AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 2  Mayo 2018

PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2018-2021
La confesión del Gobierno a Bruselas: más impuestos, recortes en Sanidad y Educación y 1.800 millones de agujero en las radiales
DANIEL VIAÑA. Madrid. El Mundo 2 Mayo 2018

A última hora del último día de plazo, el Gobierno remitió en la noche de lunes a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad y el Plan Presupuestario para el periodo 2018-2021. En el documento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio cuenta a la Comisión Europea de las medidas acordadas con el PNV en materia de pensiones a cambio del apoyo vasco en la votación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, pero también cómo pretende financiar la mejora de las prestaciones, los recortes que seguirá hacienda en el gasto público o la factura del rescate de las autopistas.

Pensiones
Las pensiones mínimas subirán hasta un 3% este año, la base reguladora de las prestaciones de viudedad pasará del 52% al 56% -y del 56% al 60% en 2019- y el resto de prestaciones repuntarán un 1,6%. Todo esto ya se conocía, y provocará «un coste adicional de 1.522 millones de euros», dato que está en línea con lo que ya había adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.


Sin embargo, había dudas de cuál será concretamente la subida mínima prevista para 2019, y el documento ayer publicado las resuelve: la revalorización de las pensiones el próximo año será del 1,5%. La mayor parte de las previsiones estiman que la inflación será de ese mismo punto y medio, por lo que las pensiones tampoco perderán poder adquisitivo el próximo ejercicio.

Más impuestos
Para financiar el notable incremento en el gasto que provocará la mejora de las prestaciones, el Gobierno explica a Bruselas que procederá a «la adopción de nuevas figuras tributarias en línea con las iniciativas encuadradas en la cooperación y coordinación tributaria europea, que permitirán incrementar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019».

Los 600 millones de este ejercicio, explica Hacienda, se lograrán a través del impuesto que planea imponer a grandes compañías tecnológicas como Apple, Facebook o Amazon. Pero esta cifra representa menos de un tercio de los 2.100 millones que el Ejecutivo reconoce que necesita, y además en el documento siempre se habla de «figuras tributarias», en plural, de modo que todo parece indicar que Montoro dará forma a nuevos impuestos.

Recortes en Sanidad y Educación
Al igual que lleva haciendo en los últimos años, el Gobierno seguirá reduciendo el gasto público en el periodo 2018-2021. Así, el gasto caerá hasta 40,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en el presente ejercicio, y se irá reduciendo hasta ser de apenas del 38,5% en 2021. El dato es relevante porque supone una importante caída desde, por ejemplo el 48% que alcanzó en 2012 incluyendo las ayudas financieras y distanciarse aún más de los estándares europeos. Pero es que, además, para lograrlo es necesario, evidentemente, que el Estado reduzca el gasto en las diferentes partidas contenidas en el gasto público y eso incluye seguir recortando también en Sanidad y Educación.

En el primer caso, el esfuerzo del Gobierno se reducirá al 5,87% del PIB este año, e irá progresivamente cayendo hasta el 5,59% en 2021. Y en el segundo, el gasto retrocederá al 3,89% en 2018 y alcanzará el 3,7% en 2021. Serán las cifras más bajas que se registren en ambas partidas desde varios años antes del inicio de la crisis y en el caso de la Educación, habrá que retroceder, incluso, hasta los últimos años del siglo XX, tal y como han denunciado en más de una ocasión diferentes plataformas y organizaciones de apoyo a la enseñanza.

Hacienda, por su parte, siempre defiende esta situación afirmando que no se produce una reducción en la inversión, sino una ajuste en el gasto. De hecho, el Ministerio dirigido por Montoro apunta que, como consecuencia del crecimiento de la economía, lo que se produce en realidad es un incremento. Pero esto, aún siendo cierto sólo en algunos casos, no evita lo que resulta evidente: el esfuerzo el Gobierno destina a estas partidas es cada vez menor.

Autopistas quebradas
El Gobierno explicó que, además de con impuestos, la subida de las pensiones se financiaría con el ahorro en el gasto de intereses de la deuda y el menos desembolso que exigirá la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje, esto es, lo que al Estado le costarán las autopistas quebradas.

En un primer momento, el Tribunal de Cuentas señaló que la cifra podría superar los 3.700 millones de euros. Posteriormente, en el anterior Plan Presupuestario, el Ejecutivo apuntó que «esta rúbrica está afectada por la cobertura por importe de más de 2.000 millones». Y en el ultimo documento conocido, el coste del rescate de las autopistas quebradas se ha rebajado hasta los 1.800 millones. La cifra, obviamente, supone una notable reducción desde los primeros datos. Pero aún así sigue seguirá siendo un obstáculo para la consecución del objetivo de déficit y exigirá un esfuerzo que, sin ir más lejos, es superior al coste adicional que supone la subida de las pensiones.

La dimisión según Rajoy
Emilio Campmany  Libertad Digital 2 Mayo 2018

Quien quiera que sea que vaya a sustituir, por sí o por persona interpuesta, a Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid ha conseguido que Rajoy fuerce su dimisión por dos asuntos absolutamente menores hallados tras un escrutinio de su pasado que casi ningún político superaría. Lo del máster es más un problema de la universidad que lo regaló que de quien lo recibió. Y lo del vídeo del Eroski afea más la conducta de quien lo conservó ilegalmente que de quien aparece en él.

Estos comportamientos inequívocamente censurables son peccata minuta en comparación con actuaciones gravísimas de tres ministros de Rajoy durante estos últimos días. Montoro, desde su privilegiado puesto al frente del Ministerio de Hacienda, que intervino las cuentas de la Generalidad, afirmó contra toda evidencia y en beneficio de los golpistas que no se gastó un euro público en la organización del referéndum ilegal. Semejante afirmación, amén de falsa, ha cubierto de dudas la actuación de nuestro Tribunal Supremo, no sólo en España, sino sobre todo en el exterior. Decir ahora, como ha dicho el ministro, que quizá la Generalidad falseó sus cuentas no hace más que añadir desdoro a su actuación, pues él es el responsable de descubrir cualquier falsedad contable cometida.

Alfonso Dastis, ministro de Exteriores del Reino de España, es el encargado de defender nuestra Constitución, nuestras leyes y la independencia de nuestros tribunales frente a Gobiernos y tribunales extranjeros. Todos ellos, Constitución, leyes y tribunales, han sido puestos en entredicho impunemente no sólo por jueces sino por algunos políticos extranjeros. Y lo único que ha sabido balbucear nuestro ministro, no sé en cuántos idiomas, es que se trata de pequeños malentendidos aclarados en conversaciones privadas.

Por último, el ministro de Justicia se ha permitido, sin aportar ninguna prueba, arrojar dudas sobre la salud mental de uno de los magistrados que ha tenido el penoso encargo de juzgar los repugnantes actos cometidos por una banda conocida con el revelador nombre de La Manada.

Curiosamente, todos estos hechos, mucho más merecedores de una dimisión que las peripecias de Cifuentes, son actos dirigidos a menoscabar el buen nombre de nuestros jueces. Y no deja de ser más curioso que esto ocurra después de que nuestro Poder Judicial, con el respaldo del rey, se haya puesto a combatir con nuestras leyes el golpe de Estado que los independentistas catalanes han pretendido dar en Cataluña mientras el Gobierno hace lo que puede para devolverles el poder.

El caso es que Rajoy fuerza la dimisión de una presidenta de la Comunidad que quizá se postuló para sucederle arropado por el aullido de casi todos los medios de comunicación y mantiene en sus puestos a tres ministros que han dado muchos más motivos para ser cesados por sus agresiones al Poder Judicial. Y las protestas de los medios de comunicación apenas se oyen. Y, naturalmente, nadie ha hurgado en su pasado.

Los sindicatos de casta vuelven a quedar en evidencia
EDITORIAL  Libertad Digital 2 Mayo 2018

Como cada Primero de Mayo, los liberados sindicales (liberados de trabajar, se entiende) de los sindicatos dizque mayoritarios pero que engloban a una ínfima minoría de trabajadores han salido a las calles de las principales ciudades del país para cumplir con un ritual cada vez más grotesco, con sus pancartas oportunistas y unas consignas de auténtica vergüenza ajena.

Los capos de UGT y CCOO no han dejado pasar la ocasión de hozar en el populismo más aberrante y han hecho suyas las proclamas más demenciales del feminismo y la izquierda más ignorante y liberticida a cuenta de la sentencia contra La Manada. Increíble e indignantemente, sobre eso giró buena parte de la retórica evacuada en esta nueva edición del Día Internacional del Trabajo, vuelto a protagonizar por personajes que no sólo no han trabajado en su vida sino que son enemigos formidables de la creación de empleo y el desarrollo económico, con su recetario trasnochadísimo basado en el despojo del contribuyente y las empresas y un intervencionismo especialmente insensato.

Lo cierto es que UGT y CCOO, opaquísimos emporios esquilmadores del dinero público y protagonistas de algunos de los mayores escándalos de corrupción de la España democrática, ya ni siquiera provocan indignación entre la ciudadanía a la que parasitan. Sus manifestaciones desangeladas son ya únicamente el patético espectáculo anacrónico de unos entes que tratan desesperadamente de seguir viviendo a costa de los trabajadores a los que dicen defender, cuando por desgracia lo cierto suele ser lo opuesto.

A César A. de los Ríos, maestro de maestros
Agapito Maestre  Libertad Digital 2 Mayo 2018

Ha muerto el mejor analista político de España. La nación está de luto. Estoy delante de su cadáver. Ha muerto el último Quijote de un país a la deriva. Ha muerto rodeado de todos los suyos. Me abraza su esposa, Concha, y me susurra al oído: "¿con quién vas hablar ahora?". Los párpados se inflaman. Imposible contener el llanto. Ha muerto mi maestro: el último heterodoxo de España. Recuerdo ahora lo que me dijo en su presencia, hace más de veinte años, un amigo común: "Nunca sé lo que va a decir en antena". Tenía razón Federico. Eso asustaba a todos y hacia huir despavoridos de miedo a los "políticamente correctos", o sea, a casi toda la profesión periodística. La caverna mediática no soportaba su inteligencia. Su valentía.

Mejor vivir arrodillados ante las falsas imágenes que admitir las convicciones del sabio. El vacío que deja sitúa al pobrísimo periodismo político de España al borde del abismo. Los señores de las tinieblas del periodismo español prescindieron de su voz, de su inteligencia y de su solida prosa, una de las más limpias de la España de los últimos cincuenta años, pero nadie con criterio y con voluntad de saber dejó de interesarse por sus opiniones. ¿Quién ha dejado de llamar a César para preguntarle por la deriva de España? Salvo los cobardes y los estultos, nadie sensato ha podido dejar de hablar y pensar con César Alonso de los Ríos. Por fortuna, muchos de los que charlaban con él inmediatamente tecleaban sus columnas o reportajes. Nadie con coraje dejó de pensar un sólo día en César Alonso de los Ríos. Nadie con amor a España, a la patria común de todos los españoles, dejo un sólo instante de preguntarse antes de opinar y razonar: ¿qué diría César Alonso de los Ríos ante este acontecimiento?

Es su gran legado al periodismo político español. César Alonso de los Ríos seguirá siendo durante muchos años una vara de medir la actualidad política. La política. No hay una sola columna de César que no nos enseñara o dijera algo para orientarnos en la vida. Nada de lo que escribió fue gratuito. Todo fue necesario. Fue un clásico del análisis político, porque consiguió algo inédito en la cultura moderna de España: transformar la información, el conocimiento y la pura sabiduría en actividad intelectual para alimentar la vida del ciudadano que necesita de las ideas, o sea de "saber a qué atenerse", para vivir en comunidad política. En democracia.

Gracias, maestro, por haberme regalado tu amistad. Descansa en paz.

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Jueces molestos ¡Despídanse!

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 2 Mayo 2018

El grado de brutalidad mediática, cobardía partidista y prevaricación gubernamental alcanzado en el linchamiento personal al juez González sólo tiene un precedente, pero tan cercano que parece mentira que no se vea su relación: el acoso al juez Llarena por el separatismo catalán y sus aliados mediáticos, en especial las telesorayas: la de Ferreras, la de Godó y la TV3.

El virus de la necedad autocomplaciente que reina entre los políticos de tuit y los periodistas de corrala, arreció hasta el extremo de esgrimir el hecho de tener o no tener hijas (hijos, no valen) como argumento infalible para opinar sobre la sentencia que no habían podido leer, ni falta que hacía, porque ya conocían la pre-sentencia política, dictada, cómo no, en la calle, por el Gobierno de Navarra y la horda proetarra y podemita (los mismos que apoyaron pública y parlamentariamente a los linchadores de Alsasua, porque la novia de un guardia civil no es mujer indefensa y protegible sino escoria pateable, como prueba el silencio helado de las promotoras del 8-M) y porque veían venir la post-sentencia mediática, siguiendo los principios de Derecho de la Escuela de Lynch. Y así fue como llegó la post-sentencia política de Catalá, Coderelá o Catalapov, ministro de Justicia... en manada.

Sobrecoge, sin embargo, la idiocia de unos partidos políticos y unos medios de comunicación que han confiado a los jueces -por abandono del Gobierno- el futuro de España como nación y como Estado de derecho, pero no caen en la cuenta de que esta campaña de populismo judicial digno del Gorila Rojo (¿Jueces Molestos, retrógrados, fascistas? ¡Despídanse!) coincide y no por casualidad con la campaña de desprestigio que viene padeciendo el Tribunal Supremo y la Justicia española en general a manos de los golpistas catalanes y vascos, y de sus socios comunistas y demás.

El "yo sí te creo" se esgrime contra una sentencia que se basa en la credulidad ante un testimonio como única prueba, porque la otra, el móvil robado por los malhechores, dos años más, la olvidaron los abogados. La campaña contra un juez que ha emitido un voto particular, desagradable como la verdad y la resaca, está teledirigida por la izquierda y supone un gran apoyo para Puigdemont ante los jueces alemanes. Claro que a los de Schleswig-Holstein sí los respeta Catalapov.

Navarra como botín nacionalista
EDITORIAL El Mundo 2 Mayo 2018

Navarra representa para la mitología nacionalista vasca la tierra prometida. El sueño de una Euskal Herria independiente que englobe a las tres provincias vascas, el País Vasco francés y la Comunidad Foral es la gran ambición de los herederos ideológicos de Sabino Arana hasta nuestros días. Da igual que sea una realidad política imaginaria sin base histórica alguna. Porque el nacionalismo, como decía Eric Hobsbawm, se nutre de la invención de la tradición y retuerce a su gusto el pasado con fines nada inocuos para el presente y el futuro.

Desde la recuperación de la democracia en nuestro país, el Viejo Reino ha mantenido su fuerte y singular identidad navarrista, muy distinta en todos los sentidos de la vasquista. Y la mayor parte de la población se siente tan navarra como española, ajena a los problemas identitarios que muchos azuzan por ejemplo en el País Vasco o Cataluña. Sin embargo, la llegada tanto a la presidencia de la Comunidad Foral como al Ayuntamiento de Pamplona de formaciones como Geroa Bai y Bildu, secundadas incomprensiblemente por las marcas locales de Podemos o IU, ha dado alas al nacionalismo para impulsar el delirio de la vasquización navarra.

Como hoy publicamos, desde las instituciones de la región se está acometiendo un auténtico plan de ingeniería lingüística para avanzar en la pretendida fusión con Euskadi. Un objetivo éste que siempre ha sido prioritario para ETA y que hoy sus sucesores políticos impulsan desde las instituciones. Y aunque no se puede pasar por alto que la propia Constitución española contempla la posibilidad de que el País Vasco y Navarra se unieran, si así lo decidiera la mayoría de sus habitantes en referéndum, en estas cuatro décadas a nadie sensato se le ha ocurrido plantearlo ya que se trata de un plan muy alejado de los deseos de los navarros. Por ello, el nacionalismo, por la vía de los hechos, está imponiendo como oficial el euskera en las zonas no vascófanas, así como los símbolos foráneos vascos, incluida la ikurriña, en detrimento de los españoles o de los propios navarros, para hacer que vayan calando como lluvia fina y manipular así la identidad autóctona, sin prisa, pero sin pausa.

Para el nacionalismo, la lengua singular nunca es un factor de enriquecimiento cultural, sino un rasgo excluyente, mucho más importante en nuestros días que el étnico. De ahí que el Gobierno de Uxue Barkos esté aprobando leyes que son un despropósito para imponer con calzador el euskera. Tanto para trabajar en la Administración como para las empresas que opten a contratos, esta lengua se convierte en un requisito clave que discriminará a quienes se manejen en español, idioma habitual del 93% de los navarros. Sin un contrapeso político fuerte que planteé una dialéctica identitaria equilibrada, Navarra podría convertirse en poco tiempo en otro grave problema para esta España invertebrada que los nacionalistas desean derribar.

Rajoy, desvergüenza total
Joaquim Coll Cronica Global 2 Mayo 2018

Que Mariano Rajoy mercadee con los nacionalistas vascos un asunto tan trascendente como las pensiones, que representa el 10% del PIB y absorbe el 40% del Presupuesto del Estado, da muestra de su cortoplacismo y desvergüenza en hacer ahora lo que antes decía tajantemente que era “engañar a la gente”. Además, es un escarnio que una formación egoísta como el PNV, que arrancó el año pasado al ministro Cristóbal Montoro el mayor cuponazo de la historia para el próximo quinquenio, se apunte el tanto de la revalorización de las pensiones. Íñigo Urkullu? quería dar respuesta a las demandas de los pensionistas en Euskadi, comunidad donde se han registrado las movilizaciones de jubilados más numerosas y constantes desde que empezaron las protestas por la raquítica subida del 0,25%. Pero no puede hacerlo porque no tiene la transferencia de la Seguridad Social. Y no puede aunque la generosa economía foral se lo permitiría, de la misma forma que puede proveer a sus ciudadanos de prestaciones sociales inexistentes en el resto de comunidades autónomas, a excepción de Navarra. Es el resultado de un modelo insolidario, único en Europa, que rompe el principio de igualdad y la solidaridad y que, por tanto, genera una agravio comparativo profundamente dañino en España.

Dicho esto, alguien se preguntará, ¿acaso está mal que suban las pensiones conforme al IPC aunque eso se lo debamos al cambalache con el PNV? No, evidentemente. Lo que hace Rajoy es aplazar dos años un problema gravísimo, con el único objetivo de ganar tiempo para acabar la legislatura y dar tiempo a que el PP remonte unas expectativas electorales que ahora mismo son muy negativas. Sorprende, además, que tan rápidamente se haya encontrado un parche a través del impuesto a las grandes empresas tecnológicas (la tasa Google) cuando otros tributos, como el impuesto a la banca que propuso hace unas semanas el PSOE, fue despachado con desdén y burla. Que la economía digital tiene que pagar más impuestos, nadie lo discute, pero la sostenibilidad de las pensiones no puede afrontarse en una negociación presupuestaria de cinco minutos con un partido minoritario, enterrando el Pacto de Toledo. Las pensiones son una política de Estado, en realidad la única que queda; supuso el año pasado 140.000 millones de euros y afecta ahora mismo a 8.715.347 de pensionistas, un millón más que hace diez años, y creciendo cada mes.

La subida adicional de todas las pensiones costará, entre este año y el próximo, 3.300 millones de euros, a lo que hay que añadir los 15.000 millones anuales del déficit de la Seguridad Social, un agujero que hasta ahora se había ido cubriendo con el Fondo de Reserva, construido en el 2000 y que en 2011 alcanzó los 66.800 millones. Pero en 7 años, Rajoy lo ha dejado seco, sin atreverse a emprender ninguna reforma estructural en los gastos. El discutible factor de sostenibilidad ha sido aplazado hasta el 2023 para sorpresa de la Comisión Europea. En cuanto a los ingresos, en el escenario más optimista, Montoro calcula que el nuevo impuesto a las tecnológicas recaudará 2.100 millones, según se recoge en el Programa de Estabilidad 2018-2021 presentado en Bruselas. Sobre el papel ese desfase se cubrirá con otras fuentes, como los ingresos por la licitación de autopistas rescatadas, menor pago de intereses por la deuda y menor gasto en desempleo por la mejora de la ocupación. Ya veremos.

Lo esencial, políticamente, es que Rajoy va a salvar los presupuestos de 2018, lo que le permitirá situar las elecciones generales a mediados de 2020. Pero es a cambio de mercadear con un asunto tan capital como las pensiones, que necesita de un pacto de Estado entre los grandes partidos, como mínimo con el PSOE y Ciudadanos. Urge un nuevo modelo fiscal, mucho más progresivo, si queremos financiar las pensiones a largo plazo, sin caer en populismos ni conformarnos con parches. Recaudar más y mejor también es importante para poder hacer inversiones en educación e innovación y ciencia, si queremos que los Presupuestos Generales del Estado sirvan para algo más que para pagar a las clases pasivas, a pensionistas y funcionarios. Pero el Gobierno Rajoy carece de esa ambición.

Cataluña
Las irregularidades de TV3 son denunciadas ante la Unión Europea
Insultos, reportajes de parte, tertulias desequilibradas... lo que se ve en la televisión pública de la Generalitat
Daniel Tercero. BARCELONA ABC 2 Mayo 2018

En la queja presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por el abogado gerundense, Sergio Santamaría, se detalla una serie de «irregularidades», que se han ido produciendo en los últimos años. Así, el 10 de abril de 2016 se lleva a cabo «en directo» la quema de un ejemplar de la Constitución en el programa matinal de información «Els Matins».

Además, el presentador de «El Foraster», Quim Masferrer, «se refirió a los españoles como “una panda de mangantes sarnosos y cabrones de mierda”». Y, en ocasiones, los insultos («fascistas», «antidemócratas», «quintacolumnistas»...) contra los constitucionalistas «han sido amparados, bajo la máxima de una supuesta libertad de expresión». Otro caso citado es el de la presentadora de «FAQS», Laura Rosel, que apareció en su programa con una camiseta con la figura de Carles Puigdemont.

En la denuncia también se hace referencia a varios reportajes que defienden la secesión de Cataluña, para recordar que en TV3 no se ha emitido ninguno en sentido contrario: «Adiós, España», «Hola, Europa» y «1-O». Sobre las tertulias, el informe indica que «la falta de pluralidad» es total, tanto en TV3 como en el canal 3/24.

Asimismo, Santamaría recuerda que los medios de la CCMA estuvieron emitiendo los anuncios institucionales del referéndum del 1 de octubre (fomentando la participación), pese a que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido su celebración. Una «muestra clara» de que la CCMA está «al servicio del gobierno de turno», que contó con el apoyo del CAC, y ambos «desoyeron» al TC.

También importante es el caso del director de TV3, Vicent Sanchis, aparece en la queja como una clara injerencia política en la estructura de los medios de comunicación públicos. Sanchis llegó al cargo tras la dimisión de su antecesor, quien tuvo que escuchar 48 horas antes una crítica parlamentaria del portavoz del gobierno catalán, por la cobertura del caso Palau. El Parlamento de Cataluña reprobó a Sanchis, al poco de ser nombrado director de TV3, y los trabajadores de la televisión señalaron que su designación «no era una buena señal para la independencia profesional, la pluralidad y la apertura de la CCMA a toda la soeciedad».

Catalunya Ràdio
Mònica Terribas está al frente del programa matinal en Catalunya Ràdio desde 2013. En el informe ante, aparecen algunas de sus intervenciones. Por ejemplo, en las elecciones de 2015 «emitió juicios de valor y posicionamientos personales en cuestiones políticas»; y en 2017 «delató movimientos policiales» en una operación judicial y fue sancionada por la Junta Electoral por su «tono partidista y electoralista».

TV3, una «tele» de ANC y Òmnium
La «falta de neutralidad» de los medios de la CCMA también se refleja en «el trato» que estos dispensan a las entidades cívicas políticas. En 2016, TV3 y Catalunya Ràdio realizaron una entrevista a miembros de Societat Civil Catalana (SCC), mientras que a la ANC y Òmnium se les entrevistó en 51 ocasiones. En los informativos, cuatro intervenciones para SCC; 175 para la ANC y Òmnium.

El CAC, al servicio del secesionismo
Pese a las quejas que el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) -organismo que debe fiscalizar a la CCMA- ha recibido sobre las posibles mala praxis periodísticas, el voto de calidad de su presidente, Roger Loppacher («miembro» del partido del gobierno catalán), evita que se advierta a los medios de la CCMA y sus presentadores o directores de programas emitidos.

Lo que pasará en Cataluña
José García Domínguez  Libertad Digital 2 Mayo 2018

Aquella gran lección que nos impartió Suárez, la de que la división del nacionalismo catalán siempre redunda en beneficio de España, la ha olvidado ahora Rajoy.

Mariano Rajoy, el responsable único de que dentro de veinte días vayamos a tener un nuevo Gobierno separatista en la Generalitat, es la prueba viviente de que el conocimiento de la Historia no sirve para nada. Hace ya, ¡ay!, cuarenta años, cuando un ambicioso falangista de Ávila recibió el encargo real de demoler el apolillado andamiaje institucional de la dictadura, la cosa salió razonablemente bien porque Suárez, por lo demás un perfecto ignorante de todo cuanto tuviese que ver con Cataluña (en su primera entrevista en la prensa sobre la cuestión declaró no creer posible que se pudieran enseñar matemáticas usando la lengua vernácula), tuvo, sin embargo, la clarividente lucidez de enfrenar entre sí a los catalanistas. Aquello fue determinante. Porque no sabemos cómo hubiera acabado su delicadísima operación de cirugía, la de desmantelar desde dentro un régimen cuya cúpula rectora toda había estado implicada de forma personal en una carnicería sangrienta cuyas cuentas pendientes de saldar aún no se habían olvidado, si el catalanismo, ese cáncer crónico que arrostra España, hubiese actuado como siempre suele. Como ahora mismo, sin ir más lejos.

Suárez, hombre de formación intelectual somera pero dotado con la intuición natural propia de los estadistas, acertó desde el principio al enfrentar a Tarradellas, una vieja gloria ornamental que guardaba las esencias simbólicas de la legitimidad mítica en el exilio, con, sobre todo, Pujol. Propiciado con habilidad maquiavélica desde la Moncloa, el choque frontal de aquellas dos ambiciones desmedidas, la del viejo que no se quería ir y la del caudillo emergente y en la plenitud de la vida que pugnaba por llegar, acaso salvó a España de volver a repetir por enésima vez un tránsito traumático y violento entre órdenes políticos contrapuestos. Sin duda improvisada sobre la marcha, aquella gran lección que entonces nos impartieron los franquistas inteligentes encargados de enterrar el franquismo, la de que la división interna del nacionalismo catalán siempre redunda en beneficio de la estabilidad de España, la ha olvidado ahora Rajoy. Y es que, salvadas las distancias, hoy sería posible repetir una operación similar apelando a las pequeñas miserias narcisistas de ese otro par de egos desmedidos, los del Payés Errante y Junqueras.

Pero con su torpeza infinita, Rajoy lo ha impedido tras abstenerse de recurrir ante el Constitucional la delegación del voto de Puigdemont (y de Comín) aprobada por la Mesa del Parlament. Un recurso del Gobierno hubiese supuesto la suspensión automática de esa decisión. Algo que habría dejado en minoría a Junts per Catalunya (sin los votos válidos de Puigdemont y Comín y contando con la decisión de abstenerse de la CUP, se quedarían en 64 escaños, frente a los 65 que suman todos los demás grupos). No habría, pues, Gobierno separatista posible. Pero Rajoy se ha empeñado en que sí lo haya. Y para eso ha propiciado de modo tácito la entente de última hora entre ERC y los karlistas de la lista del Payés. Suárez los dividió para vencer y Rajoy los une para ir tirando una temporadita. Una temporadita que ni siquiera llegará a un año. Porque ese Gobierno separatista que Rajoy se ha empeñado en alumbrar tiene ya fecha de caducidad: el 6 de junio de 2019. Ese día se celebrarán en España tres elecciones simultáneas (las municipales, las europeas y las autonómicas en doce comunidades). Y los cabecillas del golpe de octubre, nadie lo dude, pretenderán presentarse a las europeas a fin de eludir la cárcel y, de paso, hacer todo el ruido posible fuera de España. Por tanto, se antojará imprescindible que la sentencia llamada a condenarlos –e inhabilitarlos– se emita antes de ese muy preciso día. Instante procesal en el que, tampoco nadie lo dude, los que ahora van a tomar posesión de la Generalitat en nombre de los jefes del golpe procederán a disolver otra vez el Parlament como signo de protesta frente al autoritarisme de l´Estat. La preceptiva antesala agitativa previa a la convocatoria de otros comicios plebiscitarios. Y vuelta a empezar.

CC.OO. Y UGT, grieta añadida a la línea de fractura separatista
José Javaloyes Republica 2 Mayo 2018

La suma algebrica de significados rupturistas aportada por uno y otro sindicato, al adherirse a manifestaciones del separatismo catalanista, aporta gravedad incuestionable al proceso de disidencias territoriales que, desde Cataluña, se proyecta sobre sus entornos mediante intencionadas paráfrasis, nutridas de largo por los aberrantes errores interpretativos de Bofarull, improvisado husmeador por los Archivos de la Corona de Aragón, al toparse con el Llibre dels Repartiments, sobre la Conquista del Reino de Valencia, del Rey Jaime I. Fallos interpretativos de gran calado del referido indocumentado, que están en la base de los disparates que han cimentado la fantasía que sostiene la murga de los “países catalanes”.

Pero esto puede ser lo de menos a los efectos de la grave frivolidad, en que se reiteran las dos centrales obreras de la que fue izquierda en España. Hasta dónde el catalanismo separatista infiltrado en UGT ha sido el motor de esta deriva reiterada del sindicalismo socialista en las dinámicas contra la unidad nacional, es cosa que compromete muy severamente al muy confuso Sánchez, émulo de las confusiones y dislates del impulsor de la Ley de la Memoria Histórica.


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