AGLI Recortes de Prensa   Viernes 13  Abril 2018

Descubriendo el euroescepticismo
Mateo Requeséns gaceta.es  13 Abril 2018

Tradicionalmente en España hemos sido muy dados a aplaudir con pies y manos cualquier cosa que viniese de Europa. Nuestra entrada en el Mercado Común se festejó como una gran conquista, y a partir de entonces sea lo que fuere, si proceda de la Unión Europea, se acepta sin que nos paremos mucho a pensar; a lo sumo rezongamos cuando se trata de repartir cuotas pesqueras, lecheras u otras decisiones de trascendencia económica. El proyecto de Constitución europea impulsado por Giscard d?Estaing en 2005 fue apoyado por el 77% de los españoles que participaron en el referéndum convocado al efecto. En Francia, al igual que en España, los grandes partidos y los principales medios de comunicación apoyaron su aprobación, sin embargo, una opinión pública más crítica mostró su descontento con el carácter burocrático de los organismos comunitarios, también con la pérdida de competitividad y calidad de vida de las clases medias francesas, que ya por aquellas fechas se empezaba a atisbar, pero también en rechazo a las políticas de anulación de la identidad nacional y la filosofía de fronteras abiertas de carácter mundialista.

Seriamos unos ilusos si creyésemos que aquellos objetivos han sido abandonados en el proceso de construcción europeo. Como ha puesto de manifiesto el sonoro bofetón que a la teoría del espacio jurídico común europeo le ha dado la Justicia alemana con el caso Puigdemont, la defensa de la idea de Nación no parece entrar dentro de los objetivos del modelo de Unión Europea que persiguen algunos. La decisión de los Tribunales alemanes, significativamente apoyada por la Ministra de Justicia socialdemócrata del gobierno de Merkel, rechazando la entrega de un delincuente que ha atentado contra la soberanía nacional de un Estado miembro, deja bien patente que en el espacio común que construye esta Unión Europea no tiene cabida la protección de las comunidades nacionales. Podrá entregarse a un atracador, pero no a un rebelde que ha pretendido proclamar por la fuerza la independencia de parte del territorio de una Nación europea. No nos debe extrañar esta aparente contradicción si somos capaces de entender que para el mundialismo las naciones son un residuo, una rémora para el avance hacía el ordenamiento jurídico universal.

Estamos ante las consecuencias de la idea globalizadora de que hay que “liberarse” de los conceptos tradicionales de nación, estado y pueblo, que han de ser sustituidos por la idea de cosmopolitismo humanitario que pretende una Europa sin identidad. Al mismo tiempo que los Estado-Nación delegan parcelas de su soberanía en organizaciones internacionales en aras de lograr construir una unidad europea, de grado o por la fuerza, las Naciones empiezan a fragmentarse para formar un conglomerado regional donde se diluyen las identidades colectivas, sustituidas por microculturas incapaces de sostener una identidad común.

La Unión Europea se ha construido desde premisas meramente económicas sin ningún proyecto político común naturalmente arraigado en las naciones o comunidades originarias. Precisamente la ausencia deliberada de cualquier referencia a la identidad, a las características culturales y sociales de la Europa grecorromana y cristiana, sustituidas por el endeble relativismo y multiculturalismo del consenso capitalista-socialdemócrata, se ha traducido en un orden europeo altamente burocratizado, con un escaso nivel de legitimidad moral y con unas instituciones europeas políticamente débiles y con muy escasa eficacia decisoria. La Unión Europea con sus proclamaciones normativas, ha creído que podía prescindir de las comunidades nacionales, fiando su construcción en los Tratados, Directivas, Decisiones Marco y jurisprudencia de los Tribunales europeos, creando un espacio común meramente formal.

En España hasta ahora el euroescepticismo había sido residual, pero la humillación que hemos sufrido a manos de los Tribunales alemanes debería hacernos revisar nuestra dócil posición respecto a la Unión europea. No se trata de rancias reivindicaciones nacionalistas, propias del siglo XIX, sino de reflexionar sobre si nos queremos convertir en simples consumidores universales, o queremos mantener nuestro arraigo y nuestra identidad como comunidad nacional, siendo amos de nuestro destino junto al resto de ciudadanos europeos. Para ello sobran los localismos disgregadores de los separatismos, que nos dejarían indefensos ante el proceso de globalización, pero también es preciso oponerse a un proceso de construcción de Europa que prescinda de la identidad de nuestro proyecto civilizacional.

Érese una vez
María Jamardo okdiario  13 Abril 2018

Érese una vez, una región española convertida en la dictadura perfecta del régimen clientelar. La única en toda Europa donde nunca se había materializado una alternancia de siglas en el poder -desde su acceso a la preautonomía en 1979- y en la que una formación política se perpetuaba como dueña y señora de un fastuoso cortijo institucional con fondos públicos desviados a discreción, si bien no con la suficiente para evitar que se sentasen en el banquillo los máximos responsables de una ecuación plagada de millones de euros. Mil doscientos, sin exagerar. Érase Andalucía el reflejo perfecto de la peor España. La de la pandereta, la vagantería y el sigüanismo institucional donde todos trincaban por costumbre y con una lasciva sensación de impunidad. La de las cloacas laberínticas que conectaban en el océano fecal de la mamandurria a política, sindicalismo y mundillo empresarial.

Muchos años de país miserablemente preocupado por los desmanes de una clase política monopolizada por sus partidos facilitadores. Más de un cuarto de siglo impregnado del tufo a mediocridad y desvergüenza – donde la capacidad de penetración del soborno es exponencial– de los que se habían apropiado del dinero de los contribuyentes sin pestañear. Un ejemplo, nada ejemplar, de las más altas cotas de la avaricia surgidas en una organización de expertos en socializar la corrupción. Vergüenza ajena de quienes deben responder por su modus operandi al frente de la Junta, institución degradada a la sórdida prueba de hasta dónde llega el nivel de ponzoña y descomposición de la picaresca patria convertida en negocio.

¡Que no cunda el pánico! Uno de los presuntos muñidores de la trama, José Antonio Griñán, tiene todos sus títulos universitarios en orden y no ha falsificado ningún máster. Gracias a Dios. El ex presidente sólo está acusado de prevaricación y malversación de caudales por (presuntamente) diseñar y mantener un sistema opaco de financiación a empresas en plena crisis. Docenas de informes sobre el asunto de los interventores a su cargo no fueron suficientes advertencias para quien en defensa propia –en un intento tan infantil como absurdo por querer colectivizar culpas- puso en marcha el ventilador y salpicó a sus subordinados por no haberle advertido a tiempo-. Ni un ápice de sentido de responsabilidad por el mal causado – como mínimo, el in vigilando exigible a un inspector de trabajo reconvertido en consejero de economía – ni un piadoso propósito de enmienda de entre todo el rosario de autoridades y altos cargos a los que toca procesionar, amortizada la última Semana Santa, en sede judicial. Continuar estafando a los españoles a base de faltar a la verdad.

Silencio mediático mayoritario ante un escándalo mayúsculo y sin precedentes en democracia. Los ERE atestiguan – por si fuese necesario abundar en ello- que la corrupción no es una deformación del sistema, sino el sistema en sí mismo. Sin ánimo de exagerar y aún a riesgo de resultar impopular, conviene dar a cada uno lo suyo y ponderar cómo el PSOE adolece del vicio en privado mientras pregona virtudes en lo público. Baste una ojeada de soslayo para acreditar cómo lo más duro nunca es la lucha contra la corrupción ajena, sino ventilar la propia. Ésa es siempre más difícil de reconocer y de limpiar.

El caso ERE: 741 millones de euros son insignificantes para Griñán
El expresidente no asume responsabilidad por el "gran fraude" y deja a sus subordinados a los pies de los caballos.
Pedro de Tena Libertad Digital  13 Abril 2018

Puede resultar anómalo que José Antonio Griñán, todo un expresidente de la Junta de Andalucía, exconsejero de Economía y Hacienda de la Junta, exministro de Trabajo y Seguridad Social y exconsejero y exministro de Sanidad y Consumo, además de exconsejero de Salud de la Junta, que también ha sido secretario general del PSOE andaluz y presidente nacional del PSOE, declarara durante esta semana no conocer nada del llamado fondo de reptiles.

Pero no era algo baladí porque en él se manejaron casi 741 millones de euros –125.000 millones de pesetas–, alrededor del 2,5 por ciento del total del presupuesto anual medio de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010.

Además de esbozar una teoría sobre lo que importa o no en un presupuesto, dijo que tal fondo, esto es, la partida 31L es una parte "insignificante" de los presupuestos de la Consejería de Empleo, resaltando en las cuentas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Por tanto, nunca habló con exconsejero Antonio Fernández de esos dineros. Es más, dijo que se gastaba menos de lo que se presupuestaba lo que indica que debió conocerlo.

Mas curiosa es aún su declaración porque él mismo declaró a los medios de comunicación tras declarar en el Tribunal Supremo que no había un gran caso ERE pero que sí había habido un "gran fraude" mientras fue consejero de Hacienda de la Junta. No ha explicado aún desde cuándo supo que hubo un gran fraude. Griñán, como es ya norma en los procesados sólo respondió a las preguntas de la Fiscalía, a las de su defensa y a las del tribunal.

La deducción inmediata de su argumento central es que si hubo un gran fraude y él nunca supo de su existencia, tuvieron que ser los escalones inferiores del gobierno de Manuel Chaves y del suyo propio los que tuvieron que ser autores, instigadores o responsables de la bribonada malversadora, desde el Interventor General al último viceconsejero o director general. Recuérdese que, al contrario, su antecesor y examigo, Manuel Chaves, ha negado siempre la existencia de tal fraude. Tal diferencia de criterios es altamente llamativa.

Se esperaba que Griñán, como todos los demás alto cargos procesados de la Junta, se refiriera a las dos órdenes ministeriales que se emitieron bajo su autoridad como ministro de Trabajo en 1994 y 1995. Y lo hizo, a pesar de que durante la instrucción general del caso desde 2010, nadie nunca aludió a ellas porque reconocieron ante la juez Alaya que no hubo control alguno.

Eran órdenes de ámbito nacional para la concesión de ayudas sociolaborales extraordinarias y de jubilación que cada Comunidad podía adaptar a su ordenamiento, pero en Andalucía tales órdenes no fueron tenidas en cuenta en ningún momento ni siquiera mencionadas hasta que las recordó Soledad Córdova, imputada en el caso, que fue su directora general de Trabajo y siguió en su puesto cuando Javier Arenas llegó al Ministerio.

Griñán se apoyó en la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía para argüir la limpieza del procedimiento utilizado en la partida 31L y en las ya famosas transferencias de financiación. Pero no aludió al porqué hasta que estalló el caso ERE en 2011 la Cámara de Cuentas nunca fiscalizó tal partida por orden de la Junta.

Sabedor de que la acusación de malversación que pesa sobre él tiene como consecuencia seis años de cárcel de prosperar en el juicio, se ratificó en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo y resaltó que, según el instructor Alberto Jorge Barreiro, "no había malversación" en la causa investigada.

No dijo que Barreiro concluyó que había indicios de que Chaves y Griñán mantuvieron un "sistema ilegal" con el que disponían sin apenas control de cantidades millonarias para ayudas sociolaborales y que por ello era necesario el proceso judicial y el juicio.

Tampoco se refirió a que el propio Barreiro, recuerda El Mundo, calificó de "absurdas" las tesis exculpatorias esgrimidas por los ex presidentes de que sus subordinados no les mantenían al tanto del sistema. Esto es, que había un espeso muro de silencio entre el presidente de la Junta, sus consejeros y de ahí para abajo.

Tampoco ha aclarado hasta ahora cómo es nunca se tomó decisión alguna para atajar el gran fraude si el Interventor General había remitido 15 advertencias sobre las irregularidades ni ha aclarado por qué el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, asimismo imputado en el caso, remitió un escrito al presidente del Parlamento andaluz en noviembre de 2012 en el que calificada al caso ERE como el "caso de corrupción más importante de la historia de España" y culpó precisamente a Griñán de "cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria" de donde salía el dinero.

Tampoco puede explicar por qué no se atendió un informe adicional de 2005 al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio de 2003 de la Intervención en el que se dijo textualmente que el Gobierno andaluz estaba "prescindiendo de manera total y absoluta" del procedimiento establecido en la Ley General de Hacienda Pública de la comunidad autónoma para la concesión de subvenciones. Eso quiere decir que desde 2005 la excusa de la ignorancia o de que no le llegaban los informes, es un argumento imposible.

El expresidente Griñán ha venido a considerar que la tesis de la Fiscalía de que se diseñó y mantuvo un procedimiento específico para para repartir sin control y de forma arbitraria más de 741 millones de euros en ayudas durante una década, entre 2000 y 2010, de ser cierta, no le ha concernido.

Es más, siendo un altísimo dirigente político del PSOE andaluz y nacional, no se percató inverosímilmente, de la red clientelar que se contribuyó a generar y que servía de sostén electoral al PSOE.

La semana que viene, semana de Feria en Sevilla, continuará la declaración de los expresidentes Griñán y Chaves, donde este último deberá explicar cómo es que el primero ve un gran fraude donde él no ve nada.

Crimen y objetivos políticos
Emilio Campmany Libertad Digital 13 Abril 2018

El juez que han puesto de refuerzo en el juzgado de García-Castellón ha considerado que los actos cometidos por la dirigente detenida de los Comités de Defensa de la República no constituyen delito de terrorismo ni de rebelión, sino tan sólo de desórdenes públicos.

La violencia siempre es delito, salvo la ejercida en legítima defensa o cuando recurren a ella las fuerzas de orden público en el ejercicio de sus funciones. Pero ¿qué pasa cuando tiene además fines políticos? La quema de un coche puede ser una gamberrada o un acto de terrorismo. Ambos son condenables, pero con muy distinto rigor. Para que sea terrorismo es necesario haber sido realizado con alguno de los fines que describe el Código Penal (artículo 573): subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar una organización internacional, provocar el estado de terror.

Con el delito de rebelión pasa algo parecido. Ha de ser violenta y tener por finalidad alguna de las que incluye el artículo 472 (derogar la Constitución, destituir al rey, impedir las elecciones, disolver las Cortes, declarar la independencia, sustituir al Gobierno, sustraer la fuerza a la obediencia de éste). Nuevamente, lo determinante no es la violencia en sí, sino el fin con el que se emplea. Y es éste lo que determina la gravedad de la condena.

Con todo, puede haber alguna diferencia entre terrorismo y rebelión. El terrorismo no deja de serlo por que el terrorista no tenga ninguna posibilidad de alcanzar sus fines. En cambio, en el delito de rebelión, cabe aceptar que sólo existe cuando hay una probabilidad razonable de alcanzar el fin con el que el delincuente se rebela, bien por la posición que ocupa, bien por el alcance de la rebelión misma. Lo que no suele haber es la necesidad de probar que el acto violento en cuestión se realizó con uno de los fines descritos por la ley, porque tanto el terrorista como el rebelde suelen hacer patente su objetivo para que su acción pueda ser eficaz.

Se miren por donde se miren, las agresiones de los Comités de Defensa de la República tienen una finalidad política obvia que permite calificarlas como terrorismo o como rebelión o como las dos cosas. Lo que no puede hacerse es lo que hace el juez de la Audiencia Nacional que, siguiendo el pésimo ejemplo de sus colegas de Schleswig-Holstein, considera que la violencia de los soberanistas, por no ser extrema, hace que sus acciones no sean más que algaradas callejeras. No se da cuenta que lo grave no es el grado de violencia sino su finalidad.

Si ahora, además del Gobierno, empiezan también los jueces a querer cerrar los ojos para fingir que no está pasando lo que está pasando, estamos apañados. Quizá no sea casualidad que sean precisamente los jueces de Cataluña quienes más en serio se estén tomando este asunto porque son ellos quienes ven con sus propios ojos la obvia amenaza al orden constitucional y a la paz social que el independentismo catalán constituye hoy día.

La insufrible ofensa de los jueces alemanes
Roberto L. Blanco Valdés La voz 13 Abril 2018

Amedida que vamos conociendo mejor la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein, se hace más irritante la ignorancia y ligereza con que, como elefante en cacharrería, ha adoptado aquel una decisión trascendental, dominada por los prejuicios contra España -tan perniciosos como infundados- y un increíble mal hacer profesional. Y, por ello, crece a paso de gigante la terrible sensación de que España debe ser para los jueces alemanes encargados del asunto algo así como Zimbabue. Como Zimbabue, porque parece que nuestro país estuviera en otro continente y a muchos miles de kilómetros de distancia de la patria de Beethoven.

Ya no se trata solo de que el tribunal del land se atreva a juzgar las presuntas conductas delictivas de Puigdemont, ¡lo que solo corresponde a nuestros jueces!, y dicte una resolución descabellada en la que se permite entrar en él fondo del asunto, violando con ello, además de la filosofía en la que se basa la euroorden, la letra de sus normas, especialmente la Decisio?n Marco del Consejo de 13 de junio del 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

Se trata de que para justificar la supuesta ausencia de violencia según los parámetros de la jurisprudencia alemana -irrelevantes una vez constatada la existencia de un tipo penal equivalente en Alemania al de nuestra rebelión-, los jueces del land se atreven también, con una osadía solo comparable a su desinformación, a proclamar que los actos de secesión de Cataluña «no pueden considerarse más notables en cuanto a su carácter, alcance y efectos» que los disturbios acaecidos en Fráncfort en 1981, cuando unos ecologistas se opusieron por la fuerza a las obras de ampliación de un aeropuerto que afectaba a una reserva natural.

Lo dicho. ¡Como si nuestro país fuera Zimbabue! Para entendernos: los actos sediciosos de un Gobierno y un Parlamento regionales, que, a lo largo de más de un año, violaron flagrantemente la Constitución desobedeciendo con berroqueña contumacia las sentencias reiteradas de los tribunales de Justicia, organizaron un referendo ilegal con motivo del cual se produjeron gravísimos actos de resistencia activa y pasiva y de violencia, y declararon luego por dos veces la independencia y la república son equivalentes para los jueces de Schleswig-Holstein (land conocido por su Lütt un Lütt, cerveza con una pequeña porción de Schnaps) a la acción de unos ecologistas que en un aeropuerto se enfrentaron a la policía, levantando barricadas en llamas y usando cócteles molotov.

Ante tal despropósito, absolutamente inadmisible, el Gobierno de España, confundiendo las churras con las germanas, se ha limitado a decir que, como siempre, respeta las sentencias judiciales. Que actúe así con los jueces españoles es lo que cabe esperar de cualquier Gobierno democrático. Que lo haga con una sentencia tan demencial, de unos jueces alemanes, que da alas a la secesión, resulta sencillamente inconcebible.

Euroorden, ciudadanía y libertad con garantías
Teresa Freixes la voz 13 Abril 2018

Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona

No sé si es debido a un problema de traducción y preferiría que así fuera, porque lo que he leído en el auto del Tribunal superior regional de Schleswig-Holstein, constituye un torpedo en la línea de flotación de la cooperación judicial europea.

Me explico: En la Unión Europea, la libre circulación de personas es un derecho que está en los Tratados desde la creación de las primeras Comunidades Europeas y se ha venido reforzando con la supresión de fronteras entre los Estados denominados «Schengen». Ir de uno a otro es como desplazarse de Burgos a Albacete. Y eso pueden hacerlo tanto los probos ciudadanos como los delincuentes o presuntos delincuentes, por lo que es necesario que esa supresión de frontera venga acompaña de instrumentos adecuados para que ir de un país a otro no implique que quienes delinquen queden impunes. Por eso se creó la orden europea de detención y entrega, denominada «euroorden», basada en la cooperación judicial y la confianza mutua entre Estados democráticos, que implica que cuando las autoridades de un país lo piden, detenga y entregan y entreguen al peticionario un presunto delincuente para ser juzgado en el país de comisión de los delitos.

Es en este contexto que España solicitó a Alemania la detención y entrega de Puigdemont, procesado por el Tribunal Supremo español por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, para que pueda ser juzgado en España. Y la aplicación de la euroorden comportaría que el tribunal alemán verificara que los delitos imputados tienen correspondencia en ambos países, sobre los bienes jurídicos protegidos, que son el orden constitucional y la integridad territorial en la rebelión y el buen uso de los fondos públicos en la malversación. Todo ello para una entrega rápida del presunto delincuente.

Pues bien, en el caso del tribunal de Schelswig-Holstein ello no ha sucedido así. Este tribunal, como si esa cooperación leal no existiera, está enjuiciando si el tribunal solicitante de la euroorden, el Tribunal Supremo español, realiza o no correctamente su labor de investigación de los delitos en el marco del procedimiento legalmente establecido para ello, teniendo además en cuenta los criterios que, según parece, tiene establecidos la jurisprudencia de Alemania para delitos homólogos.

La euroorden que afecta a Puigdemont, se solicita para que pueda ser juzgado en España por delitos, rebelión y malversación. En el Derecho penal alemán estos delitos no tienen ese nombre, sino que son equivalentes a los delitos de alta traición y corrupción. En principio, parece que no tendría que haber problemas para establecer la equivalencia pero el Tribunal del land alemán aduce que ello no es así y realiza una serie de afirmaciones al respecto.

Respecto de la rebelión no admite la doble incriminación, por una parte, con la insólita aseveración de que «no existe ninguna ley alemana que penalice la participación en una rebelión en España». Por otra, porque, como precedente, compara una ocupación violenta de las pistas de un aeropuerto que tenía la finalidad de impedir que la instalación se ampliara, con los actos de violencia que se pudieron producir en Cataluña con la finalidad de declarar la independencia en forma ilegal e insurreccional. No tiene en cuenta que en un caso se trata de la actuación de un grupo radical particular y en el otro de la actuación de instituciones públicas. No tiene en cuenta, tampoco, que el delito imputable en cada caso no puede ser el mismo (es absurdo considerar rebelión o alta traición la ocupación de pistas de un aeropuerto para impedir su ampliación), por lo que el grado de violencia necesario en cada caso tampoco tiene por qué ser medido de la misma manera. Sin negar que haya habido violencia en Cataluña, pues reconoce que sí la ha habido, parece que el tribunal del land trata de medir el grado de violencia y que para aceptar que la rebelión española sea equiparable a la alta traición alemana se necesita más violencia. ¿Hasta qué punto? Pues, según su interpretación, la violencia tiene que tener un resultado: doblegar la voluntad y la actuación del violentado. Es decir, que, en el caso alemán se hubiera tenido que conseguir que no se ampliara el aeropuerto y en nuestro caso se hubiera tenido que consumar la rebelión.

Además, el tribunal de Schelswig-Holstein manifiesta la «necesidad de contar con más evidencias» en el caso de la malversación porque para que pueda afirmar que existe la doble incriminación es necesario que le demuestren que los fondos utilizados eran de origen público. Claro, eso es lo que se tiene que probar en el juicio «a quo», es decir, en España, pues precisamente se solicita la entrega para poder juzgar con todas las garantías si la malversación existe o no. Da la impresión de que el tribunal del land alemán quiera que se haya probado tal delito antes de que el juicio se haya realizado, cuando, precisamente, se solicita la entrega para que el juicio se pueda realizar, en forma contradictoria y con todas las garantías procesales.

Decía al inicio que preferiría que los problemas derivasen de una mala traducción del auto, originalmente en alemán, al español. Y ello por dos motivos. El primero porque ello salvaría algunas afirmaciones del tribunal alemán, por ejemplo cuando asevera que se imputan los delitos de rebelión y malversación «en forma de desobediencia» (sic.), cosa que no tiene sentido jurídicamente hablando, porque la desobediencia es otro delito específico. Además, se refiere, textualmente, al «prolongado conflicto, en términos generales, en torno al estatus legal de Cataluña en relación con el Estado central español», lo cual es sorprendente, porque el status jurídico de Cataluña no deriva de la ley sino de la Constitución. Y se refiere al «Tribunal Supremo de Madrid» cuando nunca hemos tenido un Tribunal Supremo «de Madrid», sino un Tribunal Supremo de España.

El segundo motivo es más profundo. Si para España, para su ciudadanía, parece incomprensible que entre Estados miembros de la Unión no se produzca la cooperación judicial que debería darse, como así ha sucedido en otros casos, sin mayores problemas, desde la perspectiva del Derecho de la Unión, se puede estar generando una quiebra en sus principios básicos. La solución que obtenga este caso, que probablemente llegue hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ratificará que la libertad de circulación pueda ejercitarse de conformidad con el principio de seguridad jurídica o, que, por el contrario, crezca la desconfianza de la ciudadanía respecto del funcionamiento de la Unión. De momento, la cooperación judicial ha sido puesta en entredicho y parece evidente que la euroorden precisa de una mejor regulación.

Europa, la Unión Europea, puede desvanecerse si esa Comunidad de Derecho que la sustenta se rompe. Y somos muchos, incluso la reputada fundación Adenauer, los que tememos que ello puede originar el declive de la UE precisamente por dónde más puede dolerle, que es la garantía de los derechos de ciudadanía. La libre circulación es un derecho de ciudadanía fundacional, sobre el que se sustentan muchos otros. Si se «evapora» porque los nacionalismos, incluidos los nacionalismos judiciales, se consolidan, podremos bien decir adiós a Europa.

Ahora hace exactamente un año que celebramos, en Roma, el 60 aniversario de la creación de las primeras Comunidades Europeas, de lo que fue el inicio de la actual Unión Europea. El lema de los encuentros que allí tuvimos era «No al nacionalismo. No al populismo». Porque nacionalismo y populismo condujeron, en la primera mitad del Siglo XX a lo peor que los europeos tuvieron que presenciar y sufrir. Precisamente para que no volviera a pasar se crearon las organizaciones europeas. Y por ello, desde Europa, desde esa Europa cuyo pilar básico es la ciudadanía que la sustenta, se advierte que tanto los nacionalismos como los populismos pueden dar al traste con todo aquello que tanto ha costado construir y que nos ha aportado todas las ventajas de una Europa sin guerras y con un alto grado de bienestar social. De ahí que sea tan peligroso que la locura de un desnortado político nacionalista y populista esté poniendo en jaque no sólo a su país, sino a propia esencia de la Unión Europea.

LA JUNTA, EN EL CENTRO DE TODO
Andalucía en el espejo de Sicilia
Luis Marí-Beffa esdiario 13 Abril 2018

El juicio de los ERE simboliza, para el autor, la equiparación entre la Junta de Andalucía y el 'Estado en la sombra' reinante en Sicilia. Y cree que todo sigue igual pese al escándalo.

Lo bueno de que el culebrón del segregacionismo catalán haya cesado un poco en intensidad -esperaremos impacientemente los espectadores a que comience la quinta temporada, llena de amor apasionado e intempestivo entre Oriol y Carles-, es que podemos empezar a hablar de las muchas y variopintas tramas mafiosas andaluzas, pero en especial de sus dos luceros del alba: el caso ERE y el fraude de los cursos de formación. Porque, aunque no lo crean, ambos casos continúan, no solo bajo investigación, sino pendiente de proceso judicial, en el caso del segundo.

Todo comenzó en el despacho de un empresario. La firma se llamaba Grupo La Raza y estaba a punto de abrir una escuela de hostelería en un terreno propiedad de Mercasevilla. La Raza -curioso nombre- recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía.

En Sicilia todos saben que la mafia es una organización política, un Estado en la sombra, tal y como hace la Junta de Andalucía, pero a plena luz del sol

Al cabo de unos días dos tipos con aspecto de ganapanes irrumpieron en el despacho del empresario y le exigieron la mitad de la subvención. Así, como se suelen hacer las cosas en el sur, en plan Corleone, sin rubor alguno. O me das lo mío o te verás en serios problemas. Nunca olvidamos un favor. A cambio, estos dos capos le garantizaban al empresario una subvención para dar cursos de formación en un futuro. Los mafiosos resultaron ser el exdirector de Mercasevilla y el exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía.

A partir de entonces, se comenzó a tirar del hilo y se destaparon concursos públicos amañados de venta de terrenos, tráfico de influencias, constructoras privadas beneficiadas por las instituciones, masivas prejubilaciones fraudulentas, prevaricación y malversación en la gestión de empresas públicas, subvenciones a empresas que no estaban pasando por un expediente de regulación de empleo, ayudas públicas a personas que ni siquiera tenían una empresa, sobornos a cargos públicos, comisiones -muy por encima del valor de mercado- a intermediarios entre la Junta de Andalucía y trabajadores, entre la Junta de Andalucía y aseguradoras, entre la Junta de Andalucía y consultoras, entre la Junta de Andalucía y bufetes de abogados, entre la Junta de Andalucía y sindicalistas.

La mafia lo controlaba todo.
El propio viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, admitió que el dinero público que se debía destinar a favorecer el empleo en la zona de Europa más castigada por el paro se desviaba a un "fondo de reptiles". El nombre venía de la época de la unificación de Alemania, cuando se disponía del dinero que se había robado a sus enemigos. De este jocoso modo, la consejería de empleo se reía de los desempleados, a los que consideraba enemigos dignos de ser robados. En el éxtasis del jolgorio por el delito, los cargos públicos hablaban con la jerga del crimen organizado, refiriéndose a los miles de euros que robaban en sobres como "cajas de vino", tal y como ya hizo en su tiempo ETA.

Todos lo sabíamos
Lo curioso de este asunto es que, en el caso de Málaga, donde muchos de estos cursos ni siquiera llegaron a impartirse, todos los malagueños sabíamos que esto estaba sucediendo. Todos habíamos escuchado que tal empresa había utilizado los documentos nacionales de identidad de todos sus familiares para justificar aquel curso.

En muchos de los casos de corrupción de Andalucía los ciudadanos andaluces demostramos que lo que decía Elmyr de Hory, aquel pintor y falsificador húngaro que introdujo más de mil obras falsas en el mercado pictórico con absoluta impunidad, sigue siendo cierto: "El ser humano es especialista en fingir que se escandaliza".

En un cierto modo, parece claro asegurar que todos los andaluces somos culpables. Es más, creo que para que todos nos sintamos más o menos liberados deberíamos salir del armario y admitir nuestra propia corrupción, nuestra deshonestidad.

Cada vez que alguien de fuera de Andalucía nombra este detalle, la Junta de Andalucía sale a nuestro rescate tachando al forastero de xenófobo o tergiversador. Pues no. Es cierto. Los andaluces somos unos corruptos. Nací aquí. Y mi segundo apellido es siciliano. Digo yo que algo podría saber sobre este tema. Sicilia es, sin duda, el lugar más precioso del mundo. Y uno de los más corruptos. Son dos instituciones muy similares: la Junta y la mafia. En serio.

No sé por qué los andaluces parece que hemos hecho un doctorado en aparentar que nos escandalizamos ante la corrupción. En Sicilia nadie parece indignarse por este detalle. Quizá debiéramos comenzar todos a ser un poco más sinceros.

Sicilia -¿o es Andalucía?- vista desde el aire
Allí, en aquella isla que parece de mentira de lo hermosa que es, en aquel inmenso barrio levantado a bocados, codazos y empujones sobre una isla, la gente es simpática, generosa, viva, amable... y corrupta. Un chatarrero puede entonar una preciosa melodía a voz en cuello al pasar bajo un balcón de la mansión Villadorata, con esas macizas barandas de hierro forjado hacia fuera para que las pretéritas señoras de la alta burguesía pudieran asomarse al pueblo sin que las abombadas faldas de sus vestidos se manchasen. De los frontales de las iglesias, monasterios y catedrales brotan plantas verdes. Una vez le pregunté a un guía desdentado si no les preocupaba que aquella vegetación pudiera carcomer la piedra. "Así es la vida", respondió con inocencia.

Andasicilia
Los tendederos se despliegan en las aceras y allí se secan los pijamas, entre los vapores de los tubos de escape. Desde el interior de casas del siglo XIX suena reguetón, mientras de una sencilla cuerda amarrada desde una gárgola con una cabeza de león a otra con el rostro de un querubín cuelga la ropa interior de toda la familia. La siciliana es una gente apasionada, caótica, con una gracia natural. Todo aquel zumbido constante, aquel feliz caos que se desenvuelve sin aspavientos entre una belleza deslumbrante, no deja de ser Andalucía hace media década. Con su luz, su alegría, su belleza, su corrupción.

Desde 1860, cuando Italia se reunificó, la mafia siciliana ha ido perfeccionando su modus operandi en el sur, hasta convertirse en una institución más que se encarga de múltiples asuntos sociales. Porque, claro, los mafiosos son criminales profesionales y, como todos sabemos, un profesional se diferencia de un hombre ordinario en que se debe presentar a sí mismo frente a su público de una forma que resulte atractiva.

Los mafiosos necesitan ganarse a una parte de la sociedad, de la opinión pública, bien con una red clientelar que coma alfalfa del pesebre, bien con una adecuada campaña de marketing que genere votos. En Sicilia todos saben que la mafia es una organización política, un Estado en la sombra, tal y como hace la Junta de Andalucía, pero a plena luz del sol.

Como opina Eugenio Ponce -un amiguete podemita de las redes- con particular lucidez, solo hay dos cosas que llegan a absolutamente todos los rincones de Andalucía: el PSOE-A transfigurado de Junta de Andalucía y la Iglesia Católica. Tal y como sucede en el sur de Italia. Las cárceles sicilianas están repletas de mafiosos que estudian teología durante sus estancias a la sombra. La mafia tiene su particular ideología.

El juicio a Griñán y Chaves
Ya nos avisó Martin Amis: a los gobiernos de hoy no les interesa la verdad, están obsesionados con la imagen. Durante el siglo XIX la palabra "secta" se utilizaba para referirse a la mafia. Esta se presentaba ante los sicilianos como una organización benéfica que les ayudaba a encontrar empleo. Para su existencia, de hecho, necesitaban que el desempleo fuera alto. Una vez un capo, al ser interrogado por un juez, le dijo: "Ustedes hacen muy bien. Le enseñan a los niños a obedecer la legalidad, pero cuando cumplen 18 años y no tienen trabajo acuden a mí".

Eso es exactamente lo que la Junta de Andalucía ha estado haciendo, con mayor o menor acierto, desde el comienzo de nuestra joven democracia. Por esa razón, el juicio contra los expresidentes Chaves y Griñán y otros 20 ex altos cargos ha seguido adelante. Por esa razón, durante los siete años que la Justicia lleva detrás de la madeja del expolio de los ERE, la Junta de Andalucía ha estado personada como acusación. Y precisamente por esa razón, no sucederá nada más. Todos los andaluces lo sabemos al igual que sabíamos, en tiempo real, los criminales tejemanejes que esta gente se traía entre manos.

Porque la mafia lo sigue controlando todo.
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La (mala) imagen de España
Rafael Jiménez Asensio. vozpopuli  13 Abril 2018

España, un país moderno, con talento humano innegable y con buenas condiciones objetivas, se hunde en la mediocridad porque sus instituciones, su política y su sector público, no actúan de elemento tractor, sino de freno de mano

“Una nueva bandera, cándida, resplandeciente, ha aparecido en el mundo; su lema es: Soberanía de la justicia. Sigámosla, ella sola es la bandera de la libertad; las otras, de la esclavitud; ella sola es la bandera del progreso; las otras, de los partidos”
(Donoso Cortés, Lecciones de Derecho Político, CEC, 1984, p. 26)

La marca España no atraviesa por buenos momentos. Al menos si ponemos el foco en su imagen institucional. Recientes acontecimientos, por todos conocidos, no parecen dar mucho crédito a nuestro sistema político democrático ni, en particular, al funcionamiento constitucional de los poderes del Estado. Y no creo que, frente a ese distanciamiento, la solución sea volver a insistir en que somos unos incomprendidos o plantear incluso que no tiene sentido estar en la Unión Europea, como torpemente se ha dejado caer por algún responsable político.

Puede ser cierto que en algunas de esas reacciones políticas o judiciales de determinados países europeos resuenen los viejos tics de la superada leyenda negra que se proyectó sobre España. Y, asimismo, también puede ser que muchas de esas reacciones se deban, sin duda, a la desinformación o a la manipulación sobre la naturaleza real de lo que realmente pasó o lo que sencillamente nunca se supo explicar cabalmente. A todo ello ha ayudado, no me cabe la menor duda, la pésima gestión política y los errores de bulto cometidos por el Gobierno central, tras los cuales, por cierto, nadie ha presentado dimisión alguna. Pero no me interesa ahora hurgar en esa herida, que puede ser profunda, sino poner de relieve que detrás de esas percepciones que se destilan desde varios rincones europeos se advierten, nos guste más o nos guste menos, las enormes limitaciones que el sistema institucional construido en 1978 presenta, así como la incapacidad de la clase política, de toda ella sin excepción, para renovar ese desgastado modelo y adecuarlo al momento histórico que nos toca vivir. Lo dijo de forma explícita Montesquieu, en su reconocida obra El espíritu de las Leyes: “Un Estado puede cambiar de dos maneras: o porque la constitución se corrige o porque se corrompe”. Y creo que estamos yendo por el segundo camino.

España tiene un sistema democrático joven, pero una historia político-constitucional cargada de sombras. De eso hay que ser plenamente conscientes. No cansaré al lector con referencias de autores clásicos, por lo demás, muy leídos por las élites de determinados países, donde se pone el acento una y otra vez en los innumerables déficits o lacras que, en determinados momentos históricos, la política en España tenía (Adam Smith, Stuart Mill, Carlos Marx, Max Weber o el propio Montesquieu, entre otros). Y, entre esas lacras, hay algunas que siguen todavía hoy omnipresentes en nuestra escena política y, en cierto modo, en el imaginario colectivo de un débil demos. Se trata de un país donde el clientelismo exacerbado (con raíces principalmente locales y autonómicas) y la sociedad del favor (los amigos políticos) siguen siendo las ruedas que mueven el molino principal de la vida pública (también los Presupuestos y, hoy por hoy, hasta las Universidades), junto con un corporativismo fuertemente arraigado en la alta Administración del Estado (que domina la política y está presente asimismo en los consejos de administración de una parte de las grandes empresas, como ha estudiado recientemente Ángel Saz Carranza) y un igualitarismo sindical trasnochado en el resto del sector público. Así, sigue siendo válida, a pesar de todo lo que ha llovido, la gráfica definición de Joaquín Costa: “La libertad se había hecho papel, sí, pero no se había hecho carne” (Oligarquía y caciquismo). No se puede describir mejor una democracia formal. Sin sustancia.

En efecto, nuestro sistema institucional tiene una crisis de credibilidad innegable. Y si no la quieren ver, sigan con los ojos tapados. Los diferentes índices internacionales que miden la calidad de los gobiernos, la transparencia o la percepción de la corrupción, constatan año tras año (“erre que erre”) que España se hunde cada vez más en ese tipo de ranking, mientras que otros países de nuestro entorno, a quienes siempre nos gusta mirar por encima del hombro, nos superan con creces (por ejemplo, Portugal; por buscar uno próximo). Ellos han hecho reformas, nosotros nos hemos contentado con pintar la fachada. España un país moderno con un tejido empresarial en algunos ámbitos dinámico e innovador, con talento humano innegable y con buenas condiciones objetivas, se hunde en la mediocridad porque sus instituciones públicas, su política y su sector público, no actúan de elemento tractor, sino de freno de mano.

Las instituciones de la España constitucional se han construido con unos mimbres muy precisos, donde el liberalismo doctrinario ha tenido su peso dominante. Desaparecido de la escena francesa en la Revolución de 1848, como reconoció Luís Díez del Corral en su imprescindible obra (El liberalismo doctrinario, CEC, 4ª ed., 1984), esa corriente política hincó sus raíces en la España de mediados y finales del XIX, proyectándose hasta inicios del siglo XX. Y ha reverdecido en momentos puntuales del régimen de 1978, pero “disfrazado”. Hasta llegar a nuestros días. Lo cierto es que, bajo esas premisas, el principio de separación de poderes siempre ha sido algo ajeno a la cultura constitucional hispana. Y, en estos momentos, ese “equilibrio de poderes” que añoraba Julián Marías en plena transición, se ha convertido en pío deseo. Como expuse en su día (Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones, Marcial Pons/IVAP, 2016), “España es un país sin frenos”, el poder político, a pesar de la densidad de instituciones de control o supervisión, actúa en España sin apenas cortapisas, pues todas esas instituciones de vigilancia están sencillamente capturadas por la lógica gubernamental o partidista, ya sea en el centro como en la periferia (y de esto no se libra ninguna Comunidad Autónoma, ni siquiera la más irredenta en estos momentos, lugar donde el clientelismo y la ocupación grosera de las instituciones campa a sus anchas). Y esto alcanza también al Poder Judicial, cuya independencia proclamada enfáticamente por la Constitución, se ve empañada por un perverso sistema de nombramientos en la cúpula judicial, así como por una colonización política por parte del Gobierno de turno (pues no es solo de ahora) de tal poder, algo que nadie al parecer quiere corregir realmente. También en este punto, GRECO nos sacó los colores. Y eso se lee en Europa. No es gratis.

Así las cosas, no creo que quepan más opciones. O nos tomamos en serio realmente las instituciones y apostamos por una renovación profunda no solo del modelo formal sino de su funcionamiento real y efectivo, o terminaremos por derrumbar todas y cada una de las piezas institucionales de nuestro ya destartalado sistema. Y no le den más vueltas, no hay otra vía que despolitizar y profesionalizar radicalmente las altas esferas de las Administraciones Públicas, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del sistema universitario, de los organismos de control o de las autoridades independientes, así como de todas las instituciones autonómicas y locales, también de su sector público institucional (“la cueva de Alí Babá”). Y ello requiere un Pacto de Estado de todas las fuerzas políticas sin excepción. Que la Política abandone su afán colonizador y actúe en aquellos espacios donde lo hace en todas las democracias avanzadas. Ni más ni menos. Pero además, aquí cabe añadir otro importante reto: que la política deje, además, ese enfermizo sectarismo que, atado a una miopía política encadenada al ciclo electoral, se manifiesta una y otra vez en cualquiera de sus expresiones, y que se plasma –tal como también recordó en su día Marías- en tres enormes patologías aún muy presentes en la vida política (España inteligible, Alianza, 2014): “a) Dividir el país en dos bandos (o en más, en nuestro caso); b) Identificar al ‘otro con el mal’; y c) Eliminarlo políticamente, quitarlo de en medio”. Esa es la locura cainita que siempre ha estado anclada en el funcionamiento político de este país y que, para desgracia de todos, aún sigue en pleno apogeo. Nada se ha aprendido.

¿Culpables o responsables?
Lo que han de decidir los jueces es si había una trama de la Junta de Andalucía para desviar dinero con destino a los amigos del PSOE
Carlos Herrera ABC 13 Abril 2018

Tanto uno como otro son personas honorables. Decirlo una y otra vez, me consta, acaba creando una determinada fatiga conceptual y devalúa el intento de exculpar el componente personal del caso que nos ocupa. Da la impresión de que siempre que se escribe o se teoriza sobre el caso de los ERE falsos haya que incluir forzosamente la consideración previa acerca de la calidad humana de los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía. A mí no me duelen prendas, aunque con ello me gane no pocas invectivas. Este columnista se declarará siempre cercano humanamente a ambos: he trabajado muchos años en su proximidad y no tengo un ápice de resquemor a la hora de calificarlos como seres humanos con los que el entendimiento político y afable es posible. Forman parte de esa partida de gente que nunca se quedarían con algo de usted. De hecho no se han quedado con nada. Son razonablemente austeros, aplicados servidores públicos y muy poco dados a la chulería institucional. No se me ocurren palabras más precisas para definirles. Evidentemente ahora viene la adversativa, que es inevitable.

Cuando uno entra en la función público-política sabe que se arriesga a que el desmán de su administración le será adjudicado antes o después. La obligación del administrador es enterarse de lo que pasa con sus administrados y con sus administradores intermedios. Si bajo tus pies se produce un corrimiento de tierras, tú serás responsable de no haberlo intervenido y de no haber sido lo suficientemente diligente para fulminar a los responsables. Una administración de un par de cientos de miles de funcionarios depara sorpresas imprevisibles, pero obliga, a pesar de su dimensión, a que sepas lo que ocurre; tú nombras a gente para desempeño de los cargos, con lo que es preceptivo preguntarte si sabías lo que estaba ocurriendo. ¿No lo sabías?: pues lo deberías de haber sabido. Ese es el pecado.

El juicio en cuestión, que esconde años de instrucción e investigación, es una suerte de juicio político que queda agazapado detrás de un complicadísimo juicio técnico del que a cualquiera se nos escapan los entresijos que lo componen. Planea tan solo una consideración general: cómo la soberbia creencia de ser inexpugnables y todopoderosos llevaba a los administradores a considerarse absolutamente suficientes para realizar cualquier operación fuera de los canales legales establecidos, tal vez no en beneficio propio pero sí en beneficio de aquellos a los que el poder político andaluz consideraba merecedores de alguna regalía. El Cortijo como síntoma. Andalucía como campo de operaciones del paternalismo socialista supuestamente bien intencionado.

A pesar de los 800 millones de euros desviados de su misión fundamental (ayudar a empresas a prescindir de trabajadores para poder sobrevivir y a esos trabajadores a no quedarse sin nada que llevarse a la boca), el caso de los ERE falsos debe ser dilucidado en una cuestión diabólicamente enrevesada: distinguir entre responsabilidades políticas y penales. Lo que han de decidir los jueces es si había una trama de la Junta de Andalucía para desviar dinero con destino a los amigos del PSOE o no. Parece sencillo y sin embargo no lo es. Pero añado que el caso que ocupa a Chaves y Griñán no es el del 3%. Ni Chaves ni Griñán son Pujol y su familia, que han robado en beneficio propio, que han defraudado a Hacienda, que han ocultado cuentas en paraísos varios, que han sangrado a los beneficiarios de adjudicaciones de obras en todo tipo de administraciones, que se han comportado deslealmente con el Estado y que han alentado atentados a la legalidad constitucional. Si hasta en ese caso palmario habrá que esperar a una sentencia judicial, cuánto más en el que ocupa este artículo. Aunque solo sea para saber si son culpables o responsables.

Eurodesorden y cooperación
ENRIQUE CALVET CHAMBON El Mundo 13 Abril 2018

Es una desgracia absoluta que no hayamos podido controlar y desmontar nuestros fantasmas interiores y que, finalmente, el golpe de Estado parlamentario de la Cataluña española, tal vez incruento, pero sin duda violento, se haya europeizado de la peor manera y en el momento más inoportuno. La total, absurda e incomprensible lenidad de los Gobiernos de los últimos decenios, la banalización del mal más absoluto, la inhibición querida del Estado de derecho y la excesiva fragilidad de nuestras leyes (también querida) contra los golpes palaciegos antidemocráticos han permitido lo intolerable y la confusión de la UE. Y ello, en vísperas de un discurso del presidente Macron en el Parlamento de los europeos, que, como anunciamos en una carta unos cuantos parlamentarios de muchas nacionalidades y sensibilidades, se propone dar un paso fuerte hacia una UE más sólida, más integrada, más protegida, más ciudadana, para luchar contra el gran y letal enemigo de Europa: la renacionalización de sus políticas de la mano de los nacionalismos que ya ejercieron hace un siglo.

Profundicemos un poco. Lo primero que observamos es el surgimiento de una fuerte reacción eurófoba entre cierta población española, que considera que las instituciones europeas le han traicionado, o incluso humillado. No es así, por ahora. Como tantas otras veces, se achaca a la UE una acción, claramente deficiente (no lo digo yo, lo dicen la señora Merkel y la Fundación Adenauer) de un Estado miembro. Incluso en su origen, de un alto Tribunal Regional de un Estado miembro. La cacareada justicia europeano se ha pronunciado ni tiene jurisdicción. Si el juez Llarena interpela a Luxemburgo sobre si ha sido ajustada a derecho, desde el punto de vista procedimental, el tratamiento de la euroorden por parte del tribunal regional, entonces sí podremos hablar de la justicia europea.

Por ahora, si ha habido conducta impropia, ha sido de un tribunal regional alemán, no de Europa. No seamos eurofobos avant la lettre. Es más, razonemos, si existiese una ley europea declarando que Europa es una unidad indisoluble de Estados indisolubles, sometida a la vigilancia de una especie de Tribunal Constitucional Europeo, como sucede por ejemplo en EEUU, entonces sí podríamos hablar de una justicia europea, y verían ustedes cómo el dislate del golpe separatista catalán duraría muy poquito. Por lo tanto, observemos que la solución vendría a través de más y mejor Europa, y no mediante la eurofobia.

En segundo lugar, tomemos nota, una vez más, de uno de los problemas recurrentes de esta etapa de la construcción europea: la fragilidad de basar temas fundamentales en cooperación y confianza. La euroorden se basa en la cooperación, lealtad y confianza de los sistemas jurídicos de los distintos Estados miembros, y voluntariamente de los sistemas jurídicos, que no de los Gobiernos, para preservar la independencia del poder judicial. Pero la confianza, como la cooperación, son conceptos volubles, indefinidos, caprichosos, arbitrarios, a veces sujetos a lobbies y mercadeos, dependientes de ideologías, sentimientos coyunturales, quién sabe si de intereses...

Recordemos que el Reino de Bélgica protege ominosamente desde hace lustros a una presunta brutal asesina de ETA, por ejemplo. Es una base frágil para crear una sociedad integrada. Por la misma razón que en otros escritos reclamaba una CIA o un FBI europeos para aumentar la seguridad de los habitantes de Europa, reclamaría ahora una unidad de criterio, de organización y de decisión mínima, pero europea, supranacional, en el caso de extradiciones y contenciosos judiciales entre Estados miembros. Europa, en los aspectos fundamentales para la ciudadanía, debe ir a la integración y decisiones uniformes. En caso contrario, seguiremos en la divergencia voluble entre Estados miembros, muy dañina para los ciudadanos.

Y llegamos a lo peor, como consecuencia de los malos políticos, sin convicciones europeas, sin visión de Estado, sin visión de futuro, sin respeto a la ciudadanía europea. Para sorpresa, muy desagradable, de muchos, el verdadero problema europeo desencadenado por nuestro golpe de Estado tan palaciego como disparatado, ha venido de la reacción de dos altos mandos del Partido Socialdemócrata alemán: la ministra de Justicia federal y el vicepresidente del grupo parlamentario del SPD. La primera, extralimitando sus funciones, sus evidentes limitaciones y su mala educación, ha deslizado la idea de que España no es un país libre. No es ofensivo para España, entiendo yo, porque ofende quién puede, y si su bagaje político consiste en recordar nuestro pasado autoritario, es demasiado fácil la chanza de recordarle el nazismo. No entraré en ese juego.

Sus palabras y su atrevimiento son una ofensa al espíritu democrático y europeo. Son el más rancio nacionalismo receloso que mina todo lo construido por los padres fundadores. El que se sitúa al borde de la xenofobia, la que puede destruir Europa, algo que ya intentó. Pero peor aún son las declaraciones de Herr Rolf Mützenich, quien ha arremetido contra la euroorden. Asegura que, si no se ha aplicado bien, lo que hay que hacer es.... cambiar el sistema de euroorden o suprimirla. Es decir, propone prescindir olímpicamente de uno de los pocos instrumentos europeos, existentes en este momento, creados para satisfacer la seguridad y libertad de la ciudadanía europea. Más antieuropeo y renacionalizador, y además de manera obscena, no se puede ser. Y eso, viniendo de ese partido, es un torpedo en la línea de flotación de la UE. Hasta su socia Merkel se ha asustado.

Y he aquí cómo la culpable incompetencia y lenidad de nuestros gobiernos desde hace decenios han desembocado en el peor momento en una grave crisis europea. Para salir de ésta, tendremos que restablecer de una vez el orden constitucional y democrático en todas las regiones de nuestra patria, sobre la base de una ciudadanía de libres, iguales y solidarios. Y después, poder mirar a Europa a los ojos con credibilidad.

Enrique Calvet Chambon es eurodiputado de ALDE (Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas de Europa) y presidente de la plataforma ULIS.

mantiene el rating de España en bbb+
China pone a sus inversores ($7,4 billones) en alerta sobre el riesgo catalán para España
María Igartua elconfidencial 13 Abril 2018

La agencia de calificación china, Dagong Global Credit, ha mantenido el rating de España en 'BBB+' con perspectiva estable, pero ha avisado que la "fragmentación política y las fuerzas centrífugas locales obstaculizan cada vez más la consolidación fiscal y la reforma estructural" del país, y ha asegurado que "el referéndum de independencia de Cataluña demuestra que "los separatistas representan uno de los mayores riesgos políticos".

Un mensaje que no es menor teniendo en cuenta de quien procede. Y es que, aunque el organismo es muy joven y no es muy conocido en occidente, el Gobierno chino lo creó en 2009 tras culpar de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión a las grandes agencias internacionales -Moody´s, Stantard & Poor´s 500 y Fitch-, por lo que se ha convertido en la referencia que siguen los inversores del país más poblado del mundo, 1,373 millones de habitantes, y en el que más rápido está creciendo la clase media.

Ya el mero hecho de que España se encuentre entre los 67 países del mundo que están en el radar de la agencia china es muy buena noticia tanto para la deuda soberana española en primer lugar y como para las empresas que están financiándose en los mercados de capitales en segundo. No en vano, los activos bajo gestión de los fondos de inversión de la segunda economía del mundo alcanzaron los 7,4 trillions (billones de dólares) en 2017 y que se espera que la cifra alcance los 14 trillions en 2022 gracias al impulso de los cambios regulatorios y la profunda reforma económica que está acometiendo el presidente Xi Jinping.

Además, según los datos disponibles en el Banco Mundial, los activos del fondo de pensiones de China respecto al PIB no han dejado de subir desde 2004 y hasta 2014 el valor medio durante ese periodo fue del 0,69%, con un máximo del 1,2% hace tres años.

En su último informe sobre España, Dagong asegura que esas fuerzas centrífugas locales están "inhibiendo cada vez más la reforma estructural y la remodelación de los bancos". Y continúa: "dado que el partido en el Gobierno no goza de una mayoría parlamentaria, la administración Rajoy, obstruida por la oposición y los sentimientos populares anti-austeridad, está teniendo problemas a la hora de sacar adelante propuestas, lo que supone un retraso en la consolidación fiscal y la reforma estructural".

Al mismo tiempo, "el referéndum de independencia de Cataluña ha demostrado que los separatistas de España suponen los mayores riesgos políticos. En términos de entorno crediticio, el rebote económico y la reestructuración de los activos de los bancos continúan mejorando la solidez del sistema financiero, por lo tanto, mejoran la solidez del capital de los bancos, la calidad de los activos y la liquidez. Sin embargo, la rentabilidad aún se verá erosionada por el clima de bajos intereses en la zona del euro", explican.

Además, aunque destaca que el crecimiento de la demanda interna está estimulando el crecimiento moderado a corto plazo, los "problemas estructurales impiden el crecimiento a medio y largo plazo". No obstante, los bajos tipos de interés en la región, unido a la mejora del mercado laboral, el aumento de los ingresos disponibles, el consumo privado y la inversión, pueden mantener en el tiempo este crecimiento moderado. Según las estimaciones de la agencia, 2018 y 2019 serán testigos de una desaceleración económica hasta situarse en el 2,3% y en el 2,1% respectivamente.

A medio y largo plazo dependerá de la capacidad de España de seguir llevando a cabo las reformas estructurales que el país necesita para reequilibrar su economía, "la baja productividad regional, un sector privado plagado de fuertes deudas y vulnerabilidades externas significativas", concluye.

SEGÚN LA CONSULTORA AON
Terrorismo y violencia política elevan el riesgo de invertir en España
La Gaceta  13 Abril 2018

Aon ha subido de bajo a medio el riesgo de invertir en España relacionado con el terrorismo y la violencia política, con lo que sitúa al país en el mismo nivel de riesgo que Francia, Bélgica, Alemania y el Reino Unido, pero un escalón por encima de Italia y dos por encima de Portugal.

Según el mapa de riesgos políticos publicado este jueves por la gestora de riesgos, consultora e intermediadora de seguros Aon, en España existe un riesgo medio de atentados terroristas y sabotajes, así como de “huelgas, disturbios, conmoción civil y daño malicioso”.

España está entre los 17 países que han aumentado su calificación de riesgo por violencia política, entre los que destacan Venezuela, Corea del Norte y Etiopía, que han subido al nivel de máximo riesgo ante la posibilidad también de insurrección, revolución, golpe de Estado o guerra.

En su informe, Aon señala que los riesgos relacionados con la violencia política se están incrementando a nivel global, debido a las tensiones geopolíticas, al debilitamiento de los gobiernos democráticos de corte liberal y a los efectos derivados de los conflictos crónicos en todo el mundo.

En concreto, el 60% de los países aparece expuesto a los riesgos de disturbios civiles, el 40% al riesgo de sabotaje y terrorismo, y el 33% a los riesgos de insurrección, guerra o golpe de Estado.

La probabilidad de que se produzca un conflicto entre Estados que involucre incluso a las grandes potencias está en su punto más alto desde el final de la Guerra Fría, lo que el estudio achaca en parte a la falta de liderazgo en la diplomacia internacional.

El número de ataques terroristas en los países occidentales en 2017 (204) ha duplicado los perpetrados en 2016 (96), aunque la cifra de víctimas se mantiene en niveles similares (1.092 en 2017).

Distintas zonas en guerra en todo el mundo siguen actuando como “incubadoras” para el terrorismo internacional, aunque la amenaza global derivada del Estado Islámico parece haber remitido un poco.

El 8% de todos los ataques terroristas en 2017 se dirigieron contra empresas, mayoritariamente contra los sectores del petróleo, gas, minería, transporte, construcción e infraestructura crítica, pero también contra minoristas, medios, finanzas y turismo.

Según Aon, en 2017 hubo al menos 35 ataques terroristas que afectaron directamente a sectores comerciales críticos para la industria turística, como complejos hoteleros, discotecas, aviación civil o atracciones turísticas.

Oriente Medio y el sur de Asia fueron las dos regiones más afectadas por el terrorismo en 2017, y América Latina y Eurasia, las menos.

Los cinco países con mayor número de ataques terroristas en 2017 fueron Iraq, India, Somalia, Pakistán y Nigeria.

Ataques a la asociación Hablemos Español
www.latribunadelpaisvasco.com 13 Abril 2018

Ayuntamientos independentistas y de extrema izquierda tratan de boicotear la recogida de firmas por la libertad de elección de lengua

A la Asociación Hablamos Español le quedan algo más de tres meses para reunir las 500.000 firmas certificadas que ha de entregar en el Congreso de los Diputados, para que su Iniciativa Legislativa Popular (ILP), a favor de la Libertad de Elección de Lengua, se debata en el Congreso.

Debido a las trabas y zancadillas de algunos ayuntamientos independentistas y de extrema-izquierda de comunidades autónomas con lengua cooficial, la asociación pro-libertad de elección de lengua ha tenido que reestructurar su campaña y prescindir de recoger firmas con mesa y carpa en algunas ciudades.

Tras el anuncio en prensa del éxito de las recogidas de firmas con las que arrancó la campaña, en la asociación Hablamos Español se han ido encontrando con todo tipo de trabas, boicots, e incluso cancelaciones. La casuística de lo sucedido a lo largo de estos meses es variada, y va desde declarar prohibido un punto de la ciudad para este tipo de actividades, justo después de recibir la petición de Hablamos Español para ese preciso lugar, hasta enviar a la Policía Local para amenazar con multas con los pretextos más peregrinos. En algunos casos, después de haber sorteado todos los obstáculos y haber satisfecho las más variopintas peticiones del departamento correspondiente, no se envió el permiso supuestamente concedido, o se les requirió para que aportaran un listado con nombres y teléfonos de todas las personas que pudieran en algún momento participar en la recogida de firmas, algo completamente innecesario y con visos de tener intencionalidad disuasoria, tratándose de localidades “oficialmente” hostiles a la libertad de lengua.

En otros casos, la Policía Local conminó por teléfono a la presidente de la asociación, Gloria Lago, a que se retiraran unas inexistentes pancartas bajo la amenaza de multa. En tres casos hubo que suspender la actividad por presiones de la Policía Local. Dos de ellos han dado lugar a una queja ante el ayuntamiento, y otro ha desembocado en una denuncia en Comisaría.

En otros casos se eternizaba la concesión del permiso con todo tipo de pretextos, entre ellos alguno tan ridículo, como que el funcionario se sentía incapaz de interpretar la póliza de seguro de la asociación.

Este tipo de problemas sucedieron en lugares de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. En Galicia está previsto iniciar la campaña en la calle en mayo, buscando una climatología más favorable. En otras ciudades de España los permisos se concedieron sin problemas.

Hablamos Español sigue cosechando un enorme apoyo, y allí donde se han podido organizar recogidas de firmas, se forman colas incluso antes de haber instalado la mesa, y las personas que acuden, protestan y se lamentan de lo absurdo que resulta que la gente de a pie tenga que organizarse para que se vean reconocidos unos derechos tan básicos como poder escolarizar en español a los niños en cualquier lugar del país, ser atendidos en la lengua común en todos los organismos oficiales de España, y no ser discriminado a la hora de acceder a un empleo público.

La asociación pro-libertad de lengua ha optado por incrementar las recogidas de firmas en localidades más pequeñas y en las ciudades más problemáticas asistirá a lugares de grandes concentraciones, para recoger firmas sin mesa pero con grandes globos que les den visibilidad. Por otra parte, se ha intensificado la red de fedatarios, que ya en número de 1.700, distribuidos por toda España, recogen y dan fe de la autenticidad de las firmas.

La campaña de Hablamos Español, no solo tiene como meta lograr las firmas necesarias para llevar la ILP de Libertad de Elección de Lengua al Congreso, sino también lograr que en toda España se sepa que este problema afecta ya a todas las comunidades autónomas con cooficialidad, y que la solución está en aplicar una ley como la que propone Hablamos Español, homologable a la legislación de todos los países con más de una lengua en parte de su territorio, un sistema positivo para los alumnos y para todos los ciudadanos, el único acorde a la vez con la doctrina del Tribunal Constitucional y con los tratados internacionales suscritos por España.

‘DESCALIFICA A QUIEN LO PROPONE’
La respuesta de la FNFF a los que equiparan a Franco con Hitler
La Gaceta  13 Abril 2018

Asegura que en el transcurso de la Guerra Civil fueron más de 10.000 los judíos que se libraron de la persecución nazi gracias a las órdenes de Franco a sus diplomáticos.

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha salido al paso de las “comparaciones odiosas” de diversos medios que en su “afán de intentar” su ilegalización, que el PSOE ha promovido en el Senado por entender que “enaltece y exalta la dictadura” y que no cumplir con los preceptos de la Ley de Fundaciones y también “por ser contraria a la Constitución” y a la Ley de Memoria Histórica, comparan a Franco con Hitler”.

“Es un ejercicio de manipulación en estado puro”, dice, antes de manifestar que descalifica a “quién lo propone” porque “Franco, que salvó a España de caer bajo la órbita soviética ganando una guerra que la Iglesia definió como Cruzada, fue la antítesis de Hitler”. Dice que el exjefe del Estado fue “un católico ejemplar” con la visión del mundo de un conservador tradicionalista”, mientras que Hitler era ateo y su visión del mundo era la de un imperialista.

“La España de Franco fue el único país europeo que tuvo una política activa de protección y acogida para con los judíos que huían de la persecución de Hitler”, añade.

A continuación, el comunicado íntegro:
Determinados medios vienen insistiendo en los últimos días, en su afán de intentar la ilegalización de la FNFF, al efectuar comparaciones odiosas y no ajustadas a la historia entre la existencia de la FNFF y la imposibilidad de una similar dedicada a Adolfo Hitler en Alemania.

De acuerdo en que nadie concebiría una fundación Adolf Hitler en Alemania. Sin embargo, comparar a Hitler con Francisco Franco es un ejercicio de manipulación en estado puro, es como comparar a Atila con Felipe II. Comparaciones tan alejadas de la realidad descalifican a quien las propone.

Francisco Franco fue la antítesis de Hitler. Franco fue un católico ejemplar, y su visión del mundo era la de un conservador tradicionalista, en tanto que Hitler era ateo y su visión del mundo era la de un imperialista: la dominación germánica sobre los supuestos pueblos inferiores. La España de Franco fue el único país europeo que tuvo una política activa de protección y acogida para con los judíos que huían de la persecución de Hitler.

Finalizada la II GM, Maurice L. Perlzweig, por aquel entonces Presidente del Congreso Mundial Judío, se dirigió al Generalísimo Franco para manifestarle la profunda gratitud del pueblo judío por el refugio que España había facilitado a los que procedían de los territorios bajo ocupación militar alemana. Se calcula que en el transcurso de la guerra fueron más de 10.000 los judíos que se libraron de la persecución nazi gracias a las órdenes de Franco a sus diplomáticos.

La carta que Perlzweig envió al Generalísimo decía literalmente: “los judíos son una raza poseedora de gran memoria y no han de olvidar fácilmente la oportunidad que se ha brindado a miles de sus hermanos para salvar su existencia”.

Franco ganó la guerra civil practicando una estrategia de minimización de daños, por lo que las pérdidas humanas en combate fueron muy inferiores de lo esperable en un conflicto de tal envergadura, en tanto que Hitler desangró a su patria, Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Franco llevó a España a las más altas cotas de paz, reconciliación y desarrollo de su historia, en tanto que Hitler hundió a Alemania en la derrota y la división territorial. Franco dirigió una guerra para defender la civilización cristiana y la unidad de España mientras Hitler dirigió sus tropas para atacar esa misma civilización e imponer el Nacional-socialismo en todos los territorios sometidos. Estos hechos no admiten refutación.

Francisco Franco salvó a España de caer bajo la órbita soviética ganando una guerra que la Iglesia definió como Cruzada, dada la evidente persecución anticatólica de la II República, ésta sí, similar en crueldad y sadismo a la que practicó Hitler con los judíos; libró a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial sin disparar una sola bala, pese a las presiones en sentido contrario de Hitler, hazaña considerada imposible en la Europa de entonces; reconcilió a una población antes enfrentada por el odio marxista a la fe católica, por enfrentamientos regionales y de clase creados y alimentados por los partidos marxistas y secesionistas; sacó a nuestra patria del subdesarrollo económico llevándola hasta el noveno lugar entre las potencias mundiales; la libró del analfabetismo endémico; y la dejó preparada, a su muerte, para que siguiera aumentando los logros alcanzados con el esfuerzo de todos los españoles durante treinta y seis años de convivencia pacífica, basada ésta en la fortaleza de una clase media que no existía cuando llegó a la Jefatura del Estado.

Francisco Franco no sólo merece tener a su nombre una fundación que defienda su inmensa obra política, económica y social, sino que merece una plaza o avenida en cada ciudad y pueblo; merece colegios, aeropuertos, universidades y hospitales; centros de investigación, acuartelamientos militares y hasta un Tercio de la Legión a su nombre. Lo asombroso es que, en su propio país, su prodigiosa figura como estadista sea permanentemente vilipendiada por quienes le deberían tributar su agradecimiento y reconocimiento, unos por acción y otros por omisión. No está de más recordar que la España actual le debe, no sólo su prosperidad económica, pues aún tienen efecto las enormes inercias productivas de entonces, a pesar de los errores y la calamitosa gestión de algunos de los gobiernos posteriores, sino su propia existencia como nación.

En la historia la verdad acaba por imponerse siempre y la continua utilización de la mentira como herramienta política al más puro estilo marxista, tal como preconizó el ideólogo de la revolución, el alemán Munzenberg, tendrá cumplida respuesta en todo momento.

EN ANDALUCÍA
Borran las referencias a los asesinados por ser de derechas en la Guerra
La Gaceta  13 Abril 2018

Sectarismo histórico. La Junta de Andalucía ha retirado las referencias a los asesinados por el Frente Popular en su nueva actualización del mapa de fosas.

La actualización de mapas de fosas de víctimas de la Guerra Civil llevada a cabo por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía ha retirado las referencias a los asesinados del bando nacional y solamente da muestra de los represaliados republicanos.

Según publica ABC, el nuevo mapa señala que en Bailén en la fosa común del cementerio hay enterradas 14 víctimas de la represión franquista, pero se omite que los milicianos acabaron con la vida de 20 personas consideradas de derechas. Además, en Andújar, el mapa actualizado -el anterior databa de 2010- cuenta solamente 93 víctimas republicanas y omite el asesinato de 96 personas considerados contrarias al régimen republicano.

En la presentación, Ana Cobo, delegada del Gobierno andaluz en Jaén, aprovechó la ocasión para destacar los avances después del primer año de vigencia de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, “y que ha situado de nuevo a Andalucía a la vanguardia de las políticas en esta materia”.

Para Cobo, “este balance fructífero”, se refleja en el elevado grado de cumplimiento de la ley, “que tiene que ver con el aumento del presupuesto y también con el trabajo que están llevando a cabo los ayuntamientos con la eliminación de símbolos franquistas y también para la recuperación en fosas”.

Respecto a la provincia de Jaén, destacó la puesta en marcha, desde el pasado mes de noviembre, de la Oficina Provincial de Memoria Democrática, “que sirve de punto de atención a las víctimas para recogida de testimonios, información y asesoramiento, en estrecha coordinación con la Dirección General”. A esta oficina se puede dirigir cualquier persona para aportar información, solicitarla o para ponerse en contacto con asociaciones.

Andalucía ya anunció el pasado mes de febrero la concesión de 100.000 euros para actividades relacionadas con la Memoria Histórica -5.520 euros a la Unidad Cívica por la República, una organización contraria a la actual monarquía constitucional española, una cantidad similar para cartelería digital sobre el archivo de Comisiones Obreras y la subvención de proyectos relacionados con la identidad de la mujer andaluza, etc-.

El objetivo de la Junta es el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, que fue aprobada con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Ciudadanos. Por ello, ha llevado la Memoria Histórica a la educación primaria, secundaria y bachillerato para “continuar el adoctrinamiento en los colegios e imponer una única versión manipulada sobre la Historia de España y en concreto sobre la Guerra Civil y el franquismo”, denuncia la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).

No es la única comunidad que ‘adoctrina’
Castilla y León dispondrá de un censo de víctimas de la Guerra Civil, subvenciones para exhumaciones, con una primera orden de ayudas de 100.000 euros este mismo mes, y los alumnos de ESO y Bachillerato estudiarán “educación en la verdad” de los hechos ocurridos durante la contienda y la dictadura franquista. Así se recoge en el decreto de la memoria histórica y democracia de Castilla y León, que este jueves aprobó el Consejo de Gobierno y que ha detallado en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez (PP).

El objetivo fundamental es “colaborar en la búsqueda y exhumación de las víctimas de la Guerra Civil para que sus familiares les puedan enterrar”, ha sostenido el también consejero de la Presidencia, para quien una democracia no se puede permitir “tener muertos en las cunetas desde hace ochenta años” y no saber dónde están enterrados los muertos.


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Las lenguas cooficiales, ariete del nacionalismo
S.E. ABC  13 Abril 2018

De celebrar la «riqueza» lingüística de España que recoge la Constitución a la discriminación del castellano. Como un rodillo que avanza imparable, las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales llevan años legislando en lo que se está perfilando como un ataque sin tregua a la lengua común. El castellano, desamparado. Hace dos días se tenía conocimiento de los nuevos criterios de contratación de la Orquesta Sinfónica de Baleares, en los que el catalán pasa a ser mérito, quizás la más pintoresca regulación a favor de una lengua que, en otros campos como es el del ejercicio de la medicina, sin embargo, tiene consecuencias mucho más graves.

Los ejemplos son variados a lo largo y ancho del territorio español, en una sistemática labor de zapa que con la excusa de la protección de lenguas en muchos casos minoritarias acaban socavando derechos individuales. En el caso de Navarra, por ejemplo, donde solo el 6,7% de la población habla euskera, el Parlamento aprobó la nueva ley Foral de Contratos Públicos, por la que las empresas que quieran ser subcontratadas por las administración en trabajos que requieran atención al público deberán tener un plan de euskera. En otras regiones, como es el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno presidido por Ximo Puig ofrecerá incentivos fiscales a las empresas que implanten el requisito lingüístico en sus plantillas, en una política que pretende extender el uso del valenciano en el ámbito privado más allá de las bonificaciones ya existentes como las que se dan por rotular en los comercios.

En Valencia, como también sucede en Baleares, la alianza del socialismo con las marcas locales de Podemos y su querencia claramente nacionalista, está propiciando un acercamiento progresivo de las políticas lingüísticas de estas dos regiones a la que se viene practicando en Cataluña desde hace décadas. Allí, la inmersión lingüística en la escuela es quizás el exponente más visible de una política que ha puesto la lengua y la promoción del catalán, con su reverso inevitable en forma de discriminación del castellano, como punta de lanza de un proyecto de construcción nacional. El artículo 3.3 de la Constitución señala que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Sin limitación alguna, algunos lo hacen sobre el desprecio al castellano.

Enorme impostura

«Solo el 4,4% de los navarros hablan a diario un idioma que se quiere imponer por motivos ideológicos»
Luis Ventoso ABC  13 Abril 2018

Mi suegro era un gigante físico de hermoso timbre de voz, un vitalista aficionado a la pelota vasca y a las rancheras mexicanas. Las interpretaba con tanto arte con su guitarra que hasta fue tentado en su mocedad para convertirse en cantante profesional en el extranjero (aunque tuvo el buen tino y la inteligencia de hacerse constructor). Procedía del Sur de Navarra y el vascuence le era ajeno. Mi suegra nació en el último pueblo entre Navarra y Francia, en el pre-Pirineo. La lengua familiar de su infancia era un vasco dialectal, que incluía vocablos franceses y españoles. Se casaron y se instalaron en San Sebastián, donde les fue estupendamente hablando en castellano, aunque siempre apreciaron las culturas vasca y navarra.

Al estudiar Periodismo en Navarra tuve la suerte de vivir cinco años en la estupenda ciudad de Pamplona, de gran calidad de vida y vecinos fiables y cabales. En mis andanzas cotidianas, las diurnas y las nocturnas –que no eran pocas ni breves–, no recuerdo que nadie me interpelase en euskera. Las ocasiones en que veía a una cuadrilla hablando en vasco eran también contadísimas. Deducción elemental tras mi lustro navarro: en Pamplona no hablaba euskera ni Blas. Eso es lo que percibí en mi vida real, sin que mediase apriorismo ideológico alguno, y lo que sigo encontrándome cada vez que voy allí. Todo el mundo habla en español. En cambio al salir de Pamplona hacia el Norte el uso del vascuence va tornándose común. Por ejemplo, cuento con unas excelentes amigas de Vera de Bidasoa que hacen toda su vida familiar en vasco, el hermoso idioma que siempre se habló en su hogar (por cierto, no son nacionalistas y a veces cuentan anécdotas vitriólicas sobre abertzales que se dirigen a ellas con el euskera ritual de salutación, pero que luego son incapaces de seguirles la conversación). Por el contrario, de Pamplona para abajo el vasco va convirtiéndose en una auténtica rareza.

En Navarra mandan ahora los nacionalistas partidarios de la integración en el País Vasco. Gobiernan a pesar de que no ganaron las elecciones (UPN se impuso en los comicios con seis escaños más que Uxue Barkos, la actual presidenta, que cogobierna con Bildu). Dentro de su ejercicio de ingeniería social para vasquizar Navarra –cuyo horizonte final sería la independencia–, han decidido dar primacía al euskera para poder ser funcionario navarro. Muy bien. ¿Y cuántos navarros hablan vascuence? Según el último estudio en profundidad del Gobierno de Navarra, que data de 2011, tan solo el 4,4% de la población (2,1% en Pamplona). Es decir: el 95,6% de los navarros tienen como su lengua única de uso cotidiano el español, pero ahora se les va a imponer para ser funcionarios un idioma que en realidad prácticamente no existe en media comunidad foral. ¿Lógica? Ninguna. ¿Sectarismo político? Todo. Una espectacular impostura, inédita en toda Europa, que solo tiene un objeto: ir descosiendo España con hechos diferenciales, impuestos a golpe de rodillo legislativo y del despilfarro de millones de euros sacados de los impuestos de todos, nacionalistas y no nacionalistas.

El rodillo lingüístico, imparable en la escuela de Cataluña

El folleto para la preinscripción, hecho público ayer, omite la casilla lingüística
Esther Armora ABC 13 Abril 2018

En Cataluña, la política a favor del catalán se ha desarrollado en todos los frentes -función pública, comercios, medios de comunicación...-, pero ha sido en el de la educación donde más énfasis se ha puesto. De hecho, la inmersión en la escuela se ha definido como una línea roja por la mayoría de los partidos en el Parlament -Cs y PP son los únicos grupos que se oponen-, una línea que ni el Gobierno con el artículo 155 en mano ha sido capaz de rebasar. Incumpliendo la larga serie de sentencias que obligan a aumentar el número de horas de castellano, la preponderancia del catalán se mantiene.
Sin casilla

Ayer mismo, un día antes de abrirse el plazo de preinscripción, la Generalitat hacía público el folleto que deberán rellenar las familias para formalizar el proceso, en el que, tal y como se adelantó la pasada semana, no hay ni rastro de la casilla lingüística que daría a las familias la opción directa de elegir la lengua de escolarización de sus hijos. El documento no presenta ninguna variación pues con respecto a años anteriores y solo ofrece a los padres que quieren castellano para sus hijos la opción de reclamarla ante la administración para obtener, finalmente, «atención individualizada», un sistema cuestionado por sentencias judiciales recientes. La llamada «vía Lomce» de becas para estudiar en castellano fue declarada inconstitucional.

El ejecutivo catalán, mientras, sigue avanzando en la construcción de su modelo educativo, que lleva por ejemplo a indicar a sus profesores que a la hora de evaluar el conocimiento de castellano de los alumnos se atienda solo a la comprensión de textos «sencillos», tal y como adelantó ABC el pasado lunes. Así las cosas, únicamente a través de la acción de la Justicia se corrige, en parte, la preponderancia del catalán. El TSJC obligaba en 2016 por ejemplo a modificar el protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat, que entre otras indicaciones señala que en la lengua de comunicación entre los funcionarios tiene que ser el catalán.

Cataluña sigue pareciendo una república bananera
EDITORIAL Libertad Digital 13 Abril 2018

Está visto que la ridícula aplicación del artículo 155 está pesando más al Gobierno que a las formaciones golpistas.

La delirante pretensión de que el también golpista Jordi Sánchez releve a Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad parecía, hasta la fecha, prueba insuperable de hasta qué punto las formaciones separatistas catalanas siguen empecinadas, sin disimulo alguno, en proseguir el ilegal proceso secesionista iniciado por Artur Mas en 2012. Sin embargo, su todavía más disparatada ocurrencia de anunciar una querella por prevaricación contra el juez Llarena demuestra que no hay en Cataluña límite para el deterioro.

Era evidente que el juez no podía ni puede permitir que ninguno de los golpistas procesados –incluido el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez– salga de la cárcel para presentarse en el Parlamento regional y asumir el cargo de presidente de la Generalidad, cargo desde donde se lideró la sedición. Asumir por parte del juez tamaño riesgo de reiteración delictiva es lo que hubiera supuesto una prevaricación o, cuanto menos, incurrir en una temeraria imprudencia y flagrante contradicción con todas las medidas cautelares que ha ido tomando.

El hecho de que JxCat y Esquerra utilicen el acuse de recibo de Naciones Unidas a un escrito de la defensa de Sánchez como si se tratara de una resolución favorable a la posibilidad de investir al golpista no prueba la prevaricación del Llarena sino la inconmensurable desfachatez de las formaciones secesionistas.

Con todo, está visto que la ridícula aplicación del artículo 155 está pesando más al Gobierno de la Nación que a los golpistas. El disparate de no esperar siquiera a la celebración del juicio por el golpe para convocar las elecciones autonómicas está obligando a tomar medidas cautelares que hubieran resultado innecesarias. Lo peor es que está provocando que el desorden y el desconcierto campen por sus respetos en Cataluña.

Así las cosas, los separatistas tienen hasta el 22 de mayo para proponer un candidato a la presidencia de la Generalidad sin causas pendientes con la Justicia. Tanto si lo hacen como si fuerzan nuevas elecciones autónomicas, el golpe de Estado proseguirá después de esa fecha, hasta que haya un Gobierno en España decidido a que Cataluña deje de perecer una república bananera.

¡Es la política, es la política!
NICOLÁS REDONDO TERREROS El Mundo 13 Abril 2018

Díez de Games en su Victorial o Crónica de Don Pero Niño del siglo XV decía: "Los ingleses acuerdan antes de tiempo; son prudentes. Los franceses nunca acuerdan hasta que están en la fecha; son orgullosos y presurosos. Los castellanos no lo hacen hasta que la cosa es pasada; son ociosos y contemplativos". No creo en los perfiles nacionales que generalizan en exceso y en todo caso convierten sutiles tendencias sociales en una especie de cama de Procusto, que amputa lo que sobresale, lo que se diferencia o lo que no es igual. Pero, ¿no me digan que, apareciendo de las profundidades del tiempo y de la comodidad simple de todas las generalizaciones, no viene muy al caso la parte referida a los dirigentes españoles cuando pensamos lo que está sucediendo en Cataluña?

Una de las diferencias entre la justicia y la buena política está justamente en el tiempo; si la primera actúa una vez cometida la infracción, la segunda vocacionalmente aspira a que no suceda lo que amenaza la paz social. La pasividad con la que nuestros gobernantes han enfrentado la cuestión catalana ha dejado al final las soluciones exclusivamente en manos de la justicia, que únicamente muestra límites e impone sanciones y penas a quienes han vulnerado las leyes españolas, desde la Constitución al Estatuto de Autonomía. Objetivo, sin embargo, de dudosa consecución si dependiera de la inefable ministra del Gobierno de Merkel -si los socialistas alemanes no saben diferenciar entre unos golpistas de manual y la Justicia de una nación democrática no me extrañan sus continuos fracasos electorales. Más rotunda es la impresión de futilidad que me causa la dirigente socialdemócrata si tenemos en cuenta la contribución política de su partido a la democracia española-.

A la futilidad de la ministra le va pareja la levedad de nuestra política exterior. Puigdemont y compañía no sólo han conseguido en parte poner en entredicho el esfuerzo político por entendernos entre españoles iniciado hace ya 40 años, sino que han conseguido debilitar la confianza entre la sociedad española y la alemana, con el inevitable perjuicio que esos recelos pueden provocar en la Unión. ¡El Gobierno ha vuelto a tener una posición débil ante la impetuosa salida de tono de la ministra alemana! Las palabras de la ministra obligan a una contestación adecuada, y esa respuesta, que evitaría sensaciones desagradables a la sociedad española, no es motivo ni razón para hablar de crisis entre dos socios; sencillamente sería la expresión de una tensión muy concreta entre amigos con intereses distintos que se podría encauzar sin la postración de ninguno de los dos países. No vaya a conseguir nuestro comedimiento hacer menos gravosa la amabilidad con los independentistas que el respeto a los socios.

Está tan olvidada la política grande en nuestra clase dirigente que espera, con expectativa muy primaria, la elección de un presidente de la Generalitat para dar por concluida la cuestión catalana. Y esperan la consecución de este objetivo político para contar con los votos del PNV de cara a la aprobación de los Presupuestos de este año que ya corre hacia su primera mitad. Cierto es que la elección de un presidente se hace imprescindible para afrontar el futuro próximo;pero si es necesario un presidente para establecer un marco de diálogo entre los independentistas y los que quieren seguir siendo catalanes y españoles, también es probable que persistan en su política segregacionista. Al fin y al cabo, sumarían al poder político y económico que les ofrece la Generalitat, un catálogo de mártires en el "exilio" o en la cárcel.

¡Qué más pueden desear los independentistas que la comodidad de las mullidas alfombras del poder y la catarsis provocada por sus héroes! Es más probable esto último si tenemos en cuenta que pueden construir un estatus de pueblo perseguido, sin base real pero muy eficaz para sus ensoñaciones, sobre las frivolidades de la justicia alemana, la intrépida irresponsabilidad de algunos de sus políticos o nuestra abulia en el terreno internacional. En cualquier caso, hoy los nacionalistas no quieren dialogar en el marco de la ley y el gobierno ahora tampoco tiene fuerza ni capacidad para hacerlo.

En fin, la resolución de los jueces alemanes ha conseguido que pareciera que los independentistas hubieran conseguido poner la razón al servicio de sus sentimientos irredentos y que nuestra pasión por defender la democracia, la legalidad, la libertad y la razón como únicos instrumentos de convivencia no merecieran respeto alguno. Todo ello debido más que a los desaciertos germanos a la obcecación doméstica de dar una solución exclusivamente judicial a la cuestión catalana.

Y, ¿cómo recobrar la política? Aceptando la realidad sin la contaminación de los intereses más prosaicos del partido o de los instintos de conservación que caracteriza a los partidos políticos. No estaría de más entender que en Cataluña el resquebrajamiento del consenso autonómico provocado por los independentistas ha fracturado hoy por hoy la sociedad catalana. Y si ellos no están dispuestos a renunciar a sus pretensiones la otra parte de la sociedad catalana tampoco está dispuesta, una vez quebrado el consenso estatutario unilateralmente, a ver disminuidos sus derechos de ciudadanía. Para enfrentar esa cuestión (la tensión de una sociedad dividida entre quienes ya se han situado fuera de la legalidad, y son muchos, y los que no están dispuestos a volver a un pasado de silencio y marginación, tantos como los otros) necesitamos la política; sólo la política grande será capaz de requerir esfuerzos y hasta sacrificios para conseguir un bien superior: la convivencia. Tal vez en otro momento, en otra situación, la solución sería volver a la situación anterior, pero con todo lo que ha sucedido es sencillamente imposible.

El Gobierno de Rajoy y algún partido, por miedo o responsabilidad, por cálculo o por incapacidad, han ido voluntariamente por detrás de los independentistas. Fueron por detrás cuando aprobaron las leyes de desconexión, verdadero pronunciamiento civil de los independentistas, y lo mismo ocurrió el 1 de octubre. Hemos despreciado una parte de la acción que debería desarrollarse entre nuestros socios de la Unión, conformándonos con declaraciones etéreas o con escaso valor institucional, que en realidad mantenían el contencioso catalán dentro de nuestras fronteras y convertía a nuestros socios en espectadores interesados, pero no concernidos. Todo lo que ha sucedido estos últimos años desde el primer referéndum en tiempos de Mas me recuerda aquella frase que se hizo célebre y recuerda Menéndez Pidal del Celoso prudente de Tirso de Molina: "Socorro de España sois, siempre perdido por tardo". Lo queramos o no, éste es el resultado de la política española durante los últimos meses.

En esta situación, la aprobación de los Presupuestos es irrelevante desde un punto de vista político. La cuestión es si este Gobierno tiene mayoría y proyecto político para los próximos años. Podría ser que el oxígeno de las cuentas sólo sirviera para prestar una lánguida vida al Ejecutivo mientras todo se enquista y se petrifica. Nunca es buena noticia un adelanto electoral, pero hay momentos determinados y situaciones concretas que sólo tienen como solución la convocatoria de unas elecciones. La economía parece que va bien y no es un factor sin importancia, pero no es el único e imprescindible; como lo es el funcionamiento de la Justicia para impedir que apellidos, orígenes, creencias o ideologías fortalezcan la desigualdad entre los ciudadanos; pero en las democracias occidentales todo adquiere sentido y armonía a través de la política.

Revirtiendo el simplista eslogan de Clinton, podemos decir: "Es la política, estúpido, es la política". El problema no es si el Gobierno aguanta un año más. El verdadero problema es la fuerza que ha adquirido el embate independentista. Por lo tanto, hoy es más necesario que nunca que la sociedad española muestre su posición, sus respaldos y sus castigos para enfrentarnos al reto independentista con las fuerzas renovadas que prestan siempre unas elecciones.

Nicolás Redondo Terreros es miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

UGT y CCOO legitiman el relato separatista
Antonio Robles Libertad Digital 13 Abril 2018

Cometemos un grave error cuando hablamos del problema de Cataluña. Puede que lo fuera en el pasado, pero ahora el problema es de España.

Cometemos un grave error cuando hablamos del problema de Cataluña. Puede que lo fuera en el pasado, ahora el problema es de España. Inducido, eso sí, por el catalanismo mutado en nacionalismo y separatismo. Esa cepa viral ha infectado al alma de la nación. En especial, a los partidos de izquierdas y a sus sindicatos.

Evidencias sobran, la última es la participación y apoyo a nivel nacional de UGT y CCOO a la manifestación convocada por la ANC y Òmnium Cultural para exigir la excarcelación de los "presos políticos". Si algún iluso se ha sorprendido por la novedad, paséese por las connivencias que tales sindicatos tuvieron con el nacionalismo desde los finales ochenta. Y en la entrada del nuevo siglo con el separatismo.

Se habla mucho de los ERE de Andalucía, pero la obsesión de Pujol por controlar todos los estamentos sociales le llevó a regar con subvenciones los cursos de formación laboral y a personajillos como el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Ni un escándalo entonces. Los trapos sucios en Cataluña se lavan en casa.

Durante los últimos 40 años, estos sindicalistas de pega han hecho de correa de transmisión entre la clase obrera castellanohablante y el nacionalismo. Pujol ha ganado, no sólo ha pervertido el sentido de tales sindicatos en Cataluña, la inercia de tal perversión ha acabado por arrastrar a sus homónimos en el resto de España.

Aclaran que no están por la independencia, pero asisten a sus aquelarres y siguen todas sus consignas. En su adhesión a la manifestación del día 15 con lo peor del separatismo, arrastran todos sus mantras secesionistas: libertad para los "presos políticos", petición de "diálogo", anulación del "bloqueo institucional por la aplicación del 155", crítica a las "actuaciones judiciales desproporcionadas", apuesta por la "reforma constitucional", petición de "normalidad institucional, política y judicial", y siempre el socorrido "derecho a decidir". Un arsenal completo de nacional-catalanismo separatista.

Son sindicatos de clase de una izquierda infectada hasta la médula por el problema nacionalista. Pero no sólo ellos, Pablo Iglesias justifica la violencia de los CDR y aboga por la libertad de los "presos políticos", Miquel Iceta pidió un indulto para ellos antes del propio proceso y condena, y su compañero de filas Ramón Ferré, alcalde de Calafell, ha aprobado en el pleno municipal la regulación de los lazos amarillos en la calle. Ada Colau acudirá a la manifestación a "pedir libertad para los presos políticos", y Joan Tardà se marca una de cinismo declarando que quienes catalogan de terrorismo de baja intensidad las acciones de carrer barroka de los CDR banalizan a las víctimas del terrorismo. Alguien le debería recordar con qué víctimas estaba él cuando el líder de su partido, Carod Rovira, viajaba de incógnito a Perpiñán para pedir a la banda terrorista ETA que no atentara en Cataluña. Al resto de españoles que les dieran.

Con esta traición a la igualdad de todos los trabajadores, estos sindicatos de clase están legitimando el relato nacionalista y todas sus manipulaciones. Nunca antes quienes deberían partirse el pecho por los derechos laborales, los servicios sociales, la justicia social, la defensa de los más humildes, se habían degradado hasta el punto de convertirse en mamporreros de sus enemigos de clase. Una prueba irrefutable de que el problema catalán está infectando todo el cuerpo social de España.

Es la peste del resentimiento, del populismo, del nacionalismo. Poco a poco, desde los años ochenta, ha ido socavando la confianza de los españoles en el orden constitucional hasta infectar y corromper ideologías, afectos, acontecimientos históricos, cultura, lengua común, solidaridad, igualdad, conocimientos mutuos, y amenaza con disolver la soberanía nacional de una de las naciones más antiguas del mundo.

PS. Seguro que no encontrarán razón alguna para oponerse a o manifestarse contra la iniciativa planteada por ERC, Junts x Cat y CUP para que el Parlamento de Cataluña apoye la violencia callejera de los CDR (carrer barroka).

La identidad sindical perdida
 
larazon 13 Abril 2018

Mientras que las centrales sindicales de CSIF, USO y CGT, esta última en menor medida, registraron mayor afiliación en 2017 que antes de la crisis económica y la tremenda destrucción de empleo, UGT y CCOO, que sufrieron una sangría de afilados estimada en más de 600.000 bajas, apenas han conseguido recuperar una décima parte de lo perdido.

Sin duda, una de las causas que lastran la recuperación de las dos mayores organizaciones de trabajadores de España hay que buscarla en su posición pública de apoyo a los movimientos separatistas catalanes, que sólo en la última semana, ha provocado miles de bajas en las distintas federaciones nacionales, con especial incidencia en Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha, pero, también en la propia Cataluña, donde algunos de sus líderes más carismáticos, como Francesc Castellana, de Comisiones, han decidido hacerlo público.

En el Principado, UGT y CCOO han sufrido el mismo proceso de contaminación nacionalista que otras instituciones sociales, colegios profesionales y asociaciones culturales, parasitadas por los separatistas a caballo de la política clientelar practicada por la Generalitat de Cataluña. Un movimiento transversal, posible en la medida en que se diluía el objetivo último bajo falacias como la del derecho a decidir, pero que, ante la intentona golpista de octubre, está encontrando muchas dificultades para mantenerse en la cómoda equidistancia.

De ahí que, emplazados ante la realidad de los hechos, incapaces de imponerse a los sectores nacionalistas crecidos en el seno de sus federaciones, los dirigentes de UGT y Comisiones hayan comprado la nueva argumentación separatista, según la cual, no se trata tanto de luchar por la independencia de Cataluña como de la defensa de las libertades y los derechos democráticos presuntamente conculcados por el Gobierno del Partido Popular. Bajo esta nueva premisa argumental, verdadero monumento a la demagogia, es posible asistir al espectáculo de equilibrismo de los secretarios generales de Comisiones y UGT, Unai Sordo y Josep María Álvarez, respectivamente, que defienden ante sus indignados afiliados y ante una opinión pública atónita que convocar conjuntamente una manifestación con las dos organizaciones separatistas catalanas –la ANC y Omnium Cultural– que han sido la punta de lanza del golpe no significa apoyar ni los objetivos independentistas ni su estrategia de ruptura unilateral de la Constitución española.

Al contrario, según estos virtuosos de la confusión y el doble lenguaje –que se permiten, además, dar lecciones al Poder Judicial sobre cómo deberían aplicar la Ley sus magistrados–, lo que pretenden con su apoyo a los golpistas es que «vuelva la normalidad institucional a Cataluña, se recupere el autogobierno estatutario, para suspender el artículo 155, y se forme un Gobierno de la Generalitat que, de una vez por todas, comience a preocuparse por los problemas de los trabajadores». Una vez más, Sordo y Álvarez parecen fugados de la realidad, puesto que sólo el actual Parlamento catalán tiene la potestad de llevar a cabo esa vuelta a la normalidad institucional que reclaman los líderes sindicalistas. El principal problema para Comisiones y UGT no es sólo la caída de afiliación y de credibilidad entre los trabajadores que trajo la crisis, sino la pérdida de la razón de ser sindical. En Cataluña, el equilibrismo, por más virtuoso que sea, ya no confunde a nadie, y menos a la clase obrera que, como demostraron las últimas elecciones, decidió cambiar su voto a una formación anti separatista como Ciudadanos. Tal vez, el nacionalismo lo haya contaminado todo, empezando por el lenguaje, pero no tiene por qué ser siempre así.

Imponen un plan de euskera a las empresas que quieran contratos en Navarra
En la Comunidad Foral solo un 6,7% de la población se declara vascoparlante
Pablo Ojer ABC 13 Abril 2018

Las empresas que quieran ser subcontratadas por las Administraciones Públicas de Navarra para trabajos que requieran atención al público deberán tener un plan de euskera «para que las personas trabajadoras que ocupen los puestos de atención al público puedan formarse en dicha lengua». Así sucederá a partir de ahora después de que ayer el Parlamento de Navarra aprobara la Ley Foral de Contratos Públicos.

Esta norma podría considerarse normal en una región bilingüe o donde la mayoría de la población sepa la segunda lengua y, por lo tanto, a la hora de dirigirse a la Administración lo haga en ese segundo idioma. Pero se da la circunstancia de que en Navarra el euskera es hablado habitualmente tan solo por el 6,7% de la población. En el mayor núcleo urbano de la Comunidad foral, la Comarca de Pamplona, sólo el 2,9% de los ciudadanos se expresa en euskera. Sin embargo, a partir de ahora, todas las empresas que opten a un contrato con una Administración Pública, estén en la zona de Navarra que estén, tendrán que tener un plan de euskera.

El cuatripartito formado por Geroa Bai, Bildu, Podemos e IU, que sustenta el Gobierno de Uxue Barkos sabía que esta medida acarrearía polémica. Por eso, la introdujo de tapadillo, vía enmienda y como la Disposición Adicional Decimoquinta en una ley que tiene más de 200 artículos. Los siete grupos parlamentarios representados en la cámara navarra estaban de acuerdo en que el resto de la ley era positiva. Se trata de una norma que prima la relación calidad-precio y que incluye criterios medioambientales, de igualdad, discapacidad y salud laboral en las subcontrataciones.

Pero tenía escondida esa obligación que echó por tierra la visión favorable de UPN y PP. Los socialistas prefirieron mirar para otro lado y permitir la imposición del euskera en las empresas. La socialista Ainhoa Unzu consideró que se trata de una ley «muy avanzada» y destacó el «control en la transparencia» que conlleva la norma con el fin de «evitar amiguismos» y comportamientos similares.
Menos España

Sin embargo se olvidó de otro tipo de amiguismo. La Confederación de Empresarios de Navarra ya advirtió de que esta ley «perjudicará a la igualdad de condiciones con aquellas empresas del País Vasco, especialmente, en detrimento de las empresas de las zonas mixta y no vascófona de Navarra». La CEN dio en la clave, llegada masiva de contratos a empresas vascas en detrimento de las autóctonas o de cualquier otra región española. Es decir, menos España, más País Vasco.

Ya lo advirtió el representante del PP, Javier García, durante el debate de ayer: «No tiene suficiente el Gobierno de Navarra con imponer el euskera en las aulas; no tiene suficiente con imponer el euskera a los funcionarios; de imponer también el euskera en la señalización de las carreteras. Van más allá y ahora tratan de imponer el euskera a todas aquellas empresas que pretendan ser contratadas por las Administraciones Públicas».

Se beneficia el euskera en la zona no vascófona mediante la rebaja de número mínimo de alumnos por aula o pagando el transporte y el comedor de los chicos que estudien en euskera. Se beneficia a los euskaldunes, navarros o, sobre todo, procedentes del País Vasco, que quieran ser funcionarios aunque el motivo de la plaza nada tenga que ver con el euskera.

Se trata, en definitiva, de ir sembrando la semilla nacionalista. Y hacerlo cuanto antes, porque en 13 meses llegan las elecciones autonómicas.

Contrataciones de médicos o músicos que hablen catalán en Baleares con el actual tripartito
Sólo en la pasada legislatura, con el popular José Ramón Bauzá como presidente autonómico, se intentó revertir la situación de priorización de la lengua catalana existente desde los años ochenta
Josep María Aguiló ABC 13 Abril 2018

El actual Ejecutivo balear, que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de MÉS y de Podemos, está aplicando, en lo esencial, las normativas lingüísticas en favor del catalán y en detrimento del castellano implantadas por el PP en legislaturas anteriores.

En ese sentido, siguen aún hoy vigentes tanto la Ley de Normalización Lingüística, aprobada por el popular Gabriel Cañellas en 1986, como dos medidas decisivas aprobadas por el popular Jaume Matas con posterioridad.

Matas aprobó en 1997 el llamado Decreto de Mínimos, que estableció que el 50% de las clases en los colegios deberían impartirse en catalán. Al no fijar un máximo de horas en dicha lengua, el decreto acabó favoreciendo de facto la inmersión lingüística. Fue también Matas quien en 2007 aprobó la Ley de Función Pública, que estableció que el conocimiento del catalán sería un requisito para todos los funcionarios.

Sólo en la pasada legislatura, con el popular José Ramón Bauzá como presidente autonómico, se intentó revertir esa situación. Así, el Decreto de Mínimos fue sustituido provisionalmente por un modelo de enseñanza trilingüe, mientras que el catalán dejó de ser un requisito y pasó a ser sólo un mérito para quienes optasen a ser funcionarios.

Con la socialista Armengol
Con la socialista Armengol al frente de la Comunidad, se ha vuelto al sentido originario de la Ley de Función Pública. La aplicación de dicha ley está provocando ahora situaciones insólitas, como por ejemplo que la Orquesta Sinfónica de Baleares priorice en las contrataciones eventuales a quien hable catalán o que los médicos deban tener un nivel básico de catalán, aunque no se les exija para poder presentarse a oposiciones.

Historia de un fracaso: cómo llegó España a ser la mala del cuento del procés
Ana Isabel Martín esdiario 13 Abril 2018

El varapalo alemán ha reavivado las críticas sobre el plan de acción exterior del Gobierno. La vicepresidenta creyó que enviar a un ministro que sabe cuatro idiomas a Bruselas era suficiente

La noticia pasó casi desapercibida el miércoles porque el caso Cifuentes lo ocupa casi todo. Pero la prensa independentista sí dio cumplida cuenta.

A la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, le preguntaron por la decisión del tribunal de Scheleswig-Holstein de exonerar a Carles Puigdemont de los cargos por rebelión y contestó: "Creo que en este caso específico Alemania actuó de acuerdo a las reglas".

Así que la Comisión Europea ha decidido apoyar a los tres jueces germanos que han puesto en jaque la causa del procés. Segundo varapalo. Y, precisamente para evitar el mate, este jueves fiscales españoles y alemanes se reunieron en La Haya para abordar salidas a esta crisis bilateral.

Aunque el equipo de Mariano Rajoy confía en que la Justicia alemana recapacite, es más un deseo que una certeza. Y entre los ministros los hay sumamente pesimistas.

Las críticas hacia la comunicación exterior del Gobierno se multiplican estos días

La bofetada alemana ha reavivado las rencillas existentes en el Consejo de Ministros sobre la estrategia seguida en la crisis catalana. Y las críticas respecto a la política de comunicación exterior, que también comparten diplomáticos.

De hecho el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, ha señalado públicamente hace un par de días que los independentistas han llevado a cabo una "tarea exitosa" a la hora de trasladar a la opinión pública internacional su cruzada, mientras que el Ejecutivo ha quedado "regazado".

La tesis es: si el Gobierno se hubiera preocupado y ocupado de contar a la opinión pública alemana la verdad del procés, tal vez sus jueces no habrían sentido tantas simpatías por Puigdemont.

Pero no lo hizo. Y, por extraño que parezca, incluso la embajadora española en Berlín, Victoria Morera, recibió la orden de sus superiores de no mover un dedo hasta que no hubiera sentencia, le cuentan a Esdiario.

Cuentan más. Cuentan que los embajadores están perdidos, desconectados, sin recibir argumentarios de Exteriores y La Moncloa. Hasta el punto de que el lunes, el secretario de Estado de Asuntos Europeos reunió a casi una veintena de ellos para enmendar los errores y pedirles que, ahora sí, se acerquen a la opinión pública de sus respectivos países. El ministro Dastis no fue, estaba con Rajoy en Argentina.

Durante los meses siguientes al 1 de octubre, Soraya Sáenz de Santamaría relegó al ministro de Asuntos Exteriores y encargó al ministro portavoz que diera la versión de España en el mundo. Íñigo Méndez de Vigo habla perfectamente inglés, francés, alemán e italiano (amén de catalán y euskera), así que la vicepresidenta pensó que haría un gran papel (Dastis también se maneja con los idiomas, pero no tanto).

Méndez de Vigo ha establecido un "puente aéreo" Madrid-Bruselas durante meses

Méndez de Vigo convirtió Bruselas en su campamento base, en lugar de viajar por el mundo. Entre octubre y febrero organizó o le organizaron (a veces lo hacía la embajada, a veces el grupo parlamentario de Esteban González Pons) decenas de encuentros privados con periodistas de todo el mundo, políticos, empresarios, creadores de opinión, lobbies varios y, en general, cualquiera que se interesara por el procés. Y en todos los viajes a la capital belga concedía entrevistas a medios internacionales.

Sin embargo, en febrero esos viajes terminaron. No porque hubiera orden expresa de la Vicepresidencia, sino más bien porque unos y otros, todos, se confiaron. Creyeron que ya estaba todo el terreno abonado, que el procés daba sus últimas bocanadas también en la esfera internacional. Y creyeron, sobre todo, que cuando Puigdemont fue detenido en Alemania, la extradición por rebelión y malversación estaba hecha.

Ahora han venido los lamentos, las prisas, las llamadas de La Moncloa y el cortejo a los corresponsales alemanes en España, con quienes Méndez de Vigo se reunió este mismo martes de forma discreta en La Moncloa. Confiando en que aún, aunque el cántaro se haya caído, no esté toda la leche derramada.

ANTE LA AUSENCIA DEL GOBIERNO
Las caras que libran la batalla en el exterior contra el relato ‘indepe’
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 13 Abril 2018

La asociación Llibertats, Empresaris de Catalunya, Antonio Banderas, Javier Cercas… Todos elloshan contribuido a refutar el relato separatista en el exterior ante la incomparecencia del Ejecutivo de Rajoy.

La inoperancia del Gobierno para contrarrestar la expansión del relato del separatismo catalán en el exterior ha quedado de manifiesto, en especial tras las últimas declaraciones de la ministra de Justicia alemana, que recibieron una tibia respuesta desde España.

Mientras sietes separatistas procesados por Llarena llenan de mentiras periódicos, televisiones, aulas de universidades y Twitter, el Gobierno mira hacia otro lado.

Pero la sociedad civil no parece estar dispuesta a que las bianeaventuranzas de la ‘Arcadia catalana’ calen en el exterior. Escritores, filósofos, profesores, juristas, expolíticos y hasta el ‘Ejecutivo’ de Tabarnia le están haciendo los deberes a Rajoy.

Si uno piensa en una asociación que desmonta las mentiras del separatismo, probablemente se le venga a la cabeza Sociedad Civil Catalana. También están los eurodiputados que cumplen su tarea de defender al Estado, o los políticos nacionales que se desplazan al exterior para desintoxicar a la opinión pública.

Sin embargo hay otros que, sin cobrar del Estado, contribuyen a la causa de la contrapropaganda. Aquí van algunos ejemplos de quienes han empuñado la verdad para dar la batalla dialéctica en el exterior al independentismo:

Empresarios de Cataluña
La asociación dirigida por Josep Bou envió una delegación al Parlamento Europeo el pasado mes de noviembre para alertar sobre el riesgo económico que supone para Cataluña el desafío secesionista.

En el momento álgido de la fuga masiva de compañías de la región, Empresaris de Catalunya puso encima de las mesa las cifras del ‘procés’ e hizo propósito de enmienda: “hubo un tiempo en que permanecimos silentes. Es un grave error que hoy pagamos con creces”.

Llibertats
Ya se anticiparon al problema y, meses antes de que se celebrase el referéndum ilegal, el fundador de esta asociación de juristas catalanes contra la independencia se desplazó hasta la capital belga para alertar de las violaciones legales que perpetraba el ‘procés’.

Pere Lluis Huguet Tous fue entonces invitado por la eurodiputada Teresa Giménez Barbat, un referente junto a Enrique Calvet en desmontar las mentiras ‘indepes’. Llibertats centra su estrategia en rebatir jurídicamente a Puigdemont y sus correligionarios, labor que ha culminado -ya en los tribunales- VOX, cuya denuncia contra el exjuez Santiago Vidal supuso el pistoletazo de salida al juicio contra los secesionistas.
Profesores universitarios

“Clara es una estimada colega y estamos comprometidos a protegerla”. Son palabras de la directora de la Universidad de Saint Andrews, Sally Mapstone, en defensa de la exconsejera Clara Ponsatí -fugada en Escocia- contra la que el juez Llarena cursó una orden de entrega.

Una veintena de profesores universitarios, respaldados por asociaciones como SCC y Llibertats, remitieron una carta a Mapstone en la que describían punto por punto el cúmulo de ilegalidades cometidas por Ponsatí y el resto del Ejecutivo catalán. “Por lo anterior, nosotros, los abajo firmantes, exigimos que se muestre a las autoridades españolas el respeto que merecen. Sin duda, usted sabe que sus acusaciones contra la Justicia española están alentando a sus propios estudiantes a unirse contra los jueces españoles“, concluía la misiva.
Las cartas de “Basta ya”

Este grupo que aglutina a personalidades de la sociedad española ha ejercido una gran presión sobre las instituciones europeas. María San Gil, Rosa Díez, Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriarán… firmaron la última misiva remitida a todas las instituciones comunitarias en la que pedían ayuda a Bruselas para frenar el desafío secesionista: ”Es el momento de que las instituciones europeas apoyen a España para restablecer el orden constitucional y las reglas de la democracia en una parte del país y de la Unión Europea, controlada por una administración sediciosa y una clase política corrupta”.

“Toda Europa quedaría muy negativamente afectada si los planes separatistas acabaran imponiéndose”, en lo que recordaría a “la explosión de la antigua Yugoslavia”, circunstancia que “afectaría tarde o temprano a muchos otros Estados, terminando con el magnífico proyecto de una Europa libre de nacionalismo destructor y xenófobo dentro de sus propias fronteras”, indicaban.

El proyecto de Tabarnia
Albert Boadella ha logrado poner al independentismo frente al espejo de lo absurdo. El ‘presidente’ de la región viajó la semana pasada a Bruselas junto a una modesta comitiva compuesta por miembros de su gabinete capitaneada por Jaume Vives. Este grupo de catalanes defensores de la Constitución emplea armas de propaganda similares a las del separatismo -siempre desde la sátira- que ha puesto de los nervios a más de uno. La operación ‘Pica en Flandes’, la visita a la mansión de Puigdemont en Waterloo, y la conferencia en el Parlamento Europeo en contra de la xenofobia del nacionalismo catalán han triunfado también fuera de nuestras fronteras.

Y Boadella incluso tiene ‘leña’ para el Gobierno central: ‘’la falta de decisión de Rajoy la estamos pagando muy cara’’, indicaba este miércoles durante la presentación de un libro. El dramaturgo reprochó a Rajoy que permitiera el conato de referéndum o que no interviniera en el “adoctrinamiento” que se practica en las escuelas catalanas.

Los Banderas y Cercas
Estrellas cinematográficas de la talla de Antonio Banderas también han contribuido a combatir las mentiras ‘indepes’. El actor se ha convertido en un altavoz de precio incalculabe que, en su última entrevista en un medio internacional promocionando su película sobre Picasso, afirmó lo siguiente: ‘’Picasso habría permanecido del lado de la ley, de la Constitución. Es el lado en el que yo también esto’’.

”Es mucho más complicado. Voy a meterme en problemas. Si tú eres quien lleva a mis hijos como escudos, a mis mayores como escudos, y quebrantas la ley, estás poniendo una cruz sobre ellos. Es un poco gracioso, ¿no? Hubo 900 personas heridas, ¿dónde están?”, sentenció sobre la pregunta que le planteó The Guardian relativa a la supuesta violencia del 1-O.

Y luego está el escritor de izquierdas Javier Cercas, que firmó un artículo esta semana en el diario alemán Süddeutsche Zeitung contra la actuación de los líderes secesionistas catalanes, a los que acusa de haber protagonizado “un golpe de Estado, lo que no implica forzosamente violencia”.

Los líderes secesionistas detenidos, destacaba, no son presos políticos, sino que están acusados de delitos graves, como rebelión, que se aplica a quienes intentan un golpe de Estado. “Me pregunto por qué alemanes bienintencionados creen que Puigdemont no debería ser extraditado. ¿Porque España presuntamente no sería un estado de derecho tras cuarenta años de democracia y 32 años en la UE? Eso es lo que sostiene la propaganda separatista y es una tontería”, indicaba el escritor.

“Ser elegido no otorga a nadie el derecho a derogar la democracia. Deberían recordarlo precisamente en Alemania”, zanjó.

España querida, aún tienes quién te defienda
Arturo García gaceta.es 13 Abril 2018

En uno de los años más complejos de su historia, el Estado ha logrado mantenerse a flote gracias al aporte ciudadano ante unos políticos incapaces de hacer frente a la realidad.

El 27 de octubre de 2017 pasará a la historia como una de las jornadas más negras de la historia reciente de España. En una suerte de teatrillo improvisado, el Parlamento de Cataluña validaba la independencia de la región con una declaración unilateral que minutos después quedó en suspenso ante el desconcierto de toda la ciudadanía. Un golpe de Estado más propio de nuestro siglo XIX que atentaba contra los cimientos mismos de la nación y que no tuvo una respuesta a la altura por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Horas después, sin embargo, los ciudadanos llenaban las calles de Madrid en una concentración sin precedentes en la plaza de Colón para defender la unidad de España y el ingreso en prisión de los golpistas que habían querido fracturarla. Al día siguiente, como hicieran los madrileños el 2 de mayo de 1808 contra las tropas napoleónicas, los catalanes perdieron el miedo a expresar su amor por España en un domingo de octubre en el que los separatistas entendieron que la batalla no estaba ni mucho menos decidida.

Las senyeras y esteladas de los balcones dieron paso a las banderas de España. Las calles se llenaron de los colores nacionales y muchos perdieron el miedo a decir con orgullo el nombre de su nación. La nuestra. La de todos. Aquella a la que alumbran más de 500 años de gloriosa historia.

Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero la inoperancia del Gobierno para contrarrestar la expansión del relato del independentismo catalán continúa vigente. Mientras siete secesionistas procesados por la Justicia llenan de falacias periódicos, televisiones y redes sociales, Rajoy prefiere mirar hacia otro lado y acepta de buen grado las declaraciones de altos cargos del Gobierno alemán muy críticos con la labor del Ejecutivo en el proceso.

Una vez más ha tenido que ser la ciudadanía la que dé réplica a las mentiras separatistas en Europa. Escritores, filósofos, profesores, juristas y expolíticos se han movilizado para contrarrestar el relato independentista y desenmascarar las intenciones de Carles Puigdemont y la cuadrilla de políticos que han llevado a Cataluña al borde del precipicio.

Los datos son preocupantes: Aon ha subido de bajo a medio el riesgo de invertir en España relacionado con el terrorismo y la violencia política, con lo que sitúa al país en el mismo nivel de riesgo que Francia, Bélgica, Alemania y el Reino Unido, pero un escalón por encima de Italia y dos por encima de Portugal.

Melchor de Jovellanos definió como nadie en 1808 ese orgullo español ante las afrentas e injusticias: “Quien deja de ser amigo de mi Patria deja de serlo mío. España no lidia por los Borbones, ni por Fernando. Lidia por sus propios derechos. Derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su Constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos… En una palabra: España lidia por su Libertad”.

Cuando todo esto termine -lo hará porque el Estado siempre vence- habremos de recordar los nombres de aquellos ciudadanos que pusieron la otra mejilla frente al separatismo, aquellos que no permitieron que el nombre de su tierra fuera manchado por falacias independentistas, aquellos que hicieron todo lo que estaba en su mano por garantizar la unidad de España. Los españoles no olvidarán, estoy seguro de ello, la incapacidad de la clase política para hacer frente al desafío y la connivencia de muchos de ellos con los golpistas.

Nacionalistas pirómanos
RAÚL DEL POZO El Mundo 13 Abril 2018

El hombre es un narrador de relatos. Los griegos consideraban que para aquellos a quienes el destino obligó a recorrer muchos países y conocer la diversidad de los hombres no hay placer comparable al de referir sus aventuras.

Hubo un tiempo en el que la religión y la monarquía absoluta gobernaban el mundo y controlaban las narraciones, aunque no tuvieran relación con la lógica. Contaron los libros sagrados que Nabucodonosor se convirtió en buey o que los guerreros eran asnos en Mesopotamia. Magallanes se enfrentó con el Vaticano cuando dijo: "La Iglesia dice que la Tierra es plana, pero yo sé que es redonda porque he visto su sombra en la Luna. Y yo tengo más fe en una sombra que en la Iglesia".

En el nacionalismo también se emplean los relatos fantásticos y, lo que es peor, los cuentos con moraleja para engatusar a la gente. Muchas de sus leyendas son sueños que han convertido en propaganda, y no precisamente para reconocer la diversidad de los hombres. A veces, como en este caso, la calumnia, el rumor, la mentira son más divertidas que las verdades y se las creen los ciudadanos. Pero ni la emperatriz Catalina II murió al ser penetrada por un caballo ni una mina española partió en dos el buque de guerra Maine ni la represión del 1 de octubre es tal como la cuentan.

El amarillismo es tan viejo como la propia escritura cuneiforme, y esa forma de narración es la que emplean los separatistas. Les ayuda que en el mundo de hoy triunfan como nunca los relatos fantásticos, enganchan los relatos xenófobos que hiperbolizan los hechos históricos. Han convertido el procés en una obra de ficción con asistencia de público y eco europeo. El Gobierno -tarde, mal y nunca- intenta explicar a los periódicos y gobiernos de la UE que la mayoría de los catalanes no quieren la independencia y enviará emisarios para alborotar los cócteles de las embajadas con la misión inútil de desmontar mentiras.

Escribe Jordi Barbeta en el ElNacional.cat que el Estado ha utilizado en la represión de las libertades catalanas la estrategia de los regímenes autoritarios y dictatoriales. Y tiene el cuajo y la desfachatez de poner el ejemplo de Hitler y el incendio del Reichstag como la estratagema de los enemigos en Madrid para justificar la represión. He ahí un ejemplo de posverdad, de fake news y de torpeza en la analogía, dado que los nazis culparon a los comunistas del fuego que provocaron los propios nazis. En el procés han sido los nacionalistas los pirómanos: a su colección de embustes y exageraciones hay que añadir el prodigio de desinformación, que continúa como cuando transforman un juez en toda Europa o un acuse de recibo en una resolución de la ONU.

Sinfonía nacionalista
RAFA LATORRE El Mundo 13 Abril 2018

Cuando alguien en cualquier lugar y en cualquier momento pregunte qué es el nacionalismo habrá que hablar de la socialista Francina Armengol y la Orquesta de las Baleares. Conviene leer las crónicas que Ricardo F. Colmenero envía desde Palma para EL MUNDO. Baleares se está convirtiendo en una urgencia ciudadana, si entendemos al ciudadano como al que aspira a ser acreedor de los mismos derechos y deberes que sus vecinos. Cataluña fue una urgencia en su día, mucho antes de convertirse en la tumba de la ciudadanía que es hoy. En las crónicas baleares se advierte el mismo fenómeno deprimente que hace años se advertía en las crónicas catalanas: lo veraz se va convirtiendo en verosímil. Ya nada extraña al lector, o sea. Hace un par de días, Colmenero contó que la Sinfónica de las Islas Baleares exigía el nivel de catalán B2 en el proceso de selección de nuevos músicos. Alegoría perfecta del nacionalismo. La música fue la única patria donde no se sintió ajeno el apátrida perfecto que fue Gustav Mahler: bohemio para los austríacos, austríaco para los alemanes y judío para todo el mundo, "siempre un intruso, nunca bienvenido". En 1937, desde la Alemania nazi a unos meses del apocalipsis, el legendario Wilhelm Fürtwangler, tan injustamente tratado por la historia, decía que "por diferentes que sean las naciones europeas, las une un vínculo común, invisible, subterráneo".

Y más allá. Si hasta para hablar con los extraterrestres, cuando se le planteó el problema, Spielberg supo cuál sería el idioma. Curiosamente no estaba en catalán aquella frase de John Williams que superaba años luz de distancia: Sol, La, Fa, Fa, Do. El Gobierno de Armengol trabaja por el desencuentro -en la tercera fase- y ha puesto un universo entre Ella Carberry y su orquesta. Carberry es rusa hasta que abre la partitura y se convierte en algo mucho más importante, por cuanto trasciende a épocas, naciones e ideologías: una chelista. El nacionalismo no comparte esta idea porque siempre antepone lo identitario con su fórmula esencial: [La nación que sea] first. Para el nacionalismo, Carberry sólo será una chelista en el caso terrible de que no encuentren a otro que sepa catalán. Para que no lo utilice.

La del gobierno balear es una dura batalla pues la música extiende su maldito cosmopolitismo más allá de la partitura. Ya puestos podrían acabar con impurezas como pizzicato y obligar al japonés Joji Hattori, su director, a utilizar pessigat cuando hable con su concertino albanés o su segunda viola húngara.

MUESTRA SU INDIGNACIÓN
Savater: ‘En el País Vasco se regalaron títulos a etarras y nadie dijo nada’
La Gaceta  13 Abril 2018

El escritor se ha mostrado “poco sorprendido” con el revuelo que ha despertado el caso del máster de Cristina Cifuentes.

Fernando Savater ha recordado este viernes que hace unos años “nadie quiso hacer nada cuando se descubrió que se habían regalado titulaciones universitarios a presos de ETA”. Estos terroristas se aprovecharon luego de ellas para lograr una reducción de sus penas.

“Logramos sacar a luz como en una época determinada se facilitaron extraordinariamente titulaciones académicas a presos de ETA”, ha añadido Savater, que ha explicado que cuando los profesores bajaban a poner las calificaciones “se encontraban con que alguien ya había puesto la nota”.

Savater ha recordado el “gran enfado” de los responsables de la Universidad del País Vasco: “Creo que estos casos fueron mucho más escandalosos, pero quizás yo tengo un orden de prioridades diferente”, ha subrayado.

El escritor se ha mostrado “poco sorprendido” con el revuelo que ha despertado el caso del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. “Son escándalos más o menos fingidos de unos y otros”, ha aseverado.

Se dispara un 240% la disolución de empresas en Navarra y un 73,5% en Baleares
Por comunidades autónomas, Madrid vuelve a liderar la creación de sociedades mercantiles.
Patricia Malagón Libertad Digital 13 Abril 2018

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el número de sociedades mercantiles creadas y disueltas en febrero de 2018 y lo ha comparado con el mismo mes del 2017. A nivel nacional, se han creado 8.747 empresas, un 1,1% menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que se han disuelto 2.284, un 1,6% más. Además, la ampliación de capital ha caído un 14,9% durante los últimos doce meses.

Entre los sectores que más compañías nuevas han registrado en febrero, se encuentran el comercio, la construcción y las inmobiliarias. Sin embargo, tanto el comercio como la construcción son también los sectores que han registrado el mayor porcentaje de disoluciones de sociedades mercantiles. A pesar de ello, si se restan las bajas a las altas, el comercio, la construcción y la hostelería son las que más han crecido en el segundo mes del año.
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Por comunidades autónomas, Madrid vuelve a liderar la creación de sociedades mercantiles. Entre las bajas y las altas, la capital registró un aumento de 1.514 sociedades. El número de empresas creadas supone un crecimiento anual del 17,5%. Además, las disoluciones cayeron un 9,4%. En segundo lugar, Castilla la Mancha registra la mayor subida de altas empresariales, sin embargo, es la tercera región que más bajas sufrió durante febrero. En Cataluña se crearon 1.578 sociedades mercantiles, sin embargo, es un 11,5% menos que en el mismo mes de 2017. Por su parte, las bajas, que fueron 198, crecieron un 7,6%.

Navarra es la comunidad que peor parada salió en el mes de febrero. La comunidad foral vio como sus disoluciones se elevaron un 240% en la variación anual. No es algo sorprendente teniendo en cuenta que la región presidida por Uxue Barkos es la segunda que más éxodo empresarial está viviendo, solo por detrás de Cataluña. En Navarra se crearon 88 sociedades mercantiles en febrero, un 9,3% menos que hace un año, y se disolvieron 17 empresas, un 240% más.

A pesar de que la comunidad foral no está pasando por su mejor momento económico, se crean menos empresas que durante el periodo más duro de la crisis económicas, el Gobierno regional, formado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, pretende reforzar la reforma fiscal que aprobó tras llegar al poder en 2015 para gravar aún más a sus compañías.

Las Islas Baleares tampoco se quedan atrás, la creación de empresas cayó un 7,8% y la disolución aumentó un 73,5%. Se fundaron 308 sociedades mercantiles y desaparecieron 144. La región gobernada por el PSOE y los econacionalistas de Més, era en 2014 una de las comunidades con menos impuestos, los baleares pagaban menos que la media española. Sin embargo, en 2016 el ejecutivo regional subió el IRPF, el Impuesto de Patrimonio, el Impuestos de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Transmisiones, además de crear una ecotasa. Todo esto ha hecho que Palma sea una de las capitales con los impuestos más altos de España.
- Seguir leyendo: https://www.libremercado.com/2018-04-13/se-dispara-un-240-la-disolucion-de-empresas-en-navarra-y-un-735-en-baleares-1276616972/

ODIO Y SECTARISMO
La intolerable humillación de TV3 a la Policía con el aval de Rajoy
La Gaceta  13 Abril 2018

El Gobierno del PP descarta intervenir TV3 sin el apoyo explícito de los socialistas, que han repetido por activa y por pasiva que no apoyarían nunca esta drástica decisión.

TV3 volvió a humillar a los españoles y a ridiculizar a la Policía Nacional el pasado 5 de abril con un ‘sketch’ supuestamente humorístico en el programa Polònia en el que relaciona a los contrarios al delirio separatista con el nazismo.

Con la pretensión de denunciar la “persecución” que los agentes llevan a cabo contra los miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR), que la Fiscalía ha considerado similares a los llamados grupos Y de apoyo a ETA al calificar como terrorismo sus actos de sabotaje por estar dirigidos a “subvertir el orden constitucional”, censura a la mayoría que se muestra a favor de la unidad de España. Y todo con el aval del Gobierno, que se niega a intervenir la cadena pública.

Cabe señalar que mientras las voces internas y externas llaman al Ejecutivo a actuar respecto a los medios de comunicación públicos, el PP descarta tocar TV3 sin el apoyo explícito de los socialistas, que han repetido por activa y por pasiva que no apoyarían nunca esta drástica decisión.

Esta cadena ya alentó hace dos semanas los disturbios que acabaron con un centenar de heridos, 23 de ellos agentes de los Mossos, tras la detención en Alemania del expresidente Carles Puigdemont, y cuenta con colaboradores que amenazan con violencia extrema en las calles por el procés. Jair Domínguez, que forma parte del programa ‘Està passant’, expresó en Instagram que “habrá muertos” por la “lucha” separatista.

‘PARA RECUPERAR LA CONVIVENCIA ‘
‘El separatismo pone esteladas y nosotros las quitamos, es el protocolo’
La Gaceta  13 Abril 2018

“Mientras unos duermen y otros salen de fiesta, nosotros salimos a limpiar”, dicen los “segadors del Maresme”.

“Segadors del Maresme”, un grupo que se define como “colectivo de resistencia antinacionalista”, se encarga de retirar cada noche decenas de esteladas en diferentes poblaciones de la comarca.

Algunas las sustituyeron por señeras o bandera de España. También son conocidos por retirar lazos amarillos, el símbolo con el que el separatismo muestra su solidaridad con los golpistas encarcelados. “En cuatro meses hemos retirado kilos de plástico (…) mientras unos duermen y otros salen de fiesta, nosotros salimos a limpiar, porque los pueblos sin el lazo lucen mejor”, dicen.

“Somos gente de paz, no queremos entrar en provocaciones ni en discusiones, queremos acabar con los fanatismos y limpiar las calles, y realizar este trabajo para volver a la convivencia que han destruido los políticos separatistas”, dicen en una grabación compartida a través de sus redes sociales, antes de denunciar que en ocasiones sufren el acoso de sus hermanos catalanes.

Asegura que “las calles son de todos” y que si los separatistas ponen esteladas, ellos las quitan porque es su “protocolo”. “El independentismo ha jugado sucio y ha inculcado sentimientos que no tienen ninguna razón. Ensucia y ante eso, limpieza, añade.


 


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