicosa gacetilla digital dirigida por el siempre insobornable Pepe Antich, una Marta Escobar sentencia rotunda que "Torrent ha recordado al magistrado Pablo Llarena la resolución de la ONU que insta a España a garantizar el derecho político del candidato a la Presidencia y que, por tanto, el tribunal tiene que permitir que se someta a la votación". A su vez, otra oscura Núria Orriols titulaba con gran despliegue tipográfico en el Ara que "Sánchez mantendrá el escaño a raíz del pronunciamiento de la ONU". Como se ve, ya no estamos ante una vulgar resolución sino ante todo un pronunciamiento de la ONU. En el Avui, aunque sin dejar rastro de firma alguna, se aseguraba a sus incautos lectores: "El Comité de Derechos Humanos de la ONU pide medidas cautelares para evitar daños irreparables".

Y en el siempre desternillante Vilaweb, en fin, subían la apuesta con el siguiente reclamo de portada: "Turull también reclamará medidas cautelares a la ONU". Huelga decir que todo es mentira. Sí, simplemente es mentira, pura y dura mentira, que exista resolución alguna de las Naciones Unidas por la que se obligue al Reino de España a permitir el proceso de investidura de Jordi Sánchez. Bien al contrario, y como acaba de decir Inés Arrimadas, la respuesta de la ONU al escrito presentado por los abogados de Sánchez constituye un simple y burocrático acuse de recibo. Únicamente un acuse de recibo. Apenas eso. El mismo acuse de recibo, por cierto, a través del que ese apéndice de la ONU se dio por enterado de la reclamación simultánea de Puigdemont. Ergo, el Comité de la ONU no ha establecido que en España se estén incumpliendo los derechos políticos del recluso Sánchez. Y muchísimo menos le ha dado la razón. Mienten, luego cabalgamos.

Los sindicatos, parasitados por el separatismo
EDITORIAL El Mundo 12 Abril 2018

Los sindicatos, ya de por sí lastrados por su creciente pérdida de influencia, parecen empeñados en autolesionarse haciendo de correa de transmisión del independentismo. Si hasta ahora las federaciones de UGT y CCOO en Cataluña habían dado muestras claras de connivencia con el nacionalismo, hasta el punto de abrazar la demagógica bandera del derecho a decidir, ahora son las direcciones de las centrales sindicales las que se apresuran a adherirse a la causa separatista. Su participación en la manifestación convocada para este domingo en Barcelona supone un grave error y un ataque inaceptable al Poder Judicial, en la medida en que cuestiona la respuesta del Estado de derecho al golpe perpetrado por el secesionismo. Resulta bochornoso que los sindicatos, cuya función social ampara la Constitución, la traicionen para apoyar la voluntad independentista de liquidar la soberanía nacional.

UGT y CCOO han justificado su respaldo a la movilización soberanista porque su objetivo es "la construcción de puentes de encuentro entre la sociedad plural catalana y la llamada a la normalidad institucional, política y judicial". Tal ejercicio de alambicada retórica ilustra con precisión la ambigüedad con la que siempre se ha movido el sindicalismo español en relación al nacionalismo. La realidad es que la protesta está promovida y convocada por las organizaciones independentistas, y tiene como explícito fin cuestionar y denigrar a la Justicia española, en sintonía con la campaña orquestada por Puigdemont y el resto de fugados para desacreditar a los tribunales de nuestro país en la esfera internacional. Las centrales sindicales dicen "no compartir" los objetivos de las fuerzas independentistas. En cambio, apelan a la "normalidad judicial", alimentando así la falacia grosera y desleal de que los líderes procesados son víctimas de la represión del Estado y la persecución política.

Prestándose a ser parasitados por el secesionismo, los sindicatos no sólo se suicidan sino que terminan abdicando de su principal labor, que estriba en la defensa de los intereses de los trabajadores. Pocos proyectos políticos más nocivos para la clase trabajadora que el procés, tejido por la élite de la sociedad catalana, y cuyo balance de daños resulta particularmente sangrante en lo referente a la destrucción de puestos de trabajo y la fuga de empresas. Así que sólo desde la ceguera y la irresponsabalidad se pueden anteponer las reivindicaciones identitarias al paro, la precariedad o la calidad de los servicios públicos.

Que las centrales sindicales sucumban a la hegemonía independentista en el espacio público en Cataluña no es una novedad. Sí lo es que se sumen, consumando una felonía intolerable, a la estrategia de coacción y desacreditación de la democracia española.

La CUP pone en marcha una campaña para imponer el catalán en Baleares
OKDIARIO 12 Abril 2018

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Palma ha puesto en marcha una campaña llamada ‘Dempeus pels nostres drets. Visquem la llengua’, para, según ellos, “ampliar los derechos de los catalanohablantes”.

Asimismo, esta iniciativa contará con “varios frentes”, como el ámbito educativo, el laboral, el empresarial, el social, el cotidiano o el sanitario, entre otros, según ha explicado la CUP en un comunicado.

Desde la CUP Palma han considerado que “los equipos de gobierno de Baleares, muy especialmente el del Ayuntamiento de Palma, tienen como deber adoptar medidas para preservar los derechos lingüísticos”.

Por último, la CUP Palma ha destacado que la campaña estará abierta a “la participación de cualquier persona que quiera trabajar en la línea que planeta la agrupación”.
Realidad diferente

Esta campaña choca, sin embargo, con las numerosas noticias que en los últimos meses se van conociendo de médicos y profesores que abandonan las Islas Baleares al no poder mantener sus puestos de trabajo por no tener el nivel suficiente de catalán que requieren las administraciones.

Sin ir más lejos, OKDIARIO ha publicado el caso de Irene Mayorga, otorrinolaringóloga, abandona Mallorca con su marido (también médico) y denuncia la discriminación que el ‘govern’ de socialistas y nacionalistas han introducido con el denominado ‘decretazo’ que impone el catalán en la Sanidad pública.

Navarra castiga en sus oposiciones a los aspirantes que no hablan euskera
Saber esta lengua, en una región donde solo lo habla el 6,7%, será un mérito para ser funcionario
PABLO OJER ABC 12 Abril 2018

El pasado 24 de marzo, más de 5.000 personas se presentaron a las oposiciones que designarán 108 plazas en Enfermería en distintos hospitales navarros. Las personas inscritas tenían una procedencia muy diversa, aunque el 54% eran navarras. Y de las inscritas procedentes de otras comunidades, más del 25% procedían de la Rioja (402) o de Zaragoza (197). Esto fue gracias a que estas oposiciones fueron las últimas convocadas, el 25 de septiembre de 2017, antes de que se aprobara (15 noviembre de 2017) el nuevo Decreto Foral que regula el uso del euskera en la Administración Pública de Navarra.

A partir de ahora, quien quiera conseguir una plaza de funcionario en Navarra tendrá más posibilidades si conoce la lengua vasca que si tiene un doctorado o un máster en la especialidad a la que opta, por lo que buena parte de las más de 2.000 personas inscritas en las oposiciones de Enfermería celebradas hace 15 días procedentes de otras regiones, no tendrán apenas posibilidades de acceder a una plaza a no ser que su origen sea el País Vasco.

El nuevo decreto ha incrementado el peso del conocimiento de euskera en el concurso de méritos de forma que quien no sepa vasco tiene muchas menos posibilidades de obtener la plaza. El Sindicato Médico de Navarra puso como ejemplo el concurso oposición que tuvo lugar el año pasado para Facultativo Especialista para el Servicio Navarro de Salud. Tener el MIR sumaba 6 puntos. Con el nuevo decreto foral, saber euskera para un puesto en la zona vascófona (norte de Navarra), podría suponer hasta 8,98 puntos.

Excusas
El Gobierno de Navarra intentó contrarrestar las protestas del Sindicato Médico alegando que en la zona vascófona no hay hospitales. Efectivamente, no hay hospitales para esta oposición concreta, pero lo mismo sucede en otros concursos oposiciones en los que sí se ofertan plazas en la zona vascófona.

Además, en el resto de las zonas lingüísticas, si bien la puntuación del euskera no alcanza al mérito que puede tener la posesión del MIR, sí que tiene un peso que desequilibra la balanza hacia aquella persona que conoce el euskera. En la zona mixta (Comarca de Pamplona), el conocimiento del euskera podría alcanzar los 5,46 puntos en el concurso oposición al que se refiere el Sindicato Médico. Tan sólo en la zona no vascófona (el resto de Navarra), el conocimiento del euskera no tendría tanto peso, con un máximo de 2,73 puntos.

Pero ante dos personas que se jueguen el puesto con los méritos, el que sepa euskera seguiría teniendo ventaja respecto a otra persona con los mismos méritos académicos o de experiencia en una zona, la no vascófona, en la que apenas nadie habla euskera.

Según el nuevo decreto foral, la puntuación que se le asigne al euskera en un concurso de méritos dentro de una orquilla según la zona lingüística, lo decidirá el departamento pero con la obligación de tener un informe de Euskarabidea - Instituto Navarro de Euskera, que es el organismo público encargado de fomentar el euskera.

Recurso
Por estas razones, el decreto foral sobre el uso del euskera en la Administración Pública, además de aprobado con los votos del cuatripartito que sostienen al Gobierno de Navarra, Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida, también está en los tribunales. Varios sindicatos como UGT, el Sindicato de Personal de la Administración, Afapna o el Sindicato Médico entre otros lo tienen recurrido. El responsable de la Administración Núcleo de UGT, Jesús Elizalde, aseguró en el momento de presentar el recurso, el pasado mes de diciembre, que «este Decreto vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía en el acceso a la Administración, quebrantándose con ello la igualdad de oportunidades a la hora del ingreso en la Función Pública». Elizalde señaló que ocurre «lo mismo respecto de la promoción y movilidad interna del propio personal de la Administración».

Tres detenidos por agredir a partidarios de Tabarnia tras una manifestación
Seguidores radicales del club de fútbol UE Sant Andreu arremetieron contra un grupo de cuatro personas que habían participado en la manifestación
larazon.es.  12 Abril 2018

Los Mossos d'Esquadra han detenido hoy a tres seguidores radicales del club de fútbol UE Sant Andreu acusados de agredir el pasado 4 de marzo a un grupo de personas que acababan de participar en Barcelona en una manifestación convocada por la Plataforma por Tabarnia.

Según han informado a Efe fuentes policiales, los tres detenidos están acusados de los delitos de lesiones y robo con violencia, ya que también robaron el teléfono móvil de una de las víctimas, con la agravante actuar por motivos de odio y discriminación.

La agresión se produjo el pasado 4 de marzo, cuando los seguidores radicales de la UE Sant Andreu arremetieron contra un grupo de cuatro personas que habían participado en la manifestación, que reunió a unas 15.000 personas, convocada por la Plataforma por Tabarnia, que reivindica la independencia de Barcelona y Tarragona del resto de Cataluña, en una respuesta irónica al independentismo.

Según han precisado a Efe fuentes cercanas al caso, una vez finalizada la manifestación, cuatro participantes en la marcha se encontraban en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, donde fueron abordados por un grupo de seguidores radicales de la UE Sant Andreu, que les recriminaron que llevaran simbología unionista, en concreto banderas de Tabarnia.

Además de los tres detenidos, los Mossos d'Esquadra también han denunciado a otros dos hombres y dos mujeres seguidores radicales del UE Sant Andreu, por su participación en la pelea, en su caso acusados de un delito de lesiones leves y un trato degradante, con la agravante de odio y discriminación.

Los tres detenidos y los cuatro denunciados por esta agresión forman parte del grupo Desperdicis, la facción radical de los seguidores del UE Sant Andreu.

Los agresores actuaron contra un grupo de cuatro personas que llevaban banderas de Tabarnia, dos de las cuales resultaron heridas de poca consideración.

Los delitos de odio y discriminación por orientación política se dispararon un 111 % en Cataluña el pasado año, en el que pasaron de 72 a 152 casos, en su mayoría desde el referéndum del 1-O, cuando se registraron 89 casos con 106 víctimas, según datos de los Mossos d'Esquadra.

ASÍ LO CUENTAN LOS TESTIGOS
Brutal paliza al grito de ‘fascista’ a un hombre que retiraba lazos amarillos
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 12 Abril 2018

Un testigo relata a La Gaceta la brutalidad del ataque del separatista que se produjo entre dos carteles que, paradójicamente, llaman al diálogo y reclaman la libertad de los separatistas encarcelados.

Un separatista agredió brutalmente el pasado viernes a un hombre que se encontraba retirando lazos amarillos en la localidad barcelonesa de San Julián de Vilatorta, un municipio de Barcelona gobernado por ERC. El ataque se produjo alrededor de las 19:00 horas.

Un testigo que socorrió al hombre agredido ha detallado a La Gaceta cómo fue la brutal agresión. Se encontraba junto a unos amigos en el porche de una casa cuando escucharon unos gritos muy fuertes, salieron a ver qué ocurría y se encontraron con la agresión. ‘’Le estaban pegando una paliza a un hombre con un bate de béisbol mientras le gritaban: ¡fascista, franquista!’’, explica.

A pesar de que había al menos dos separatistas radicales en el lugar, el testigo solamente vio a uno de ellos agredir al hombre. Se habían bajado de su vehículo y la emprendieron contra él: ‘’la víctima tenía toda la cara ensangrentada y uno de ellos llevaba un bate con manchas de sangre, que se extendía por sus brazos’’.

El agredido estaba atemorizado en el suelo gritando y pidiendo ayuda mientras, explica, ‘’el agresor se encontraba fuera de sí gritando ‘fuera del pueblo, fuera de Cataluña, fascista’’.
¿Qué motivó la agresión?

Su delito fue, según el testigo, arrancar los lazos amarillos y los carteles que pedían la ‘libertad de los presos políticos’ que habían sido colocados en todos los árboles a la entrada del pueblo. ‘’Se da la circunstancia de que cada árbol tiene carteles plastificados con un mensaje. Le pegaron entre uno que ponía la palabra ‘diálogo’ y el otro que reclamaba ‘libertad’’, recuerda, haciendo hincapié en lo paradójico de la situación.

El testigo increpó a los separatistas, que terminaron huyendo en sus vehículos, mientras otras dos personas socorrieron a la víctima y llamaron a la ambulancia. Pudo hacer fotos de los coches y sus matrículas para ponerlas a disposición de la Policía. Poco después llegaron varios coches de los Mossos y los sanitarios trasladaron al hombre hasta el hospital de Vic, que ya ha abandonado tras recibir el alta médica.

Según apunta Crónica Global, los hechos ya han sido denunciados ante los Mossos d’Esquadra, que se encuentran investigando la agresión.

El alcalde de la localidad (ERC) colgó en Twitter poco después unos mensajes en los que decía que en ‘’San Julián de Vilatorta somos gente de paz que defendemos nuestras ideas de manera no violenta’’, y condenaba la agresión:

“Cualquier acto violento, sea del signo que sea. Es intolerable cualquier tipo de agresión, lucharemos contra estas conductas porque van en contra de todos y de todo el mundo. Por suerte están hechos aislados, no representativos del carácter abierto de nuestra sociedad”, zanjaba.

La Orquesta Sinfónica de Baleares priorizará a los músicos que sepan catalán
La nueva convocatoria para cubrir plazas de forma eventual permite, no obstante, que se puedan presentar ahora a las pruebas quienes no tengan el nivel de catalán exigido
Josep Maria Aguiló ABC 12 Abril 2018

La Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares publicó el pasado 5 de abril la convocatoria de unas pruebas para cubrir distintas plazas de forma temporal para todas las familias instrumentales. Según se establece en las bases, podrá acceder a dichas pruebas cualquier músico español o extranjero que tenga los estudios superiores del instrumento al cual se presente, aunque no disponga ahora del nivel de catalán que se exige en esta convocatoria, en concreto, un nivel B2 —avanzado— de la lengua cooficial. Aun así, en esta convocatoria la Orquesta Sinfónica priorizará la contratación de los músicos que, habiendo superado previamente la prueba artística, acrediten además la preceptiva titulación lingüística.

El Patronato de la Fundación de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares está presidido por la actual consejera de Cultura del Gobierno regional, la ecosoberanista de MÉS Fanny Fur, ya que la Orquesta Sinfónica depende administrativamente del Ejecutivo autonómico. En la presente legislatura gobierna en la Comunidad la socialista Francina Armengol, con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el apoyo parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca.

Cabe recordar que la exigencia del catalán para poder trabajar de forma temporal en los distintos organismos de la Administración isleña o para poder optar a unas oposiciones fue establecida en 2007 a través de la Ley de Función Pública, que fue aprobada por el entonces presidente autonómico, el popular Jaume Matas. El sustituto de Matas, el socialista Francesc Antich, mantuvo dicha norma sin cambios. Sin embargo, en la pasada legislatura, bajo la presidencia del popular José Ramón Bauzá, se modificó parcialmente la Ley de Función Pública. Con Bauzá, el catalán dejó de ser un requisito para pasar a ser sólo un mérito para poder ser empleado público. Ya en la presente legislatura, una de las primeras medidas adoptadas por Armengol fue derogar la modificación legislativa llevada a cabo por Bauzá y volver al texto originario de la Ley de Función Pública, que es el que ahora vuelve a estar vigente.

Diversas excepciones
Las condiciones de contratación temporal establecidas en la convocatoria para poder trabajar ahora en la Orquesta Sinfónica no afectan ni al director titular, Pablo Mielgo, ni a los solistas, ya que su incorporación o su permanencia se rige por contratos externos. Por otra parte, en la convocatoria aprobada inicialmente el pasado 1 de febrero se establece que «excepcionalmente» podrán formar parte del listado final de la bolsa de trabajo de la Orquesta Sinfónica aquellos músicos que hayan superado la prueba artística y que no tengan el certificado de catalán. Para ello será necesario que previamente algunos puestos hayan quedado finalmente sin cubrir.

Según se recoge en las bases de la convocatoria, están previstos contratos eventuales de duración igual o inferior a 45 días, así como contratos de sustitución y cobertura de plazas dotadas vacantes y excedencias o situaciones asimilables. En ese contexto, cabe señalar que en los casos en que un músico sea finalmente contratado sin la preceptiva titulación de catalán, deberá acreditar conocimientos de la lengua cooficial en un plazo máximo de un año siempre y cuando haya sido contratado por un periodo de tiempo superior a los 18 meses. «En caso contrario, será causa de extinción de la relación laboral», señala el texto.

La bolsa de trabajo que en breve estará ya en marcha será válida durante un periodo máximo de un año. Aun así, la vigencia de dicha bolsa laboral podrá ser prorrogada por dos años más en caso de que así lo apruebe el Patronato de la Fundación de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares.

UN NIVEL B2
La socialista Armengol exige el catalán para tocar en la Orquesta Sinfónica
La Gaceta  12 Abril 2018

En la orquesta, en al que se exige a los candidatos un nivel de catalán B2, de la mitad de los miembros son extranjeros.

La Orquesta Sinfónica de Baleares primará a los músicos que tengan conocimientos acreditados de catalán a la hora de cubrir temporalmente sus vacantes, aunque contempla la opción de contratar a intérpretes que no conozcan esa lengua si no hay alternativa.

La Consejería de Cultura, Participación y Deportes del Govern balear, responsable de la formación orquestal, ha puesto en marcha una convocatoria para la confección de la bolsa de trabajo para contratos temporales en la que el conocimiento de catalán no se plantea como requisito para aspirar a esos contratos. Se pueden presentar músicos titulados de cualquier nacionalidad que deberán pasar unas pruebas artísticas específicas de su instrumento para poder pasar a integrar una bolsa inicial de la que se irán escogiendo a los especialistas en función de las necesidades.

De cara a esa “lista final” para la cobertura de una sustitución por vacante o por necesidades de los programas a interpretar, tendrán prioridad aquellos que hayan acreditado un nivel de catalán B2 (nivel intermedio), al margen de la nota con que superarán las pruebas artísticas.

El PSOE ha convertido a los ciudadanos de las islas en rehenes del separatismo catalanista radical de Més y Podemos, las dos formaciones políticas que el mantienen al frente del Govern. Cabe recordar que el pasado mes de marzo aprobó el decreto que regula el conocimiento de catalán para trabajar en la sanidad pública balear, que no impide obtener una plaza en oposiciones sin saber la lengua cooficial, pero sí es obligatorio para optar a traslados y cobrar los pluses de carrera profesional.

En estos casos, los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico). En caso de que no lo tengan de inicio se les da un plazo de dos años para obtenerlo una vez aprueben las oposiciones. Además, los trabajadores de la sanidad pública no podrán promocionarse profesionalmente si no se acredita el nivel de catalán de la plaza deseada.

La portavoz del Govern, Pilar Costa, explicó en rueda de prensa que esta iniciativa pretende defender y conjugar el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Baleares -catalán y español- con la garantía de ofrecer una asistencia sanitaria de máxima calidad. Por otra parte, la consejera de Salud, Patricia Gómez, destacó que este decreto es “fruto del consenso” con los sindicatos e hizo hincapié en que se trata de “unas exigencias de conocimiento y compresión de la lengua mínimas: aparte de garantizar los derechos de los profesionales, estamos aquí para garantizar los derechos de los ciudadanos”.

La norma generó la oposición de parte del sector sanitario, del PP, Actúa Baleares y Ciudadanos (Cs) y de entidades como “Mos Movem, En Marcha, Let’s go”. El Gobierno central, igual que el sindicato CSIF, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales esta nueva normativa al entender que vulnera las normas del Sistema Nacional de Salud.

Albert Boadella: «La falta de decisión de Rajoy la estamos pagando muy cara»
Efe. Madrid. larazon 12 Abril 2018

El autoproclamado presidente de la plataforma Tabarnia, Albert Boadella, ha considerado hoy que la "falta de decisión" del Gobierno del PP, "y en concreto de Mariano Rajoy", en el tema catalán "la estamos pagando muy cara".

En un acto informativo para presentar el libro "¡Viva Tabarnia!", en el que reflexiona sobre la situación actual de Cataluña, Boadella ha reprochado a Rajoy que permitiera el conato de referéndum o que no interviniera en el "adoctrinamiento" que, a su entender, se practica en las escuelas catalanas.

En definitiva, ha culpado a Rajoy de "no intervenir en cosas que, en el fondo, eras cuestiones de Estado" o de no tener preparada una "contraprogramación" desde la televisión pública a TV3, que ha calificado de televisión "golpista".

A juicio del también dramaturgo, en el tema catalán "todo se ha hecho muy mal y las responsabilidades de los distintos gobiernos son inmensas, y en especial las de este gobierno, que lo ha hecho bastante mal".

Boadella también ha culpado al expresidente Jordi Pujol de "fabricar" toda la estructura actual, a quien ve en el "origen" del catalanismo nacionalista. "Lo tenía en la cabeza antes de ser presidente", ha dicho.

Y sobre lo que está por venir, el presidente de Tabarnia ha advertido de que Cataluña puede ser una "brecha mortífera" para el conjunto de Europa.

En este sentido, el dramaturgo se ha referido a países europeos que pueden estar interesados en "avivar" la situación catalana y en "desmontar" parte de la Unión Europea, que tiene sus "imperfecciones" pero, sin duda, es "nuestro mejor futuro".

Pero además del "peligro real" que Cataluña puede representar para Europa, Boadella ha afirmado que el catalanismo es "esencialmente xenofobia", aunque luego está el "folclore" para encubrirlo un poco.

Y ha explicado que esa xenofobia significa una "mirada de superioridad frente al resto de los españoles y una sensación desagradable de vivir junto a ellos".

Y frente a esto, ha señalado que Tabarnia supone "oxígeno", una mirada satírica a los independentistas y un mensaje: "Si vamos a jugar al derecho a decidir, vamos a decidir todos".

‘HARTO DEL SEPARATISMO’
Un alemán afincado en Barcelona: ‘Aquí existe violencia psicológica’
La Gaceta  12 Abril 2018

Se ha sumado así a Karl Jacobi, el empresario alemán que pidió cárcel para los separatistas.

Un alemán residente en España desde hace 17 años ha enviado una carta a Dolça Catalunya en la que señala que se siente “decepcionado” con la decisión de la Audiencia Territorial del länder Schleswig-Holstein de poner en libertad al golpista Carles Puigdemont y negar a la justicia española su capacidad para juzgarle por rebelión. Estima que no concibe que “un juez regional esté por encima de la Constitución y las leyes españolas” y que se siente “harto” y “agobiado” al vivir en Barcelona.

“Tenemos que reaccionar y demostrarles a los periodistas internacionales que existimos, que existe presión, que estamos excluidos, marcados, agredidos y maltratados psicológicamente por los defensores del nacionalseparatismo”, dice.

Asegura que él mismo ha sido víctima y que fue agredido e insultado varias veces por sus vecinos e hijos menores. “Me llamaron nazi, fascista y me dijeron que volviera a tu puto país (sic)”, añade, antes de manifestar que “el mundo tiene que saber que en esta Comunidad Autónoma llamada Cataluña (…) existe violencia psicológica hacia la persona que no comulga” con ellos.

Se ha sumado así a Karl Jacobi, el empresario alemán que pidió cárcel para los independentistas en un coloquio con el presidente del Parlament, Roger Torrent, que la pasado semana declaró sentirse “avergonzado” por la decisión de liberar a Puigdemont. “Allí no saben lo que pasa en España” aseguró, “creen que es David contra Goliat”. “La opinión pública en Alemania está más bien a favor de estos nazis catalanes que del Gobierno español”, dijo.

“Es la primera vez en mi vida que me siento avergonzado de ser alemán”, aseguró este el empresario, afincado en España desde 1984 y que tiene negocios relacionados con el sector del marketing y la comunicación y añadió, en alusión a sus compatriotas, que “la gente allá no tiene ni idea de lo que pasa en España”.

A juicio de Jacobi, la opinión pública de su país está “más bien” a favor de las tesis de los independentistas debido a la labor de “propaganda” que está haciendo TV3 para toda Europa, “y por eso en Alemania la mayoría de las personas piensan que aquí se da un David contra Goliat”, finalizó.

Las seis grietas en la Memoria Histórica de Carmena
La Justicia cerca el cambio del callejero. Además de Caídos de la División Azul, hay otras vías que alegan no estar afectadas por la ley.
Pablo Gómez. larazon 12 Abril 2018

El fallo judicial conocido el martes que anula el cambio de la calle Caídos de la División Azul ha abierto una grieta en la estrategia del Gobierno de Manuela Carmena para modificar el nombre de 52 vías del callejero por contener, según sostienen desde Cibeles, referencias franquistas. El varapalo jurídico es especialmente importante porque retrata algunas contradicciones del Ayuntamiento de la capital: según el fallo, el cambio aprobado para sustituir la actual denominación de la calle Caídos de la División Azul y los argumentos aportados por el consistorio contravienen la Ley de la Memoria, precisamente la ley que el equipo de Carmena asegura querer dar cumplimiento con esta «purga».

En su resolución del pasado 6 de abril, la jueza recuerda que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica limita la capacidad de las administraciones públicas a la hora de retirar los símbolos u homenajes a aquellos que conciernan a personas o colectivos vinculados con la exaltación de la sublevación militar de julio de 1936, la Guerra Civil o la posterior dictadura. La División Azul no puede encuadrarse dentro de estos supuestos porque se creó en 1941, dos años después de que acabara la guerra y sus integrantes no combatieron en España: «Sí se creó en el periodo de la dictadura», reconoce el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8, aunque «su actuación no fue de exaltación de la dictadura».

Hermanos «caídos»
Esta línea argumental viene a reforzar las razones presentadas en algunos de los recursos que se han presentado en los últimos meses para solicitar la anulación en el cambio de otras calles. Es el caso, por ejemplo, del contencioso abierto en torno a la calle de los Hermanos García Noblejas, en el distrito de San Blas-Canillejas y aprobada en junio de 1949. Su eliminación del callejero –en principio, será rebautizada como calle de la Institución Libre de Enseñanza– ha sido recurrida por los familiares de los homenajeados en esta vía. Uno de los argumentos fundamentales que da el Comisionado de la Memoria Histórica para justificar el cambio de esta calle es que dos de los hermanos García Noblejas participaron en la División Azul. ¿Puede entonces el Gobierno de Carmena eliminar este homenaje después de que un juzgado haya advertido ya que la División Azul no puede verse afectada por la Ley de Memoria? De hecho, uno de ellos, Javier, fallece en una de las primeras batallas de la División Azul, por lo que cabe encuadrarlo dentro de los caídos de esta unidad militar. El otro hermano García Noblejas que se alista para combatir en Rusia, Ramón, es conminado a regresar a España por sus superiores al ser el único hijo varón vivo que le quedaba a su madre. El cabeza de familia había sido asesinado en Paracuellos y otros dos de los hermanos de la calle de San Blas también fueron fusilados durante la guerra. El último de los hermanos, Jesús, figura en el listado de personas fusiladas y desaparecidas en Euskadi, elaborado por el Gobierno vasco. Según algunas fuentes históricas, fue asesinado por su oposición a Franco por miembros del bando nacional.

Homenajes previos a 1936
Los recursos que afectan a la calle del General Millán Astray (Latina) y al Paseo de Muñoz Grandes (Carabanchel) inciden en que ambos homenajes son previos a 1936. Tratan así de justificar que dos calles aprobadas en 1924 difícilmente pueden suponer una exaltación del golpe militar de Franco, de la Guerra Civil o de la posterior dictadura. En el caso de la calle de Millán Astray, el recurso presentado por la plataforma de ex legionarios incide en cuestiones formales –el hecho de que el consistorio no tramitase la recusación de tres miembros del Comisionado de la Memoria Histórica, entre otros– pero sobre todo históricas. Entre estos últimos, dan especial relevancia a la cuestión de la fecha en la que fue aprobada la calle y los motivos que hay detrás de este homenaje: según el libro de Luis Miguel Aparisi «Toponimia madrileña», hay constancia documental de una plaza de Millán Astray desde 1924. Se le concedió por haber fundado la Legión, en ningún caso por algún tipo de vinculación con actos de exaltación de la guerra o la dictadura. Esta plaza estaba ubicada en Carabanchel en el conocido como barrio de La Legión, creado tras la donación de estos terrenos por parte de un ex legionario para la construcción de casas para familias necesitadas. Esta plaza cayó en desuso y el Ayuntamiento en 1969 renovó el homenaje a Millán Astray con una calle en Latina. La plataforma de ex legionarios también rebate en su recurso el resto de argumentos dados por el Comisionado, como el supuesto episodio protagonizado por Millán Astray y Unamuno en la Universidad de Salamanca o su participación en la propaganda franquista.

Fallos históricos
Otro de los recursos, en este caso presentado por los vecinos afectados por el eventual cambio en su denominación, busca mantener la calle de El Algabeño en el distrito de Hortaleza. El Comisionado justifica su eliminación del callejero en el hecho de que «José García Carranza, apodado Pepe El Algabeño, torero y terrateniente andaluz, estuvo involucrado en la muerte de cuatro obreros en el Parque de María Luisa de Sevilla y prestó voluntaria colaboración en la sangrienta limpieza política de los barrios populares de Sevilla por Queipo de Llano, al inicio de la Guerra Civil». El recurso pone en duda que en esta calle se rinda tributo a este torero, cuyo nombre de faena era, en realidad, El Algabeño Hijo. Su carrera como matador fue menor en comparación con la de su padre, conocido éste sí, como El Algabeño, a secas. Se da además la circunstancia de que ésta es una vía, cuya denominación actual fue aprobada en 1979, junto a muchas otras calles del distrito de Hortaleza dedicadas a toreros de la época de El Algabeño, como Machaquito o Antonio Fuentes. El recurso presentado por la familia del Capitán Haya, con el que intentan que esta calle de Tetuán sobreviva, también hace hincapié en que la asignación de esta vía no se debe a su participación en la guerra sino a sus méritos como aviador.

Víctimas de los dos bandos
La sustitución de la calle del Crucero Baleares por la calle del Barco Sinaia en Puente de Vallecas también está pendiente de resolución por parte de la Justicia. El Comisionado justificó su eliminación del callejero por ser un «barco que formó parte de la Armada franquista durante la Guerra Civil y bombardeó a civiles» y «fue hundido por la flota republicana en la batalla del Cabo de Palos, en marzo de 1938». En el recurso planteado, se destaca que el propio Comisionado reconoce que en el hundimiento del Crucero Baleares «perecieron casi 800 personas que, presumiblemente, eran españoles de ambos bandos». Algo que, según los recurrentes, demuestra que esta calle no supone de modo alguno una exaltación de la guerra.


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