AGLI Recortes de Prensa   Lunes 23 Abril 2018

La lengua, la cultura y América hacen de España una superpotencia
ESdiario 23 Abril 2018

Fechas simbólicas como el 23 de abril nos recuerdan que nuestro país tiene pendiente explotar aquello que nos convierte en una referencia mundial: un patrimonio histórico y artístico unico.

La cultura y la educación no suelen formar parte de los asuntos centrales del debate público. Ni siquiera hacen falta el escándalo del proceso soberanista en Cataluña, las polémicas en torno a la corrupción o las luchas internas en los partidos para silenciarlos y arrinconarlos. Sencillamente, no son asuntos que ocupen la agenda de la clase política y gobernante, del mismo modo que tampoco aparecen en los primeros puestos de los temas que más preocupan o interesan a los españoles en los sondeos del CIS.

Sin embargo, en nuestro riquísimo patrimonio histórico y cultural, y su proyección en la educación y en la difusión al mundo, podrían estar muchos de los remedios a nuestros problemas económicos, sociales e incluso políticos. Porque es ahí donde reside la única fuerza que nos puede proporcionar hegemonía en el mundo.

El mayor embajador
La celebración de 23 de abril debería de ser una buena ocasión para reflexionar y darle la medida de valor exacta que posee ese formidable legado. En esa fecha se celebra el Día del Libro y la gran fiesta de la literatura en español, con la entrega del premio Cervantes de literatura, al conmemorarse la muerte del autor del Quijote, probablemente el mayor embajador de España.

Es, por consiguiente, un artista el que, como ningún otro personaje o cualquier referente material, sitúa a nuestro país en el mapa del mundo; con la colaboración inestimable, eso sí, de un Lope de Vega o un García Lorca; o con los Velázquez, Goya y Picasso en pintura; Albéniz, Casals y Paco de Lucía en música; o Buñuel y Almodóvar en cine, por citar otros ejemplos. Cualquier nación del mundo envidiaría nuestra suerte; la de poder distinguirse desde la nobleza y la libertad que envuelven a los creadores, y no desde el poderío que concede la posesión de grandes reservas petróleo o un armamento bélico temible.

Pero esta supremacía inmaterial alienta además expresiones prácticas de lo más halagüeñas. Porque hablamos de un acervo que se sustenta, ante todo, por la pujanza de una lengua que, tras el inglés, manda en el planeta. Y ya no solo porque existan alrededor de 600 millones de hispanohablantes repartidos por el mundo; lo más relevante es donde está presente nuestro idioma. Y tenemos que la primera potencia mundial, Estados Unidos, será el primer país hispanohablante de la Tierra de aquí a algo más de un par de décadas; o que la penetración de nuestra lengua en internet crece día a día, solo superado por el idioma de Shakespeare.

Nuestro país vende la lengua de Cervantes, el arte de Velázquez o la historia que reposa en las piedras de Santiago, Granada o Salamanca. Y el mundo se lo compra porque no hay una oferta igual en el mundo

Y todo ello debe tener, en primer lugar, una traslación inevitable al mundo de la economía y de los negocios, pues la presencia de la industria cultural en el conjunto del PIB es, de momento, casi testimonial. Los sectores editoriales y audiovisuales, que son inicialmente los de mayor proyección, todavía presentan mucho margen de mejora.

A su favor está, y estará, la firmeza de la industria turística, que aún ha de sacar más rendimiento al hecho de que seamos la segunda potencia mundial en este sector. Solo Francia nos superó en 2017, año en que batimos nuestro récord de visitantes internacionales, con la llegada de 82 millones de turistas. Y no se olvide que gran parte del tirón que ejerce nuestro país no procede del sol, playa y fiesta. Nuestro país vende el Camino de Santiago, la milla de oro de los museos de Madrid, la Barcelona de Gaudí, la Alhambra de Granada, la Mérida romana o la Salamanca universitaria; hitos de la historia milenaria, mestiza y abigarrada de nuestra nación. Y el mundo se lo compra porque no existe otra oferta igual en el mundo.

El gran activo
Y una segunda consecuencia de este vigor cultural tendría que ser el estrechamiento de nuestros lazos con Iberoamérica. Justo ahora en que comienzan a celebrarse el bicentenario de la independencia de las naciones del otro lado del Atlántico, sería un buen momento para restañar heridas y reconstruir los puentes de entendimiento y colaboración diplomática, social y económica con sociedades que ya atesoran mucho en común con la nuestra.

Nuestro ascendiente histórico y sentimental, en fin, ha de hacerse valer, por nuestro bien y por el de América. Y, cómo no, por el de la propia comunidad internacional, donde, a falta de materias primas, sí podemos ejercer con orgullo la condición de superpotencia cultural por la que ahora solo soñamos.

La traición de Montoro, la traición de Rajoy
Santiago Abascal Gaceta.es 23 Abril 2018

Las noticias vuelan y las noticias caducan. Por eso es necesario hacer un esfuerzo para que algunas de ellas, particularmente graves, no desaparezcan del debate público. Las declaraciones de Cristobal Montoro, negando que los separatistas hayan utilizado dinero público para su golpe de estado son extremadamente graves, porque constituyen una de las mayores traiciones que un Gobierno ha perpetrado en España.

Mientras nuestros tribunales y nuestra Gardia Civil trabajan denodadamente para defender nuestro ordenamiento constitucional e investigan la trama financiera del golpe, el ministro de Hacienda ofrece un balón de oxígeno a los procesados. Que el mayor responsable de las finanzas del Gobierno de España afirme que no se ha utilizado dinero público en la rebelión separatista equivale a dar a los golpistas la coartada que necesitan para salir impunes de su imputación por malversación de fondos públicos.

Cuestionando los informes que diligentemente ha hecho la Guardia Civil, Montoro se convierte en abogado defensor o en testigo -igual da- de los traidores.

Hay quien piensa que las declaraciones de Montoro son exclusivamente fruto de su estúpida soberbia para decirnos aquello de “Yo controlo”.

Demasiadas pruebas
Pero este Gobierno ha dado ya demasiadas pruebas de dejación de funciones y de colaboración con los golpistas. Permitieron fugarse a Puigdemont y presionaron a la fiscalía para que los líderes separatistas no ingresasen en prisión preventiva. Prohibieron expresamente que la Guardia Civil mostrase más de 200 videos en los que se reflejaba la violencia ejercida por la turba separatista contra las fuerzas policiales.

Mariano Rajoy no quiere que los líderes separatistas sean condenados. Por eso hizo unas lamentables declaraciones en las que calificaba de ejemplar la desleal actuación de Alemania en la ejecución de la eurorden contra Puigdemont. Por eso manda ahora a su lacayo Montoro en el auxilio de Junqueras y los suyos.

No sabemos por qué lo hace. Quizá sea el precio pagado por conseguir que el PNV apoye los Presupuestos Generales del Estado. Quizá sea la forma de asegurar que Pujol continúe callado y no cumpla su amenaza, proferida en sede parlamentaria, de hacer que todos caigan.

Sea lo que sea, este gabinete traidor y cobarde no se va a salir con la suya. A pesar de Rajoy, los líderes golpistas serán juzgados y condenados. Porque España es más grande que el Gobierno de turno. Porque la Nación y el Estado han reaccionado y han funcionado cuando el Gobierno capitulaba. Si para algo ha servido esta crisis ha sido para demostrar que nuestras instituciones están sanas. La Justicia, la Corona, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han combatido eficazmente el golpe. Espoleados por la Nación que se hizo presente en las calles y en los balcones.

Junto a ellos, en VOX estamos teniendo el privilegio de ejercer la acusación popular contra los delincuentes traidores que están tratando de romper la unidad de nuestra Patria. Sabemos que contamos con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles, nos voten o no, que quieren preservar una España unida y que no transigirán ante la traición de Montoro, ante la traición de Soraya, que son las traiciones de Rajoy.

El presidente de la AIReF miente sobre pensiones y economía
Roberto Centeno El Confidencial 23 Abril 2018

El presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), organismo creado para velar por la veracidad y la sostenibilidad de las cuentas públicas, se ha convertido —lo ha sido desde el principio— en exactamente todo lo contrario: la coartada del sistema. José Luis Escrivá mintió sin rubor el pasado martes en sede parlamentaria, dado que en España eso es gratis, negando contra todas las evidencias y sin aportar prueba alguna que el futuro de las pensiones vaya a ser dramático. “Son cosas de catastrofistas, eso no es verdad”, afirmó sin sonrojarse durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. “No es verdad”, repitió en tres ocasiones, “y al final asustamos innecesariamente a una parte de la población que ya por su edad está inquieta”. Una afirmación radicalmente falsa y que simplemente no es de recibo.

Que desde el año 2011 se vengan produciendo déficits crecientes en el sistema de pensiones que han agotado el fondo de reserva —primero— y necesitado recurrir a un endeudamiento brutal —después— es “asustar innecesariamente a una parte de la población”. Es de catastrofistas y antipatriotas el denunciar que desde esa fecha se ha mentido sistemáticamente sobre los déficits —público y de pensiones—, cuyas previsiones presupuestarias han sido siempre ciencia ficción. También es asustar que desde 2014 las pensiones hayan experimentado una pérdida continua de poder adquisitivo, muy superior a la medida por el IPC. Y es asustar que la OCDE afirmase hace dos meses en Madrid que “con las medidas en marcha, la tasa de sustitución pasará en unos años del 83% actual al 46%”. Es decir, que las pensiones se verán reducidas casi a la mitad, particularmente con la introducción del factor de sostenibilidad, en enero próximo.

Y frente a estos hechos, sin un solo dato que lo sostenga, el presidente de la AIReF afirma que "cuando uno mira las incertidumbres y mira los márgenes [presupuestarios], esto es razonable y manejable y no deberíamos crear una angustia innecesaria en toda la población". Solo Cristóbal Montoro, en su reciente entrevista afirmando que “estamos viviendo el mejor momento económico de nuestra historia”, supera en mendacidad estas afirmaciones. ¿Acaso ha explicado Escrivá que por cada euro del triunfalista crecimiento que proclama hemos necesitado siete de endeudamiento —646.000 millones de euros de incremento de deuda entre 2011 y 2017 para un crecimiento del PIB de 93.000 millones—, y que esto no es salir de la crisis sino caminar hacia la suspensión de pagos?

¿Acaso han explicado una sola vez que la deuda recogida en los Presupuestos Generales del Estado?, que es la utilizada por Gobierno y medios de comunicación, es una convención contable de Bruselas que no recoge toda la deuda, y que esta en realidad, según el Banco de España, sería el 137,8% del PIB oficial y no el 98,3%? Por no hablar de que si hablamos del PIB real, la deuda equivaldría al 167%, ya que el PIB oficial viene siendo manipulado sin pausa desde febrero de 2008. ¿O es que esto tampoco lo sabe? La vulnerabilidad más grave que tienen nuestra economía y el sistema financiero es la gigantesca burbuja de deuda. Jamás en la historia de un país se ha producido tan brutal crecimiento de la deuda. ¿Cuándo han explicado a los ciudadanos que somos el único país de la Unión Europea que todavía mantiene un déficit primario cuando ya no lo tiene ni Grecia?

Incumplimientos flagrantes
Resulta sencillísimo engañar en sede parlamentaria a “la clase política más ignorante de Europa” ( 'Der Spiegel' 'dixit') con dislates como “cuando uno mira lo que hay detrás de cada hipótesis, ve que la incertidumbre es enorme, y no hay derecho a transmitir que esto va a ser la ruina. Porque esto no es verdad, no es verdad, y con ello asustamos a una parte de la población que ya por su edad está inquieta". Es decir, el presidente de la AIReF no sabe si el hecho de que los intereses de la deuda pasen de 30 a 60 o a 90.000 millones al año es malo o bueno. Y por no saber, ni siquiera sabe si cuando, a fin de año, el BCE deje de comprar deuda será bueno o malo para conseguir los más de 200.000 millones de euros al año imprescindibles para la refinanciación. Y a pesar de la millonada que nos cuesta, no sabe que pasa y, como no sabe, afirma que “no hay derecho a inquietar a la gente”.

Pero es mucho peor si cabe. ¿Acaso ha explicado el presidente de la AIReF, una sola vez, lo que constituye el corazón mismo de la sostenibilidad de las cuentas públicas? ¿Ha explicado acaso el desastroso efecto de un modelo territorial disparatado, imposible de financiar —e intrínsecamente corrupto—, que representa un despilfarro anual de 100.000 millones de euros, y que será la ruina de España? ¿O un diseño institucional donde la legislación no es neutral y tiende a favorecer escandalosamente a las grandes empresas? ¿Se ha molestado siquiera en cuantificar dónde nos ha llevado el régimen oligárquico y corrupto del 78, que nos ha empobrecido como nunca antes respecto a los países de nuestro entorno? ¿De una renta per cápita del 83% de los nueve países centrales de Europa al 71% hoy? ¿De un modelo productivo donde la industria era el 36% del PIB a otro donde es menos del 15%? ¿De una presión fiscal sobre la clase media y trabajadora que ha virado del 10% al 48%?

Y, para ir terminando, mientras se presenta en el Parlamento mintiendo sin rubor sobre las pensiones, incumple flagrantemente su obligación de velar por la veracidad de las cuentas públicas, aceptando como verdadera la cifra de recaudación de 2017 de 198.000 millones presentada por Montoro, cuando los datos publicados por la Agencia Tributaria demuestran que fue algo menos de 194.000. Y, además, aceptando la grosera falsificación del déficit público de 3,07%, ocultando asimismo el hecho de que el ministro de Hacienda ha retenido la devolución de declaraciones negativas a 400.000 contribuyentes, y que ha utilizado casi 6.834 millones del Fondo de Reserva de las pensiones, lo que eleva el déficit real al 3,75%.

Y algo que es el colmo, dar por buenos —con críticas menores— los PGE 2018, absolutamente infumables, otro año más. Una subida de la recaudación del 8% para 2018 —210.015 millones frente a 194.000 reales en 2017— para alcanzar el objetivo de déficit del 2,2% exigido por Bruselas cuando, además, la recaudación caerá en 2.000 millones y aumentará el gasto en 9.200 millones, y no hay recortes de gasto en ninguna parte. En los dos primeros meses del año, la recaudación apenas ha crecido un 2,5%, según la Agencia Tributaria.

Escrivá no ha explicado nada de esto en Europa, aunque sí lo hemos hecho el grupo de profesores independientes que en 2016 enviamos a los comisarios económicos y al BCE cifras demostrativas, verificadas por el principal instituto económico de Alemania más allá de toda duda, de que el PIB real de España es un 17% inferior al oficial, lo que afecta radicalmente a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Como entonces, nos lo agradecerán educadamente y mirarán para otro lado, igual que desde 2012, con los escandalosos incumplimientos de los objetivos de déficit. Pero, eso sí, desde esa fecha España no está jurídicamente obligada a devolver un solo euro de lo prestado, ya que el BCE y la Comisión Europea sabían —y tenemos los correos que así lo demuestran— que esa deuda, que tan irresponsablemente se alimenta sin ni siquiera exigir un recorte drástico del gasto como ocurrió con Grecia, jamás podrá ser devuelta.

Pedronono, desalado
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 23 Abril 2018

Además de soso o privado de sal, que, como metáfora de la falta de gracia, parece el secretario general del PSOE, hete aquí que Pedronono se nos abona a la otra acepción de la RAE para desalado: «Ansioso, acelerado». Tanto, que tras cortejar como candidata a la Alcaldía de Madrid a la que ya hizo alcaldesa, se ha lanzado a reivindicar el lado más sórdido de Zapatero, la liquidación del Plan Hidrológico Nacional, que a las órdenes de Maragall fue el preludio del relanzamiento del separatismo catalán mediante un nuevo estatuto anticonstitucional que el ahora abogado de Narcozuela anunció que respaldaría «tal y como saliera del Parlamento de Cataluña». Y como no salía, citó a Mas en la Moncloa y le dio nicotina y cafeína hasta que se sumó al proyecto de destrucción de España con el «federalismo asimétrico», otra idea letal del zapaterismo, tan ayuno de inteligencia como sobrado de demencia.

Como prólogo a su gran traición a España, enterrando la Transición, pactando con la ETA y promoviendo el estallido del Estado a través de las autonomías, proceso que ha continuado su émulo y sucesor, Mariano Rajoy, ZP firmó la liquidación del PHN. Y aunque sea costumbre perioecologista tratarnos de tontos a los que, viendo la última crecida del Ebro, añoramos el PHN, sigo pensando que mantener vivo el cauce de un río no exige inundar ciudades y que con lo que la semana pasada echó el Ebro al mar podría regarse el sureste un año. El PHN mejoraba los riegos aragoneses y pagaba casi todo la UE, pero el nacionalismo catalán y el ecologismo que nos quiere alcornoques se cargaron algo revisable, discutible y... necesario.

Porque falta agua dulce. ZP y Narbona dijeron que lo moderno era dejar que llegara al mar y que la volvieran dulce las desaladoras. Fueron un desastre, no funciona ni el 17% y dejaron feas escombreras, pero va Pedronono y las resucita en un tuit: «Nuestro objetivo es el fin de los trasvases y apostar por las desaladoras. Ha llegado el momento de poner fin a la improvisación. No hay que hacer política con el agua sino una política del agua». La primera en celebrarlo, desalada, ha sido Narbona, del Ecogürtel valenciano,

Al federalismo asimétrico, negación de la igualdad y solidaridad de los españoles, le llama Pedronono plurinacionalidad, pero nunca dice cuántas plurinaciones somos. El PSOE, ninguna.

Escucha, Albert: ganar las elecciones para ganar la nación española
Pedro de Tena  Libertad Digital 23 Abril 2018

Las encuestas te sonríen por todas partes, en casi todas las regiones y provincias, salvo en las vascas y en la navarra, donde de todas formas, a pesar de tu posición sobre cupos y fueros, decisiva para la inmensa mayoría de los españoles, puedes entrar en los Parlamentos autonómicos. Estamos convencidos de que tienes bien claro que puedes ganar las próximas elecciones. Si el numerito político-circense de Manuel Valls –mejor dicho, el numerazo– llega a buen puerto y es seguido por otros ejercicios prestidigitadores de nivel en otras regiones y provincias, me parece posible que ganes las próximas elecciones, si Rajoy no te revienta el espinazo con un adelanto electoral.

Ya he escrito otras veces que, a pesar de todo, no puedo votarte todavía, porque lo que has hecho en Andalucía es imperdonable para la nación española. Ya sé que has intentado situarte en el fiel de la balanza entre la derecha, a la que apoyas en algunas regiones y municipios, y la izquierda, a la que apoyaste en otros, por ejemplo, en el Sur. Puedo comprender que hayas preferido consolidar una imagen de responsabilidad nacional de carácter centrista, pero no puedo perdonar que hayas mantenido, apuntalado y salvado a un régimen clientelar deformador de la idea de una España constitucional y democrática. No puedo comprender, sinceramente, que tu vista de águila para la corrupción del PP, que debe ser castigada, se torne presbicia amoral para la corrupción socialista en Andalucía, que es una tela de araña como una catedral.

Hay muchos ciudadanos que podríamos votarte, y que incluso deseamos hacerlo, si empiezas a darte cuenta de que, en el año 2019 –a lo mejor antes–, no se trata de sólo unas elecciones generales, sino de un primer paso para la regeneración nacional española. Para muchos de estos ciudadanos y para mí, no hay otra opción electoral que votarte o desembocar en el voto en blanco o en la abstención. No podemos votar por razones varias al PP ni al PSOE. De los demás, ni hablamos.

Pero hay un problema. Yo no sé qué tipo de regeneración nacional propones. Lo que has hecho en Andalucía es regeneración del PSOE podrido y moribundo de 2012. Lo que has hecho en otras partes, salvo en Cataluña, País Vasco y Navarra, no me indica con claridad qué España tienes en la cabeza, pero sí que tienes al PP en el punto de mira. Necesitamos que nos expliques en veinte puntos, no más y bien claros, qué España tienes en la cabeza y que empieces a dar síntomas de que tus comportamientos son coherentes en toda la nación y se ajustan a esa idea.

Lo de Valls, ya te lo he dicho, está bien. Como si quitas a Juan Marín y cambias de cartel en Andalucía. Pero lo importante y trascendente es que tú tengas claro que, antes que ganar unas elecciones, tienes que ganar una nación que ha sido perseguida por el terrorismo y los separatismos, adoctrinada por la progresía más sectaria de Europa desde la escuela a los medios de comunicación tutelados gubernamentalmente, desmoralizada por las mentiras, corruptelas y autoritarismos internos de unos partidos nacionales degenerados, saqueada económicamente por un gasto público manifiestamente recortable y ordenable (recuerda la administración paralela andaluza, por ejemplo) y desvertebrada por la destrucción de su columna vertebral constitutiva, desde la lengua a la administración nacional.

Está bien que ganes las elecciones, si lo que quieres de verdad es que gane la nación española recuperando el modo moral de hacer política para el bien común. En otro caso, votarte, ¿para qué? Si lo aclaras rápido, tendrás un gran resultado. Ya verás.

El embrollo de la deuda
Primo González Republica 23 Abril 2018

La deuda y los riesgos que implica para las economías, tanto ricas como emergentes, se está convirtiendo en un asunto de debate recurrente pero al que se le aportan pocas soluciones dignas de tal nombre. Se creía que la forma más eficaz de frenar y luego reducir el endeudamiento era acelerar el crecimiento económico. Y, desde luego, vivir en un entorno de tipos de interés lo más bajos posible ayudaría de forma decisiva al logro de tal objetivo.

Pero hay evidencias que ponen de relieve la insuficiencia de estos remedios, que desde luego no son los únicos. Un caso bien palpable es el de España, que lleva varios años con ritmos de crecimiento de la actividad (del PIB) del entorno al 3% anual y no ha logrado reducir la deuda ni siquiera de forma testimonial. También estamos disfrutando de una etapa de bonanza en cuanto a los tipos de interés se refiere pero ni siquiera los costes mínimos históricos de la financiación, tanto pública como privada, están resultando eficaces a la hora de frenar el aumento de la deuda.

Por si todo ello no fuera suficiente, la abundante liquidez que existe en las economías, con unos balances de los bancos centrales sobrecargados de activos tras inyectar cifras mastodónticas de dinero a las economías para estimular o al menos mantener su capacidad de crecimiento, no ha conseguido promover una mejor gestión del endeudamiento de los agentes económicos.

Ahora ha comenzado una nueva fase, que posiblemente se desarrolle de forma muy gradual, consistente en subir los tipos de interés y dejar de comprar activos públicos y privados en el mercado abierto. Esta nueva fase, que está en su comienzo en la economía de Estados Unidos y a la que se incorporará posiblemente el BCE en la Eurozona a finales de este año o principios del año 2019, podría hacer menos atractiva la deuda y generar un movimiento de reducción o al menos de contención, pero tal eventualidad dependerá de las necesidades de las políticas económicas de cada país.

Lo que se está viendo es que la deuda, que ha sido el gran motor para permitir a las economías salir de la depresión, se ha convertido en una fuente de problemas y, sobre todo, en un potencial freno al crecimiento futuro de las economías. Los países tienen que devolver parte de esta gigantesca deuda que han ido generando en los últimos años y ello forzosamente va a ralentizar la capacidad de crecimiento en el futuro. Dedicar parte de la riqueza que se genera cada año a pagar deudas tiene un alto coste en términos de oportunidades de crecimiento, pero es una necesidad que parece no tener alternativas, entre otras cosas porque requiere reformas de enorme calado que pocos políticos están en condiciones de aplicar.

TRAS LAS PALABRAS DE SÉMPER
Las víctimas de ETA, al PP: ‘Ojala paguéis por vuestra traición’
La Gaceta  23 Abril 2018

El dirigente del PP vasco abrió la puerta a modificar la política penitenciaria relativa a los presos de ETA.

Las víctimas del terrorismo han levantado la voz y han censurado las palabras de Borja Sémper tras el lamentable comunicado de ETA. El dirigente del PP vasco abrió la puerta a “adecuar a la realidad del momento” la política penitenciaria de los presos de ETA. Aunque el dirigente vasco ha asegurado que “no hay prisa”, sus palabras suponen un cambio sin precedentes en la formación popular.

“Hemos aguantado 40 años a ETA, así que las decisiones que tengamos que tomar el día 1 después de ETA tienen que ser decisiones que no se adopten con prisa”, subrayó Sémper. El dirigente vasco recordó que la dispersión de presos de ETA por la geografía española nació fruto de “un amplio consenso con el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco”.

Francisco José Alcaraz ha respondido a Se?per y ha señalado que todo responde a “un plan trazado” por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. “No me extraña Borja Semper, pues desde 2008 la política antiterrorista se basa en la traición. Sólo espero que algún día lo paguéis”, ha aseverado.

El presidente de la fundación Voces contra el Terrorismo ha pedido “unión” a las asociaciones de víctimas para exigir a Rajoy la publicación de las actas de negociación: “Ahí están todas las respuestas y por eso no las hacen públicas”.

Numerosos periodistas e internautas han censurado las palabras de Sémper y han lamentado la “falta de contundencia” de los sucesivos gobierno españoles.

El artículo que me censuró 'El Club de los Viernes'
Yolanda Couceiro Morín latribunadelpaisvasco 23 Abril 2018

Nota introductoria: Hace un año envíe un artículo al Club de los Viernes, asociación liberal a la que pertenecía hasta hace poco. Pensaba, ingenua de mí, que era el lugar apropiado para una libertaria que no se acobarda ante amenazas y no duda en publicar a pesar de ser tildada, en el mejor de los casos, de "políticamente incorrecta". Pero resulta que los censores por excelencia son aquellos que piensan en cosas como "creemos en la libertad" -hasta que tus opiniones no sean exactamente las nuestras-, o "somos liberales" -hasta que la libertad implique publicar cosas políticamente correctas-. Os recomiendo leer este artículo que me censuraron los "liberales" del Club del los Viernes, un artículo que cualquier libertario firmaría a no ser que... En fin, sea usted liberal o no, entenderé siempre su crítica, jamás su censura.

Welcome Refugees: La emoción como política de Estado
En Europa rige actualmente el imperio de la emoción, debidamente fomentado por los grandes medios. A falta de políticas de Estado coherentes y benéficas para los pueblos, los gobiernos de muchos países europeos ceden a la presión de una avalancha migratoria sin precedentes. Y la única explicación que dan a sus ciudadanos para llevar acabo tales despropósitos es el recurso ininterrumpido a la emoción. Como apelar a la razón sería totalmente ineficaz, vista la magnitud y gravedad de la rueda de molino con la que se quiere hacer comulgar a los pueblos europeos, se recurre al sentimentalismo, a la sensiblería.

La foto de Aylan, el niño sirio ahogado en la playa turca de Bodrum, fue uno de los detonantes de lo que se ha dado en llamar la "dictadura de la emoción", que intenta forzar mediante lágrimas e indignación las últimas resistencias basadas en la razón ante esta invasión que se está llevando por delante miles de años de civilización europea.

El precio de esa foto, fue la apertura de las fronteras de Europa a cerca de 1.500.000 de "refugiados" sirios, muchos de los cuales eran en realidad, afganos, somalíes, sudaneses, pakistaníes, etc... Desde entonces la llegada de esos candidatos al "paraíso europeo" no se ha detenido, a pesar de las trabas que han empezado a erigirse en varios países del centro de Europa.

La idea del reparto de cientos de miles de estos llamados refugiados entre los países de la Unión Europea está estancado, de momento. Cuatro países de Europa Central, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia se oponen a este reparto obligatorio. Las victorias, hace pocas fechas en Austria y República Checa, de los partidos anti inmigración nos da el tono general de una Europa que empieza a preocuparse en serio por esta invasión sin precedentes de poblaciones extrañas a su cultura.

España, para ser diferente, no sólo no se opone sino que reclama a voz en grito "refugiados". Lo hemos visto no hace mucho en Barcelona y en otras ciudades de este "país de países", como algunos definen ahora a España. Pero si España parece haber cambiado de nombre, sigue al parecer con su vocación de ser "diferente". O sea a contracorriente de la tendencia general a su alrededor.

España no tiene ni para pagar las pensiones, la crisis catalana puede pasar una factura que haga entrar a esa región en recesión y que afecte al conjunto de España, y el gobierno se permite el lujo de recibir hace apenas una semana (26/10/2017) a 194 nuevos "refugiados", cuando lo que deberían hacer estos es volver a sus casas, puesto que sólo queda en manos de los fanáticos del Estado Islámico el 10% del territorio sirio.

Desde septiembre de 2015, España ha recibido, por el capricho del Gobierno y la imposición de Bruselas, 2.190 "refugiados" musulmanes, a gastos pagados. ¿Qué gana España y los españoles con eso? Es un misterio envuelto en un enigma. O no.

Pero para la mayoría de la gente, lo que dicen los grandes medios (extrañamente de acuerdo en este punto) es la Biblia en arameo. La necesidad de sentirse buenos, generosos y solidarios (con los ajenos antes que con los propios, por cierto) prima sobre el simple sentido común. Una vez que la propaganda ha calado en las personas, la ideología sustituye a la realidad. Saturados de esa Verdad, que le sirven en dosis diarias los medios, los afectados ya no distinguen la noche del día y toda acción o palabra encaminada a sacarlos de esa distorsión de la realidad es sentida como una blasfemia, como una herejía, como una locura, como un crimen.

Miles de personas se hacinan en las fronteras internas de Europa. Otros sueñan desde sus campamentos del Líbano, Turquía, Jordania o Libia con llegar también a Europa. Las imágenes, convenientemente aderezadas con todos los condimentos del drama y la sensiblería, de niños, ancianos, mujeres y hombres desesperados, bañados en polvo, barro y lágrimas, van a seguir alimentando la emoción de muchos europeos.

Que unos ciudadanos se conmuevan y saquen de sus armarios las camisas y pantalones que ya no les sirven, para ofrecérselos a gente supuestamente necesitada es algo que podemos comprender, pero que los gobiernos caigan en el mismo reflejo parece algo más que ingenuo. Europa no puede dar refugio a los millones de personas que se agolpan ante sus puertas. A los políticos no se les puede pedir la resolución automática de todos los problemas. Pero, al menos, se les debe exigir que sus decisiones no supongan la creación de más problemas para sus pueblos. De momento es lo que hacen: crear problemas donde antes no los había.

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Presupuestos de la Generalitat de 2017
Puigdemont gastó 1.000 millones en el entramado mediático de la “construcción nacional”
Luz Sela okdiario 23 Abril 2018

La obsesión de la Generalitat independentista por controlar el mensaje a favor de la secesión se traduce en el elevado gasto de dinero público destinado a la comunicación.

Los últimos Presupuestos, de 2017, incluyeron hasta cuatro partidas, por un importe total superior de 1.000 millones de euros, para ‘cuidar’ los contenidos, subvencionar a medios afines, desarrollar toda la estrategia comunicativa del Govern o controlar la gestión del espectro radioeléctrico para la concesión de licencias a medios privados según sus intereses. En las partidas se incluye el mantenimiento de toda la estructura mediática de la Generalitat y de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, en la que se integran TV3 y Catalunya Radio. Un conglomerado que sirvió para difundir las tesis en favor de la independencia.

Así, el programa presupuestario ‘Medios de Comunicación Social’ explica su fundamento en la necesidad de “garantizar el derecho a la información y a la libre expresión de la ciudadanía y fomentar el espacio catalán de información”, mediante el fortalecimiento de sus “valores”.

“El Govern apuesta porque Cataluña disponga de unos medios públicos muy potentes, que ya tenemos y que hay que preservar, ya que son uno de los símbolos más destacados por su papel principal en el proceso de construcción nacional”, se justifica en otro momento. Todos estos gastos van a cargo del Departamento de Presidencia.

Desglosándolo por partidas, se observa una por valor de 315.172.636,84 euros destinada, entre otros, a “aumentar el conocimiento de la acción del Govern y las políticas públicas difundiendo noticias a través de la prensa y las redes sociales”, “garantizar aportaciones económicas a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales”, “definir el papel de RTVE con respecto al catalán”, “racionalizar” el uso del espacio radioeléctrico teniendo en cuenta su consideración de “bien escaso”, organizar los Premios Nacionales de Comunicación, “fortalecer el espacio catalán de comunicación” o garantizar una “oferta audiovisual en catalán que proyecte los referentes propios”.

Otra, por 243.943.262,97 euros, se dedica a fomentar el “buen funcionamiento” de la Corporación de medios públicos, subvencionar a los privados o elaborar notas de prensa del Govern y otros productos informativos para su difusión entre la ciudadanía y las redes sociales.

La siguiente, de 236.250.075 euros, se reparte, entre otros, en “garantizar la cobertura de los grandes acontecimientos culturales, cívicos y sociales del país”, “consolidar y fortalecer la cobertura informativa territorial”, ofrecer programas “que fomenten un mayor conocimientos y mejora de la lengua catalana”, “garantizar una programación habitual en aranés” o “estimular la industria audiovisual de país”.

Y otra, de 306.910.011 euros, se destina a la gestión de canales de TV y radio para promocionar contenidos en catalán y aranés, espacios sobre la cultura y la lengua catalana, exportar productos audiovisuales a mercados exteriores, desarrollar innovaciones tecnológicas, fomentar la versión en catalán de la producción audiovisual o “establecer alianzas estratégicas con operadores y agentes para garantizar un acceso amplio a los contenidos”. En este objetivo se enmarca, por ejemplo, el acuerdo con la Comunidad Valenciana y Baleares para compartir contenidos en lo que los independentistas denominan ‘Países Catalanes’.

Imprescindibles para la “catalanidad”
En sus propuestas para las elecciones catalanas, Puigdemont ya dejaba clara la importancia de crear un ‘espacio catalán de comunicación’ en el futuro Estado independiente, considerando que “los medios de comunicación conforman un espacio comunicativo de una fuerte densidad, que articula la sociedad, da solidez a la catalanidad y es un potente factor de integración”.

En este sentido, el programa de Junts per Catalunya propone “convertir Cataluña en referencia internacional del mundo audiovisual” para “atraer inversiones” para el nuevo Estado catalán, fomentar medios “que velen por la lengua del país”, “que sean atractivos para el conjunto de la sociedad catalana y participen de la construcción, difusión y consolidación de un universo nacional y referencial propio” , así como “impulsar las acciones precisas para que el servicio público de comunicación que desarrolla la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales refuerce sus vínculos con otros territorios de habla catalana, mediante la reciprocidad y la cooperación”.

Los medios de comunicación se consideran también imprescindibles para la “proyección internacional”. Asimismo, el Govern se reservaba la “oportunidad de equilibrar” la presencia de catalán y castellano en la radio y la televisión mediante la gestión del espacio radioeléctrico.

La Derecha, contra España
José García Domínguez  Libertad Digital 23 Abril 2018

Que todo un ministro de Hacienda del Reino de España se haya convertido en aliado objetivo de la causa de los separatistas catalanes ante la sala de la Justicia alemana llamada a decidir sobre el destino procesal del Payés Errante indica hasta qué punto las taras congénitas de la derecha tradicional y castiza suponen un obstáculo para afrontar el horizonte de disgregación nacional en el que ya andamos inmersos. Porque el problema no es Montoro, su ego hipertrófico y esa personalidad algo chulesca y soberbia que le aboca a empecinarse por norma en el error antes que dar su arrogante brazo a torcer. Si todo el problema fuese que Montoro es muy chulito, no habría en puridad problema. Habría un incordio con voz y voto en el Consejo de Ministros, sí, mas no un problema. Pero es que Montoro no está haciendo daño a la causa de nuestro país en Europa por chulito, sino por una lacra profunda de mucho más calado colectivo, estructural y ontológico.

Una lacra que no remite a este o aquel rasgo subjetivo de su carácter personal, sino a un mal crónico de la élite rectora de derecha española: su origen y mentalidad funcionarial. Porque lo que ahora mueve al Gobierno en pleno, que no solo a Montoro, es el espíritu de cuerpo tan característico de la idiosincrasia profunda del alto funcionariado del Estado. Desde hace más de un siglo, la derecha política española, se llame como se llame el partido que en cada momento canaliza la defensa de su causa, viene siendo muy poco más que una extensión autónoma de los cuerpos funcionariales de la élite del Estado. Aquí, la derecha con mando en plaza nunca ha dejado de ser un club cerrado que coopta según conveniencia a abogados del Estado, técnicos comerciales, registradores de la propiedad, catedráticos de Hacienda, magistrados, fiscales y algunas otras hierbas administrativas de similar cultivo y crianza.

Algo, ese abrumador sesgo funcionarial que retrata a la vieja derecha hispana, que ofrece ventajas evidentes (así, su óptima capacitación técnica para dirigir una institución, el Estado, cuya naturaleza y funciones nada tienen que ver con las de una empresa privada) pero que conlleva inconvenientes que acaban pesando mucho más que las primeras. Y es que, al margen de los humores que dominen su personal e intransferible carácter, Montoro acaba de dejar en la estacada al juez Llarena frente al tribunal alemán solo por defender a los altos funcionarios de su departamento encargados de controlar y auditar las cuentas de la Generalitat intervenida. Solo por eso. Única y exclusivamente por eso. Por tan nimio prurito estamental y corporativo, el Gobierno de España está en este instante crítico anteponiendo los afanes y querencias de una casta funcionarial a los de la Nación toda. Porque no es que Montoro sea malo, muy malo, y quiera cobrar muchos, muchos impuestos. No, lo que ocurre es que Montoro, al igual que Rajoy, Santamaría y Cospedal, el supremo tridente rector del PP, es un alto funcionario del Estado que, antes que nada y por encima de todo, vela por complacer y nunca contrariar al grupo profesional del que procede y en el que, en un momento u otro, tendrá que volver a integrarse. Tan simple como eso. Tan triste como eso. Tan alarmante como eso.

El secesionismo de UGT y CCOO merece el fin a sus subvenciones públicas
Miguel Alba www.vozpopuli.com 23 Abril 2018

Las subvenciones llevan décadas corrompiendo el concepto original de los sindicatos. La defensa unitaria del trabajador. Todos como si fueran uno. Mismo esfuerzo, mismos derechos. El tipo de contrato no discriminaba a quienes compartían cadena de montaje. Más que nada porque no existían las decenas de tipos de contrato que conocemos actualmente. Se estaba fijo, a prueba o no se estaba. Pero en la imaginación de nadie, ni trabajador, ni mucho menos sindicalista, aparecía esa amalgama de grises contractuales de la actualidad. Por horas, a tiempo parcial, formativos, de interinidad, por obra o servicio, eventual por circunstancias de la producción, de relevo, a domicilio… El pantone laboral se ha construido ad hoc, en cada reforma laboral, sin la oposición de los sindicatos, preocupados únicamente por salvaguardar su estatus. La pela, la subvención, como trasfondo de todo, como único garante en medio de la gran crisis de identidad que ha atrapado a los sindicatos con la eclosión de la crisis. Lo que debería haber sido su gran momento ha terminado por convertirse en un enfrentamiento con todos sus demonios. Con la pérdida de afiliados como gran Belcebú.

Esta pérdida de clientes, especialmente acentuada entre los dos grandes sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO), no hace sino generar un círculo vicioso: menos compañeros, más dependencia de las subvenciones públicas. Un cheque anual de 17,3 millones, bajo la salvaguarda del BOE, que explica la tranquilidad con la que los sindicatos contemplan esta creciente desafección de los trabajadores. El esquema de funcionamiento y principios rectores de los partidos políticos, se ha extendido también a los sindicatos. Las subvenciones públicas dependen, tanto de la vía directa por votos alcanzados, como de los fondos derivados de la gestión de la oferta formativa pública y semi-pública (de Ministerios y entes mixtos). Las prácticas clientelistas, como extensión de las realizadas por los partidos políticos, se han generalizado, especialmente en lo que se refiere a CCOO y UGT. En ocasiones resulta curioso que pongamos la carga de la prueba de todos los males del país en el bipartidismo político pero se sortee la mención al bipartidismo sindical. El reparto de poder sindical en manos de los dos sindicatos teóricamente más representativos ha demostrado no ser la panacea de las relaciones laborales sino el germen de nichos de corrupción como el tema de los EREs andaluces o la vida a todo black de determinados sindicalistas sentados en los antiguos consejos de Caja Madrid y Bankia.

Desvergüenzas y sinvergüenzas que parecían (o al menos así lo prometían los nuevos líderes sindicales) estar en vías de extinción. Una (falsa) promesa de catarsis que ha explosionado (implosionado también) con el desnudo de UGT y Comisiones frente al procés. Como los cachorros de la CUP, los líderes sindicales se han puesto al frente de la defensa de todos aquellos chascarrillos que han ido construyendo los secesionistas para intentar demostrar que nuestra democracia es una especie de estado opresor, un lugar sin libertades. “La mayoría de la sociedad catalana cree que la prisión preventiva no está justificada y, por tanto, pedimos que salgan en libertad Dolors (Bassa) y el resto de gente que está en la cárcel. La mayoría de la sociedad catalana también cree que no es momento de 155 ni de unilateralidad. No es momento de juicios ni de detenciones…” La frase suena a uno de tantos eslóganes de Puigdemont en sus viajes europeos. Error. El autor no es otro que Camil Ros, el secretario de UGT en Cataluña.

Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, es el gran causante de la tremenda crisis que ha estallado internamente en este sindicato, como bien explicaba días atrás Miquel Giménez en este diario. Su connivencia con el nacionalismo, así como permisividad con el entrismo separatista en el sindicato, ha revuelto conciencias dentro del sindicato socialista. Fue el propio Álvarez quien dejó hace algún tiempo las juventudes de la UGT en Cataluña, el colectivo Avalot, en manos de las juventudes de Esquerra. Lo hizo porque estaba disgustado por el carácter acomodaticio de aquellos militantes de las Juventudes socialistas que, según él, se pasaban el día sin hacer nada. Fue entonces cuando abrió el grifo y entraron en pelotón un número importante de separatistas en el sindicato.

Temerosos de perder las sustanciosas subvenciones que les daba Jordi Pujol, y después sus sucesores – por tener, la UGT tiene hasta la Creu de Sant Jordi - en el sindicato siempre estuvieron muy atentos a las consignas que emanaban de Palau.

Los resultados son más que evidentes. Temerosos de perder las sustanciosas subvenciones que les daba Jordi Pujol, y después sus sucesores – por tener, la UGT tiene hasta la Creu de Sant Jordi - en el sindicato siempre estuvieron muy atentos a las consignas que emanaban de Palau. De nuevo, la pela. La mamandurria. La dichosa subvención por la que vender su alma al diablo. Cuando se apuntaron, finalmente, al derecho a decidir y, más tarde, al referéndum, sumándose al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, fue evidente que no podían ocultar por más tiempo su seguidismo. Allí empezó el lento goteo de bajas de afiliados, goteo que ahora se ha convertido en una auténtica riada. Porque las personas que han abandonado el sindicato se cuentan por miles, y tras la manifestación de hace una semana, aún más.

No puede ser de otra manera. El procés está construyendo una Cataluña más pobre. Y los dos principales sindicatos, con su alineación con la corriente secesionista, andan contribuyendo a ello. Un total de 3.500 compañías, en números gruesos, han trasladado su sede social de Cataluña a otras regiones de España desde el ilegal referéndum del pasado 1 de octubre. Y pese a que el cambio de sede social no tiene porqué ir acompañado de una variación en el domicilio social, casi 1.500 firmas también lo han hecho. Cierto es que el traslado social no implica ningún cambio operativo en la vida de una empresa, pero el fiscal, sin embargo, sí exige que se movilicen las Juntas de accionistas y parte de la gestión operativa de la nueva sede. Las 62 principales empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña suponen un impacto directo en el PIB catalán de 11.540 millones, lo que representa un 5,4% de la economía catalana y un 1% de la española en su conjunto. Pobreza motivada por el órdago independentista cuyos efectos en el ámbito laboral comienzan ya a notarse tímidamente, con especial sensibilidad en el sector turístico, pero con la amenaza de tener efectos perniciosos en el medio plazo y largo plazo.

¿Cómo justificarán entonces Álvarez y Sordo su alineamiento milimétrico con el procés? ¿En qué caladero lograrán captar afiliados cuando su posicionamiento ante el desafío soberanista sólo genera destrucción de riqueza y empleo? Y lo más importante, ¿por qué se debe financiar vía BOE a dos instituciones que, más allá de corruptelas y otros latrocinios pasados, pretenden romper la unidad de todos los españoles? No estaría de más que Montoro, que asegura que no se ha desviado ni un solo euro hacia el procés del dinero que le llega a la Generalitat para sus gastos ordinarios, comenzase a realizar el mismo ejercicio de control con los movimientos de fondos de los sindicatos en Cataluña. Más cuando el 70% de las subvenciones que reciben los sindicatos de este país recae sobre UGT y CCOO.

El dinero de los impuestos de todos no debe terminar en las arcas de unas instituciones alineadas con el fin de nuestro dibujo de unidad como país. Por desgracia, las subvenciones llevan décadas corrompiendo el concepto original de los sindicatos. Y así seguirá siendo mientras no desaparezca del fácil dinero público y los sindicatos aprendan a financiarse exclusivamente de las aportaciones de sus afiliados. Quizás, así, retornen a su esencia original y vuelvan a ser el contrapeso necesario en las relaciones laborales. En caso contrario, seguirán acelerando en su camino hacia la destrucción.

@miguelalbacar

LA LUCHA JUDICIAL
Los seis ‘héroes’ que han desmantelado el ‘procés’
La Gaceta  23 Abril 2018

En los juzgados y con la ley como única arma, estas seis personas, órganos judiciales y cuerpos policiales han enterrado la intentona golpista del separatismo catalán.

La semana pasada La Gaceta hacía un repaso a las principales asociaciones y personalidades que había ayudado a combatir el discurso falaz del separatismo en el exterior. Ante la incomparecencia del Ejecutivo, grupos como Empresarios de Cataluña, Sociedad Civil Catalana, la entidad civil Basta Ya o intelectuales de la talla de Fernando Savater o el dramaturgo Albert Boadella han decidido dar la batalla de las ideas para contrarrestar el impacto del relato independentista.

Hoy le toca el turno a esos nombres propios que, en el seno de la Justicia, se han valido de la ley como único arma para desmantelar el ‘procés’.

José Manuel Maza
El fiscal general del Estado fallecido puso la primera piedra en forma de querella por rebelión, sedición y malversación contra todos los implicados en la intentona golpista. Justo un día antes, el 30 de octubre, Puigdemont y otro cuatro exconsejeros se fugaron a Bélgica. Las querellas se presentaron en dos tribunales diferentes: en el Supremo para los miembros de la Mesa del Parlament (por su condición de aforados) y en la Audiencia Nacional contra Puigdemont y los exconsejeros (cesados ya en virtud del artículo 155 de la Constitución).

Pocas semanas después, Maza fallecía repentinamente en Buenos Aires de una insuficiencia renal aguda. Sólo cumplió un año como fiscal general del Estado pero cimentó las bases sobre las que se ha construido la causa contra los cabecillas del ‘procés’.

Carmen Lamela
En sus manos recayó la querella contra los exconsejeros. Dictó la euroorden para capturar en Bélgica a Puigdemont y los exconsejeros fugados, que más tarde retiró el magistrado Llarena. Sufrió las iras del separatismo por encarcelar a los Jordis y los exconsejeros que sí dieron la cara ante la Justicia. Poco después el Supremo absorbió la causa que investiga a los líderes políticos del ‘procés’ y se quedó únicamente con la relativa a la cúpula de los Mossos de Esquadra, dado el carácter indiciario de organización criminal que aprecia en sus acciones.

Hace una semana procesópor sedición y organización criminal a Trapero y el resto de la antigua cúpula política de la policía autonómica. La juez de la Audiencia Nacional descartó la rebelión por no poder acreditar la violencia que requiere dicho tipo penal, según explicó en el auto. Algunos juristas han considerado más acertada la calificación hecha por Lamela que la del juez Llarena, que sí ha procesado a Puigdemont y varios exconsejeros por rebelión.

Pablo Llarena
Sin duda podría ser el juez que más ataques y presiones ha sufrido en los últimos tiempos. Ha llegado a ver cómo se difundían datos relativos a su esposa en TV3, pintadas amenazantes en la puerta de su casa y ha tenido que mudarse a Madrid, según informaron algunos medios, por el tremendo acoso al que estaba siendo sometido.

Santi Vila reveló hace unos días en una entrevista que no creía que Llarena estuviese actuando bajo la influencia del poder político. Y así ha quedado demostrado en dos ocasiones: cuando denegó la libertad al exconsejero Joaquim Forn pese a la petición de la Fiscalía y con el escrito que remitió la semana pasada a Montoro, en el que le pedía que acreditase que los secesionistas no habían usado fondos públicos para costear el ‘procés’.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo
Esta Sala del Alto Tribunal ha respaldado al juez Llarena en todas y cada una de las actuaciones que ha venido practicando. Los magistrados fueron especialmente duros contra el tribunal alemán que rechazó la entrega de Puigdemont por rebelión en su último auto, con motivo del recurso planteado por Jordi Sánchez. Criticaron la comparación establecida por el tribunal de Schleswig-Holstein entre el proceso secesionista catalán y las protestas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt.

“En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”, afirmaba el auto.

La Sala Segunda secundó la decisión de Llarena de imputar a los líderes separatistas por rebelión y argumentó la violencia que la fundamenta. Pero también le recordó que el fiscal José Manuel Maza -muy avispado cuando presentó la querella- dejó la puerta abierta a una imputación por sedición, tipo que no requiere de violencia y por el que ha optado la juez Lamela con la antigua cúpula de los Mossos.

La acusación particular
El presidente de VOX, Santiago Abascal, se dirige a los medios durante la comparecencia por el auto de procesamiento del juez Llarena a los golpistas catalanes | EFEEl partido político VOX han estado ejerciendo la acusación particular en la causa que instruye el Supremo. Javier Ortega Smith y Pedro Fernández han estado presentes en todas y cada unas de las audiencias en las que han comparecido los encausados. Junto a la Fiscalía han respondido a la gravedad de los delitos que pesan sobre los acusados solicitando prisión provisional para la mayoría.

Pero no siempre el Ministerio Público han estado de acuerdo. Recordemos que el juez sólo puede decretar prisión para un acusado si alguno de estos dos actores lo solicita. Retomando el caso de Joaquim Forn, gracias a la petición de VOX sigue en prisión, ya que en la última revisión solicitada por el exconsejero la Fiscalía pidió su libertad con medidas cautelares por ‘’razones humanitarias’’.

Guardia Civil y Policía
Han sido denostados, amenazados, atacados y agredidos por el separatismo. Su papel en Cataluña ha sido desde el principio el de garantes del cumplimiento de la ley. Y así lo han ido demostrando durante estos meses. La Guardia Civil ha estado recopilando las pruebas que sustentan los delitos que Llarena imputa a los procesados. Su labor ahora es más importante que nunca tras las declaraciones del ministro de Hacienda negando que se haya destinado dinero público al referéndum ilegal. Mientras Montoro dice que no ha habido malversación, los informes de la Benemérita estiman que ésta ha podido llegar a los dos millones de euros.

Y no nos podemos olvidar de la Policía Nacional. ¿Qué sería de la causa si no hubiesen evitado hace unos meses que los Mossos d’Esquadra quemaran documentos sensibles en una incineradora? De todos esos papeles han salido varias de las pruebas que aportan indicios sobre los que construir las imputaciones que pesan contra los cabecillas de la trama golpista.

Bonus: El Rey
Después de meses, incluso años -no sabemos si por orden del Gobierno- de silencio sepulcral ante lo que se estaba cocinando en Cataluña, el Rey por fin habló. Y fue muy contundente en aquel mensaje del 3 de octubre. Su defensa de Estado de Derecho y de la Constitución retumbó en todo el país. Sus palabras, más contundentes y útiles que cualquiera de los últimos veinte discursos del presidente del Gobierno, fueron un halo de esperanza para esa otra mitad de catalanes que permanecían silentes. Bueno, más bien silenciados por una clase política catalana muy sectaria y unos medios de comunicación públicos a su servicio.

FALTA DE VALENTÍA O DE VERGÜENZA
Rajoy, Montoro, Millo, Iceta, Colau… los ‘aliados’ y ‘cómplices’ del golpe
Agustín Benito Gaceta.es 23 Abril 2018

Algunos dirigentes políticos se muestran abiertamente como “aliados” del delirio separatista y otros tratan de torpedear la labor judicial con declaraciones “irresponsables”.

La Gaceta recuerda este lunes a los hombres que se han valido de la ley como único arma para desmantelar el ‘procés’. También a aquellos dirigentes -o instituciones- que se han mostrado -y muestran- abiertamente como “aliados” del delirio separatista o tratan de torpedear la labor judicial con declaraciones “irresponsables”.

La larga lista comienza en Mariano Rajoy, el mismo que dejó fugarse a Puigdemont y que calificó de “modélico” el comportamiento del Gobierno de Alemania que preside Angela Merkel después de que un tribunal de ese país dejara en libertad al golpista, y termina con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que ha negado el delito de malversación en la preparación del referéndum ilegal de 1 de octubre.

Sus palabras fueron recibidas con irritación por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que aseguró que “no hay justificación” por cargar de razones a los abogados del expresidente golpista Carles Puigdemont y perjudicar la euroorden de extradicción.

Tras la imprudencia, el juez del caso, Pablo Llarena, le pidió por escrito al ministro que explique “a la mayor brevedad posible” por qué consideró que no se utilizó dinero público para el referéndum, una declaración que contradice las fuentes de prueba del sumario.

La declaración fue recogida con satisfacción en las filas separatistas y con indignación en VOX, que ejerce como acusación particular en la investigación. La formación liderada por Santiago Abascal cree que el delito de malversación, que según un informe que obra en manos del juez se acerca a los dos millones de euros, es comparable con la gravedad de las manifestaciones del ministro. Por eso pidió que testifique y dimita por dejar a España en “una posición complicada en el ámbito internacional” y dar un balón de oxígeno a los procesados.

Desde el PP siguen justificando al ministro. “El adversario son los independentistas, como el enemigo fue ETA”, dijo este domingo Rafael Hernando, antes de asegurar que fue el primero que denunció a los independentistas por malversación y advertir que “no habrá ni inmunidad, ni impunidad ni indultos”. Pese a esto, apuntan que aunque “formalmente” no consta que el Govern destinara dinero público al 1-O, hay muchas formas de malversar, como “falsificaciones o gastos camuflados”.

Zoido y Millo
Otro de los “aliados” es el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que por falta de valentía sigue confiando en separatistas como altos cargos y ha encargado a Juli Gendrau y Jordi Jardí, directores generales autonómicos de Prevención de Incendios y de Administración de Seguridad respectivamente, las tareas de la Dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.

Lo ha hecho tras la destitución -en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución- de Annabel Marcos por haber trasladado ocultas en su coche urnas para los centros de votación durante la consulta.

Además Montoro y Zoido, otro de los “aliados” es el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el mismo que se disculpó por la legítima actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en cumplimiento de una resolución judicial el pasado 1-O -“solo puedo pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron”, aseveró-.

Todavía hoy continua apelando al “diálogo” para “desbloquear políticamente la situación” y repitiendo por activa y por pasiva que “el 155 garantiza la normalidad” en Cataluña, aunque lazos amarillos, símbolo para mostrar la solidaridad con los golpistas, cuelguen de edificios públicos, TV3 siga siendo un instrumento de agitación del golpe y en los colegios continúe el adoctrinamiento contra España.

El PSC, otro aliado
El PSC sigue con su eterna equidistancia, un “papel” que los electores castigaron el pasado 21 de diciembre en los comicios autonómicos. A favor de una “España plurinacional”, considera “desproporcionada” la cárcel preventiva de los dirigentes separatistas como Oriol Junqueras y defiende el acercamiento a cárceles catalanas, pese a recordar que dicha decisión no depende de los partidos e incluso ha planteado el indulto, una propuesta de Miquel Iceta que no gustó en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid.

Podemos y sindicatos, cómplices
Desde Podemos tratan de camuflarse con el paisaje separatista tildando de “presos políticos” y “opositores” a los golpistas, se muestran más vehementes al señalar solamente al Gobierno del Ejecutivo como el principal culpable y abogan por el mal llamado “derecho a decidir”. Ada Colau, por ejemplo, ha cedido espacios públicos para actos secesionistas mostrando ser cooperadora necesaria en Barcelona.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) no se quedan atrás y hace dos semanas, los líderes de ambos en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, los mismos que no se movilizaron cuando el delirio secesionista estalló, se aprobó la ley de desconexión, se convocó el referéndum ilegal y miles de empresas se marcharon de Cataluña perjudicando a sus trabajadores, acudieron a la manifestación convocada por la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” para reclamar la libertad de los presos golpistas encarcelados y la búsqueda “espacios para el diálogo y la negociación política” y la impunidad para los que saltándose la ley -la Constitución y el Estatuto de Autonomía- intentaron romper España.

Los Mossos
La labor de los Mossos no se encuadra solo en la desidia y “colaboración” con el golpe del 1 de octubre, sino también a la guardia del expresidente Puigdemont durante su fuga por Europa -una quincena de agentes, dirigidos por el sargento Lluís Escolà, que oficialmente se encontraba de baja médica, le ayudaron- y a su “vista gorda” con los piquetes en huelgas y con los Comités en Defensa de la República (CDR).

La Guardia Civil ya expuso que entre el 20 de septiembre y el 1-O no sólo observó “una inacción flagrante” por parte de la Policía Autonómica, sino que actuó en favor “del plan estratégico hacia la independencia”. Añadió que la inhibición de los Mossos obligó a “las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” a “actuar activamente para evitar la celebración” del referéndum ilegal.

Autonomías
La Generalitat catalana, líder en disparar el gasto en sueldos públicos
Ha sido la Administración regional que más ha aumentado los costes de personal en los cuatro últimos años
Roberto Pérez ABC 23 Abril 2018

La Generalitat catalana es la Administración regional que más ha disparado sus gastos de personal en los cuatro últimos años. En tasa porcentual solo le aventaja Baleares -y por poco-, pero hay que tener en cuenta que en cifras absolutas el Gobierno balear se gasta en sueldos la décima parte que el catalán.

Pese a su espinosa situación financiera, la Generalitat ha elevado sus costes de personal un 14,6% desde el año 2013. El «mérito» se lo han repartido entre Puigdemont y Artur Mas.

Entre 2013 y 2015, con Artur Mas al frente de la Generalitat, el sector público catalán aumentó sus gastos de personal en casi 900 millones de euros -en 2013 se dejó en sueldos 10.226 millones, frente a los 11.121 millones de 2015-. Y con Puigdemont, entre 2016 y 2017, esa «factura» engordó en otros 600 millones.

El año pasado, el sector público catalán se gastó en sueldos 11.723 millones. En cifra absoluta solo le superó Andalucía, con 13.253 millones -esta región tiene un 11% más habitantes que Cataluña-. El sector público andaluz ha sido el tercero que más ha aumentado el gasto de personal desde 2013, un 10,9%, solo por detrás de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón.

En cómputo global, el año pasado el sector público de las autonomías consumió 74.800 millones de euros en pagar sueldos, casi 7.000 millones más que en 2013.

La estafa tiene un precio
Luis Herrero  Libertad Digital 23 Abril 2018

Muchos españoles se cuestionan si existirán contrapartidas por parte del Gobierno hacia los terroristas de ETA tras su comunicado.

En su última comparecencia, el portavoz del Gobierno, con la pomposidad enfática con la que le gusta adornar sus afirmaciones más rotundas, ha dicho: "Le puedo asegurar tajantemente, y no creo que ninguno de los cuarenta y seis millones de españoles tenga ninguna duda, que este Gobierno jamás -ni antes, ni ahora ni después- dará ninguna contrapartida a ETA". Las hipérboles las carga el diablo. Hay una parte de esa afirmación que es falsa de toda falsedad y otra que está sospechosamente formulada. Es falso que los cuarenta y seis millones de españoles no tengamos ninguna duda. De hecho, mi impresión es exactamente la contraria: creo que son muy pocos los españoles que no la albergan. A las pruebas me remito.

El fantasma de la contrapartida ha planeado sobre todas las declaraciones posteriores a la difusión del comunicado etarra, en algunas ocasiones para darla por segura (caso de la Asociación Dignidad y Justicia, por ejemplo), en otras para desaconsejarla -lo que presupone admitirla como posible- (caso de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la organización más próxima al Gobierno), y finalmente para desmentirla.

Es un hecho cierto, del que hay rastro sobreabundante en la hemeroteca, que el quid pro quo disolución de la banda a cambio de acercamiento de presos ha estado siempre encima de la mesa. El PNV ha llevado esa propuesta al despacho del presidente del Gobierno siempre que ha tenido ocasión de hacerlo. Nada más ser elegido lehendakari, en enero de 2013, Urkullu acudió a La Moncloa con ese ramo de olivo en el pico. La respuesta de Rajoy fue clarificadora. Antes de transferirle la competencia penitenciaria al Gobierno vasco -le dijo-, ETA tenía que seguir haciendo gestos. Entre otros, pedir perdón a las víctimas y reconocer el daño causado.

Esos eran los términos precisos de la operación que se puso en marcha. Desde entonces, los fontaneros del PNV no han dejado de trabajar para culminarla con éxito. Para su buen fin buscaron apoyos en Batasuna, en las organizaciones internacionales que se dedican a este tipo de enjuagues, primorosamente envueltos con adornos pacifistas, y en la jerarquía de la Iglesia. En enero de 2017, sin ir más lejos, Urkullu se entrevistó con el Secretario de Estado del Vaticano para pedirle que el Papa jugara un papel destacado en el epílogo etarra. La versión oficial es que monseñor Parolín rechazó el ofrecimiento. Oficiosamente, sin embargo, los obispos vascos siguieron allanando el terreno para que pudieran alcanzarse los objetivos que había establecido el acuerdo político previo.

Tres meses más tarde, es decir, hace exactamente un año, ETA emitió un comunicado anunciando que había facilitado la localización de sus arsenales armamentísticos para que un Comité Internacional de Verificación pudiera acreditar "el desarme unilateral e incondicional" de la banda. El lehendakari acudió presto y jubiloso a Moncloa para comunicarle a Rajoy, antes de que el comunicado se hiciera público, la gran primicia. Creía que tras el quid de los terroristas tenía que llegar el quo de los políticos. Cuentan las crónicas que el presidente del Gobierno no se dio por satisfecho. Hacía falta que los etarras llegaran más lejos. Tenían que pedir perdón a las víctimas y reconocer el dolor causado.

Los meses siguientes sirvieron para avanzar en esa dirección. A principios de año, el Gobierno vasco anunció que, de los siete objetivos que se había marcado para 2018, el primero de todos era "contribuir a la disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA, promover un proceso compartido de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por las violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la violencia y favorecer una nueva orientación de la política penitenciaria en materia de acercamiento de presos". Más claro, agua.

Hace un mes, Urkullu ya sabía que la primera parte de ese objetivo estaba a tiro de piedra. En un acto de homenaje a las víctimas declaró: "No sabemos si alguna vez ETA será capaz de expresar el daño que causaron a las víctimas y a la sociedad. No sabemos si lo harán, pero sabemos que deberían hacerlo. En todo caso, la sociedad y las instituciones vascas y sus representantes, sí podemos hacerlo".

Me apuesto el bigote a que cuando Urkullu pronunció esas palabras ya sabía que la declaración etarra pidiendo perdón "por el daño causado en el transcurso de su trayectoria armada" estaba en el horno. En su discurso no hacía otra cosa que allanar el terreno para que el comunicado de los terroristas, cuando fuera público, mereciera la mejor valoración social posible. ¿Cómo es posible, a la luz de todos estos antecedentes, que el Gobierno nos pida a los españoles que creamos a pie juntillas que se ha llegado hasta aquí a cambio de nada?

¿Acaso no es ya bastante sospechoso que ETA haya hablado inmediatamente después de que el PNV y el Gobierno hayan sellado un acuerdo presupuestario que permitirá que Rajoy agote la legislatura? ¿No es suficientemente mosqueante que los obispos vascos, en su vomitivo comunicado conjunto, afirmen sin pudor que ha llegado el momento de "atender las peticiones de los familiares de los presos inmersos en diversas necesidades humanitarias" y que el "retorno de los excarcelados a sus lugares de origen debe realizarse de forma que las víctimas del terrorismo no se sientan humilladas." ¿Pero es que cabe mayor humillación, señores prelados, que jalear las intenciones de quienes pretenden premiar con benignidad penitenciaria a los encarcelados que se niegan a colaborar con la justicia para que los culpables de los 379 asesinatos que aún están por resolver paguen por lo que hicieron?

En estas circunstancias, decir que ninguno de los cuarenta y seis millones de españoles tiene ninguna duda de que este Gobierno jamás -ni antes, ni ahora ni después- dará ninguna contrapartida a ETA es una provocación temeraria. Me temo que lo que Méndez de Vigo quiere decir -de ahí que una parte de su afirmación esté sospechosamente formulada- es que la contrapartida no se le da a ETA, sino al Gobierno vasco. ¿Le basta esa media verdad a Rajoy para poder decir que no miente? ¿Es a eso a lo que se refiere su vocero cuando dice que el Gobierno se mantiene al lado de las víctimas, que es donde ha estado siempre? Con compañías como esa conozco a muchos que preferirían la soledad. Al menos no se sentirían estafados.

ETA, Nobel de la Paz
Santiago Navajas  Libertad Digital 23 Abril 2018

Tras el comunicado en el que pide 'perdón', solo nos cabe esperar que ETA se convierta en una ONG: Etarras sin Fronteras.

Llevarán la ayuda humanitaria y el socialismo revolucionario a pueblos oprimidos. ¿Qué nación no ha tenido un Guernica? En su comunicado, ETA afirma:

De hecho, el sufrimiento imperaba antes de que naciera ETA, y ha continuado después de que ETA haya abandonado la lucha armada.

Lo que es absolutamente cierto, inobjetable e irrefutable. Desde la expulsión del Paraíso y hasta el día del Juicio Final, los humanos hemos venido a este valle de lágrimas a sufrir. Aunque algunos, como San Francisco de Asís, trataron de enjugar con sus lágrimas un poco de ese dolor, mientras que otros, como Josu Ternera, buscaron multiplicarlo con Goma-2 ECO. También sostiene ETA que hay "gente que dice" que ellos han sido "malos", pero que también hay "gente que dice" que igualmente "malos" han sido los que han perseguido sus crímenes. Y que lo que "diga la gente" es siempre respetable. Al fin y al cabo, ETA es una secta marxista-leninista y para Marx y Lenin la dialéctica materialista es relativista, en cuanto que defiende que todo conocimiento está condicionado histórica y sociológicamente.

Pero aunque todo sea respetable, en el fondo ETA defiende que la razón está de su parte porque su violencia hay que interpretarla... ¡en defensa propia! "Ojalá nada de eso hubiese ocurrido, ojalá la libertad y la paz hubiesen echado raíces en Euskal Herria hace mucho tiempo". Es decir, ETA defiende que el primero en pegar ha sido el "Estado español" (un continuo espacio-temporal que une a los imperialistas romanos con los constitucionalistas del 78, pasando por los Reyes Católicos y los cruzados franquistas), por lo que los "socialistas revolucionarios vascos" lo único que han hecho ha sido negarse a poner la otra mejilla y defenderse de la agresión "imperialista capitalista-españolista".

En resumen, piden perdón porque han sido vencidos, pero que nadie piense que se sienten derrotados o en el lado equivocado de la Historia. Su petición de perdón es puramente táctica, para seguir con su estrategia de minar el sistema democrático español, que detestan tanto por democrático como por español.

Si de verdad pidieran perdón, ya sin cursivas, harían lo que recomendó el falangista Eugenio Montes a su camarada Dionisio Ridruejo:
Cuando, como tú, se ha llevado a centenares de compatriotas a la muerte y, luego, se llega a la conclusión de que aquella lucha fue un error, no cabe dedicarse a fundar un partido político: si se es creyente, hay que hacerse cartujo y, si se es ateo, hay que pegarse un tiro.

Entre los etarras hay algunos que creyentes han devenido cartujos. Finalmente, la solicitud con que la Iglesia vasca ha tratado a estas ovejas descarriadas ha dado sus frutos. Por ejemplo, José Luis Álvarez Santacristina pasó de ser Txelis, uno de los dirigentes de la banda terrorista, a ser un santo varón: un teólogo reputado con una tesis doctoral sobre Paz y violencia en José María Setién e Ignacio Ellacuría (el título nos sugiere que el abandono de la violencia no implica que se renuncie a la sofística jesuítica). Txelis es punto y aparte, ya que no cabe duda de que su petición de perdón es auténtica, no como en el caso de los etarras ahora arrepentidos, más falsos que el máster de Cristina Cifuentes. Por cierto, el trabajo para la licenciatura en Teología de Txelis se titula Bienaventurados los no-violentos.../ Bienaventurados los artífices de la paz… Estudio exegético y teológico de las Bienaventuranzas pacificadoras. Si su petición de perdón no fuese verdadera, al menos hay que concederle que se ha currado que lo creamos.

Pero no es de esperar que sus excompañeros de bombas-lapa le sigan por el camino de la fe (más bien lo motejan de "zumbado religioso"). Tampoco que se apliquen un poco de su medicina y se hagan el harakiri como si fueran samuráis de cocochas. Al fin y al cabo, tampoco Ridruejo hizo caso a su colega falangista Montes y siguió siendo asiduo de los salones de Erato y del Pardo. Descartado el ejemplo salvífico de Txelis, y demasiado lejano en el tiempo y el espacio el del samurái del sushi Yukio Mishima, los terroristas seguirán el camino subvencionado de sus amigos catalanistas de Terra Lliure. Pronto los veremos poniendo urnas con el mismo ánimo con que antes pegaban tiros en la nuca: en nombre de la democracia popular. Si Stalin fue nominado al Nobel de la Paz (¡dos veces, 1945 y 1948!), ¿por qué no podría ETA ser nominada también, después de su comunicado del perdón? Junto con las FARC, Hezbolá, Hamás, el IRA y otros luchadores por la liberación nacional. Que lo recoja Otegui.

Los mossos, cómplices del 1-O
EDITORIAL El Mundo 23 Abril 2018

Según avanzan las investigaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido el 1-O y en los meses en los que se intentó perpetrar el golpe para culminar el procés, el futuro procesal de sus promotores es más claro y complicado. Los testimonios de los mandos intermedios de los mossos recogidos por un juez de Sabadell confirman que la policía autonómica urdió un plan para permitir -por acción y omisión- que se celebrara el referéndum ilegal. Varios cargos del cuerpo catalán han coincidido en señalar a la Prefectura como responsable de que el 1 de octubre los agentes no actuaran, bien por falta de medios, bien por ausencia de órdenes.Sus declaraciones confirman las sospechas de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que ha encausado al ex mayor de los mossos, Josep Lluís Trapero, por los delitos de sedición y organización criminal.

Cada vez es más difícil negar que la Generalitat contó con la complicidad de su policía autonómica para desobedecer a los jueces que prohibieron expresamente el 1-O. Según han contado los oficiales intermedios de los mossos al juez, en la reunión de 400 mandos que se celebró para abordar el referéndum no hubo «ninguna orden concreta» para tratar de evitarlo. Además, buena parte del contingente que se envió a los colegios para supuestamente impedir la votación fue «logístico y no operativo». Los mossos se presentaron en los puntos para la votación sin «precintos», ni «candados», ni «cadenas». Tal era la desidia por cumplir con su deber de impedir la consulta que los investigados han llegado a decir al juez que «en los colegios nos dijeron que hacían una chocolatada y nos fuimos». Una frase reveladora que recoge tanto el desinterés por acatar la orden judicial, como la grotesca actuación de los mossos ese día.

Tras leer los testimonios, se entiende mejor, si cabe, la soledad con la que la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que enfrentarse a los votantes.Esa circunstancia hizo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cayeran en la burda trampa de la Generalitat de conseguir imágenes violentas que corroborasen su relato de que España es un Estado opresor.Una estrategia de propaganda exterior que ha sido contestada por el Gobierno con tibieza. En ese sentido, es de agradecer que Pedro Sánchez tuviera ayer la oportunidad de ejercer de embajador de España en el congreso del SPD y la aprovechara con un discurso en el que arremetió contra Puigdemont y el secesionismo.

Hecho el daño, lo importante es que las declaraciones de los mossos serán de ayuda para las investigaciones judiciales. La Justicia necesita sus tiempos.Pero, más allá de la válvula de oxígeno que ha conseguido Puigdemont en Alemania, las responsabilidades por tratar de consumar la independencia unilateral están cada vez más claras. Tarde o temprano, los sediciosos responderán por sus actos de rebeldía.

Fascismo en Cataluña
Francesc MorenoCronica Global 23 Abril 2018

Dice Madeleine Albright en su ultimo libro Fascism: A Warning que no debemos permitir que el fascismo pase desapercibido. Que no sea noticia hasta que sea demasiado tarde. Estas palabras han hecho plantearme qué se puede decir del fascismo hoy, en Cataluña.

Lo primero es definir qué se entiende por fascismo, cuáles son sus rasgos definidores. Desde luego, la causa esencial de su nacimiento, frenar el comunismo, carece hoy de sentido. De hecho, comunistas y fascistas sólo se han diferenciado, más alla de nominalismos, en que en los paises comunistas desapareció la economía de mercado y en los fascistas, no, aunque el peso del Estado y las nacionalizaciones fueran también muy importantes. Hoy, los rasgos definidores del fascismo puede encontrarse tanto en organizaciones que se autodefinen de derecha como de izquierda. Yo no sabría definir a Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un o Maduro como de derechas o izquierdas pero sí como líderes fascistas o cuasifascistas.

Descontextualizado de su origen histórico, ¿qué es hoy el fascismo? Albright señala diferentes rasgos que, según ella, sirven para identificar el fascismo.

1. Un líder con tendencias antidemocráticas y unos seguidores que ejercen algún tipo de presión sobre ese líder. Es difícil no recordar lo ocurrido en el Parlament el 6 y 7 de septiembre, o los acontecimientos del 10 y 11 de octubre. Para Albright, el concepto de democracia, como es normal salvo entre fascistas o revolucionarios, está supeditado al cumplimiento de la ley. Los fascistas preconizan estar por encima de la ley, por encima de los tribunales. Preconizan el fin de la división de poderes. Exactamente lo que estamos oyendo estos días de forma reiterada (véanse las declaraciones del presidente del Parlament al respecto). Si Puigdemont se consolida como líder independentista arrinconando a ERC, el riesgo fascista se multiplicaría. La repetición de las elecciones el 15 de julio, si nadie lo evita, podría abocarnos a una coyuntura muy difícil.

En Cataluña el secesionismo comparte preocupantes rasgos comunes con el fascismo. En la terminología de Albright sería "almost-fascism"

2. Otro elemento clave para definir el fascismo es la utilización por sus líderes de sentimientos de discriminación identitaria, temor al desempleo o cualquier miedo al futuro, para exacerbar las divisiones de la sociedad. Ya sabemos todos que la combinación entre victimismo y supremacismo es un elemento nuclear del secesionismo. Algunos secesionistas apelan a la solidaridad con los refugiados, a la vez que califican de colonos a la mitad de los ciudadanos de Cataluña. Pura retórica para presentarse con piel de cordero.

3. Un tercer rasgo esencial es la existencia de violencia. Tema sin duda de rabiosa actualidad en el caso catalán. La violencia en Cataluña, de momento, se concreta en al acoso y señalamiento del disidente, el corte de carreteras y otras infraestructuras, y enfrentamientos con las fuerzas de orden público. No es poco. Y la creación de los CDR no ayuda a ser optimista. Aunque es cierto que las agresiones físicas son, afortunadamente, anecdóticas. Pero el fascismo se desata cuando se acerca el poder y cuando lo ejerce. Antes pretende negar las evidencias. Dice Albraight: "Don't let fascism go unnoticed until it's too late". Sólo la debilidad de la democracia ha permitido el triunfo fascista.

4. Otros rasgos del fascismo también pueden verse entre nuestros secesionistas. Neolengua, revisionismo histórico, exaltación de la patria, grandes manifestaciones con la gente bien encuadrada y uniformada, marchas de antorchas, etc.

En Cataluña el secesionismo comparte preocupantes rasgos comunes con el fascismo. En la terminología de Albright sería "almost-fascism". El Gobierno español debería hacer caso de la exsecretaria de Estado norteamericana con Bill Clinton y no esperar a que sea demasiado tarde para combatirlo ideológicamente, que es lo que no se hace, o no suficientemente, en España. Esta falta de combate ideológico explica el éxito relativo del relato nacional-secesionista. Y lo primero es empezar a llamar las cosas por su nombre. Sin subordinar un tema de esta trascendencia a las relaciones con el PNV, la aprobación del presupuesto o a futuros pactos con los secesionistas.

Por favor, más respeto al Supremo
El autor señala las contradicciones en que incurrió el tribunal alemán que negó la entrega de Puigdemont, explica por qué sí hubo 'rebelión' y defiende a los magistrados que investigan el 'procés'.
Javier Gómez de Liaño El Espanol 23 Abril 2018

“El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. (Artículo 123.1 de la Constitución Española).

¿Qué ha pasado para que un tribunal regional alemán cuestione la solicitud de entrega de un ciudadano a quien el Tribunal Supremo de España reclama para ser juzgado? ¿Qué explicación tiene que la ministra de Justicia de Alemania declare públicamente que esa decisión de los jueces alemanes es la correcta? ¿Es sensato hablar de que los procesados por delitos de rebelión y malversación son presos políticos?

¿Qué hacer ante el acoso que, por cumplir con su deber, sufre el magistrado español que instruye la causa? ¿Es razonable que la mesa del parlamento de Cataluña interponga contra él una querella por prevaricación? ¿A qué viene que un ministro del Gobierno enmiende la plana al juez del Supremo y sostenga que el delito de malversación no existe? ¿Acaso estamos ante la profecía, a menudo anunciada por los pesimistas, de la crisis del Estado de Derecho?

Esta ristra de preguntas viene a cuento de lo que durante los últimos meses y días está sucediendo en el proceso judicial seguido contra los responsables del desafío separatista catalán y que producen en los ciudadanos de a pie, al menos en mí, estupor y rechazo, a partes iguales. Para empezar, sobra decir que todo trae causa de hechos criminales que no sólo son reprobables por sí mismos, sino que, además, es necesario enjuiciar y, en su caso, castigar. Los hechos son claros y están a la vista de quien quiera verlos. Lo que los independentistas procesados pretendieron fue derogar la Constitución y el Estatuto y sustituir una y otro por leyes sediciosas votadas a su manera. A partir de ahí, en el ámbito procesal y extraprocesal se están desencadenando actuaciones respecto a las cuales no cabe la resignación ni el silencio.

Con la inquietud y el afán por la verdad como únicos móviles, me permito analizar y lamentar los hechos siguientes, que, a mi entender, constituyen los principales puntos de las interrogantes planteadas.

1. Me parece lamentable que un tribunal regional alemán –para más señas, la Sección Penal de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein– ponga en cuestión una orden de detención y entrega, librada por el Tribunal Supremo de España, lo mismo que me lo parecería si hubiera sido al revés, y que lo haga con el argumento de que “los actos violentos producidos el día de la votación no fueron suficientes para presionar al Gobierno de tal modo que éste se viera forzado a capitular ante las exigencias de los violentos (…)”.

Que los jueces Martin Probst, Matthias Hohman y Matthias Schieman afirmen que no encuentran en el alzamiento catalán un delito equivalente a la alta traición “alemana” porque los rebeldes no doblegaron al Estado, es jurídicamente inaceptable. Pues claro que no lo doblegaron. Ni falta que hacía. Con ese razonamiento, tampoco la violencia de los rebeldes el 23-F fue suficiente para que el Estado capitulara ante sus exigencias. Sin embargo, nadie puso en duda y menos que nadie el Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de abril de 1983, que lo ocurrido aquel día fuera un golpe de Estado, pues, al fin y al cabo, el delito de rebelión, por ser de mera actividad, se consuma aunque los rebeldes no consigan los objetivos o fines pretendidos.

Lo explica perfectamente el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, del pasado 18 de abril, que desestima el recurso de apelación interpuesto por el procesado Jordi Sánchez contra la decisión del Instructor de mantenerlo en prisión provisional y denegarle el permiso solicitado para acudir a una sesión de investidura a celebrar en el Parlamento catalán. Tras rechazar la comparación que los jueces alemanes hacen entre el proceso separatista catalán y el del líder ecologista Alexander Schubart, procesado por haber dirigido en noviembre de 1981 una manifestación en el aeropuerto de Frankfurt con el fin de presionar al Parlamento para evitar la construcción de una nueva pista de aterrizaje, los magistrados señores Colmenero, Monterde y Jorge Barreiro, además de otros particulares, hacen saber a sus señorías alemanas: a) que“como era totalmente previsible e inevitable hubo violencia y hubo enfrentamientos físicos”; b) que lo realmente sucedido en el grave proceso secesionista es que “después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico y oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista (…) poniendo a las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado”; y c) que “si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania, con los mismos factores de evolución, tiempo y resultado, no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica”, como ellos dicen.

No cabe duda que en el llamado procés hubo violencia. Ahí están los indiscutibles actos de fuerza, la destrucción de vehículos policiales, la ocupación ilegal de carreteras, la obstaculización de vías férreas, las amenazas e intimidaciones contra personas, partidos y asociaciones rivales. O sea, que se violó la ley de forma sistemática para imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una secesión unilateral, ilegal y obligatoria. Ni el tribunal alemán ni la propaganda independentista pueden cambiar estos hechos que tienen categoría de probados y forman parte de la historia de los españoles y de su empeño por defender la democracia. Ley y democracia son conceptos fungibles. La ley es la expresión de la voluntad popular. Los políticos pueden cambiarla, pero violarla, no.

Lo escribió con mano maestra el profesor Gimbernat en su tribuna de EL MUNDO del lunes 16 de abril, donde después de practicar la “autopsia” al auto del tribunal alemán, al que viene a calificar de poco limpio por trocear a capricho la sentencia de 23/11/1983 del Tribunal Supremo Federal Alemán, e invocar el Preámbulo de la Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio, del Consejo, relativa a la Orden de Detención Europea y a los Procedimientos de Entrega entre los Estados Miembros y la vigente Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de las Resoluciones Penales en la Unión Europea, lamenta “que tres magistrados regionales alemanes se atrevan a pedir información complementaria a todo un magistrado del Tribunal Supremo de España, que, con dedicación exclusiva, ha estado instruyendo la causa durante muchos meses”, actitud que le parece, “para decirlo suavemente, una falta de respeto, incompatible con el grado de confianza entre Estados Miembros”.

Y es que, a diferencia de la extradición, que es un expresión de la soberanía del Estado (artículo 13.3 CE), la Orden de Detención y Entrega (OEDE) o euroorden, es una institución puramente europea que despliega sus efectos en territorio como consecuencia de la cesión de soberanía a favor de las instituciones europeas. Lo dice nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 13/02/2014, recaída en el caso Melloni, al afirmar que “se está ante una materia en la que opera la cesión constitucional de soberanía”, lo cual viene a coincidir con lo dispuesto en el artículo 82.1. del Tratado de la Unión al establecer que “la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y de las resoluciones judiciales”.

Como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró en el auto 68/2014, de 18 de septiembre, “la orden europea obedece a la creación de una verdadera comunidad de Derecho que también se denomina espacio judicial europeo”.

Esperemos que las aguas vuelvan a su cauce y que, sin necesidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, el tribunal alemán rectifique y evitemos que se reproduzca el episodio ocurrido en el año 2005 cuando el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante la decisión insólita de la justicia alemana de no entregar a España a un sospechoso de dirigir las finanzas de Al Qaeda en España, decidió aplicar rigurosamente el principio de reciprocidad y tramitar como extradiciones las más de 14 órdenes europeas pendientes emitidas por ese país y despacharlas en clave política.

2. Tan lamentable como el propio auto e incluso más, es que acto seguido a su pronunciamiento y firma, la ministra de Justicia alemana, de nombre Katarina Barley y que, para más datos, fue juez de la Audiencia Provincial de Trier, manifestase en rueda de prensa que la decisión era “absolutamente correcta y esperada” y que, “a partir de ahora, Puigdemont vivirá libre en un país libre” en clara referencia a Alemania e implícita alusión a España, lo que supuso una intromisión política en un asunto judicial e infringió el principio fundamental de la separación de poderes en un Estado de Derecho.

O que un diputado alemán, un tal Rolf Mützenich, llegara a comparar al Poder Judicialespañol con el turco. Torpes e intolerables declaraciones que, a parte de la negligencia con que el Gobierno español ha “gestionado el golpe”, han servido para aumentar la tensión entre ambos países y dar alas y envalentonar a los separatistas, procesados o no. Nótese que el comentario de la señora Barley vino reforzar el discurso victimista del independentismo, difundido por los altavoces de medios de comunicación españoles y alemanes –véase el diario Suddeutsche Zeitung–, empeñados en refrendar la tesis de que España y sus instituciones siguen ancladas en el franquismo.

A la ministra alemana y a quienes piensan como ella, habría que recordarles que en los meses de septiembre y octubre de 2017, Cataluña vivió una pesadilla y se bordeo el enfrentamiento civil. También que fue el 27 de octubre, después de ese referéndum fraudulento y la declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán cuando el Gobierno de España aplicó el artículo 155 de la Constitución que es clónico del 37 de la Constitución alemana o Ley Fundamental para la República Federal de Alemania: “Si un Land no cumpliere los deberes federales de la Ley Fundamental u otra ley federal le imponga, el Gobierno Federal, con aprobación del Bundesrat, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Land al cumplimiento de dichos deberes por vía coactiva federal”.

Por cierto, puestos a evocar, quizá no sobre traer a colación que la unidad de territorio alemán es inviolable, que la Constitución germana no permite bajo concepto alguno la sedición de un Estado federado y que el Tribunal Constitucional alemán, en diciembre de 2016, ni siquiera admitió a trámite un recurso de amparo interpuesto por el Partido de Baviera que pretendía celebrar un referéndum territorial sobre la separación de este Land de la República Federal de Alemania.

3. Más que lamentar, ofende a no pocos y a la memoria de otros tantos que sí lo fueron, oír y leer que los procesados en prisión preventiva son presos políticos. No. Independientemente de las posiciones que cada uno tenga del instituto de la prisión provisional –jamás oculté la mía–, quienes se encuentran en esa situación procesal personal, lo están por decisión del Instructor de la causa, confirmada por la Sala de Apelación del TS, y por concurrir en ellos indicios racionales de muy graves delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos políticos. Dicho en lenguaje paladino, que los políticos también delinquen y que cuando lo hacen, si un tribunal lo decide, su sitio, sea como medida cautelar, sea por sentencia firme, es un centro penitenciario.

4. No menor perplejidad y lamento produce la intervención del ministro de Hacienda, señor Montoro, al terciar en la delicada situación que atraviesa el proceso judicial con unas declaraciones que, como mínimo, merecen ser tachadas de imprudentes y, desde luego, irrespetuosas con el Tribunal Supremo.

No de otro modo puede calificarse negar que en el comportamiento de los procesados con ocasión del referéndum ilegal, concurren indicios racionales de criminalidad de un delito de malversación de caudales públicos tipificado en el artículo 432 del Código Penal, cuando la Abogacía del Estado está personada en la causa como acusación particular y lo está por orden expresa del subsecretario del Ministerio de Hacienda y sobre todo, cuando el magistrado Instructor, el señor Llarena relata los hechos y define el delito en el meticuloso y ponderado auto de procesamiento.

Aparte de la perturbación que sus palabras han producido en el procedimiento judicial y del desprecio que semejante salida de tono supone para el Tribunal Supremo, es obvio que, con su interferencia, el señor Montoro ha ofrecido a los acusados un socorrido argumento de defensa frente a un delito que, por la cuantía de lo malversado y tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, puede ser castigado hasta con 12 años de prisión. Habrá que estar a las explicaciones que el irreflexivo y locuaz señor ministro ofrezca en ese informe que el magistrado señor Llarena le ha solicitado que presente por escrito, evitando así el privilegio que al señor Montoro, por razón de su cargo, le otorga el artículo 412.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También en este supuesto, es de esperar que las cosas vuelvan al sitio de donde nunca debieron salir y que quienes ocupan y ejercen cargos públicos de enorme relevancia prueben a desempeñarlos de manera rigurosa y ejemplar. Seguro que el ciudadano medio agradecería que en la vida pública española se recuperase el sentido de la responsabilidad, algo que escasea en los últimos tiempos.

5. Finalmente, indignación, más que lamento, produce contemplar el acoso que sufren los jueces y magistrados encargados de investigar el alzamiento secesionista. Desde los insultos hasta las amenazas, entre las que incluyo las querellas por prevaricación, como esa última interpuesta por el Parlamento catalán contra el magistrado don Pablo Llarena –antes contra la magistrada doña Carmen Lamela– y que, aparte de merecer un rechazo de plano, lo único que pretenden es poner a los querellados en la picota de una opinión pública insensata y vociferante y crear una causa de recusación basada en el artículo 219.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, por artificial, jamás puede prosperar.

Al respecto y aunque llegue tarde, me permito aconsejar al señor Torrent y a quienes siguieron su propuesta, que nunca debieron comportarse del modo que lo han hecho, pues eso implicó reconocer que con las resoluciones del Tribunal Supremo hacen lo que les sale por las cinco espitas del cuerpo.

En cualquier caso, convendría saber de una puñetera vez –dado el asunto, escribir puñetas viene al pelo– y para no perdernos en el laberinto cuyos vericuetos muchos ignoran, que negar legitimidad al Tribunal Supremo puede ser un aliciente propio de políticos de tres al cuarto o afición de leguleyos, rábulas, tinterillos y zurupetos, que de todo hay en la viña del Señor, pero en ningún caso forma adecuada para la construcción de algo tan importante como el Estado de Derecho y de Justicia. Pensándolo bien y aunque el asunto sea grave, ya se sabe que a los enfermos de verborragia, la pasión, en lugar de ayudar, sirve para cegar sus mentes y torcer sus juicios.

En fin, lo importante es que en este asunto el Tribunal Supremo, al igual que otros juzgados y tribunales, están dando un gran ejemplo frente a las ofensas recibidas. Sus magistrados saben que la función de juzgar es pasto propicio para los desmanes y desahogos de justicieros y que el oficio es una servidumbre que hay que llevar con resignada compostura. El hombre ecuánime y sereno saber perdonar a sus ofensores, como sabe que la mayor venganza del sabio es olvidar el agravio.

***Javier Gómez de Liaño es abogado, juez en excedencia y consejero de EL ESPAÑOL

¿Los partidos políticos como solución para la democracia española?
"Los partidos discuten no tanto para convencerse como para decirse mutuamente cosas desagradables.”A.Tournier.
Miguel Massanet diariosigloxxi 23 Abril 2018

Juan Domingo Perón, el fundador del llamado peronismo en Argentina decía: “cuando un partido político se viene abajo, no es el partido político quien tiene la culpa, sino el conductor”. La experiencia que, en España, se tiene de los partidos políticos, tanto durante la época de la monarquía como en la de la II República del 14 de Abril de 1931, cuyo triste final es, de común conocimiento de los españoles, no fue precisamente lo que se podría calificar de satisfactorio. Es posible que, no todos los países y sus ciudadanos, estén preparados para afrontar con el debido civismo un sistema basado en distintos partidos políticos que sean capaces de entenderse entre ellos y, por encima de todo, de trabajar en aquellos temas fundamentales que afecten al bienestar de la ciudadanía, con la unión y necesaria buena fe incluso en aquellos casos en que alguno o algunos de ellos deban ceder para permitir que por encima de los intereses partidistas prime el interés general del país.

Deberemos reconocer que, en cuanto se refiere a civismo, disciplina, responsabilidad y cumplimiento de las normas dictadas por los órganos legislativos de su nación, los países nórdicos, con Alemania a la cabeza nos pueden dar lecciones. La forma en la que los alemanes han resulto el resultado de sus últimas elecciones legislativas se puede decir que ha sido modélica lo mismo que lo ha sido el comportamiento del SPD al renunciar a ocupar su lugar en la oposición para, en bien de la nación, colaborar con el partido conservador de la señora Merkel. ¡ En España estamos a años luz de ser capaces de actuar de una forma tan civilizada, tan responsable y tan seria en beneficio de los intereses nacionales! El ejemplo de la misma Baviera, el land alemán que pidió información el TS de la nación respecto a los posibilidades de obtener su independencia del resto del país, no puede ser más ilustrativo respecto al sentido democrático del pueblo alemán que aceptó sin rechistar la respuesta del alto tribunal alemán por la que se les denegaba cualquier remota posibilidad de que la separación que solicitaban pudiera llegar a materializarse en ningún momento.

En España, una situación parecida producida en algunas de las comunidades o autonomías en las que la Constitución dividió a España, no sólo llevó a que bandas terroristas se cebaran en la vida de los españoles, como sucedió en el País Vasco con su kale borroca y la banda criminal ETA, todavía en proceso de disolución, sino que han cristalizado en una serie de partidos abiertamente separatistas ( tenemos la información de que, en la nación alemana, están prohibidos todos las organizaciones que intenten constituirse en este sentido) que han conseguido implantarse con fuerza, no sólo en el País Vasco, como sucedía anteriormente sino que, a través de Bildu y otras organizaciones nacionalistas, están gobernando en Navarra donde, por si fuera poco, siguen intentado en anexionarla al país vasco. Si la dictadura del general Franco obvió cualquier intento de división de las que, durante la segunda República tuvieron lugar como fueron los casos de Cataluña con el señor Companys y la revolución de los mineros de Asturias en octubre de 1934, unidas a las aspiraciones de los seguidores de Sabino Arana (PNV) que intentaban una independencia del país vasco en cierta manera de tipo teocrático.

La irrupción de unos partidos de corte leninista procedente de Venezuela y bajo el amparo del dictador Maduro, que se instalaron gracias al apoyo de cadenas televisivas que no dudaron en hacer la propaganda que ellos buscaban para buscar acólitos que les ayudasen a esparcir la semilla anarco-comunista entre los descontentos de la crisis que nos asoló desde finales del 2007 hasta hace apenas un año; precisamente cuando España empezaba a salir de la época peor y se daban las primeras señales de una recuperación económica que ha llegado de la mano de la reactivación industrial y la consiguiente disminución del insoportable desempleo que azotaba nuestro país. La aparición de los comunistas venezolanos de Podemos, provocó un éxodo de las izquierdas hacia las propuestas de los señores Iglesias, Errejón, Monedero y Echenique que provocó, contra todo pronóstico, un vuelco importante del voto de los españoles con el derrumbe de lo que, hasta aquellos momentos había sido un bipartidismo entre el PP y el PSOE, Las elecciones provocaron un reparto de votos del que salieron más beneficiados los comunistas que consiguieran el voto incluso de votantes de derechas desengañados del comportamiento de los partidos que se habían visto obligados a bregar con la crisis económica que afectó a medio mundo.

Si, desde la transición, el bipartidismo había conseguido frenar a los independentistas e, incluso, acabar con los crímenes de la banda ETA; el hecho novedoso de un Parlamento (el Senado quedó en manos del PP con mayoría absoluta) en el que lo que había sido en la práctica un enfrentamiento entre socialista y populares turnándose el poder, la nueva configuración de la cámara baja supuso la irrupción ( principalmente de los comunistas bolivarianos) de terceros en discordia capaces de poner en aprietos a los dos partidos mayoritarios que, aunque conservaron ventaja sobre los demás la aritmética se prestaba a que el conseguir mayorías resultaba menos fácil que en las anteriores legislaturas. Lejos de lo que se hubiera podido interpretar como votaciones de castigo al bipartidismo a causa de los recortes a los que fueron sometidos los ciudadanos como consecuencia de la crisis, se ha podido comprobar que partidos sin ninguna experiencia en el gobierno han ido progresando de una manera espectacular, como ha sido el caso de Ciudadanos del señor A.Rivera que, de conseguir ir progresando en la autonomía catalana por su enfrentamiento abierto con el nacionalismo y el separatismo de los catalanistas de Mas y de ERC; posteriormente, especialmente desde las últimas autonómicas catalanas en las que, si bien no han conseguido poder gobernar, sí lograron ser el partido más votado de todos. Los errores de los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, han propiciado que mientras el desgaste de los más directamente afectados por el desgaste en el gobierno y por la mala política de P.Sánchez en el PSOE, el partido de Ciudadanos, en una de las últimas encuestas, aparezca con casi el 30% de los votos mientras el PP y el PSOE apenas consiguen el 20% seguidos de cerca por Podemos que apenas lleva una desventaja de algo más de un punto.

El resultado está a la vista: los nacionalistas catalanes no consiguen organizarse ni se prestan ( bajo la presión de Puigdemont) formar un gobierno que no esté formado por miembros que no tengan cuentas pendientes con la Justicia; ello supone el seguir manteniendo la presión del 155 ( en realidad muy descafeinado) lo que, a la vez les molesta a los del PNV que están chantajeando al Gobierno negándose a entrar a discutir las condiciones de su apoyo a los PGE del 2018 mientras el Gobierno no retire el 155 de Cataluña. Mientras los comunistas de Podemos mantienen una lucha interna que no parece que haya acabado con la presunta acomodación del candidato para sustituirá a la señora Cifuentes, en la comunidad madrileña, el señor Iñigo Errejón, que sigue su particular enfrentamiento soterrado con P.Iglesias que se las ve y se las desea para salir airoso de todos los que siguen a la espera de un error suyo para usurparle el puesto al frente de su partido.

Por su parte el que sigue sosteniéndose a duras penas sobre el filo de la navaja es el señor Rajoy que se las ve y se las desea para evitar que todo el tinglado que se sostiene con alfileres acabe desmoronándose mientras le van surgiendo por todas partes situaciones que van mermando la confianza de sus votantes y que, si sigue persistiendo en el mantenella y no enmendalla, es muy posible que, a no tardar, se encuentre ante la obligación de verse en la necesidad de convocar nuevos comicios debido a que depende del Ciudadanos para poder mantenerse en el poder. No obstante el partido de A. Rivera se ha convertido, a la vez, en su principal rival de cara a las elecciones y no es probable que le ponga fácil el tiempo que le queda al ejecutivo del señor Rajoy hasta que se cumpla el plazo legal para convocar nuevas elecciones.

Una situación que es muy posible que se vaya enrareciendo a medida que el tema catalán vaya complicándose como parece que la propaganda (una propaganda que no ha sabido contrarrestar el Gobierno) de los separatistas vaya calando, como ya ha sucedido en algunas naciones, en la opinión pública del resto de Europa. Un cuadro que demuestra que el hecho de que nuestro Parlamento se encuentre dividido entre un número de partidos excesivo, con distintos proyectos, con evidentes intenciones de atacarse a muerte los unos a los otros y sin ninguna posibilidad de que se consiga un acuerdo entre todos o, al menos entre una mayoría solvente, para dejarse de politiqueos partidistas para enfrentarse a los verdaderos problemas a los que ha de enfrentarse nuestro país. Por desgracia en España no tenemos la clase de formaciones políticas que se parezcan a las de otros países vecinos ( Alemania, Francia) y esto impide que la gobernabilidad del país dependa más de lo que se les deba conceder a los adversarios políticos ( véase el chantaje de los del PNV) que del enterés de cada formación en velar por los verdaderos intereses del pueblo.

Es posible que resulte duro el entenderlo y que no sea políticamente correcto decirlo pero hay pueblos, y el español no es una excepción, a los que no se los puede “dominar”, entiéndase como conducir o guíar, si no es mediante un gobernante lo suficientemente fuerte, poderoso, apoyado y enérgico como para utilizar los poderes que le concede la democracia para conducir con mano firme y sin concesiones a la galería a unos ciudadanos de los que se puede decir, sin temor a equivocarse, que dentro de cada uno de ellos hay un potencial gobernante y que, raramente, aceptan lo que se les impone desde el Gobierno. La historia ha sido maestra una vez más cuando las épocas de mayor tranquilidad, mejor progreso económico y mayor orden y tranquilidad han coincidido, pese a quien pese, en aquellos momentos en los que el país no ha dispuesto de partidos políticos. Seguramente, aunque a muchos les fastidie reconocerlo, un sistema como el de los EE.UU. de América en el que sólo hay dos formaciones que se disputan el gobierno de la nación, sería el más adecuado para que, en España se eliminasen todos estos corpúsculos que hoy forman parte de muchas instituciones de la nación y que, desde ellas están propiciando que el desgobierno llegue a poner a España a las puertas de volver a lo que fueron los antecedentes de nuestra Guerra Civil.

Un ejemplo preocupante lo tenemos en algo que se puede considerar, como alguno a escrito “una apología del terror rojo” El día de la conmemoración de la proclamación de la II República se produjeron unos hechos en Madrid que dieron fé de que aquellos que llevaron al país a la guerra tienen sus seguidores en nuestros tiempos. Convocada por la Coordinadora República de Madrid y apoyada por el PC español, una manifestación de miembros del Partido Marxista-Leninista, colocados en perfecta formación, con banderas rojas con la hoz y el martillo y a gritos de “viven para siempre los mártires del pueblo” y carteles con las efigies de Marx, Lenin y Stalin, desfilaron por el centro de la capital junto a varias asociaciones comunistas juveniles. Una pancarta con el lema: “Juramos vencer y venceremos”

Los participantes, en perfecto orden militar gritaron slóganes pidiendo acción y “a los combatientes honor y gloria”.

Pueda que a los jóvenes de ahora estas demostraciones no les afecten pero les puedo asegurar que a los que tenemos tantos años como para recordar aquellos tiempos, se nos encienden las entrañas recordando de lo que fueron capaces aquellos que hicieron de España el lugar de caza de derechistas, religiosos y personas marcadas por la vesania anarquista.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, pensamos que, desgraciadamente, nos estamos acercando a un punto de inflexión del que es muy posible que cuando se quiera volver atrás ya no sea posible. Luego no valdrá lamentarse.

De aquellas sotanas embarradas
Fernando Lázaro El Mundo 23 Abril 2018

Cuando están a punto de cumplirse los 50 años del primer asesinato de ETA, el clero vasco ha decidido pedir perdón... Bien está lo que bien acaba... Pero no por ello debemos olvidar por qué admiten, negro sobre blanco, que el papel de sus antecesores estaba muy lejos de ser el de un obispo que cuida de todo su rebaño.

Porque las complicidades del clero vasco y navarro (especialmente duro, según apuntan tanto desde la Guardia Civil como desde la Policía) con la organización terrorista ETA, han sido enormes durante décadas.

Sin duda, la cara que representaba esa cercanía en el plano ideológico la simbolizó el que durante 20 años el que fuera obispo de San Sebastián, José María Setién. Sus pastorales, sus declaraciones, sus palabras... siempre interpretadas como equidistantes. Siempre entraban como cuchillo de hielo en el alma de las víctimas del terror.

Pero la implicación del sector eclesiástico vasco-navarro fue mucho más allá. No fueron pocos los sacerdotes que ponían trabas para celebrar funerales por los asesinados por ETA en sus parroquias.

No fueron pocos los que también se permitieron durante los funerales, hablar de los etarras como de esos "jóvenes vascos". Y lo hacían ante el cadáver que habían provocado esos jóvenes vascos" y ante sus familiares. En algunas ocasiones, algún padre llegó a abandonar la iglesia.

Pero estos agravios fueron superados, incluso. Porque no fueron pocos los que se implicaron directamente con ETA y sus satélites. No fueron pocos los que abrieron las puertas de sus parroquias para que las estructuras terroristas tuvieran cobijo. No fueron pocas las veces que, incluso, hasta la escuela de sacerdotes, los seminarios, eran utilizados para celebrar reuniones clandestinas. Y no fueron pocos los que echaron una mano como mediadores entre extorsionados y extorsionadores.

Sin duda, el alzacuellos sirvió, y mucho, para eludir presiones policiales y judiciales. Pero algunos ya superaron todos los límites y acabaron detenidos. Como ese párroco que ocultó en su parroquia a dos miembros de ETA que huían después de un asesinato. No fue el único, otros fueron detenidos en similares circunstancias.

Otro fue detenido por su relación con el que fue máximo dirigente de ETA 'Mikel Antza'. Otro cura fue capturado por sus vínculos con el secuestro del empresario Adolfo Villoslada.

Incluso, otro fue capturado por colaborar en el asesinato de guardias civiles. Y así, unos cuantos.

Pero sin duda fueron las pastorales que, como lluvia fina, calaban en la mente de sus parroquianos vascos y navarros; esos mensajes sobre los "jóvenes vascos", ese lenguaje sobre "lucha armada", ese alejamiento de la condena clara y rotunda de la "violencia etarra", ese considerar a los etarras encarcelados "presos políticos"...

Y decían en los años 80: "No pocos jóvenes han sido protagonistas de un activismo político intenso, incluso, de acciones violentas y hasta armadas. Bastantes han llegado a sufrir, como consecuencia, la cárcel, el exilio y las torturas".

"Abogamos por unas formas políticas que vayan a la raíz de los problemas. El diálogo ha de sustituir a la ruda confrontación que nos está costando vidas humanas, deterioro económico, divisiones entre hermanos, desaliento colectivo, temor al futuro", apuntaban entonces los prelados vascos.

Esa equidistancia tan denunciada... 12 diciembre 1987. Los tres obispos vascos afirman en su carta pastoral que en las negociaciones que se estaban llevando a cabo para obtener la paz, "las partes implicadas han de renunciar al enfrentamiento a cambio de concesiones mutuas", incluso de contenido político.

Y si, "presos políticos". Así los definía a los presos de ETA en sus pastorales, como ésta de 1991.
Estaba dirigida "especialmente" a los presos comunes porque "son los más olvidados y no entran en la tabla de reivindicaciones de ningún grupo" aunque, añadían, que "se puede aplicar también a los presos políticos ya que podemos preguntarnos si son debidamente conocidos, respetados y si no son con frecuencia manipulados".

Y así una tras otra. Setién estuvo al frente del obispado de San Sebastián durante casi 20 años. Tras el asesinato del socialista Enrique Casas, desde las filas del PSOE le telefonearon para que abriera las puertas de la catedral. Setién se negó con el argumento de que los funerales debían celebrarse en la parroquia correspondiente pues si hacía una excepción se la podrían pedir las familias de etarras muertos.

Era un obispo que daba pedales políticos desde su púlpito... y todos en la misma línea, hacia el nacionalismo, llegando a defender el derecho de autodeterminación del pueblo vasco, una de las históricas reivindicaciones del PNV y de ETA. su cercanía con el histórico líder del PNV Xabier Arzalluz era intensa.

Está bien perdonar. Pero es necesario que lo que pasó no se olvide. Algunos defendían que las togas debían mancarse con el barro del camino. Otros embarraron definitivamente muchas sotanas.

El catalán que sigue preso por una denuncia falsa de los Mossos pide ayuda al Defensor del Pueblo
Raúl Macià lleva seis meses en prisión debido a una denuncia falsa de los Mossos y ERC.
M.A. Ruiz Coll okdiario 23 Abril 2018

Los Servicios Penitenciarios de la Generalitat mantienen preso en la cárcel de Lledoners a Raúl Macià, el catalán que puso la bandera española en el Ayuntamiento de Balsareny, pese a que una juez de Manresa archivó hace ya 15 días la denuncia falsa de los Mossos d’Esquadra que le condujo a prisión.

Raúl Macià ha dirigido un escrito al Defensor del Pueblo y al juez de vigilancia penitenciaria, en el que les explica la situación que ha sufrido durante los seis meses que lleva en prisión por una denuncia falsa de los Mossos. Durante este tiempo, los responsables de la cárcel de Lledoners le han cambiado tres veces de módulo para evitar que se adapte.

Durante su estancia en el módulo 5, dos internos le agredieron y le rompieron la nariz. En el módulo 3 estuvo trabajando como responsable de la biblioteca, pero en ningún momento ha llegado a cobrar los 120 euros al mes que le correspondían por este trabajo para pagarse los gastos dentro de la prisión.

Los responsables del centro le obligaron a quitarse una camiseta, porque llevaba el dorsal 155, y no permiten que su familia le suministre ninguna prenda de vestir que lleve el emblema de España. Mientras tanto, “en el centro hay educadores e internos que llevan el lacito amarillo en el pecho por los presos políticos y los propios educadores, en el taller de artes plásticas, hacen pintar a los internos murales con la estelada, entre otras cosas que atentan contra nuestra Constitución y contra nuestros derechos y libertades”, relata.

“Persiguen a los constitucionalistas”
Según señala, cuando se quejó de estos hechos una educadora del centro le respondió: “Así está montado el sistema, qué le vamos a hacer… la injusticia española no permite votar por la independencia y tiene presos a los políticos catalanes“.

“A los constitucionalistas catalanes se nos persigue y se nos reprime“, explica Raúl Macià en su escrito, “resido en este centro con miedo y temor. Desde que estoy en prisión me hallo inmerso en una profunda depresión. Me han distanciado de mi hija de nueve años, a la que casi no puedo ver, pues ella no desea ver a su padre en prisión y sólo ha venido a tres vis a vis en seis meses. De la noche a la mañana me dejaron sin nada; sin mi familia, sin mis animales, sin mi trabajo. Lo perdí todo y llevo seis meses viendo cómo todo empeora en lugar de solucionarse”.

Los responsables de la cárcel de Lledoners también le han intervenido las llamadas telefónicas: le negaron la posibilidad de hablar por vídeoconferencia con el juez de vigilancia penitenciaria y sólo le permiten llamar a su abogada y a su hija, presentando antes una instancia por escrito. También le han impuesto una sanción, porque en un registro de la celda los funcionarios encontraron un teléfono móvil, pese a que su compañero de celda reconoció que era suyo.

Los Servicios Penitenciarios de la Generalitat mantienen en prisión a Raúl Macià pese a que hace ya dos semanas, el pasado día 5, el Juzgado de Instrucción número 8 de Manresa les notificó que ha archivado la denuncia interpuesta por los Mossos d’Esquadra contra él, porque carecía de fundamento.

La Policía autonómica le acusaba de “reunión y manifestación ilícita“, tras identificarle cuando recorría su pueblo, Balsareny, junto a su novia y otras parejas, acompañados por varios hijos pequeños. Ninguno de ellos portaba pancartas, ni insignias, ni coreó consignas políticas.

Dos mossos declararon ante la juez que pusieron en marcha este dispositivo policial porque tres concejales de ERC (entre los que se encuentra el actual alcalde, Isidre Viu) alertaron a la Comisaría de que un grupo de peligrosos “españolistas” tenía previsto reventar el desfile de antorchas que los independentistas de la ANC habían convocado en Balsareny el pasado 10 de septiembre, víspera de la Diada del 11-S.

“Una persecución ideológica”
En su auto, la juez descarta por completo que Raúl Macià y sus amigos tuvieran intención de boicotear el acto de los separatistas, pues recorrían el pueblo acompañados de sus hijos de corta edad, entre ellos un pequeño de 18 meses. Por lo tanto, la magistrada considera probado que la denuncia de los Mossos que ha conducido a Raúl Macià a prisión era falsa.

A petición de la abogada de Raúl, María Juher Layret, la juez también imputó a tres mossos que participaron en el operativo (entre ellos, un agente independentista que es cuñado del alcalde de ERC) como autores de un presunto delito de coacciones, amenazas y contra la integridad moral de Raúl Macià.

Sin embargo, en el mismo auto del 5 de abril, la juez también ha archivado la causa contra los tres agentes, por considerar que aunque pudieron excederse en sus funciones, sólo pretendían evitar que se produjera un enfrentamiento entre los constitucionalistas y los independentistas (el desfile de antorchas de la ANC reunió a unas 700 personas).

La abogada María Juher ha presentado un recurso en el que pide a la juez que vuelva a imputar a estos tres agentes, por considerar que urdieron, junto a los tres ediles de ERC, “un plan preconcebido” y “una trama de persecución por razones ideológicas hacia los ciudadanos no separatistas de Balsareny, encaminada a coaccionarles para que se vayan del pueblo”.

El Ministerio de Educación abandona al profesor perseguido por la Generalitat y la CUP
El presidente de Profesores por el Bilingüismo, Francisco Oya, y el director del IES Joan Boscà de Barcelona, Ignacio García de la Barrera, que ha instado la persecución contra él.
M.A. Ruiz Coll okdiario 23 Abril 2018

Un grupo de alumnos simpatizantes de la CUP le monta escraches dentro de la clase de 2º de Bachillerato, desplegando pancartas en las que le califican de “fascista”. La prensa independentista financiada por la Generalitat le difama tachándole de “españolista, homófobo y ultraderechista“.

A petición del director del centro, el Departamento de Educación de la Generalitat le ha abierto un expediente disciplinario basado en las acusaciones de un reducido grupo de alumnos independentistas, envalentonados al saber que tienen el apoyo del director del centro, Ignacio García de Barrera.

A pesar de la persecución que el profesor de Historia Francisco Oya sufre por parte de la CUP y de la Generalitat intervenida por el artículo 155, hasta ahora nadie desde el Ministerio de Educación se ha dirigido a él para darle su apoyo o defender sus derechos.

En cambio, pocas horas después de que OKDIARIO informara por primera vez sobre estos hechos, la Guardia Civil sí se dirigió a Francisco Oya –que es presidente de Profesores por el Bilingüismo y miembro del colectivo Historiadors per Catalunya– para brindarle la posibilidad de denunciar las amenazas y el acoso que sufre desde hace varias semanas. También le ha ofrecido su apoyo el sindicato CSIF, del que es delegado no liberado.

Uno de los agitadores de la campaña contra el profesor de Historia ha sido el fotógrafo de la CUP Jordi Borràs, que el pasado lunes difundía en las redes sociales el siguiente mensaje dirigido a la Conselleria de Educación de la Generalitat: “¿Hasta cuándo vais a aguantar a este individuo en el IES Joan Boscà? Un profesor que convoca una manifestación plagada de ultraderechistas ante el instituto en el que trabaja no puede ejercer la docencia”.

Aludía a la concentración que la asociación Profesores por el Bilingüismo convocó el pasado lunes ante el centro, para mostrar su apoyo al profesor Oya. La CUP organizó una contramanifestación a la que acudieron decenas de radicales, que de nuevo tacharon de “fascista” al profesor de Historia, lo que obligó a intervenir a los Mossos d’Esquadra.

La CUP basa esta acusación en que Francisco Oya distribuyó entre sus alumnos, para analizarla, una entrevista en la que el prestigioso historiador Stanley Payne afirma: “Los aspectos más negativos de la dictadura fueron la represión sangrienta en los primeros años de posguerra, su apoyo al Eje en la Segunda Guerra Mundial y la larga represión de algunos derechos civiles”.

Pero, añade el historiador, “a pesar de los errores que cometió, es indudable que Franco logró el desarrollo económico y tecnológico del país, convirtiendo a España en una nación próspera y moderna. Sin duda fue un dictador durante 40 años, pero también el modernizador definitivo de España”. Una opinión que no dista mucho de la ofrecida por historiadores de izquierdas como Javier Tusell.

Como ha informado OKDIARIO, los problemas del profesor Francisco Oya comenzaron cuando, en su clase de Historia de 2º de Bachillerato, facilitó a los alumnos para su análisis una recopilación de textos de figuras históricas del nacionalismo catalán (entre ellas, Enric Prat de la Riba y Francesc Macià), que destilan un profundo supremacismo racista contra los españoles.

El profesor Oya pretendía contrarrestar así la decisión del departamento de Ciencias Sociales del centro, que ha impuesto para este curso el libro de texto de la Editorial Teide firmado por el actual vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, que repite todos los tópicos del secesionismo.

A raíz de la queja de un reducido grupo de alumnos, simpatizantes de ERC y la CUP, el director del Instituto requirió la presencia de hasta tres inspectores del Departamento de Educación de la Generalitat, en dos meses, para intimidar al profesor Oya.

Finalmente, 48 horas después de que OKDIARIO hiciera públicos estos hechos, el director Ignacio García de Barrera notificó al profesor el expediente disciplinario que ha decidido abrirle la Generalitat.

Durante su visita al aula, la inspectora de la Generalitat Nieves Lorenzo-Galés (quien no oculta su apoyo al independentismo en las redes sociales) amonestó a Francisco Oya por impartir las clases en castellano, como ha hecho durante los 33 años de su trayectoria como docente.

Sin embargo, la Generalitat ha evitado mencionar este extremo en el expediente disciplinario. Acusa al profesor de “menospreciar al director ante los alumnos”, “hacer caso omiso a las decisiones de su departamento didáctico” –que impone como libro de texto el manual del líder independentista de la ANC Agustí Alcoberro–, “provocar angustia y disgusto entre las familias” y “hacer comentarios en clase de tono homófobo, sexista y xenófobo”.

Mientras tanto, hasta ahora el Ministerio de Educación no ha dado ningún paso para interesarse por la situación del profesor de Historia, presidente de la asociación Profesores por el Bilingüismo, que sufre el linchamiento por parte de la Generalitat intervenida por el 155, la CUP y la prensa subvencionada independentista.
 


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