AGLI Recortes de Prensa   Domingo 22 Abril 2018

España se ha convertido en un Estado constitucional fallido
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 22 Abril 2018

Mi total desprecio. Yo no les perdono ni aunque se pongan de rodillas. Siguen siendo basura por mucho que hagan mohines y arrepentimientos de pacotilla que lo único que buscan es maniobrar tácticamente con una finalidad determinada, a sabiendas de que, ahora, con un Partido Popular noqueado y un Gobierno en situación de saldo, sin capacidad operativa alguna y en estado de "shock", es el momento de lograr avances en la finalidad última que ha perseguido siempre el terrorismo, que es la destrucción de España; en unidad estratégica con el PNV y los insurgentes catalanes.

No nos equivoquemos y caigamos en la hipnosis producida por la serpiente, porque una vez que alcancemos el estado de catalepsia nos pegarán el hachazo. ¿Cuál puede ser, si no, el significado del anagrama de estos asesinos? Ni más ni menos que ese. Astucia y golpes efectivos al enemigo. Estar al acecho para dar el lance de gracia en el momento oportuno. Si despreciamos la inteligencia de esta mafia nos equivocaremos. Una cosa es que estén derrotados y otra que estén vencidos. Si no, miremos a las instituciones vascas y navarras y tendremos un reflejo de la realidad. Están gobernando, si no directamente, por mediación de sus socios en una estrategia al servicio del final operativo.

Por si no lo ven claro, yo se lo explico: PNV y Bildu preparan un referéndum independentista para el próximo noviembre en San Sebastián. “El PNV y EH Bildu avalan el primer referéndum por la independencia que se celebrará en una capital vasca. Será en San Sebastián, el próximo 18 de noviembre, promovido por la plataforma ‘Gure Esko Dago’, que tiene como objetivo el fomento del autoproclamado ‘derecho a decidir’ en el País Vasco. La convocatoria llega a la par que el PNV negocia con Cristóbal Montoro los presupuestos generales.”

En esta tesitura todo es posible, con un Gobierno de Rajoy dispuesto a lo que sea con tal de lograr unos presupuestos que le den una bocanada de oxígeno que le permita seguir unos meses más en el chiringuito aunque sea sin dignidad, cometiendo alta traición a España y dejando al pie de los caballos el Estado de Derecho.

¿Tampoco me creen? ¿Les parece exagerada la afirmación? Pues vean…

Hace unas pocas semanas recordarán a Méndez de Vigo, el ministro espectral de Educación, iracundo, responder a Girauta, diputado de C´s sobre la imposibilidad de estudiar en español en las aulas catalanas, pese a las sentencias de los tribunales -varias y reincidentes- y que el Gobierno tiene las riendas de la Educación catalana por en virtud del 155. Méndez de Vigo respondió que el 155 no permite intervenir en la planificación educativa, lo cual es totalmente absurdo, pues existen mandatos judiciales de obligado cumplimiento. ¿Por qué creen ustedes que lo permite? ¿Por un 155 inefectivo? Pues no, yo creo que es porque el PNV le tiene agarrado por sálvese la parte a Rajoy y en cuanto éste hace algo que perjudique al objetivo de los nacionalistas, amaga con no apoyar los presupuestos.

Estos días pasados Montoro ha sacado de la chistera una falacia que parece un chiste, pues es como negar que el agua cae de arriba abajo cuando llueve. Dice Montoro que el golpe secesionista no estaba financiado con dinero público. ¿Y las embajadas cuyo único fin y objeto era la propaganda en el exterior tampoco? ¿Es que la Guardia Civil se inventa las cosas? Pues no. Yo creo que el PNV le tiene agarrado por sálvese la parte al Gobierno. Y o se hace el sueco ante las barrabasadas nacionalistas o le da en el cocorote y le castiga sin presupuesto. Y ya se sabe… la dignidad es una palabra cuyo significado es ambivalente para esta gente. El objetivo de gobernar para algunos no es administrar el bien común, sino permanecer en el poder a costa de lo que sea.

Como decíamos la semana pasada, un Gobierno con dignidad hubiera respondido con contundencia y firmeza ante la burla judicial del juez alemán, que no cumplía su obligación de trasladar al sedicioso rebelde Puigdemont para ser juzgado en España. Eso dicen los acuerdos transnacionales en el seno de la Unión Europea cuando se demanda, en función de la legislación de cada país, el traslado de un huido de la justicia. El presidente ausente alabó la posición de Alemania en el hecho. ¿Creen ustedes que era porque realmente lo creyera así? ¡Nooo¡ Es que está agarrado por sálvese la parte por el PNV y no sea que se cabreen y cierren la puerta a los presupuestos.

Cualquier persona con un poco dignidad convocaría elecciones en esta situación de ingobernabilidad y de incapacidad supina para regir los destinos del país abortando cualquier amenaza a la unidad, la seguridad y la estabilidad institucional; velando por la aplicación estricta de la letra y el espíritu constitucional; y aplicando el sentido común, el sentido del honor, y la dignidad propia del cargo. Pero el PP en este momento se ha convertido en el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. Y la oposición, más de lo mismo.

España se ha convertido en un Estado constitucional fallido. Algunos llevamos décadas reclamando una reforma electoral que impida el bloqueo de los nacionalistas y las cargas de profundidad a la unidad e igualdad de todos los españoles; y al cumplimiento de la letra y el espíritu constitucional. Si ante la situación presente no es posible dirigir los destinos del país porque los instrumentos jurídico-constitucionales no son eficaces a dicho objeto, habrá que modificarlos, buscando un sistema jurídico político que permita a los ciudadanos vivir en paz, en seguridad y con progreso. Porque, de lo contrario, los ciudadanos nos veremos en la obligación de lograr un cambio que nos devuelva la justicia y una vida en paz y sosiego. Y aunque eso parezca tan difícil como pintar al sol de color azul, no lo crean. Son posibles las alternativas. Es cuestión de tiempo.

Los otros ‘favores’ de Montoro a los nacionalistas catalanes
El desafío independentista no ha sido sólo político, sino también financiero: la Generalidad incumplió sus compromisos con Hacienda año tras año
D. Soriano Libertad Digital 22 Abril 2018

A los líderes nacionalistas catalanes les ha salido esta semana un aliado inesperado: Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda aseguraba el lunes, en las páginas de El Mundo, que ni un euro de dinero público se había usado para el referéndum del pasado 1 de octubre. Al instante, los portavoces independentistas comenzaban a hacerse eco de la noticia y a señalar una evidencia: si esas declaraciones son ciertas, la acusación de malversación del juez Pablo Llarena tiene muy poco recorrido.

No es la primera vez que sus caminos se cruzan. En los últimos seis años, la relación de Montoro con los políticos nacionalistas ha sido de amor y odio. O, mejor dicho, de odio en las declaraciones, con mutuas acusaciones, amenazas y desplantes; pero de bastante más cariño en los hechos.

Por ejemplo, la financiación autonómica que José Luis Rodríguez Zapatero pactó, de forma bilateral, en 2009 con ERC teóricamente tenía fecha de caducidad en 2014. Y uno de los grandes compromisos del PP era aprobar un nuevo modelo, que terminase con las injusticias del actual (y que, también, fuera más claro y transparente). Ya no. En junio de aquel 2014, de forma sorpresiva, Montoro anunció en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que no propondría "una discusión que genere más agravios o enfrentamientos entre las regiones o con el Gobierno". Metió el proyecto de reforma en un cajón… y ahí sigue.

Y no sólo es que no se haya aprobado esa nueva financiación. Si hubiera que destacar dos medidas que definan la relación financiera entre el Gobierno central y las comunidades autónomas durante el mandato de Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, probablemente las escogidas serían la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y los mecanismos extraordinarios de financiación para las regiones (lo que se conoce como el FLA, por el primero que se puso en marcha, aunque luego ha habido otros, con otros nombres). Pues bien, en la aplicación de una y otra, la Generalidad catalana ha salido bastante bien parada.

Se suponía que el primer instrumento, la LOEPSF iba a suponer un antes y un después en la actitud de los gobiernos regionales respecto al déficit público. A partir de abril de 2012, cuando se aprobó, el Ministerio impondría límites y objetivos anuales que las comunidades tendrían que cumplir. Si no lo hacían, aseguró el ministro cuando presentó aquella ley, comenzarían a aplicarse los preceptos correctivos y coercitivos previstos en la norma, que podían llegar, incluso, a la intervención de las instituciones autonómicas por Hacienda, que controlaría de esta forma, directamente, todos los pagos de la administración regional (es decir, lo que se hace desde el pasado septiembre en Cataluña, una vez que el desafío independentista traspasó todos los límites y puso al país al borde de la ruptura).

En la misma línea, los mecanismos extraordinarios de financiación (los conocidos como FLA, por el Fondo de Liquidez Autonómica, aunque ya decimos que las cifras totales que se ofrecen agrupan también otros programas) se suponía que iban a ser otra herramienta en manos de Hacienda para controlar a las autonomías. Varias de las regiones españolas vieron cerrado su acceso a los mercados a partir de 2010-2012. Aquello derivó en algunas iniciativas poco sostenibles desde un punto de vista financiero (como los llamados "bonos patrióticos") y al final intervino Hacienda: desde 2012, es el Estado el que acude a los mercados a financiar el déficit autonómico y luego reparte lo conseguido a las regiones que lo solicitan. De hecho, ahora mismo el Gobierno central ya es el principal acreedor de sus autonomías.

La principal consecuencia es que el coste de esa financiación a través del Tesoro español es mucho más bajo que el que habrían tenido que soportar las comunidades autónomas si hubieran tenido que vender sus propios bonos o letras. De hecho, en los peores momentos de la crisis de deuda pública, algunas regiones quizás no lo habrían conseguido por mucha rentabilidad que hubieran ofrecido. Por lo tanto, las regiones han podido gastar más y mantener un déficit más elevado del que habrían tenido sin esta ayuda. Y Hacienda calcula que se han ahorrado casi 28.500 millones de euros en este tema y prevé un ahorro total de 51.900 millones cuando en 2027 termine el programa.

Como apuntamos, estas son las dos grandes medidas (LOEPSF y FLA) puestas en marcha para controlar a los ejecutivos regionales, entre otras cosas porque el Gobierno cree que buena parte del descontrol del déficit de los años de Zapatero se originó ahí. Una y otra se basaban en la lealtad institucional. Por ejemplo, el FLA se vendió desde Moncloa casi como una obligación del Estado (acudir al rescate de unas administraciones que, no lo olvidemos, también son Estado) y como un medio de control (para tener acceso a esa financiación habría que cumplir a rajatabla con las exigencias de Hacienda).

¿Lealtad?
El problema es que con los políticos independentistas esa lealtad sólo ha sido de ida, pero no de vuelta. Y no hablamos sólo del órdago político que terminó con la Generalidad catalana intervenida y varios de sus dirigentes en la cárcel o fugados en el extranjero. En el plano económico, el período 2012-2018 ha visto una sucesión de incumplimientos por parte del Gobierno regional. Eso sí, sin demasiadas consecuencias. Son los otros favores de Montoro a los nacionalistas, que pueden resumirse en los siguientes tres cuadros:

Como vemos, Cataluña ha incumplido año tras año en lo que tiene que ver con el déficit público. Sólo en el último ejercicio (en el que, recordemos, la economía creció por encima del 3% y los últimos cuatro meses la administración regional estuvo dirigida desde Madrid) llegó, por los pelos, al objetivo marcado. De 2013 a 2016 ni siquiera se acercó. Ya no es sólo que superara el límite impuesto (algo que también hicieron otras regiones, aunque no todas), es que además estuvo siempre por encima de la media de las CCAA. De hecho, en algún año, como 2015, fue la región que presentó un mayor agujero. ¿Tuvieron consecuencias todos estos incumplimientos? Pues, hasta que en septiembre de 2017 la situación política se hizo insostenible, no demasiadas. Tanto con Cataluña como con el resto de las regiones incumplidoras, todas aquellas amenazas y advertencias de 2012, cuando se aprobó la LOEPSF quedaron en bastante poco.

Y no es sólo que se mirase para otro lado con el déficit. Como vemos en este cuadro, mientras la Generalidad incumplía de forma reiterada sus compromisos, era rescatada por el Gobierno central. Hacienda ha estado financiando a la administración que amenazaba con romper el Estado. Cataluña tiene aproximadamente el 16% de la población y el 19% del PIB de España, pero acumula casi el 33% de los préstamos de esos mecanismos extraordinarios de financiación.

Aquí hay que hacer un apunte. El planteamiento original del Gobierno tiene sentido: las comunidades autónomas son Estado y la quiebra de una región o su incapacidad para financiarse tendría consecuencias muy graves para sus ciudadanos y también para el resto de España. Se puede discutir si ese rescate del Tesoro no genera incentivos perversos o si no hay otras formas de conseguir el objetivo final (que los servicios públicos no sufran por la mala gestión del Ejecutivo regional). Pero lo que está claro es que es un mecanismo que, como decíamos antes, está basado en la lealtad institucional: te ayudo y, a cambio, cumples mis condiciones. ¿De verdad, en algún momento de los últimos seis años, ha creído el Gobierno de Mariano Rajoy que la Generalidad se comportaba con lealtad institucional? ¿Para qué han servido esos fondos que el Tesoro español ponía a disposición de la administración regional? Esas son las preguntas sin respuesta de los famosos mecanismos de financiación.

Porque, además, es complicado culpar de todo a la crisis. Como vemos en el siguiente cuadro, la deuda autonómica catalana se ha disparado en la última década mucho más que la media del resto de las regiones. Según el observatorio de deuda de la AIReF (con datos actualizados hasta marzo), Cataluña es la tercera comunidad con una deuda pública regional más elevada respecto a su PIB y la primera en deuda por habitante. Y eso a pesar de todas las ayudas del Estado de las que ya hemos hablado y que se resumen en un dato: el Estado posee 71% de la deuda de la Generalidad (frente a un 58,4% de media para las demás CCAA; aunque también es cierto que no es la región con la cifra más elevada).

En resumen, la imagen que se saca de estas tablas es la de una administración regional que no cumple con las exigencias del Gobierno central, que desprecia las obligaciones que éste le impone y que no sólo no ha sido penalizada, sino que es una de las principales beneficiarias (en términos absolutos, la que más y con diferencia) de las ayudas que este mismo Gobierno ha puesto en manos de las regiones más derrochadoras y que han generado las quejas de los Ejecutivos autonómicos que sí han mantenido el control de sus cuentas públicas. No sabemos lo que pasará en lo que respecta a la situación procesal de Oriol Junqueras y del resto de los procesados, si al final Montoro tendrá que ir a declarar como testigo de la defensa o si convencerá a Llarena de sus argumentos. Desde luego, como puede verse en las cifras, no sería la primera vez que, desde 2012, desde Hacienda llega un cable (hasta ahora ha sido sobre todo financiero) al que puedan asirse.

40 años del IRPF: su presión fiscal sube un 76% y la recaudación bate récord
Este tributo recaudó el pasado año un récord histórico de 85.000 millones de euros, superando el nivel registrado antes del estallido de la crisis.
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 22 Abril 2018

El Impuesto sobre la Renta cumple cuarenta años. Desde 1978, el gravamen directo por excelencia forma parte del sistema tributario español, reformado en la Transición con el objetivo explícito de aumentar la recaudación fiscal. Desde entonces, la base imponible y las tarifas del impuesto han pasado por distintas reformas, siempre al calor de la coyuntura política y económica del momento.

El IRPF original, introducido con Adolfo Suárez en La Moncloa, partía de un tipo mínimo del 15%, que entraba en vigor a partir de las 200.000 pesetas de la época. La complejidad del tributo era mayúscula, puesto que existían veintiocho tramos distintos, ocho de los cuales se situaban por encima del umbral del 50%. El nivel máximo de retención aplicado a los contribuyentes era del 65,51%. Dicha tasa se exigía a partir de los 9,8 millones de pesetas de ingresos anuales.

Uno de los aspectos más polémicos del IRPF original fue la decisión de publicar anualmente las llamadas "listas de contribuyentes". Cada año, el Ministerio de Hacienda editaba ochenta tomos de libros en los que se podían consultar las rentas declaradas y los tributos pagados por los ciudadanos españoles. Las "listas" dejaron de publicarse en 1981, cuando ETA secuestró a Luis Suñer, un industrial que, según la información tributaria disponible a todos los españoles, encabezaba el ranking nacional de declarantes.

El creciente peso de este gravamen queda reflejado si repasamos las series largas de recaudación fiscal que ofrecen instituciones como la OCDE. En 1980, este gravamen tenía un peso ligeramente superior al 4,2% del PIB. Cuatro décadas después, los ingresos esperados por la Agencia Tributaria para 2017 elevan esta cuota hasta el 7,4% del PIB.

Semejante aumento en el peso recaudatorio del impuesto implica que el IRPF ha visto aumentado un 76% su peso sobre el PIB. Pero la tendencia no siempre ha sido al alza. En los años de gobierno de Felipe González, que van de 1982 a 1996, el IRPF aumenta su recaudación del 4,2% al 7,7% del PIB. Sin embargo, en los años de gobierno de José María Aznar, que abarcan de 1996 a 2004, vemos que el peso de la recaudación aportada por este gravamen se redujo del 7,7% al 6,3% del PIB.

En términos nominales, el máximo histórico de recaudación llegó el pasado año, cuando el IRPF generó 85.000 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones de la Agencia Tributaria. Esto supone rebasar el pico de 82.000 millones alanzado en 2007, coincidiendo con el punto álgido de la burbuja inmobiliaria.

El arte de la inacción
LORENZO SILVA El Mundo 22 Abril 2018

El artista de la inacción ha solventado gracias a ella no pocas papeletas desairadas. Su proverbial pasividad ha provocado, es cierto, alguna algarabía pasajera, incluso reproches persistentes, pero hasta aquí ha podido superar lo uno y lo otro y salirse siempre con la suya. Quizá sea esa experiencia la que le empuja a enfrentar con idéntica estrategia el nuevo marrón que de modo inesperado se ha depositado sobre su mesa: el futuro de una presidenta autonómica contra la que, después de destaparse su obtención de un título universitario por vías que la mayoría de la población reprueba, se ha presentado una moción de censura que cuenta con visos de salir adelante. El asunto, a un año de las elecciones autonómicas, es de los que incomodan y mucho. Sin embargo, puede que su inacción sea la mejor receta.

Si no hace nada, la pelota queda en el tejado de la fuerza política que tiene en sus manos y en sus votos hacer que salga adelante la moción de censura contra la presidenta cuestionada. Ninguna de las dos opciones que en ese caso se les presenta es buena: no lo es apoyar la moción, lo que será interpretado como alinearse, entre otras, con la izquierda antisistema que espanta a una parte de su electorado; ni lo es sostener en el gobierno a la mandataria censurada, lo que será aprovechado por sus rivales para desacreditar el discurso de regeneración de la vida pública con el que dicha fuerza política se precia de presentarse.

En todo caso, algo decidirán. Si es dejar que la presidenta siga, la inacción permite ganar tiempo; si es derribarla, al que no hace nada se le ofrece la salida fácil de cargar el fracaso al debe de la sacrificada, y buscar sin amontonarse un recambio, en el tiempo que falta hasta los comicios y que desgastará a quienes accedan al gobierno y sobre todo a quienes los respalden.

El resultado final se verá dentro de un año. Podría ser una derrota electoral, qué duda cabe; pero quien nada hizo tiene de nuevo la salida airosa de imputar el descalabro a quien se dejó dar un título de una manera que no iba a poder defender. Podría ser una victoria o una derrota honrosa, y entonces se ganaría, una vez más, el marbete de fino estratega que hizo lo que había que hacer -nada- mientras todos perdían la compostura.

El problema de la inacción es que no en todos los frentes da tan providencial rendimiento. Y sucede que en los mismos días en que el artista que la domina como nadie la aplica al problema de la presidenta acorralada, se ven los efectos de su aplicación a otros desafíos donde ha dado mucho peor resultado. Verbigracia, en la facilidad con que un grupo organizado para ningunear la voluntad de más de la mitad de sus conciudadanos, que ha recurrido a toda suerte de maniobras, encubiertas y flagrantes, sibilinas y coactivas, para lograr ese objetivo ilícito y contrario a los derechos humanos, se presenta como víctima de un atropello totalitario ante una opinión pública europea que no tolera algo así en sus respectivos países pero le compra el discurso.

No debe sorprender: quienes sostienen semejante patraña, que cualquiera a pie de obra desenmascara sin dificultad -lo hace, por ejemplo, más de un corresponsal extranjero que no ha perdido el decoro- han sido hiperactivos; mientras la diplomacia española, inspirada por el artista de la inacción, ha optado por esa forma de suicidio comunicativo denominada «perfil bajo», o lo que es lo mismo, por no hacer ni decir prácticamente nada. Podría parecer que la comunicación al exterior no es tan importante, respecto de un problema interno; que tampoco hay que obsesionarse con lo que piensan los guiris. Hasta que mete en el potaje la cuchara un tribunal local de Schleswig-Holstein.

Y hay cosas peores: como que la prensa británica titule que ETA ha dicho respecto de su acción criminal de cinco décadas nada menos que "we are truly sorry", pésima traducción aquí de un apático "lo sentimos", adornado por un vacío y ortopédico "de veras", combinación que en español usual significa "mala pata, así son las cosas cuando se nos provoca". Y que cuele.

La tentación de decirle al artista de la inacción que en estos dos casos se ha equivocado y le ha servido en bandeja el triunfo a quienes quieren acabar con su país es poderosa. Sin embargo, forzoso es reconocer que la partida aún no ha acabado, y quien quiera sentenciarlo debe recordar esa frase milenaria de Lao Tsé que nuestro hombre parece haber nacido para encarnar: !Es por el no hacer como se gana el Universo: quien quiere hacer, no puede ganar el Universo". Y acordarse de David Cameron.

IVÁN VÉLEZ, DIRECTOR DE DENAES
‘Quien identifique la bandera de España con Franco debería evitar decirlo’
Rosa Cuervas-Mons gaceta.es 22 Abril 2018

La continuación al titular que abre esta entrevista es … “porque hace visible su ignorancia”. Alejado de cualquier visión partidista o polarizada de la idea de patria, el flamante director de DENAES, Iván Vélez, anima a revisar la procedencia de los grandes símbolos españoles.

Arquitecto y autodidacta en el materialismo filosófico -se declara discípulo de Gustavo Bueno- Iván Vélez (Cuenca, 1972) es el nuevo -y atípico- director de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, DENAES. La Fundación, convocante entre otros actos de la multitudinaria manifestación a favor de la unidad de España del pasado mes de septiembre en Madrid, acomete el reto de reivindicar y defender una patria que vive, en palabras de Vélez, una grave crisis. “Pero hay que seguir dando la batalla con estoicismo y las ideas claras”. Y de eso, de ideas, y de España, hablamos en esta entrevista.

-Iván Vélez, director de DENAES. ¿Qué hace un arquitecto que además es más de izquierdas que de derechas, al frente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española?
Entiendo que DENAES es una plataforma patriótica que puede ser muy útil para la defensa de la nación, para defender lo que su propio nombre ya indica, y, como considero que la nación española no un concepto necesariamente vinculado a derechas o izquierdas -que, a mi juicio creo que es una división maniquea pero muy imprecisa-, pues aquí estoy, por una cuestión de patriotismo y responsabilidad. Me parece que puedo hacer un buen trabajo por la patria a través de DENAES.

-¿Por qué necesita la patria que trabaje por ella?
Es evidente que los sucesivos gobiernos han desatendido muchas áreas fundamentales para mantener la igualdad entre españoles; para tener una España que, de cara al exterior, tenga una imagen mejor.

-¿Cómo llega hasta la Fundación?
Llego porque en ella está -estaba- Gustavo Bueno. Yo soy discípulo de Bueno y un estudioso del materialismo filosófico y Bueno dedicó parte de su obra a la defensa de la nación española, al combate contra los secesionismos… Ese es mi vínculo inicial con DENAES.

-Le proponen ser director. ¿Fue un sí inmediato o se lo pensó?
Sí inmediato. Hubo un cambio de presidencia [el nuevo presidente es el empresario santanderino Ricardo Garrudo], el Patronato de Honor me lo propuso y yo acepté con la intención de coordinar las actividades próximas que vamos a hacer.

-¿Por qué esa inquietud interior? ¿Por qué dedicarse a defender la patria en lugar de a invertir en Bolsa y hacerse rico, por ejemplo?
Porque creo que es una obligación ciudadana. Claro que con libros y artículos uno no se hace millonario, pero creo que es una cuestión de responsabilidad, de puro patriotismo. Además… incluso quien busque el enriquecimiento lo tiene que encontrar dentro de una sociedad política, y esa sociedad política se llama España.

-¿A qué se refiere?
A que las propuestas alternativas a España nacidas dentro de España, es decir, los separatismos, tienen una carga muy desagradable de clasismo, racismo, odio, xenofobia… Creo que las condiciones mínimas de libertad y de convertirse en un verdadero ciudadano te las da España, la nación española. Somos ciudadanos de la nación española. Somos españoles. A lo mejor es que soy un tomista del XIX todavía, pero considero que esa cosa tan clásica que antes se llamaba ‘Bien Común’ nos concierne y nos obliga a todos; hay que arrimar el hombro. Ya digo que las alternativas se llaman ETA, segregación… Estamos en un momento de crisis nacional muy grave.

-Como director, ¿qué planes tiene para que la Fundación contribuya a paliar esa crisis?
Mantener una continua crítica del presente, intentar analizar de una manera insobornable la actualidad política, con el frente catalán, sobre todo. A la vez, cultivar o hacer aflorar hechos históricos, conmemoraciones, documentos que nos fortalezcan… E intentar articular un frente muy plural, con gente de todo tipo de adscripciones ideológicas cuyo denominador común sea la defensa de la nación española. Hacer actos y participar en aquellos que seamos requeridos. Una labor cívica y apartidista. El 20 y 21 de julio celebraremos en Santander nuestra Escuela de Verano, en la que hablaremos de los movimientos cívicos. Ya que el Estado ha hecho dejación de funciones en muchas cuestiones y entendiendo que el poder se ejerce no sólo de manera descendente sino también ascendente, de abajo hacia arriba, entendemos que esa labor de los movimientos cívicos ha sido un factor importante en las ofensivas separatistas.

-Labor apartidista y pedagógica. ¿Cree que conseguirá el reto con mayúsculas, que conseguirá desterrar la idea de que lucir la bandera de España es ‘facha’? El ministro Wert dijo que había que españolizar a los niños catalanes y se armó la mundial…
El que vea detrás de la bandera española una parcialidad y una adscripción política muy polarizada, lo que debe hacer es indagar en el origen de esa bandera, en el origen de los símbolos, en lo que supone la nación española como transformación del Antiguo Régimen -y no me refiero a Franco, por supuesto-, y que venimos todos de ahí.
El que identifique la bandera de España con Franco debe avergonzarse de decirlo en público porque es mostrar sus vergüenzas y su ignorancia. La bandera española es una bandera para todos, de todos, y no la puede agarrar ningún partido salvo que otros renuncien a ella. El Partido Popular habla de sano patriotismo… lo de sano sobra. El patriotismo es la defensa de los derechos de los ciudadanos y la defensa del territorio.

-Así que no piensa usted como Mariano Rajoy, que dice “no estar a favor de las fronteras”…
Hay que creer en las fronteras. No hay naciones sin fronteras, hay que decírselo a don Mariano Rajoy. Las fronteras son contingentes a las naciones y es donde se localizan algunos de los poderes propios de toda sociedad política: poderes militares, diplomáticos, etcétera.

-Autor de numerosos libros, le gusta hablar de mitos y leyendas. [Iván Vélez es autor de La Leyenda Negra y El mito de Cortés, entre otras obras]. Vamos a desenmascarar algunas leyendas… ¿Las mentiras más graves instaladas en el imaginario colectivo?
Los dos frentes negrolegendarios más potentes son el que va vinculado a América, la idea de que América fue un lugar de expolio y genocidio, que es muy dañino tanto para España como para las naciones hispanoamericanas…
El segundo frente, la idea de que España es una sociedad oscuramente fanática, no homologable en Europa por atavismos de los españoles de autoritarismo, censura, ambiente antidemocrático…

-Háblenos del primer frente, ¿puede deshacer en dos pinceladas la Leyenda Negra?
Si nos preguntamos si España actuó con violencia en América la respuesta es sí. Eso no se puede negar y hubo excesos. Pero toda la legislación fue tendente a la integración de los indígenas en la esfera política, religiosa o en ambas. La prueba de que no hubo tal genocidio es el mestizaje, que es visible. No hay más que dar un paseo por el zócalo de Méjico para darse cuenta, los rostros denotan mezcla de sangres. La incorporación del indio a las instituciones fue gradual, acorde a los tiempos, pero España aplicó una metodología opuesta a la que llevaron a cabo Holanda o Reino Unido, donde hubo una separación, cuando no un barrido absoluto, de la población indígena donde se implantaron.

-El mito de Cortés. ¿Por qué un libro sobre Hernán Cortés? ¿Por qué rescatar su figura?
Porque en Cortés se condensan los atributos de la Leyenda Negra. Se presenta desde la perspectiva negrolegendaria como un hombre codicioso, sanguinario, violento… con todo tipo de defectos morales. Creía que analizar ese personaje y su evolución a lo largo de los siglos era importante.

-¿Se le ocurre algún Hernán Cortés moderno?
Es complicado… Salvando todas las distancias, Amancio Ortega. Un hombre que, ante una obra tremenda que ha hecho desde un punto de partida muy modesto, consigue una implantación universal y por eso se le buscan continuamente defectos.

-Entendido. Volvemos a la realidad actual. Decía antes que vivimos un momento crítico: la situación en Cataluña, el chantaje de los nacionalismos al gobierno central para los Presupuestos… La España de las autonomías, en fin. ¿Cómo describe nuestro momento político?
Crisis profundísima, que es a mi juicio el resultado de aquello que estaba trazado bajo la Constitución del 78. Hay unas zonas secularmente privilegiadas, constituidas casi en pseudoestados; oligarquías locales que han estado muy a gusto jugando a dos barajas, en Madrid con una cara y fuera con otra. Ha habido población tratada como si fuera una especie de inmigrante en su propio país, que se han encontrado con escuelas que tenían por objetivo la catalanización con altas dosis de hispanofobia. El resultado es que hay generaciones difícilmente recuperables. En el caso de Vascongadas…

-Cuente…
Es diferente; contó con una banda terrorista. En ambos casos, tanto el vasco como el catalán, la responsabilidad de la Iglesia es muy grave, lo cual nos debe hacer pensar la complejidad a la que nos enfrentamos. El problema es que una vez obtenidos los objetivos que los catalanes buscan estarán llamando a la puerta otras regiones. Y todo sucede de forma paralela a la descapitalización humana de gran parte de la nación, con lo cual es de enorme gravedad. Pero hay que seguir dando la pelea; no hay que abandonar el campo de batalla y hay que pelear con firmeza, estoicismo y las ideas muy claras. En este sentido la defensa de la lengua española es un frente absolutamente irrenunciable.

-¿Reclama que el español esté por encima de las lenguas autonómicas, por ejemplo?
Dada la situación a la que hemos llegado, como mínimo que no discriminen al español, fíjese si pido poco ya. Nos contentaríamos con que no hubiera discriminación. El programa de máximos lo dejamos para otro día…

-Lo dejamos, entonces. ¿Hay una fecha, un punto de inflexión que marque el declive de la España actual? ¿Es ese 1978 del que hablaba antes o es anterior?
La situación a la que hemos llegado ahora es fruto y va ligada a los presupuestos ideológicos que subyacen bajo la Constitución del 78. En su redacción ya estaban las sectas nacionalistas operando a pleno pulmón. Luego, la culpa de la situación ha estado siempre en Madrid, porque los gobiernos -en su partidismo tan descarado e incapaces de hacer una alianza de partidos constitucionalistas- se han apoyado siempre en los partidos regionales, independentistas, y se ha pagado con el precio de darles a ellos lo que es de todos. Y hay una serie de hitos muy potentes.

-¿Cuáles son?
Las enormes cesiones de Aznar -tremendas- de las que muchos no quieren acordarse pero que están ahí y son tremendas. Rematado por la política de José Luis Rodríguez Zapatero, que se entrega directamente al PSC. Es la irresponsabilidad de los partidos que se dicen nacionales, siempre en brazos del chantaje separatista, del PNV, por ejemplo, que es la derecha más arcaica y rupestre de Europa.

-Después de esta declaración de amistad con el PNV que acaba de hacer… vamos con una ronda de preguntas cortas. ¿Unión Europea sí o no?
[Silencio largo] En este sentido no soy nada orteguiano. Voy a contestarlo así: Yo no creo que España sea el problema y Europa la solución, sino al contrario.

-¿Monarquía o república?
Soy accidentalista.

-¿Felipe VI o república?
Felipe VI ha tenido un papel muy importante en frenar el golpe catalanista y creo que ha hecho una labor que debe ser reconocida. No soy ningún ingenuo, ni mitómano, ni beato. Creo que lo que ha hecho Felipe VI es mucho más acertado que el ‘hablando se entiende la gente’ que le dijo su padre a Carod Rovira. Sobre todo aprecio mucho que en la intervención televisiva que hizo a la nación no empleara la palabra ‘diálogo’, que es la famosa trampa con la que siempre se acaba chantajeando.

-¿Cómo explicaría cómo es España a un extranjero?
Es una nación heredera de un imperio -es una de las partes de un imperio que constituyó el mundo- que tiene unas profundísimas raíces históricas y un papel relevante en la Historia universal. En cuanto a nación, salvo para algunos compatriotas que están confundidos y desorientados, creo que es un sitio muy agradable para vivir, diverso, rico y… casi diría como San Isidoro de Sevilla:

Oh España, la más hermosa de todas las naciones que se extienden desde Occidente hasta la India.
Tierra bendita y feliz, madre de príncipes y de pueblos, de ti reciben la luz el Oriente y el Occidente.
Tú, honra y prez de todo el orbe, tú el país más ilustre del Globo.

-Si volviera a nacer, ¿elegiría ser español o cambiaría?
Sería español. Estoy a gusto siendo español.

La expansión del ‘wahabismo saudí’
Tribuna Militar gaceta.es 22 Abril 2018

El wahabismo es una rama del salafismo yihadista que aparece en el siglo XVIII de la mano del reformador religioso Mohamed Ibn Abd al-Wahab (1703-1792), nacido en la península arábiga, que era adepto a la escuela jurídico-doctrinal hanbalita y a los escritos de Ibn Taymiyya (1263-1328). Este reformador y predicador vivió en un contexto histórico de decadencia del imperio turco e incicio del proceso colonizador de las tierras del Islám por parte de las potencias occidentales.

Como reacción a esta realidad, Abd al-Wahab estableció una corriente islámica dentro del salafismo yihadista que predica una vuelta al purismo religioso poniendo especial énfasis en el cumplimiento de la Sharia. Pretende limpiar el Islám de las prácticas que, en su mentalidad, han ido contaminando a esta religión. Utiliza como fuente la escuela de interpretación religiosa Hanbali – fundada por el imán Ahmad Ibn Hanbal (780-855) – , la más radical y puritana del Islám, de naturaleza especialmente rigorista y dogmática.

Esencialmente, Al Wahab era un fundamentalista que quería “purificar” al Islám remitiéndose a los principios básicos de la fe. Pronto encontró refugio en Mohamed Ibn Saud, jefe de una de las más importantes tribus de la región, con quién firmo el Pacto del Nejd (1744). Con este pacto se sentaron las bases para gobernar en gran parte de la península arábiga. Ibn Saúd se comprometió a apoyar a Al Wahab política y militarmente a cambio de que Al Wahab diera legitimidad religiosa a Ibn Saud.

Tras un periodo oscuro después de haber sido aniquilados por los turcos en 1814, entre 1902 y 1932 Abadelaziz Bin Abderrahman Al Saud, fundador del reino saudí, llevó a cabo una serie de campañas militares apoderándose de la mayor parte de la península arábiga, incluyendo a las ciudades santas de Medina y La Meca, hasta establecer definitivamente el reino wahabita con capital en Riad. Durante dichas campañas, los Saud se apoyaban en el wahabismo y lo interpretaban a su manera para justificar que cualquier abuso para imponer su poder sobre otras tribus procedía de la religión.

Tras el encuentro histórico, el 14 de febrero de 1945, entre el rey de Arabia Saudí, Abdelaziz, y el presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, a bordo del USS Quincy, en el Gran Salado de Egipto, se estableció una alianza entre ambos países de tal manera que los EEUU proporcionaría garantías de seguridad a Arabia Saudí, incluyendo el derecho a conservar y expandir su visión del Islám, a cambio del libre flujo de los recursos petrolíferos saudíes, descubiertos en 1938, a los mercados
internacionales.

Desde los años 60 del siglo pasado, tanto Arabia Saudí como Qatar, los dos países donde impera el wahabismo, con los enormes ingresos obtenidos anualmente de la exportación de petróleo y gas, han exportado esta doctrina radical islámica más allá del mundo musulmán, incluyendo las comunidades islámicas en Occidente, construyendo y manteniendo mezquitas, escuelas coránicas – madrasas – y centros culturales musulmanes por todo el planeta.

Especialmente Arabia Saudita pretende expandir el wahabismo a todo el mundo – gracias al papel de patronazgo del Islám que desempeña el Reino – dedica su dinero no solo a las construcciones anteriormente mencioanadas sino también a la formación del clero islámico, ya sea en Arabia Saudí o en los propios países donde se hallan los clérigos, en su interpretación del Islám, materializada en la doctrina del wahabismo para, posteriormente predicar en los centros de oración de todo el mundo.

A modo de ejemplo, entre 2011 y 2013, Arabia Saudí ha enviado a miles de clérigos a Pakistán y a India, además de 250 millones de dólares para asentar en dichos países mezquitas y escuelas coránicas. Asimismo, en abril del año pasado, Bangladesh aprobó la construcción de 560 mezquitas en su territorio financiadas por Riad con un coste de casi 1.000 millones de euros.

De acuerdo con un informe del Think thank británico Henry Jackson Society, de julio de 2017, el Gobierno saudí financia programas educativos en escuelas islámicas, en el Reino Unido, que usan los mismos libros que la educación rigorista saudí. El contenido de estos libros de texto es tan radical que en 2014 el Estado Islámico los adoptó como libros de texto oficiales para las escuelas del califato.

El wahabismo ha sido la fuente de inspiración para muchos grupos del salafismo yihadista, entre los que se encuentra el Estado Islámico, que se han creado a partir de los años cercanos al comienzo de siglo, dando lugar a la ejecución de un gran número de atentados terroristas de extrema crueldad y violencia contra todos aquellos que se oponen a su doctrina.

En general, su extrategia de expansión – al fatah en los orígenes del Islam – consiste en penetrar en las sociedades fundando escuelas, universidades, abriendo grandes mezquitas, apoyando determinadas publicaciones y líneas editoriales al objeto de crear identidades con un aspecto diferencial como vestimenta, comportamiento público o apoyando servicios esenciales o centros asistenciales donde no llega el Estado.
Arabia Saudí ha conseguido la expansión del wahabismo por todo el mundo islámico, no sólo por el mundo árabe y Oriente Medio, por África, por el sudeste asiático y por las antiguas repúblicas soviéticas. En Europa se ha introducido llenando el espacio para la religión del que no se ocupa el Estado. Todo ello va a permitir difundir una forma, práctica y naturaleza del Islám que incrementa poderosamente la influencia de la doctrina del wahabismo en la comunidad internacional.

La propagación de esta doctrina afecta directamente a la estabilidda y seguridad internacional. En caso de que no se detenga esta expansión, se pondrán en peligro los principios de la democracia, de los derechos humanos, del respeto a las minorías, de la libertad y de la tolerancia en que descansa Occidente. ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo?

Por Jesús Argumosa

DE PROPAGANDA ‘INDEPE’
GDR: Las brigadas antiseparatistas que limpian las calles catalanas
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 22 Abril 2018

La Gaceta habla con dos brigadistas de los Grupos de Defensa y Resistencia que limpia las calles de propaganda separatista. Pese a las agresiones, las amenazas y los ataques que reciben, los GDR no van a darse por vencidos.

‘’Los GDR (Grupos de Defensa y Resistencia) son la resistencia espontánea y anónima de los catalanes no nacionalistas organizados en guerrillas pacíficas en nuestros pueblos y ciudades para neutralizar las acciones anticonstitucionales y violentas de los CDR’’. Así se definen los integrantes de estas ‘’brigadas de limpieza’’ que barren las calles catalanas de propaganda separatista.

Actúan en grupo o individualmente, de forma anónima e impredecible unas veces, y organizados en otras. Todos tienen en un denominador común: la acción pacífica dentro de la ley. Son la antítesis de los Comités de Defensa de la República, tanto por el perfil ideológico como por la manera de actuar. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes son, porque actúan de forma azarosa, improvisada, otras veces preparada en función de la actualidad y los acontecimientos. Cuando lo hacen de forma encadenada, son miembros de grupos ya organizados para limpiar de lazos amarillos las instituciones públicas y el mobiliario urbano. Pero no en nombre de unas siglas, de tal o cual organización, sino acogiéndose a ese acrónimo GDR nacido de forma espontánea sin que nadie sepa a ciencia cierta quién lo ha popularizado.

El objetivo de los GDR es neutralizar las acciones de los CDR al modo y manera del espejo de Tabarnia, es decir, para reflejar las contradicciones de los separatistas y neutralizar las acciones de los Comités de Defensa de la República. ¿Por qué han aparecido varios grupos identificándose con los GDR? Porque algunas acciones se han identificado en la prensa con grupos ya organizados. Pero ni ellos ni cualquiera otro que la prensa identifique como tal son los GDR, sólo grupos que se sienten identificados con esa filosofía.

Estas brigadas tienen su inspiración en la leyenda del Zorro. Nadie sabe quién es, pero todos se pueden identificar con él. La perplejidad y el enigma sobre su origen y dimensiones es la naturaleza de su alma. Nadie se puede apropiar de sus siglas como nadie puede apropiarse de la Resistencia contra el nacionalismo y el separatismo. Pero todos tienen una cosa en común: la defensa de España como nación, su Estado de Derecho, y su Constitución.

Agresiones, amenazas, insultos…
La Gaceta ha hablado con algunos de estos brigadistas para conocer desde dentro cómo funcionan, quiénes los integran y el porqué de su existencia. Juan integra uno de los múltiples GDR que hacen guardia en Barcelona. ‘’Queremos acabar con el odio que hay, la represión que tenemos los catalanes que no pensamos como ellos. Nosotros sí que tenemos represión’’, indica. Juan recibió una brutal amenaza el pasado jueves en sus redes sociales en el que los militantes de la ‘revolución de las sonrisas’ le desean un cáncer, y con una brutal amenaza: ‘’sabemos dónde vive tu familia’’.

‘’Yo estoy de acuerdo con que seas separatista o lo que quieras, pero dentro de la Constitución, Si consideras que hay presos políticos denuncialo, pero no ensucies ni contamines las calles’’, subraya. Juan denuncia las agresiones, insultos y amenazas que reciben constantemente. Sobre las primeras, indica que son más frecuentes cuando los grupos de GDR son pequeños y sobre todo cuando hay mujeres: ‘’Cuando somos más no agreden, son unos cobardes’’.

Esther, integrante de la ‘Brigada 155’, vivió en sus propias carnes unos de esos ataques la pasada semana. La víctima fue una ‘abuela tabarnesa’ de 67 años que todavía no se ha recuperado de la agresión. ‘’La primera en llevarse el empujón fui yo, luego fueron a por la más débil’’, relata, indicando que la mujer ya ha interpuesto la denuncia pertinente.

¿Y cómo responder a eso? Con más ganas. Esther explica que la agredida está recuperándose y con ganas de salir a ‘’limpiar las calles’’. El pacifismo es la norma general de estos grupos. Juan recuerda un episodio en el que un grupo de separatistas persiguió a su GDR coreando cánticos en su contra, llamándoles fascistas e invitándoles de malas maneras a abandonar Cataluña. ‘’Cuando recibimos insultos intentamos contenernos. A esos cuarenta tíos que nos iban cantando les contestamos con un aplauso y les pedimos otra canción. Es un poco el espíritu de Tabarnia’’, reconoce.

¿Quién los integra?
‘’En los grupos de limpieza hay gente de todo tipo, yo tengo un amigo comunista. Ahí no hay ideologías, somos los que estamos en contra del nacionalismo: de izquierdas, de derechas, religiosos, ateos, gays, ecologistas… Entra todo el mundo’’, resume Juan. Con él coincide Esther: ‘’En la ‘brigada 155’ hay estudiantes, trabajadores, empresarios, ‘abuelas tabarnesas’, jubilados… Hay de todo, de toda adscripción política’’.

Pero los GDR tienen fecha de caducidad, y no depende de ellos su disolución. ‘’Patrullaremos hasta que haga falta, hasta que las administraciones empiecen a hacer su trabajo, que es no permitir que se ensucien las calles y saltarse todas las normativas municipales’’, enfatiza la brigadista. Y es que gran parte de la culpa de todo lo que está ocurriendo es de las administraciones, por su inacción -en ocasiones cómplices- ante las acciones de unos grupos que se han adueñado de las calles. Mientras esta situación se mantenga, habrá un GDR portando en una mano la Constitución y en el otro las tijeras para despojar de propaganda separatista las calles de TODOS los catalanes.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Montoro y las facturas del 'procés'
FRANCISCO ROSELL El Mundo 22 Abril 2018

En marzo de 2012, toda Italia se vio convulsionada por un seísmo -esta vez, a escala cultural- cuando un profesor de Historia del Arte de la Universidad de Nápoles acudió a hacer una consulta a la célebre Biblioteca Girolamini, que atesora originales de Galileo o Copérnico, y quedó horrorizado ante el desolador panorama que contemplaban sus ojos: estantes vacíos, libros desordenados y documentos desperdigados. Su indignación la plasmó en un artículo en Il Fatto Quotidiano, cuyo aldabonazo desató una acre carta de protesta de 200 intelectuales exigiendo explicaciones al ministro de Cultura.

Tratando de exculparse, el director de aquel templo del libro se puso en evidencia. Al día siguiente, presentó una denuncia por la sustracción de 1.500 volúmenes que, según declaró, acababa de descubrir. Empero, su nebuloso pasado como socio de un anticuario bonaerense vinculado con el hurto de cartografías lo situó pronto en el punto de mira. Apenas unas semanas después, era detenido junto a parte del botín, si bien lo más cotizado sería requisado en una casa de subastas de Múnich.

Los autores del expolio napolitano -un grupo de archiveros con su director como capo de la banda- escamoteaban los inestimables volúmenes en las estanterías de otras secciones y luego los afanaban. Como la realidad imita al arte, su modus operandi era análogo al dispuesto por el protagonista de El libro de arena, de Borges, quien se deshace de un peligroso códice de infinitas páginas distribuyéndolo al azar entre los fondos de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.

Tan avispado proceder para saquear la Biblioteca Girolamini ilustra sobre los alambicados sistemas para ocultar una sustracción. Pero también cómo se puede descubrir y echar el guante a quienes perpetran estos delitos. Siempre, claro, que no se adopte una ceguera voluntaria y exista voluntad decidida. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con la financiación del prolongado golpe de Estado perpetrado en Cataluña por el independentismo hasta la resuelta intervención de la Justicia. Si se le sigue la pista al dinero, se encuentra y se desenreda el ovillo del delito.

Más allá de estériles polémicas bizantinas, a nadie se le escapa que el proceso separatista se ha hecho a cargo del Tesoro Público sin distinción ni recato. Fundamentalmente porque, como evidencian los autos del juez Llarena, todo se ha consumado a la luz del día sin que el Gobierno (y el conjunto de fuerzas constitucionalistas) quisiera ver lo que tenía a la vista hasta rozar lo irremediable. Bien diferente fue la conducta del docente que denunció el desmán de la Biblioteca Girolamini con los pocos medios a su alcance, pero resuelto a no permanecer silente.

Desde aquel junio de 2011 en el que Mas se vio obligado a entrar y salir del Parlamento en helicóptero por el asedio de los manifestantes, quienes protestaban por los recortes, éste tuvo claro que la mejor manera de sacudirse el problema era endosárselo al España nos roba y acelerar un proceso soberanista que culminó con el simulacro de consulta del 9 de septiembre de 2014. Literalmente, el Gobierno se dejó trajinar, a cambio de que el soberanismo se comprometiera a ponerle algo de sordina. Ignorando la naturaleza de los nacionalistas que nunca paran, pues son como aviones en vuelo, Rajoy dedujo que ello actuaría como una válvula de escape de aquella olla de presión y todo retomaría a la normalidad. Al contrario.

En su obnubilación, Mas imprimió mayor velocidad aún a aquella desatentada deriva. Calculó que, al final de la escapada, ello no tendría coste personal alguno para los tripulantes de la «nave de los locos». Al contrario, reportaría mayor cuota de soberanía, amén de un generoso pacto fiscal.

Es verdad que aquel piloto suicida, el astut Artur, fue víctima mortal de su propia conducción temeraria. No obstante, el separatismo introdujo la consulta ilegal como marco de referencia y dispensó al derecho de autodeterminación, bajo el eufemismo de derecho a decidir, la carta de naturaleza de la que carece en Constitución alguna.

Desde temprana hora, fue clamoroso que los presupuestos destinados a servicios asistenciales se derivaran a sostener costosas «estructuras de Estado» y a municionar los «fondos de reptiles» con los que granjearse el favor de la prensa internacional y auspiciar plataformas propagandísticas en torno a sus embajadas, así como desprestigiar a la democracia española. Secundaba así la estrategia de Bismarck de sobornar a la prensa durante la guerra prusiana-austriaca de 1866. Aquel embajador de España -al parecer, más despabilado que sus colegas actuales- aconsejó al Gobierno de entonces tomar nota de aquellas prácticas del Canciller de Hierro.

Viendo este despliegue de medios, no era preciso ser Josep Pla para preguntarse quién pagaba todo esto. Fue precisamente lo que el escritor hizo cuando viajó a Nueva York en 1954 y atisbó perplejo, desde las ventanas del Waldorf Astoria, la majestuosidad iluminada de aquellos fluorescentes rascacielos en contraste con la luz macilenta y gris -como el título del cuaderno que le dio justa fama- de aquella España de la autarquía franquista que dejó aquende el Atlántico. Desplegando socarronería de payés del Ampurdán, se preguntó, con la naturalidad con la que liaba hebras de tabaco y prendía la envoltura de hojas de librillo: «¿Y esto, quién lo paga?». Con los pies en el suelo -y en la realidad-, Pla sabía que nada es gratis. Sorprendentemente, el Gobierno no hizo nada al respecto, y bien caro que lo está pagando la defensa de los intereses de Estado, como se corrobora en la tramitación de la euroorden del prófugo Puigdemont. Antes, al contrario, se hizo cargo de los impagos de los servicios públicos -primordialmente, sanitarios- de una Generalitat en bancarrota.

Si se hubieran perpetrado estas malversaciones en el periodo en el que las cuentas estaban intervenidas por el ministro Montoro, cosa que éste negó taxativamente a EL MUNDO, le abocaría a la dimisión. Lo más calamitoso es que, en su orgullo por sacar pecho, negando que un solo euro público hubiera sufragado el referéndum ilegal del 1-O, Montoro ha lanzado un obús a la línea de flotación de la instrucción del juez Llarena, en lo que hace al supuesto delito de malversación por parte de los golpistas. Es verdad que estos siempre se agarrarán a un clavo ardiendo. Pero, al margen de ello, el ministro ha dado alas al separatismo para que revoloteen como moscas cojoneras en derredor del tribunal alemán que vigila a Puigdemont, amén de entorpecer la instrucción del juez Llarena, quien ha debido soportar los zumbidos maliciosos e irrespetuosos de los sediciosos.

Menos mal que, con artes de jugador de ajedrez y sabedor de que la partida se libra a la luz del sol, el juez Llarena tuvo el acierto de levantar el secreto del sumario. Ello posibilitó que se conocieran los informes de la Guardia Civil que avalan la supuesta comisión de un delito de malversación de fondos públicos el 1-O. Tal maquiavelismo conjuró la utilización que se había hecho de las palabras de Montoro.

Al margen del «impuesto independentista» aportado por aquellas empresas o fundaciones favorables a la causa o por aquellas otras que obraron así para no señalarse y vivir en paz, nadie en su sano juicio puede esperar que ese pozo dé caudal bastante para todo lo gastado y se sigue gastando. Nadie imaginará que el sostenimiento de Puigdemont y su corte itinerante corra a cuenta del empresario Matamala, por mucha caja de resistencia que acumule con las adjudicaciones de la Generalitat.

Si Montoro proclamó el 31 de agosto que, «con toda seguridad, no va a haber referéndum porque no hay presupuesto», y lo hubo, aunque fuera un simulacro ilegal, es evidente que éste no brotó por generación espontánea. De la misma manera que las setas precisan de la lluvia, un montaje de esa naturaleza requiere de un chaparrón de dinero.

Recordando aquel desmentido de Felipe González de que el consorcio alemán Flick hubiera sufragado al PSOE -«A mí, ni Flick ni Flock», negó cínicamente desde la tribuna del Parlamento con su habilidad para dar la sensación de creerse lo que dice-, tanto daría que se haya efectuado mediante el Fla o el Flo. Es palmario que tal peculio ha salido del bolsillo de todos los españoles.

Por encima de ello, el encontronazo entre Montoro y el juez Llarena ejemplifica el creciente malestar del Gobierno con un juez que, obviamente, no se atiene a calendarios ni estrategias políticas, sino a restituir el Estado de derecho. Contrariamente a lo que se figuran los independentistas, una vez ha entrado el asunto en los estrados, el Gobierno se queda sin capacidad de maniobra. Baste como aviso a navegantes el rapapolvo rapapolvo del Tribunal Supremo al nuevo Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, en su ardid para facilitar la libertad condicional del ex consejero Forn.

No extrañaría que Rajoy estuviera en un tris, aunque no lo hará ni por formación ni carácter, de interpelar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, como operó Felipe González, cuando los crímenes del GAL, con el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger: «Pero ¿es que nadie le va a decir a los jueces lo que tienen que hacer?». Es llamativo que, ante la campaña de acoso y desprestigio al que está siendo sometido Llarena, las principales instancias de poder no digan esta boca es mía. Salvo el Rey don Felipe, por supuesto, quien ha sido expresivo al respecto asistiendo en Barcelona al acto de entrega de despachos en la Escuela Judicial, cuya directora es la esposa del magistrado.

Si el sultán turco Mehmet II legó la frase lapidaria de que, si un pelo de su barba supiera de mis pensamientos, me lo arrancaría, otro tanto debe opinar Rajoy. En todo caso, su política de apaciguamiento, de los que la aplicación de un artículo 155 de mínimos es su plasmación, sólo ha supuesto un armisticio. Este saltará por los aires tanto si Puigdemont arrastra al independentismo a unas nuevas elecciones configurando un movimiento personalista en torno a su mesiánico personaje como si aposenta a un adlátere en el sillón de la Generalitat.

Vana resulta, en cualquier caso, la aspiración de Rajoy de que, como mal menor, se configurara un gobierno tripartito de ERC, PSC y los Comunes de Colau. Ni ERC puede marcar distancias con Puigdemont, aunque no le falten ganas de hacerlo, como tampoco a los dirigentes del PDeCAT, ni el PSC debe en vísperas electorales.

A la postre, sus errores de cálculo no sólo pueden arruinar su precario capital político, sino causar el derrumbe de los principios y dejar sin un relato coherente al PP. Quizá sea erróneo percibir a Rajoy como un hombre de carácter pasivo sin comprender que es paciente y que aún conserva capacidad para dominar los tiempos a base de apurarlos. Lo patentizaría su acuerdo de última hora -si no llega de la mano de concesiones a los presos etarras- para que el PNV haya levantado el veto a los Presupuestos sin aguardar a la derogación del artículo 155 en Cataluña, desesperado con Puigdemont y con su secuestro del Parlament.

La respuesta a este dilema tal vez se halle en el libro de arena del tiempo, cuyas hojas están tan desperdigadas como las facturas del procés y el códice borgiano que inspiró el pillaje de la Biblioteca Girolamini.

La posverdad del 'procés' sigue sin ser contestada por Rajoy
EDITORIAL El Mundo 22 Abril 2018

El desparpajo con el que se desenvuelven los independentistas entre la opinión pública europea es otra de las graves consecuencias de la renuncia a hacer política del Gobierno. Siendo cierto que las grandes cancillerías europeas son tajantes en el rechazo a la secesión de una región dentro de la UE, la simpatía que muchos medios de comunicación extranjeros profesan hacia el fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, es un fracaso de la acción exterior del Estado español. En este contexto, no debe sorprendernos que, según relatan hoy nuestros corresponsales, cada vez sean más las voces foráneas que reclamen a Mariano Rajoy que abra un diálogo político con quien se ha burlado de nuestra Constitución y ha tratado de romper la unidad de España.

Internacionalizar el procés ha sido siempre un eje de la estrategia del independentismo.Sin esconderse y sin pudor, la Generalitat llevaba desde 2015 promoviendo una intensa campaña de propaganda exterior a través de sus embajadas en grandes capitales mundiales y de su organismo Diplocat. Incluso con el artículo 155 vigente, algunas de esas sedes diplomáticas, como la de Bruselas, han seguido impulsando la causa de Puigdemont con episodios que nunca deberían haberse producido, como la charla que organizó al prófugo ex conseller de Cultura, Lluís Puig.

Esa propaganda ha dado sus frutos, como se ha constatado con la decisión del tribunal alemán de dejar en libertad a Puigdemont o las insultantes declaraciones hacia España que hizo la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, y después Angela Merkel tuvo que corregir.

Ante la facilidad con la que los independentistas han logrado difundir su mensaje, no se entiende la parsimonia del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Madrid debe hacer política, sí. Pero no para negociar con quien ha tratado de romper la unidad de España, sino para desmentir la posverdad que los artífices del procés han construido a su medida.

Por si fuera poco, a la inacción de Dastis se suma ahora la torpeza del ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, afirmando que los independentistas no malversaron con dinero público. Es tan lógico el malestar en el Tribunal Supremo y la Fiscalía con esas polémicas afirmaciones que hizo a ELMUNDO que no se entiende la tozudez con la que el ministro se reafirma en ellas. Más si se tiene en cuenta que son muchas las facturas que prueban que miembros de la Generalitat sí cometieron ese delito.

Hace tiempo que el Gobierno dejó de hacer política para tratar que fuera la Justicia la que zanjara el desafío catalán. Pero el éxito de la internacionalización del «conflicto», como algunos quieren llamarlo, hace que sea imperioso que el Ejecutivo lance una ofensiva política para evitar un daño aún mayor que el que el procés ya ha hecho.

'El País' machaca a Montoro
"Imperdonable", "indignante", "desatino". El periódico de Cebrián no ahorra críticas a las declaraciones del ministro.
Libertad Digital  22 Abril 2018

Al fin. El País es el único periódico que no había editorializado sobre el error del ministro de Hacienda el lunes pasado boicoteando al Poder Judicial. Este domingo, el periódico que preside Juan Luis Cebrián es implacable. Lo que ha hecho Montoro es "imperdonable".

"La actitud del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a la estrategia judicial contra el procés es indignante", comienza el editorial. Tras cargar el "peso de la gestión del desafío independentista catalán a la justicia" sin tomar ninguna decisión política, ahora, "cuando la inexorable maquinaria de la justicia está en marcha, ese mismo Gobierno que sigue pasivo ante el problema hace declaraciones que confunden y entorpecen el trabajo de los magistrados".

En un contexto en el que la justicia es la que está "sufriendo el mayor desgaste en el exterior", va el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y siembra la duda sobre el Tribunal Supremo con unas extemporáneas declaraciones sobre la financiación del golpe. "Imperdonable", dice tajante.

"El Gobierno se ha visto obligado a matizar unas declaraciones que nunca debieron producirse". "¿A qué viene la insistencia de Montoro en interferir en la cusa?", se pregunta.

El País recuerda que "Hacienda está personada a través del abogado del Estado como acusación particular. Así que a la imprudencia del ministro hay que añadir sus propias contradicciones y una evidente falta de coordinación gubernamental".

En opinión del periódico, "la única explicación plausible al desatino sería la autodefensa". "Es urgente que el ministro, al que el Gobierno reiteró el viernes pasado su apoyo, se explique ante Llarena y que el Ejecutivo deje trabajar a la justicia, como él mismo tanto cacarea y como, por otra aparte, es preceptivo en un Estado de derecho".

"La política del Ejecutivo sigue ausente en la resolución del desafío catalán y su actitud solo promete empeorar la situación. Ha hablado cuando debía callar y se ha mantenido en silencio cuando la mesa del Parlament ha decidido otorgar todos sus derechos a Puigdemont aunque siga fugado (…) En esta gravísima crisis suma demasiados despropósitos".

ETA se disuelve porque ya no hace falta
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 22 Abril 2018

Ni en los peores tiempos de la ETA, España ha estado tan sometida a la violencia intimidatoria del separatismo en tantas regiones.

Es natural que la enésima noticia de la disolución de la ETA haya pasado inadvertida, cosechando incluso algunos coscorrones mediáticos. No seguir hoy la moda jeremíaca del separatismo es como gritar sin voz. ¡A quién se le ocurre pedir sólo un poco de perdón a los que mataron por error! Que el conductor beodo alegue buena fe tras atropellar doce niños en un paso cebra ya no cuela en unos medios que piden teatralizaciones convincentes, hipocresías más ensayadas. Pero, sobre todo, ¿quién va a prestar atención a esa supuesta disolución cuando el terror separatista es más fuerte que nunca?
La etasunización de Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña

En su extraordinaria crónica del juicio a los linchadores de Alsasua -oficialmente apoyados por el Gobierno navarro y agasajados en las Cortes por la horda podemita, con el clásico y cejijunto permiso de Ana Pastor, que sólo finge severidad tras permitir la fechoría, escribía ayer en El Mundo Cayetana Álvarez de Toledo:

"La exhibición de lazos amarillos en la fachada de una consejería es más grave que el sabotaje de una autopista por parte de un comando de los CDR. El linchamiento sistemático de los no nacionalistas en TV3 es peor que el puñetazo que pueda propinar un partidario de la CUP. La implicación de los mandos de la Policía autonómica en una revolución contra-constitucional es más peligrosa que la existencia de grupúsculos con reminiscencias o incluso tentaciones terroristas. Y la presencia de un Gobierno autonómico en una manifestación de apoyo a los autores de una paliza xenófoba hace más daño que la paliza en sí. Cuando la libertad de expresión degenera en libertad de intimidación, cuando las fuerzas de seguridad se convierten en fuente de inseguridad, cuando el propio poder te dice con quién está y que cuidadito con plantar cara o incluso con resistir, la democracia pasa de juez a víctima."

Y es que nunca, ni en los peores tiempos de la ETA, España ha estado tan sometida a la violencia intimidatoria del separatismo en tantas regiones y bajo tantos gobiernos regionales, mucho más peligrosos que los terroristas callejeros. Con el permiso ni siquiera cejijunto sino cejilelo, cejiciego y cejimudo de Rajoy, Soraya y la cejimema pandilla de abobados del Estado, no hay un solo día en el que cinco comunidades autónomas no den motivos sobrados para su inmediata intervención, aplicando de verdad el artículo 155. Navarra ha sido entregada a la ETA, a través del PNV; el País Vasco, al PNV, contando con la ETA; Baleares y la Comunidad Valenciana, al golpismo catalán, a través del PSOE; y Cataluña, devuelta a los golpistas del 1-O, a los que, con la ayuda de Alemania, trata de rescatar de los jueces en los que había delegado la defensa del Orden Constitucional y ahora estorban su plan de devolver cuanto antes la Generalidad a un "candidato limpio", naturalmente golpista.
El golpismo catalán, más allá de Cataluña

Mientras, en Cataluña, los CDR campan a sus anchas; los Mozos de Escuadra legalistas pasan a la clandestinidad porque Zoido prefiere jefes que acrediten veteranía y experiencia en insultar a España y los españoles; los medios golpistas -empezando por TV3, Godó y El Periódico de Soraya, siguen siendo subvencionados por el Gobierno del 155, que también se sigue negando a publicar las grabaciones de un centenar de policías heridos el 1 de Octubre, porque no quiere molestar a Merkel aunque apoye a Puigdemont.

En Baleares y la Comunidad Valenciana, calcando el modelo golpista de Cataluña, no hay un solo día en el que los gobiernos regionales social-catalanistas no atropellen los derechos civiles de la ciudadanía, con la lengua como arma de marginación y exclusión social en todos los ámbitos de la vida pública, de la educación a los concursos públicos. Y el Gobierno, calla; hasta cuando en Valencia el heroico PP de Isabel Bonig le implora que haga algo.

Las ruedas de prensa de Méndez de Vigo se han convertido en un agravio semanal a la ciudadanía en general y, en particular, a cuantos le creyeron cuando dijo que el Gobierno garantizaría la libertad de lección de lengua vehicular en la enseñanza en toda España. No es que finalmente y sin explicarse se haya negado a garantizar nada en Cataluña. Es que no garantiza nada en ningún sitio y se niega incluso a comentar tan desagradable asunto. Y la Oposición está feliz, ya que socialistas y comunistas son los grandes responsables del desastre educativo que se está imponiendo a toda velocidad.
La violencia contra los jueces

Hace mucho, casi desde el principio y estoy harto de denunciarlo, que en la propia Audiencia Nacional, el estúpido garantismo progre se convirtió en permiso para agraviar sádicamente a las víctimas. La insensibilidad al respecto de jueces y fiscales es pavorosa y el Supremo empieza a padecer sus efectos. El juicio de Alsasua ha permitido ver a unos jueces permitiendo a los abogados del terror infligir más castigo, por no decir repatear, en la sala, a las que lincharon en la calle. Álvarez de Toledo citaba en su crónica la frase de una de las víctimas, novia de un guardia civil, una mujer que no ha merecido ni una palabra de los millones de feministas de la famosa huelga no se sabe contra quién, pero no contra la ETA ni el separatismo, ni la violencia que al menos la mitad de la población padece diariamente si se opone a los separatistas. La frase es ésta:

«Si ellos están deseando que nos vayamos de Alsasua, ni se imaginan las ganas que tengo yo de irme».

¿Qué falta hace ya la ETA? La abogacía del linchamiento le hizo decir lo que ayer, ante las capuchas y pistolas etarras, quizás nunca hubiera dicho. Pero la intimidación a la ciudadanía, que es el fin político del terror, está más fuerte que nunca, alcanzando rincones de España que nunca había alcanzado. ¿Cuántas empresas, cuántas familias, cuántos ciudadanos han tomado ya o están a punto de tomar la decisión de irse de su tierra natal o de adopción, porque ni se puede vivir, ni te ayuda nadie a defender tus derechos civiles?
El error esencial al tratar a la ETA

De todo lo que pasa en España, esto es lo más grave: la ETA ya puede disolverse porque no hace falta. Las instituciones al servicio del separatismo hacen mucho mejor su tarea, y sin manchar de sangre las aceras. Ahora bien, si alguien cree que esta destrucción por parcelas de la soberanía nacional va a continuar así, sin más violencia que la que vemos, se equivoca del todo. El terrorismo es una herramienta del separatismo, cuyo fin es la destrucción de España. Cuando esta tarea de demolición se frene, si se frena, volverá al tiro en la nuca, cumplido ya el tiempo de lloriqueo catalán que hoy manda en el duopolio televisivo y el triopolio radiofónico, brazos y piernas del Gobierno. Para entonces, si hay entonces, habremos perdido tiempo, dinero y fuerzas. Será difícil rehacer lo que en 2004 era un formidable frente cívico anti-ETA. Deshecho aquel frente por el PSOE y el PP, o viceversa, la ETA se eclipsa. No ha desaparecido. Simplemente, ha tomado la calle desde las instituciones. O sea, que ha tomado lo que le han dejado tomar. Que es prácticamente todo.

El gran error ha sido y sigue siendo tratar a ETA como una banda asesina y no como una banda separatista que asesina para conseguir sus fines. Mientras se repita el mantra de que "todas las ideas son legítimas", referidas al separatismo, nunca a la defensa de España y el orden constitucional, los asesinatos para imponer esas ideas estarán a priori o a posteriori, justificados. Eso es lo que estamos viendo: ya no hace falta la ETA para conseguir lo que durante cincuenta años no ha conseguido la ETA. Qué éxito.

¿Perdón?
Borja Gutiérrez gaceta.es 22 Abril 2018

Llega tarde, cuando a la banda no le queda otra alternativa, según su hoja de ruta. Porque ETA Político Militar, ha sido derrotada en su vertiente militar, pero no en la política.

Decía el dramaturgo griego Esquilo que “Toda el agua de los ríos no sería suficiente para lavar la mano ensangrentada de un asesino.” Cuánta razón tenía este sabio literato, primer gran representante de la tragedia griega. Sobre todo, si ese agua está turbia y enrarecida y quizás no busca limpiar la culpa de unos asesinos, sino blanquear su historia de terror ejercida durante casi seis décadas, para pasar página de una forma forzada, desvirtuada e imposible.

La banda terrorista ETA que mantuvo a toda España en vilo, durante más de cincuenta años, secuestrando, extorsionando y asesinando a ciudadanos españoles por el mero hecho de ser españoles, anunció que iba a pedir perdón a las víctimas, como muestra de su predisposición a la disolución y a la búsqueda de una reconciliación con una sociedad a la que había estado mordiendo como un perro de presa a base de bombas lapa, plomo en la nuca y coches explosivos. Su anuncio, materializado en un comunicado con fecha 8 de abril, llega tarde, mal y nunca.

Llega tarde, cuando a la banda no le queda otra alternativa, según su hoja de ruta. Porque ETA Político Militar, ha sido derrotada en su vertiente militar, pero no en la política. Hoy podemos decir que la democracia ha vencido al terrorismo etarra, porque las sucesivas operaciones policiales y las fuertes medidas legales que gobiernos como el de Aznar adoptaron contra ETA, llevaron a la banda a una situación de huida hacia adelante que sólo podía acabar necesariamente con el cese del terrorismo. Una ETA cada vez más debilitada y con menor respaldo social llevó a que en 2011 declararan unilateralmente el cese de la lucha armada y sangrienta, como mecanismo para intentar sobrevivir a las continuas detenciones que llevaban a cabo las fuerzas policiales.

Llega tarde, tratando de sacar rédito al agotamiento de una sociedad cansada de dolor y violencia. Una sociedad de la que esperan tenga una memoria corta, de tal modo, que edulcorando y falseando nuestra historia más reciente, acabemos por tragarnos su relato, un relato que justifica el asesinato sustentándolo en un conflicto entre iguales, lejos de reconocer que en España no hubo tal conflicto, sino, una auténtica masacre de víctimas inocentes a manos de sus verdugos. Pero, para que no triunfen la desmemoria ni la mentira, seguimos estando los españoles de bien. Todos aquellos que defendemos y reclamamos, por encima de todo, la Dignidad, Memoria, Verdad y Justicia que merecen todas y cada una de las víctimas del terrorismo.

Llega mal, desde sus primeras palabras: “ETA al pueblo vasco…”. Y, ¿el pueblo español? Debe ser que el pueblo español no merece que le pidan perdón. Continúa el comunicado diciendo que “quiere reconocer mediante esta declaración el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada, así como mostrar su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición.”

Sinceramente, me da mucha pena leer cada una de las palabras que utilizan, y observar un intento de manipulación tan flagrante, cuando exponen esos términos como “trayectoria armada”. Y, además, se permiten hablar de su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto. No sé a qué consecuencias se refieren que puedan tener alguna repercusión sobre quienes han ejercido el terrorismo como dogma, porque aquí, los únicos que han padecido consecuencias, terribles consecuencias, han sido las casi 1.000 víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA cuya consecuencia fue, nada más y nada menos que perder la vida, y el dolor irreparable y las penurias padecidas por los familiares y amigos de esas víctimas.

ETA asegura en su comunicado saber que obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada, su actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna y habla de víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto. Sí, tal cual. De nuevo aparece su tergiversado relato, el de la existencia de un conflicto, en el que bajo su sanguinario punto de vista, hubo otras víctimas que sí tuvieron que ver en “su conflicto”. Sin duda deben referirse a los militares, policías, políticos, periodistas, jueces… O tal vez se refiera a los hombres, mujeres y niños que asesinaron en atentados contra casas cuarteles de la Guardia Civil o a lugares concurridos como Hipercor. Es inaceptable diferenciar entre víctimas culpables y víctimas inocentes, porque ello supondría admitir que ETA tenía razones para matar.

Y, tal como decía, llega nunca, porque ETA realmente no ha pedido perdón. En su “comunicado del perdón” solo menciona la palabra perdón en una ocasión, cuando habla de damnificados por el conflicto. Y en ningún momento, expresan su voluntad de ponerse a disposición de la Justicia para esclarecer los casi 400 asesinatos que aún a fecha de hoy, están pendientes de resolverse.

ETA no ha pedido perdón a la sociedad española y si lo hiciera, jamás podría estar sustentado sobre la historia de un relato falso y la impunidad de su barbarie criminal. Por mucho que se empeñen en blanquear el pasado, no habría agua suficiente para lavar tantas manos ensangrentadas.

¿Hacia el final de la dispersión de los presos?
FERNANDO LÁZARO El Mundo 22 Abril 2018

Gobierno y partidos ven a ETA "derrotada", apoyan a las víctimas y prometen que no habrá "contrapartidas"

ETA pide "perdón" a las víctimas que no tenían "una participación directa" y exige "respeto mutuo"

El comunicado de ETA y su inminente anuncio de disolución son un paso para acercar el final de la política de dispersión con sus presos, según apuntan fuentes gubernamentales que, no obstante, aseguran que la decisión aún no está tomada. Aunque añaden que todo irá "a cámara lenta", admiten que la política de dispersión es una herramienta que se ha mostrado de extrema eficacia para luchar contra la organización terrorista.

Ahora bien, si se produce una disolución real y las Fuerzas de Seguridad avalan esta disolución, la posibilidad de que exista una decisión política para acercar a los presos a prisiones del País Vasco y de su entorno aumentaría. Esta es la tesis que está sobre la mesa de los que tienen que tomar la decisión. Pero además, como subrayan estas mismas fuentes, el fin de la dispersión ha sido y es otro elemento de negociación política. Desde que los terroristas paralizaron sus actuaciones, el PNV ha defendido que el Gobierno debía ceder en ese flanco y acercar a los presos de ETA. Esta era la exigencia de la organización terrorista para liberar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien estuvo secuestrado 532 días hasta que la Guardia Civil puso fin a su cautiverio.

Desde las filas del PNV se ha hecho causa común con la izquierda abertzale en la exigencia al Ejecutivo para que ponga fin a esta política. Sin duda, un anuncio de ETA podría provocar un acercamiento entre el PNV y el Gobierno, sobre todo en un momento en que sobre la mesa están las negociaciones para que la formación nacionalista vasca avale los presupuestos generales y dé oxígeno al Ejecutivo para poder acabar la legislatura.

Precisamente, la víspera del comunicado de ETA, el PNV dio un primer paso para no bloquear los presupuestos presentados por Montoro. Las fuentes de Interior consultadas por este periódico no esquivan esta "coincidencia".

Ya desde hace meses Interior barajaba la posibilidad de tener que reconducir la política penitenciaria. Se abrió la puerta para que se pudieran ir acogiendo a nivel individual los presos de ETA si renunciaban a la estrategia etarra. Se intentó potenciar la vía Nanclares. Pero el eco fue mínimo. El colectivo de presos se mueve en bloque y esperaba una decisión común para todos.

Desde Interior, tras analizar el comunicado publicado ayer por ETA, se espera que en breve se produzca algún tipo de pronunciamiento de los presos.

Fuentes de la lucha antiterrorista, tanto de la Guardia Civil como de la Policía, interpretan el comunicado etarra como un paso más en su estrategia por "blanquear" su historia: "Casi están buscando que les aplaudan". Pero también lo enmarcan en la maniobra para acercar a los presos. Son 229 los que cumplen condenas en las cárceles españolas y otros 52 en Francia, país donde ya se han producido acercamientos.

Estas fuentes recuerdan que ETA no está totalmente desarmada. El inventario elaborado por la Policía francesa calcula que al menos 80 de las pistolas robadas por los terroristas en Vauvert (Francia) no han sido recuperadas. También destacan que hay casi 90 integrantes de la organización terrorista con causas pendientes con la Justicia. Pero, además, como añaden estos especialistas, aún hay pendientes de identificar a los autores de 370 crímenes cometidos por etarras. La organización terrorista no ha colaborado en el esclarecimiento de ninguno.

El truco de presos por presupuestos
No es casualidad que ETA pida su perdón selectivo a la vez que el PNV garantizaba su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado: de fondo están los presos
Curri Valenzuela ABC 22 Abril 2018

No es casual que ETA pidiera su perdón selectivo a la vez que el PNV garantizaba apoyo a los Presupuestos

No por casualidad ETA hizo público esta semana el comunicado con el que pide perdón de manera «selectiva» por los asesinatos que ha cometido precisamente a la vez que el PNV garantizó al Gobierno su apoyo, momentáneo, a los Presupuestos Generales del Estado. Asociaciones de victimas y el propio Ejecutivo consideran que los terroristas presionan así a los nacionalistas vascos para que incluyan la mejora de las condiciones de sus presos en esa negociación. Un intento fallido por el rechazo casi unánime de la sociedad española a los términos empleados en esa declaración al que se ha sumado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Hasta qué punto el PNV ha propiciado ese intento de petición de disculpas por parte de los etarras es motivo de especulación. Los gobiernos de Madrid y de Vitoria estaban al tanto de que ETA comunicara públicamente en la primera semana de mayo su disolución. Lo de pedir perdón a los «inocentes» del «conflicto» ha sido un adelanto que coincide con las explicaciones dadas por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, de que su partido no va a presentar enmiendas a la totalidad en el debate de Presupuestos de la semana próxima, lo que permitirá que su tramitación parlamentaria siga su curso a lo largo de un mes en el que los nacionalistas vascos irán negociando capítulo a capítulo.

En el Gobierno se pensaba que las peticiones iban a consistir en mejorar las ventajas económicas que la hacienda vasca tiene negociadas con Montoro, una preocupacion por tener que elevar el precio de su estabilidad que llevó a Rajoy a recibir esta semana a Susana Díaz para anunciarle que va a iniciar urgentemente la reforma de la financiación autonómica para todas las comunidades. Y aunque nadie en el Ejecutivo conoce lo que hablan, con frecuencia, su presidente y el lehendakari, que se sabe que mantienen muy buena relación, la opinión general es la de que el falso perdón anunciado por ETA ha sorprendido a Moncloa pero ha debido de ser conocido, incluso alentado por Urkullu.

ETA tiene aún 243 presos en España, casi todos ellos encarcelados lejos del País Vasco sin disfrutar jamás de permisos penitenciarios. El PNV está pidiendo a cambio de su apoyo a los presupuestos la transferencia de la Seguridad y de... las prisiones. Los terroristas querían asegurar el bienestar de los suyos en mejores condiciones y en carceles vascas antes de disolverse. Y el PNV, quizás apuntarse ese tanto. Si no hubiera sido por los términos miserables en los que ha pedido el esperado perdón, de lo que se ha quejado hasta Urkullu, quizás lo habrían conseguido.


Alzhéimer político
El proyecto post-terrorista de la trivialización del holocausto necesita una sociedad resignada a enfermar de olvido
Ignacio Camacho ABC 22 Abril 2018

El mayor fallo del modelo democrático español, acaso el que más coste haya tenido, ha sido el de la falta de una pedagogía sobre sí mismo. El relato de la nación contemporánea lo han escrito las autonomías, de manera desarticulada, tras adueñarse de los programas educativos. Es conocido, por desgracia, el éxito nacionalista en el adoctrinamiento en torno a una interpretación histórica basada en mitos, pero ese logro letal para el Estado ha podido producirse por la ausencia de un ideario escolar capaz de aquilatar los valores constitucionales y difundirlos a las jóvenes generaciones con rigor y sentido. El consenso social sobre el acierto de la Transición no sólo no ha sido preservado, sino ni siquiera correctamente explicado ni transmitido. Y el discurso rupturista ha aprovechado ese esencial vacío.

De todas las lagunas formativas que ha ido embalsando la incuria del sistema, la más grave es la que afecta al terrorismo de ETA. Sólo muy recientemente se ha implantado, gracias al esfuerzo de dignidad vestal de las víctimas, un timorato módulo didáctico sobre este aspecto esencial de un régimen que en gran medida tuvo que forjarse a través del combate contra la violencia. Siendo como es un asunto crucial en el entendimiento de nuestras dificultades de convivencia, nadie le ha dado suficiente importancia a lo largo de cuatro décadas. Ahora que la banda va a disolverse, o más bien a convertirse en un agente subalterno que gestione su herencia, la cuestión de la memoria del sufrimiento aparece como aspecto clave para mantener la cohesión de los principios de la democracia frente al cada vez más visible intento de reblandecerla.

En su despreciable comunicado de arrepentimiento selectivo, ETA ha procurado establecer una narrativa sesgada sobre un falso conflicto vasco latente desde el bombardeo de Guernica, es decir, desde el período de la guerra. El argumentario post-terrorista entronca así con la reclamación de la legitimidad republicana que viene sosteniendo, desde la etapa zapaterista, buena parte de la izquierda. La retórica etarra ha cambiado, trocando con cierta habilidad su inflexibilidad cruenta por un tono de ambigua liquidez, por un lenguaje de aparente empatía social destinado a asentar la semántica de su reciente estrategia. Existe un riesgo claro de que ese paradigma trucado encuentre terreno abonado en la amnesia con que ha sido educada nuestra sociedad moderna.

Desaparecida la coacción violenta, el proyecto de exclusión totalitaria tratará de perpetuarse en un legado de buenismo ficticio. Lo puede conseguir si el orden constitucionalista se resigna a vivir enfermo de alzhéimer político, si permite la adulteración trivializada del holocausto en un contexto vago y descomprometido. La España que aún debate sobre el franquismo no puede extraviar su bitácora moral al punto de relegar su tragedia más reciente al olvido.

Uno de cada tres crímenes de ETA sigue sin ser resuelto
Las víctimas exigen a la banda que colabore con la Justicia para esclarecer los casos
Adrián Mateos ABC 22 Abril 2018

La izquierda radical recurre con frecuencia al término «reconciliación» para fomentar la disolución sin contrapartidas de ETA. En el comunicado que hizo público el diario Gara, de hecho, los terroristas no ofrecieron garantía alguna de que vayan a colaborar con la Justicia para arrojar luz sobre los cientos de asesinatos que quedan sin resolver, que constituyen el 34%.

Por encima de todo priman la necesidad de perdonar al «bando» contrario, algo que sus víctimas relegan a un «segundo plano». En este sentido, las asociaciones de damnificados por la organización insisten en que no habrá paz en el País Vasco hasta que los criminales cumplan sus penas de forma «íntegra» y digan lo que saben sobre los casos que continúan abiertos.

La cifra total de atentados sin responsables varía en función de quién la ofrezca. Instituciones como Dignidad y Justicia hablan de 379 casos, mientras que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) augura que existen más de 400. La Fiscalía de la Audiencia Nacional establece que en la actualidad se desconoce la autoría del asesinato de 297 personas. Es decir, una de cada tres víctimas mortales.

Entre ellas se encuentran los agentes de la Guardia Civil Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, que murieron en 2009 en Calvià (Mallorca); así como el policía nacional José Ignacio Pérez Álvarez, fallecido en 1990 en el municipio vizcaíno de Galdácano.

Sus nombres engrosan la oscura lista de crímenes sin resolver de la banda, que escenificará su disolución el primer fin de semana de mayo. Una «farsa» que no sacia a las familias de los asesinados, que exigen a los terroristas que colaboren con las autoridades españolas y francesas. En este sentido, fuentes de Covite explicaron que muchos de los damnificados por la violencia etarra no cierran la puerta al «perdón», si bien añadieron que para ello es necesario que los etarras cumplan la totalidad de sus condenas y faciliten la información que esconden.

De hecho, las víctimas hacen hincapié en que los supuestos gestos de reconciliación a los que se aferra ETA no son más que una «tomadura de pelo» semejante al acto de desarme que tuvo lugar hace un año, cuando la banda hizo entrega de 118 armas de fuego y cerca de tres toneladas de explosivos. En este sentido, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, recordó a ABC que los propios mediadores del proceso fueron detenidos meses atrás por «obstrucción a la Justicia y destrucción de pruebas».

500 armas incautadas
En cualquier caso, el material que facilitaron los terroristas no sirvió para esclarecer los crímenes sin resolver, pues se encontraba «limpio» de pruebas. Un hecho que no sorprendió a la policía científica, que se muestra más optimista con las 500 armas que fueron incautadas a la organización por las fuerzas de seguridad galas y que fueron trasladadas a España el pasado febrero en dos grandes camiones.

El principal problema a la hora de hallar a los culpables de los asesinatos es que, según los datos que maneja el Ministerio Público, 128 de ellos se produjeron entre 1978 y 1982, los denominados «años de plomo», que tuvieron lugar hace ya cuatro décadas.

Los etarras mienten también en su último comunicado, en el que aseguran haber reivindicado «todas las acciones» que han cometido a lo largo de su medio siglo de historia. Una afirmación falsa, pues la banda nunca asumió el asesinato de los gallegos Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga y Jorge Juan García, quienes desaparecieron en 1973 cuando se dirigían a la comuna francesa de San Juan de Luz para ver una película censurada por el franquismo. Los jóvenes se tropezaron con integrantes de la banda, que, tras confundirlos con policías españoles, les secuestraron, les torturaron y les mataron.
Andalucía acoge el grueso de los reclusos

El Gobierno mantiene a los reclusos de ETA dispersos y alejados de las cárceles del País Vasco. De hecho, en la actualidad solo cuatro de los 243 reclusos confinados en España se encuentran internados en centros de la Comunidad Autónoma vasca. Según los datos que maneja el Ministerio de Interior, el grueso de los internos se haya en Andalucía (88). La prisión granadina de Albolote es, a su vez, la que más etarras tiene (13).

Según la misma fuente, en el país galo se encuentran todavía 53 presos de la banda terrorista. Buena parte de ellos (10) se halla en la cárcel de Lannemezan, situada muy cerca de la frontera española. De hecho, este es uno de los centros escogidos por la administración francesa para acercar a los reclusos que no posean crímenes de sangre ni les resten más de tres años de condena.

A pesar de todo, algunos de los reclusos se encuentran en un régimen especial. Es el caso, entre otros, de Ibon Iparragirre, que sufre un estado avanzado de sida. El pasado febrero, el terrorista, implicado en la explosión de un coche bomba frente a una comisaría de la Ertzaintza, fue trasladado desde la cárcel de Alcalá-Meco en la que cumplía condena hasta el centro hospitalario guipuzcoano de Aita Menni.

MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA
Las Víctimas del Terrorismo, los héroes de una nación
La Gaceta  22 Abril 2018

La Gaceta dedica la ovación de esta semana a las Víctimas del Terrorismo tras el cínico y cobarde comunicado de la banda terrorista de ultraizquierda ETA.

La Gaceta dedica la ovación de esta semana a las Víctimas del Terrorismo, que vieron este viernes como la banda terrorista de ultraizquierda ETA se burlaba de ellas y del Estado al distinguir en un comunicado entre víctimas culpables e inocentes, entre quienes, a juicio de los pistoleros, se merecían un tiro en la nuca y una bomba-lapa, y quienes fueron víctimas por casualidad, “ajenas al conflicto”.

Lamentar medio siglo de terror mientras se habla de “lucha armada”, se equipara a los asesinos con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -dice que para otros muchos también han sido totalmente injustas, pese a utilizar el disfraz de la ley, las acciones de las fuerzas del Estado y de las fuerzas autonomistas”- y no se colaborar con la Justicia para esclarecer los 300 crímenes que están impunes, es un ejercicio que muestra el cinismo y la cobardía etarra.

Ahora las Víctimas vuelven a exigur firmeza y que quienes causaron tanto sufrimiento y dolor no encuentren ningún tipo de atajo. Incluso denuncian que la banda solo busca el acercamiento de los presos etarras al País Vasco y es un gesto para que el PNV se lo exija al Gobierno a cambio de aprobar los presupuestos generales del Estado. “Es fruto de un debate interno teledirigido por el aparato político, que es el que ahora lidera la banda, que ha vendido a los presos el acercamiento”, ha dicho Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA hace 18 años.

Ellas son el exponente de la dignidad nacional, por eso es necesario más que nunca un relato con vencedores y vencidos, y la deslegitimación del proyecto político nacionalista en el que asentó medio siglo de terror ‘gudari’.

Desde la extrema izquierda ahora se intentará banalizar los atroces atentados y serán Pablo Iglesias, Ada Colau y Manuela Carmena los que compren su nauseabundo relato y vuelvan a exigir beneficios penitenciarios, y desde La Moncloa se hablará de “la fortaleza del Estado de derecho” que “ha vencido” a una organización terrorista que, por cierto, mantiene su brazo político en las instituciones. La España sana, con músculo moral, seguirá teniendo presente a sus héroes y exigiendo Memoria, Dignidad y Justicia.

Todo lo que ha destruido el 'procés'
José Antonio Sorolla  cronicaglobal 22 Abril 2018

Casi tres meses después del 6 de octubre de 1934, Gaziel escribía en La Vanguardia (21-12-1934) su tan citado artículo La clara lección, que empieza con la frase “todo se ha perdido, incluso el honor”, para resumir el “desastroso final del primer ensayo autonomista realizado en Cataluña”. Ochenta y tres años después, fracasó el primer intento de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre, han pasado cuatro meses de las elecciones del 21D, convocadas mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no hay nuevo presidente de la Generalitat ni Gobierno, los miembros del anterior Govern están en el extranjero o en la cárcel y es posible que los catalanes sean llamados de nuevo a las urnas si no se produce una investidura viable antes del 22 de mayo.

El “todo se ha perdido” podría transmutarse ahora en “todo se ha destruido”. Se ha hablado mucho de cómo el procés ha destruido los partidos políticos (la coalición CiU, Convergència Democràtica, Unió, el PSC, Iniciativa per Catalunya, etcétera) y los medios de comunicación públicos y de cómo ha provocado una fractura política y social en la sociedad catalana, que ahora ya solo niegan los más fanáticos partidarios de la ruptura a toda costa. Pero la destrucción ha sido mayor y ha alcanzado a las organizaciones apartidarias y a los organismos intermediarios, que han perdido su independencia y se han convertido en correas de transmisión del Govern independentista y de los partidos que lo apoyaban.

La fractura acaba de alcanzar a los sindicatos UGT y CCOO debido a las tensiones provocadas por el apoyo de las direcciones de Cataluña --con el silencio de los dirigentes de ámbito español-- a la manifestación del domingo pasado en favor de la libertad de los líderes independentistas presos. Es cierto que se puede estar a favor de la salida de prisión de los políticos encarcelados o denunciar los excesos de la prisión preventiva sin ser independentista, pero una decantación tan explícita en momentos de abierta polarización era inevitable que causara desgarros entre los afiliados constitucionalistas de los dos grandes sindicatos, cuando, además, la presencia de los líderes sindicales iba a ser capitalizada por el independentismo, como así ha sido.

El procés ha destruido también el prestigio de dos instituciones intermediarias como el Síndic de Greuges y el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El síndic, Rafael Ribó, ha transfigurado su papel de defensor del pueblo catalán en defensor del Govern independentista y en crítico feroz del Gobierno español. Una de sus actuaciones más comentadas fue la presentación a finales de mayo de 2017 en Barcelona (y un mes después en Madrid) de un informe en el que denunciaba un “deterioro de la calidad democrática en España”; “la persecución policial de cargos electos”; “las restricciones del derecho a la libertad de expresión que afectan al conocido como proceso soberanista”; “un debilitamiento de la separación de poderes” y “la influencia que el Ejecutivo [español] tiene sobre la fiscalía”.

El informe, aplaudido por los partidos independentistas y por Unidos Podemos, analizaba conflictos ajenos a Cataluña, que en teoría no son de su competencia, con un enfoque sesgado que Ribó ha mantenido en sus pronunciamientos posteriores o en sus silencios: nada relevante tuvo que decir, por ejemplo, sobre las violaciones democráticas de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica aprobadas por el Parlament el 6 y 7 de septiembre pasados. Ya sea en la actuación policial contra las protestas por la detención de Carles Puigdemont en Alemania, en las denuncias a Europa de “violaciones de derechos” en Cataluña, en la supuesta “caza de brujas” del ministro Cristóbal Montoro con inspecciones de Hacienda a empresarios catalanes, en la presunta colaboración del imán de Ripoll con el CNI o en las resoluciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, Ribó no falla nunca: siempre defiende la posición de los independentistas.

El síndic, Rafael Ribó, ha transfigurado su papel de defensor del pueblo catalán en defensor del Govern independentista y en crítico feroz del Gobierno español

El objetivo de las críticas del síndic es siempre ajeno a Cataluña. En eso tiene en el CAC un imitador, que emite resoluciones críticas acerca de televisiones sobre las que no tiene competencia (por eso tiene que limitarse a “instar” a la Comisión Nacional de los Mercados) y absuelve casi siempre a los medios sobre los que sí la tiene, como TV3 y Catalunya Ràdio. TVE es indefendible, y especialmente el antes prestigioso Informe semanal, pero el doble rasero es escandaloso y viene de antiguo. Cuando juzgó, por ejemplo, el reportaje Querella contra Mas (emitido el 22-11-2014 en Informe semanal), en el que se atacaba a los catalanes con palabras gruesas, el CAC denunció el “posicionamiento editorial no neutral” y la “práctica unidireccionalidad” del espacio, pero cuando examinó el reportaje de TV3 Hola Europa! (7-5-2013) o el documental L’endemà (17-12-2014), en los que todos los participantes eran favorables a la independencia, aprobó sus contenidos porque se trataba de “documentales de tesis” que expresaban el punto de vista de los autores.

Esta teoría del “documental de tesis” ha creado escuela y se mantiene hasta ahora. El pasado 7 de marzo, el CAC consideró con el mismo razonamiento que el documental de Sense ficció (TV3) sobre el referéndum del 1-O no vulneró “las misiones de servicio público”. Si el CAC analiza declaraciones ofensivas en televisiones españolas, “no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión”, derecho que se aplica siempre, sin embargo, a los tertulianos de TV3 o de Catalunya Ràdio por extemporáneas que sean sus opiniones. La polémica incitación de Mònica Terribas en El Matí de Catalunya Ràdio (22-9-2017) a informar sobre movimientos de vehículos policiales no vulneró, según el CAC, la normativa porque no relacionaba “los desplazamientos con ninguna actuación policial concreta” ni proponía ni provocaba ni inducía a cometer delitos.

El CAC dictaminó que TV3 fue la cadena más pluralista en su tratamiento del referéndum del 1-O. Con esto está dicho todo.

Javier Esparza (UPN): «Uxue Barkos intenta que Navarra sea más euskaldún cada día»
Tras ganar las elecciones, lidera la oposición a un cuatripartito que «está sembrando sectarismo» para integrar Navarra en «Euskalherria»
Pablo Ojer ABC 22 Abril 2018

Javier Esparza preside desde hace dos años y medio UPN, el partido que ganó las elecciones en Navarra. Se tuvieron que aliar Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida para que no gobernara. Entre esas cuatro fuerzas predominan dos: la nacionalista vasca y la abertzale. Tras el falso arrepentimiento de ETA, reflexiona en ABC sobre la política navarra y el riesgo de euskaldunización que existe.

¿Qué sensación le produjo el comunicado de ETA?
La primera sensación fue la de vergüenza, que se haga distinciones entre las víctimas. Todas han sido y son víctimas inocentes. ETA no discriminó a la hora de matar y ahora pretende discriminar a la hora de pedir perdón, dando a entender que hay víctimas a las que se sigue culpabilizando y haciendo responsables. Que queda clara una cosa: la única responsable de todo lo sucedido en estos terribles años ha sido la banda terrorista ETA. Ningún daño ni ningún asesinato se hubieran producido si ETA no hubiera existido.

Sin embargo, parece que será el último comunicado antes de anunciar su disolución.
ETA no se disuelve porque sí. ETA ha sido derrotada. Y los artífices de esa derrota han sido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los partidos políticos que desde la unidad se han mostrado firmes frente a la barbarie terrorista y toda la sociedad. Y nunca, nunca hay que olvidar a las víctimas. Seguiremos estando con ellas.

¿Y después de esa disolución?
Todavía es necesario que los terroristas y su entorno ayuden a esclarecer los muchos asesinatos no resueltos. Asimismo, tienen que pagar por los asesinatos cometidos de acuerdo con lo que dictaminen la Justicia y la Ley. El futuro político y social debe desarrollarse en el marco de la legalidad y la Constitución, sin ningún tipo de concesión a los terroristas y sus cómplices.

¿Navarra es a día de hoy más euskaldún que hace tres años?
Este gobierno está intentando que Navarra sea más euskaldún que hace tres años. Hace una política sectaria, identitaria, donde la prioridad es esa, no los problemas de los ciudadanos. Están sembrando, utilizando la educación políticamente para su objetivo, y utilizan también el acceso a la administración pública. Incluso están diciendo qué empresas y cómo van a trabajar con ellos. En Navarra, quien no sabe euskera, que es el 87% de la población, tiene muy difícil ser funcionario porque para ser funcionario cuenta mucho más el euskera. Y las empresas que trabajan con la Administración y que trabajan de cara al público, más allá de que ese servicio la presten en la Ribera, en la Zona Media o la Zona Norte de Navarra, están obligadas a tener planes de formación en euskera. Es una obsesión. Están utilizando la lengua para construir su proyecto nacional que es Euskalherria.

Si gana las próximas elecciones, ¿cómo daría la vuelta a esta política?
Tomando decisiones, sin ninguna duda. Todo lo que está haciendo en política lingüística, el acceso a la función pública… habrá que ponerle sentido común y equilibrio, con igualdad de oportunidades. Es decir, todos los ciudadanos tienen que tener las mismas oportunidades. Dejaremos que cada uno elija libremente si quiere aprender euskera o no. No faltaba más. Y entendemos que tiene que haber proporcionalidad porque Navarra es distinta, diferente, en función de dónde vivas. En el norte hay zonas donde se habla más euskera; en Pamplona se habla muy poquito euskera y de Pamplona para abajo prácticamente no se habla.

En su grupo, de 15 parlamentarios, dos son euskaldunes.
Son dos euskaldunes que viven en euskera con total normalidad. Sienten la bandera de Navarra y dicen que Navarra es una Comunidad foral diferenciada dentro de España. Y ya está. Una cosa nada tiene que ver con la otra. Mucha gente euskaldún vota a UPN porque quieren que Navarra siga siendo una Comunidad diferenciada y no una diputación vasca más, y que el Gobierno de Navarra esté en Pamplona y no en Vitoria, que tenga una Policía Foral diferenciada, y Guardia Civil y Policía Nacional, porque nos sentimos más seguros. A mí lo que me gustaría es presidir una Navarra en la que cualquiera pueda aprender euskera si quiere y que en esas clases de euskera le enseñen que su bandera es la Navarra y su país España, porque eso es lo que somos.

El porcentaje de voto nacionalista es superior a ese 13% que sabe euskera. ¿Significa que hay más ganas de acercarse al País Vasco?
Yo creo que no. La sociedad navarra no es independentista. Mayoritariamente ha dicho que quiere que Navarra sea una Comunidad Foral diferenciada, dentro de España. Creo que la sociedad navarra mira con preocupación a Cataluña porque es un aviso a navegantes. Creo que aquí en Navarra no se quiere que ocurra lo que está sucediendo en Cataluña: se están yendo empresas, hay una fractura social importante. Y la sociedad navarra ha sufrido mucho. Lleva 60 años aguantando a una organización terrorista. Y eso marca a cualquier sociedad. Por lo tanto, el nacionalismo vasco está donde está a día de hoy, hay una mayoría social en Navarra que no es nacionalista y que no es independentista.

¿El Convenio Económico no es una forma de nacionalismo?
No. El Convenio Económico es una forma de relacionarse con España recogida en la Constitución. Pagamos más de lo que nos correspondería. En la balanza fiscal, Navarra es de las comunidades que aporta más de lo que recibe. Siempre hemos sido leales y solidarios con el resto de España y estamos orgullosos de serlo. Y también es un ejercicio de responsabilidad en la gestión de los recursos. La pasada legislatura que hubo una crisis importantísima nacional y que nos afectó obviamente también a Navarra, nosotros no pedimos financiación al Estado. Nosotros no fuimos al Fondo de Liquidez Autonómica. Nosotros tuvimos 1.000 millones menos de ingresos y tuvimos que hacer un ajuste de 1.000 millones de euros en un presupuesto de 4.000. Esto es gestionar desde la responsabilidad, a las duras y a las maduras.

Pero sí que se habla del Convenio como forma de autogobierno que se utiliza como separación de España.
El nacionalismo y los Fueros son antagónicos. El mayor riesgo que tiene el régimen foral de Navarra es el nacionalismo. El régimen foral, el convenio, el autogobierno es pacto y lealtad con España. En un cuarto del escudo de España está la bandera de Navarra, porque somos parte esencial de España. Hemos contribuido a la construcción de este país. Nosotros somos navarros, españoles y europeos. Y eso es lo que queremos seguir siendo.
«En Alsasua no encontramos a nadie para UPN porque te complicas la vida»

-¿Qué relación tiene la euskaldunización de Navarra con lo ocurrido en Alsasua?
-El nacionalismo radical lleva muchos años adoctrinando en la falta de respeto y en la intimidación. Para UPN es muy difícil sacar una lista en alguna localidad concreta a pesar de que tenemos votos. En Alsasua tenemos un concejal que no es de allí. En las generales tuvimos 600 votos, pero no encontramos a nadie de Alsasua que quisiera encabezar la lista de UPN a la Alcaldía porque esa persona sabe que se va a complicar la vida. En una minoría de Alsasua y otras localidades se ha asentado un odio a lo que representa España inoculado durante muchos años por la izquierda abertzale, por un grupo que hoy hacen presidenta a Uxue Barkos. Han sido campañas durante años contra la Guardia Civil, quema de muñecos de guardias civiles, de policías forales. Y aquí no pasa nada. El caldo de cultivo perfecto. Y al final, como ocurre siempre en esta vida, el mundo nacionalista termina defendiendo a sus chicos. Y terminamos intentando minimizar lo ocurrido.

-¿En Alsasua se produjo un delito de terrorismo?
-Que el Gobierno navarro se posicione en un proceso penal es un disparate jurídico. Barkos dice que no es terrorismo. Me tendrá que explicar por qué, porque yo no lo sé, pero ella no es juez. Uxue Barkos no sabe qué es la separación de poderes.

El fundador del catalanismo: “Jamás cantaré Els Segadors ni usaré el odio contra los hijos de España”
M.A. Ruiz Coll okdiario 22 Abril 2018

Los libros de texto de la Editorial Teide firmados por el actual vicepresidente de la ANC, el independentista Agustí Alcoberro, inculcan a los alumnos la idea de que España ha pisoteado sistemáticamente las aspiraciones legítimas de los catalanes a lo largo de los siglos.

Y esto ocurre en todas las etapas analizadas. El libro de Historia de Agustí Alcoberro para 4º de ESO incurre en todos los tópicos del independentismo: presenta la disputa dinástica de la Guerra de Sucesión española como un enfrentamiento entre “Castilla, que dio su apoyo a Felipe V, y la Corona de Aragón”, que apostó por el archiduque Carlos de la Casa de Austria.

Esta versión oculta que Felipe V era el sucesor legal del Reino, designado en el testamento de Carlos II, y fue reconocido como rey legítimo por las Cortes catalanas en 1701. El libro de texto sitúa en 1714 la pérdida de las libertades de Cataluña debido a la entrada en vigor de los Decretos de Nueva Planta que “impuso el castellano como única lengua oficial” y ab0lió las instituciones históricas propias de los reinos de Aragón y Valencia.

Lo cierto es que los Decretos de Nueva Planta sólo hacen una alusión a la lengua, en su artículo 4º: “Las causas de la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana”. Hasta entonces, estas causas se desarrollaban en latín, por lo que difícilmente los Decretos de Nueva Planta supusieron una persecución contra la lengua catalana.

“Jamás entonaré ‘Els Segadors'”
Por otro lado, resulta bastante anacrónico hablar de la pérdida de libertades en 1714, 75 años antes de la Revolución Francesa. En todo caso, fueron abolidos privilegios cuasi feudales de los que se beneficiaban los estamentos sociales más elevados.

La supuesta “opresión” sufrida bajo la dinastía borbónica difícilmente explica el florecimiento económico que Cataluña experimentó a partir del siglo XVIII y, sobre todo, del XIX, especialmente gracias a las medidas proteccionistas y el establecimiento de aranceles a la importación de productos del exterior, que convirtieron al conjunto de España y sus colonias en un mercado cautivo de la industria catalana.

En este apartado, el libro de texto de Alcoberro menciona a Valentí Almirall como uno de los referentes del “catalanismo federalista”. Olvida citar los escritos de Almirall que hoy sonrojarían a cualquier independentista: “Nada tengo en común con el catalanismo al uso, que pretende sintetizar sus deseos y aspiraciones en un canto de odio y fanatismo (….) Jamás he entonado ni entonaré Els Segadors, ni usaré el insulto ni el desprecio para los hijos de ninguna de las regiones de España”.

El libro del vicepresidente de la ANC también menciona las Bases de Manresa (1892) como el documento fundacional del catalanismo político. Este documento era tan retrógrado que proponía el sufragio censitario (negando así el sufragio universal) y defendía que “sólo los catalanes podrán desempeñar cargos públicos en Cataluña“.

El “nacionalsocialismo” de ERC
Ya en el apartado referido a la Segunda República, el libro oculta que el feroz anticlericalismo de los partidos de izquierdas (con la quema de iglesias y la decisión de prohibir a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza) fue uno de los detonantes de la Guerra Civil.

El libro de texto que utilizan miles de alumnos catalanes presenta el golpe de Estado de Companys en 1934 desde una perspectiva victimista y oculta que algunos de sus más estrechos colaboradores de ERC, como su consejero de Gobernación Josep Dencàs, se definían como “nacionalsocialistas“, en pleno auge de los movimientos fascistas de los años 30.

También oculta la responsabilidad de Companys en las 8.000 ejecuciones que se llevaron a cabo en Cataluña durante la guerra civil, incluyendo el asesinato de 80 miembros de su propio partido (ERC) y el fusilamiento de 200 militaron que se sumaron a la sublevación en julio de 1936.

Del mismo modo, el libro de texto del vicepresidente de la ANC oculta que el propio fundador de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, financió el golpe de Estado de Franco: montó una red de espionaje y una oficina de propaganda en París para apoyar al bando nacional.

La región más mimada por la Dictadura
Recurriendo al habitual discurso del victimismo, el manual de Historia afirma que “durante la Guerra Civil, muchos dirigentes franquistas defendieron la necesidad de desindustrializar Cataluña, es decir, de obligar a los empresarios a sacar sus fábricas de Cataluña y trasladarlas a otros lugares del Estado que consideraban más fieles al régimen y más españolas. Este proyecto no se llevó a cabo, pero la Dictadura siempre favoreció la instalación de industrias y servicios en Madrid en detrimento de Cataluña”.

De nuevo, se trata de una mentira bastante grotesca. A través de las empresas públicas, el Gobierno de Franco ubicó en Cataluña grandes industrias como la primera fábrica de Seat (empresa participada en un 51% por el INI), la refinería de petróleo de Tarragona (que llegó a generar el 50% de la producción química nacional), las instalaciones de la Empresa Nacional de de Autocamiones (ENASA) que fabricaba los vehículos Pegaso, o la Empresa Nacional Eléctrica del Ribagorzana (ENHER).

Tal como constata el sindicato de profesores catalanes AMES, Cataluña fue “la región más favorecida por la política económica, industrial y de infraestructuras durante el franquismo”. Pero esta realidad choca con el mito de la herencia resistencia catalana contra la Dictadura fabricada por los independentistas.

ETA se cuela en Cataluña
Patxi Andión republica 22 Abril 2018

La gente sabe que la vida esta llena de coincidencias algunas de ellas tan extraordinarias como impredecibles y que han condicionado los hechos alrededor de ellas. “Mira por donde…” suele decir la gente explicando con la expresión que sucede lo inesperado en el momento preciso. Algunas de esas coincidencias están tratadas en los grandes libros como coincidencias astrales que solo los Dioses hubieran podido conjuntar. Hacer coincidir. Pero es así. Las cosas suceden cuando quieren y los hombres y aún los sociólogos seguimos empeñados en una prospectiva que sigue pareciendo imposible.

Hoy anuncia ETA su disolución la primera semana de mayo y un especial y raquítico perdón a las víctimas. Es cierto que solo a las víctimas circunstanciales. La población civil que pasaba por allí cuando pusieron las bombas. No a los miembros de las fuerzas democráticas que les combatieron a los que consideraron su enemigo. Su objetivo tan desenfocado, quimérico y violento fue la sociedad vasca en primer término y toda la sociedad estatal como consecuencia. Sigue sin ser demasiado pero es mucho mas de lo que hace pocos años se hubiera podido esperar. ETA cierra su capitulo de horrores de forma pública después de décadas de terror y locura. El sueño de una Euskadi y liberada, un Estado socialista como el modelo albanés, sigue siendo una pesadilla en tantas y tantas familias, en tantos territorios marcados para siempre por lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que ETA cometió la mayoría de sus asesinatos contra Gobiernos democráticamente elegidos. Su gran actividad no fue en el franquismo sino en Democracia. Y lo hicieron seguramente porque no se creyeron aquella frágil e imperfecta democracia consecuencia de la transición. No fueron los únicos. ETA siguió creyendo que los sucesivos gobiernos salidos de las urnas no eran sino herederos directos del franquismo y por ello ilegítimos en lo profundo. Negaron el Estado, como negaron los tribunales que les juzgaban uno detrás de otro, negándose a declarar ante los jueces que les juzgaban de manera torticera y culpable según su retórica. Hoy, tras mas de décadas de lucha armada reconocen su inutilidad y el daño causado. No es suficiente, ya lo sabemos, la disculpa no rompe las fotos de los entierros, las familias rotas, el país compungido, la economía esclavizada. La profunda división entre los vascos y entre estos y los españoles y europeos. Deudas, seguramente impagables.

Este anuncio de ETA coincide en el tiempo con una situación similar en Cataluña, donde aún no han aparecido las pistolas y esperemos que no lo hagan, aunque el pulso al Estado de Derecho es el mismo, la negación de la justicia, la acusación de Estado post franquista, el desprecio a quien no piensa como uno, la imposición de los criterios absolutistas disfrazados de palabras vanas. La consideración de presos políticos a los que negaron los cauces democráticos para asaltar el cielo del poder. El sueño de la independencia como panacea universal que deberá curar todos los males. No se sabe en que modelo político pero bastante extemporáneo si miramos alrededor.

ETA surge de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco y se diga lo que se quiera, alentado en alguna forma por el nacionalismo mesiánico de algunos de sus líderes. La jugada salió muy mal y al cabo de tantos años toca rectificar, pedir perdón e irse a casa en el mejor de los casos, en otro, continuar en prisión tras décadas de mazmorra. Precios enormes ambos.

Las bases para emular la historia están puestas en Cataluña. La división entre catalanes y entre estos y el resto de los españoles y ahora, también, de los europeos, de los que reniega el independentismo en el exilio es el pan nuestro de cada día. Recuerdo mi primer viaje en 1971 a Tirana, Albania, donde la gente del PC-ML teníamos refugio y lo recuerdo con la misma sensación con la que veo la connivencia de los políticos catalanes huidos con las fuerzas de la extrema derecha europea. El reducto de la xenofobia, el racismo y la cara renuente del peor fascismo. ¿Tan cerril es el asunto como para no ser capaces de aprender en las barbas del vecino?

El personal nacionalismo se abre paso ante la mirada atónita de la historia. Abril

Los 'castellers' de honor del 'procés'
Pedro J. Ramírez elespanol 22 Abril 2018

Quién nos hubiera dicho hace unos pocos años que ETA se desvanecería, entre el oprobio y el ridículo -a nadie le importan ya sus entelequias-, como un castillo de naipes marcados con sangre, mientras el castell del independentismo catalán seguiría escalando hasta alturas que generan vértigo.

El otro día, cenando en casa con amigos de los tres grandes partidos nacionales y empresarios muy activos en la defensa de los valores constitucionales, el único invitado de origen extranjero, planteó, al modo de las Cartas Marruecas o las Cartas Persas, la pregunta propia de una perspectiva lejana: ¿Cuándo, cómo y por culpa de quién se gestó el disparate catalán?

Digresiones históricas sobre la conllevancia al margen, la mayoría de las explicaciones resultaron bastante convergentes, valga la redundancia. Es obvio que fue Pujol quien, aprovechando a la vez las competencias educativas y mediáticas del Título VIII y la renuencia al "café para todos", estimuló la confrontación entre un agravio imaginario y el complejo de superioridad catalán. Ese victimismo se iba aliviando con el ungüento de las nuevas transferencias, al pairo del poder arbitral que una ley electoral absurda concede a las minorías nacionalistas, pero era cuestión de tiempo que afloraran sus efectos profundos.

Dos décadas de inmersión lingüística, lavado de cerebro a través de TV3 y pesebre periodístico dieron sus frutos. Con el paso de los años el nacionalismo sociovergente, con Pasqual Maragall erigido en aprendiz de brujo, terminó constituyendo una inmensa familia –trenzada de fantasías e intereses- como reverberación de la Sagrada Familia que controlaba la Generalitat. Esa era la base, o por utilizar la terminología de los castellers, la pinya sobre la que debía edificarse la Cataluña del siglo XXI.

Puede alegarse que el veneno ya estaba diseminado, pero cuando Pujol dejó en 2003 el Palacio de San Jaime, nadie pronosticaba que el conflicto catalán se exacerbaría hasta su dimensión actual. A ello contribuyeron, de forma fatídica, la frivolidad con que Maragall se sacó de la chistera el conejo de un nuevo Estatut y la ligereza con que Zapatero prometió que respetaría lo que viniera de Cataluña.

La frustración estaba servida. Aquel texto no cabía de ninguna manera en la Constitución y lo único reprobable de la conducta del TC es que tardara tanto en decirlo. El portazo legal se produjo cuando la crisis económica abría una ventana de oportunidad a los populistas engañabobos que afrontaban problemas complejos con ideas elementales. Fue el momento en que el mito del "oasis catalán" dio paso al "España nos roba".

A la vez, confluyeron en la clase política convergente dos vectores centrífugos: el horizonte penal que se abrió ante el clan Pujol, a medida que el secreto a voces de la cleptocracia del 3% comenzó a sustanciarse ante los tribunales, y la sensación de engaño de Artur Mas cuando tras su victoria de 2006, el segundo tripartito, encabezado por Montilla, le cerró el paso al poder. Alguno de los contertulios de la otra noche da mucha importancia a esta escaramuza, considerando que la ambición de un hombre pequeño como Montilla y la impotencia de Zapatero ante el PSC, empujaron a Convergencia al monte del separatismo. Pero la consecuencia fue demasiado grave como para ver en ello una causa y no un pretexto pues, en definitiva, los convergentes sólo tuvieron que esperar otros cuatro años para recuperar la Generalitat.

Artur Mas fue un gobernante nefasto, atrapado en la ratonera de su propia retórica, al que los acontecimientos se le fueron de las manos. Qué menos que deba responder ahora con su patrimonio por las malversaciones que impulsó. Ya en su primer discurso de investidura en diciembre de 2010 propuso iniciar la llamada "transición nacional", en base al imaginario "derecho a decidir" de los catalanes. Lo que en principio no era sino un trampantojo destinado a arrancar a Rajoy el "pacto fiscal", terminó convirtiéndose en una especie de "plan B" hacia la independencia unilateral.

Justo en el quicio entre una y otra estrategia se inscribe, por cierto, el almuerzo en la Generalitat, glosado en el reciente libro de Josep Martí, director de comunicación de Mas, en el que yo propuse al president que, si quería arrancar concesiones financieras del Gobierno de Madrid, ofreciera a cambio dulcificar la inmersión lingüística que tanto perturba a cualquier conciencia liberal. Todavía recuerdo sus ofendidos aspavientos, alegando que eso sería vender la identidad irrenunciable de Cataluña por un plato de lentejas.

Mas optó por la huida hacia adelante, abortando la legislatura cuando aún no había llegado a su ecuador, para convocar nuevas elecciones y el 19 de diciembre de 2012 firmó con Oriol Junqueras el 'Acuerdo para la Transición Nacional' por el que CiU y ERC se comprometían a "la celebración de una consulta independentista para 2014".

Este último entrecomillado corresponde ya al folio 14 del último auto de la sala del Tribunal Supremo, lúcidamente redactado por el magistrado de inequívoca trayectoria progresista Alberto Jorge Barreiro y suscrito por sus compañeros Miguel Colmenero y Francisco Monterde. Con ocasión de dar cumplida respuesta al recurso de Jordi Sánchez contra la decisión del juez Llarena de impedirle acudir a la sesión en la que se le pretendía investir presidente suplente de la Generalitat, la sala dedica su tercer antecedente de hecho a lo que denomina un "breve resumen general de la evolución del procés". Son nueve folios que no tienen desperdicio, en la medida en que describen lo que, volviendo a la nomenclatura castellera, podría considerarse el tronc de la pirámide humana del proceso separatista en sus cinco años decisivos.

Los magistrados dan especial importancia a los 18 informes entregados "entre julio de 2013 y julio de 2014" por el llamado "Consejo Asesor de Transición Nacional" y a su presentación refundida por Artur Mas, "en un acto que tuvo lugar en el Palacio de la Generalidad a las 19 horas del día 29 de septiembre de 2014". Y la precisión es relevante porque en ese documento "se analizaban distintos aspectos que debían tenerse en cuenta para el proceso de transición de Cataluña hacia un país independiente, que las fuerzas políticas impulsaron desde entonces".

Sigue luego el relato del tramo decisivo que va desde la consulta del 9-N de 2015 hasta la declaración formal de independencia del 27 de octubre de 2017, pasando por las leyes de desconexión y el referéndum del 1-O. Hemos asistido, según los magistrados, nada menos que a "una tenaz liquidación del ordenamiento jurídico estatal dentro de la Autonomía de Cataluña, por parte de sus máximos responsables, en su contumaz empeño de desconectar Cataluña del resto del Estado".

La descripción de estos antecedentes de hecho es lo que permite a la sala explicar el reparto de papeles entre la Generalitat, el Parlament y las asociaciones cívicas -ANC y Omnium-, apuntalar sólidamente la inducción a la violencia en que Llarena fundamenta la atribución del delito de rebelión y refutar los superficiales argumentos contrarios del tribunal de Schleswig-Holstein. Pero, tal vez sin pretenderlo, pone en evidencia también la inaudita pasividad de los gobiernos de Rajoy ante este rectilíneo desarrollo de los acontecimientos.

El Tribunal Supremo alega que "la ciudadanía asistió estupefacta a lo que consideraba un incumplimiento permanente, reiterado y ostentosamente público de las normas más elementales del ordenamiento jurídico y de las decisiones de los Tribunales con mayores competencias para hacer cumplir su observancia".

¿Qué hizo un poder ejecutivo que, durante la mayor parte de ese periodo, gozó de la comodidad de la mayoría absoluta en el parlamento, frente a esa "ostentación" de la ruptura "permanente y reiterada" de la legalidad? El auto de Alberto Jorge Barreiro se limita a señalar que "el Gobierno y el Tribunal Constitucional procuraban ir cerrando con demandas y resoluciones jurídicas, respectivamente, las importantísimas grietas que progresivamente iban abriendo los protagonistas del procés en el ordenamiento jurídico estatal y autonómico".

O sea, que mientras el bajel separatista navegaba con todas las velas desplegadas hacia el rumbo de la destrucción de España, un Gobierno con un mandato popular inequívoco, múltiples resortes de actuación y el 155 en la recámara, se limitaba a interponer "demandas". Simultáneamente representaba, eso sí, el esperpento de la "operación diálogo", encomendada a Soraya.

Si a la pasividad durante esos años decisivos en los que se fraguó todo, añadimos la tibieza en la ejecución de lo que al final resultó ineluctable, entenderemos la dramática y peligrosa situación actual, con todo un baile de presos y prófugos diseminados por Europa y ningún plan de acción política en marcha.

En su comparecencia del 21 de octubre, anunciando la aplicación del 155, Rajoy admitió que en la duda había optado una y otra vez por la estolidez estaférmica: "El Gobierno podía haber hecho este requerimiento antes, como lo pidió una parte de la opinión pública. Podía haberlo hecho cuando se aprobó la Ley del Referéndum, cuando se liquidó la Constitución o cuando se aprobó la Ley de Transitoriedad. Tuvo muchas oportunidades de hacerlo pero preferimos actuar con prudencia". O sea, no actuar.

De hecho, al convocar de inmediato las elecciones del 21-D, Rajoy convirtió el 155 en un mero reseteador del "procés". Y al permitir escapar a Puigdemont y parte de su gobierno y dejar fuera de control alguno a TV3, todas las ventajas seguían estando del lado de los separatistas. Su triunfo en las urnas volvió a dejar "estupefactos" a los españoles, pero ni Ciudadanos -arrullado por su condición de lista más votada- ni el PSOE -corresponsable directo de la tibieza- pidieron explicaciones por el desastre. Ni siquiera el director del CNI ha tenido que responder por la huida del president destituido.

Lo ocurrido ahora, con el gol en propia meta de Montoro, debería ser la gota que colmara el vaso. Es inaudito que la mezcla de torpeza y soberbia del ministro de Hacienda, jactándose de que él impidió el uso de dinero público el 1-O, le haya convertido en testigo de descargo al servicio de Puigdemont, justo en el delicadísimo momento en que se examina en Alemania si hubo o no malversación. Sólo queda que le nombren casteller de honor. Si le contesta al juez Llarena que se equivocó, debería dimitir; si persiste en sus trece, debería ser destituido.

Mi conclusión de la otra noche, después de oír voces muy duchas y sabias, es que el problema catalán sólo se resolverá cuando se resuelva el problema de España. Es decir, cuando alguien gane unas elecciones generales con un programa nítido de regeneración constitucional y un respaldo suficiente para aplicarlo.

Desgraciadamente, hay que contar con que el separatismo se mantendrá firme hasta que eso suceda. Pero al menos cabe exigir que en estos meses de la basura que les quedan en el poder, no sean Rajoy, Montoro y Soraya quienes, al modo de los acotxadors y la enxaneta, ayuden al caudillo Puigdemont a encaramarse sobre el pom de dalt de su castell.

Las mentiras del libro del nº 2 de la ANC: “Franco prohibió bailar sardanas y hablar catalán”
M.A. Ruiz Coll okdiario 22 Abril 2018

Miles de jóvenes catalanes –entre el 20% y el 25% de los alumnos de ESO y Bachillerato– aprenden Historia con el libro de texto de la Editorial Teide firmado por Agustí Alcoberro, actual vicepresidente de la ANC que ha sido el principal motor del golpe de Estado independentista de Carles Puigdemont.

El análisis realizado por el sindicato de profesores catalanes AMES pone en evidencia que los libros de texto de Alcoberro tergiversan la historia e inculcan a los alumnos todos los mitos del independentismo: presentan la imagen de una Cataluña moderna, pacífica y atractiva, contrapuesta a una España “pobre, atrasada y represiva”, que oprime las libertades de los catalanes.

El libro de texto de Alcoberro para 4º de ESO asegura que la lengua catalana fue “duramente reprimida” durante el Franquismo: “Se prohibieron las sardanas, el himno y la bandera catalana, y la lengua catalana fue objeto de una represión extrema. Se prohibió que se enseñara en la escuela, que se utilizara en el teatro y en la edición de libros y periódicos, e incluso se prohibió hablar catalán en lugares públicos”.

Algo que no sólo es una caricatura grotesca: es completamente falso, tal como recuerda el sindicato de profesores AMES en su informe. A partir de 1947, se comenzaron a crear numerosos galardones literarios en catalán, como el premio Joanot Martorell (hoy conocido como premio Sant Jordi de novela) o los premios Ciutat de Barcelona. El Reglamento Notarial de 1944 (sólo cinco años después de concluida la guerra) ya reconocía la posibilidad de redactar contratos y testamentos en catalán y otros “dialectos regionales”.

Criminales de guerra en Cataluña
En 1945 se iniciaron las emisiones de radio en catalán y en la misma década se comenzaron a editar numerosas revistas en catalán (como Canigó, Tele-Estel o Serra d’Or). Ya en el curso 1952-1953, la Universidad Central de Madrid (UCM) tenía la cátedra Juan Boscán de lengua y literatura catalanas, cuya puesta en marcha fue aprobada expresamente por un Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de Pedralbes. Es por tanto completamente falso que el régimen de Franco prohibiera hablar o enseñar en catalana.

En los años 60 ya se podía estudiar en catalán en numerosos centros de Primera y Secundaria. En 1964 TVE inició su programación regional en lengua catalana (ocho años después del inicio de las emisiones). El catalán no tenía carácter de lengua oficial, como tampoco lo tiene hoy en Francia, pese a que se habla con normalidad en el sur del país. Lo que el libro de Alcoberro califica como la “Catalunya Nord”.

Retrocedemos varias décadas. El libro de texto del vicepresidente de la ANC reconoce que, tras el estallido de la Guerra Civil, miles de sacerdotes fueron asesinados en Cataluña, y “muchas iglesias y edificios religiosos fueron destruidos y saqueados”.

Pero añade que “el govern de la Generalitat no pudo hacer nada para evitar esta situación de violencia, porque los anarquistas más radicales (FAI) y otros grupos de izquierdas consiguieron el poder en la calle”. Lo cierto es que la propia Generalitat de Companys provocó esta situación al repartir 30.000 fusiles entre los anarquistas. Sin olvidar que el propio presidente Companys –venerado como un héroe por el independentismo– firmó cientos de sentencias de muerte durante la guerra.

El lamento de Azaña y Negrín
El libro de texto de Agustí Alcoberro también oculta a los alumnos la decepción e indignación de los principales líderes de la Segunda República ante la deslealtad mostrada durante la guerra por los nacionalistas catalanes y vascos, más interesados en crear su propio Estado que en luchar contra las tropas de Franco.

Manuel Azaña relató en sus diarios que el lehendakari “Aguirre no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas, me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos las entenderíamos nosotros, o nuestros hijos. Pero esos hombre son inaguantables. Acabarán por dar la razón a Franco”.

Por su parte, el ministro republicano de Gobernación Julián Zugazagoitia atribuye las siguientes frases al presidente socialista Juan Negrín en sus memorias de la guerra: “No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España. No se puede consentir esta sorda y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz”.

El bable ya está bien protegido
EDITORIAL El Mundo 22 Abril 2018

La división del PSOE asturiano puede conducir a un nuevo desvarío identitario de consecuencias imprevisibles. Todo movimiento nacionalista comienza con la institucionalización de la lengua como hecho diferencial, incluso en un territorio donde su uso no está extendido y donde existen diferencias sustanciales entre la variedad que se habla en las zonas de influencia gallega y las del resto de la comunidad.

Ayer, sin embargo, la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana organizó una marcha para pedir la cooficialidad del bable, ya que, tras el cambio de postura de los socialistas, existe una mayoría parlamentaria suficiente para provocar una reforma del Estatuto. Sin embargo, hasta que no termine su mandato, el presidente autonómico, Javier Fernández, bloqueará esa posibilidad. Fernández, que ha estado al frente de la Federación Socialista Asturiana durante 17 años, es uno de los barones socialistas más directamente enfrentado a Pedro Sánchez, desde que presidiera la Comisión Gestora tras la destitución de éste, y se ha mostrado siempre contrario a la cooficialidad del bable. Los nuevos dirigentes socialistas del Principado cometerían un grave error si en la próxima legislatura se unieran a Podemos y Foro Asturias en una demanda que no tiene lógica. El bable ya está lo suficientemente protegido y se estudia como asignatura en las escuelas. Querer ir más allá sería abrir un nuevo proceso identitario que podría desembocar en un nuevo delirio.
 


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