AGLI Recortes de Prensa   Jueves 19 Abril 2018

FMI avisa: el déficit seguirá por encima del 2% en 2023 y la deuda superará el 90%
El organismo critica que España no haya elaborado un plan a medio plazo para corregir el déficit, que se enquistará en el 2,1% si no se toman medidas para reducirlo.
Teresa Lázaro vozpopuli.es 19 Abril 2018

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró este lunes sus previsiones para España. Estima ahora que el PIB crecerá un 2,8% este año y se moderará al 2,2% el año que viene. Eso sí, reducir el déficit y la deuda es otro cantar. Este martes ha publicado su tradicional 'Fiscal Monitor', donde avisa de que en 2023 el déficit español seguirá por encima del 2% y la deuda pública aún supondrá el 90% del PIB.

Las cifras contrastan mucho con las que incluyó el Gobierno en la última actualización del Programa de Estabilidad. De hecho, el Ejecutivo espera cuadrar las cuentas ya en 2020 y empezar a generar superávits a partir de ese momento. Y la deuda, en ese mismo año, bajaría al 91,5% del PIB.

Las previsiones de la institución dirigida por Christine Lagarde son mucho más pesimistas. Apuntan a que el el desfase bajará del 3,1% al 2,5% este año, lo que significa que España volverá a incumplir lo pactado con Bruselas, como ha hecho todos los años que estalló la crisis, salvo en 2017, el primer ejercicio que consiguió llegar al objetivo sin trampa ni cartón.

En 2019, el déficit solo bajará al 2,1% y también se incumplirá con Bruselas. Eso sí, lo peor es que se mantendrá en ese nivel hasta el año 2023, que volverá a subir al 2,2%. Además, la situación española va a ser bastante más complicada que la de los principales socios europeos, puesto que Alemania se anotará un superávit del 1,4% en 2023, Italia sellará su tercer año en equilibrio y Francia habrá reducido el desfase al 0,3%.

En este sentido, el organismo critica que todavía no se haya establecido un plan fiscal a medio plazo con medidas concretas para alcanzar el equilibrio. "En España, donde el impulso económico sigue siendo fuerte, se recomienda una consolidación del saldo estructural primario de alrededor de 0,5% del PIB para 2018, con espacio para medidas que pesen principalmente del lado de los ingresos", sostiene. En cambio, el Gobierno ha hecho justo lo contrario, al presentar un Presupuesto que incluye mejoras para funcionarios y pensionistas y una rebaja fiscal.

Las cifras del FMI ponen de manifiesto que el ciclo económico poco puede hacer ya por la reducción del déficit en España y que para equilibrar las cuentas será necesario tomar de nuevo medidas que ajusten los gastos o que aumenten los ingresos. Y las medidas se necesitarán ya este año si se quiere cumplir lo pactado.

De hecho, cuando España deje el déficit por debajo del 3% y salga del procedimiento de déficit excesivo, entrará en un nuevo procedimiento que pondrá el foco en el nivel de deuda pública, que puede ser mucho más exigente y que llevará a las autoridades comunitarias a reclamar nuevos y duros ajustes para volver al equilibrio.

La deuda bajará despacio
¿Y la deuda? Este parámetro, sobre el que están alertando ya todos los analistas y que cerró 2017 en el 98,4%, bajará al 96,7% en 2018, al 95,1% en 2019, al 93,9% en 2020, al 92,8% en 2021, al 91,8% en 2022 y al 90,9% en 2023. Eso sí, hay que recordar que en términos brutos la deuda siguió aumentando en 2017.

Aunque en la comparación con los principales socios España está mejor que Italia, donde la deuda pública actualmente ronda el 130% del PIB y seguirá suponiendo el 116% en 2023, el ritmo de reducción en España será menor. En España la deuda bajará solo un punto por año, mientras que en el país alpino lo hará en dos o tres puntos cada ejercicio. En Francia y Alemania el endeudamiento es mucho más bajo.

Advierte del riesgo de una nueva crisis goblal a corto plazo por el alto nivel de endeudamiento

En otro informe, el FMI avisa de que las perspectivas económicas mundiales siguen mejorando respaldadas por unas condiciones financieras algo más restrictivas y advierte de que los riesgos a corto plazo para la estabilidad financierase han incrementado en cierta medida, mientras las amenazas a medio plazo se mantienen en niveles elevados, lo que hace presagiar "un camino lleno de baches" a medida que los bancos centrales normalicen su política monetaria.

El informe señala que estas condiciones financieras todavía propicias que apoyan el crecimiento a corto plazo pueden contribuir al mismo tiempo a la "acumulación de desequilibrios financieros", así como a una toma excesiva de riesgos. "Las condiciones financieras laxas corren el riesgo de alimentar vulnerabilidades que pueden poner en peligro el crecimiento a medio plazo", advierte la institución internacional.

Vuelve a pedir a España que suba el IVA
Un año más, la institución con sede en Washintong ha reclamado al Gobierno cambios en el IVA para eliminar distorsiones en esta figura y tener más margen de gasto para fomentar el crecimiento. Y es que no es la primera vez que el FMI dice que España deja escapar muchos ingresos a través de los tipos reducidos de esta figura.

Actualmente, España tiene tipos de IVA, uno general (21%), uno reducido (10%) y uno superreducido (4%). Y el problema, según ha dicho en otras ocasiones el FMI, es que solo 60% de los bienes y servicios que grava el impuesto tributan por el tipo general, cuando en países como Francia o Alemania este porcentaje llega al 70% y el 80%.

En su última visita a España, el fondo dijo que recortar esta brecha aumentando gradualmente los tipos o pasando unos productos de un tipo a otro podría mejorar los ingresos del impuesto en unos 2.000 millones, lo que reduciría notablemente el ajuste fiscal pendiente.

Fondo Mundial de Inútiles
Nota del Editor 19 Abril 2018

Subir el IVA y no desmantelar las autonosuyas, no eliminar barreras a la libre circulación y establecimiento por las barreras lingüísticas, no simplificar la burocracia que resulta ya imposible de seguir y menos cumplir con cientos de miles de paginas para más pena en lenguas regionales.  Si fuese una institución seria debería hacer incapié en la eliminación de estas murallas contra la libertad. Y preocuparse por avisar de los vaivenes provocados por la especulación y las consiguientes burbujas, que para ello disponen de la informaciòn pertinente.

EN MARSELLA
Estrasburgo veta la expulsión de un imán que alentaba a la yihad en Francia
Arturo García gaceta.es 19 Abril 2018

El Ministerio del Interior francés había decretado su expulsión por llamar a “matar franceses” en sus sermones.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha paralizado la expulsión de El Hadi Doudi de Francia, un imán salafista cuyos sermones estaban caracterizados por las llamadas a la yihad, el terrorismo y el establecimiento de un califato en el país galo.

El Hadi, que se encontraba en un centro de detención administrativa, recibe sin embargo la aprobación de Estrasburgo que estudiará su caso en los próximos días. El letrado del salafista ha denunciado a las autoridades francesas por “poner en riesgo” a su cliente obligándole a regresar a Argelia.

El imán impartía su doctrina en la mezquita As-Sounna, en el corazón de Marsella, donde reclamaba a los fieles atacar “a mujeres, judíos, chiítas, adúlteros” siguiendo la línea marcada por el Estado Islámico en sus territorios dominados en Siria e Irak.

Un nuevo islam francés
Uno de los principales objetivos de Macron es reformar el islam francés y librarlo de la influencia wahabita financiada con fondos procedentes de Arabia Saudí. El plan, similar a la Ley Islámica de Austria, busca integrar “mejor” el islam en Francia, pero también “garantizar la cohesión nacional” ante los evidentes problemas de convivencia.

El presidente ha establecido como prioridad reducir la interferencia externa restringiendo la financiación extranjera para mezquitas, imanes y organizaciones musulmanes. Macron ha admitido que actualmente en muchos lugares del país, la ley islámica está por encima de la ley francesa.

En una entrevista en el Journal Du Dimanche, Macron ha anunciado el comienzo de una ronda de consultas con expertos en la materia y líderes religiosos: “Veo a intelectuales y académicos, como Gilles Kepel, y representantes de todas las religiones, porque creo que necesitamos recurrir en gran medida a nuestra historia, la historia de católicos y protestantes“, ha explicado.

“Nunca le pediré a ningún ciudadano francés que sea moderado en su religión o que crea moderadamente en su Dios. Eso no tendría mucho sentido. Pero pediré a todos, constantemente, que respeten absolutamente todas las reglas de la República“, ha aseverado.

Uno de los aspectos clave del plan es la reforma del Consejo francés de la fe musulmana, un órgano que hace las veces de interlocutor entre los musulmanes y el Estado. La organización, que representa aproximadamente 2.500 mezquitas en Francia, fue establecida en 2003 por el entonces ministro del Interior, Nicolás Sarkozy.

Renovación de imanes
La mayor parte de los imanes que trabajan en francia son pagados por gobierno extranjeros, principalmente Arabia Saudí. En este sentido, Collomb ha mantenido que el gobierno francés estudia “formar imanes para que trabajen para la República francesa y no para naciones extranjeras”.

“Podemos ver que hoy tenemos una serie de dificultades simplemente porque hoy en día todos pueden proclamarse a sí mismos imán“, ha señalado.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
¿De verdad quiere el Gobierno Rajoy derrotar al independentismo?

Jesús Cacho. vozpopuli  19 Abril 2018

Pues no está nada claro, la verdad, o cada día está más oscuro. Con el independentismo empeñado en la internacionalización del conflicto que mantiene con la oprobiosa España, su Constitución y sus leyes, el Gobierno que preside Mariano Rajoy sigue sin dar la cara, desaparecido en combate, sin tomar ninguna medida que permita intuir un final feliz para los intereses de la España democrática. Es como si el Estado estuviera librando la batalla contra el golpismo con la única ayuda del poder Judicial, porque el Ejecutivo ni está ni se le espera. Y del Legislativo, mejor ni hablar. Desaparecido de la escena del crimen, el Gobierno hace tiempo que no comparece, que ni siquiera opina. Y cuando lo hace, simplemente es para empeorar la situación. Para dar la razón a los sublevados o para echarles un cable. Es la novedad más reciente de esta bochornosa situación: que ya no sabemos para quién vendimia Mariano; que ya no está nada claro que este Gobierno quiera de verdad derrotar al independentismo.

La alarma se extendió cual mancha de aceite tras la sorprendente declaración con la que Mariano saludó el fallo del tribunal de justicia de Schleswig-Holstein en torno a la extradición de Carles Puigdemont, y el posterior posicionamiento de la ministra federal de Justicia, Katarina Barley, una señora que vino a decir, o a sugerir, que España no es un país libre en el que Puchimón pueda tener un juicio justo, un comportamiento que a Mariano, a la sazón en Buenos Aires, le pareció “modélico” (sic), porque “el Gobierno alemán ha dicho que no tiene por qué entrar en un tema que no le corresponde porque eso es un asunto judicial” (…) “Nadie de ningún Gobierno debe entrar en hacer comentarios sobre este tema” (…) “Por tanto, su comportamiento me ha parecido propio de una nación europea de las clásicas y de las de primera”. De donde se deduce que la ministra de la cebada debe ser un ujier del ministerio de Justicia federal, pero no, desde luego, la titular de la cartera. Desconcertante. E inaceptable que al Gobierno de España le parezca perfecto el sopapo propinado por un tribunal alemán de menor rango al Supremo español.

Esta misma semana hemos asistido a otro episodio donde el silencio del Gobierno, su escandaloso mutis por el foro, ha retumbado por las cuatro esquinas de la piel de toro. Me refiero a la presencia de CC.OO. y UGT entre las organizaciones convocantes de la última manifestación en favor de los “presos políticos” celebrada en Barcelona. En este episodio, como en tantos otros, el Ejecutivo no ha dicho ni mú. Ni una leve crítica a esos desnortados dirigentes capaces de transformar a los sindicatos mayoritarios en simples comparsas de un entramado golpista, capaces de convertir a CC.OO y UGT en perritos falderos de esas xenófobas elites de la derecha catalana que reclaman Estadito propio para poder seguir robando a mansalva sin que les moleste ningún juez o justicia que no hayan elegido ellos. Silencio tanto más sorprendente cuanto que el Ejecutivo tiene medios más que suficientes para ponerles contra la pared, sin ir más lejos, vía las subvenciones y el dinero de la formación para el empleo con el que esos sindicalistas financian su acomodado nivel de vida.

Mariano calla. Mariano necesita a los sindicatos para lidiar su particular batalla política. Este Gobierno en minoría reclama la ayuda de los dirigentes sindicales para firmar acuerdos (en diciembre, la subida del SMI hasta los 850 euros en los próximos tres años; y en marzo la del sueldo de los funcionarios para el mismo periodo) que no puede alcanzar con los partidos, y con los que pretende presionar en la negociación de unos PGE para 2018 que la izquierda (sin ningún fundamento, porque estamos ante unos presupuestos descaradamente socialdemócratas) critica con dureza. Se trata de que Mariano pueda argumentar que los partidos no le apoyan en el Parlamento, pero que los sindicatos sí lo hacen en la calle, razón por la cual la presencia sindical en la manifaindepe del domingo no le produce el menor rechazo, ni frío ni calor, cero grados, y demos gracias que no salga en la tele o llame a su despacho a la agencia EFE para decirnos que lo de UGT y CC.OO. desfilando del brazo del nazionalismo le parece perfecto, un ejercicio de democracia por parte de los sindicatos más democráticos del mundo. Como lo del Gobierno alemán, más o menos.

Las declaraciones del sargento Montoro
El último episodio que ha venido a cuestionar la existencia de un Gobierno empeñado en defender la unidad de España y la vigencia de su Constitución, lo acabamos de tener con las declaraciones del sargento Montoro. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, manifestaba el lunes en El Mundo. Escándalo al por mayor. De modo que ayer mismo, el juez Llarena se vio en la obligación de requerirle para que, “a la mayor brevedad posible”, le facilite el “soporte objetivo” que le permite afirmar que en el referéndum del 1-O no se emplearon fondos públicos. Justo ese día, el magistrado, instructor de la causa abierta en el TS contra los líderes del prusés, comenzaba a interrogar a quienes se hallan en prisión preventiva. Y como era de prever, los procesados se han aferrado en sus comparecencias al salvavidas que oportunamente les ha lanzado el genial Montoro para negar la existencia del delito de malversación. ¿Cabe mayor dislate? ¿Son demasiado torpes o estamos ante gente demasiado lista que cree que los demás somos demasiado tontos?

Tanto Junqueras, como Rull y Turull, el famoso dúo Tururú del independentismo, se han agarrado al clavo ardiendo tendido por el ministrín: si el propio titular de Hacienda dice que en el referéndum no se utilizó un euro público, y si afirma que desde septiembre mantiene un férreo control sobre los 35.000 millones que maneja la Generalitat intervenida, entonces nosotros, señoría, querido juez Llarena, no tenemos más que decir amén. Increíble, pero cierto. De modo que ahí están los jueces tratando de cumplir con su deber de aplicar la ley en contra no solo de los golpistas, que obviamente niegan la mayor, sino del propio Gobierno de la nación. ¿Está Montoro intentando “blanquear” el golpe siguiendo instrucciones de su jefe y amigo, el inquilino de la Moncloa? ¿Se trata de eso? ¿O se trata de cubrirse las espaldas ante la contingencia de que un día de estos llegara a demostrarse que el asalto a la legalidad se financió con dinero público por falta de celo del titular de Hacienda? ¿Se trata del miedo que les embarga a una denuncia contra todos ellos, contra el Gobierno entero, por no haber cumplido con su obligación de aplicar la ley y hacer guardar la Constitución?

Decir que no se malversó dinero público es dar la razón a los golpistas que sostienen que la rebelión, en la cual se han invertido ingentes sumas de dinero durante años, se ha financiado del aire. El affaire Montoro debería ser motivo suficiente para que los españoles se echaran a la calle decididos a exigir la dimisión del Gobierno. Que el poder judicial se vea en la obligación de corregir al Ejecutivo en un caso de golpe de Estado es de una gravedad extrema o a mí me lo parece, revelación en todo caso de que este Gobierno refugiado bajo las togas de los jueces es incapaz de hacer frente a un desafío de esa naturaleza y que hay que sacarlo de la Moncloa cuanto antes. Mariano está hundiendo al PP y parece decidido a hundir en el mismo naufragio a España entera. No lo deberíamos permitir. A la España democrática, la España que con todas sus insuficiencias ha sido capaz de garantizar el mayor periodo de paz y prosperidad de nuestra historia, le va en ello su ser o no ser.

El 155 es una estafa
Pablo Planas Libertad Digital 19 Abril 2018

El terrible régimen del 155. Los funcionarios de la Generalidad están sometidos a una represión inenarrable, forzados a trabajar en medio de carteles separatistas y lazos amarillos tras una tremenda poda de cargos de confianza. Pere Aragonés, el que manda en ERC en ausencia de Marta Rovira, se libró de la purga por los pelos. Es el secretario de Economía de la Generalidad, puesto retribuido con 86.000 euros al año. Hasta hace dos días también era concejal en Pineda de Mar, pero lo ha tenido que dejar para tomar las riendas de la formación republicana y ejercer de correa de transmisión de Junqueras.

Los mejores colegas de Aragonés en el departamento de Economía de la Generalidad ya no están. El jefe, en Estremera, y Lluís Salvadó (el feminista de las tetas gordas) y Josep Maria Jové (el de la libreta "Enfocats") imputados, aunque con escaño. También Junqueras es diputado, pero no es lo mismo. En cambio Aragonés, que compartía con los antedichos reuniones de trabajo y de partido, se conoce que no tenía nada que ver con el 1-O y sus preparativos.

Puede que Aragonés fuera el hombre de Montoro o de Sáenz de Santamaría en la Consejería de Economía, el interlocutor habitual cuando Junqueras no se les ponía al aparato, un secretario para todo digno de su confianza. Sin embargo, algo ha pasado. Millo, el encargado de Mariano en el Principado, declaró en Catalunya Ràdio que este viernes podría haber novedades respecto al futuro de algunos altos cargos aferrados al despacho como percebes y acto seguido replicó Aragonés en TV3 que él ha cumplido fielmente con las obligaciones del cargo en ejemplar servicio al soberano pueblo de Cataluña.

El separatismo se viene arriba. Ardor germanófilo y vivas a Montoro. La propaganda separatista arrasa en Europa. Los jueces belgas piden más datos sobre la malversación, los británicos se lo toman con calma, los suizos no hablan y los alemanes lo están estudiando. Puigdemont para, templa y manda desde un aparthotel de Charlottenburg. No sabe si nombrar un Gobierno títere o precipitar las elecciones. Las defensas de los golpistas presos afirman que sus clientes se suben a las barbas del juez Pablo Llarena, que le están cantando las cuarenta a Torquemada y que la república continúa.

Entre tanto, el ministro Zoido ha nombrado a dos connotados políticos separatistas directores de las escuelas de Mossos y bomberos de la Generalidad. Dadas las circunstancias, lo de TV3 mejor que se quede como está. Se corre el riesgo de que Méndez de Vigo designe a Pilar Rahola directora de la cosa para garantizar la imparcialidad. Parece que lo hagan adrede. Son una calamidad, una plaga, un auténtico despropósito.

Montoro versus Llarena
Cristina Losada Libertad Digital 19 Abril 2018

Todos hemos leído el auto de procesamiento del juez Llarena contra Puigdemont y el resto de cabecillas del golpe separatista catalán. Todos, es decir, menos el ministro de Hacienda del Gobierno de España. De haberlo leído, y de haberlo leído con un poco de atención, habría evitado jactarse de que "las urnas de los chinos del 1 de octubre" no se pagaron con dinero público. El auto, aparte de consignar cuatro capítulos de gasto con una nota al pie sobre los atestados en los que se basa, menciona el acuerdo adoptado por el Govern de Puigdemont y Junqueras para autorizar las contrataciones necesarias para la realización del referéndum ilegal. Y más adelante añade: "Con independencia de las partidas contables tras las que se ocultó el desembolso". Parece mentira que haya que decirle a un ministro de Hacienda que existen tales formas de camuflaje, pero esa es la situación.

Si Montoro hubiera leído la prensa estos meses, sabría que en diciembre la Guardia Civil presentó un informe sobre la financiación del 1-O al juzgado de instrucción de Barcelona que investiga los preparativos de aquel acto clave del golpe contra nuestro orden constitucional. Incluía dos partidas de gasto que se habían empleado "de forma indubitada" para sufragarlo. Dos partidas que, si Montoro se fija, verá que aparecen también en el auto de Llarena. Aún había algo más importante: los investigadores avisaban de que era difícil dar cifras fiables por la "opacidad" y las "argucias" del Gobierno regional. Pedían que organismos del Estado auditaran las cuentas. No descartaban tampoco que parte de los gastos hubieran corrido a cuenta de Òmnium y la ANC, entidades que han recibido de los Gobiernos catalanes generosas porciones de dinero público. Por cierto, ¿sigue nutriéndolas de subvenciones la Generalitat intervenida?

Aquella dificultad por las opacidades y argucias de unos trileros duchos en esas artes movió al juez Llarena a pedir a la Guardia Civil más documentación sobre los gastos del 1-O –y a abrir una pieza secreta al respecto– unos días antes de dictar el auto de procesamiento. Ese auto que, en su parte relativa a la malversación de caudales públicos, ha puesto en cuestión el ministro de Hacienda al decir en una entrevista en El Mundo: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Lógico que el juez Llarena haya pedido al ministro que informe "a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones".

El soporte objetivo del ministro es que desde el 16 de septiembre pasado intervino los pagos esenciales de la Generalitat, ante la negativa de ésta a informar de sus cuentas a Hacienda. Pero hubo contratos para la campaña del 1-O que se hicieron antes. Antes, señor Montoro. Y luego están las argucias y los engaños, esa clase de estratagemas con las que un ministro de Hacienda ha de estar familiarizado. Quiero decir: tiene que saber que se hacen. Que es posible. Y en el caso de los golpistas, más que probable. "Tenemos que engañar al Estado", decía Artur Mas. ¿Lo recuerda? ¿O prefiere no recordarlo porque al Gobierno, a su Gobierno, lo engañaron? Ahora bien, en caso de que esté seguro el ministro de que no se gastó un euro de dinero público en el procés y en el ilegal referéndum, debe confirmarlo ya. Va a ser difícil creer que los jefes separatistas pusieran dinero de su bolsillo. Esos no ponen un euro. Pero suspendamos la incredulidad por un momento: a lo mejor lo pagaron todo con las colectas y con el dinero (público) de Òmnium y la ANC.

Mi incrédula creencia, sin embargo, es otra. Es que no hay soporte objetivo. Es que el soporte del ministro es subjetivo. Es que no podía ni quería admitir que los golpistas le colaran el gol de los gastos del 1-O. Y antes de poner en entredicho su autoridad política ha preferido poner en entredicho las pruebas de que dispone el Supremo. Tales son las prioridades. Sin olvidar las formas: un ministro despacha el asunto de la financiación de un golpe de Estado con un par de frases ligeras, malamente chistosas ("las urnas de los chinos"). Tampoco lo podríamos creer si no hubiera sucedido.

Montoro: antes encubrir que dimitir
EDITORIAL Libertad Digital 19 Abril 2018

Pocas afirmaciones políticas han resultado tan rotundamente desmentidas por los hechos como aquellas que hiciera el tan insaciable como incompetente ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, allá por el mes de agosto acerca de que el ilegal referéndum secesionista del 1 de octubre no se celebraría "por falta de presupuesto", dado que la Generalidad no le habría dedicado "ni un solo euro público". Pues bien, no sólo se perpetró en la fecha anunciada, sino que la mayor parte de los gastos,tal y como publicaron poco después los medios de comunicación remitiéndose a informes de la propia Policía Judicial, fueron costeados por el Gobierno regional catalán antes incluso de la convocatoria oficial de la consulta.

Si ya fue bochornoso que el ministro no presentara su dimisión y que ningún partido de la oposición se la reclamara, muchísimo más grave resulta que Montoro siga eludiendo su responsabilidad in vigilando en la financiación pública del procés a base de negar la existencia misma del delito de malversación en la actividad de los golpistas. Esto y no otra cosa han supuesto sus declaraciones a El Mundo, en las que asombrosamente ha insistido en afirmar que no se ha dedicado dinero del contribuyente a la referida consulta secesionista.

Con independencia de que pudiesen ser constitutivas de un delito de encubrimiento, las impresentables declaraciones de Montoro son sin duda un baldón para las acusaciones por malversación contra los golpistas presentadas por Vox y por la propia Fiscalía General del Estado, así como para la instrucción del juez Pablo Llarena. Eso, por no hablar de cómo pueden afectar al proceso de extradición de Carles Puigdemont, que ahora sólo descansa en la acusación por malversación que este ministro descalificable niega.

No es de extrañar que Llarena haya exigido a Montoro por medio de una providencia que informe a "la mayor brevedad posible" del "soporte objetivo" de unas declaraciones que tan frontalmente "contradicen las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa". El juez destaca además que varios de los procesados han utilizado las palabras del ministro en beneficio propio en las indagatorias celebradas el martes y el miércoles.

Llueve sobre mojado. Este diario ya lo advirtió hace cuatro años con ocasión de la edulcorada visión del 9-N que promovía Rajoy: "Quien rehúye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra". Tras la dimisión de Eduardo Torres-Dulce, la Fiscalía General del Estado retiró la mayoría de los cargos contra los golpistas del 9-N, incluido el de malversación. Hoy de nada serviría que lo hiciera, gracias a la encomiable acusación popular que ejerce Vox. Con todo, ¿en qué quedarán estas acusaciones del partido de Santiago Abascal y de la Fiscalía contra los golpistas del 1-O, si son sometidas a descrédito por miembros destacadísimos del Gobierno sin que, por cierto, se oiga la más mínima queja por parte de la oposición?

¿Habrá tribunales en España capaces de sobreponerse a los sabotajes gubernamentales y poner punto final a la impunidad de los nacionalistas?

El Máster de Montoro
Javier Somalo Libertad Digital 19 Abril 2018

Es famoso el celo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por perseguir euros ajenos. Y es famoso porque él mismo se ha encargado en numerosas y vergonzosas ocasiones de hacerlo público señalando a sus víctimas –periodistas incluidos– hasta en el Congreso de los Diputados. Nadie se escapa –presume el ministro– de su red impositiva, tantas veces confiscatoria. Pero hete aquí que mientras el común de los mortales siente el aliento tributario en el cogote, los golpistas de Cataluña lo ven como soplo beatífico, la salida a todos sus problemas legales.

El juez Pablo Llarena, apoyado ahora por el Tribunal Supremo, está cubriendo la dejación de funciones del Gobierno respondiendo como merece al juez alemán –a Alemania, gracias a una ministra– y pidiendo cuentas al ministro de Economía de España, visto ya por los golpistas como su mejor coartada. Llarena es juez, gobierno y oposición, pero no porque quiera violar la separación de poderes sino para suplir demasiadas ausencias. Y la financiación, directa o indirecta, de un golpe de Estado es lo bastante importante como para no permitir tanta laguna.

Con la prepotencia que le caracteriza, Cristóbal Montoro se ha jactado en al menos dos oportunidades de tener bajo control cada euro que la España que roba a Cataluña destina a la Cataluña golpista. La primera fue en agosto de 2017:

No va a haber referéndum porque no hay presupuesto, a ver si nos entendemos. No lo va haber por otras causas, pero también porque no hay presupuesto (…) Cualquier propuesta de desviación de presupuesto –añadió entonces– llevará a que el Gobierno tendría que actuar y aplicar las medidas coercitivas de la ley de estabilidad.

"A ver si nos entendemos", decía el prepotente recaudador mientras los golpistas tomaban nota para posteriores deducciones de testimonio. Por supuesto, el referéndum se celebró, votó todo el que quiso y las veces que quiso y, sin presupuesto, se proclamó la República catalana, se apaleó a policías y guardias civiles, se protegió el delito con las pistolas de los Mossos y se cruzó la frontera ante las narices del Gobierno "coercitivo" que seguía haciendo kilómetros sin avanzar sobre la cinta de andar mientras Puigdemont ponía rumbo en coche hacia el corazón de Europa. Sin dinero público…

La segunda ocasión en la que Montoro exhibió su tesis –esta sí que puede ser de fin de carrera– sobre los presupuestos del golpe fue esta misma semana en una entrevista con Jorge Bustos en el diario El Mundo. Tiraba el ministro contra Cifuentes pero la piedrecita le rebotó cuando volvió a presumir:

Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público.

El caso es que Cristina Cifuentes tampoco sabía qué demonios pasaba con el Máster de los chinos de la universidad pero sabía que lo había pagado y que el lío estaba en la propia universidad. El gran escándalo. Las fuerzas vivas de cada casa no dan abasto.

Pero, ¿seguimos estando en que lo grave gravísimo es que los políticos mientan? Pues, sin lugar a dudas, para empezar, que dimita Montoro, que su tesis era falsa. Un golpe de Estado no permite mentiras. A ver la oposición.

Una quijotada estéril.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 19 Abril 2018

EL SUPREMO ASUME LA DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA MIENTRAS EL PP SOLO DEFIENDE LO SUYO Y A LOS SUYOS.

Ayer la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo emitió un Auto donde, además de rechazar el recurso presentado por Jordi Sánchez por la denegación del permiso para asistir al pleno de investidura, donde era el candidato designado por la Mesa del Parlamento de Cataluña, se dedicó a hacer una rectificación y critica al Tribunal Superior del Estado de Schleswig Holstein sobre su Auto de excarcelación del fugitivo Carles Puigdemont y su resolución provisional de no tener en consideración el delito de rebelión. Lo que empezó como una noticia de optimismo cuando se supo de la detención del golpista fugado en la autopista A 7 en Alemania a escasos 30 km de la frontera con Dinamarca, se convirtió en franca decepción y sentimiento de frustración tras su liberación bajo fianza y conocerse el mencionado Auto del Tribunal alemán, que exoneraba al prófugo del principal delito consignado en la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena.

Se trata por parte del Tribunal alemán de una interpretación muy benévola de la realidad de los acontecimientos, que en primer lugar demuestra una injerencia inaceptable al entrar en el fondo del asunto e ir más allá de lo que sería razonable y sin disponer de la suficiente información para manifestarse, con la rotundidad y precipitación en solo 48 horas, como lo hicieron en su Auto. Y en segundo lugar demostrando un absoluto desprecio por la más alta Institución de la Justicia española, el Tribunal Supremo y el sistema judicial español, pervirtiendo la propia esencia de la euroorden y sus objetivos. La comparativa entre legislaciones fue inapropiada ya que no se tuvieron en consideración las circunstancias especiales en que se produjeron los hechos y entraron a valorar el fondo y a realizar similitudes con antecedentes que, ni de lejos, podían tener equivalencia. Porque la violencia existió desde el momento en que los golpistas que eran el máximo poder en la autonomía, lanzaron a sus afines a defender la realización de un referéndum que había sido declarado ilegal e inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España. Una acción que se sabía iba a intentarse evitar por los efectivos de las FFyCCSE allí desplazados.

¿Cuál era la pretensión de ese Tribunal alemán? ¿El que las FFYCCSE se quedasen, como hicieron los Mossos, en actitud pasiva y sin cumplir las órdenes de los jueces de impedir lo que era un delito? Desde luego la actitud de esa muchedumbre que rodeaba los colegios electorales ilegalmente abiertos, no fue nada pacífica, sino violenta en la defensa a ultranza de esas instalaciones, con acoso a las fuerzas policiales, agresiones físicas y disturbios generalizados. Y esa violencia posteriormente fue acompañada por una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña dominado por las fuerzas independentistas. Lo que se conoce por sedición. Ambos delitos, el de sedición y violencia, son los que conforman el delito agravado de rebelión, en los que, como dice la Sala de Apelaciones, si no se hubiera actuado con la contención en la respuesta ante esa violencia y se hubiera aplicado la fuerza necesaria con la contundencia para cumplir con la misión encomendada, estaríamos ante lo que sí que parece convencer a los jueces alemanes, una violencia con posibilidad de “doblegar” al Estado y ya no habría Estado al que doblegar.

Y puestos a cuestionar, este Tribunal regional se atreve también con el delito de “corrupción”, que es lo más parecido en la legislación alemana a lo que en España entendemos como malversación de fondos públicos. Pero aquí cuenta con la inestimable ayuda del Ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, que como ya critiqué ayer, solo piensa en “salvar su trasero” y el del Gobierno de Mariano Rajoy al negar que, del constante riego de miles de millones euros a los golpistas a través del FLA, ni un solo euro ha sido usado para financiar el referéndum ni todo lo demás del proceso separatista. ¿Entonces, Ministro, de dónde ha salido ese dinero?¿De la caja de resistencia de la ANC que parece el cuerno de la abundancia? Así que ¿de qué sirve el que el Tribunal Supremo intente hacer justicia si el mismo Gobierno de España pone impedimentos? Y aquí solo cabe pensar mal del porqué de esta actitud tan reticente a aplicar la ley que este Gobierno ha demostrado desde el principio queriendo pactar con los golpistas. Una actitud refrendada en la levedad de las medidas de intervención y la convocatoria exprés de nuevas elecciones autonómicas en un clima de crispación social y división. Y también en la laxitud procesal del llamado clan Pujol protagonista del mayor expolio a las arcas públicas, con lo del famoso 3%, más bien hasta el 10%, y la amenaza del capo del clan cuando habló de la caída de “todos los nidos” de las ramas si se agitaba el árbol.

Lo del Tribunal Supremo es una quijotada sin ninguna oportunidad de éxito. “¡Con el poder hemos topado, amigo Sancho!” parafraseando al genial Cervantes. Una lucha estéril cuando quien lleva la voz cantante a nivel internacional son los fugitivos de la Justicia y ahora el impresentable golpista Presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que se ha desplazado a Ginebra en un viaje costeado por todos los españoles para reunirse con representantes del organismo de Derechos Humanos de la ONU. Nadie nos toma en serio en la UE, ni respetan nuestra democracia. Somos un país incómodo donde el problema del independentismo lo ven como una especie de cáncer que se puede extender a sus territorios. Así que lo mejor es que sean los españoles los que se entiendan y no inmiscuirse o como mucho ofrecerse como intermediarios para buscar una solución, que no es otra que ceder al chantaje secesionista y desmembrar la nación. Una hipocresía que culmina con que sea un Tribunal regional el que decida sobre un asunto de la relevancia de un golpe de Estado.

Pero la desgracia de España es que su clase política está a otras cosas. Por una parte, tenemos a un PP que hace tiempo que ha perdido su esencia y se ha transformado en algo informe carente de ideología y que como la ameba, solo intenta sobrevivir en el medio. El mensaje no pudo ser más elocuente “están para defender lo suyo y a los suyos”. Lo de aspirar al bien general de los españoles brilla por su ausencia. Y no es que no lo supiéramos, pero es que las alternativas políticas aún son peores. Y si no, miremos a ese engendro en que se ha convertido el PSOE desde que Felipe González abandonó el timón forzado por la corrupción. Sus sucesores han sido o amorfos y anodinos como Joaquín Almunia, nefastos y ultra sectarios como José Luís Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, o ambiciosos revanchistas como Pedro Sánchez. Y por otra parte, tenemos a los dos partidos emergentes, PODEMOS y sus confluencias, la ultra izquierda radical con los tintes totalitarios más característicos de regímenes dictatoriales y un CIUDADANOS, partido regionalista de la burguesía progre catalana con un Albert Rivera “zigzagueante” que no trasmite seguridad ni credibilidad alguna de su verdadera ideología ni dirección.

Estamos en una peligrosa encrucijada donde fallan los cimientos que sostienen a la Nación. Una situación en la que los nacionalismos independentistas como el catalán, o los emergentes como el de Baleares, País Valenciano o Galicia, van poco a poco afianzándose y controlando mayores áreas de la vida social y económica de sus autonomías. Un deterioro paulatino de la legalidad vigente, de la Constitución de España, y, en resumen, del Estado de Derecho que, como ya ocurriera en Cataluña, ha renunciado a su presencia permitiendo la violación de derechos fundamentales de los españoles residentes en esas autonomías. Un camino que ya sabemos a dónde conduce y la dificultad que tiene deshacer lo recorrido. Pero también está ese nacionalismo cínico y oportunista, como el vasco del PNV, que también quiere secar las ubres antes de destetarse e independizarse. Su declarado nacionalismo no independentista es obsceno, ruin y mezquino.

España y los españoles tenemos la maldición histórica de haber tenido siempre Gobiernos que no nos merecemos, ni nos merecen como pueblo. Y la historia demuestra que es ese pueblo el que al final debe sacar esta gran Nación a flote. Pero para todo hay un límite, porque nuestra fuerza es inmaterial y se está jugando en una partida con las cartas marcadas por los tahúres que las manejan. Las urnas son un espejismo donde acudimos ante una serie muy limitada de opciones con unas formaciones políticas organizadas que nos presentan sus listas cerradas, nos escamotean los debates y nos presentan programas electorales que todos incumplen sin el mínimo pudor. Todos, como el PP ya reconoce, defienden “lo suyo” y “a los suyos”. Unos recortan gastos, -es decir servicios-, y otros quieren expoliarnos a base de impuestos confiscadores, los mayores de la UE. Y encima les votamos. Pues, es verdad, tenemos lo que nos merecemos.

¡Que pasen un buen día!

¿Qué ha hecho el independentismo por la justicia?
María Jesús Cañizares cronicaglobal 19 Abril 2018

Tras escuchar la embestidas de algunos dirigentes independentistas contra Pablo Llarena, me viene a la cabeza la frase “no preguntes lo que la justicia puede hacer por ti, pregunta qué puedes hacer tú por la justicia”. Los discursos de Kennedy siempre son muy socorridos. Dentro de sus competencias, limitadas es cierto, el Govern del procés apenas ha movido un dedo por mejorar la administración catalana, más allá de lamentarse por la escasa sensibilidad de jueces, fiscales y funcionarios por la lengua catalana. Resultaba inútil recordar que el escaso uso de ese idioma no se debe a la animadversión del personal judicial, sino a la escasa tradición opositora de los catalanes, lo que dispara la movilidad. La Generalitat llegó a colocar comisarios políticos en los juzgados durante el gobierno de Pujol para forzar su “catalanización”. En la anterior legislatura, Carles Puigdemont intentó recuperar ese tipo de control en forma de “equipos de evaluación y mejora” para romper la resistencia de la justicia a la penetración independentista. Ni por esas.

Echados ya al monte de la secesión unilateral, el siguiente paso consistía aprobar una ley de transitoriedad cuyo objetivo era lograr el control político absoluto de jueces y fiscales. No solo los juristas consultados por Crónica Global pusieron el grito en el cielo, sino que miembros de los Mossos d'Esquadra confesaron haberse sentido aliviados tras la aplicación del 155 ante el intervencionismo del “Estado catalán” que se avecinaba.

Esto es lo que ha hecho hasta ahora el Ejecutivo soberanista por la justicia, lo que da idea de la imagen/concepto que tiene el independentismo del poder judicial. Convencidos de que Llarena trabaja para el Gobierno español, pues de haberse aplicado la ley de transitoriedad, los jueces catalanes habrían estado al servicio de Puigdemont, la estrategia de defensa de los encarcelados por el procés pasa por desprestigiarle. Hasta el punto de embarcar al Parlament en una querella que huele a malversación.

La ofensiva no parece inmutar al magistrado del Tribunal Supremo, convertido en juez estrella, no por sus comparecencias mediáticas, pues apenas se prodiga, sino por el macrosumario que le ha tocado instruir. Quienes le conocen le describen como un profesional concienzudo con gran prurito profesional. No es de extrañar, por tanto, que Llarena le pida explicaciones, y con urgencia, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por haber asegurado que el referéndum del 1-O no se pagó con fondos públicos. Algo que contradice los informes de la Guardia Civil que obran en su poder. Si en ese requerimiento hay un factor personal, es decir, que responde a una demostración de independencia judicial, es algo que nunca sabremos.

Sí sabemos, a estas alturas de bronca y desacato, que es absurdo preguntarse qué puede hacer la justicia por el independentismo. Porque ese enunciado cuestiona la separación de poderes. Avanzar sobreseimientos, indultos o exculpaciones en aras a destensar la situación resulta absurdo. Otra cosa es el debate del uso y abuso de la prisión preventiva, pero no circunscrito a los políticos presos.

Los procedimientos judiciales españoles son muy garantistas --y si no, que se lo digan a Hervé Falciani, que no se fía de la justicia suiza-- y, por ello, con frecuencia se alargan excesivamente en el tiempo. A diferencia de la admirada justicia alemana, en España no hay cadena perpetua. Poco o nada se ha dicho de ese castigo extremo que conlleva la alta traición en el país que liberó a Puigdemont y que ahora dice que a lo mejor sí hubo rebelión.

Montoro, el mecenas del proceso
El ministro de Hacienda destroza la instrucción de Llarena, que contraataca con pruebas de la Guardia Civil sobre gasto público en el 1-O. El 155 de Zoido y el asombroso viaje de Torrent
Pablo Planas cronicaglobal 19 Abril 2018

Les importa una higa. Se la pela. Es que les da igual. Cifuentes no se pone roja, se viste de rojo y ahí sigue, sin cortarse un pelo. ¿Dimitir? Antes muerta que sencilla, ¿no? Ni siquiera le da vergüenza que la gente sepa que su currículo es mentira. Ella es el tono medio, el punto del nivel.

De otro tenor es el caso Montoro, el gran Montoro, ese hombre tan listo, tan vivo y tan rápido en la réplica, tan agudo y espabilado, fenómeno de las matemáticas, el titular de Hacienda, el fisco en carne y hueso, gran hermano recaudador, todopoderoso plenipotenciario. Lo que es un puto amo. El tipo viene de cargarse la instrucción del juez del Supremo sobre el 1-O para salvar su trasero de mecenas del proceso.

Que no ha habido malversación, dijo y sostiene, que la Generalitat destinó el Fondo de Liquidez Autonómica a pagar a las farmacias. Soberbio Montoro. El magistrado Pablo Llarena le ha pedido que se lo explique (El Mundo): "En la providencia dictada este miércoles, el juez acuerda lo siguiente: "Habiéndose objetado por varios de los procesados, en las declaraciones indagatorias [...], la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros, y fundado sus alegatos en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación [...], lo que contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción, requiérase al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, D. Cristóbal Ricardo Montoro Romero, a fin de que informe, a la mayor brevedad posible, sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones"".

Sigue la información: "El comunicado de Hacienda responde que "aportará al juzgado toda la documentación donde se detalla el control de la ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles". El Ministerio comienza diciendo que "valora positivamente el requerimiento del juzgado, ya que da la oportunidad a este departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña". Unas actuaciones, precisa, "que hasta ahora no se habían solicitado"".

Pero qué hábil es el ministro. Un lince. No se le escapa ni una. A él no se la dan con queso. Lleva dos años encima de los gastos de la Generalitat. ¿Cómo se le iba a escapar a él una partida para urnas?

Pues resulta que de las pruebas recopiladas por la Guardia Civil se infiere que 1.915.067,22 de euros se destinaron a propaganda y otras mandangas del referéndum. En El Español apuntan a ese informe y otros datos para titular que Montoro se tendrá que desdecir ante Llarena, pero eso habrá que verlo.

Noticias del régimen del 155. La vida de los altos cargos de la Generalitat es un infierno. La orden de Berlín es resistir hasta la última bala. De ahí que altos cargos como el secretario de Economía Pere Aragonés se hayan quedado aislados en primera línea de hostilidades. O sea, cobrando. Lo mismo les ha pasado a Juli Gendrau y Jordi Jardí, a las sazón director general de Prevención y Extinción de Incendios y director general de Administración de Seguridad. El primero fue alcalde convergente de Berga hasta el 15; el segundo lo es de Tivissa.

Cuenta el ABC que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, les ha encargado al alimón la dirección de la escuela de los Mossos en sustitución de la vacante de Annabel Marcos, la que trasegaba urnas por Amposta. Sale en Diari Oficial de la Generalitat.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha desplazado en viaje oficial a la ONU, donde su presencia ha causado honda conmoción entre el personal diplomático planetario. En Nació Digital dan cuenta de una reunión al más alto nivel y con el máximo sigilo de la barba solemne: "Segons fonts del seu equip, Torrent s’ha trobat amb Mona Rishmawi, la directora delegada de l'Alt Comissionat pels Drets Humans de l’ONU, la responsable a Suïssa quan el titular de la institució és fora en missions especials, com és el cas d’aquest dimecres. Després de la reunió, d’una hora i mitja de durada, les mateixes fonts han avançat que el president i Rishmawi han acordat mantenir els canals de comunicació oberts per actualitzar tot allò que passa a Catalunya i poder així tenir informació més acurada i puntual de com evoluciona el cas".

O sea que citando fuentes de parte cabe colegir que Torrent se reunió con alguien en funciones accidentales y estableció un canal permanente en Ginebra, lo que fue difundido al mundo por TV3 y Catalunya Ràdio en exclusiva.

De vuelta a Berlín, Puigdemont ha repartido instrucciones que han sido transmitidas por Eduard Pujol a la población. "Nos hemos ganado el derecho a gestionar los plazos", dijo el exdirector de la radio de Godó. Puigdemont vive el momento y hasta el 22 de mayo hay tiempo, mucho tiempo. ¿Quién sabe qué clase de nueve estupidez podrían cometer Montoro, Dastis, Catalá, Zoido o Méndez de Vigo?

Si la derecha está para el arrastre, la izquierda es un circo ambulante. Es el complot-chapuza de Carolina Bescansa para cepillarse a Pablo Iglesias. En Libertad Digital: ""Se ha filtrado accidentalmente el borrador. Ni siquiera había llegado a mi casa para revisarlo". Esa fue la explicación que dio este miércoles Carolina Bescansa después de que se filtrara un documento en el que proponía a Iñigo Errejón una alianza para derrocar a Pablo Iglesias. Con ese texto, filtrado de forma accidental en el canal de Telegram de Bescansa (una aplicación de mensajería en la que se puede compartir contenido), se descubrió que Errejón había propuesto a la fundadora de Podemos ser su número dos en las listas del partido para la Comunidad de Madrid. Bescansa respondió con un borrador en el que decía que, si aceptaba esta propuesta, de cara a las generales, el errejonismo tenía que apoyarla a ella como número uno de una lista contra Pablo Iglesias. Es decir, una suma del bescansismo y el errejonismo para destronar al pablismo".

Para pensar, la historia de la capitana Tammie Jo Shults (El País), que logró aterrizar un avión de pasajeros en el que había estallado un motor. El incidente se saldó con la muerte de una pasajera. "Hemos perdido parte del avión", comunicó a la torre de control antes de procedecer a la maniobra de aproximación.

19 de abril, santoral: Expedito, Geroldo y Mapálico.

Llarena responde a Montoro desvelando las pruebas del gasto de 1,9 millones públicos el 1-O
Carlos Cuesta okdiario 19 Abril 2018

El juez Pablo Llarena ha levantado el secreto sobre la pieza separada que investigaba la posible malversación de caudales públicos. El resultado es todo un mazazo para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puesto que los informes de la Guardia Civil acreditan que se destinaron al menos 1,9 millones de euros públicos a la preparación del golpe del 1-O.

En concreto, señalan los investigadores 1.915.067,22 euros fueron malversados por los responsables del golpe separatista en Cataluña. Lo que deja en evidencia a Montoro, que en una entrevista en el diario El Mundo aseguró que “yo no sé con qué dinero se pagaron las urnas de los chinos del 1-O, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público“.

El importe total es el resultado de la suma de los informes que ya figuran en los atestados de la causa. La Guardia Civil ha confirmado sus importes y ha certificado que, efectivamente, corresponden a fondos públicos malversados por el Govern.

La campaña de publicidad del 1-O
En uno de esos informes, la Guardia Civil afirma literalmente que “a la vista de todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que la campaña de civismo que el Departamento de Presidencia financia a través de un crédito solicitado al Departamento de Vicepresidencia […] con un presupuesto de 3.430.000 euros podría tratarse de la campaña del referéndum del 1 de octubre”.

El documento de la Guardia Civil destaca en su explicación que “finalmente la campaña no fue adjudicada a ninguna empresa y se declaró desierta”. Pese a lo cual “ésta se llevo a cabo de forma parcial”. Es más, se hizo, según los investigadores, sin adjudicación abierta. La Guardia Civil sostiene que se trata, de hecho, de una de las campañas más famosas del referéndum ilegal: se hizo “a través del anuncio de las vías en diversos medios tales como TV3, algunos medios de prensa escrita y digital”.

El nuevo informe de la Guardia Civil revela ya las cifras parciales de éste y otros gastos y suma un montante de 1.915.067, 22 euros malversados de fondos públicos.

Este mismo miércoles, el juez Pablo Llarena había requerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que le informara a la mayor brevedad posible sobre los datos concretos en los que basó sus palabras afirmando que tenía la certeza de que no había gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña.

En una entrevista publicada este lunes en El Mundo, Montoro indicaba que no sabía “con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”.

Según el magistrado Llarena, la afirmación de Montoro “contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa”.

Por ello, Llarena había decidido requerir al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”.

VOX pide el “cese fulminante” de Montoro
El partido VOX, que ejerce la acusación particular en la causa contra el golpe independentista que se instruye en el Tribunal Supremo, ha pedido la “inmediata dimisión o cese fulminante del ministro de Hacienda por haber faltado a la verdad y haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas”.

La declaraciones de Montoro supusieron un varapalo para la causa que se sigue en el Supremo contra el secesionismo catalán. Y es que, por ejemplo, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull han citado este miércoles pasado las declaraciones de Montoro en sus defensas argumentases para mantener que no hubo malversación en el proceso independentista..

Además, las implicaciones con respecto al ex president eran dobles. Por un lado, tras descartarse la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión –aunque en las últimas horas la justicia alemana no descarta esta posibilidad– ya sólo faltaba demostrar que había existido delito de malversación. Las declaraciones de Montoro desmontaban toda la argumentación de la Euroorden cursada por el juez Llarena que llevó a la detención de Puigdemont en tierras germanas.

Ahora le toca a Montoro, como ha prometido este miércoles, enviar al juez del Tribunal Supremo toda la documentación que avale su tesis de que no se empleó ni un solo euro en el golpe independentistas. Por el momento, Llarena ha movido ficha y la pieza secreta muestra que, al menos, 1,9 millones de euros sí se destinaron de los fondos procedentes del FLA a la financiación y ejecución del golpe separatista.

El 'procés' ante la justicia
La investigación de Llarena acredita una malversación de casi 2 millones de euros en el ‘procés’
REPÚBLICA  19 Abril 2018

La investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el uso de fondos públicos en el 'procés' catalán acredita una malversación de 1.915.067, 22 euros, según se desprende de los informes de la Guardia Civil tras levantarse el secreto de la pieza de la investigación. Así lo ha informado después de la medianoche VOX, personado como acusación popular en el procedimiento que instruye el magistrado del TS contra los presuntos responsables de rebelión y malversación por el 'procés' soberanista en Cataluña.

Según el mismo informe de la Guardia Civil, se pudo utilizar dinero de las subvenciones concedidas al grupo parlamentario Junts pel Sí (JxS) para sufragar gastos de promoción del referéndum del 1 de octubre. En concreto, los investigadores han identificado un pago total de 17.690 euros por el contrato de la cesión del espacio del Teatre Nacional de Catalunya, firmado por Jordi Turull -encarcelado el pasado 23 de marzo-,en calidad de presidente del Grupo Parlamentario Junts pel Si, para un acto celebrado el pasado 4 de julio que tenía como objeto difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del ‘Sí’ en el referéndum.

Un par de semanas después de aquél acto, la Guardia Civil acudió al teatro para requerir documentación por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investigaba los preparativos de la consulta en la causa que abrió por las conferencias del exsenador de Esquerra Repubicana Santi Vidal quien, entre otras cosas, desveló la existencia de partidas presupuestarias encubiertas para los fines secesionistas.

En cualquier caso y ante la “gravedad de lo constatado” en las investigaciones de la Guardia Civil, el partido liderado por Santiago Abascal ha reclamado la “inmediata” dimisión o el “cese fulminante” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el pasado lunes aseguró en una entrevista a ‘El Mundo’ que el ‘procés’ no se habría financiado con dinero público. Según señala VOX, el titular de Hacienda ha “faltado a la verdad” y ha causado “un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas”, a la vez que “ha perjudicado igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania”.

El partido ya había pedido este miércoles la dimisión del titular de la cartera de Hacienda si quedaba acreditado que el independentismo catalán había utilizado dinero de las arcas públicas para financiar sus intereses.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que enviará a Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.

TRAS SUS DECLARACIONES
El Supremo insiste en la malversación y exige explicaciones a Montoro
La Gaceta  19 Abril 2018

Llarena recuerda los informes de la Guardia Civil que aseguran que la Generalitat, a través de cinco consejerías diferentes, gastó más de 1,6 millones de euros en preparar el referéndum ilegal.

El juez del caso del “procès” en el Supremo, Pablo Llarena, ha pedido por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique “a la mayor brevedad posible” por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

En una providencia, el magistrado explica su decisión en que varios procesados han declarado ante él que Montoro expresó “su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017?.

Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo el citado referéndum.

El ministro de Hacienda, cuyo departamento ejerce de acusación particular en este sumario por el posible mal uso de fondos, negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público.

Llarena emplaza al ministro a que le remita con la mayor brevedad posible el “soporte objetivo concreto” de sus declaraciones al citado diario en las que se han apoyado los comparecientes para afirmar que no existe tal malversación.

Y recuerda que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión. De hecho, según un informe de la Guardia Civil, la Generalitat malversó al menos 1.602.001,57 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum.

El pasado 20 de marzo, Llarena encargó a la Guardia Civil “la aportación de los documentos y demás elementos objetivos” que dan soporte” a ese informe sobre “gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia”. También declaró secreta esa parte de la causa durante un mes.

Montoro ha obstaculizado con sus declaraciones la posible entrega de Puigdemont por malversación, una vez que la Justicia alemana ha descartado la rebelión.

Llarena sigue atacando a Montoro y levanta el secreto de sumario: dos millones malversados en el 'procés'
El juez del TS sigue implacable contra el ministro de Hacienda: levanta el secreto de sumario de la malversación y las cifras contradicen a Montoro.
Agencias Libertad Digital 19 Abril 2018

La investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el uso de fondos públicos en el procés catalán acredita una malversación de 1.915.067, 22 euros, según se desprende de los informes de la Guardia Civil tras levantarse el secreto de la pieza de la investigación.

Así lo ha informado después de la medianoche VOX, personado como acusación popular en el procedimiento que instruye el magistrado del TS contra los presuntos responsables de rebelión y malversación por el procés soberanista en Cataluña.

Ante la "gravedad de lo constatado", el partido liderado por Santiago Abascal ha reclamado la "inmediata" dimisión o el "cese fulminante" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el pasado lunes aseguró en una entrevista a El Mundo que el procés no se habría financiado con dinero público.

Según señala VOX, el titular de Hacienda ha "faltado a la verdad" y ha causado "un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas", a la vez que "ha perjudicado igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania".

El partido ya había pedido este miércoles la dimisión del titular de la cartera de Hacienda si quedaba acreditado que el independentismo catalán había utilizado dinero de las arcas públicas para financiar sus intereses.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que enviará a Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalidad de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.

El TS se indigna con Montoro: “Erosiona la credibilidad de la justicia española frente a Alemania”
Miguel Ángel Pérez okdiario 19 Abril 2018

El Tribunal Supremo ha recibido con indignación las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que aseguraba que no se había destinado dinero público para el proceso independentista catalán. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, en el Alto Tribunal consideran que sus palabras “erosionan la credibilidad y la fiabilidad de la justicia española frente a Alemania”.

En una entrevista publicada este lunes en El Mundo, Montoro indicaba que no sabía “con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”.

Estas mismas fuentes sostienen que las palabras de Montoro “no son correctas” ya que el caso se encuentra “en fase de investigación”. En la actualidad, el Supremo está a la espera de que la justicia germana responda sobre la Orden Europea de Detención y Entrega OEDE contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de malversación. “El proceso penal no necesita la ayuda de Montoro para construir un argumento inculpatorio y para realizar las pesquisas” añaden.

El propio Llarena requería al ministro de Hacienda este miércoles que le informe “a la mayor brevedad posible” sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña. Según el magistrado, la afirmación de Montoro “contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa”.

El tribunal alemán de Schleswig-Holstein descartaba recientemente la entrega de Puigdemont por el delito de rebelión al considerar que no existió “violencia suficiente”. En la actualidad, la Fiscalía española y alemana tratan de que este tribunal reconsidere su criterio inicial.

Las palabras del titular de Hacienda eran empleadas el mismo lunes por el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, cuando el magistrado del Tribunal Supremo le comunicó su procesamiento por rebelión y malversación. Junqueras aseguró al juez que “no se ha dedicado un sólo euro del presupuesto al proceso”.

La misma argumentación era aprovechada por los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull que recordaban las declaraciones de Montoro para afirmar que no existió malversación de fondos públicos en el proceso independentista catalán.

Por su parte, la acusación popular que ejerce VOX ha afirmado que cuando se acredite la malversación de fondos públicos en el proceso independentista, Montoro “tendrá que dimitir”.

El Supremo rebate a la justicia alemana
Mientras tanto, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictado este martes un auto en el que ratificaba la existencia de indicios de delito de rebelión en las personas que dirigieron el ‘procés’ de Cataluña entre los años 2015 y 2017, y rebatía los argumentos del tribunal alemán que está estudiando la euroorden dictada contra Carles Puigdemont.

Los magistrados estiman que “no es razonable, como hacen (los jueces alemanes), comparar el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea con las revueltas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Francfourt”.

“En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”, añadía el auto.

La Sala analizaba la naturaleza del delito de rebelión, que está regulado en los Delitos contra la Constitución, y afirmaba que “en este caso parece que, cuando menos indiciariamente, se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial de la Nación española (artículos 1 y 2 de Constitución”.

Del varapalo del Supremo al Tribunal alemán al desastre Montoro
José Oneto republica 19 Abril 2018

El Tribunal de la Audiencia de Schleswig-Holstein, en el Norte de Alemania, que ha negado que haya habido violencia en el “procés” catalán por lo que cree que no puede entregarse a España al expresidente Carles Puigdemont para que sea juzgado por delito de Rebelión, y que tiene sus dudas sobre una malversación de caudales públicos, ha recibido con sorpresa el auto del Tribunal Supremo de España en el que le da un auténtico varapalo jurídico a los tres jueces del Tribunal, a los que jurídicamente no parece tener hacia ellos la mínima consideración.

Todos los medios, como era de esperar, ponen el acento en que la Justicia española apunta a la “falta de rigor” del Tribunal que liberó a Puigdemont. Aprovechando la respuesta al recurso de Jordi Sánchez que no ha sido autorizado a salir de prisión para ser investido Presidente por el Parlamento catalán, los jueces del Tribunal Supremo dicen que si la instancia alemana hubiese “utilizado un material probatorio adecuado y hubiesen examinado tranquilamente el conjunto de actos procesales, el resultado seri´a muy diferente”.

Entre ese auto del Supremo que no se sabe qué efecto puede producir en los jueces de la Audiencia de Schleswig-Holstein y las desafortunadas declaraciones del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro insistiendo en que ningún euro ha salido de los fondos de la Generalitat para pagar las urnas y el Referéndum del 1-O, la euroorden se puede complicar aún más de lo que está. Este Jueves el juez Llarena ha dictado una providencia para que el Ministro explique en qué se basa para defender esa tesis, que va a ser utilizada por los jueces alemanes para librar también a Puigdemont del delito de malversación de fondos públicos.

El principal argumento del Tribunal Supremo contra el Tribunal alemán va dirigido a desmontar la comparación del proceso soberanista español con algo tan pintoresco con las revueltas organizadas por grupos radicales contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. “En nuestro caso, responde el Supremo a través de un auto muy duro, no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que, después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”.

Dice el Supremo que no se trata de una “REBELION de una muchedumbre de personas, más o menos organizada contra el Estado español para tomar sus centros de poder”, sino que las personas que llevaron la iniciativa en la ejecución de los presuntos hechos delictivos eran “sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma”, que pese a todas las advertencias de los tribunales y de las autoridades gubernativas, esos “protagonistas del procés prosiguieron con su hoja de ruta e indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente”. El resultado fue que, como era “totalmente previsible e inevitable”, hubo violencia y más de cien enfrentamientos físicos entre personas que fueron a votar” en un Referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal hace referencia a lo que pasaría en un lander alemán si se ese proceso de violencia que ha vivido Cataluña se hubiese producido en Alemania. Han sido precisamente algunos medios de comunicación de Berlín los que han hecho esa comparación, especialmente la televisión pública alemana para el exterior Deutsche Welle que califica la sentencia de Schleswig-Holstein de “devastadora”.

“Queridos separatistas en todas partes de Alemania que, hasta ahora, habían estado escondidos: ¡atrévanse! ¡Tomen a Puigdemont como ejemplo!”, dice el comentario. “Una Baviera independiente, Hamburgo o algu´n otro estado siempre valdra´ la pena. En cualquier caso, tienen poco que temer del poder judicial alemán. Y ustedes, los separatistas de otros países europeos, del Tirol del Sur, de Córcega o de cualquier otro lugar, ¡inténtenlo! Si las cosas van mal, solo tienes que llegar a Alemania. ¡Alemania es tu refugio seguro!”.

SEGÚN LA GUARDIA CIVIL
VOX pide la dimisión de Montoro: la Generalitat malversó 1.915.067,22 euros
La Gaceta  19 Abril 2018

VOX, personado como acusación popular en el proceso que se instruye contra los presuntos responsables del proceso independentista catalán, afirma que esta conclusión “deja en evidencia lo manifestado por el ministro (Cristóbal) Montoro“.

El informe que el juez del “procés” en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encargó a la Guardia Civil revela que la Generalitat malversó 1.915.067,22 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017.

El partido VOX lo afirma así en su cuenta de Twitter, donde esta madrugada ha publicado que Llarena “acaba de levantar el secreto de la pieza separada de investigación de la posible malversación de caudales públicos acreditándose en la misma, según informe de la Guardia Civil, de la cantidad de 1.915.067,22 euros malversados”.

VOX, personado como acusación popular en el proceso que se instruye contra los presuntos responsables del proceso independentista catalán, afirma que esta conclusión “deja en evidencia lo manifestado por el ministro (Cristóbal) Montoro“.

El titular de Hacienda negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público, lo que ha llevado este miércoles a Llarena a pedirle por escrito que explique “a la mayor brevedad posible” sus afirmaciones, al considerar que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión.

Ante estos hechos, VOX ha solicitado “la inmediata dimisión/cese del ministro de Hacienda por haber faltado a la verdad y haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas, perjudicando igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania”.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, por su parte, se ha comprometido este miércoles a aportar al juez Llarena toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria.

En un comunicado, Hacienda ha asegurado que ve “positivamente” la providencia del juez porque da la oportunidad a ese departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.

Javier Ortega: "Se confirma la complicidad del Gobierno con quienes han querido destruir España"
El abogado de Vox ha explicado algunos detalles del sumario por malversación en Es la Mañana de Federico y como éste apunta directamente al Gobierno.
esRadio Libertad Digital 19 Abril 2018

El abogado de la formación política que está ejerciendo la acusación particular en el proceso del Tribunal Supremo contra el golpe separatista ha explicado algunos detalles del auto sobre la pieza de la malversación sobre la que el juez Llarena ha levantado el secreto de sumario pasada la medianoche de este miércoles.

Javier Ortega ha sido muy duro con la actuación de Rajoy y sus ministros: "Nos duele decirlo, pero se confirma lo que sospechábamos: la complicidad del Gobierno con quienes han querido destruir España", ha dicho.

Ortega ha comentado que él y su equipo han pasado "toda la noche analizando la información" y que en esta "se constata que cerca de dos millones de euros han sido malversados" para dedicarlos al proceso separatista, y que hay varias partidas en las que esto se ha podido demostrar, por ejemplo que "Ómnium Cultural fue usada como una sociedad intermedia para ocultar un gasto de 60.000 euros" o que "Diplocat gastó más de 170.000 euros en propaganda y otros 40.000 en el pago a unos observadores internacionales" o que incluso "Turull utilizó el grupo parlamentario de Junts pel Sí para contratar por 17.000 euros del teatro nacional de Cataluña para un gasto electoral".

La conclusión es clara e inequívoca, según el de Vox: "Hay un delito agravado de malversación de caudales públicos y por eso pedimos el ceso o en su caso la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".

De hecho, y como prueba de la connivencia del Gobierno con los intentos de ocultación de lo ocurrido Ortega ha recordado que "desde el juzgado de instrucción 13 de Barcelona se ha pedido cuatro veces a la Consejería de Hacienda que se entregase información y ésta se ha negado las cuatro, es evidente que había instrucciones desde el ministerio de Hacienda".

Por último, Ortega ha asegurado que, como acusación particular esperarán a ver el informe que este miércoles se comprometió a presentar Hacienda, pero que "si no nos convence el informe pediremos que comparezca Montoro".

Miedo y vergüenza, los dos silencios de Alsasua
El juicio a los ocho jóvenes acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas se vive con intensidad en el corazón del pueblo navarro
Pablo Ojer ABC 19 Abril 2018

La tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra los ocho jóvenes que agredieron a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua se inició ayer con la declaración de una camarera y el dueño de la taberna Koxka, el lugar en el que se inició todo. A media mañana, una empleada salía de la cocina de la taberna Koxka y comprobaba que en la televisión se desarrollaba una tertulia sobre el transcurso del juicio. «¿Todavía siguen hablando de esto?», lanzó a las seis personas que a esa hora tomaban sus consumiciones. Tan sólo este periodista estaba atento a la pantalla de televisión. El resto hablaba con su acompañante, miraba por la ventana o se concentraba en el pincho que comía. A los pocos minutos, entró una clienta habitual. Observó la televisión. «¿Pero esto qué es, un monólogo?».

Unos minutos antes, y a unos cientos de metros de distancia, los padres de una de las chicas agredidas conversan con uno de los dos clientes que están en su establecimiento. «No vamos a hacer declaraciones. Bastante tensión hay ya», afirmaba la madre confirmando lo que el víspera había declarado la madre de uno de los guardias civiles, Inmaculada Fuentes: «es una tierra en la que aún hay miedo».

Dos silencios distintos
Son dos formas diferentes de afrontar unos sucesos que ha puesto a una localidad de 7.500 habitantes en el centro de atención de todo un país. Uno es fruto del miedo. El bar que regentan ha visto menguar la clientela, han sido increpados y han recibido amenazas. El otro silencio prefiere pasar página cuanto antes. Su bar no se encuentra entre los considerados «abertzales». De hecho, buena parte de los que rodearon la agresión procedían del bar que se encuentra enfrente, mucho más politizado. Sin embargo, ha quedado en la memoria como la «agresión del Koxka».

Pero en el resto de vecinos de Alsasua también impera el silencio. Ayer era día de mercadillo y muchos alsasuarras acudieron a la plaza Baratzako Bide para realizar sus compras, ropa y alimentos, sobre todo. Una señora le cuenta a otra su visita al médico. Muchos vecinos comentan el calor que ha llegado de pronto. «A las ocho de la mañana estábamos ya a 12 grados», informaba un hombre a un conocido. Pero si una persona que no es del pueblo pregunta cómo está viviendo el pueblo el juicio llega el silencio. A lo sumo se escapa un escueto «mal». Un «deberían juzgarlos en Pamplona» en referencia a que no debería considerarse un acto de terrorismo, es lo más que los más habladores consiguen decir.

«De puertas para adentro, todos opinarán. Pero de puertas para afuera, no te enterarás de lo que piensan», explica el único vecino que aporta más de una frase. Todavía impera el «Ley del Silencio» que se estableció durante el terrorismo de ETA. Se ha quedado en la habitualidad de la sociedad.

Tampoco hay demasiadas referencias a lo sucedido en las paredes de la localidad navarra. Tan sólo el rostro de los tres jóvenes que continúan encarcelados a raíz de la agresión, Oihan Arnanz, Adur Ramírez y Jokin Unanumo en la plaza de los Fueros, centro neurálgico de Alsasua. Otros cinco acusados para los que se pide entre 12 y 62 años de cárcel permanecen en libertad.

Aunque en decenas de balcones de la localidad y en algunos comercios se extiende la banderola de «Utzi Altsasu Bakean» («Dejad Alsasua en paz», en euskera). «La crítica a la proporcionalidad y la imagen trasladada de Altsasu ha unido a la mayoría de los vecinos», aseguraba el alcalde, Javier Ollo, en declaraciones a una emisora de radio. El mismo alcalde no quiso recibir a este periódico para dar su versión de cómo vive Alsasua el juicio.

Precisamente en la valla que bordea la plaza donde se ubica el Ayuntamiento un cartel señala los días que llevan encarcelados Adur, Jokin y Oihan, los kilómetros que han recorrido sus familias para visitarlos y el dinero que supuestamente se han gastado.

Prioridad del Ayuntamiento
Ese empeño de las instituciones oficiales en los jóvenes acusados ha sido muy criticado en los últimos días en Navarra. «Durante meses las instituciones públicas navarra se han puesto de lado de los agresores. Han intentado presionar al poder judicial y han restado importancia a la gravedad de los hechos. No han mostrado el menor signo de solidaridad con las víctimas», afirmaba el filósofo Fernando Savater en una concentración celebrada el martes en Pamplona en apoyo a los dos guardias civiles y sus parejas. Tampoco el Ayuntamiento de Alsasua se ha interesado por los agredidos, a pesar de que son tan vecinos del pueblo como los agresores.

En distintas declaraciones aprobadas por el consistorio navarro no se condenaban los hechos del 15 de octubre de 2016. Tan sólo se limitaban a «rechazarlos» para, a continuación pedir la excarcelación de los acusados.

El pasado sábado, tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento y el alcalde de Alsasua estuvieron presentes en la manifestación celebrada en Pamplona en la que se pedía que la agresión no tuviera la consideración de terrorista. Sin embargo, el martes no hicieron acto de presencia en la concentración convocada por asociaciones de víctimas del terrorismo a la que acudieron 2.500 personas según la Delegación del Gobierno y 4.000 según los organizadores.

‘EL AMBIENTE ALLÍ ES MUY TENSO’
Policías forales sobre Alsasua: ‘Fueron apaleados por ser guardias civiles’
La Gaceta  19 Abril 2018

Los dos policías forales que acudieron en ayuda de los guardias civiles agredidos en Alsasua (Navarra) han afirmado que recibieron una “paliza” por su condición de miembros del instituto armado, ya que nadie más denunció lesiones y la gente allí congregada sabía que eran agentes.

En la tercera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra ocho presuntos agresores de los guardias civiles, que se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de cárcel, han declarado también el propietario y una camarera del bar donde ocurrieron los hechos, que han negado haber visto el incidente.

Los agentes autonómicos que fueron al lugar han relatado el “ambiente” que viven en Alsasua en el día a día. “Cada vez que nos toca actuar allí acabamos teniendo que salir rápido, porque enseguida empiezan los gritos y los insultos”, ha explicado uno de ellos, que ha añadido que esa noche “había gente que claramente te miraban con asco, como muchas veces”.

Han coincidido en la madrugada del 15 de octubre de 2016 que se encontraron con unas 40 personas fuera del bar Koxka en un ambiente muy tenso y que los únicos heridos que allí había eran los guardias civiles porque “nadie “solicitó ningún tipo de parte de lesiones ni se puso ningún tipo de denuncia por ser agredido”. “Vi claramente que fue una paliza y ya está”, ha dicho uno categórico.

Tendido en el suelo se encontraron al teniente de la Guardia Civil, con la cabeza en el regazo de su novia, con sangre en la boca, bastante aturdido y con mucho dolor en la pierna. También estaba el sargento, llorando y vestido con una camisa blanca manchada con numerosas huellas de zapatos.

Desde que llegaron al bar el ambiente era “hostil”, según su testimonio, y escucharon frases recriminándoles que entraran “en el juego de la Guardia Civil” y otras como: “¿Por qué no detenéis al sargento?” o “Vosotros sois de aquí, no os pongáis de su lado”.

Los dos temieron por su integridad física, por lo que pidieron refuerzos que tardaron una “eternidad”, e intentaron que no se produjera “ninguna chispa” a la vez que trataban de identificar a los agresores.

Al primero que identificaron con la ayuda de los guardias civiles fue a Jokin Unamuno, al que arrestaron en medio de una gran tensión con muchas personas grabando con sus móviles (nadie ha facilitado ninguna grabación) mientras los agentes recibían empujones y burlas.

Consiguieron meterle en el coche al tiempo que otro acusado, Ohian Arnanz, amenazaba a uno de los agentes con el puño en alto y luego una chica (que está siendo investigada por un juzgado de menores) abrió la puerta del vehículo policial y lo liberó. “Ni se me ocurre que alguien me puede sacar a alguien del coche, nunca me había pasado”, ha enfatizado uno de los agentes.

Mientras, el policía foral instructor de uno de los atestados sobre la investigación de los hechos se ha ratificado en el informe que elaboraron y ha aseverado que “sin ninguna duda” la agresión se produjo por la condición de guardias civiles de las víctimas.

Además, ha confirmado el cruce de llamadas entre Unamuno y otro acusado, Adur Ramírez, entre el momento en el que las víctimas entraron el bar Koxka y la agresión, con lo que se pretende probar que la acción fue planificada.

Un policía foral antidisturbios que acudió de refuerzo a los veinte minutos ha confirmado que muchos grabaron la escena con los móviles, que estaban bebidos y “bastante agresivos verbalmente y desobedientes”.

Ha precisado que, a pesar de que él preguntó, nadie le contó lo que allí había pasado, ni acusaron al teniente y al sargento. “Nadie me aportó nada”. La Guardia Civil, que llegó al mismo tiempo que ellos, no actuó en el lugar ni después en la comisaría, donde también se agrupó gente en apoyo de los dos detenidos, ha indicado.

La versión que han dado hoy los policías forales y ayer los guardias civiles agredidos contrasta con la del dueño y una camarera del Koxka, que hoy han afirmado ante el tribunal que no notaron ambiente tenso dentro del bar (donde comenzó la agresión) ni tampoco un tumulto de gente fuera.

La camarera ha relatado que no se enteró “absolutísimamente de nada” y que fuera vio la camisa blanca del sargento limpia, mientras que el dueño del bar ha indicado que, si bien le dejó su abrigo al teniente herido en el suelo, no supo por qué se había producido el altercado y ni siquiera habló del tema luego con los acusados que siguen yendo a su bar.

TRAS LAS INFORMACIONES DE 'OKDIARIO'
Las víctimas recogen firmas para exigir a la UPV los falsos exámenes de 76 presos de ETA
Segundo Sanz okdiario 19 Abril 2018

Las víctimas del terrorismo han lanzado este jueves en la plataforma change.org una recogida de firmas para instar a la Universidad del País Vasco (UPV) a que muestre las actas y los falsos exámenes con los que 76 presos de la banda terrorista ETA pudieron acceder a estudios superiores y acogerse así a beneficios penitenciarios. Esta iniciativa llega tras las revelaciones de OKDIARIO en estos últimos días sobre un caso que permanece archivado en la Audiencia Nacional. Fue el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez -hermana del dirigente del PP de Guipúzcoa Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995-, el que llevó este asunto a los tribunales.

La UPV nunca entregó a la Guardia Civil las actas de los exámenes que supuestamente realizaron esos 76 presos etarras para superar la Selectividad o acceder a la formación universitaria a través del curso para mayores de 25 años. Además, la institución académica señaló a los investigadores de la Jefatura de Información del Instituto Armado que no guarda copia de esas pruebas con las que los reclusos pudieron matricularse en la Universidad y optar a beneficios en el cumplimiento de sus penas.

Desde hace 30 años, según denuncian las víctimas, la Universidad del País Vasco “ha estado relacionada con el ‘frente de cárceles’ de la organización terrorista ETA, a través de los estudios de los terroristas encarcelados. La UPV siempre se ha refugiado en el argumento de la reinserción social de los presos terroristas de ETA utilizando eufemismos como ‘alumnos en régimen especial’o auténticas barbaridades como que la ‘UPV estará prestando un buen servicio a la sociedad’, en referencia al convenio que la universidad vasca firmó con el Centro Asociado de la UNED en Vergara en 1988?.

Dicho convenio, señalan las víctimas, solamente está firmado por el rector de la Universidad del País Vasco y el vicerrector del Campus de Guipúzcoa y no aparece “ninguna firma del representante o representantes del Centro Asociado de la UNED de Vergara”. Este documento, que para los denunciantes es la “piedra angular de todo el tinglado que se montó a posteriori”, carece por tanto de validez, apuntan. “Estos errores no son fruto de la ignorancia en la elaboración de un convenio sino de una estrategia”, critican.
Una persona ajena al tribunal

Las víctimas recuerdan que los documentos que aportó la UPV a instancia del juez se limitaron a un listado de cada uno de los 76 presos donde además del nombre, apellidos y DNI, consta el certificado de acceso a la Universidad en las distintas modalidades. Sin embargo, los denunciantes subrayan que lo que realmente pidió el instructor a la institución académica fueron las actas de los exámenes. Es decir, en cada caso el documento original firmado por los miembros del tribunal examinador y “no un listado o certificado emitido por una persona ajena al tribunal calificador como es el secretario general de la UPV”.

SEGÚN LA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
La Universidad del País Vasco alegó un convenio inexistente con la UNED para examinar a 26 presos etarras
Segundo Sanz okdiario 19 Abril 2018

La Universidad del País Vasco (UPV) esgrimió un convenio con la UNED que no existía para examinar a 26 presos de ETA que accedieron a estudios superiores mediante el curso para mayores de 25 años. Según consta en la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil a instancia de la Audiencia Nacional, la UPV alegó en 2016 a requerimiento del Instituto Armado que “26 de los 64 presos que habrían realizado” estas pruebas lo habrían hecho “en fechas anteriores al año de la supuesta firma” del convenio suscrito entre dicha Universidad y la UNED.

Ese convenio, que habría sido firmado en 1988 (si bien “la fecha no consta en el documento”, precisa la Guardia Civil), dice que la UPV contrató los “servicios del Centro Asociado de la UNED sito en Bergara (Guipúzcoa)” para examinar a los internos en prisión. No obstante, los investigadores subrayan que “los elaboradores del presente informe desconocen la validez legal de dicho documento a los efectos de realización de exámenes e impartición de cursos en Centros Penitenciarios españoles”.

Este informe, consultado por OKDIARIO, fue remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, pero la magistrada Carmen Lamela terminó archivando las pesquisas. La denuncia fue presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) que preside Consuelo Ordóñez, hermana del dirigente del PP de Guipúzcoa Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995. En concreto, tras tener acceso a registros electrónicos de la UPV, Covite llevó a la Audiencia Nacional los casos de 76 presos etarras superaron la Selectividad o accedieron a la formación universitaria con curso para mayores de 25 años tras aprobar supuestamente unos exámenes fraudulentos. Un vez matriculados, los recursos pudieron obtener beneficios penitenciarios.

Tal y como ha revelado OKDIARIO de fuentes conocedoras de la investigación, la UPV nunca entregó a la Guardia Civil las actas de esos exámenes. La juez Lamela archivó la causa sin que dicha documentación clave fuese aportada por la UPV en la diligencias efectuadas por el Instituto Armado. Es más, la Universidad se excusa en que “no guarda copia” de tales pruebas, como ha informado también este diario.

Igualmente, además de esos 26 reclusos de ETA que fueron examinados en base a un convenio fantasma, la Guarda Civil indica que otros seis presos aprobaron tales pruebas cuando se “encontraban en prisión en Francia, no en España, y por tanto fuera del ámbito territorial de aplicación del citado Convenio”. Entre esos 26 miembros de la banda terrorista aparecen Inés del Río, Domingo Troitiño, Cándido Aspiazu, Joseba Artola Ibarretxe o José Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’.

De otro lado, los seis reclusos en centros penitenciarios en Francia en el momento de esa presunta realización del examen fueron Miguel Ángel Gil Cervera, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Iñaki Lizundia Álvarez, Teodoro Meabe Derteano, Francisco Múgica Garmendia, alias ‘Pakito’, e Idoia López Riaño, alias ‘Tigresa’.
Sin datos académicos

Por su parte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) comunicó al citado Juzgado Central de la Audiencia Nacional que “en sus archivos no figuraba documentación de naturaleza académica de alumnos
internos en centros penitenciarios y que la labor del centro asociado UNED-Bergara se concretaba en la intermediación para hacer llegar los materiales docentes a cada centro penitenciario”.

Desde Covite denuncian que el modus operandi del ‘frente de cárceles’ de ETA era movilizarse para que estos presos fueran matriculados en dichas universidades nada más entrar en prisión con el fin de acogerse a beneficios penitenciarios.

El Ministerio del Interior nombra a dos independentistas para dirigir «temporalmente» la academia de los Mossos d'Esquadra
Gendrau y Jardí sustituyen en sus funciones a la cesada Annabel Marcos, que colaboró en la organización del 1-O
Zoido firma la orden que publica hoy el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
D. TERCERO. BARCELONA. ABC 19 Abril 2018

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha encargado «temporalmente» al responsable político de los Bomberos, Juli Gendrau Farguell, y al responsable de Administración de Seguridad, Jordi Jardí Pinyol, las tareas de la Dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, tras la destitución de Annabel Marcos.

Marcos fue destituida a primeros de este mes, después de conocerse que la directora encargada de coordinar las escuelas de seguridad de la Generalitat (Mossos d'Esquadra y Bomberos, principalmente) colaboró en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre transportando urnas en su vehículo.

Esta destitución por parte del Ministerio del Interior fue posible gracias a la aplicación de la medidas correspondientes al artículo 155 de la Constitución, que el Senado autorizó al Gobierno de España en octubre de 2017.

Sustituciones «temporales»
Gendrau, actual director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, se encargará de «las funciones correspondientes a la dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en el ámbito de la Escuela de Bomberos y Protección Civil de Cataluña, de la Subdirección General de Administración y Apoyo Académico y del Servicio de Selección, Evaluación y Seguimiento», así como de las decisiones que sean de «carácter transversal».

Por su parte, Jardí, actual director general de Administración de Seguridad, será el responsable de «las funciones correspondientes a la dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en el ámbito de la Escuela de Policía de Cataluña y de la Subdirección General de Formación Universitaria, Investigación y Gestión del Conocimiento».

Estas suplencias «temporales», tal y como figuran en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) de este miércoles, están firmadas por el ministro del Interior el pasado 10 de abril, solo seis días después de hacerse pública la destitución de Marcos por colaborar en un acto que el Tribunal Constitucional había suspendido y los distintos Cuerpos policiales actuaban bajo mandato judicial.

Gendrau y Jardí, activistas independentistas
Se da la circunstancia, sin embargo, que los sustitutos de Marcos tienen un currículum político claramente marcado por el activismo secesionista. Además, Gendrau y Jardí conocen a la perfección la importancia del activismo a nivel local y ambos han sido dirigentes de CiU en sus municipios, y ahora del PDECat.

Gendrau fue alcalde de Berga (Barcelona) entre 2007 y 2015. Durante su mandato, el Ayuntamiento se declaró «moralmente excluido del ámbito de la Constitución» (2010) y declaró al Rey Juan Carlos I persona no grata (2012), aunque en su opinión hubiera extendido esta decisión «a toda la familia real» y no solo al Rey.

Fue ya durante los mandatos de Gendrau que la bandera «estelada» empezó a figurar en el edificio consistorial con regularidad. El testigo de este lo cogió Montserrat Venturós (CUP), quien tuvo que ser detenida por los Mossos d'Esquadra para declarar ante el juez que investigaba, precisamente, la irregularidad de que la bandera indepedentista figure en el edificio del Ayuntamiento.

Por otro lado, Jardí es alcalde de Tivissa (Tarragona) desde 2003, cargo que compagina con el de responsable de la Administración de Seguridad, y su municipio está adherido a la Associació de Municipis per la Independència (AMI), una de las entidades investigadas judicialmente por llevar a cabo el referéndum independentista del 1-O. Entre 2011 y 2015, Jardí también fue presidente del Consejo Comarcal de la Ribera del Ebro (Tarragona), institución que igualmente forma parte de la AMI.

EL INSTITUTO LE APARTA DE LA MATERIA de historia
Purgan al presidente de Profesores por el Bilingüismo entre pancartas de 'fascista'
El director del IES Joan Boscà le comunicó que no estará más al frente de la asignatura de Historia. De momento, queda relegado a preparar "materiales complementarios"
Paloma Esteban elconfidencial 19 Abril 2018

La aplicación del artículo 155 en Cataluña y, como consecuencia, la intervención en competencias clave como la educativa no están provocando grandes cambios en el día a día de los ciudadanos. Así lo afirman sindicatos y asociaciones de profesores con ejemplos muy recientes, como las oposiciones a enseñanza secundaria celebradas el pasado sábado (que permiten a los docentes catalanes presentarse en abril y hacerlo también en junio en otra de las comunidades autónomas que las convoquen, en detrimento de los castellanohablantes, a los que el requisito lingüístico les cierra las puertas en Cataluña), y también entidades cívicas de oposición al nacionalismo como Profesores por el Bilingüismo, que lleva tiempo denunciando campañas de acoso hacia sus integrantes por combatir el “adoctrinamiento” en las aulas, y que demandan el inminente apoyo y protección por parte del Gobierno central para evitar que se “machaque” a los profesores.

El último episodio ha vuelto a suceder en el emblemático IES Joan Boscà de Barcelona —situado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, junto al barrio de Pedralbes—, en donde el presidente de Profesores por el Bilingüismo, Francisco Oya, imparte clases de Historia de España al curso de Segundo de Bachillerato. O más bien impartía. Hace dos días, el director del centro, que defiende y permite la existencia de consignas partidistas y a favor de la independencia en los espacios comunes del instituto, comunicó a Oya el relevo oficial de sus funciones en favor de otro profesor y su ‘cese’ en lo que se refiere a dar la clase de Historia a los dos grupos de Bachillerato. Así lo ha podido confirmar este diario accediendo directamente al comunicado del centro, que aparece firmado por el director y el secretario del mismo. En concreto, el máximo responsable del centro comunica al hasta ahora titular de esa asignatura que, por el momento, se dedicará a “preparar materiales complementarios” para la asignatura de Ciencias Sociales de 4º de la ESO.

La decisión del director del IES Joan Boscà es, tal y como consta en el comunicado, “provisional”, a raíz del expediente disciplinario incoado el pasado 12 de abril para “poder garantizar la prestación adecuada del servicio educativo”. La apertura de este expediente a Oya hace apenas unos días llega después de un proceso de inspecciones rutinarias abiertas desde el centro para hacer un seguimiento de sus clases. Como publicó este diario, los problemas con el presidente de Profesores por el Bilingüismo llegaron cuando al comienzo del curso —siendo su primer año en este instituto, fruto del traslado que él solicitó— decidió entregar a los estudiantes de Bachillerato que se examinan este año de selectividad textos complementarios para "que tuvieran una visión más general y menos sesgada de la Historia de España”. Cuestión que le afeó el director del instituto: días después, le comunicaron la primera inspección.

Oya explicó a El Confidencial que el centro le conminó a impartir sus clases de Geografía e Historia siguiendo los manuales que el instituto tiene fijados para todos los cursos (desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato) y escritos por Agustí Alcoberro, portavoz de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Una situación "gravísima", a ojos del profesor, que contribuye a un "adoctrinamiento evidente" para los estudiantes. Por eso insiste que él se negó a impartir las clases siguiendo al dictado esos manuales, sobre los que el sindicato de profesores Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES) se ha pronunciado en uno de sus informes más recientes, considerando que son de los que más adoctrinan de toda Cataluña y advirtiendo del riesgo que para los alumnos puede tener una enseñanza a través de ellos. El informe, al que tuvo acceso este diario, denunciaba planteamientos ideológicos partidistas y tendenciosos en la explicación de acontecimientos históricos y sociales.

Precisamente esta semana y coincidiendo con su relevo al frente de la materia de Historia, se produjeron dos hechos más en el centro que, a ojos de la entidad que Oya preside, han sido determinantes. Por un lado, el lunes, Profesores por el Bilingüismo convocó una concentración a las puertas del centro que contaba con los permisos de la Administración para manifestarse en contra del adoctrinamiento y a favor del bilingüismo en las aulas. Acudieron, según explican los organizadores, miembros de la CUP, Arran y cuatro CDR (comités de defensa de la república) para tratar de boicotear el acto, que finalmente se pudo celebrar en presencia de los Mossos d’Esquadra. Una “prueba más”, dice la entidad, del “acoso” que sufren hacia su libertad de expresión. El acto estuvo presidido, eso sí, por pancartas que rezaban 'Fuera fascistas de nuestras aulas' y que un día más tarde, el martes, aparecieron en el aula del profesor Oya.

Una situación que ya se hace “insostenible”, en palabras del presidente de la asociación, todavía más en vista de la guinda que ha supuesto su relevo al frente de las clases de Historia. Una campaña contra él, afirma a este diario, que ya dispara “todas las alarmas y los niveles de preocupación” y en la que cree que, además del director y la cúpula del instituto, están implicados algunos de sus alumnos. Prueba de ello es el nuevo episodio, ocurrido este miércoles en las redes sociales, en el que algunos estudiantes han publicado material distribuido por Oya en clase, concretamente un artículo sobre Franco, en el que se resalta que el dictador (además de estar al frente de la dictadura 40 años) también dio un impulso modernizador en estructuras a España.

“Esta es la impunidad fascista de España” o “¿hasta cuándo habrá que aguantar a este individuo en el IES Joan Boscà?” son algunos de los comentarios vertidos en internet sobre el profesor. El artículo en cuestión, al que también ha accedido este diario, es una entrevista al historiador Stanley Payne publicada en la revista ‘Muy Historia’ hace unas semanas. El presidente de Profesores por el Bilingüismo insiste en su decisión de distribuir materiales diversos a los alumnos en las clases de Historia aunque, por ahora, no estará más al frente de la asignatura.


Recortes de Prensa   Página Inicial