AGLI Recortes de Prensa   Sábado 14  Abril 2018

Europa sí, pero no así
Gonzalo Duñaiturria okdiario 14 Abril 2018

La Europa floreciente que se nos ha vendido, esa Europa unida, crisol de culturas, de progreso y de libertades, nuevamente ha quedado en entredicho. No es esta la Europa cooperadora que especialmente a los españoles se nos mostró como si la vieja piel de toro se hubiera integrado en el Viejo Continente desde hace escasas décadas. No quiero ser “políticamente correcto” y por ello manifiesto para quien quiera escucharlo, que Europa no nació con la Unión Europea, que la Europa “de los mercaderes” es exigua comparada con los más de veinte siglos de identidad común y que no tuvieron que llegar los “prebostes del europeísmo” para que fuéramos la cultura más fuerte y desarrollada de la historia.

Es en esta Europa desde donde se nos ultraja como Estado, como Nación y como sociedad. La resolución alemana es sin duda un revés para el interés inmediato de España en su legal y legítimo derecho de someter a juicio a Puigdemont y compañía a nuestras leyes, a nuestra justicia soberana, hasta el punto de qué si España aceptara su entrega sometida a las condiciones germanas, sólo podría ser juzgado por los hechos que el país donde se encuentra considere delito. Que burda y vejatoria decisión la tomada por las “huestes merkelianas”. Que pretensión la de constituir nuevos procesos de colonialismo donde en muchos casos la propia colonia es incapaz, por cobarde y meliflua, de dar un puñetazo sobre la mesa. Es obligatorio afirmar, incluso bramar, que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no tiene competencias sobre el Reino de España ni sobre sus normas. Que por muy alemanes que sean, España es una nación soberana donde prevalece el “Imperio de la Ley” y donde nuestros jueces, en la mayoría de los casos, actúan en defensa de la más absoluta legalidad. Debemos exigir respeto. Respeto para una justicia independiente. No cabe una Europa donde el magisterio de la ley quede en manos de ciertos “poderosos”. La denominada “euroorden” fue creada sobre el principio de confianza y nadie puede poner en duda el ordenamiento jurídico de ninguno de los países miembros y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. No solo ha quedado palmario el hecho de la falta de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales entre estados miembros “de la Unión” y la existencia de una notoria desconfianza. Es mucho más grave. Es pretender que se juzgue conforme a las normas del “poderoso”.

Si el proyecto de Unión Europea se debe basar en la solidaridad y la colaboración entre las distintas naciones que lo conforman, hoy se asienta sobre la extinción de estas, la pérdida de identidad, el ficticio multiculturalismo y la aparición de una nueva “religión oficial” elevando a categoría de dogma un falso hecho que solo esconde los intereses de unos pocos. De esta farisaica Europa, de la que se van alejando los ciudadanos, no son culpables ni el Brexit, ni Le Pen, ni Orban ni Trump. Culpable es una “Unión Europea” que pone en jaque el histórico camino de una comunidad de naciones libres y hermanas. Y junto a ello, asumamos nuestra cuota parte de culpa. No se ha sabido contrarrestar el cansino y fatigoso mensaje independentista amplificado en gran parte de esta “Europa de los mercaderes”. Se ha dejado que se publicite como mensaje lastimero, mensaje que está calando y que ha pesado en la apreciación de los juzgadores teutones.

En esta Europa nos encontramos los españoles con insultantes desprecios y vilipendios. Es la hora de los valientes. Aunque nos quedemos solos. Porque como bien afirmó Jules d’Aurevilly, novelista y crítico francés: “Siempre habrá soledad para aquellos que son dignos”.

Rajoy y el clan de los mentirosos
Gregorio Morán cronicaglobal 14 Abril 2018

Hay que buscar mucho en nuestra historia para encontrar un tipo como Mariano Rajoy. Yo llego hasta la Restauración de finales del XIX para dar con algún espécimen que reuniera esas condiciones de indolencia, torpeza y cobardía, sobre todo cobardía, que caracterizan la singularidad del político más soberbio e inútil que nos ha deparado la democracia. Es posible que haya algún hombre público del Partido Popular que sea honrado y hasta digno, dentro de los escasos límites que le consiente el clan de los mentirosos que acaudilla Rajoy --¿acaso no había gente honrada en aquel comedero patriótico que se llamó Convergència?--. Pero de lo que no hay duda es que lo tienen muy difícil para serlo y aún más para demostrarlo.

La vertiginosa ruta de Mariano Rajoy a la cabeza del partido más votado de España se reduce a un punto, el mismo en el que asienta sus posaderas. No hay más mundo para el actual PP que aquel que sustenta el culo de su presidente. Lo demás queda fuera. Es la estrategia del cobarde. Jamás tomes una decisión porque eso puede alterar el curso de las cosas. En última instancia siempre quedará el postrer día, la hora final, el minuto embarazoso donde los malditos, es decir, todos aquellos que no viven de y por el campo de atracción que está ubicado en su trasero, le obliguen a tomar una decisión. ¿Que la mierda de sus colegas corruptos apesta? Pues esperemos a que todo el mundo ponga el pañuelo en la nariz para evitar el hedor y así no nos adelantaremos a los acontecimientos.

Porque los acontecimientos son para Rajoy un virus tan pernicioso que le obliga a actuar y él desea que las cosas vayan tan cosidas y previsibles como los documentos del registro de la propiedad. A veces uno se pregunta por qué un cobarde patológico, que detesta meterse en jarana y decidir, osó un buen día lanzarse a la pelea política. ¿Por una partícula de su ADN familiar? ¿Porque se aburría de jugar al dominó? Las razones pueden ser de ese jaez porque no se trata sólo de un hombre con escondida voluntad de poder sino de un hombre sin atributos, el ideal del funcionario opositor que está al tanto de que la cucaña tiene un límite y no se puede subir más de lo que permite el escalafón.

No es el jefe de un partido político, siempre atento a lo que susurra la opinión y al afán de no perder comba para ganar siempre. Lo suyo es otra cosa que tiene más que ver con el capo de un clan de mentirosos redomados que se esfuerzan en demostrar día tras día que no es por sus méritos, ¡menos aún por sus másteres!, por lo que están donde están, ni siquiera por la ceguera suicida de los votantes sino porque el gran culo de Rajoy les ha animado a ponerse debajo hasta que los aplaste.

Que la universidad, antes y después de Bolonia, era un comedero con garantía de jubilación y un buen pasar entre revistas indexadas y golferías de club de ambiciosos sin audacia, estaba en la mente de todos, empezando por los propios interesados, que no se cortaban un pelo contándolo tras la segunda copa. Encontrar un titulado decente y sin dependencias de quien le prohijó es algo tan difícil como lo del militante honrado de un partido en el gobierno, pero la universidad tenía la franquicia de reservado el derecho de admisión y la omertá que cubre los diversos cuerpos de la administración. Son funcionarios y por esencia atentos a las palpitaciones del poder. Sus veleidades de honestidad e independencia se pasan al tiempo que la resaca. ¿Qué catedrático egregio pondría pegas a una titulación tan digital como un máster? Si además no son presenciales, entonces miel sobre hojuelas y se puede hacer la trampa con la discreción que exige una estafa burocrática.

La prevaricación es más un pecado que un delito, y a las experiencias me remito. Lo de Cristina Cifuentes abre la caja de los truenos y amenaza, dicen, al prestigio académico. Boberías. No amenaza nada porque la colusión entre cargos universitarios y cargos políticos es tan estrecha que uno parece la piel de los otros. Lo único llamativo es el afán de ser putas o chaperos y hacerse pasar por señoritas de compañía y caballeros sin tacha. Además de corruptos, titulados impunes.

La suerte de Rajoy no es que haya hecho independentistas, como dicen los que miran el dedo y no la luna, sino que gracias a los independentistas Rajoy tiene un apoyo que de otro modo no tendría. Nadie se imagina a Sánchez gobernando. Con la frivolidad de Zapatero ya hubo bastante.

Hablamos español, reivindicación contra las oligarquías
Pío Moa gaceta.es 14 Abril 2018

Comisión de la verdad sobre el PSOE: cómo se decidió el PSOE por la guerra civil: https://www.youtube.com/watch?v=-n47hYuuKgI&t=8s
********************
La iniciativa de Gloria Lago (Galicia bilingüe) bajo el lema “Hablamos español”, para promover la enseñanza en español en todas las regiones, es una exigencia constitucional de máxima relevancia cuando las oligarquías separatistas atacan el idioma común (y común con otros muchos países), con la colaboración y financiación de los gobiernos, sean del PP o del PSOE: llevan decenios en tal empeño. En Cataluña, Vascongadas, cada vez más en Galicia, Baleares y Valencia, van sustituyendo el español por lenguas regionales en la enseñanza y en la comunicación pública. Existen proyectos de ley del PSOE y del PP para excluir la lengua común como “impropia” de dichas regiones, que ahora se quieren presentar como “naciones”. La campaña de Gloria Lago revela el carácter inconstitucional de los partidos y gobiernos implicados en la ofensiva contra el español

Estas políticas intentan revertir una evolución de siglos y retrotraer a España a la dispersión medieval. Son muchísimo más graves que la corrupción económica, otro de los rasgos de esos partidos. Y por más que suscitan un descontento sordo, no han tenido hasta ahora la respuesta necesaria. Gloria Lago representa en este aspecto la resistencia de la sociedad civil frente a unas oligarquías no ya irresponsables sino delincuentes. Porque no solo conculcan la Constitución, sino que socavan uno de los elementos más decisivos de la unidad y permanencia de la nación española, generando tensiones separatistas cada vez más peligrosas.

La campaña permanente contra el idioma común se completa en los actuales partidos con el estímulo a una verdadera colonización cultural por el inglés. Esta lengua se presenta como idioma superior de la ciencia, la economía, el comercio, la milicia, el deporte, el arte… Y se quiere imponer ilegalmente en la enseñanza no como idioma extranjero, sino en una aparente igualdad que es realmente superioridad, como si España fuera un país bilingüe español-inglés, con el segundo como la lengua de cultura, el empleo, etc. También en la vida corriente se va imponiendo de modo subrepticio, ocupando el espacio público sobre todo mediante la publicidad, y desplazando al español a idioma familiar y subcultural, cada vez más deformado por el espanglish. Hay incluso un partido que habla de “educación trilingüe para acelerar dicha colonización.

Contra el “Hablamos español” oponen algunos la “libertad lingüística”, aduciendo que los padres deben decidir la lengua de enseñanza a sus hijos. Aparentemente esta consigna corroe las imposiciones totalitarias de los separatistas. Pero es una falsa consigna, que podría servir muy bien para intensificar la colonización por el inglés, la gibraltarización de España. Un alto número de padres no eligen teniendo en cuenta el acervo cultural del país, sino en función de opresivas y manipuladoras propagandas de las oligarquías, sostenidas con presión política y abundancia de dinero año tras año. Por eso, por el confusionismo y la demagogia de los partidos, la respuesta a los abusos ha sido hasta ahora endeble y dispersa. Invocar la libertad lingüística sin contrarrestar las propagandas y presiones disgregadoras o colonizadoras, es hablar por hablar.

De lo que se trata es de pasar a la contraofensiva, de utilizar las libertades políticas que aún quedan en esta democracia fallida para denunciar las políticas y propaganda disgregadoras y exponer la evidencia cultural e histórica. Se dirá que el catalán, el vascuence, el gallego, etc. son también lenguas españolas, y es verdad. Pero son lenguas solo regionales, ineptas para la comunicación entre todos los españoles, no digamos con los hispanoamericanos. Y no solo son infinitamente menos útiles y menos habladas en el mundo que el español de origen castellano, sino que su carga o trasfondo cultural (literario, etc.) es también muchísimo menor. Y para colmo los separatismos medievalizantes los convierten en vehículos de la falsificación histórica y del odio a España, declarando “impropio” de esas regiones el idioma común. Dicen los farsantes que esas lenguas son “una riqueza” de España. Pueden serlo, pero tal como se utilizan hoy, resultan más bien un empobrecimiento y un venero de discordias. A mí, como gallego, me gustaría que en gallego se escribieran obras literarias o de pensamiento importantes, pero me basta ver la catadura de los separatistas para entender que eso es pedir peras al olmo: no salen de una verborrea retorcida y maligna, degradando un idioma que es también mío, aunque no sea el materno.

El español común ha enriquecido de mil maneras a todas las regiones de España, y la mayor parte de los catalanes, vascos, etc., lo tienen como lengua materna o de mayor uso por todo tipo de razones históricas y culturales. La consigna debe ser, precisamente “Hablamos español”, no una supuesta “libertad” basada en decenios de manipulación ideológica hispanófoba. Debemos defender activamente la lengua común frente a todas las asechanzas que hoy sufre.

Europa (Historia)
Y debemos partir de esta realidad: los ataques sistemáticos a nuestra lengua y cultura han sido auspiciados y costeados, con dinero público, por los gobiernos que hemos tenido o sufrido desde hace más de treinta años. Los mismos que, en un orden de cosas paralelo, han convertido a Gibraltar, única colonia en Europa, antes ruinosa para Londres, en un gigantesco emporio que, entre otras cosas, está corrompiendo a autoridades y opinión pública en Andalucía y en el resto del país. Hemos llegado a una situación en que todo aquello que vaya a favor de España debe orientarse necesariamente contra las actuales oligarquías. Todo ello indica la necesidad de expulsar a esos partidos y sustituirlos por otros simplemente menos corruptos, más ilustrados y más patriotas.
***************
Este viernes, día 13:, en el seminario sobre Gibraltar, Guillermo Rocafort, profesor de economía, hablará sobre cómo el PSOE anuló la victoria diplomática de España y transformó un Gibraltar ruinoso para la potencia colonial en una ruina para la España próxima al peñón y en descréditos para España.
Día 20: “Evolución histórica del problema de Gibraltar hasta la guerra civil”, por el general Salvador Fontenla
Día 27: “La situación actual y sus opciones”, por Pío Moa.

ENTREVISTA A DANIEL PIPES
‘El Welcome Refugees marcó un punto de inflexión en la historia de Europa’
Arturo García gaceta.es 14 Abril 2018

El analista Daniel Pipes repasa las políticas migratorias europeas y el auge de los partidos de la alt right en el Viejo Continente.

La inmigración se ha convertido en asunto de debate principal en los grandes países europeos, excepto en España, donde todos los partidos con representación parlamentaria opinan lo mismo. El analista Daniel Pipes cree que es “cuestión de tiempo” que aparezca una alternativa, porque se trata de “un problema global que marcará las agendas políticas en los próximos años”.

Daniel Pipes (9 de septiembre de 1949, Boston) es analista, historiador y director del think tank conservador Middle East Forum. Fue uno de los primeros expertos que alertó sobre los peligros de la islamización de Estados Unidos y la amenaza terrorista antes del 11-S.

– ¿Qué objetivos persigue el Middel East Forum?
Somos un think tank centrado en los asuntos de Oriente Medio. Nuestro objetivo principal es tratar de explicar al público norteamericano lo que ocurre en una de las zonas más calientes del mundo.

– Fuiste una de las primeras voces que alertó sobre la posibilidad de un ataque terrorista antes del 11 de septiembre…
Los atentados terroristas se multiplicaban en todo el mundo y Estados Unidos era uno de sus objetivos. Era cuestión de tiempo.

– ¿Cómo pudo ocurrir un ataque de esta magnitud en suelo norteamericano?
La falta de comunicación entre las agencias de inteligencia fue muy importante, pero desde mi punto de vista aún lo fue más la visión que tenían entonces los norteamericanos del fenómeno yihadista. Los ciudadanos y las autoridades entendían que se trataba de un problema criminal, no terrorista. Creían que era un asunto que debía resolverse en los juzgados tradicionales.

Creo que cuando George Bush pronunció el concepto de guerra contra el terror, independientemente de si era un término exacto, al menos tenía cierta idea de la magnitud del problema al que nos enfrentábamos.

– En Europa, muchos terroristas se aprovecharon del espacio de libre circulación. Estados Unidos, sin embargo, siempre ha mantenido una política estricta en este sentido, pero aún así los yihadistas lograron atacar…
No podemos hacer una distinción en este aspecto. Tanto en Estados Unidos como en Europa la mayor parte de los musulmanes vienen de fuera y, aunque es cierto que la cantidad de conversos al islam en Norteamérica es mayor, el problema es similar.

Existe la creencia de que hay más violencia entre los musulmanes en Europa que en Estados Unidos, pero los datos no aguantan esta comparación. El problema de la violencia es mucho mayor allí.

– Uno de los argumentos más esgrimidos por los yihadistas para justificar sus atentados es la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003…
Los yihadistas siempre tratan de presentarse ante sus seguidores como defensores de una causa. Utilizan cualquier tema que afecte a la comunidad musulmana para decir que atentan y asesinan con el objetivo de proteger a los musulmanes de todo el mundo.

– Donald Trump ha cambiado de parecer con respecto a Siria desde la campaña electoral y ahora parece dispuesto a enfrentarse a Rusia. ¿Cómo valora la política exterior actual norteamericana?
Estoy muy de acuerdo con el traslado de la embajada norteamericana en Israel a Jerusalén. También creo que la ruptura del acuerdo nuclear con Irán será una buena noticia para los ciudadanos.

En Siria, desde 2011, la política norteamericana ha sido confusa e inconsciente. En este momento el principal objetivo es apoyar a los kurdos, pues son el único aliado que se puede tener en ese país.

– Los políticos europeos insisten en la necesidad de aumentar los flujos migratorios mientras rechazan apoyar políticas de natalidad efectivas. ¿Por qué?
La decisión que Angela Merkel tomó en el verano de 2015 (hace referencia aquí al Welcome Refugees impuesto a todos los países comunitarios) fue una sorpresa que tuvo y tiene consecuencias gigantescas para las sociedades europeas. Se trata de un punto de inflexión en la historia de Europa, con mayúsculas.

La medida puesta en marcha por Merkel y el resto de dirigentes europeos puso de manifiesto el desconocimiento del problema existente entre las élites y la respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Vivimos el principio de una reacción global a la islamización. Vengo de visitar Austria, donde se ha formado el primer Gobierno con dos partidos con políticas antimigratorias en su programa electoral y lo que ha ocurrido allí sólo es el comienzo de una tendencia que se repetirá en Francia, Holanda o Italia.

– ¿Tienen recorrido estos partidos de la alt right o terminarán los conservadores por asumir sus políticas?
Es una pregunta interesante en la que nos vuelve a servir el ejemplo austríaco, donde entre el partido conservador y el de la derecha alternativa han sumado más del 50% del apoyo ciudadano. Lo único importante es que los partidos tradicionales hagan frente al problema.

– El espacio de libre circulación Schengen se encuentra en entredicho. ¿Tiene futuro?
No. Hasta que los países europeos no consigan controlar sus fronteras externas habrá más presión para controlar las fronteras interiores.

– La existencia de ‘no-go zones’ en muchas ciudades europeas pone de manifiesto la ausencia de medidas reales de los gobiernos contra lo que ocurre en estos barrios. ¿Cómo combatir y eliminar estos guetos?
Los Estados deben hacer todo lo que está en sus manos para que los inmigrantes recién llegados cumplan la ley y se comporten siguiendo las costumbres propias de cada lugar. Es vital que sea así, como también lo es regular las relaciones entre el hombre y la mujer, la educación de los hijos y, por supuesto, la presencia policial en estos barrios.

– España es uno de los países europeos con mayor presión migratoria. ¿Por qué ningún partido con representación parlamentaria apuesta por políticas contrarias a este fenómeno?
Precisamente he venido a España para entender las causas de este fenómeno. Reino Unido y España son los dos únicos países de Europa con una población musulmana importante en los que todavía no han surgido grandes partidos que defiendan estas ideas.

Creo que existen tres puntos que diferencian a España del resto de Europa: la sombra del régimen franquista, el mito de Al-Ándalus y la novedad del fenómeno de la inmigración musulmana en el país.

– ¿Logrará un partido con este programa entrar en el Congreso de los Diputados la próxima legislatura?
No puedo predecir lo que van a decidir los españoles. Sin embargo, es obvio que tan pronto como VOX obtenga representación parlamentaria, el PP tomará parte de su programa. Es un fenómeno que se ha repetido en varios países.

Creo que es muy importante que un partido con este ideario esté en el Parlamento, pues de otra forma no existe debate alguno sobre el problema migratorio porque el resto de formaciones opina exactamente lo mismo. Existe un gran contraste entre España e Italia y los países nórdicos, donde la inmigración se ha convertido en asunto central. Considero que las corrientes migratorias son el gran reto del futuro y hoy es más necesario que nunca hablar sobre ello.

– Los medios de comunicación se esfuerzan a diario para ocultar cualquier suceso relacionado con los recién llegados. ¿A qué se debe?
Lo que hemos visto en la prensa forma parte de un fenómeno más general que engloba a los medios de comunicación, la Policía, los jueces y fiscales, los políticos, los profesores y los sacerdotes.

Francia, primer país «musulmán» de Europa
YCM lagaceta.eu 14 Abril 2018

Francia se está convirtiendo en el primer país musulmán de Europa, cuando la población musulmana es más joven y crece más rápido en todo el continente.

Según el Pew Research Center (PRC), en Francia había el 2016 unos 5,72 millones de musulmanes, en torno al 8,8 % de la población. El mismo año, el 4,8 % de la población era musulmana en Italia, el 6,1 % en Alemania, el 6,3 % en el Reino Unido, el 7,6% en Bélgica.

Según el mismo estudio, hacia el 2050, la población musulmana podría crecer hasta el 17,4 % en Francia, hasta el 15,1 % en Bélgica, hasta el 17,7 % en el Reino Unido, hasta el 10,8 % en Alemania. En España, un 2,6 % de la población era musulmana el año pasado y pudiera crecer hasta el 6,6% los próximos años.

Se trata de un fenómeno continental, a juicio del PRC: Europa puede ser el primer continente musulmán, hacia el 2050, con una población superior a los 75 millones de musulmanes, en una Unión Europea (UE) de unos 538 millones. El año pasado había unos 25 o 26 millones de musulmanes europeos

El caso francés es percibido como un «modelo» de incremento sustancial de la población musulmana. El año pasado, los musulmanes franceses tenían una media de 27 años de edad, cuando la media de los no musulmanes es de 43 años. Con otro dato significativo: la tasa de natalidad musulmana es muy superior a la natalidad de los no musulmanes. Las musulmanas francesas tienen la natalidad más alta de Europa: una media de 2,9 niños, cuando las mujeres no musulmanas apenas tendrán una media de 1,5 o 1,9 niños. Según el PRC, la natalidad continental disminuirá los próximos años de manera más importante entre las mujeres no musulmanas.

Hacia el 2050, el PRC calcula que entre el 7,4 % y el 14 % de la población europea pudiera ser musulmana, cuando el año pasado ascendía al 4,9 %.

El incremento de la población musulmana, en Francia y el resto de Europa, se debe a dos razones: mayor natalidad, y peso creciente e imprevisible de la inmigración.

El PRC considera poco previsible una «inmigración cero». Las hipótesis de una inmigración «media»(inmigración legal, al margen de la crisis migratoria, de compleja solución) sugieren que la población musulmana podría crecer en unos 12 millones los próximos años en Europa, para ascender hasta los 13 o 14 millones si los flujos superiores fuesen ligeramente superiores.

Trump y sus aliados europeos atacan Siria y desafían a Putin
El Ejército sirio asegura haber derribado "la mayoría" de los 110 misiles que lanzaron EEUU, Francia y Reino Unido, que habrían dejado tres civiles heridos
Vozpópuli 14 Abril 2018

Estados Unidos, Reino Unido y Francia han lanzado una ofensiva conjunta contra posiciones de Bachar al Asad como represalia por un presunto ataque químico del que culpan al Gobierno sirio.

"Hace un momento, he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques de precisión contra objetivos asociados a las capacidades de armamento químico del dictador sirio, Bachar al Asad", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, en una comparecencia desde la Casa Blanca.

"Una operación conjunta con las fuerzas armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos", dijo minutos después de las 21.00 hora local (01.00 del sábado GMT).

Washington y sus aliados europeos lanzaron tres ataques en los que destruyeron instalaciones asociadas al programa de armamento químico de Damasco a través de bombardeos aéreos y de misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo de los tres países.

Fue un ataque "único", según el Pentágono, para disuadir a Al Asad de utilizar armas químicas en el futuro.

Los ataques
El primer ataque tuvo como objetivo un centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco y utilizado, según Washington, para "la investigación, desarrollo, producción y pruebas de armas químicas y biológicas".

En un segundo ataque de Estados Unidos y sus aliados quedó destruido un deposito de armas químicas situado al oeste de Homs en el que el Gobierno de Al Asad almacenaba sus principales reservas de gas sarín, una de las sustancias utilizadas en los presuntos ataques químicos.

Finalmente, el tercer objetivo de las potencias occidentales fue otro almacén con armas químicas y un importante centro de comandancia ubicados cerca del segundo objetivo, al oeste de Homs.

Los detalles de la ofensiva los ofreció el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Joseph Dunford, quien dijo que los objetivos fueron seleccionados, además de por su relación con el programa de armas químicas, para "minimizar el riego para civiles inocentes".

Según aseguró después el Ejército sirio, las fuerzas de Defensa Antiaérea derribaron "la mayoría" de los 110 misiles que lanzaron EEUU, Francia y Reino Unido. Estos habrían dejado tres civiles heridos.

No hay "más ataques previstos"
El jefe del Pentágono, James Mattis, aseguró por su parte que no hay "más ataques previstos" contra Al Asad.

Sin embargo, tanto Mattis como Trump alertaron a Al Asad que Estados Unidos está preparado para seguir atacando si persiste en su presunto uso de armas químicas.

Estados Unidos ya había atacado una vez a Al Asad por el presunto uso de armas químicas, fue el 7 de abril de 2017, actuó en solitario y aseguró haber destruido el 20 % de la flota militar aérea de Siria.

En esa ocasión, Washington notificó con antelación del ataque a Rusia, que tiene tropas que combaten junto a las fuerzas gubernamentales sirias.

Ahora, sin aviso a Rusia
Esta vez, sin embargo, Estados Unidos no tuvo comunicación con Moscú y Trump, de hecho, culpó a Rusia, en parte, de la ofensiva aliada de este sábado y le instó a que abandone su apoyo a Al Asad, un mensaje que también trasladó a Teherán.

"En 2013, el presidente (Vladimir) Putin y su Gobierno prometieron al mundo eliminar las armas químicas de Siria. El reciente ataque de Al Asad -y la respuesta de hoy- son resultado directo del fracaso de Rusia en mantener su promesa", dijo Trump.

"Rusia -añadió Trump- debe decidir si seguirá por este oscuro camino o si se unirá a las naciones civilizadas como una fuerza de paz y estabilidad".

LA ÚNICA LEY ES LA SHARIA
Arabia Saudí: así funciona la dictadura islámica que comercia con España
Arturo García gaceta.es 14 Abril 2018

La crisis económica y los bajos niveles del precio del crudo en los últimos años han perjudicado la economía de Riad, que ya no es tan fuerte como antaño, y los príncipes buscan nuevas vías de financiación.

España recibe con honores al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, que mantendrá encuentros con los Reyes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con quien firmará un acuerdo de colaboración que facilitará la próxima firma del contrato para la construcción de cinco corbetas.

Con este documento se trata de allanar el camino a un próximo contrato con la empresa Navantia para la venta de cinco corbetas de tipo Avante 2200 por valor de unos 2.000 millones de euros, la construcción de una base naval en Arabia Saudí, donde atracarán los barcos, y la instrucción de militares saudíes para el manejo de los buques.

Un proyecto que sacaría de la depresión a los astilleros españoles, pues las corbetas serán construidas en las instalaciones de Navantia en la Bahía de Cádiz, San Fernando, y el contrato sería clave para la viabilidad a medio plazo de estos astilleros y los de Ferrol (La Coruña).

Las críticas no han tardado en llegar. Las ONG de la campaña Armas Bajo Control han pedido a la Casa Real y al Gobierno de España que “pongan fin a las exportaciones de armas a Arabia Saudí”. Desde el PP y Ciudadanos han defendido los acuerdos por la “cantidad ingente” de puestos de trabajo que generan.

No obstante, conviene conocer cómo funciona Arabia Saudí, un reino islámico que aplica la sharia al mismo nivel que el Estado Islámico. Un régimen que año tras año bate el récord de ejecuciones públicas y donde las mujeres son obligadas a vivir oprimidas por sus maridos.

El papel de la mujer
Las últimas decisiones de Riad en torno a la libertad de las mujeres han recibido el aplauso de la comunidad internacional y las principales organizaciones en favor de los Derechos Humanos, pero conviene entender los motivos que han llevado al régimen saudí a tomar estas medidas tan impopulares entre su principal núcleo de apoyo: los musulmanes más conservadores.

El monarca ordenó emitir permisos de conducir para las mujeres, que hasta el día de hoy tenían prohibido ponerse al volante de un vehículo en el país musulmán. La agencia oficial de noticias saudí, SPA, informó de que la orden real entrará en vigor el mes de junio próximo, pero no ofreció más detalles sobre su aplicación.

La oposición interna al régimen de Riad cada vez es más poderosa. Aunque el silencio impuesto por la sharia hace que buena parte de la población permanezca callada, otros han decidido levantar la voz ante las desigualdades de un país donde el dinero procedente del petróleo sólo se reparte entre unos pocos.

Patrocinador del ISIS
El principal proveedor de terroristas del Estado Islámico es un aliado de Occidente. Tal y como ha señalado la cadena Fox News en un reportaje, citando a fuentes militares iraquíes, la mayoría de islamistas del grupo provienen de Arabia Saudí.

El país comparte alrededor de 800 km de frontera con Irak, totalmente devastada por la guerra. Sin embargo, según explica la cadena, eso no es impedimento para que los yihadistas saudíes entren al país por la franja que comparte con Siria y Turquía.

La información, ofrecida por fuentes de la inteligencia iraquí, revela que los terroristas saudíes suponen el 30% de todo el contingente del ISIS en Irak -siendo el país que más muyahidines aporta-. En segundo lugar se encuentran los rusos chechenos.

“La presencia saudí en el ISIS es muy grande. Lo que quedan son mayoritariamente iraquíes y saudíes”, ha comentado el oficial de alto rango a la cadena norteamericana.

Fox News señala que ha visto varias fotografías y documentos relacionados con el ISIS que muestran las identidades de terroristas sauditas.

Promotora del wahabismo a nivel mundial
Las autoridades saudíes llevan años financiando la expansión del wahabismo, una de las versiones más radicales del islam, por todo el mundo y cuentan con especial preeminencia en Francia. La evidente islamización que vive el país ha provocado que el régimen de Riad considere el territorio francés como el escenario ideal para difundir su particular visión del islam. En 2016, Pierre Conesa, ex alto funcionario de Defensa francés, desvelaba los 8.000 millones aportados por las autoridades saudíes para difundir la “palabra de Mahoma” por todo el mundo.

El fenómeno se repite a menor escala en España. El ejemplo ideal es Madrid donde la conocida como ‘mezquita de la M-30 es un lujoso complejo de más de 12.000 m2 y 6 plantas construidos íntegramente con dinero saudí. De hecho, el país árabe entregó unos 12 millones de euros para erigir un templo al wahabismo en España con muros de mármol, un enorme minarete y exposiciones acerca de la vida del profeta Mahoma.

La Brigada Al Ándalus encontró en el centro saudí el lugar ideal donde lograr financiación para sus acciones terroristas. Sorprendentemente, los dirigentes de la mezquita no alertaron a las autoridades españolas sobre lo que allí estaba ocurriendo. Los yihadistas utilizaban las horas de culto para recaudar dinero en favor de la guerra santa.

Las lagunas del 11-S
El 11-S es otro de los episodios oscuros de Riad. A mediados de 2016, la Casa Blanca difundió el informe oficial de la Comisión de Investigación del 11S, que fue creada por el Congreso y estuvo formada por varios expertos independientes. El punto clave del informe -publicado con censuras en algunos párrafos y frases- fue la participación de Arabia Saudí en los atentados.

Según la investigación, agentes de los servicios de inteligencia del país de Oriente Medio cooperaron con varios de los secuestradores del 11S. Además, el líder de Al Qaeda Abu Zubaidah tenía en su poder el teléfono de una empresa encargada del mantenimiento de una de las residencias oficiales del embajador saudí en Washington cuando fue arrestado en 2002. El embajador era el príncipe Bandar, cercano a la familia Bush y uno de los personajes más influyentes de la capital estadounidense en la década de los noventa.

Los documentos divulgados también prueban que Bandar entregó varios cheques a financiadores del 11S. Pese a que las alegaciones no indicaron que el régimen saudí cooperara con la organización terrorista, sí señalaron que los terroristas estaban conectados. En este sentido, certificaron que Arabia Saudí no estaba demasiado interesada en cooperar en la búsqueda.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

¿Será Rajoy militante de Esquerra Republicana?
Jesús Laínz Libertad Digital 14 Abril 2018

Así se explicaría mucho mejor todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Cataluña.

Lo que algunos malvados sospechábamos hasta no hace mucho consistía en que Rajoy era un infiltrado del PSOE para dinamitar el partido de la supuesta derecha desde su mismísimo puente de mando. Pues si no, no se comprendía fácilmente su admirable diligencia en incumplir todo lo prometido y continuar lo diseñado por Zapatero en todos los ámbitos: educativo, ideológico, histórico, lingüístico, autonómico, moral, fiscal, internacional…

Para creciente indignación de sus incautos votantes, las legislaturas presididas por Rajoy no han sido otra cosa que la prolongación de las legislaturas de Zapatero. Y su servicio final al PSOE, como ya ha adelantado, consistiría en volver a presentarse a las elecciones. Pues, vista la incontenible marea de votantes del PP deseosos de hacerle pagar sus traiciones todas juntas, sería la mejor manera de garantizar la desaparición del partido hoy gobernante.

Pero los acontecimientos de los últimos meses han alterado las sospechas. ¿No será más bien que Rajoy es un criptomilitante de Esquerra Republicana? Porque así se explicaría mucho mejor todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Cataluña. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Gobierno tardara tanto tiempo en reaccionar ante un golpe de Estado que sus perpetradores venían anunciando desde hace al menos un par de años?

Limitándonos a lo más reciente, ¿cómo es posible que las medidas tomadas durante los gravísimos hechos de septiembre y octubre fueran tan tardías y débiles? ¿Y que, ante hechos flagrantes, Rajoy se dedicara a enviar cartitas a Puigdemont rogándole que explicase lo que estaba haciendo?

¿Cómo es posible que Rajoy diera órdenes a la Policía Nacional y la Guardia Civil de no difundir imágenes sobre la violencia desatada contra ellos para no incriminar demasiado a los golpistas? ¿Y que permitiera que TV3 siguiese sirviendo de enlace de organización del golpe en vez de intervenirla inmediatamente? ¿Y que dejase escapar a unos golpistascuya intención de burlar la ley era manifiesta?

¿Cómo es posible que, cuando las circunstancias no le dejaron más remedio que aplicar el artículo 155, Rajoy lo hiciera convocando elecciones en el mismo acto, elecciones a las que se pudieron presentar quienes seguían delinquiendo en ese momento? ¿Y que el Gobierno no haya tocado ni un átomo del adoctrinamiento totalitario en las escuelas y que incluso haya puesto en duda su existencia? ¿Y que haya renunciado expresamente a posibilitar la enseñanza en lengua española a los niños que la tengan por materna? ¿Y que esté dejando que TV3, cadena pública pagada con los impuestos de todos los españoles, siga obedeciendo a los intereses de los separatistas? ¿Y que permita que los Mozos de Escuadra sigan incumpliendo la ley y amparando actos sediciosos y terroristas?

¿Cómo es posible que ni Rajoy ni sus ministros muevan un dedo para contrarrestar la campaña de desinformación internacional de los separatistas que tan buenos resultados mediáticos y judiciales les está dando? ¿Y que Puigdemont se harte de dar ruedas de prensa sembrando mentiras por toda Europa y el Gobierno español haya sido incapaz de organizar una sola para desenmascararlas?

¿Cómo es posible que Rajoy declare su confianza en que las instituciones políticas y judiciales de otros países europeos resolverán un problema que tendría que resolver él como presidente del Gobierno español? Extraordinaria aportación a la doctrina de la separación de poderes: junto al Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, Rajoy ha inventado uno nuevo: el Poder Contemplativo. ¡Un presidente del Gobierno que renuncia a gobernar! ¡Que los problemas se resuelvan solos o que los resuelvan los demás, especialmente los jueces!

Tanta incapacidad, tanta pusilanimidad, tanta parálisis, tanta cobardía, no son fácilmente comprensibles sin un trasfondo oculto. ¿Será Rajoy un criptomilitante de Esquerra Republicana infiltrado en el Partido Popular para facilitar desde lo más alto el triunfo del partido de los golpistas Macià, Companys y Junqueras? Desde luego, ninguno de ellos ha conseguido, ni de lejos, los éxitos para su causa que está consiguiendo Rajoy.

Aunque quizá haya otra explicación, cada día más comentada y cada día en voz menos baja por muchos militantes e incluso dirigentes del Partido Popular: el chantaje. ¿Recuerdan las amenazas del intocable, inalcanzable e inimputable cabecilla de la banda Pujol sobre hacer tambalear el régimen si se le molestaba demasiado? ¿Será que, tras décadas controlando todos los resortes del poder en Cataluña, incluidos los servicios secretos, el Molt Honorable y sus acólitos disponen de grabaciones, documentos o imágenes gravísimamente comprometedoras para Rajoy u otras altas personalidades del régimen?

Quizá eso lo explicara todo.
www.jesuslainz.es

Al ladrón, al ladrón
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 14 Abril 2018

El carterista, maestro en el arte de la distracción, huye del escenario de sus fechorías señalando hacia delante y gritando: "¡Al ladrón! ¡Al ladrón!". El rebaño corre hacia donde apunta el dedo y agrede a un guardia jurado vestido de paisano. Cuando el chorizo comparece por fin ante el juez, su abogado alega que fue hurto y no robo y que el reo era un veterano de guerras patrióticas, muy apreciado por sus vecinos, en tanto que el guardia jurado debería haber vestido un uniforme que lo identificara. El juez se conmueve y el preso recupera la libertad para volver a las andadas.

Compensar el daño
Introduzcamos un cambio en la dimensión del libreto. Quien huye es un híbrido de Atila, Terminator y Don Corleone, cabecilla de una banda creada para apropiarse de un territorio amputándolo de su hábitat natural, que escapa de las fuerzas del orden explotando la credulidad de una masa gregaria que lo sigue, mientras él vocifera "¡Salvadme de la dictadura fascista!". Y apunta con el dedo a un juez togado.

En este guion, el fugitivo salta de un piso franco deluxe a otro hasta que… ¡milagro!, en el entorno que parecía más hostil lo recibe gente amiga. "Hola, Carles Puigdemont. Bienvenido a Schleswig-Holstein. Aquí transmutaremos sus mentiras dolosas en verdades incontestables, porque nos cae simpático". (Ver: "Políticos presos, no presos políticos", de Javier Cercas, El País, 12/4).

Los episodios siguientes son de sobra conocidos, pero conviene rescatar algunos detalles para compensar, en una mínima parte, el daño inferido a España y a los 3.550.000 catalanes ninguneados por los 2 millones de secesionistas y, por lo tanto, víctimas de los rufianes sublevados. En primer lugar, el ministerio fiscal de la región que recibió la euroorden de detención y extradición aprobó su cumplimiento. Y en segundo lugar, los mismos tres jueces que negaron la extradición con argumentos farisaicos desbarataron una de las falacias favoritas de los secesionistas y dictaminaron que el capo di tutti capiy sus cómplices no eran acosados por razones políticas. Los tres jueces reconocieron que los presos y los prófugos habían instigado y encabezado un proceso violento, aunque -según su criterio- no hasta el punto de convertirse en el delito de alta traición castigado por la ley alemana. Y negaron explícitamente que los persiguieran por sus ideas. Fuera los lazos amarillos.

Las llaves del tesoro
Queda en pie el tema de la malversación de caudales públicos, pendiente de los caprichos, ya que no se puede confiar en las razones, de los tres jueces de la región alemana. Pero, aunque también lo rechacen, deberá ser centro de una campaña de esclarecimiento dentro de la sociedad catalana. Si es motivo de escándalo y de descrédito político que Cristina Cifuentes haya cometido una patética infracción moral que no cancela sus méritos como presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué sanción se debe aplicar a un jerarca que, según la Guardia Civil, ha metido la mano en los bolsillos de todos los contribuyentes para malversar 1,7 millones de euros de fondos públicos con los que se financió una operación política ilegal? Según el Código Penal, le corresponden hasta 12 años de prisión.

La comparación con el caso Cifuentes es ilustrativa. Hoy nadie apuesta un duro fuera de circulación por el futuro institucional de la falsa máster, en tanto que existe un movimiento político empecinado en devolver las llaves del tesoro al malversador Puigdemont, reintegrándolo a la presidencia de la Generalitat, o convirtiéndolo en el titiritero que maneja los hilos del guiñol catalán desde algún enclave acogedor.

Llamemos a las cosas por su nombre. La responsabilidad de cerrar el paso a esta pandilla de depredadores no puede recaer sobre la Justicia alemana. La Justicia española está cumpliendo con su función y por eso todos los golpistas y sus compañeros de viaje alimentan un odio visceral contra ella. Son los jueces y fiscales españoles, muchos de ellos catalanes, quienes deben dictaminar quiénes son los rebeldes, los sediciosos, los desobedientes, los malversadores, y aplicarles las penas que marca el Código. Pero con esto no basta.

Balance de pérdidas
Urge que sea la sociedad catalana en su conjunto la que haga el balance de lo que ha perdido en pocos años por culpa de una camarilla de sinvergüenzas envueltos en la estelada, que tampoco es su bandera. Una pérdida que lesiona a constitucionalistas y secesionistas por igual. Una pérdida que los tres jueces alemanes no supieron medir en sus cálculos sobre la violencia y la traición, pero que tiene, para los perjudicados catalanes, todos los efectos nefastos de la violencia y la traición que pasaron inadvertidos a dichos jueces.

Se ha perdido el clima de convivencia entre familiares, amigos, vecinos, socios, compañeros de trabajo. Se han perdido la riqueza cultural del cosmopolitismo; el estímulo intelectual de la enseñanza bilingüe; el respeto al pensamiento heterodoxo. Las pérdidas económicas son cuantiosas y no aparecen en ningún inventario del supremacismo porque todas son testimonios de la decadencia. ¿No se dieron cuenta los jueces alemanes, tan listos ellos, de que si dos grandes bancos catalanes y más de 3.200 empresas abandonaron Cataluña fue porque el proceso llevaba consigo la amenaza solapada de violencia? Se perdieron, asimismo, la Agencia Europea del Medicamento y la World Race de Vela. Y "la inversión extranjera cae un 39% en Catalunya y crece en el resto de España" (LV, 21/3) porque los capitalistas de todo el mundo tienen el olfato más fino que los tres jueces alemanes para captar el hedor de la podredumbre que despide la trama xenófoba del supremacismo.

Genoma violento
¿Todo retrocede, entonces, en el aborto de república que nos legó el presunto malversador de 1,7 millones de euros? No, algo avanza: "Los robos con violencia en domicilio suben un 12,67 %" (LV, 7/4). La hez de la sociedad es más bruta que la élite cuando se apropia de los bienes ajenos, pero si otros jueces garantistas, que en España también los hay, se compadecen de ella y la dejan en libertad, quizá los hampones se irán refinando en la escala delictiva y terminarán conociendo mundo en Bruselas, Copenhague, Ginebra, Helsinki o Berlín.

Ahora, a mitad de camino entre el hampa pura y dura por abajo, y la plana mayor del supremacismo por arriba, brotan en Cataluña los Comités de Defensa de la República. Son vástagos de las fuerzas de choque que sembraron y siembran el terror desde los años 1920 en todos los Estados totalitarios de izquierdas y de derechas, y que actuaron y actúan con fines intimidatorios y disociadores en los países democráticos. Encajan como anillo al dedo en el genoma violento que la Guardia Civil detecta en el movimiento secesionista. Genoma violento que predomina en la variopinta franja maximalista encabezada por Puigdemont, lo que justificaría con creces el acatamiento de la euroorden para la extradición del prófugo.

Sembrar cizaña
Después de sembrar cizaña en el seno de las ramas catalanas de UGT y CCOO al amancebarlas con la plataforma Espai Democràcia i Convivència, enésima tapadera del frente subversivo (LV, 29/3), el presidente sectario del Parlament, Roger Torrent, se colocó en las antípodas de la democracia y la convivencia cuando Isabel Garcia Pagan le preguntó si defiende la actuación de los CDR (LV, 8/4) y él contestó:

Defiendo la libertad de expresión y de manifestación de cualquier persona o colectivo. No podemos criminalizar la protesta no violenta porque entonces ponemos en riesgo los derechos fundamentales.
Esto, dicho por alguien que se cisca en la democracia, la convivencia y los derechos fundamentales de 3.550.000 ciudadanos catalanes que no los votaron ni a él ni a sus compadres, refleja hasta qué punto el enjambre de parásitos no puede seguir disfrutando de la buena vida si no navega hacia paraísos falsos abrazado al mástil de la posverdad.

En fin, habrá que confiar en que los dos millones de ciudadanos que cayeron en las redes de los timadores profesionales palpen con sus propias manos la magnitud del desastre social y económico que estos indecentes provocaron con sus desafueros. Y que al descubrir la estafa de que han sido víctimas hagan suya aquella sentencia que no me canso de repetir y que dictó Màrius Carol, harto de su propia complicidad con los embaucadores (LV, 14/12/2017): "O enterramos el procesismo o cavará nuestra tumba". (Ay, la complicidad se reactiva, y el 11/4 leo en el editorial del diario que dirige Carol, en defensa de los procesistas radicales de los CDR encausados por terrorismo: "El rigorismo no es buen consejero". ¿Manos libres para el procesismo que cavará nuestra tumba si no lo enterramos antes?).

Y para enterrarlo habrá que impedir que los siempre astutos estrategas del proceso consumen, con fingido pragmatismo, la "reiteración delictiva" que el juez Llarena se esfuerza en impedir, recordando que la legislación alemana, hoy tan en boga, prohíbe los partidos secesionistas.

Puigdemont gastó 86 millones de euros en su «ministerio» de Exteriores
Solo en sueldos, ese entramado de la Generalitat fulminó más de 15 millones
Roberto Pérez ABC 14 Abril 2018

Puigdemont alimentó generosamente con dinero público su particular «ministerio de Asuntos Exteriores», la estructura reforzada de relaciones internacionales que tejió mientras estuvo al frente de la Generalitat. Según los datos oficiales recopilados por ABC, entre 2016 y 2017 el Gobierno catalán gastó 85,7 millones de euros en ese departamento de enrevesado nombre: «Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia» (sic). Fue potenciado para favorecer la proyección internacional de la causa independentista.

La estructura de esta «cancillería» fue pilotada por Raúl Romeva, el «conseller» elegido por Puigdemont para dirigir un departamento al que reforzó en poder político y en recursos. En 2016, en su primer año de mandato, dotó a esa Consejería con un presupuesto de poco más de 20 millones de euros, pero conforme fue avanzando el año le inyectó otros 12 millones extra. Al final, ese «ministerio» de Asuntos Exteriores de Puigdemont gastó en 2016 un total de 33,8 millones de euros. La red de «embajadas» catalanas y el controvertido Diplocat -que acaba de ser registrado por la Guardia Civil-eran parte de ese entramado dirigido por Romeva, que también abarcaba otros organismos y actividades, entre ellas la multimillonaria cooperación internacional al desarrollo.

Al año siguiente, en 2017, la «cancillería» de la Generalitat rebelde disparó el gasto un 53%, y eso que el Ejecutivo de Puigdemont fue destituido el 28 de octubre, al aplicarse el artículo 155 de la Constitución. El año pasado, en total, este departamento de la Generalitat se gastó 51,9 millones de euros. Solo en sueldos fulminó más de 15 millones. Y unos 19 millones de euros se le fueron en gasto corriente, el doble que en 2016.

Según los informes oficiales de la propia Generalitat, esa escalada del gasto corriente en «asuntos exteriores» se produjo «principalmente por el gasto vinculado al funcionamiento de las delegaciones, oficinas y misiones exteriores, el pago de alquileres y a los gastos TIC», en tecnologías informáticas y comunicaciones.

Solo para costear las «embajadas» de la Generalitat, el presupuesto del Gobierno de Puigdemont reservó el año pasado una partida de 6,55 millones de euros. Y eso fue solo una pequeña porción de todos los fondos que asignó a la acción internacional en plena deriva independentista.

Los Presupuestos no pueden estar por delante de los valores
OKDIARIO 14 Abril 2018

Los Presupuestos Generales del Estado ni pueden ni deben aprobarse a cualquier precio. El Partido Popular ha de ser consciente de ello, porque de lo contrario corre el riesgo de dar aliento y legitimidad a las proclamas que pretenden socavar nuestra Constitución y partir la unidad de España en mil partes. Algunas concesiones comienzan por infravalorar la importancia del lenguaje y acaban instaladas como dogmas en la sociedad. Radicales como los batasunos o los independentistas catalanes comienzan a ganar la batalla social cuando logran imponer su peligrosa propaganda a través de las palabras. Uno de los mayores genios filosóficos y económicos de la historia, Adam Smith, decía: “El lenguaje es el gran instrumento de la ambición humana”. Así lo conciben los radicales del País Vasco y también los de Cataluña. Por eso tratan de imponerlo en los medios de comunicación, la educación, la sanidad y, por supuesto, la política.

Vías de transmisión muy potentes todas ellas a través de las cuales adoctrinan a mayores y niños. No obstante, lo más preocupante es que las formaciones constitucionalistas, en lugar de combatirlo, se acerquen hasta la connivencia a ese lenguaje capcioso, sesgado y doctrinario. Así le ha sucedido al Partido Popular en el Senado. Con tal de ganarse el apoyo del Partido Nacionalista Vasco para aprobar los Presupuestos Generales del Estado se ha aproximado al lenguaje batasuno que intenta equiparar en “derechos humanos” a los asesinados por ETA y a los propios asesinos. Se equivoca gravemente el PP, ya que de esta forma da la espalda a las que deberían de ser dos de sus señas de identidad más definitorias: la unidad de España y el respeto inexcusable a las víctimas del terrorismo. Contemporizando el lenguaje de los que han utilizado el terror para tratar de imponer sus ideas políticas en el País Vasco se traicionan a sí mismos y a buena parte de su electorado.

Votantes que, en gran número, apoyaron al PP para que mantuviera a raya a los enemigos de nuestro Estado de Derecho. De ahí que la aprobación de las cuentas públicas no pueda ser un cheque en blanco para el PNV —que ya ha mostrado su cercanía con las aspiraciones de los golpistas catalanes en varias ocasiones— ni para cualquier partido nacionalista o independentista. De otro modo, el pan de hoy para que el Partido Popular pueda acabar la legislatura se convertirá en los problemas del mañana para todos los españoles. Necesitamos que el Ejecutivo actúe con responsabilidad —como ha hecho tantas veces— y no con afán cortoplacista. Por muy perentoria que sea para todos la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, no debe estar en ningún caso por encima de los valores. Por supuesto, tampoco puede desembocar en prebendas a los etarras encarcelados ni mucho menos en un hipotético acercamiento de dichos presos. Hay que ser siempre muy cuidadosos con las concesiones que se le hacen a cierto tipo de lenguaje. En muchas ocaciones, puede significar la antesala de una trampa mayor y aún más grave.

Un Parlament maniatado por el independentismo
EDITORIAL El Mundo 14 Abril 2018

A pesar de las graves consecuencias penales que ha acarreado el uso partidista que el independentismo hizo del Parlament en la anterior legislatura, las formaciones soberanistas siguen empeñadas en utilizar a su conveniencia la Cámara en la que está representada la voluntad de todos los catalanes. La querella de la Mesa del Parlament contra Pablo Llarena después de que el juez del Tribunal Supremo prohibiera a Jordi Sànchez salir de la cárcel para ser investido supone una coacción inaceptable al Estado de derecho. Se trata de una medida impulsada por la mayoría secesionista en este órgano que presta cobertura institucional a la estrategia de intimidación al magistrado del Supremo. Tanto él como su familia han recibido amenazas y su casa ha aparecido con pintadas. Es así como los cachorros del separatismo señalan no sólo al discrepante, sino a quienes tienen la obligación de ejercer la acción de la Justicia. De ahí la extraordinaria gravedad de la querella promovida por Roger Torrent, en un nuevo intento de deslegitimación de los jueces.

En lugar de encargar a los grupos parlamentarios la búsqueda de un candidato viable que pueda armar un Govern efectivo, Torrent prefiere seguir atizando el choque institucional. Presentar una querella por presunta prevaricación contra Llarena, descartando los recursos que ofrece la vía judicial, demuestra que el independentismo tiene "secuestrado" -como ayer enfatizaron desde Ciudadanos- el Parlament. Primero por la utilización de la asamblea catalana como ariete partidista frente al Estado. Y, segundo, por haber incurrido en ello tras despreciar las advertencias de los letrados de la Cámara, que no han dudado en expresar sus objeciones a la viabilidad de que el Parlamento catalán como institución presente una querella por prevaricación contra un magistrado del Supremo. Esto explica que tanto Ciudadanos como el PP se hayan mostrado muy críticos con el paso autorizado por Torrent, lejos de los circunloquios del PSC -pese a haber votado en contra en el órgano de dirección de la Cámara catalana- y aún más lejos de los Comunes, que respaldan sin disimulo la hoja de ruta de los separatistas escudándose en la falsedad de la "deriva autoritaria" de los tribunales.

El independentismo sabe que la querella tiene muy poco recorrido e incluso sus representantes en la Mesa del Parlament se arriesgan a un delito de malversación. Sin embargo, el objetivo es amplificar la tensión política derivada de la estrategia de Puigdemont y el resto de líderes huidos, y del caldo de cultivo agitado por los comités de defensa de la república en forma de violencia callejera. Si éstos se aplican en incurrir en desórdenes sociales para remover la calle, las formaciones secesionistas porfían en mantener el conflicto. Y lo hacen a través de una doble vía. Por un lado, difundiendo el mantra de la represión del Estado, ya sea denigrando el procesamiento de Llarena de los cabecillas del procés o confundiendo la simple admisión a trámite en el Comité de Derechos Humanos de la ONU de la demanda de Puigdemont por presunta vulneración de sus derechos políticos con una derrota judicial de la democracia española. Por otro, perpetuando sine die la formación de Govern, lo que en última instancia conllevaría la repetición de las elecciones.

Resulta lacerante que el independentismo se empeñe en alargar una agonía que ni beneficia a estos grupos ni por supuesto tampoco al conjunto de la ciudadanía catalana, que asiste atónita al bucle en el que ha encallado el bloqueo de la legislatura. Cuanto antes acepte el soberanismo que ni Puigdemont ni Sànchez son candidatos viables a president, antes se alcanzará una salida que permita levantar el artículo 155 y recuperar la normalidad. Siempre que la normalidad conlleve la aceptación plena del orden constitucional y el Estatuto, y el respeto a las decisiones judiciales

Separatismo e ignorancia alemana
JUERGEN B. DONGES El Mundo 14 Abril 2018

Cuando a media mañana del domingo, día 25 de marzo, tuve conocimiento de que Carles Puigdemont había sido detenido por la policía alemana me quedé muy asombrado. Pensé que el destituido presidente de la Generalitat no había calculado el riesgo que correría si organizaba su segunda fuga de la Justicia española, esta vez desde Finlandia una vez que fue informado sobre la orden europea de detención dictada por el juez Llarena, precisamente a través de Alemania. Pues el marco legal relevante del caso es muy parecido entre ambos países, sobre todo en el orden constitucional, y en principio también en el ámbito penal.

La Constitución germana no permite bajo ningún concepto la sedición de un Estado federado (artículo 79.3). La unidad territorial del país es inviolable. Por eso nuestro Tribunal Constitucional, en diciembre de 2016, ni siquiera admitió a trámite un recurso de amparo presentado por el Partido de Baviera (nacionalista, sin representación parlamentaria alguna) para poder celebrar un referéndum territorial sobre la separación de este Land de la República Federal de Alemania. Lo mismo ocurriría en caso de que en el Estado de Sajonia-Anhalt (en el este del país) el partido ultraderechista y eurófobo AfD, que actualmente es la segunda fuerza en el parlamento regional (detrás del CDU), se hiciera en unas próximas elecciones con el poder, lo cual es posible, y formulara objetivos secesionistas. Y recientemente la Oficina Federal de Inteligencia ha puesto bajo observación el movimiento de los llamados ciudadanos del Reich, de ideología nazi, que no reconocen el Estado alemán actual y son activistas fanáticos e inherentemente violentos.

Con todo esto se corresponden perfectamente las decisiones que en España había tomado el Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de las dos leyes de desconexión (de septiembre de 2017) y la convocatoria de un referéndum el 1 de octubre. Como tampoco era compatible con el Estado de Derecho la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, expresada por Puigdemont ante el pleno del Parlamento catalán el 10 de octubre de 2017 y firmada por los diputados soberanistas de Junts pel Sí y la CUP. Se trataba en toda regla de un golpe contra el sistema legal democrático estipulado por la Constitución española y el Estatut. Algo como el procés secionista sería en Alemania absolutamente intolerable y obligaría al Gobierno Federal a intervenir con arreglo al artículo 37 de la Constitución. En él se inspiraron en su día los autores del artículo 155 español. Más congruencia entre ambos países en esta materia, imposible. Pero la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (OLG, en sigla alemana), que tiene que tramitar la euroorden del juez Llarena, se lo ha pasado por alto.

En lo penal, la analogía también parece bastante firme respecto al delito de rebelión, que la Justicia española imputa a Puigdemont (y a otros líderes independendistas, fugados o encarcelados). En Alemania hablamos de alta traición contra el Estado (artículo 81 del Código Penal Alemán), que es castigada con fuertes penas de prisión. Como lo son también actos que atenten contra la unidad nacional del país (artículo 92). Ahora bien, tiene que haber un alto grado de violencia que debilite notablemente al Estado. Esto es un término ambiguo, porque la autoridad judicial encargada del caso puede definirlo con arreglo a los criterios que considere oportuno. Y la conclusión puede incluso ser absurda, pues si el Estado no claudica, como es el caso, todo supuesto de violencia queda en la irrelevancia. Es lo que ha ocurrido: la Fiscalía de Schleswig Holstein admitió la equivalencia del delito español de rebelión con el alemán de alta traición, mientras que el OLG lo desestimó, y con una celeridad innecesaria.

Yo sí he constatado actos de violencia durante el procés, y los sigue habiendo. Es de conocimiento general que el concepto de violencia hoy es otro que antaño e incluye un sinfín de formas sutiles que están al orden del día en Cataluña (escraches, amenazas, acoso moral y difamación contra personas que piensan diferente, y no sólo a través de las redes sociales). Si hubieran detenido a Puigdemont en otro Land alemán, más al sur del país, el OLG de turno posiblemente hubiera decidido de forma distinta. En Alemania, las tramitaciones extraditorias son de incumbencia regional, aunque la solicitud de extradición de un supuesto delincuente proceda de un tribunal superior del país demandante, como es en este caso.

Con el otro delito incluido en la euroorden, el de malversación de fondos públicos, también podría haber diferencias de opinión entre la Fiscalía y los jueces, máxime cuando la legislación alemana es ambigua al respecto. Ni siquiera el mayor escándalo de financiación irregular de un partido político en Alemania, el del CDU y de mano del entonces canciller Kohl, ha tenido consecuencias penales. Nótese la diferencia con España respecto al tratamiento judicial de los numerosos casos de corrupción. Después de lo visto, no me atrevo a vaticinar si la petición de entrega de Puidgdemont por este delito prosperará. Conozco la mentalidad y el temperamento de la gente en Schleswig-Holstein (he vivido y trabajado allí, en la capital de Kiel, durante 20 años): el ciudadano de a pie tiende a mirar hacia el Mar Báltico (este) y hacia el Mar del Norte (oeste) y lo que ocurrre en el resto del mundo apenas le interesa. No descarto que los jueces compartan esta peculiar idiosincrasia.

La decisión del OLG habrá caído como un jarro de agua fría en los círculos constitucionalistas españoles. Pero en Alemania ha recibido una valoración benévola. El que la ministra de Justicia, Katarina Barley, en unas declaraciones públicas se haya mostrado satisfecha por la puesta en libertad (condicional) de Puigdemont y haya expresado la posibilidad de que éste finalmente no será entregado y podrá disfrutar de las ventajas de residir en un país libre como Alemania, es inaceptable; supone una intromisión política en un asunto judicial e infringe así el principio fundamental de la separación de poderes en un Estado de Derecho. Además es un despropósito insinuar que España pudiera no ser un país libre. Lo mismo cabe advertir a aquellos diputados alemanes de tercera fila que con declaraciones similares consiguieron un titular y la foto en la prensa y la televisión. El portavoz del Gobierno Federal ha desacreditado a la ministra, ésta creo que ha pedido disculpas a su homólogo español, pero a mí como ciudadano alemán y europeísta me queda un amargo sabor de boca. Si los políticos socavan la base del mecanismo de euroórdenes, que es la confianza mutua entre las autoridades judiciales nacionales, el Acuerdo de Schengen como uno de los pilares de las libertades europeas pierde su razón de ser.

En cierto modo, el comportamiento de la ministra y algunos diputados está en línea con la percepción del problema catalán que tiene una gran parte de la población alemana. Nuestros medios de comunicación, con contadas excepciones, han venido diseminando el relato completo de los independentistas: que España no quiere a los catalanes, que los expolia fiscalmente, que los expone a una Justicia central politizada y dependiente del Gobierno, que no quiere dialogar con ellos, y numerosos agravios más. Muchísimos alemanes, incluidos intelectuales distinguidos, se lo creen. Casi todos los corresponsales de la prensa, radio y televisión alemanas acreditados en España, también han comprado este relato y se han tragado todas las mentiras y tergiversaciones históricas que contiene; se conoce que no leen la prensa española pertinente. Hay que reconocer que la propaganda de los soberanistas ha sido y sigue siendo muy eficaz. Y hay que preguntarle al Gobierno de España por qué no se involucra con determinación, a nivel internacional y en la propia Cataluña, en una política de comunicación rigurosamente razonada para contrarrestar esa nefasta propaganda.

Juergen B. Donges es catedrático emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de Colonia (Alemania).

Inaceptable coacción a la Justicia
 larazon 14 Abril 2018

No debería quedar en un segundo plano que detrás del absurdo ontológico de la querella del Parlamento autónomo catalán contra el magistrado Pablo Llarena se percibe un ánimo de intimidación a la independencia judicial de un cinismo inaudito. En efecto, en este caso, una imputación de prevaricación, que es el delito más grave de los que se puede acusar a un juez, no sólo supone poner en tela de juicio la probidad profesional del acusado, sino la de la Administración de Justicia en su conjunto, puesto que la decisión de mantener la prisión provisional de algunos de los implicados en el golpe separatista en Cataluña ha sido ratificada por instancia superior.

Es evidente, pues, que la pretensión del presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que ha forzado a los propios letrados de la Institución a formalizar la querella, busca reforzar el nuevo relato secesionista, según el cual ya no estaríamos en el escenario de la pretendida independencia de Cataluña, sino en la defensa de unas libertades democráticas presuntamente conculcadas por el Gobierno del Partido Popular y su «brazo jurídico», es decir, los Tribunales españoles. En esta nueva estrategia vale todo para desacreditar a los jueces y magistrados, incluso hasta declaraciones demenciales como las de la portavoz de Junts per Cataluña, Elsa Artadi, que afirma que estamos «ante un golpe de Estado togado, cambiando al Ejército por jueces», o las del vicepresidente del Parlamento catalán, Josep Costa, comparando al magistrado Llarena con el teniente coronel Tejero y su irrupción en las Cortes el 23F.

Como ya ocurriera con el «derecho a decidir», el nuevo planteamiento separatista está calando en los mismos sectores sociales y políticos que, desde una calculada equidistancia, proporcionaron oxígeno al movimiento xenófobo catalán. Es el caso de las centrales sindicales UGT y CCOO, parasitadas por el nacionalismo, convocantes, junto con las separatistas ANC y Omnium Cultural, de la manifestación del próximo domingo en favor de los políticos encarcelados. Pero, asimismo, la querella del Parlamento de Cataluña contra el magistrado Llarena, que denegó la salida de prisión de Jordi Sánchez para acudir a la sesión de su investidura, tiene una dimensión jurídica que no es posible obviar, ya que entraría de lleno en el campo del Código Penal, que tipifica como delito de «acusación y denuncia falsa» la imputación, con temerario desprecio a la verdad, de conductas y hechos que pueden constituir infracción penal. Se trata de un delito castigado con hasta dos años de prisión en el que, presuntamente, habrían caído los miembros de la mesa del Parlament, que, una vez más, desoyeron las advertencias del cuerpo de letrados de la Cámara. Lo mismo reza para la malversación, si la acción penal implica el uso de fondos públicos.

En cualquier caso, lo esencial es desvirtuar la táctica nacionalista, que insiste en la desacreditación de la democracia española, desde la confianza en la labor de las distintas instituciones del Estado. Se puede discrepar de las decisiones judiciales, pero la intimidación a los jueces es una práctica especialmente execrable que atenta contra el principio de la independencia judicial, que está en la base de la democracia. En definitiva, que no estamos ante un problema de derechos fundamentales, sino ante las inevitables consecuencias jurídicas de la intentona golpista que el separatismo catalán llevó a cabo contra la democracia española. Conviene que los dirigentes de los partidos nacionalistas dejen a un lado su campaña insidiosa contra los jueces, que sólo aplican las leyes, reconozcan la realidad y se decidan a proponer un candidato a la Generalitat que no esté sujeto a apremios judiciales. Lo demás es agravar las cosas.

Barcos quiere obligar a los niños navarros a hablar euskera hasta en el recreo
Luz Sela okdiario 14 Abril 2018

La presidenta navarra, Uxue Barcos (Geroa Bai) quiere imponer un plan integral de euskera en la región que afecta incluso a los niños en el patio de recreo o el comedor escolar.

Según el Plan Estratégico de Euskera, que rige la política lingüística del gobierno navarro (Geroa Bai, Bildu, Podemos e IU), es necesario “actualizar en los centros educativos el proyecto lingüístico en el que se planifique la enseñanza-aprendizaje del euskera en el aula (metodología, tratamiento integrado de las lenguas, etc.) y su uso en todas las actividades del centro (actividades complementarias del centro, uso en espacios escolares como comedor, patio, biblioteca, etc.)”.

El plan desarrolla varias líneas de actuación dirigidas única y exclusivamente a imponer el euskera, una lengua que no es oficial en Navarra y que habla un porcentaje reducidísimo de la población. De hecho, así lo reconoce el propio gobierno regional: apenas el 12,9 por ciento de la población navarra de 16 o más años es vascohablante. Pero eso, de media. Porque, según la zona que se mire, ese porcentaje es aún inferior, no llegando ni al 3 por ciento en la zona ‘no vascófona’ de la comunidad.

Así pues, el gobierno de Barcos ve necesario desplegar toda una serie de actuaciones para imponer su criterio lingüístico, incluso en el ámbito privado o familiar, y con la población más joven como objetivo. “Teniendo en cuenta la necesidad de fomentar y reforzar el uso del euskera en la población infantil y juvenil, así como el carácter prioritario de la transmisión del euskera, resulta indispensable implantar la lengua en el ámbito no formal (familia, amistades, vida vecinal…)”, se puede leer en el Plan.

“En el caso de los niños y niñas de familias en las que no se habla euskera en casa, es importante reforzar y complementar el proceso para que se conviertan en hablantes de euskera. Se debe ofrecer al alumnado de distintos niveles educativos actividades tanto dentro como fuera del aula para que mejoren su competencia comunicativa. Esa adquisición lingüística proporciona a los niños y niñas una vivencia y percepción plena de la lengua, tanto escolar y académica como social y lúdica”, se añade más adelante.

En este sentido, se propone un programa de inmersión en euskera para niños de 0 a 3 años, desarrollar campañas a favor de la matriculación, dar ayudas de transporte y comedor para los alumnos que tengan que desplazarse “forzosamente” de su zona por falta de plazas en centros públicos en euskera y desarrollar programas específicos para acercar a los hijos e hijas adolescentes de las familias procedentes de otros lugares. Todo, con el propósito de promover un “conocimiento y apreciación positiva del euskera como lengua navarra”.

El Plan desarrolla otras actuaciones polémicas, como exigir el euskera en la concesión de ayudas y subvenciones públicas, ‘marcar’ a los establecimientos que utilicen esa lengua mediante identificativos, aumentar los puestos de trabajo bilingües en la administración pública o hablar en esta lengua a los inmigrantes, “un recurso-se explica- para arraigarse, integrarse y vivir mejor”.

Este jueves, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral de Contratos Públicos que establece que las empresas que quieran ser subcontratadas por las Administraciones Públicas en trabajos que requieran atención al público deberán tener un plan de euskera para atender en esta lengua. La exigencia fue impuesta vía enmienda, al contar con el rechazo de la oposición.

El PP del Senado se aproxima al lenguaje batasuno en una moción para ganarse el apoyo del PNV
Luz Sela okdiario 14 Abril 2018

El Partido Popular ha promovido en el Senado una iniciativa inédita sobre ETA en la que se acerca al lenguaje batasuno al referirse, además de a las víctimas del terrorismo, a las “de los derechos humanos”. Se trata de una reclamación histórica de PNV, partidos proetarras y la izquierda radical en su intento por equiparar a los asesinados y sus asesinos que, alegan, han sufrido el maltrato policial.

La iniciativa en sí pretendía el rechazo de la Cámara a los homenajes que distintas localidades vascas y navarras rinden a los etarras cuando salen de prisión. Fue aprobada con los votos a favor de todos los grupos, y la abstención de ERC y Bildu. Pero su articulado sorprende por el notable cambio de discurso con la postura histórica del PP.

“El Senado recuerda la obligación inexcusable e inaplazable de los poderes públicos de garantizar las políticas que expresen el sentimiento de reconocimiento, reparación y justicia debido a las víctimas del terrorismo y de vulneración de derechos humanos, eliminando los agravios sufridos y los que pudieran provocárseles, y adoptando las medidas que eviten su ofensa, humillación y revictimización”, se puede leer en el segundo punto.

Más adelante, se añade que: “El Senado entiende que el ejercicio de los principios de reinserción y resocialización debe tomarse también en consideración para avanzar en una convivencia lo más normalizada posible. Estos principios deben poder aplicarse a las personas privadas de libertad tanto durante como tras el cumplimiento de sus penas”.

Se da la circunstancia de que una moción similar fue aprobada recientemente por el Parlamento vasco, sin el apoyo de los ‘populares’, precisamente, porque incluía la reinserción de los presos y el reconocimiento de todas las víctimas. Cabe recordar que el PP no participa en la Ponencia sobre Memoria y Convivencia, un foro, denuncian, que pretende “blanquear” el terrorismo al igualar a las víctimas con sus asesinos.

El cambio, insólito, llamó la atención de los grupos de la oposición en la Cámara Alta, y especialmente, en las filas del PNV, cuyo apoyo resultará indispensable para que el Gobierno pueda sacar adelante los Presupuestos.

El senador de esta formación, Jokin Bildarratz, destacó el “esfuerzo” del PP para aprobar, en Madrid, el texto que antes no avaló en el Parlamento vasco, y por hablar de “todas las víctimas”.

“Se está hablando de las víctimas del terrorismo y de aquellas que han sufrido vulneración de derechos humanos. ¿No están todas? Víctimas del terrorismo, ley, Batallón Vasco Español, GAL, ETA, todas; y todas las víctimas que han sufrido vulneración de derechos humanos“, observó Bildarratz.

PNV: la puerta a beneficios penitenciarios
El senador incidió además en el punto de la “reinserción” de los presos, que, en su opinión, “tiene un doble mensaje”. “El Partido Popular está haciendo un esfuerzo en este momento, en el que todos esperamos que ETA vaya a desaparecer, y está hablando de resocialización y de reinserción de personas presas, y a su vez, a la izquierda abertzale, también le está poniendo una serie de deberes para que, dentro del marco de la ley, también puedan conseguir beneficios penitenciarios. Pero dentro de la ley y utilizando la ley. Reinserción, resocialización, y todo para que en Euskadi podamos conseguir un marco de convivencia”.

Por parte de Podemos, la senadora Miren Gorrochategui saludó la moción “porque incorpora elementos que son muy importantes en este drama que vivimos en el País Vasco, y es que recoge a todas las víctimas que hayan sufrido vulneración grave de derechos humanos y, además, busca la verdad, la justicia y la reparación”. “Para todas las víctimas, las del terrorismo de ETA y también las del Estado o las de organizaciones paraestatales. Todas son víctimas. En el espíritu de ese texto está el recoger a todas las víctimas“, destacó la parlamentaria, deseando que el texto “sea el preludio de la participación del Partido Popular en la Ponencia sobre Memoria y Convivencia en el País Vasco”.

PSOE: “Hablar más de todos y con todos”
“Estamos de enhorabuena, pues el Partido Popular nacional ha asumido todas las proposiciones que aprobó el Parlamento de Vitoria y que ustedes allí no asumieron, y entiendo que hoy traen a esta Cámara esta moción no solo como suya, sino de todos los que apoyamos mayoritariamente la transaccional en el Parlamento de Gasteiz”, valoró el representante socialista, Antonio Rodríguez Esquerdo, para quien la obligación, como representantes de los ciudadanos, “es contribuir a una convivencia”y “hablar más de todos y con todos”. “Y ahí está, por cierto, senadores del Grupo Popular, la ponencia de memoria para alcanzar consensos en el Parlamento vasco”, señaló finalmente.

La Ponencia sobre Memoria del Parlamento Vasco fue constituida en 2017, con el rechazo del PP a participar en sus trabajos y las críticas de las asociaciones de víctimas.

El pasado diciembre, el Gobierno vasco presentó en este foro-que ha acogido los testimonios tanto de víctimas de ETA como de etarras- el polémico informe en el que se censan 4.113 casos de torturas y malos tratos en el País Vasco, entre 1960 y 2014. La cifra se basa únicamente en testimonios ya que el informe solo incorpora 20 sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo, que acreditan torturas sufridas por 31 personas.

Según publicó OKDIARIO, detrás de este informe está una asociación vinculada al entorno de ETA, ‘Jaiki Hadi’, un colectivo que agrupa a médicos y psicólogos encargados de la atención a personas reclusas, en especial a los presos de la banda y dos de cuyos miembros fueron procesados por la Audiencia Nacional por pertenencia o colaboración con la organización terrorista.

La asociación está detrás de las presiones para la excarcelación de Bolinaga y llegó a denunciar a la médico forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, por el informe en el que sostenía que el cáncer que padecía el etarra podía tratarse en prisión. La Fiscalía se basó en ese informe para oponerse a la libertad condicional del etarra.

Vuelve el acoso a comisarías y casas cuartel en Cataluña
Policía Nacional y Guardia Civil sufren de nuevo la presión independentista en la región, esta vez por parte de los CDR; la Delegación del Gobierno conoce el problema y "está en alerta"
Ignasi Jorro cronicaglobal  14 Abril 2018

Vuelve el acoso a las comisarías y casas cuartel del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y Guardia Civil en Cataluña. Las sedes de las dos fuerzas policiales sufren de nuevo hostigamiento independentista, esta vez de la mano de los autodenominados comités de defensa de la república (CDR). La Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma "conoce el problema" y "está en alerta".

Según han denunciado la Agrupación Reformista de Policías (ARP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los episodios de escraches y vandalismo contra las dependencias policiales de ambos cuerpos "son más esporádicos, más minoritarios pero también más violentos". Precisan que "ha bajado el nivel de gente" que se manifiesta ante los edificios o que los ataca con pintura o espráis, pero que cuando ocurren, los hechos son más graves. Ante ello, la Delegación del Gobierno en el territorio ha subrayado que "conoce dichos episodios" y que los edificios "están perfectamente protegidos". La sede gubernativa no puede agregar más información de los operativos de blindaje por motivos de seguridad.

"Bates de béisbol"
Sí ha arrojado más información D., coordinador de reivindicación del sindicato ARP de la Policía Nacional. "Los últimos casos fueron el martes en Terrassa y Manresa (Barcelona). En la primera ciudad, se concentró un grupo de gente de los CDR. Es la tercera vez que atacan la comisaría local: hubo una manifestación en diciembre, un ataque de encapuchados con pintura en febrero y el escrache de esta semana", ha enumerado el también funcionario.

En la localidad barcelonesa y según la misma fuente, "no había suficientes agentes para proteger el edificio policial, por lo que los efectivos tuvieron que cerrar la puerta". El representante de la parte social ha alertado de que la intimidación de los comités "llega después y como respuesta a actuaciones del CNP y la Guardia Civil ordenadas por los jueces, por lo que representan un desafío al Estado de derecho".

"Pediremos una reunión"
Una versión similar ha explicado Juan Antonio Delgado Ramos, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El representante ha puesto de relieve el hecho de que la situación "se ha vuelto a crispar" en Cataluña, con episodios de hostilidad hacia los agentes y las casas cuartel "tras cada actuación policial".

"Es un acoso más minoritario, que protagonizan los CDR. Al no ser manifestaciones masivas como las que siguieron al referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre, estos grupúsculos necesitan llamar la atención con actos cada vez más violentos", ha agregado Delgado. ¿Qué piden al Ministerio del Interior? "Que realice la labor de monitorización de escraches y ataques a sedes policiales y actúen si van a más. Y solicitaremos una reunión con el departamento de Zoido si se intensifican o si se incurre en riesgo contra las funcionarios", ha concluido.

Terrassa, Manresa, Gràcia y Vilanova
Cabe recordar que esta semana se han producido al menos cuatro intentos de amedrentar a ambos cuerpos en Cataluña. Fue el martes en Terrassa y Manresa (Barcelona), con manifestaciones sin comunicar ante la comisaría local del municipio y la casa cuartel. El jueves de madrugada se produjeron dos ataques con pintura amarilla y espray contra la comisaría local del CNP de Vilanova i la Geltrú y el cuartel del instituto armado en el barrio de Gràcia (Barcelona).

Las acciones siguieron a las ocho detenciones de miembros de los CDR efectuadas por la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra por organizar cortes de autopistas en Semana Santa y asaltar el Parque de la Ciutadella en enero, coincidiendo con la fallida sesión de investidura de Carles Puigdemont.


Recortes de Prensa   Página Inicial