AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 25 Abril 2018

Europa y lo que España consiente en Cataluña
EDITORIAL  Libertad Digital 25 Abril 2018

Tras viajar a Bruselas para denunciar la "discriminación lingüística de los castellanoparlantes" en el sistema educativo catalán, la presidenta de la Asamblea por la Educación Bilingüe, Ana Losada, bien puede sentirse satisfecha al saber que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará próximamente una carta oficial a "las autoridades de Cataluña" para recordarles que, por sentencia del Tribunal Supremo, es obligatorio garantizar un 25% de clases en castellano en los colegios financiados con dinero público, y que su tarea es velar para que así se cumpla.

Ahora bien, que nadie se llame a engaño. Para empezar, las autoridades que en estos momentos vulneran el derecho de los catalanes a estudiar en español son las nacionales, que ostentan la responsabilidad directa del Gobierno de Cataluña desde que la Administración autonómica fuera intervenida en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Eso, por no recordar que el Gobierno de la Nación, máximo responsable de lo que sucede en España como Estado miembro de la Unión Europea, ha sido es y será siempre el máximo responsable de cumplir y hacer cumplir en todo el territorio nacional las sentencias de los altos tribunales.

Dicho de otra forma, ya no es Clara Ponsatí, la exconsejera de Enseñanza fugada primero a Bruselas y luego a Escocia, sino el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien debería ser el destinatario de esa carta de la Eurocámara, al ser el directo responsable de la discriminación lingüística que padecen los catalanes que quieren escolarizar a sus hijos en español.

Aunque España sea el único miembro de la UE en el que la lengua oficial se proscribe en la enseñanza, es ingenuo pensar que lo de poder estudiar en español en España va a convertirse en una especie de imperativo europeo. Si el Gobierno de España no se atreve a hacer cumplir la ley en Cataluña, no hay Comisión ni Parlamento europeo que pueda solucionarlo. La Comisión Europea, aunque sea parte en todos los debates, ha dejado muy claro que se lava las manos, que no tiene competencia en la materia y que tan sólo puede "apoyar la decisión que tome al respecto el Estado miembro". Y es el drama que la decisión del Estado miembro, en este caso, el español, es no hacer nada.

En cuanto al Parlamento Europeo, su mencionada Comisión de Peticiones podrá redactar esta carta oficial sobre la inmersión lingüística sin saber muy bien a quién ha de enviársela, pero poco más. Y eso que lo que se pide en ella no es la libertad de poder estudiar en español en España, sino tan sólo el 25 por ciento de las clases. Y eso es lo lamentable: que ninguna formación con representación parlamentaria abandera la libre elección de lengua en la enseñanza. Hasta Ciudadanos se ha hecho partidario de una inmersión lingüística que no por trilingüe deja de ser coactiva.

No. Definitivamente no se podrá encontrar en la Eurocámara lo que, vergonzosamente, falta en nuestro Parlamento en defensa de España y del español.

TV3: el Gobierno nos debe una explicación
Roberto L. Blanco Valdés La voz 25 Abril 2018

La mayoría de ustedes recordarán sin duda la desternillante escena de Bienvenido, míster Marshall en la que el inmenso Pepe Isbert, alcalde de Villar del Río a la sazón, proclama desde el Ayuntamiento a voz en grito aquello de «como alcalde vuestro que soy os debo una explicación y esta explicación que os debo os la voy a pagar».

Pues bien, como el munícipe más célebre de nuestra historia, también Mariano Rajoy nos debe una explicación sobre un tema esencial de la política española, explicación que ya no puede demorar: ¿cómo es posible que teniendo instrumentos legales para evitarlo de una vez -los que le da el artículo 155 de la Constitución- consienta el Gobierno de España que la televisión pública autonómica sea en estos momentos el principal instrumento de agitación y propaganda con que cuenta la secesión en Cataluña?

La necesidad de acabar con este escándalo de manipulación informativa, que no tienen ni siquiera lejano parangón en ninguna televisión o radio públicas de las que existen en España, se deriva, sin duda, de la inmensa e inadmisible burla que ello supone al menos para la mitad de población de Cataluña, a la que TV3 considera con una desvergüenza insufrible enemiga del país, a pesar del hecho obvio de que la radio y televisión autonómicas se financian con dinero que sale también del bolsillo de los no nacionalistas.

Pero, por desgracia, no se trata solo de eso, sino de algo si cabe mucho más grave todavía. Se trata de que en estos momentos TV3 es una pieza básica de la estrategia política de los secesionistas: la deslegitimación de la democracia española por el independentismo y el mantenimiento de la tensión política entre las instituciones democráticas del Estado y las fuerzas vivas de la rebelión. Esa estrategia necesita, como agua de mayo, de un instrumentos de manipulación masiva de la opinión pública catalana, que es lo que hoy representa justamente TV3. Por eso, poner coto al ignominioso abuso de TV3 contra los catalanes no nacionalistas y contra nuestra democracia es ya una necesidad urgente para hacer frente a la gravísima situación que se vive en Cataluña, que los medios públicos autonómicos contribuyen constantemente a empeorar.

He leído en los periódicos que el Gobierno no intervino desde el principio TV3 porque esa fue una condición que puso Pedro Sánchez para apoyar la aplicación del artículo 155 en el Senado. No sé si es verdad, pero conociendo al personaje, no me extrañaría. En cualquier caso, vista la trágica evolución de los acontecimientos en Cataluña el Gobierno tiene necesariamente que acabar con la impunidad de una manipulación informativa que recuerda a la del franquismo o a la de los antiguos países socialistas. Y si no lo hace, debe explicarnos cual es el motivo de su increíble pasividad en un asunto de tanta trascendencia, del que depende ya la estabilidad política de España y la paz y concordia en Cataluña.

Al PSOE le sobra independentismo
OKDIARIO 25 Abril 2018

Francina Armengol es una rémora para el Partido Socialista si el Partido Socialista aspira a seguir siendo una gran formación nacional y constitucionalista con alguna posibilidad de volver algún día al Palacio de la Moncloa. La presidenta de Baleares simboliza mejor que nadie el exceso de independentismo y el comportamiento veleidoso de algunos reyes de taifas socialistas que, imbuidos por el separatismo catalán, tratan de imponer regímenes cuasi secesionistas en sus respectivas regiones. Parece que están poseídos por una suerte de efecto contagio procedente de Cataluña que los lleva a intentar ser un remedo de los radicales que han tratado de dinamitar nuestro Estado de Derecho. Armengol, en concreto, lleva mucho tiempo sin disimular. El último dislate ha sido apoyar a los golpistas vistiendo de amarillo durante los actos oficiales del Día de Sant Jordi en Palma de Mallorca.

No obstante, no es la primera vez —ni será la última—, ya que desde la dirección nacional de Madrid muestran una llamativa indolencia hacia este tipo de actos inaceptables. En vez de condenarlos y ser intransigentes con la grave situación que carcome Cataluña —el secretario de Justicia del PSOE ha comparado a España con Corea del Norte por retirar prendas golpistas— siguen buscando justificaciones y eufemismos para referirse a los sediciosos. Tras la final de la Copa del Rey del pasado sábado incluso han llegado a unirse a Podemos para criticar al Gobierno por el hecho de que la Policía Nacional requisara camisetas y prendas amarillas a los aficionados del Barcelona antes del evento deportivo. Una actitud oportunista que exhiben desde hace tiempo y que, además, no les ha servido de nada para pescar en los caladeros de votos independentistas en Cataluña.

De hecho, la cercanía casi connivente con ellos de la mano de Miquel Iceta, lejos de granjearles buenos resultados electorales los llevó a cosechar el segundo peor resultado de su historia en la región. Un resultado desastroso que se puede extrapolar a nivel nacional si siguen más cerca de la corriente de José Luis Rodríguez Zapatero que de la de aquel PSOE hegemónico, ganador y españolista que en 1982, y con Felipe González al frente, se convirtió en una auténtica máquina de ganar elecciones. Ahora, sin embargo, el partido se encuentra a merced de radicales como Armengol, que igual se viste de amarillo que instala una dictadura lingüística en Baleares a través de ámbitos tan importantes como la Educación o la Sanidad. En este último sector, incluso discrimina a los mejores currículos para favorecer a los que sepan catalán. Si el PSOE no rectifica y retoma la senda del constitucionalismo, el liderazgo de Pedro Sánchez volverá a ser la crónica de una muerte anunciada.

La deuda volverá a subir más de 30.000 millones este año y llegará a 1,17 billones
La ratio bajará al 97,6% porque el PIB marcará también un máximo histórico en 2018 y superará los 1,2 billones, según ha notificado el Gobierno a Bruselas
Teresa Lázarowww.vozpopuli.com 25 Abril 2018

La bajada de la deuda pública que vende el Gobierno a los inversores es solo una verdad a medias. En términos de PIB la deuda lleva bajando desde el año 2015, pero en términos brutos, es decir, en millones de euros, la deuda sigue subiendo a razón de 30.000 millones al año. Y volverá a hacerlo en 2018, según se desprende de la primera notificación que ha hecho al Gobierno este año a Bruselas.
mentó en 37.078 millones en 2017 pero bajó al 98,3% del PIB

La deuda cerró 2017 en un nuevo máximo histórico: 1,14 billones de euros. Subió en 37.000 millones en comparación con el año 2016: 1,10 billones. Nunca antes España había tenido una deuda tan alta en toda la serie histórica del Banco de España, que arranca en 1995.

Y este año va a volver a subir en esa magnitud. En concreto, aumentará en 32.700 millones. Eso sí, en términos de PIB volverá a bajar una décimas y se quedará en el 97,6% del PIB. ¿Por qué se produce este descenso? Porque la economía sigue creciendo y el PIB sigue aumentando, así que sube el denominador y hace que baje el ratio de deuda.

El Gobierno espera que este año el PIB llegue al máximo histórico de 1,2 billones de euros
El año pasado, el PIB fue 1.163.662 euros. Este año, el Gobierno espera que sea 1.213.179 euros. O al menos eso le ha notificado a Bruselas. En este caso, España también marcará un máximo histórico, puesto que nunca antes el PIB había sido tan alto. En 2016 España ya recuperó todo el PIB perdido durante la crisis y este año seguirá repuntando.

Y este máximo es precisamente lo que provoca que la deuda siga cayendo en términos de PIB a pesar del aumento anual. Según figura en los Presupuestos de 2018, la deuda caerá al 97,6% este año, bajará al 95,4% en 2019 y se quedará en el 92,5% en 2020. El Fondo Monetario Internacional (FMI) es algo más pesimista y cree que seguirá rondando el 94% en 2020 y 90% en 2023.

De hecho, muchos analistas alertan ya del elevado nivel de deuda y lo difícil que va a ser para España reducirla. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por ejemplo, cree que este parámetro podría enquistarse en el 85% del PIB si no se toman medidas para reducir el déficit estructural que sufren las administraciones públicas.

Más allá del problema que supone en términos de cumplimiento, la Ley de Estabilidad obliga a reducir este parámetro al 60% en el año 2020, el principal problema es que Bruselas pondrá el foco en la deuda cuando España salga del procedimiento de déficit excesivo este mismo año. Y es que lo más probable es que entre en un nuevo procedimiento, "una norma transitoria de reducción de deuda", que permitirá a las autoridades exigir nuevas medidas si este parámetro no se reduce a u ritmo adecuado.

La lupa de Bruselas, sobre la deuda
¿Cómo funciona este nuevo procedimiento? Como explicamos en Vozpópuli, los países tiene que reducir un 5% el exceso de deuda cada año, teniendo en cuenta que se considera que la deuda, como máximo, debe suponer el 60% del PIB de cada país. A partir de esas cifras, España tendría que reducir cada año al menos un 2% la deuda para evitar nuevos ajustes.

Aunque en términos de PIB, que es la cifra que mira Bruselas, la deuda lleva tres años bajando, en ninguno de los ejercicios ha sido capaz de descender dos puntos. El descenso de 2017, por ejemplo, ni siquiera llegó a uno. Y el que se va a registrar en 2018, si se cumplen las previsiones, tampoco llegará al punto de PIB.

El déficit de la Seguridad Social no bajará del 1,4%
En la notificación, el Gobierno ha incluido sus primeras estimaciones sobre el déficit público y el déficit de los distintos subsectores, que no coinciden con los objetivos que pactó con Bruselas en la última actualización del Programa de Estabilidad.

La cifra total sí se mantiene en el 2,2%, el problema está en el reparto del déficit. Se esperaba que el Estado redujera su desfase al 0,7% este año y finalmente tendrá que conformarse con bajarlo al 1,2%- Algo similar ocurre en la Seguridad Social, que iba a dejarlo en el 1,1% y que parece que no bajará del 1.4%.

De hecho, el caso de la Seguridad Social es preocupante, puesto que apenas reducirá el déficit en 300 millones este año, a pesar de que el PIB podría volver a crecer por encima del 3% y de que se seguirá generando empleo.

Las comunidades y los ayuntamientos compensarán estos desfases comportándose mejor de lo estimado en el último programa de estabilidad. Las CCAA bajarán el déficit al 0,2% frente al 0,4% previsto. los Ayuntamientos repetirán el superávit del 0,6%.

En cualquier caso, lo cierto es que el Gobierno tiene que actualizar y enviar de nuevo el programa antes de que acabe el mes de abril, así que puede que aproveche para revisar las cifras y mandar a Bruselas estimaciones algo más ajustadas que las de finales de 2017.

QUEJAS DE LOS PENSIONISTAS
Un diputado cobra 1.100 euros más del salario mínimo solo en dietas
La Gaceta  25 Abril 2018

Una representación de organizaciones españolas de pensionistas ha defendido este martes ante el Parlamento Europeo la necesidad de una reforma del sistema público de pensiones para garantizar una jubilación digna.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, organización que integra a decenas de asociaciones y colectivos de pensionistas de toda España, ha mantenido entrevistas con la Representación Permanente de España ante la UE (Reper), la Comisión Europea y eurodiputados de diversos grupos políticos de la Eurocámara (Podemos, PSOE, Izquierda Unida o Los Verdes).

La comitiva ha hecho llegar a los eurodiputados los reclamos de los pensionistas españoles y sus preocupaciones sobre la precarización de las pensiones en España.

“Cuando el salario mínimo de un trabajador es de 735 euros y las dietas de un diputado son de 870 quiere decir que algo va mal (…) y eso redunda de manera clarísima en el sistema público de pensiones en nuestro país”, ha indicado el representante de las asociaciones de Cataluña, Domiciano Sandoval.

Las prebendas de sus señorías
Mientras los pensionistas tienen que conformarse con una subida pírrica, los diputados del Congreso se han garantizado un aumento bastante superior. La Mesa de la Cámara Baja aprobó el pasado mes de septiembre sus Presupuestos para el 2018, que ascienden a 86,98 millones de euros. En ellos se contempla un incremento del 1,5% en las retribuciones del personal de la institución y de sus parlamentarios.

Los salarios de los diputados sufrieron un recorte del 10% en el año 2010 y quedaron congelados hasta el pasado año, cuando aumentaron en un 1%. Con este incremento para 2018, el sueldo base de un diputado quedará en 2.884 euros (a la espera de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado). A esta cantidad hay que sumarle los complementos y dietas por los cargos que se ostenten en la actividad parlamentaria (portavocías, Mesa del Congreso, comisiones…).

Pero eso no es todo, además de otras prebendas como un iphone, la conexión a internet en sus casa y 3.000 euros al año para taxis, el Congreso paga a sus diputados 1.842,10 euros mensuales si son elegidos por una circunscripción fuera de Madrid. Esta cantidad se reduce hasta los 879,27 si ha obtenido el acta concurriendo por Madrid. Para los desplazamientos nacionales se les abona una dieta de 120 euros diarios, y de 150 si el viaje es fuera de nuestro país.

Esto significa que un diputado de fuera de Madrid cobra sólo en dietas 1.100 euros más del salario mínimo, mientras que uno madrileño (que no tiene que pagar alojamiento) cobra 150 euros más.

Una demanda ante el TEDH
Para Sandoval, responsable de la demanda sobre pensiones impuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha sido admitida a trámite, “ha valido la pena el viaje” puesto que han tenido el “respaldo” de muchos diputados, sin embargo, una parte del mensaje “no es muy optimista”, ha señalado.

“Lo que hemos oído aquí, no tanto del representante del gobierno español, que solo es un funcionario, pero sí del secretario Valdis Zagorskis, que ha hecho un planteamiento totalmente neoliberal del sistema”, ha indicado en relación al Informe trianual de adecuación de pensiones al que han tenido acceso y que será publicado mañana.

Por otra parte, Sandoval ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar el movimiento social surgido en España en otros países europeos, sobre todo en los países del sur de Europa, para establecer un plan europeo de pensiones y evitar que se apruebe como reglamento el desgrabamiento de las presiones fiscales a las pensiones privadas en detrimento de las públicas.

“Dicen que vivir por debajo de 1.080 euros es vivir por debajo de la pobreza, y la mayoría de nuestros hijos y nietos están trabajando y están siendo pobres, y quieren recortarles en un 30 ó 40 % las pensiones del futuro”, ha indicado otra de las representantes de la Coordinadora, Conchita Ribera.

LOS AGENTES CELEBRAN LA DENUNCIA
Guardias civiles pensaron en abandonar Cataluña por el acoso a sus hijos
Sandra Toro Gaceta.es 25 Abril 2018

Los guardias civiles se sienten “desamparados por parte del Gobierno” y aseguran que lo que sucede en Cataluña “se asemeja a lo que ha ocurrido y ocurre en el País Vasco”.

Las asociaciones de la Guardia Civil han recibido “con satisfacción” la denuncia que la Fiscalía de Delitos de Odio ha presentado contra nueve profesores del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por sus comentarios en clase criticando la actuación policial el 1-O a pesar de la “humillación” que sabían que podían causar a alumnos hijos de agentes de la Benemérita.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) califica los hechos como “muy graves, puesto que se dirigieron contra menores de edad y porque tuvieron como responsables precisamente a sus docentes”. “Los niños y jóvenes humillados vivieron una situación que les provocó una gran tensión y sensación de desamparo”, denuncia la organización, a la vez que lamenta que inocentes hayan tenido que “sufrir ante sus propios compañeros comentarios despectivos contra sus padres y su trabajo”.

El colectivo ha denunciado en reiteradas ocasiones el “clima de acoso” que, desde hace tiempo, sufren los guardias civiles en Cataluña. Este, relatan, “cobró especial virulencia” días y semanas después del referéndum ilegal. Insultos por la calle, acoso en los cuarteles, pintadas… Todo ello, afirman los agentes, “resulta ya de por sí suficientemente duro, pero si además la situación afecta a nuestros hijos se hace insostenible”.

“Resulta especialmente condenable que sean los profesionales encargados de educar a los jóvenes los que les inculquen esas ideas de odio, señalando además a parte de su alumnado ante el resto como en las peores prácticas propagandísticas de regímenes totalitarios”, denuncia la asociación.

Los agentes han revelado que el clima de odio descrito ha hecho que muchos guardias civiles se hayan visto obligados a plantearse pedir el cambio de destino fuera de Cataluña o enviar a sus familias a otra región “con el único fin de evitar a sus hijos situaciones humillantes”.

No obstante, confían en que la Justicia “esclarezca como corresponda unas actitudes que tienen como responsables a unos profesores indignos de su profesión al mostrar una actitud tan deleznable con sus propios alumnos”.

“Animales”, “bestias que sólo saben dar palos”, “perros rabiosos”, “salvajes”… son sólo algunos de los comentarios que, según el Ministerio Público, hicieron los profesores denunciados el día 2 de octubre en clase. Incluso pidieron a los hijos de los agentes que levantaran la mano, señalándolos así frente a sus compañeros.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) también lleva tiempo denunciando el acoso a las casas cuartel del Instituto Armado en Cataluña. “Se asemeja mucho a lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo en el País Vasco”, ha advertido en declaraciones a La Gaceta José Cobo, portavoz de la asociación. “Pero lo peor -asegura- es que las amenazas hayan pasado a sufrirlas nuestros hijos y familiares”.

Los guardias civiles se sienten “desamparados por parte del Gobierno”. Así lo ha revelado Cobo, que lamenta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya tenido “ningún gesto de apoyo hacia nuestros hijos”. “Lo que deberían hacer es estar allí presentes y supervisar la educación”, añade.

La Fiscalía de Delitos de Odio recalca que los docentes eran conscientes del “menoscabo moral” y de la “humillación” que sus comentarios podían comportar entre sus alumnos, pero aún así no tuvieron reparos en provocar que varios de ellos rompieran a llorar y que sus padres los tuvieran que ir a buscar al colegio. Esta actitud es, afirma la AEGC, “otra muestra más de la cobardía de estos radicales que se atreven a arremeter contra personas indefensas menores de edad por el único pecado de ser hijos de guardias civiles”.

“Esperamos que esto no pase a mayores y que no tengamos que lamentar desgracias personales entre nuestros familiares”, ha asegurado Cobo.

Los profesores también exigieron a todos los alumnos que bajaran a las 12:00 horas al patio para protestar por la “violencia policial” durante el 1-O y para “defender la independencia”. La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) entiende que “nos encontramos, más que con un caso de adoctrinamiento, con la promoción de una cultura del odio, de la exclusión social y de la segregación”, ha afirmado su presidente, Joaquín Parra, en declaraciones a La Gaceta.

“Promover el enfrentamiento entre niños por haber nacido en una zona u otra o por tener sus padres una determinada profesión es un hecho muy grave que tiene que tener un castigo penal y administrativo”, ha sentenciado Parra, que también ha exigido al Gobierno “que no deje la Educación de nuestros hijos en manos de cualquiera”.

“Asistimos a una política tergiversadora que intenta engañar, hacer presión y acosar a determinados sectores sociales sin que el Gobierno la someta a ningún tipo de control y seguimiento”, ha añadido.

Canadá: el apoyo a Trudeau a los islamistas
Tom Quiggin latribunadelpaisvasco 25 Abril 2018

Artículo publicado inicialmente en la web del Gatestone Institute

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tiene una trayectoria de nueve años de apoyo a la causa islamista, mientras que se niega a involucrarse con los musulmanes reformistas. En relación con los combatientes del ISIS (Estado Islámico) que vuelven a Canadá, Trudeau ha sostenido que serán "una potente voz para la desrradicalización", y que los que se oponen a su vuelta son "islamófobos". Además, el gobierno de Canadá no está aportando los nombres de los combatientes del ISIS que regresan a la comisión de la UE responsable de listar a los yihadistas internacionales.

Muchos canadienses (y otros) están empezando a pensar que la postura del primer ministro Trudeau a favor de reintegrar y desrradicalizar a combatientes del ISIS es poco razonable, si no delirante. El "Centro para la Participación de la Comunidad y la Desrradicalización" de Canadá no tiene ningún director ni centro de desrradicalización. Tampoco parece prever algún programa que pueda llevarse a cabo dentro o fuera del gobierno. Tampoco está claro que la ley de Canadá pueda obligar a uno de los combatientes del ISIS retornados a someterse a dicho programa, aun si existiese. En Francia, un programa similar auspiciado por el gobierno resultó un fracaso.Canadá tampoco tiene una postura clara sobre la detención de los combatientes del ISIS que vuelven: hasta la fecha, son pocos los que han tenido que afrontar las consecuencias. Se desconoce el número de combatientes del ISIS que están en Canadá. Según cálculos de 2015, podrían haber vuelto unos sesenta. El gobierno de Canadá ha intentado pretender que esta cifra no ha cambiado desde 2015, a pesar del colapso casi total del ISIS a lo largo de los últimos meses.

Los comentarios iniciales del primer ministro Trudeau respecto a que los políticos deben mantener una postura de "neutralidad responsable" en cuestiones como pegar a la mujer y la mutilación genital femenina hacen que su postura actual sobre las organizaciones islamistas como el ISIS sean aún más problemáticas. Tal vez lo más inquietante fueron las palabras de Trudeau en un encuentro de importantes asociaciones islamistas: les dijo que compartía sus creencias, su conjunto de valores y su visión común. A esta inquietud se suma su entrevista en 2014, siendo diputado, con el periódico de Montreal Sada Al Mashrek. Este periódico es famoso por ser intrínsecamente jomeneista y por su defensa de Irán (así como de Hezbolá). En esta entrevista, Trudeau le dijo al periódico que crearía un programa especial sobre inmigración que fuese más abierto a "los musulmanes y los árabes".

El grado en que el extremismo islamista se ha propagado en Canadá se puede demostrar en la cifra de combatientes que han viajado para unirse al ISIS. Según el Soufan Center, 180 canadienses cruzaron el océano para unirse a "organizaciones terroristas" (ISIS) en Irak y Siria, mientras que sólo 129 estadounidenses hicieron lo mismo. Dado que la población estadounidense es unas diez veces mayor que la de Canadá, la cifra de estadounidenses debería haber sido más cercana a los 1.800 que a los 129 reportados.

La postura del primer ministro Trudeau debería ser preocupante para los canadienses y los estadounidenses. Aunque la historia de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos es en su mayor parte positiva, se han intentado atentados islamistas contra Estados Unidos desde Canadá. Entre estos intentos está el de Ahmed Resam en 1999, el de Chiheb Esegaier en 2013 y el de Abdulramán el Bahnasawy, condenado por intentar llevar a cabo un atentado en la ciudad de Nueva York en 2016.

Además de su apoyo a los islamistas, el primer ministro Trudeau parece estar volviendo a restablecer relaciones con Irán después de que el anterior primer ministro (Stephen Harper) cerrara la embajada de Irán en Canadá y deportara a todos sus diplomáticos. Durante las elecciones federales de 2015, Trudeau dijo que esperaba que Canadá "pudiese reabrir su misión" y que estaba "bastante seguro de que había formas de reanudar las relaciones". Los progresos hasta la fecha han sido asimétricos, pero al parecer las conversaciones continúan.

El apoyo del primer ministro Trudeau a la causa islamista ha sido constante desde que fue elegido diputado en 2008. Esta postura parece haberse reforzado desde que se convirtió en primer ministro en 2015. Además de su propia postura, el Partido Liberal de Canadá también tiene un problema de infiltraciones y ha sido objetivo de organizaciones islamistas.

Por desgracia para todos los concernidos, la ideología global islamista y sus problemas innatos de confrontación, opresión y violencia van en aumento. Canadá parece estar haciendo poco por abordar estas cuestiones mientras acomoda a quienes conforman la base ideológica del problema. Canadá no podrá alegar ignorancia o incapacidad cuando se enfrente a las acusaciones de complicidad de cualquier futura víctima estadounidense del terrorismo. El precio de la sumisión de Canadá a los islamistas podría ser bastante alto.

Terror en la Puerta del Sol
Marcello Republica 25 Abril 2018

Dice, resignada, Cristina Cifuentes que ella seguirá gobernando mientras siga siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo y desde Moncloa Rajoy se vuelve a hacer el sordo y continúa recitando su refrán de ‘consejos vendo que para mí no tengo’.

Lo que en realidad vende Rajoy, con una crueldad infinita, es la cabeza de Cifuentes a cambio del apoyo de Cs a sus Presupuestos de 2018, porque la moción de censura del PSOE ha pasado a un segundo plano.

El máster de Cifuentes se ha convertido en el pecado capital que provocará un nuevo diluvio universal, a pesar de que estamos ante un asunto de menor cuantía si lo comparamos con los casi 800 millones estafados en la Junta de Andalucía, el golpe catalán, el Gürtel de Bárcenas o la gran charca de ranas corruptas de los gobiernos de Esperanza Aguirre.

Charca putrefacta a la que se acaba de incorporar la presunta delincuente y desvergonzada Isabel Gallego, la jefa de Comunicación de Aguirre que como buena rana cantora que ella es ha relatado ante el juez la lista de chiringuitos corruptos del Gobierno de Aguirre, incluido el que ella gestionaba. Y ¿qué dice de todo esto la condesa Aguirre y de Bombay? Pues nada de momento aunque no estaría de más que ella también comenzara a cantar.

Lo que está haciendo Rajoy con Cifuentes no tiene un pase y prueba hasta qué punto el presidente del Gobierno y del PP desprecia y maltrata a sus dirigentes en dificultad, a los que primero parece amparar y luego los lanza al vacío desde su torre de marfil.

Y todo ello mientras el Gobierno de Madrid, el de Galicia y el de España y la dirección nacional del PP asisten asombrados y asustados a la proyección de esta película titulada ‘Terror en la Puerta del Sol’. El lugar donde en tan solo unos días se van a celebrar los fastos del Dos de Mayo, en los que no se descarta una reedición del 15-M convocada por Errejón y compañía en contra de la presidenta de Madrid.

Y ¿va a consentir Rajoy ese público linchamiento de Cifuentes? para a los pocos días pedirle que se marche diciéndole: “lo ves Cristina, te lo pide el pueblo de Madrid”. Pues parece que sí. Pero Cifuentes también tiene en este entierro mucho que decir. Ella se puede ir cuando quiera sin esperar a Rajoy y también puede anunciar que se queda, aunque sea de líder de la oposición y presidenta del PP de Madrid, si prospera la moción de censura y diga lo que diga Rajoy.

Porque como se dice en el toreo ‘hasta el rabo todo es toro’. Y la última palabra la tiene Cifuentes y no Rajoy. Pero mientras tanto y al anochecer por las ventanas del Palacio de la Puerta del Sol se ven desfilar fantasmas con velas encendidas que anuncian un cruento ritual, que tarde o temprano se va a producir.

El Parlamento Europeo pide explicaciones a la Generalidad por la inmersión lingüística
Varios ciudadanos acudieron a la Eurocámara a denunciar la discriminación en las aulas. Bruselas preguntará sobre los incumplimientos de sentencias.
Olivia Moya  Libertad Digital 25 Abril 2018

La Eurocámara pedirá explicaciones a las autoridades catalanas sobre la inmersión lingüística y la discriminación que supone esto para los padres que desean que sus hijos estudien en español. "Las familias tienen que poder desplazarse a Cataluña durante el tiempo que quieran. Cuando vengan de otra región de España los niños no tienen por qué perder su lengua materna. Este es un argumento de peso. En cuanto a la restricción de la libre circulación de las familias, esto va en contra de los valores de esta Unión. Por lo tanto, mantenemos abierta la petición. Enviaremos una carta a las autoridades regionales para su información, incluyendo una referencia a los fallos del Tribunal (Supremo). Eso es todo lo que podemos hacer por el momento. Me parece una manera acertada de proceder", zanjó la sueca Cecilia Wikström, presidenta de la comisión parlamentaria europea donde se debatió este martes sobre la política lingüística en Cataluña. Su postura no dejó del todo satisfecho a nadie aunque supone un paso adelante ante la inacción del Gobierno central.

El atropello a sus derechos que sufren los castellanoparlamentes en Cataluña, fundamentalmente en la escuela pero también en los comercios, fue visto en el Parlamento Europeo gracias al esfuerzo y perseverancia de dos asociaciones: Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña e Impulso Ciudadano.

Ana Losada, representando a la primera, lanzó al término de su intervención un ruego: "Por favor, ayúdennos". Losada, madre de una niña de diez años, explicó que el modelo educativo en Cataluña "obliga a que el catalán sea la lengua vehicular en la enseñanza. Nuestros hijos no pueden aprender a leer y a escribir en su lengua".

"En la mayoría de los centros educativos las horas lectivas en castellano son: cero horas a la semana en la Educación Infantil; dos horas en Primaria y 3 en Educación Secundaria", señaló ante la mirada perpleja de la eurodiputada sueca. "A nuestros hijos se les transmite de forma directa o indirecta que el castellano no es una lengua de cultura. Su lengua no es utilizada para enseñarles matemáticas, historia o ciencias ni en la que pueden dirigirse a sus profesores". Losada también quiso resaltar el problema que se genera con los "niños con necesidades especiales": tampoco a estos la Generalidad les permite estudiar un porcentaje de asignaturas en castellano.

Además, a Cataluña "se desplazan miles de personas cada año". Muchos de ellos vienen del resto de España y otros proceden del extranjero, expuso Losada. "Algunos de ellos tienen hijos en edad escolar y descubren, cuando intentan escolarizarlos, que no hay centros públicos o concertados donde se impartan asignaturas en castellano". Así las cosas "muchos padres renuncian al traslado laboral". Y los que van "corren el riesgo de que sus hijos repitan curso o bajen las calificaciones de sus notas".

"Señores eurodiputados, hoy estoy aquí para pedirles que comprueben que si lo que hemos afirmado en esta Comisión es verdad", rogó Losada, que le pidió que se "investigue los abusos contra los niños". También rogó al Parlamento Europeo "que condene estos hechos, que envíe una carta al Parlamento catalán, al Gobierno regional y al Gobierno de España, expresando su preocupación y exigiendo la inmediata solución de la situación de discriminación".

Precisamente la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sobrevoló en todo momento la comisión.

De hecho, fueron los propios portavoces europeos los que se apoyaron en la idea de que la política educativa es competencia exclusiva de las autoridades de cada país. "La Comisión no puede entrar en estas cuestiones porque se tienen que decidir a nivel nacional. Así pues remitimos la petición a las autoridades nacionales o regionales".

Los empresarios, sancionados
Por su parte, Carlos Silva (de Impulso Ciudadano), denunció la situación que desde hace años viven los comerciantes en Cataluña. A pesar de la sentencia del TC en este sentido, "miles de empresarios han sido sometidos a severos controles lingüísticos y muchos de ellos han terminado siendo sancionados por no disponer de rótulos o indicaciones escritas en catalán. Los inspectores de consumo se han convertido en guardianes de la lengua catalana".

Así puso de relieve que "el derecho que reconoce la UE a los consumidores a ser informados en una lengua comprensible no está garantizado por decisión de las autoridades administrativas catalanas, que se despreocupan de la atención de los consumidores que entienden español en aras de políticas de corte identitario".

Ambos contaron con el apoyo de las eurodiputadas Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Rosa Estaràs (PP), y la independiente Beatriz Becerra. Sólo les dio la espalda Josep-Maria Terricabras (ERC). Y el PSOE. La socialista Soledad Cabezón Ruiz, de manera despectiva y alineándose con las tesis nacionalistas, calificó la petición de "inoportuna", que solo sirve para "confrontar a la ciudadanía". Y acusó al PP y a Ciudadanos de tratar de rascar rédito electoral con esto. Esto provocó una alusión directa de Losada, que espetó a la socialista: "Únicamente queremos convivir. Soy una ciudadana a la que no me apoya ningún partido político y soy madre" de una niña en edad escolar en Cataluña.

Se dio una circunstancia un tanto esquizofrénica en el PSOE: durante la exposición de Ana Losada, Cabezón se ausentó de la comisión durante unos minutos. Su lugar lo ocupó brevemente Juan Fernando López Aguilar, que mantuvo un discurso diametralmente opuesto a su compañera de filas: "Me parece oportuno que la petición se mantenga viva" y no se dé por cerrado el asunto, pidió.

No obstante, cabe señalar que con el presidente socialista de la Generalidad, José Montilla, se endureció la legislación que preveía multas a estos comerciantes por no rotular en catalán.

"Mantendremos la petición abierta. Hay un fallo sobre el Estatuto que reconoce el derecho de utilizar el español en pie de igualdad con el catalán. El Tribunal Supremo dictaminó que las escuelas catalanas tienen que impartir un 25% de las clases en español. En los datos que nos daba usted (en referencia a los proporcionados por Losada) había un 0% (de español) para los niños más pequeños. En esto tenemos que hacer hincapié. Nos tenemos que ceñir a esto", dijo Wikström, que no cerró la posibilidad de enviar una comisión de la UE a Cataluña para comprobar in situ la situación del español en los colegios. "Lo podemos debatir el año que viene".


******************* Sección "bilingüe" ***********************

¿Negociar el Golpe?
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 25 Abril 2018

Como decía ayer Andrés Betancor, en el campo constitucionalista está haciendo mella el relato golpista catalán. Peor aún, Gobierno y Oposición (Ciudadanos dice que no, pero a veces se disuelve en la mayoría) actúan como si lo único que se pudiera hacer con el Golpe es negociarlo. Desde que Alemania nos traicionó, para solaz del Gobierno, vamos perdiendo lo que, por la reacción del Rey y la nación y la acción de los jueces, íbamos ganando.

Hace seis meses estalló el proceso de destrucción de España iniciado hace seis años, aunque su verdadero origen está en 1980, al llegar Pujol al Poder e instalar lo que Tarradellas anunció: la "dictadura blanca". Pero Pujol no estaba solo. Tuvo a su lado la dictadura roja del terrorismo y la mediática del PSC/PSUC, perros guardianes de la dictadura lingüística de CiU/ERC que es la clave del apartheid que padecen todos los catalanes y españoles que no pueden ejercer derechos cívicos fundamentales, como el de elegir el español como lengua vehicular en la enseñanza. El Parlamento Europeo preguntó ayer a la Generalidad por los derechos lingüísticos. A ver desde qué casilla de indignidad contesta el consejero de Educación, Méndez de Vigo.

La violencia reina impune en Cataluña, mientras Soraya se arrastra por las telegodós, el PSOE vuelve al diálogo y Podemos lo practica apoyando a los rufianes contra la Policía y soñando con el Tripartito Roures: PSC-Podemos-ERC. Anteayer casi linchan a un militar en Figueras y a Albiol en Badalona, Arrimadas, la política más votada, fue injuriada con más ferocidad nazi-sexista de la habitual, una sede de Cs fue embadurnada con heces (el somriure del caganer) y como era el Día del Libro el representante de RTVE en Eurovisión le regaló a su novia España de mierda. Naturalmente, la culpa la tiene Llarena por falta de "sentido político". Vamos, que no se ha rendido aún.

Menos mal que la torpeza de los golpistas y sus cómplices nos da algún respiro. Ayer también Dastis denunció a Montoro: 15 millones de euros ha gastado Diplocat en defender por todo el mundo la destrucción de España, con el dinero de los españoles que sigue entregando el Gobierno al golpismo. En la instrucción de Llarena faltan tres piezas esenciales para describir antes de juzgar la estructura delictiva: Rajoy, Soraya y Montoro, golpistas por omisión.

¿Tontos o canallas? “El 155 ha aportado normalidad y serenidad”
Jesús Cacho. vozpopuli  25 Abril 2018

Sáenz de Santamaría ha dicho que el 155 “ha aportado normalidad y serenidad”, textual, se supone que a Cataluña, que es donde a la sazón se encontraba la doña, concretamente en Barcelona, fiesta de Sant Jordi, libro y rosa, para realizar una entrevista en televisión y asistir a un acto organizado por Sociedad Civil Catalana. Y fue ante Ramón Rovira, el conductor del programa La Nit de 8TV, grupo Godó, un hombre que antes de cocinero fue fraile, antes de regresar al periodismo se encargó de financiar a todos los medios independentistas desde su cargo de director de comunicación del Banco Sabadell, donde Soraya expelió una afirmación que ayer no pudo por menos que producir estupor entre esa española gente de bien que asiste contrita al espectáculo que hoy ofrece una Cataluña cada día más encrespada, más partida, más llena de odio, justo cuando está a punto de cumplirse el medio año de la aplicación de un artículo que sencillamente no ha servido para nada si a los resultados hemos de atenernos, porque la situación de Cataluña no puede ser más preocupante.

De modo que a Soraya le parece un modelo de “normalidad y serenidad” lo que hoy acontece en Cataluña, como suena, hay que echarle cara, y la verdad es que la prensa le daba ayer mismo toda la razón. Por ejemplo, la totalidad de los medios anunciaba ayer la presentación por la Fiscalía de una denuncia en los juzgados de Martorell contra nueve docentes del instituto de secundaria El Palau de Sant Andreu de la Barca, por discriminar a alumnos del centro hijos de agentes de la Guardia Civil tras el referéndum del 1-O. “Los guardias civiles son unos animales que sólo saben dar palos” (una de las profesoras del instituto). En su escrito, el Ministerio Público afirma que los docentes conocían el “clima de rechazo social contra la Guardia Civil” así como “la gran polarización que en ese momento afectaba a la sociedad catalana y al resto de España, producida por las graves tensiones derivadas del proceso independentista que estaba y sigue sufriendo dicha sociedad, caracterizado por una gran agitación, fractura y enfrentamiento de carácter social”.

Normalidad y serenidad fue lo que el lunes, Sant Jordi, la fiesta cívica por excelencia en Barcelona, encontró García Albiol cuando pretendió repartir rosas en la plaza mayor de Badalona, localidad de la que fue alcalde hasta hace tres años y donde encabezó la lista más votada en las pasadas municipales. Acosado por un centenar de energúmenos, al líder del PP catalán le dijeron de todo menos bonito. Durante más de tres horas, sin embargo, aguantó a pie firme un chaparrón de insultos y gestos obscenos. Tampoco le fue mejor a Inés Arrimadas: “subnormal, “fascista” y “fuera de Cataluña” fueron algunas de las flores que recibió cuando se encontraba en la carpa de Ciudadanos, cuya sede en Hospitalet amaneció el lunes cubierta de heces en el duodécimo ataque registrado en los últimos meses. Las amenazas al negocio familiar de los padres de Albert Rivera en Granollers son constantes. No mejor suerte corrió Salvador Illa, secretario de organización del PSC, cuyo domicilio amaneció con la pintada “ni olvido ni perdón” en referencia a la aplicación del 155.

Es sabido que los políticos constitucionalistas no pueden pasear tranquilos por las calles de Cataluña, hasta el punto de que en su mayoría cuentan con escolta policial. Es la “normalidad” Soraya. Claro que ninguno lo pasó tan mal como un cabo primero de la Base Militar de Sant Climent de Sescebes, que no tuvo mejor ocurrencia que pasar el lunes por la tarde con su coche frente a un nutrido grupo de CDR, los “camisas pardas” del secesionismo, que se manifestaban frente al cuartel de la Guardia Civil de Figueras en apoyo de los golpistas encarcelados. El militar fue identificado por llevar un lazo con los colores de la bandera de España en el espejo retrovisor interior del vehículo. De la lluvia de golpes que acabó con el cristal delantero destrozado huyó el militar poniendo pies en Polvorosa para salvar el pellejo. En realidad resultaría casi imposible confeccionar un listado exhaustivo con los episodios de intimidación y amenazas que los apóstoles del independentismo, todo “serenidad”, dedican diariamente a quienes no piensan como ellos.
Levantar el 155 y salir pitando

Menos mal que, gracias precisamente al 155, los comerciantes catalanes ya pueden rotular sus negocios en castellano, de la misma forma que las familias que lo deseen pueden a partir de ahora escolarizar a sus hijos en el idioma común, solemne promesa que formuló Méndez de Vigo y que este Gobierno miserable ha incumplido. No hay noticia de que Méndez de Nada haya dimitido abochornado. Y es tal la determinación y energía con la que Mariano & Soraya defienden los derechos y libertades de los ciudadanos no independentistas, que son los propios ciudadanos quienes han empezado a movilizarse en busca de amparo ante las instituciones europeas. El lunes, Sant Jordi, libro y rosa, dos entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe e Impulso Ciudadano, denunciaron ante el Parlamento Europeo la discriminación que sufren los castellanohablantes en Cataluña por la política lingüística de la Generalitat. “Queremos atraer el foco por la vulneración de derechos de la sociedad no nacionalista, que está ignorada”. Ambas asociaciones habían presentado el pasado septiembre varias quejas ante la Eurocámara por la inmersión lingüística que priva de sus derechos a las familias que desean educar a sus hijos en castellano.

Y como todo funciona en Cataluña con “normalidad y serenidad” gracias a Mariano & Soraya, el dúo se ha encargado de filtrar que en ningún caso endurecerá el 155 blandito que viene aplicando en Cataluña desde hace seis meses y que tan excepcionales resultados les ha proporcionado, como hemos visto, incluso en el caso de que los indepes sean incapaces de formar Govern y sea necesario ir a nuevas elecciones. Mariano dice que “Cataluña funciona razonablemente”, y que “no es necesario añadir más tensión”. Naturalmente que nada le gustaría más a la parejita que los Puchimones formaran Gobierno, el que sea, para levantar el 155 y salir pitando hacia Madrid, y que le vayan dando a la Cataluña no independentista y, de paso, a España, que a ellos la suerte de España les importa una higa. Lo decía Soraya, una mezcla letal de incompetencia y soberbia, en la entrevista en 8TV: “Si hoy sigue vigente [el 155] es porque los partidos independentistas no son capaces de ponerse de acuerdo. Da la sensación que están cómodos” (…) “Si tanto critican el 155, lo que no tiene sentido es que no se pongan de acuerdo”.

Y uno no sabe si estos personajes que dizque nos gobiernan son unos completos idiotas o unos canallas redomados, además de unos cínicos de libro. Vidal–Quadras se preguntaba ayer en su cuenta de Twitter si algún día sabremos las razones por las que Rajoy y su equipo se han empeñado en acabar con el PP. “¿Lo estarán haciendo por encargo de algún poder oculto?”, se preguntaba. Que acaben con el PP no sería dramático, siendo grave, porque los partidos que han desertado de su función primigenia que no es otra que servir a la sociedad, deben desaparecer para siempre. Lo grave es que además de acabar con el PP quieran acabar con España, o dejarla tan malita que resulte irrecuperable para quien les suceda. Après moi le déluge. Si la aplicación del 155 culmina en fracaso, como apunta, se habrá perdido una oportunidad única de asestar un golpe quizá definitivo al totalitarismo independentista, y una oportunidad de restablecer la democracia en Cataluña basada en el respeto a la ley y en los derechos y libertades de todos los catalanes. ¿Qué decisiones dramáticas no se verá obligado a tomar en Cataluña un Gobierno que suceda a este escarnio y que quiera de verdad hacer cumplir la ley y respetar la Constitución? ¿Y a qué coste? Lo que resulta ya inevitable es la necesidad de sacar cuanto antes de Moncloa a este Gobierno cobarde. Nos estamos jugando demasiado.

¡Gobierne Sr. Rajoy o váyase!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 25 Abril 2018

UN CABO DEL EJÉRCITO ACOSADO POR UNA CHUSMA DE INDEPENDENTISTAS. / EL PP NO IMPUGNA LA DELEGACIÓN DE VOTO DE LOS FUGITIVOS PUIGDEMONT Y COMÍN.

La noticia saltó ayer tarde y fue publicada en Libertad Digital: un cabo de ejército español fue acosado en Figueras por una muchedumbre de unas 100 personas, por el hecho de llevar un lazo colgado en el retrovisor interior de su coche de la bandera de España. Los violentos le rodearon y le golpearon el cristal delantero hasta romperlo. El cabo logró escapar de los energúmenos. Hasta ahora no he visto ningún medio de comunicación, ni público ni privado que haya comentado la noticia ni hecho la mínima declaración de condena de lo sucedido. Un suceso que pudo acabar mucho peor si el cabo no hubiese podido eludir a esa masa evitando su linchamiento. Un hecho más que preocupante en la escalada de violencia de los CDR que estaban acosando a la Guardia Civil en su acuartelamiento, en su campaña de coacción para forzar su salida de Cataluña. Un cabo que tuvo la mala suerte de tropezarse con esa banda de nazis en su camino.

Parece claro que los golpistas están buscando una confrontación directa y tener un cadáver que mostrar al mundo. Una estrategia que recuerda demasiado a la intifada de los palestinos y a la kale borroka que durante años han practicado los cachorros de la ETA. Lo que no se puede seguir negando es el carácter violento de estos CDR, que siguen ocupando calles, cortando autovías y carreteras y acosando a las FFyCCSE con la pasividad de los Mossos y policías municipales, que cuentan con el beneplácito de los consistorios dominados por partidos políticos independentistas. Una situación en la que un ciudadano, que casualmente era cabo del ejército de España e ignoro si vestía de uniforme o de paisano, iba tranquilamente en su coche con un lazo con los colores de la bandera y que eso fuese suficiente para despertar las iras de esa gentuza y le atacasen violentamente con claras intenciones de linchamiento.

Cataluña se ha transformado en una especie de “territorio comanche” donde no ser independentista es causa suficiente para ser perseguido, acosado y agredido por estos energúmenos violentos que gozan del amparo de los cuerpos policiales autonómicos, de las instituciones gobernadas por los separatistas, de los partidos políticos independentistas y de los medios de comunicación con unos profesionales sectarios. Los CDR no son esos grupos de “resistencia pasiva” que nos quieren mostrar, sino grupos radicales violentos perfectamente organizados cuya misión es tomar el control de la vida ciudadana coaccionando la libertad de los ciudadanos que no comparten sus fines.

Esto que es una realidad no ha conseguido despertar el celo de la Fiscalía, ni del Gobierno de España que a través de sus Ministros, incluido el de Interior, Sr. Zoido, ejerce teóricamente de Gobierno de la Generalidad en funciones en virtud de las medidas de intervención adoptadas bajo el articulo 155 de la Constitución de España. Una actitud incomprensible de pasividad y de dejar hacer sin tomar medidas conducentes a impedir este descontrol de la seguridad ciudadana. Parece evidente que estos grupos CDR deben ser ilegalizados y declarados fuera de la ley y sus líderes puestos a disposición judicial. Porque estos actos de vandalismo no se diferencian de aquellos otros ocurrido en los días previos al referéndum ilegal. Delitos por los que personajes como los “Jordi’s” se encuentran encausados y en prisión a la espera de juicio por rebelión.

Pero no, el Gobierno de Mariano Rajoy sigue en su estrategia de no molestar, de no gobernar y dejar que los golpistas sigan controlándolo todo y a todos. La última es no impugnar la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de aceptar la delegación de voto de Toni Comín, que se suma a la de Carles Puigdemont ya aceptada igualmente. Y es verdad que a causa de la euroorden de detención y entrega a la justicia de España pendiente de tramitar, tanto Toni Comín como Puigdemont tienen prohibido salir de sus respectivos países donde se encuentran fugados, Bélgica y Alemania respectivamente. Y es verdad que tras la “renuncia provisional” de Carles Puigdemont a ser candidato a la Presidencia del Gobierno de la Generalidad, han decaído las medidas cautelares que impuso el Tribunal Constitucional cuando aceptó tramitar el recurso presentado por el Gobierno de España a esa candidatura. En esas medidas cautelares se prohibía expresamente que los fugados diputados electos pudiesen delegar su voto, cosa que ahora ya no seguiría vigente.

Sin embargo, lo que habría que considerar es si esa medida cautelar volvería a ser efectiva en el caso de que la Mesa del Parlamento, tras la aprobación exprés de la ley de presidencia permitiendo la candidatura no presencial por vía telemática, decidiese de forma inmediata designar a Carles Puigdemont como candidato en una convocatoria de pleno extraordinario de fin de semana. Se trata de una carrera de velocidad donde es esencial la respuesta del Gobierno de España a la hora de impugnar plenos y resoluciones como la de la reforma de la Ley de Presidencia. Se trata de que el Tribunal Constitucional responda con la celeridad y contundencia que exige esta situación de grave desafío a la democracia y a España por parte de unos golpistas que siguen estando activos y legalizados para vergüenza de todos los españoles.

En unos pocos días se puede convocar ese pleno donde con toda seguridad se aprobará esa reforma del Reglamento del Parlamento sobre la vía telemática no presencial y la existencia de organismos parlamentarios fuera del territorio de Cataluña como puede ser la Asamblea de la república, el Consejo de la República y la Presidencia con Carles Puigdemont como presidente en el exilio. Acto seguido y sin ronda de contactos por innecesaria, el golpista Roger Torrent convocará de forma inmediata otro pleno habiendo designado nuevamente al Carles Puigdemont como candidato. El pleno puede celebrarse en días festivos aludiendo carácter extraordinario y comenzar el mismo sábado por la tarde y terminar el domingo. Unas fechas inhábiles para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse a tiempo.

Puede que me equivoque y realmente ERC no se atreva a llevar la rebelión hasta esos extremos y proclamar a Carles Puigdemont como Presidente del Gobierno de la Generalidad, montando “el pollo” y dificultando la reacción de la Justicia de Alemania a la hora de extraditar a un cargo electo por un Parlamento autonómico. Y vaya usted a explicar que todo ese proceso era ilegal e inconstitucional si el TC no se ha pronunciado y suspendido todos los actos y resoluciones aprobadas. Se trata de que un golpista fugado pendiente de juicio por graves delitos de rebelión y malversación de fondos públicos logre finalmente ser investido de nuevo Presidente del Gobierno de la Generalidad. Y todo por la pasividad y cobardía de quien tiene el deber de impedirlo.

Creo sinceramente que ha sido un error no impugnar la delegación de voto de los fugitivos que han podido revalidar sus Actas de diputados en el Parlamento de Cataluña y que ahora, como en el caso de Puigdemont, puede ser investido Presidente y si vuelve a España debería ser detenido y procesado. Hay que impedir este fraude de ley.

¡Que pasen un buen día!

Atento Montoro: Romeva metió 21 millones en los Presupuestos de 2017 para “la independencia de Cataluña”
Luz Sela okdiario 25 Abril 2018

De forma explícita, sin rodeos, los Presupuestos de la Generalitat para 2017 incluyeron una clara advertencia al Gobierno sobre su intención de destinar dinero público para la ruptura con España. En concreto, más de 21 millones de euros destinados a la “declaración de independencia de Cataluña y a la creación de unas estructuras de Estado”.

Así se recoge, en concreto, en una de las partidas de la consellería de Exteriores, en manos de Raül Romeva, y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debería haber supervisado a efectos de la concesión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Se trata de la única alusión directa a los planes golpistas.

El programa presupuestario 121, ‘Dirección y administración general’-con un presupuesto asignado de 21.394.313, 22 euros-establecía literalmente que “la actual legislatura tiene como objetivo establecer las bases que hagan posible la declaración de la independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas estructuras de Estado y de impulso de un proceso de desconexión nacional y popular con el Estado español”.

A este fin, y “para que este objetivo de país sea posible” es “necesario reforzar la proyección exterior de Cataluña y lograr su reconocimiento”. Así, continuaba, el Govern de la Generalitat “necesita el Departamento de Asuntos y relaciones Institucionales y Exteriores para impulsar una política catalana en relación con el mundo y, en especial, con la Unión Europea”.

El Gobierno calculó que la consellería de Romeva había gastado hasta 27 millones de los 62 presupuestados en este departamento para promocionar el independentismo en el exterior.

Una cifra que podría quedarse corta si se atiende al volumen de las partidas. Los 21 millones antes reseñados iban destinados a “planificar y estructurar los servicios centrales” del departamento, encargado de la construcción exterior del nuevo Estado, implantar la administración electrónica en el departamento y dotarlo de personal y recursos suficientes.

El programa 231 se centraba íntegramente en reforzar la representación de Cataluña en el exterior. La dotación, en este caso, ascendió a 18.791.824,01 euros para, entre otros, “reforzar las delegaciones del Govern en el exterior”, “defender los intereses de Cataluña en las instituciones europeas”, “reforzar la presencia de catalanes en las instituciones y organismos de la UE y organismos unilaterales”, “impulsar iniciativas que permitan el conocimiento directo de Cataluña en el ámbito internacional, con apoyo del Diplocat” o “reforzar las vías de relación directa con la UNESCO”.

La Generalitat pretendía también el “establecimiento de acuerdos de colaboración entre Cataluña y los organismos internacionales”, un objetivo que podría vulnerar la sentencia del Tribunal Constitucional en la que advierte que la acción exterior de la Generalitat no puede invadir las competencias del Estado central, aunque quepa una cierta presencia internacional del ejecutivo autonómico siempre dentro de los límites constitucionales.

OKDIARIO ya reveló hace unos días cientos de facturas que serían la prueba del uso de fondos públicos en el 1-O, y que la Guardia Civil ha aportado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Entre ellas se encuentran viajes de observadores, material de cartelería, dietas, papeletas de votación, gastos de manutención de personas pagadas por Diplocat de más de 500 euros diarios o actos dirigidos a agitar el golpe constitucional.

Montoro deberá dar explicaciones a Llarena sobre el soporte objetivo en el que se basó para asegurar que ni un euro de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1 de octubre, ya que ello contradice las pruebas obrantes en la causa.

En una providencia, dictada el pasado 18 de abril, el instructor se remite a las declaraciones de varios de los procesados sobre una posible malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se han librado distintas euro órdenes, fundando sus alegatos “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.

¿De verdad no lo sabías, Cristóbal?
OKDIARIO 25 Abril 2018

Por mucho que Cristóbal Montoro se empeñara en hacerle un favor de amigo al huido Carles Puigdemont, el dinero de todos los españoles sirvió para pagar el golpe de Estado con el que los independentistas han tratado de subvertir la legalidad vigente en España. Lo dicen las investigaciones de la Guardia Civil con cientos de facturas como prueba, lo dice el juez Pablo Llarena y ahora sabemos que también lo decía la propia Generalitat en sus Presupuestos de 2017. Nada más, y nada menos, que 21 millones de euros que salieron del bolsillo de los contribuyentes sirvieron para financiar “una declaración de independencia de Cataluña y la creación de unas estructuras de Estado”.

Con ese lenguaje sencillo y cuya comprensión está al alcance de cualquiera —carente de metáforas, eufemismos o circunloquios— estaba especificado en unas partidas que la consellería de Exteriores, en manos del golpista Raül Romeva, pretendía utilizar para seguir ahondando en la organización y el desarrollo de la fatua y exigua república catalana. ¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda ignorara esta ingente cantidad cuando de él dependía en última instancia la concesión del Fondo de Liquidez Autonómico? Con todas estas evidencias, cabe esperar que Cristóbal Montoro rectifique aquellas declaraciones en las que dijo que el referéndum ilegal del 1 de octubre —prohibido por el Tribunal Constitucional— no había sido financiado con dinero público.

Algo que ahora tendrá que explicar de manera pormenorizada ante Pablo Llarena, ya sea mediante un detallado informe o incluso como testigo si al magistrado del Tribunal Supremo no le convence dicha información. Tras el denodado esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del propio Llarena, el ministro debe rectificar para que Carles Puigdemont no lo tenga más fácil a la hora de esquivar sus responsabilidades con la justicia española. Si los jueces alemanes miran con lupa todo lo que pasa en España antes de tomar una decisión, no es plan de darles ventaja a aquellos que han tratado de poner en jaque nuestro Estado de Derecho con una colección de actos que, para más inri, además han sido pagados con el dinero de todos los españoles. Algo que, además de ilegal, resulta kafkiano. Más aún si encima sale el ministro de Hacienda y, ajeno a sus responsabilidades in vigilando, dice hasta en dos ocasiones que “no le constan” dichas irregularidades.

¿Presos por Presupuestos? ¡Pocas bromas!
Liberal Enfurruñada okdiario 25 Abril 2018

La banda asesina ETA ha anunciado para la próxima semana la que dicen será su disolución definitiva y ha emitido un comunicado en el que piden un extraño perdón sólo a aquellas “víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto… ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna”. A mi entender en esa definición entran absolutamente todas las víctimas del terrorismo etarra ya que toda la responsabilidad de todos los asesinatos recae exclusivamente en esos malditos asesinos y ninguna víctima tiene responsabilidad alguna. Pero evidentemente ellos no lo expresan con este sentido sino más bien el contrario. Los etarras vienen a decir que la mayoría de los que mataron bien muertos están, porque se lo merecían y sólo una parte de sus víctimas se deben a inevitables errores, daños colaterales de los que tampoco ETA tiene mucha culpa. Y hasta querrán ser ellos quienes distingan entre unos y otros con toda la desvergüenza del mundo.

Estamos inmersos en un proceso de blanqueamiento de la lucha etarra porque ahora les conviene transformarla en lucha política. Persiguen los mismos objetivos cambiando los métodos por interés estratégico. Y en este vergonzoso proceso se encuentran tanto los que mueven el árbol como los que recogen las nueces. El PNV lleva meses reclamando al Gobierno una nueva política penitenciaria que contemple el acercamiento y la reinserción de los presos de ETA y ahora comienzan a exigir también la transferencia de la gestión de las prisiones vascas. En este sentido hace unos días el Parlamento Vasco, con los votos de PNV, Bildu y Podemos, lanzó un ultimátum al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que transfiera las competencias pendientes. El PNV no ha querido antes tener competencias penitenciarias, como sí asumió Cataluña, porque no quería ser el carcelero de sus cachorros. Si la reclaman ahora todos podemos imaginar para qué es.

Y en este tira y afloja se cruza la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la que los votos del PNV son necesarios y no parecen estar asegurados ni siquiera con la lluvia de millones con la que Rajoy ha regado el cupo del concierto vasco. Así que, aunque Ciudadanos ya ha anunciado que retirará su apoyo a los PGE si hay cesión al PNV en Seguridad Social y Prisiones, el PP vasco, a través de su portavoz Borja Sémper, ha afirmado que “la política penitenciaria se puede adecuar a la realidad del momento” asumiendo que, si cambian las circunstancias por la desaparición total de ETA, podría modificarse también la política de dispersión de los presos de la banda terrorista, pero sin prisas ni urgencias. O sea que primero aprobarán los Presupuestos con los votos de Cs y el PNV y una vez aprobados… ya si eso lo vamos viendo… guiño, guiño, guiño, sonrisita… tú me entiendes.

La dispersión de los presos etarras comenzó a aplicarla Felipe González en 1989, para evitar el control del colectivo por parte del ‘frente de makos’. Y fue otro socialista, Pérez Rubalcaba, quien 20 años después ideó la ‘vía Nanclares’ para luchar contra la disciplina impuesta por el Colectivo de Presos. Acogiéndose a esta vía los etarras pueden beneficiarse de medidas de reinserción, siempre que abandonen la banda, pidan perdón a las víctimas, hagan frente a sus responsabilidades civiles y colaboren con la justicia en la lucha contra el terrorismo. Que nadie se olvide de que aún quedan 297 asesinatos de ETA sin resolver que suponen una de cada tres de sus víctimas mortales. Todos los crímenes de ETA deben ser esclarecidos y juzgados, ¡pocas bromas con comerciar con la justicia y la dignidad de las víctimas!

La primavera sombría
RAÚL DEL POZO El Mundo 25 Abril 2018

Después de las lluvias, ha amanecido una primavera radiante. En menos de 48 horas mi granado se ha vestido de hojas púrpuras; las palomas de Venus y los sagrados mirlos de azabache brillante, más que volar, danzan en el aire tibio.

Pero el abril deslumbrante nos ha traído una sombría primavera política. Nadie sabe en qué ruleta tiene que apostar sus sueños. Vivimos una sensación de final, como si aquella Democracia que tanto gustaba se hubiera torcido. El PP se juega el tipo mañana en el Congreso de los Diputados y no se ve una alternativa clara -en el desconcierto- para mudar una mayoría menesterosa, a merced de sus enemigos. Necesita Mariano Rajoy 175 votos para seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa, o quedar casi de okupa. Ciudadanos puede tumbar los Presupuestos si el Gobierno cede a Euskadi la gestión de la Seguridad Social o concede privilegios a los etarras. El PNV no apoyará los Presupuestos si sigue en vigor el artículo 155. Como siempre, la estabilidad del Gobierno de España estará en las manos de un partido nacionalista.

Mariano Rajoy ha sobrevivido a dos legislaturas, con prórrogas y techos de gasto, sin ajustar las cuentas. Ahora, Iñigo Urkullu decidirá si da o no la puntilla a Mariano Rajoy. Parece que hay acuerdo para que Ciudadanos y PNV apoyen las cuentas pero, aunque salieran adelante los Presupuestos, la situación política llega al mundo con imágenes de furgones policiales, escraches y pintadas. Silban al Rey en los estadios, se anuncian mociones de censura como en un programa de festivales teatrales y los jubilados toman las ciudades.

El conflicto catalán se ha enquistado y el Gobierno de España parece noqueado. La función de un Gobierno no es distribuir felicidad, pero sí tiene la obligación de mantener la ley y la libertad y parece, a ratos, que lo de Cataluña se les escapa de las manos.

Los secesionistas, en su babel, han confundido las fantasías y no saben muy bien dónde quieren ir. «¡Se odian tanto entre ellos! -me explican desde Barcelona-. Se están creciendo y han logrado internacionalizar la batalla, creyendo que van a venir a salvarlos. Qué infantiles. Lo máximo que tendrán es otra Brigada Lincoln. Pero el desgaste va a ser enorme para Cataluña y también para España».

Donde una puerta se cierra, otra se abre. Tenemos que acostumbrarnos a la mediocridad. «España, de nuevo -piensa mi comunicante-, se ha metido en un hoyo que nos retrasa en la carrera de la vida. El problema es que muchos se sienten muy a gusto en la caverna, protegidos en el hoyo con los suyos y despreciando a los demás».

Los nacionalistas: ¿Socios o enemigos?
Alejo Vidal-Quadras Gaceta.es 25 Abril 2018

En política es malo tener enemigos, pero es peor no reconocerlos cuando aparecen ante uno.

El pacífico movimiento independentista está mostrando estos días su beatífica faz avasallando con gritos, empujones y amenazas a líderes de los partidos constitucionalistas, señalando y torturando psicológicamente a hijos de guardias civiles en las escuelas y cubriendo de heces pestilentes las sedes de fuerzas políticas adversarias. Estas técnicas de amedrentamiento totalitario demuestran la alarmante ausencia de sentimientos democráticos de esta turba ebria de odio y también de sentimientos humanos en general porque aterrorizar a niños provocándoles traumas graves con repercusiones negativas en su rendimiento académico y en su equilibrio emocional sólo lo pueden hacer auténticos monstruos que han perdido cualquier asomo de decencia. Este tipo de comportamientos brutales demuestran que sin la barrera de contención que es el Estado, esos mismos que queman banderas y retratos del Rey, que destrozan mobiliario urbano, que se enfrentan violentamente a la policía que intenta hacer cumplir la ley, que escupen, insultan y vejan a los que no piensan como ellos, que pintan obscenidades y dianas mortales en las paredes de instituciones y entidades que consideran contrarias a sus objetivos y que esparcen excrementos sobre las puertas de organizaciones cuya gran provocación es la adhesión a la Constitución y al pluralismo, se entregarían por completo a la satisfacción de sus pulsiones destructivas y homicidas con consecuencias que estremece adivinar.

Este volcán de rencor enfermizo y de ansias incendiarias es el que ha despertado el golpe independentista y será muy difícil apagarlo solamente con la acción de los tribunales y la aplicación tímida y parcial del artículo 155. Todos los días asistimos a las muestras de estupor e indignación con las que millones de españoles asisten al incomprensible espectáculo de la benevolencia del Gobierno de la Nación con los impulsores del “procés”. TV3 sigue en manos de los golpistas diseminando mentiras y alimentando la confrontación, muchos altos cargos de la Generalitat mantenidos en sus puestos son descaradamente afectos al secesionismo y trabajan por su causa, mandos de los Mossos alineados con el proyecto separatista han sido nombrados para importantes responsabilidades en el cuerpo, millones de euros son distribuidos entre medios de comunicación afines a JxCat y a ERC y, como colofón de tanto absurdo, el ministro de Hacienda niega el delito de malversación cometido por los dirigentes nacionalistas en la organización del referéndum ilegal del 1-O poniendo así en duda la investigación del magistrado Pablo Llarena.

Sin embargo, a poco que se analice tan extraño comportamiento de los dos grandes partidos nacionales -en su tolerancia con los separatistas tanto montan, montan tanto, PP como PSOE-, se encuentran fácilmente las claves conceptuales y políticas de esta dejación de responsabilidades que en ocasiones orilla la traición. Los nacionalistas nunca han sido percibidos por las cúpulas de Génova 13 y de Ferraz 70, ni tan siquiera en estos momentos en que están entregados abiertamente a la destrucción de España, como lo que son, es decir, un peligro letal para la democracia, las libertades, la paz y el orden constitucional. Lejos de considerarlos una aberración ideológica y una catástrofe moral, Suárez, González, Aznar, Zapatero, Rajoy y sus equipos los han entendido siempre como unos socios potenciales y unas piezas más del tablero parlamentario con los que se puede pactar según las necesidades coyunturales surgidas de las urnas. Una mezcla de ceguera voluntaria, de pragmatismo de corto vuelo, de falta de convicciones, de aversión al principal competidor, de comodidad indolente, de desconocimiento del pasado y de acomplejamiento pusilánime, les ha hecho tomar invariablemente el camino más fácil y preferir un mal acuerdo con los nacionalistas a un cierre de filas con el otro gran partido nacional para barrar el paso a la ofensiva particularista.

En política es malo tener enemigos, pero es peor no reconocerlos cuando aparecen ante uno. En una sociedad abierta, democrática y pluralista, no hay enemigos, hay adversarios, porque todos los que se sientan en el Parlamento de un lado al otro del hemiciclo comparten unos mismos principios básicos, sean cuales sean sus programas de gobierno y sus iniciativas concretas, el imperio de la ley, la separación de poderes, la renuncia a la violencia para dirimir las diferencias, la garantía de los derechos fundamentales y el respeto al orden constitucional. Ahora bien, si determinados actores políticos se salen de ese marco y rompen las reglas de juego tratando de imponer por la vía fáctica mediante el recurso a la fuerza sus pretensiones, no hay otro remedio que darles la categoría de enemigos y tratarles como tales, imponiéndoles la legalidad con una contundencia superior a la que ellos puedan desplegar. Eso es lo que Rajoy y Sánchez no solamente no comprenden, sino que son incapaces de afrontar. El hecho doloroso, pero evidente, de que los separatistas ya no compiten en su misma liga, sino que se mueven al margen del sistema diseñado en la Transición de manera salvaje con una indeclinable voluntad dinamitera sin el menor escrúpulo, ha de ser aceptado, reconocido y asumido, para actuar a continuación en consecuencia. Una de las razones más palmarias, probablemente la determinante, del éxito electoral de Ciudadanos en Cataluña y de su meteórico ascenso en las encuestas a nivel nacional radica en su manifestación clara y rotunda de compromiso con la unidad nacional y en su tratamiento sin contemplaciones de los nacionalistas como una plaga a erradicar con las armas de la democracia, la ley y las ideas. Si persisten en este combate sin vacilaciones ni ambigüedades, la mayoría absoluta quedará a su alcance y se abrirá un período de recuperación para España, no ya en el ámbito económico, sino también en el institucional, el cultural y el ético. No se sabe si Rivera es consciente de la magnitud del papel que la historia le ha asignado en esta hora trágica de nuestro país, pero en caso de que lo sea, no le pueden temblar ni el pulso ni las piernas. Al fin y al cabo, es una sucesión de renuncias, debilidades y cobardías la que nos ha traído hasta el borde mismo del fracaso.

Menos mal que no sabían que era un militar español
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN El Espanol 25 Abril 2018

Los energúmenos rodearon el coche en el que viajaban un hombre con su hija de corta edad. Eran casi un centenar, le habían cortado el paso cuando circulaba tranquilamente y empezaron a golpearlo por los cuatro costados hasta romperle la luna delantera. Al final, y después de algunos momentos de tensión, el conductor pudo escapar y poner a salvo a su pequeña. ¿El motivo? Una bandera española colgaba del espejo retrovisor interior del coche.

Fue en la localidad gerundense de Figueras donde un numeroso grupo de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) celebraron el Día de Sant Jordi asaltando el vehículo en el que viajaba un cabo primero del Ejército de Tierra, destinado en la base de Sant Climent de Secebes, en compañía de su hija.

Los radicales iban todos disfrazados con una nariz roja de payaso y le increparon con gritos de “¡Fuera fachas, a vuestro país!”, mientras golpeaban el coche. Los CDR habían organizado una jornada de protestas por el encarcelamiento de los líderes del procés.

'Kale borroka'
Afortunadamente ignoraba la virulenta y alegre muchachada separatista, defensora a ultranza de ‘la revolución de las sonrisas’, quién era y a qué se dedicaba el conductor del vehículo. Si hubiera sabido que se trataba de un militar español destinado a muy pocos kilómetros, posiblemente a estas horas estaríamos hablando de otra historia.

La violencia independentista –como si de una kale borroka importada se tratara– se está apoderando poco a pocos de las calles y carreteras catalanas sin que los Mossos d’Esquadra parezcan poner el empeño suficiente para acabar con ella. La reciente detención de una de sus líderes, que posteriormente fue puesta en libertad, no parece amedrentar a estos cachorros 'indepes' que se sienten impunes para seguir sembrando el terror entre los que no piensan como ellos. Más bien al contrario, parecen crecidos tras el apoyo brindado por el Parlament y los partidos no constitucionalistas que lo controlan.

Manga ancha
Cs, PP y PSOE han denunciado la manga ancha de la que parecen disfrutar estos jóvenes. Rivera habla de ellos como de “comandos separatistas violentos”; a Maroto le recuerdan “lo peor que vivimos en la política vasca” y Pedro Sánchez pide que se garantice la “seguridad necesaria” ante los “actos vandálicos” que está proliferando últimamente.

La sociedad catalana no debería permanecer muda ante estos actos violentos que sólo pretenden coartar las libertades, atemorizar a los ciudadanos y hacer que estos miren hacia otro lado para no ver lo que está sucediendo enfrente de sus narices. Lo peor de todo sería que la ciudadanía asumiera lo habitual como algo natural y lógico. Fue Brecht quien dijo que el que no sabe o no quiere saber es un imbécil, pero que el que sabe y calla es algo mucho peor.

Del victimismo al acoso civil
ALEJANDRO GARCÍA El Mundo 25 Abril 2018

No pasa un día sin nuevas noticias del acoso organizado al constitucionalismo en Cataluña. En el papel de víctimas de la intolerancia nacionalista los periodistas toman el relevo de los fiscales, en cuyas sedes se convocan escraches; a los servidores de la Justicia los relevan los políticos intimidados en sus casas; y a los políticos se les unen los hijos de los guardias civiles, humillados por sus propios profesores, más bien ingenieros sociales adictos a la causa y traidores a la vocación docente.

Precisamente el eco de una injusticia continuada en las aulas catalanas ha llegado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que preguntará a la Generalitat sobre la discriminación lingüística a los castellanohablantes a raíz de una queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Cuyo ejemplo de coraje cívico deja en evidencia la falta de iniciativa de un Gobierno que tiene asumidas las funciones educativas en Cataluña en virtud del artículo 155. Y que prometió hacer cumplir las sentencias que estipulan un 25% de horas lectivas en castellano... para rendirse al mes y medio de prometerlo. La decisión de no profundizar en la aplicación del 155 en aras de la prudencia se ha terminado revelando un ejercicio de cobardía que desampara a los ciudadanos, obligados a pelear por su cuenta.

La historia prueba que cuando el Estado democrático se ausenta de un territorio, el hueco lo ocupan sus enemigos. A la vista de las vergonzantes imágenes del acorralamiento a Xavier García-Albiol -que quería celebrar Sant Jordi en la Badalona de la que fue alcalde- no parece que el 155 aplicado por el Gobierno de su partido esté sirviendo para restaurar el orden constitucional en Cataluña, que es el mandato que recibió del Senado.

Pero el mayor ejemplo de inversión moral lo proporciona la polémica sobre la incautación de camisetas amarillas a los culés que se dirigían a la final de Copa para contaminar de ideología excluyente un acto deportivo. El mismo PSOE cuyo líder acertó a defender la democracia española en Alemania -y cuyo secretario de Organización en Cataluña acaba de denunciar pintadas amenazantes- se ha apresurado a aceptar la petición de comparecencia del ministro Zoido formulada por los independentistas, que logran así cambiar el foco de la indignación: los perseguidores en Cataluña pasan a ser presuntos perseguidos en Madrid. Lo cierto es que el partido estaba calificado de alto riesgo, y que la Ley Antiviolencia está para cumplirse, aunque sea discutible que exija retirar camisetas. Los mismos hipócritas que tildan a Albiol de «provocador» por pisar la calle no advierten que su ostentación del amarillo -un mensaje de impugnación del orden legal español- pueda resultar provocadora para la afición del Sevilla. Claro que la libertad de expresión es innegociable. Por eso mismo reclamamos su protección allí donde más amenazada se encuentra: en Cataluña.

¿Dónde quieren llevarnos los políticos con su deriva irresponsable?
El PP, completamente desarbolado, ha hecho dejación de su deber de mantener el Estado de derecho en España
Miguel Massanet diariosigloxxi 25 Abril 2018

Lo cierto es, señores, que ya no estamos hablando de nubarrones negros en el futuro, ya no necesitamos imaginarnos una situación de descontrol total en nuestra nación ni, tampoco, hace falta conjeturar lo que nos sucedería a los que nos sentimos españoles y personas de orden dentro de un estado en el que, los que gobernaran las instituciones y proclamasen las leyes, fueran los mismos o, mejor dicho, aquellos que han heredado de los terroristas de la FAI, de la CNT, el POUM, ERC y las mismas Juventudes Socialistas, (aquellas que bajo el mando de Santiago Carrillo, ayudaron a que los mineros de Asturias, en plena II República de 1934, proclamasen la revolución en Asturias y se levantasen en armas contra el gobierno de Madrid.) Los que, en la actualidad, han heredado de aquellos los mismos deseos de revancha, los rencores y los odios que trasmitieron a las sucesivas generaciones los que perdieron la contienda y no han sabido aceptar nunca aquella humillante derrota en manos del general Franco. Aquella misma revolución de la que se quiso aprovechar, el hoy idealizado, señor Companys para proclamar, la República Catalana de tan exigua duración.

Mientras los políticos, de los que durante años han representado a los dos grandes partidos que han ido gobernando a España, inmersos en una sorda batalla en su pretensión de conseguir el poder o de amarrarse a él, parece que todavía no se han enterado de que, ni uno ni el otro, ya no se encuentran en aquella situación de preeminencia y apoyo de masas de votantes de la que gozaron hace unos años, pensando en que siguen estando en una situación privilegiada; la realidad es que, ni el PP ni el PSOE, hoy se encuentran en situación de dominar con solvencia las instituciones del país y se han visto obligados a aceptar la aparición de nuevos partidos de todas las tendencias políticas que, si todavía no han conseguido desbancarlos de sus posturas dominantes, lo cierto es que cuando se trata de su influencia en el Parlamento de la nación, ninguno de ellos tiene suficientes apoyos como para imponer su criterio si el resto decide no aceptarlo. El PP gobierna en minoría perdiendo votantes y, el PSOE, sigue perdiendo adictos.

Estamos ante una situación en la que, la ofensiva nacionalista de los políticos catalanes que buscan, a toda costa, la independencia de Cataluña de España; han conseguido durante años obviar las leyes españolas, que se han negado a aceptar mientras han decidido no tomar en cuenta las sentencias de los tribunales que les impidan tomar aquellas medidas identitarias que más favorezcan a sus objetivos, sin dejarse amilanar por la aplicación, excesivamente limitada, del Artº 155 de la Constitución, por un Gobierno de los populares que sigue pisando huevos cuando se trata de tomar medidas enérgicas y decisivas, lo suficientemente rotundas como para que hubieran permitido acabar con el desafío, intolerable y marrullero, lanzado por una parte del pueblo catalán contra el Estado de derecho y la Constitución española. Su empeño en no pillarse los dedos, su supeditación a la opinión de los otros partidos que han primado sus intereses partidistas a los del pueblo español y el verdadero pánico del señor Rajoy y su ejecutivo a tener que afrontar una situación en la que quedaran solos defendiendo la unidad de la nación; ha sido el causante de que, por su negligencia y cobardía, lo que pretendieron evitar cediendo, dando más apoyo financiero y tolerando que se incumplieran las leyes y las sentencias de los tribunales, impidiendo que los fiscales llevasen a cabo su trabajo y conteniendo a las fuerzas de orden público; ha sido verse comprometidos y, me atrevería a decir, que a las propias FF.AA, que han tenido una actitud modélica tolerando que se las ninguneara, se las despreciara, se las impidiese que, en Cataluña pudieran mostrarse públicamente ante la ciudadanía permitiendo que las autoridades regionales las condenasen a permanecer alejadas de los núcleos urbanos e incluso, a no poder participar en eventos públicos en los que estar presentes con sus casetas y representaciones.

Nos encontramos ante situaciones como la de unos niños, hijos de guardias civiles, que fueron obligados a participar en actos en contra de la participación de sus padres en el 1.O, la referendo ilegal que desoyendo las sentencias de los tribunales y las resoluciones del TC los separatistas consiguieron forzar una votación y abrir colegios electorales con el apoyo de una parte de los mossos de escuadra catalanes. Unos niños que fueron insultados, que tuvieron que escuchar cómo sus profesores insultaban a sus padres y como unos profesores fanatizados les obligaban a identificarse para que sus propios compañeros de clase los señalasen como enemigos de Cataluña. ¿Qué ha hecho el Gobierno para poner remedio a una situación en la que los derechos de los ciudadanos han quedado tan maltrechos y en los que se viene cuestionando el derecho de las fuerzas del orden de actuar en contra de aquellos que infringen las leyes? ¡Nada en absoluto! Incluso prohibieron que se usasen unos videos grabados por la Policía Nacional y la propia Guardia Civil en los que se demostraba que las multitudes de radicales nacionalistas mantenían una actitud manifiestamente hostil hacia las fuerzas de orden público, a las que atacaban, insultaban, arrojaban objetos y empujaban violentamente. ¿Reacción de las autoridades? Impasibilidad y restar importancia a los hechos.

Se han apoderado de las calles y las carreteras unos grupos incontrolados de CDR compuestos por fanáticos dispuestos a realizar cuantos actos contribuyan a crear problemas a los transportes sin que, en su actividad obstruccionista, les importe perjudicar a las sociedades de autopistas; permitiendo el tránsito, sin pagar peaje alguno, de numerosos vehículos a los que habían tenido parados durante el tiempo que quisieron sin que les importasen las protestas de los usuarios. Los mossos que estuvieron presentes permanecieron viendo el espectáculo sin que se les ocurriera, ni remotamente, intervenir para facilitar el paso a los conductores. El mismo día de Sant Jordi fueron amenazados, insultados, puestos en situaciones embarazosas y obligados a retirarse de los lugares públicos en los que estaban ubicados, el señor Albiol, del PP y otros miembros del partido que repartían rosas con motivo de la Feria del Libro, por una multitud vociferante, en el caso del señor Albiol, de unos doscientos separatistas que le impidieron seguir con su trabajo. ¿El Gobierno tomó nota y pensó en algún tipo de represión? ¡De ninguna manera, no fuera que alguno de los jueces alemanes tomara el hecho por un acto que justificase al señor Puigdemont, el responsable de todo este sarao organizado por su huida de España!

La aplicación descafeinada del 155, un artículo que debía haber permitido acabar de un plumazo con todo intento separatista si se hubiera aplicado sin el temor a una reacción que, en ningún caso se hubiera producido porque era lo peor que les podría pasar a los secesionistas que han venido presumiendo de una revolución “pacífica”. El caso es que en Cataluña la legalidad ya no existe, que cualquiera que quiera crear un lio o provocar una reacción en contra de España puede hacerlo impunemente algo que no puede hacer un español que, como un cabo del Ejército que llevaba una bandera española dentro de su coche, tuvo que soportar que un numeroso grupo de personas lo sitiase, le rompieran el parabrisas de su coche y tuviera que soportar la ira de toda aquella multitud de cafres incivilizados. ¿Es esta la forma con la que el Gobierno piensa acabar con la revolución catalana? Es curioso como todos los miembros del gobierno se han turnado en defender la metida de pata del señor Montoro cuando declaró que todo el dinero que se le había entregado a Cataluña había sido destinado a los fines a los que estaba destinado y que “ni un euro” del mismo se había dedicado a financiar el referendo del 1.O. Evidentemente ninguno de los ministros que apoyaron a Montoro se creía, ni remotamente, que lo que estaba diciendo respecto al ministro de Hacienda fuera verdad, pero no les quedaba otro remedio que cumplir las órdenes de la “superioridad”.

Es obvio que el señor Rajoy y sus adláteres han decidido que lo que verdaderamente importa es intentar aguantar los dos años que quedan de legislatura de la forma que sea, aunque ello nos lleve a todos los españoles a un camino sin salida, mientras los que están intentando acabar con España siguen logrando, a través de pequeñas batallas, ir convirtiendo al país en un lugar donde las leyes se conculcan con suma facilidad; las diferencias entre las distintas autonomías se van agrandando y la seguridad para los ciudadanos que residen en algunas de ellas, las más conflictivas, cada día que pasa se está haciendo más difícil, más insostenible y más peligrosa a medida que los ciudadanos catalanes que han apostado por el incivismo y el apoyo a quienes intentan conseguir la independencia de Cataluña von consiguiendo, como está sucediendo en algunos países de Europa, ir creando un ambiente que, a medida que avanza el tiempo y la actividad propagandística que están llevando a cabo los huidos de la Justicia en Alemania, Bélgica y Suiza, están poniendo en práctica una campaña, bien orquestada, en la que se explotan todos los recursos para pintar ante el mundo una España que no cumple con las reglas de la democracia e impide a sus ciudadanos “la libertad para poder decidir de forma democrática su futuro”. Es evidente que mienten, pero consiguen engañar a una porción de los más incautos.

Por si faltara algo, tenemos la sensación de que la invasión de jóvenes jueces para ocupar vacantes en la magistratura; muchos de ellos que posiblemente hayan sido influidos por las modernas tendencias en contra del capitalismo, en defensa de un “mejor reparto de la riqueza” y de que las leyes deben ser aplicadas con más libertad, según sean las ideas y las tendencias políticas del juez que dicta las sentencias. Que seguramente están convencidos que no prevarican cuando en sus resoluciones sostienen que a ellos les corresponde su parte en la construcción de un mundo distinto. Lo que no quiere decir que sus conocimientos legales avalen que estén en condiciones de jugar con el concepto de la propiedad, como parece que está sucediendo en cuanto a una interpretación excesivamente laxa de lo que es la llamada “función social de la propiedad”, algo que los ayuntamientos, como el catalán, utiliza como pretextos para poner trabas a la libre utilización de viviendas; para obligar a alquilarlas previa amenaza de sanción; a amenazar con expropiación sin que, se tenga en cuenta que todo ello requiere un procedimiento y, por encima de todo, una indemnización adecuada para el propietario al que se le priva de su derecho de propiedad.

La limitación de espacio nos obliga a dejarnos en el saco otros puntos que sería de interés resaltar que, seguramente comentaremos en otros comentarios si ha lugar para ello. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la honda preocupación de que, cuando observamos cómo las leyes basadas en nuestra Constitución de 1978, parece que están entrando en desuso, a pesar de que no están derogadas y, a cambio, aparecen otras en las que las libertades individuales parece que, cada vez, quedan más cercenadas en beneficio de las instituciones públicas que dan la sensación de que se están convirtiendo, cada día más, en intervencionistas de la vida privada de los ciudadanos. Una pésima señal.

Valls y la España acomplejada
Valls es francés y de izquierdas, el colmo de la credibilidad para la España acomplejada
Edurne Uriarte ABC 25 Abril 2018

Cada vez que escucho a quienes claman al Gobierno que arregle lo de nuestra imagen exterior de centralistas poco respetuosos con la pluralidad regional y las libertades, les recuerdo que el problema tiene unas cuantas décadas de antigüedad. Que viene del franquismo y de una Europa que aún nos mira como herederos del franquismo y de sus ideas. Y les pongo el ejemplo de Francia y ETA, de un país que no sólo ha acogido y protegido a los terroristas de ETA hasta su final, sino que acaba de erigir en una de sus ciudades, Bayona, un monumento de simpatías etarras. Porque décadas de crímenes terroristas a treinta kilómetros y plena democracia no les han sido suficientes para la comprensión del fenómeno etarra.

Pero nuestro problema europeo quizá no sería tan grave si no estuviera acompañado de nuestro complejo interior, ese según el cual aquello que viene del resto de Europa Occidental y, además, es de izquierdas, tiene un plus de modernidad y de sofisticación democrática. Por ejemplo, Manuel Valls. La oferta de Ciudadanos a Valls para que sea su candidato a la alcaldía de Barcelona, ¿es una ejemplo de cosmopolitismo y de europeísmo? ¿O un reflejo de la España acomplejada que admira en el francés Valls lo que rechaza en un político español?

A mí me gustan la biografía de Valls y su labor tantas veces a contracorriente como ministro del Interior y después jefe de Gobierno de Hollande. Pero difícilmente encaja en las ideas que Ciudadanos defiende en España, las que están en el núcleo de su propuesta de alternativa al PP. Sobre todo, aquello del rechazo a la «vieja» política y a los políticos con «mucho pasado», o profesionales de la política. Y Valls es todo eso, al menos tanto como Mariano Rajoy. Valls entró en política a los 24 años, y, desde entonces, jamás la dejó, lo que a mí me parece muy respetable, pero no a los líderes de Ciudadanos. Es un representante puro de lo que consideran la vieja política y los viejos partidos. Pero, además, si finalmente acepta la propuesta de Cs, lo hará tras haber fracasado no sólo como parte del Gobierno de Hollande, sino en el Partido Socialista, en las primarias de hace poco más de un año, en las que fue derrotado por Benoît Hamon.

Ni siquiera se considera liberal o postideológico, en la línea de Ciudadanos, un partido que aspira a hacerse con el voto de la derecha sociológica española. Hace tan sólo un año, Valls afirmó en relación con su partido, el PS, que «porque soy un hombre de izquierdas y porque sigo siendo socialista no voy a renegar de mis treinta años de compromiso». Lo hizo cuando se presentó de candidato a la Asamblea Nacional, y hasta que unas semanas más tarde dejó su partido para integrarse en el LRM de Macron, más bien porque fue el PS quien le dejó a él, como manifestó aquellos días: «Dejo el Partido Socialista, o el Partido Socialista me deja a mí».

Pero es precisamente esa marca de izquierdas la que le ha dado tanta popularidad en sus discursos en Cataluña contra el independentismo. Francés, y, además, de izquierdas, el colmo de la credibilidad para la España acomplejada. De ahí que aquello de que «este nacionalismo es la guerra» que dijo en marzo en Barcelona fuera ampliamente aplaudido, cuando frases bastante menos agresivas de españoles tan ilustres como Valls pero de derechas han sido calificadas de poco menos que fascistas. Porque, cuarenta años después, la ministra socialista de Alemania aún no se cree del todo la democracia española, pero tampoco algunos españoles.

ETA no resucitará, pues no ha muerto
José Javaloyes Republica 25 Abril 2018

Alsasua, con la agresión grupal a los dos guardiaciviles y las mujeres que les acompañaban, fue la prueba detonante que siguen socialmente activas las claves de acción social para agitar revolucionariamente, desestabilizándola, la paz colectiva dentro de la cotidianidad española. Pero la evidencia de que las cosas son así viene a subrayarse más por el concurso de una añadida realidad que potencia su impacto operativo. Me refiero, claro está, al concurso de los CDR (Comités de De Defensa de la República) en Cataluña, cuya actividad llega como desde los “Zutabes” etarras, una suerte de boletines internos concebidos para pautar la acción revolucionaria contra los símbolos del Estado y, muy especialmente, las Fuerzas del Orden, en las que la Guardia Civil, además, concurre su propia condición militar.

Lo que sí parece haber resucitado es la dialéctica de Terra Lliure, al menos en niveles formales, sin llegar a la sangre, con sólo violencia formal pero si moral, como la de esos maestros preguntando a los niños de las correspondientes escuelas quienes de sus respectivos padres pertenecían a la Benemérita. Era otra manera de revivir la expresión de lo sucedido en un bar de Alsasua. Quebrando la paz social.

La sombra del terrorismo aletea sobre el separatismo en Cataluña, y la del nacionalismo rupturista en España hace lo propio, fantasmal y viralmente, sobre la Unión Europea. Tal acaban de alertar desde la doble Presidencia del Parlamento español.

EN LAS AULAS CATALANAS
La Eurocámara exige explicaciones a la Generalitat por marginar el castellano
La Gaceta  25 Abril 2018

El Parlamento Europeo ha dirigido una carta a las autoridades catalanas para saber por qué se discrimina el castellano en las aulas y no se cumplen las sentencias.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha decidido enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para preguntar sobre la presunta discriminación lingüística a los castellanohablantes, a raíz de una queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

“El Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25 % de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes”, aseguró la presidenta de dicha comisión, Cecilia Wikström, en respuesta a la representante de la AEB, Ana Losada.

La presidenta desestimó “por ahora” la posibilidad de enviar a un equipo a examinar la situación en los colegios catalanes, porque entendió que “preguntar a las autoridades es el paso previo” a tomar esta medida.

La representante de la AEB se mostró “satisfecha” con esta decisión, ya que “por fin se escuchan estas reivindicaciones después de tantos años”, según explicó en declaraciones a la prensa tras su intervención ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Quejas también por las multas por rotular en castellano
Además de esta petición presentada por la AEB, la asociación Impulso Ciudadano planteó también otra queja relativa a la eventual discriminación lingüística que sufren los castellanohablantes en el ámbito del consumo, por las multas que se imponen a comerciantes que no rotulan en catalán.

“Esta petición se mantendrá abierta y esperamos recibir más adelante argumentos que justifiquen alguna otra acción”, alegó Wikström, quien decidió no tomar ninguna medida en este sentido.

El representante de la Comisión Europea (CE) que acudió ante la Comisión de Peticiones, Antoniu Marc, señaló en ambos casos que el Ejecutivo comunitario “no tiene competencias en este sentido”, por lo que la actuación frente a estas situaciones “le corresponde al Estado miembro”.

“Las leyes sobre lenguaje, ya sean en el ámbito de la educación o el consumo, no entran dentro de la competencia de la CE, que tan solo puede apoyar la decisión que tome al respecto el Estado miembro”, señaló Marc.

La representante de la AEB reivindicó la necesidad de que el sistema educativo catalán “respete que la sociedad es bilingüe y no imponga el catalán a los castellanohablantes, que son mayoría”.

“Soy la voz de muchos padres y madres catalanes que queremos romper el miedo a denunciar la vulneración de derechos a la que se ven sometidos nuestros hijos”, aseguró Losada, quien añadió que los niños de cero a seis años no reciben educación en castellano y que esta cifra sólo sube a tres horas semanales entre los 12 y los 16 años.

Por su parte, el eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya Josep-María Terricabras aseguró que “los niños catalanes obtienen puntuaciones en conocimiento del castellano por encima de la media española en el informe PISA”.

Losada respondió que este hecho se debe a que los exámenes y los libros de texto en castellano en Cataluña son “ridículos” y exigió “que se permita a los padres decidir en qué idioma estudian sus hijos”.

El representante de Impulso Ciudadano que acudió a la Comisión de Peticiones del PE, Carlos Silva, denunció la “persecución” a la que se ven sometidos “aquellos comerciantes que deciden rotular, por ejemplo, la mitad en español y la mitad en catalán”.

“En Cataluña los derechos lingüísticos se miden con doble rasero y los inspectores de consumo se han convertido en los inspectores de unos pocos”, denunció Silva.

La eurodiputada de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) Beatriz Becerra, quien acompañó a los peticionarios durante su comparecencia, señaló que esta intervención “no tiene nada que ver con el momento político actual”, sino que llevan años denunciando una situación “provocada por cuatro décadas de gobiernos nacionalistas”.

Ana Beltrán, presidenta del PP en Navarra: "Lo de Alsasua es la punta del iceberg"
La presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha alertado de la grave situación en la Comunidad Foral tras la llegada de Uxue Barkos al poder.
esRadio  Libertad Digital 25 Abril 2018

Entrevista a Ana Beltrán Es la Mañana de Federico

Desde que la nacionalista Uxue Barkos llegó al poder con el apoyo de Bildu, de Podemos y de Izquierda Unida las alertas han saltado por el giro que ha tomado Navarra. En el programa Es la Mañana de Federico la presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán, ha contado cómo se está siguiendo una "hoja de ruta" en tres puntos determinados para culminar la anexión al País Vasco. Esos puntos se centran en la "lengua, los símbolos y el territorio".

Ana Beltrán ha afirmado que "Uxue Barkos es la única presidenta que quiere ver desaparecer su CCAA. Y antes se escondía pero ya no". En este sentido se engloba el apoyo del gobierno navarro a los agresores de Alsasua y cómo permite esa "coacción a la Justicia". Para Beltrán "lo de Alsasua es la punta del iceberg". Ha contado que a los diputados del PP les han dicho que se vayan de Navarra como a la Guardia Civil y la Policía y en el parlamento les han sacado carteles llamándoles torturadores.
La hoja de ruta para la anexión al País Vasco

Son tres los pilares sobre los que se sustenta la hoja de ruta del gobierno de Navarra y que la presidenta del PP en Navarra ha destacado: lengua, símbolos y territorio. Sobre la lengua ha contado cómo el gobierno de Uxue Barkos intenta imponer una lengua "que no es oficial en Navarra", que sólo habla el "6.5% de la población" de la Comunidad Foral y que "en el sur es un 0%".

Ha puesto el ejemplo de cómo ha cambiado la documentación. Desde el gobierno de Navarra "han aprobado un decreto para que cualquier documentación o impreso vaya en los dos idiomas. Primero en euskera y luego en castellano". Sobre los símbolos ha recordado cuando en plena celebración de los sanfermines se colgó una ikurriña y cómo derogaron la Ley de símbolos para poder colgar la bandera del País Vasco "con impunidad".

También ha hablado de cómo Navarra ha pasado de ser un polo de atracción de empresas a ser la CCAA que pierde más empresas tras Cataluña. "Lo que pasa con la economía obedece al plan de Barkos" porque para lograr sus objetivos "quieren un erial, una tierra empobrecida", ha explicado Ana Beltrán que ha destacado el clima de inseguridad jurídica hacia las empresas.
La falta de unión de los constitucionalistas

La presidenta del PP en Navarra ha dado un paso adelante para conseguir que UPN y PSN se unan a ellos para acabar con el gobierno de Uxue Barkos. Cree que "hay que concienciar a todos los navarros de la gravedad de la situación que es mucho más que en otras comunidades" y que "hay un paralelismo muy claro con Cataluña". Por eso ha recordado que todavía están "a tiempo" y ha pedido unidad al resto de partidos constitucionalistas. También ha señalado que "ETA ha matado, y mucho, para llevarse a Navarra".

"El PP estuvo con una gran generosidad" en el pacto con UPN y "eso hay que ponerlo en valor" ha dicho Ana Beltrán que piensa que "hay que tomar medidas heroicas y el PSOE tiene que estar" porque "en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales". Sin embargo cuando ha propuesto al PSOE y a UPN un acuerdo "los dos me han mordido la mano". La presidenta del PP ha contado que "el PSOE puso al PP al mismo nivel que Bildu y UPN ha dicho que no".

Euskadi, mi Euskadi
Artículo de Teresa Díaz Bada (*) latribunadelpaisvasco 25 Abril 2018

Miserables asesinos que no sois capaces más que de exhalar mentiras y odio cada vez que decís algo.
Miserables asesinos que habéis conseguido durante 50 años sembrar en Euskadi un odio y una tristeza que todavía rezuma en la sociedad.

Miserables asesinos que habéis matado a hombres buenos, niños, mujeres, a mujeres embarazadas y que paseaban con sus hijos sin que os temblara un ápice vuestro miserable corazón.
Miserables asesinos que ni reconocéis ni pedís perdón, en una retórica malvada y abyecta que si no fuera por lo terrible y doloroso resultaría ridicula

Miserables asesinos que como los nazis os creéis en el derecho de clasificar a las personas por más humanas o no, dependiendo de criterios xenófobos, ruines e inmorales.
Miserables asesinos que habéis dejado un poso de odio en muchos jóvenes y no tan jóvenes en los pueblos de Euskadi, que como fieras atacan e intenta linchar a ciudadanos que simplemente quieren vivir.

Miserables que os creéis los dueños de una Euskadi que con vosotros lo único que ha conseguido es teñirse de sangre durante años, llenarse de tristeza en cada calle, de miedo y de cobardía.
Miserables asesinos.

Euskadi no es vuestra Euskadi.
Euskadi es la de tantos y tantos que a pesar de vosotros, se atrevieron a salir a la calle, a defender la libertad, a llorar por los asesinados y a seguir desempeñando su trabajo a pesar de saberse en el punto de mira de vuestro fanatismo, dando su vida por defender a los demás.

Euskadi, mi Euskadi, es la de los hombres y mujeres que desde hace mucho tiempo, a pesar de todo lo vivido, se levantan para sobrevivir cada día, sacar adelante a sus familias y vivir. Simplemente vivir.
Euskadi, mi Euskadi, es la de mi bisabuelo, que iba a caballo atendiendo en los caseríos a los enfermos que requerían sus servicios de médico.

Aquel que recorría los caminos en Cestona, con la certeza de hacer bien su trabajo, respetando al prójimo. La Euskadi de mi abuelo que desde el hospital en el que trabajaba en Bilbao, atendía a sus pacientes y recogía en casa y escondía a un arrantzale de Bermeo, al que, por ser republicano, cada 18 de julio iban a buscar.

Euskadi, mi Euskadi, es la de mi padre, que a pesar de la oposición de sus compañeros y de saberse amenazado, lideró la creación de la Ertzaintza, creando una policía por y para el pueblo.
La Euskadi de Alberto Negro, que se levantó un día, como tantos para ir a trabajar a Lemóniz, y no volvió.

La de Luis Mari Uriarte, alcalde y empresario, que no hacía otra cosa más que cuidar al pueblo de donde era y creaba trabajo.
La de Txema Aguirre, ertzaina que gracias a su buen hacer como persona y policía impidió, que el Museo Guggenheim volará por los aires.

Euskadi, mi Euskadi, es la de los hombres buenos, que ayudan, que intentan vivir en paz y atender al prójimo.

La del tendero, ertzaina, abogado, guardia civil, policía municipal o político, que intentan hacer su trabajo y respetar a los demás.
Esa es mi Euskadi. La Euskadi de todos, la que siempre fue, hasta que aparecisteis vosotros.

La Euskadi verde y tranquila, la Euskadi de la que me hablaba mi abuelo el de Cestona, que acogía, ayudaba. La que cuando oigo “Haurtxo polita” me hace llorar. Esa es la Euskadi de verdad.
La Euskadi tolerante y sana.

La vuestra, esa a la que aludís, no ha existido nunca; simplemente fue creada en vuestra mente malvada y retorcida de fanáticos asesinos para justificar vuestros abyectos crímenes.

(*) Teresa Díaz Bada. Hija de Carlos Díaz Arcocha, superintendente de la Ertzaintza, asesinado por la banda terrorista ETA el 7 de marzo de 1985.


Recortes de Prensa   Página Inicial