AGLI Recortes de Prensa   Lunes 7  Mayo 2018

Desbarajuste presupuestario y deuda real
Roberto Centeno elconfidencial 7 Mayo 2018

A la capacidad destructiva de Mariano Rajoy sobre la unidad de España y sobre la democracia, se une ahora el insensato y brusco abandono de cualquier atisbo de control del gasto, que acabará destruyendo la viabilidad de las pensiones futuras y la credibilidad de los inversores internacionales.

Y esto sucede justo cuando el BCE sopesa finalizar su política monetaria expansiva y elevar los tipos de interés justo a continuación, algo que cuando suceda hará imposible conseguir los mas de 200.000 millones de euros anuales que necesitamos para refinanciar la deuda y cubrir los nuevos déficits, así como para dar continuidad a un crecimiento atípico que necesita el doble de deuda que la riqueza que crea.

Y como las desgracias nunca vienen solas, acaba de conocerse el nuevo presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, que perjudica gravemente a nuestro país. Las ayudas agrícolas se reducen en un 5% y los fondos regionales y de cohesión de los que dependen las regiones españolas mas pobres, en un 7%. Pero como España pinta menos que nada, la reducción para nosotros será seguro superior a la media, porque países como Francia o Polonia saldrán mucho mejor librados 'as usual'.

Ante esto, el grupo de economistas y profesores independientes que hemos venido denunciando la falsificación sistemática de la contabilidad nacional, demostrando mas allá de toda duda razonable que el PIB real es hoy un 16% inferior al oficial, hemos cuantificado por escrito las consecuencias del nuevo festival de gasto a la Comisión, el BCE y a los ministros económicos de los ocho países que exigen el cumplimiento estricto de los objetivos de déficit. Y aunque Bruselas lleva años mirando para otro lado, la reacción de los ministros económicos firmantes del manifiesto puede ser otra historia. Y en cuanto al BCE, no podrá exigir ante ningún tribunal la devolución de los préstamos insensatos, ofrecidos sin condicionalidad alguna, realizados desde que en 2016 se le demostró que España era insolvente.

Albert Rivera, que podría evitarlo no apoyando los irrealizables PGE de 2018 y el dislate de cuentas públicas exigido por el PNV, no lo hará. Rivera dará a Rajoy dos años más de gobierno. Una locura suicida, porque el daño que va a infligir a la unidad de la nación, a la convivencia y al futuro económico puede ser irreparable. Rivera ampara la nueva traición de Rajoy en su pacto secreto con Urkullu, que 'viola' de nuevo impunemente todo orden constitucional.

El año pasado, consiguieron reducir su irrisorio cupo en 1.400 millones, más 3.380 millones para la alta velocidad, dinero más que suficiente para mantener el poder de compra de las pensiones. Este año, además, han conseguido que Rajoy aumente la inversión en un 32% cuando les corresponde solo el 6%.

Y así las cosas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mintió primero en el déficit de 2017, que no es del 3,07% sino al menos del 3,75% —no contabilizó como déficit 6.834 millones que sacó del Fondo de las Pensiones y retrasó ilegalmente la devolución de las declaraciones negativas de 400.000 contribuyentes, y eso sin contar las trampas y trucos habituales—, y después en la cifra de recaudación de 2017, que fue 4.000 millones inferior, según la Agencia Tributaria. Y sobre estas mentiras se han elaborado unos PGE 2018 que son un auténtico festival de gasto: subidas salariales a los empleados públicos cuyos sueldos medios son un 55% superiores a los del sector privado, rescate de autopistas y recorte cero del despilfarro político. El déficit del 2,2% es pura ciencia ficción, y en contra de lo pactado con Cs —a quienes toman con toda razón por imbéciles—, van a realizar una subida brutal de impuestos sobre la clase trabajadora y la clase media.

Pero si los PGE no había por dónde cogerlos, el pacto con el PNV representa el desbarajuste presupuestario total. Solo el gasto adicional de actualizar las pensiones con el IPC elevará el déficit de la Seguridad Social este año a unos 21.660 millones de euros —financiados con 15.160 millones de deuda ya previstos y con 6.500 millones del Fondo de Reserva, que se verá reducido a menos de 2.000 millones— y cantidades superiores en años siguientes. La no aplicación de la Ley de Sostenibilidad, que afecta a 350.000 nuevos pensionistas al año, supondrá déficits adicionales de 1.500 millones en 2019, 3.000 en 2020, 4.500 en 2021, y así sucesivamente. Después de mí, el diluvio: ese es el pensamiento del presidente del Gobierno.

Ante esta explosión del gasto que mantendrá el déficit de las AAPP por encima del 3% hasta que Bruselas o los mercados digan basta, la correcta valoración de la burbuja de deuda es vital. El pasado lunes, Juan Ramón Rallo, que se posiciona abiertamente como el globalista George Soros a favor de la destrucción de España, realizó en este periódico un cálculo delirante de la deuda, tachando de “conspiranoicos” a los que sabemos sumar y restar de forma independiente. Pero para probar la falsedad de su cálculo, nada mejor que reproducir lo que le responde el economista del Banco de España, el Sr. Navascués:

"JM Rallo ofrece un artículo hoy en defensa del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) de Bruselas, que permite reducir la deuda pública española de 137% a 98% de PIB por una serie de artimañas, unas más serias que otras. No estoy de acuerdo con Rallo (…) de ninguna manera es admisible la consolidación de deuda entre administraciones, cuando el único agente con capacidad de pagar es el Estado central. Tener un pasivo frente a los mercados consolidado por un activo de igual cuantía frente a, por ejemplo, la comunidad catalana, es una ficción, porque ese activo del Estado vale cero, mientras que su deuda emitida y que habrá de devolver vale su valor nominal.

Ya he explicado varias veces que esto es como si un padre de familia le dice a su hijo: Fulanito, te voy a dar tu paga mensual pero la voy a contabilizar como deuda tuya a mí, aunque nunca me la pagues, pero así la consolido y la deuda familiar es cero. Y luego Rallo reconoce que los créditos comerciales, como anticipos, pagarés, garantías y deuda de las empresas públicas [Rallo, esto se te ha olvidado] sí que deberían contabilizarse como deuda. Por lo que la deuda total ajustada resulta al final posiblemente incluso por encima del 137% de PIB”.

¿Quién es el conspiranoico, don Rallo? ¿Es que no sabe don Rallo que España declara un déficit superior al 3% precisamente para no declarar una serie de pasivos, a lo que se vería obligado si no estuviera bajo la calificación de protocolo de déficit excesivo?

En resumen, la deuda total de las AAPP es del 137% del PIB oficial, pero del 163% del PIB real, algo que arruinará la vida de las generaciones futuras, que por primera vez en siglos viven ya peor que sus padres, durante al menos 50 años.

Este será el gran legado del nefasto Régimen del 78, que nos robó la democracia y nos impuso una oligarquía de partidos sin separación de poderes y una estructura de Estado única en el mundo, imposible de financiar e intrínsecamente insolidaria, ineficaz y corrupta. Durante 40 años nos ha hecho crecer por debajo de nuestro potencial, haciéndonos retroceder 12 puntos respecto a las economías centrales de Europa, nos ha convertido en el segundo país con mas paro de la UE y maillot amarillo en desigualdad del reparto de la renta y la riqueza.

Pérdida de tiempo.
Vicente A. C. M Periodista Digital 7 Mayo 2018

LA DESESPERANTE LENTITUD EN LA RESPUESTA DEL GOBIERNO EN EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA.

No podrán decir que no estaba avisado. Este pasado viernes el Parlamento de Cataluña aprobó la propuesta de JxCAT de la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalidad y Gobierno, en la que se contempla la inclusión de las vías telemáticas para una investidura del Presidente de la Generalidad, así como la existencia de órganos colegiados fuera de territorio nacional con capacidad ejecutiva y también por vías telemáticas. Una propuesta que no contaba, como en tantas otras donde se vulneraban de forma flagrante leyes y Estatuto de autonomía, con el voto favorable de los servicios jurídicos y el Consejo de garantías estatutarias. ¿Y qué hizo el Gobierno? Decir que “ya se ha pedido el informe preceptivo al Consejo de Estado y espera que en breve tengan una resolución para poder acudir a TC”. Al parecer el Consejo de Estado se reunirá este próximo lunes, el mismo día en que el Diario oficial habrá publicado la reforma y entrará en vigor. El dictamen del Consejo de Estado se recibirá, como pronto, el martes y será el miércoles cuando el Gobierno pueda presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional que debería aceptar su tramitación con toda urgencia para que la reforma quedase suspendida.

Lo malo es que el mismo lunes, ya oficializada la reforma, es seguro que Roger Torrent convoque un nuevo pleno para el 9 y 10 de mayo de investidura a la Presidencia de la Generalidad de Carles Puigdemont, que recordemos ya tiene el voto delegado aprobado y que los independentistas disponen de mayoría absoluta contando además con el voto favorable de la CUP. Una candidatura avalada ya desde enero y que solo fue suspendida tras la renuncia “provisional” de Carles Puigdemont, que ahora vuelve a proponer su candidatura. De hecho, en la primera sesión del próximo miércoles podría ser investido, ya que los tiempos de intervención se pueden reducir al mínimo al sustraer lo que sería un debate normal con discurso programático, turnos de intervención y de réplica de los grupos parlamentarios, etc.

El Gobierno de España ha dilatado sin ninguna necesidad el proceso, ya que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero sí recomendable para tener un aval adicional. Pero ese tiempo perdido puede resultar crucial a la hora de que se deba enfrentar a hechos consumados como es suspender al recién investido Presidente de la Generalidad. Un nuevo cese forzado tan solo por no haber agilizado esos trámites. Y es entonces cuando me viene la duda. Porque el Ministro portavoz Méndez de Vigo a la hora de comparecer tras el Consejo de Ministros, hizo ese anuncio de “inicio de trámites” y no el de inmediato registro del recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional sobre una resolución que, desoyendo las advertencias de ese mismo Tribunal, había sido tramitada para debate por la mayoría independentista de la Mesa del Parlamento, que habría incurrido en desobediencia, y por celebrarse el debate posterior con la aprobación final.

Esta demora en la respuesta me inclina a pensar que, o bien el Gobierno de España vuelve a caer en la absoluta incapacidad e incompetencia por falta de previsión y agilidad en la respuesta al desafío independentista, -cosa que dudo ya que según fuentes se afirmaba que el recurso ya estaba preparado-, o bien su intención es dejar hacer y buscar otro choque de trenes entre legalidades, la del Parlamento de la Generalidad y la de un Presidente de la Generalidad investido a distancia que estaría desde ese momento protegido por la inmunidad parlamentaria y podría exigir su regreso a Espala para tomar posesión y formar Gobierno o peor, no volver y designarlo desde su refugio por vía telemática.

La verdad es que los antecedentes de los pasos dados por este Gobierno de España me inclinan a mostrarme pesimista. Creo sinceramente que, una vez más, el Gobierno actúa de forma totalmente inapropiada para la gravedad de la situación. Se trata de una reincidencia en el golpe de Estado, protagonizada por los mismos actores donde destaca el fugitivo de la justicia, Carles Puigdemont, que sigue campando a sus anchas por media Europa para escarnio, vergüenza y desprestigio de España y de su democracia. Porque ya es un bochorno mayúsculo el pitorreo de justicias como la belga, la escocesa o la de un Tribunal regional alemán, en el tratamiento de la euroorden de detención y entrega de fugitivos de la justicia española, una petición que proviene nada menos que del Tribunal Supremo de España.

Y es que estamos asumiendo como normal lo que no lo es en absoluto. La burocracia extrema y su pasmosa lentitud no puede ser un impedimento para que se tomen decisiones ágiles y eficaces para detener lo que es la reedición del golpe de Estado dado por los independentistas en la Comunidad autónoma de Cataluña. Esta decisión debería ser seguida de la disolución inmediata del Parlamento de Cataluña, la ilegalización de los partidos golpistas y de las asociaciones civiles que, como la ANC, propugnan la desobediencia y la proclamación unilateral de independencia en forma de República. Mariano Rajoy ha demostrado no tener capacidad de respuesta y actuar con extrema prudencia y exquisita prevención que podría ser fácilmente confundida con extrema cobardía a la hora de adoptar decisiones rotundas a la altura del desafío secesionista.

Carles Puigdemont no puede llegar a ser investido siendo un prófugo de la Justicia. Permitirlo es una aberración legal y una traición a España y a la democracia. Y más en las condiciones en las que puede producirse esa investidura. Esta farsa se debe impedir antes de que llegue a producirse, pero el tiempo apremia y no podemos fiarlo al procedimiento normal. EL registro de entrada del Tribunal Constitucional tiene unos días hábiles de lunes a viernes y un horario de 9:00 h a 15:00 h. Eso deja poco margen para que pudiera llegarse a tiempo de que el dictamen de admisión a trámite se produzca antes de que se consume la conjura independentista. Y es que ya se podía prever, al menos yo ya lo expresé hace tan solo unos días, el que Carles Puigdemont intentaría llegar hasta el final su apuesta por ser investido de forma legal ahora o tras unas nuevas elecciones. Y ha sido la primera opción la que el Parlamento de Cataluña ha facilitado gracias a su mayoría independentista. Algo que debemos agradecer a Mariano Rajoy y su precipitación al convocar unas elecciones autonómicas fiándolo todo a una respuesta social que, aunque se produjo en mayoría de votos, no logró el objetivo de conceder mayoría de escaños a los partidos no independentistas. Un estrepitoso fracaso por exceso de optimismo.

El tiempo vuelve a ser esencial y determinante. El Gobierno de España vuelve a provocar, con su excesivo celo garantista y procedimental, un avance importante en los objetivos independentistas que puede poner en serios problemas al Estado de Derecho y una reacción no precisamente pacífica del independentismo si finalmente se produce el regreso de Puigdemont y su detención como Presidente de la Generalidad.

Hubiera bastado con haber presentado de forma inmediata el mismo viernes antes de las 15:00h el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y no perder un valioso tiempo en cuestiones meramente formales de trámite. Al no haberlo hecho el riesgo es que el independentismo logre el objetivo que pretendía de restitución en la Presidencia al fugitivo Carles Puigdemont.

Esperemos que esta aberrante situación se pueda reconducir y finalmente no se tenga que enfrentar a otro escenario mucho peor.

¡Que pasen un buen día!

La oferta de empleo público se dispara: 20.000 funcionarios más en solo un año
Las Comunidades Autónomas tienen 43.000 empleados más que en enero del año 2007.
Patricia Malagón Libertad Digital 7 Mayo 2018

Desde el verano pasado, el Gobierno ha anunciado con bastante euforia que este año será el de "mayor oferta de empleo público de la democracia". Aunque, finalmente, no va a ser así, sí que es cierto que en 2018 se va a incrementar, cuantiosamente, el número de funcionarios de la Administración Pública.

La cifra exacta se desconoce por el momento, pero las estimaciones indican que probablemente se superen las 20.613 plazas que se convocaron en 2009, si bien no se llegarán a rebasar las 38.000 ofertas de 2008. A partir de 2010, el número de oposiciones fue reduciéndose, pero, a medida que la recuperación económica aumenta, lo hace también el empleo público.

En todas las comunidades autónomas en las que se cumpla con la estabilidad presupuestaria, se podrá hacer una reposición del 100% en todos los servicios públicos, incluso se podrá llegar al 115% de reposición tanto en la Administración, como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para fomentar entre los jóvenes el empleo público se celebrará la Semana Abierta de la Administración entre el 7 y el 11 de mayo por toda España. El objetivo de estas jornadas será "difundir el valor de lo público y la transparencia". Varios opositores irán a las universidades españolas a explicar qué tienen que hacer para enfrentarse a una oposición y animar a los universitarios a presentarse a estos procesos de selección.
Más funcionarios que antes de la crisis

Tal y como se muestra en el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas -elaborado por el Ministerio de Hacienda- las Comunidades Autónomas tienen 43.000 empleados más que en enero del año 2007. Con respecto al año 2005, se observa un incremento de 113.000 empleados más en las administraciones regionales.

En total, entre 2009 y 2012, España tenía más de 2,5 millones de empleados públicos -contando trabajadores y funcionarios-. Tras los recortes de 2012, el número de efectivos se redujo, pero ha vuelto a entrar en una dinámica de crecimiento al calor de la recuperación económica.

Los jóvenes quieren ser funcionarios
En el último estudio realizado por el Círculo de Formación se refleja que uno de cada cuatro jóvenes quiere ser funcionario. Solo el 38% de los encuestados aseguraron que querían desarrollar su carrera profesional en una empresa privada. En cuanto a los universitarios, un tercio de ellos aspiran a convertirse en trabajadores de la Administración.

La encrucijada de los españoles
Pedro de Tena Libertad Digital 7 Mayo 2018

Aun cuando estemos sometidos a un implacable régimen de propaganda, que no de información, la mayoría de los españoles, quiero creer, ya sabemos lo suficiente para comprender que o salimos de este purgatorio a que nos ha conducido una perversa interpretación constitucional o vamos directos al infierno de una España rota, humillada y amoral. Sólo en esta última semana, hemos comprobado cómo la presunción de inocencia no existe; cómo un ministro puede cargar sin pruebas contra un juez; cómo "la calle", esto es, el espectáculo de una extrema izquierda con doble moral y sin escrúpulos, revienta las instituciones; cómo una alto cargo del PP era grabada sisando crema en un súper y cómo se conspiraba por su máster desde una universidad; cómo el criminal de guerra Ternera y su subordinado Otegui eran acogidos, rematando a sus víctimas; cómo se pide el acercamiento a sus familias de presos que han matado a miembros de otras familias; cómo en Cataluña crecen las agresiones y descalificaciones separatistas contra la mayoría; cómo en el caso ERE la Guardia Civil describe con detalle un robo organizado desde las instituciones gobernadas por el PSOE; cómo se suben o no las pensiones según el interés del partido en el Gobierno… En fin. Esto, la última semana.

Verdaderamente, estamos ante una de las grandes encrucijadas de la historia de España. En resumen, habría que decir que las componendas que dieron origen a la Constitución de 1978 no lo fueron para edificar una democracia moderna y decente. El resultado fue que los partidos políticos y sus correas de transmisión –algunos de los cuales eran sólo un puñado de sectarios sin experiencia alguna– se apoderaron de casi todo el aparato del Estado y sus dineros. De entre ellos, los partidos separatistas, una vez cebados, legalizados, privilegiados y preparados, organizaron con paciencia –que únicamente ETA no aceptó– el asalto final a España en que ahora estamos. Para hacer de los partidos el único poder con poder real hubo que triturar el Poder Judicial y descuajaringar el Poder Legislativo, con ayuda de los medios de comunicación permitidos –nunca se ha querido realmente la libertad de información y opinión–, el control ideológico de la educación y el destrozo de la más elemental moral social.

Las próximas elecciones no son, no pueden ser, unas elecciones más, en ninguna parte de España. Tanto las municipales como las autonómicas y las generales deberían ser el cauce democrático para que, de la ley a la ley, todo comience a cambiar para que nada permanezca igual. Pero ¿quién será el sujeto político que unifique en un proyecto regenerador a la que creo es la mayoría de una nación que asiste perpleja a su desmoralización y demolición controladas? Podemos afiliarnos al bucle melancólico de la queja sistemática, menguante y estéril, o pasar a la acción. Ahora bien, ¿cómo se pasa a la acción? ¿Qué acciones son necesarias? ¿Qué instrumentos civiles, políticos, económicos, sociales, intelectuales y morales necesitamos para desarrollar una estrategia de recuperación y regeneración nacionales en el marco de las democracias occidentales y su civilización? Liberales, conservadores, demócratas de otros mimbres y socialdemócratas deberíamos coincidir en esta búsqueda.

La verdad, en el horizonte no se ve nada, o bien poco. Ante el desmoronamiento de los dos grandes partidos habituales, los que podrían ponerse al frente –Ciudadanos, sí, que ya no hay otro con la estatura adecuada– no lo hacen y causan más inquietud que esperanza. De todos modos, deberíamos decirnos como el perro al hueso: "Tú eres duro, pero yo no tengo otra cosa más importante que hacer".

Bonig pide ayuda a Rajoy en su batalla en defensa de la libertad lingüística
Bonig eliminará el requisito lingüístico para la función pública. Rajoy arremete contra los “ayuntamientos del cambio a peor” de Madrid o Valencia.
P. Montesinos  Libertad Digital 7 Mayo 2018

Isabel Bonig volvió a pedir ayuda a Mariano Rajoy en su batalla contra la política lingüística del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Y el jefe del Ejecutivo recogió el testigo. Confirmó que el Gobierno está trabajando en un recurso contra la ley de Ximo Puig. "Queremos dialogar antes de recurrir, pero que nadie se lleve a engaño", dijo. Y se comprometió a defender la libertad en las escuelas.

El PP intentó sacar músculo político en uno de sus momentos más difíciles. Reunió a más de 1.300 simpatizantes en Alicante, de nuevo gobernado por un alcalde popular, Luis Barcala. El auditorio estaba lleno. "Siempre he defendido que el alcalde sea aquel que hayan votado más los vecinos, es una medida de calidad democrática", proclamó Rajoy. "Obedece a una regla sencilla: el que gana gobierna", incidió, obviando en todo momento los líos internos que noquean a su partido.

Bonig enarboló la bandera de la libertad dejando claro su mensaje de aquí a las elecciones de 2019. Llegó a pedir la dimisión de Puig por esquivar la ley en materia lingüística. "Haga el favor de cumplir la ley y las sentencias", exigió al presidente regional. Le tildó de "acomplejado" por preferir "catalanes de segunda a valencianos de primera". "El PP dice no, no y no", añadió, y cargó contra la "senda de catalanización" del Ejecutivo.

En este sentido, la líder de los populares valencianos hizo un anuncio de precampaña. Si es presidenta, eliminará el requisito lingüístico para la función pública. "Será un mérito y no una imposición", aseguró, provocando la ovación de los suyos. Y, una vez más, pidió directamente a Rajoy que no mire para otro lado. "Te pedimos otra vez ayuda, y sé que la vamos a tener para acabar con todo este entramado contra los padres y la libertad de educación de nuestros hijos", le trasladó.

Valencia no puede ser Cataluña
El presidente entró en la cuestión. Como en Baleares hace unas semanas, alertó de que la Comunidad Valenciana no puede seguir "el ejemplo de enfrentamiento" de Cataluña. Y vio "dudas muy fundadas sobre la constitucionalidad" de la ley de plurilingüismo de Puig, aunque antes de presentar el recurso hablará con él. "El Gobierno estará siempre con la ley" y "siempre con la libertad de los padres para elegir la lengua vehicular de sus hijos", insistió. "Así de claro", zanjó el presidente.

Rajoy atacó con dureza a los denominados gobiernos del cambio. Se refirió a las ciudades de Madrid, Valencia o Barcelona y resumió la gestión de sus consistorios: "Mala gestión, calles más sucias y el amiguismo adueñándose de la red de contrataciones". Arreciaron los aplausos. Habló de "coalición de despachos" y aseguró que, en vez de solucionar problemas, los crean. Ni una mención directa sobre Ciudadanos, partido al que tampoco mentó en Palma de Mallorca.

Como siempre que va a levante, el presidente sacó a colación el tema de agua y avisó de que el pacto de Estado del agua que se pretende alcanzar no puede "liquidar" los acuerdos previstos como el trasvase Tajo-Segura.

Bonig, Rajoy y Núñez
Nota del Editor 7 Mayo 2018

Es increíble la falta de dignidad de Rajoy. Y es increíble la candidez (o vaya Vd a saber qué) de Bonig al pedir al sujeto que ha traicionado a España y a los españoles, que tenga un poco de responsabilidad y permita que la ley se cumpla en toda España. Y si quiere política lingüística solo tiene que pedir ayuda a Núñez Feijóo que le recomendará que se fume todos los principios humanos y constitucionales de los español hablantes mediante la conjunción armónica de la lengua regional.

El opio rojo del profeta Karl
JORGE BUSTOS El Mundo 7 Mayo 2018

Una noble tradición liberal obliga a estudiar a Karl Marx con el singular afecto que se reserva a los hijos descarriados. Cumplieron con ella inteligencias tan poco marxistas como las de Schumpeter, Berlin y Aron, y leyéndolos uno aprende que a los verdaderos portavoces del liberalismo les guía siempre el respeto intelectual por el adversario formidable. A Marx hay que respetarlo porque nació hace dos siglos en Tréveris pero su criatura renace desde entonces bajo ropajes nuevos tras cada derrota, con la misma tozudez con que el capitalismo se reinventa un segundo después de que la última crisis persuada a sus ingenuos enemigos de que es la definitiva.

Llamamos marxismo a una profecía equivocada que sin embargo no pierde capacidad de sugestión entre las nuevas generaciones que vienen a estrenar el mundo, sin reparar en que el mundo llevaba ya encima muchas revoluciones antes de que Galileo se asomara al telescopio. Cada liberal aporta su etiología de la recurrente fascinación marxista. Aron fue el primero que advirtió en Marx una teología sustitutiva, una droga para intelectuales que relevaba el cristianismo tradicional, descartado como opio del pueblo pero saqueado conceptualmente por el materialismo histórico. Criado en una familia de judíos convertidos al protestantismo, Marx reelabora una promesa de felicidad más que una ideología, funda una religión laica más que un programa filosófico. A partir de él, los hombres podrán tenerse por seguros exponentes de la razón científica sin tener que privarse de su atávico anhelo de trascendencia. Encontrarán su iglesia peregrina en la clase obrera, sus clérigos en los intelectuales del partido, su demonio en el empresariado, su tentación en el desclasamiento burgués, su ascesis en la lucha de clases, su martirio en la represión, su paraíso en la perfecta sociedad igualitaria.

Poco importa que Marx errara sus tesis principales sobre el presente, el pasado y el futuro de las sociedades humanas. Se equivocó sobre el pasado, postulando la teoría de una "acumulación originaria" malversada por la explotación capitalista; una reformulación en jerga seudotécnica del antiguo mito de la edad dorada, que no resuelve ni desde cuándo ni por qué unos acumulan y otros no, puesto que niega al individuo toda capacidad meritocrática. Se equivocó sobre el presente, atribuyendo el motor de la historia al conflicto maniqueo por el control de los medios de producción, cuando lo cierto es que los agentes del progreso se decantaron pronto por los beneficios de la cooperación comercial en detrimento de los riesgos de la primitiva rapacidad. Y se equivocó sobre el futuro, porque el pronosticado colapso del capitalismo nunca es más que otro cambio de ciclo: el sistema reajustándose la hebilla del cinturón. Pero nadie pide cuentas a los anunciantes del apocalipsis cuando el apocalipsis se retrasa: siempre hay otra oportunidad. El marxismo es una religión y Marx es su profeta, y las religiones no sobreviven por su fidelidad a los hechos sino por la belleza del argumento. Tan bello que ciega a sus seguidores y los entrega a la misión de empujar la Historia y autocumplir la profecía, normalmente regando el mundo de sangre.

Hoy sabemos que la economía no es el móvil omnímodo que agota los pensamientos y los actos de los hombres, especie animal que no siempre identifica con claridad sus propios intereses e incluso toma decisiones que los contrarían. Pues el ser social influye, pero no determina la conciencia. Hoy sabemos, contra lo que afirmó Marx, que los obreros sí tienen patria, y que de hecho están dispuestos a defender antes su nación que su clase, como Stalin no tardó en darse cuenta. Hoy sabemos que si el marxismo condenaba a las clases modernas a la lucha, el neomarxismo posmoderno sustituye la igualdad por la identidad -de género, de lengua, de cultura- para alentar pugnas estériles entre emociones sordas que fragmentan la sociedad y anulan al ciudadano. El actual identitarismo constata el fracaso del materialismo dialéctico: los de abajo y los de arriba cooperaron para alumbrar la clase media, y las razas y los sexos cooperarán a despecho del mandato de destrucción que se les prescribe contra la instancia dominante. ¿Para qué combatirla si podemos integrarnos en ella? Hoy sabemos que la teoría de que el valor lo marca el trabajo solo se aguanta en la perfección de la teoría, porque la práctica del comercio es subjetiva y en ella la demanda fija el precio. Hoy sabemos que la lógica de la depauperación capitalista falla en cada subida de sueldo y en cada convenio de empresa, y falló a lo grande cuando el sistema se convenció de que la esclavitud ni siquiera era rentable, lo que aceleró su abolición. Hoy sabemos, en fin, lo que concluyó Wilson: que el marxismo es una bella teoría para la especie equivocada. Porque la nuestra despliega todas sus capacidades sobre la noción natural de propiedad y competencia, y reeducarla en la renuncia acaba comportando una cantidad verdaderamente engorrosa de cadáveres.

Leo a periodistas e intelectuales preocupados por el enanismo de las nuevas causas que dividen a la izquierda, desparramada entre quienes claman contra el especismo, los que recelan de las vacunas o los activistas del DNI de género fluido. Comprendo su desesperación en un mundo en que los proletarios no se unen ni para escoger filtro de Instagram, pero no es posible revertir la soberanía de la intimidad que instauró el 68, y en cualquier caso la solución para el XXI no puede consistir en un retorno al XIX. Mañana no te contratarán por lo que eres, como ayer en la sociedad industrial del proletariado, ni por lo que sientes, como hoy en la sociedad posindustrial del precariado, sino por lo que sabes hacer, como en la economía global del conocimiento que habitaremos. Pero sobre todo comprendo a los colegas de la izquierda clásica porque todo liberal comparte con ellos el radical antropocentrismo: la idea de que la política sirve para acortar los pasos que llevan a la emancipación material de todo ser humano. El liberalismo cree que tal empoderamiento o es individual o no es, mientras que el marxismo deposita toda su fe en el Estado; pero Marx acertó al priorizar la internacionalización, el materialismo o la ciencia. Los nuevos izquierdistas yerran en la medida en que se alejan de los aciertos del patriarca para quedarse únicamente con su método dialéctico de combate. El neomarxismo de un Laclau, por ejemplo, no es más que una estrategia de lucha por la hegemonía a través del antagonismo.

Fue Eduard Bernstein, el padre de la socialdemocracia alemana, quien atendió a los ecos liberales en Marx, lector atento de Adam Smith. Eran ciertos: el Manifiesto comunista incluye una entusiasta exposición de los logros del capitalismo y un tributo a la potencia revolucionaria de la burguesía, que "ha realizado maravillas muy superiores a las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas (...) y ha rescatado a una parte considerable de la población de la idiotez de la vida rural". Schumpeter extraerá de aquí su famoso postulado de la destrucción creativa, enemiga de la estabilidad y causa de tantos resentimientos, pues cuando uno cree tener la vida resuelta en analógico, aparece un Steve Jobs que impone el paradigma digital y manda a las masas al paro. Por eso, concluía el austriaco, el marxismo es reaccionario: un socialista genuinamente científico -y no el profeta Karl- habría descubierto que capitalismo y naturaleza son la misma cosa.

Bernstein es el gran hereje del marxismo. Cuando constató que la profecía del colapso era falsa porque la concentración monopolística de capital no se producía -al revés: cada vez había más capitalistas-, optó por la reforma en lugar de la revolución. Trató de salvar de sí mismo al Marx más incendiario, defendiendo que el materialismo dialéctico se podía ejercer desde un parlamento democrático, donde los legisladores luchan por satisfacer a las distintas clases de votantes. Para el justo Bernstein, a diferencia del inicuo Lenin, la toma del poder no era el fin sino el medio, y si el demoliberalismo estaba reportando derechos a los obreros, lo sensato era perseverar en la vía institucional. "No hay pensamiento liberal que no forme parte del equipaje teórico del socialismo, que debe aceptar que el hombre es responsable de sí mismo", anota Bernstein con audacia, al tiempo que alerta contra la "dictadura terrorista de los clubes revolucionarios". Temerario, acusa al barbudo mesías de violar la ciencia al servicio de la especulación. Quien violenta los hechos para sustentar su idea acaba concediendo permiso para que se violente a las personas. Bernstein pagaría su librepensamiento con la persecución, pero el bien estaba hecho. Su semilla murió en el gulag pero arraigó definitivamente en la posguerra y gobierna nuestros días pese a los agoreros del cataclismo, repicado desde la orilla neomarxista como desde la neoconservadora. Un mismo réquiem de nostálgicos que hemos dado en llamar populismo.

¿Qué será de Marx? Fue un Darwin invertido: profetizó que bajo el capitalismo el hombre volvería al mono, pero lo cierto es que va camino de ser dios, en los cálculos de Harari. La estrategia marxista, sin embargo, pervivirá como escuela de la sospecha, porque nada soporta tan bien una grata conspiranoia como el Ibex, el judaísmo o el Vaticano. Si el tarot goza de empecinada salud no hay razón para suponer que una superstición mucho más elaborada, que exculpa al hombre de toda responsabilidad en sus fracasos, vaya a dejar de recibir adeptos. La Gran Recesión lo ha reavivado, pero hoy el marxismo vive básicamente de parasitar el feminismo. También allí fracasará, y pronto, porque varones y mujeres se atraen aún más que trabajadores y empresarios. Y porque la única revolución duradera dicta que el verdadero sujeto transformador, querido lector, eres tú.


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Democracia y fortaleza
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  7 Mayo 2018

El nauseabundo comunicado de ETA leído por dos asesinos en serie, uno huido de la justicia española y la otra encarcelada en Francia, más allá de las cuestiones concretas suscitadas por su contenido, repleto de vomitivos eufemismos y de falacias venenosas, y en el que cualquier asomo de arrepentimiento está ausente, suscita una amplia reflexión sobre nuestra democracia y su fortaleza, es decir, su capacidad y su determinación para defenderse y a la vez defendernos a todos los que creemos en ella, nos cobijamos bajo su amparo y la sostenemos con nuestro acatamiento de las leyes y con nuestros impuestos, de enemigos feroces que pugnan por acabar con nuestras libertades, nuestra paz y nuestra prosperidad. En otras palabras, la tomadura de pelo que representa el llamado final de ETA -porque calificarlo de derrota son ganas de vivir en el autoengaño- es una excelente ocasión para preguntarnos si nuestro sistema legal, nuestro entramado institucional y la base conceptual que manejan nuestros políticos son los adecuados a la hora de enfrentarnos a amenazas del calibre del terrorismo islámico, el golpismo separatista o le vesania criminal de una organización que ha recurrido sistemáticamente durante medio siglo al secuestro, la intimidación, la bomba lapa, el coche repleto de explosivos y el tiro en la nuca para intentar imponernos sus demenciales postulados.

Este interrogante no es en absoluto gratuito si se examinan algunos hechos que forman parte de nuestro panorama cotidiano con mirada auténticamente crítica, o sea liberada de la anestesia de la costumbre para contemplar la realidad tal como es y no tal como nos la cuentan. No son pocos los etarras que, tras cumplir condenas de prisión equivalentes a un año por vida arrebatada, se pasean tranquilamente por el País Vasco, donde viven placenteramente y son objeto de los parabienes, homenajes y cálido afecto de centenares de miles de sus paisanos. Para exponerlo con la necesaria crudeza, monstruos que han lanzado un automóvil cargado de metralla hacia un patio de una casa cuartel en el que había niños jugando, hoy andan sueltos rodeados del público reconocimiento por sus hazañas. Diré más, ha habido períodos de nuestra historia reciente, en los que alguna de estas hienas con apariencia humana ha ocupado un escaño en una cámara autonómica, ha percibido un sueldo costeado por el conjunto de los españoles y se ha sentado en la Comisión de ¡Derechos Humanos! En semejante contexto, el espectáculo de un gelatinoso exlehendakari socialista proponiendo tras la disolución de ETA el acercamiento de presos de la banda a penitenciarias del País Vasco provoca arcadas.

Tras perpetrar un golpe de Estado preparado durante varios años en las narices del Gobierno, sufragado por el presupuesto de ese mismo Estado que se proponía volar y ampliamente jaleado por medios de comunicación públicos y privados generosamente subvencionados, los impulsores y protagonistas de la fechoría han vuelto a presentarse a las elecciones, desempeñan altas responsabilidades y siguen desafiando contumazmente a los tribunales y a las legítimas autoridades, cuyo deseo más ferviente es curiosamente que regresen a la “normalidad”, feliz situación que consistirá en que persistan en sus propósitos de liquidar la unidad nacional y de paso los derechos de sus conciudadanos, además de llevar al país a la ruina económica.

En estos momentos, la principal ocupación del Gobierno es ganarse el apoyo de un partido que ha practicado sin descanso la connivencia con ETA, con la que coincide en sus objetivos políticos de destruir el orden constitucional para transformar España en un despojo sin nombre ni futuro, y ello con el loable fin de prolongar su estancia en el poder durante a lo sumo dos años más, para lo cual está dispuesto a proporcionarle al PNV aún más instrumentos financieros, institucionales y administrativos que le faciliten su trabajo de demolición.

Estos llamativos ejemplos de masoquismo autodestructivo que admiten sin demasiado esfuerzo el calificativo de traición, no han surgido de pronto en tiempos recientes, sino que reflejan un problema de fondo que arranca desde la misma Transición. Unas élites políticas acomplejadas y carentes de fundamentos ideológicos y morales sólidos se plegaron al marco conceptual de los peores enemigos de la democracia y del Estado y apañaron una arquitectura institucional, simbólica y legal que no sólo no era apta, como se ha demostrado hasta la saciedad, para preservar los valores de la sociedad abierta frente a sus clásicos dinamitadores, el nacionalismo supremacista y excluyente, el terrorismo revolucionario y la subversión violenta, sino que les pusieron en bandeja todas las herramientas para realizar su labor de arrasamiento. El resultado lo contemplamos hoy: la sociedad catalana enferma de odio fanático y prisionera de las mentiras más letales y ETA riéndose de las víctimas, de la justicia y de los inanes burócratas que habitan en La Moncloa.

No sabemos quién tomará las riendas del Ejecutivo en 2020 ni qué mayoría parlamentaria lo sustentará, aunque el desastre que nos aflige es de tal magnitud y el fracaso del equipo de funcionarios ideológicamente deshuesados que ahora nos gobierna tan patente, que las encuestas apuntan crecientemente a un cambio sustancial. Lo que si sabemos es que si el nuevo Presidente del Gobierno y los que le acompañen no son conscientes de la urgente necesidad de un enfoque radicalmente distinto que se traduzca en reformas profundas de nuestro ordenamiento básico y de la manera de conducir los asuntos públicos, no habrá salvación.

Una democracia, precisamente por serlo, tiene el deber de ser fuerte y aplicar la máxima de que la firmeza es condición necesaria para garantizar la libertad y la igualdad. La pusilanimidad, la confusión en las ideas y la ausencia de principios desembocan inevitablemente, como la Historia ha dejado patente, en la descomposición y el caos, en el colectivismo anulador del individuo o en la férula totalitaria del cirujano de hierro. No es difícil imaginar el panorama que dibujaría un triunfo electoral de Arnaldo Otegi, Pablo Iglesias o Carles Puigdemont. El apaciguamiento del mal alimentando su voracidad le da siempre la victoria, el coraje para doblegarlo proporciona al menos la posibilidad de cortarle las garras.

‘Los nombres que no son’
Ricardo Ruiz de la Serna gaceta.es  7 Mayo 2018

Para comprender la España de nuestro tiempo, hay que volver a Orwelll y a la “neolengua” que con tanto acierto describió en “1984”. Sólo así puede uno acercarse al tenor del comunicado de ETA o a las palabras de tantos políticos, periodistas y personajes públicos que han hablado de “paz”, “reconciliación” y “convivencia”. Todo esto sugiere que en el País Vasco hubo un “conflicto” con dos bandos enfrentados y causándose mutuamente bajas en una “lucha armada”. Así de profunda y efectiva ha sido la penetración de la propaganda nacionalista -y ETA, no se olvide, es una organización inspirada en el nacionalismo revolucionario de la Guerra Fría- así de profunda, digo, ha sido la penetración de esa propaganda en el discurso público y el uso cotidiano de la lengua.

Por lo tanto, la lucha por la historia, la memoria y el lenguaje exigirá redoblar los esfuerzos para devolver a cada término su significado. ¡Qué acertada estuvo Pilar Ruiz Albisu cuando advirtió a Patxi López en 2005 sobre la manipulación del lenguaje y lo que vendría después! “Patxi, ahora veo que, efectivamente, has puesto en un lado de la balanza la vida y la dignidad, y en el otro el poder y el interés del partido, y que te has reunido con EHAK [Partido Comunista de las Tierras Vascas]. Ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos y dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. A tus pasos los llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado nuestros muertos!, Patxi. ¡Qué solos estamos los que no hemos cerrado los ojos!”. Así está sucediendo. En España, desde hace mucho tiempo, se habla de ETA “llamando a las cosas por los nombres que no son”. La ambigüedad a la hora de condenar el terrorismo, los llamamientos al “perdón” y a la “generosidad” y la equiparación de las reivindicaciones de los familiares de etarras con las de las víctimas de los terroristas son sólo algunos ejemplos de esta confusión de lenguaje que revela una confusión moral mucho más profunda.

En la tercera parte de “Los orígenes del Totalitarismo” (1951), Hannah Arendt ya señaló el uso de la propaganda y su posterior sustitución por el adoctrinamiento una vez el totalitarismo se ha hecho con el control absoluto: “desde el momento en que los movimientos totalitarios existen en un mundo que, en sí mismo, es no-totalitario, están obligados a recurrir a lo que solemos llamar propaganda”.

Por eso, debemos estar alerta ante lo que sucede allí donde la propaganda de los nacionalistas de distinto sesgo -sean los partidos conservadores sean la izquierda revolucionaria nacionalista de ETA, el Front d´Alliberament de Catalunya y Terra Lliure- ha logrado permear el sistema educativo, los medios de comunicación y las industrias culturales. Esa ideología nacionalista transmitida de forma persuasiva va jalonando el camino para la imposición de un orden totalitario cuyas características vamos reconociendo: la exclusión y silencio impuestos a los discrepantes, la hegemonía cultural nacionalista, las agresiones físicas, verbales y simbólicas y tantas otras cosas que revelan la excelente salud de la que goza la ideología de las organizaciones terroristas.

De hecho, los nacionalistas han logrado dar carta de naturaleza a esa distinción engañosa entre “violentos” y “no violentos” como si esa diferencia bastase para separar a los malos de los buenos, es decir, como si unos y otros no compartiesen los mismos objetivos.

De nuevo Hannah Arendt nos avisa: “Sin embargo, más característico de la propaganda totalitaria que la amenaza y los crímenes directos contra individuos es el uso de las insinuaciones indirectas, veladas y amenazantes contra todos aquellos que no atiendan sus enseñanzas”. Tras las acusaciones de “no querer la paz” o de “desear venganza”, hay un sesgo totalitario que debe llevarnos a reaccionar con decisión.

Así, ETA no debe escribir la historia de estos días ni reescribir el pasado que han sembrado con muerte y dolor por toda España. La preservación de la memoria exigirá una lucha pareja por la historia y la justicia. Quedan centenares de atentados por esclarecer. Quedan muchas complicidades por revelar. Quedan muchas mentiras por refutar. Por desgracia, la ideología inspiradora de ETA -esa que justifica el terrorismo y siembra el odio- sigue viva en nuestro tiempo.

Navarra, en alerta roja

ANA BELTRÁN VILLALBA El Mundo 7 Mayo 2018

Hace casi tres años, en el debate de investidura de Uxue Barkos como presidenta del Gobierno de la Comunidad Foral, alerté de que Navarra no quería un cambio de izquierda nacionalista radical, que era lo que se estaba produciendo en ese momento.

Alerté de la influencia de Bildu-Batasuna en el Gobierno, un partido que seguía -y sigue- sin condenar los atentados de ETA. Y alerté de la previsible subida de impuestos que el cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e IU) iba a imponer en Navarra.

Hoy, desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. Y con creces. El proceso de batasunización que está imperando en Navarra en estos momentos, una comunidad que no es abertzale, ni siquiera nacionalista, responde a la hoja de ruta que el nacionalismo vasco está ejerciendo en la Comunidad Foral, pisando el acelerador ahora que termina la legislatura, con el único objetivo de conseguir que Navarra sea una provincia más del País Vasco.

A través de tres ejes fundamentales: la lengua (el euskera), los símbolos (la ikurriña) y el territorio (la anexión a Euskadi), que es como todos los nacionalismos han intentado siempre conseguir sus propósitos.

Recientemente, la presidenta Barkos ha acudido a Madrid con el propósito de vender una Arcadia feliz, una Navarra idílica que sólo existe en su imaginación, pues la realidad, una vez cruzada la frontera, es otra. Los carteles que reciben al visitante hablan ya de Nafarroa, a pesar de que, aunque no todo el mundo es consciente de ello, el euskera no es una lengua oficial en toda Navarra. Y a pesar de que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades con lenguas cooficiales, en Navarra el euskera lo habla el 6,7% de la población. Pero para Uxue Barkos y sus socios de Gobierno, Navarra debe ser Nafarroa.

Explica también Barkos en Madrid que, cuando alertamos de que la derogación de la Ley de Símbolos se hizo para intentar colocar la ikurriña en los edificios oficiales, estamos engañando a la gente. Pero lo cierto es que, durante los cohetes de las fiestas de los pueblos, y más grave, durante el chupinazo de San Fermín, la ikurriña -bandera de otra comunidad- ondeó alegremente en las fachadas consistoriales, con total permisividad de sus alcaldes y del propio Gobierno de Navarra.

Afortunadamente, el Ejecutivo de España del Partido Popular, a través de la Delegación del Gobierno, interpuso recursos ante la colocación de esas banderas, y ahora los tribunales nos están dando la razón. La bandera de Euskadi no es legal en Navarra. Igual que la bandera de Navarra no sería legal en otras comunidades. Porque la única bandera que nos ampara y protege a todos los españoles, sea cual sea nuestra comunidad, es la de España. Esa que algunos, en Navarra, hoy en día todavía intentan esconder.

No es de extrañar que Uxue Barkos intente ocultar en Madrid lo que hace en Navarra. No es de extrañar que intente falsear la realidad de lo que día a día ocurre en la Comunidad Foral. Pero lo cierto es que gobierna arrodillada a los pies de Bildu, a quien jamás ha exigido que condene el terrorismo de ETA, y que es el partido que está buscando, desde el primer momento, la anexión de Navarra al País Vasco. Desde el primer pleno monográfico de la legislatura, sobre el "derecho a decidir", cuando de manera encubierta se aprobó poner en marcha los mecanismos para activar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Y es que el objetivo del nacionalismo es conseguir activarla para, como reconoció la propia Uxue Barkos, votar a favor de la anexión al País Vasco. O, lo que es lo mismo, votar a favor de la desaparición de Navarra como Comunidad Foral, diferenciada de Euskadi, y dentro de España.

Y no hay que olvidar que esto que persigue el nacionalismo vasco que hoy gobierna Navarra, junto con los títeres cómplices de Podemos e Izquierda Unida, es y ha sido el objetivo de ETA, es por lo que algunos han matado, y tantos cientos han sido asesinados.

ETA se ha disuelto. Gracias a la inestimable labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a quienes siempre estaremos agradecidos y a quienes, sin lugar a dudas, siempre querremos presentes en Navarra, aunque algunos les quieran echar; gracias al Estado de derecho, y gracias a la sociedad civil, esa que plantó cara a la banda terrorista sin más armas que manos blancas y lazos azules, y con un grito unánime: Basta ya.

ETA no ha conseguido su objetivo, Navarra sigue siendo Navarra, esa gran comunidad dentro de ese gran país que es España. Pero sus herederos naturales, Bildu-Batasuna, siguen sus objetivos desde las instituciones, y nuestra labor es desenmascararles, quitarles la capucha y las caretas, y plantarles cara, como día a día hacemos en el Parlamento navarro desde el Partido Popular.

Por eso, igual que comencé la legislatura alertando de lo que pretende hacer el nacionalismo vasco, sigo y seguiré haciéndolo, en Navarra, en Madrid y donde sea necesario. No voy a permitir que lobos con piel de cordero falseen la realidad. No voy a permitir que se humille a los navarros que no saben euskera, que son la inmensa mayoría, ni que se les discrimine. No voy a permitir que se coloque la ikurriña y se relegue la bandera de Navarra.

Mi objetivo es conseguir que todos seamos conscientes de que Navarra no puede permitirse cuatro años más de nacionalismo. Y de que España no puede permitirse cuatro años más de nacionalismo vasco en Navarra.

España no puede permitir la desaparición de Navarra. Lo que ETA no consiguió con las armas, no permitamos que sus herederos consigan en las instituciones. Aún estamos a tiempo.

Ana Beltrán Villalba es presidenta del Partido Popular de Navarra.

El PP asesino del español
Nota del Editor 7 Mayo 2018

Hay por ahí alguna persona despistada que piensa que el PP, o sea el Partido Podrido, tiene algún principio relacionado con la defensa de España. Pero si hubiera leído algo en estas páginas se habría dado cuenta de la imposibilidad de que el PP ejecute alguna medida orientada a defender España y a los español hablantes. Desde Fernández Albor, y siguiendo hasta Núñez Feijóo, en Galicia, el español y los español hablantes somos ciudadanos de cuarta clase.

En Navarra sabíamos que ocurriría lo mismo, se informó a Sanz (UPN-PP) del peligro de permitir cualquier pasito con el vascuence y así sigue la historia. Lamentablemente he de reconocer a Rajoy la tremenda labor que ha y está desarrollando para cumplir mis deseos para que el PP desaparezca, como consecuencia de su inutilidad en el mejor de los casos, en realidad de su permanente traición a España. El mismo reconocimiento a Zapatero y Sánchez.

Navarra y los caballos de Troya del nacionalismo vasco
EDITORIAL Libertad Digital 7 Mayo 2018

Navarra ha estado siempre en la mira del nacionalismo vasco, que hace un uso miserable de la promoción del vascuence para socavar las instituciones de la Comunidad Foral.

Las organizaciones cívicas navarras contrarias al proceso de fagocitación del Viejo Reyno por el País Vasco acelerado por el propio Gobierno foral, en manos de nacionalistas vascos y ultras de izquierda, han convocado una gran manifestación para el próximo 2 de junio, y pedido a los asistentes que acudan con la bandera navarra y el proverbial pañuelo rojo.

La convocatoria es harto pertinente porque el riesgo es cada vez más elevado. Desde la llegada a la Presidencia de la nacionalista vasca Uxue Barkos, el Ejecutivo foral anda volcado en convertir la anexión de Navarra por el País Vasco en una suerte de hecho consumado. No de otra forma cabe analizar su afán desaforado en euskaldunizar la Administración y, muy especialmente, la educación, auténtico vivero de separatistas donde campan a sus anchas los adoctrinadores proetarras.

En Navarra –como en el País Vasco– el vascuence es una lengua de uso muy minoritario, sobre todo en la mitad sur del territorio. Pero el Gobierno foral, sostenido por bildutarras y podemitas (los de Pablo Iglesias, siempre y en todo lugar con los enemigos declarados de España), trata de imponerlo como requisito básico para acceder a la función pública, a imagen y semejanza de lo que ocurre en otras regiones con graves problemas de nacionalismo.

Pues bien, contra esas pretensiones de la nacionalista vasca Barkos y los partidos que la apoyan, las organizaciones cívicas y las formaciones constitucionalistas han convocado a los navarros a la referida manifestación, en defensa de Navarra y contra el anexionismo abertzale y su política lingüística liberticida. El lema de la convocatoria es "Por el futuro de todos en igualdad", y en el manifiesto compuesto para la ocasión se denuncia la discriminación contra los castellanoparlantes, la inmensa mayoría de la población de la Comunidad Foral.

Navarra ha estado siempre en la mira del nacionalismo vasco, que hace un uso miserable de la promoción del vascuence para socavar las instituciones de la Comunidad Foral. Los navarros deben plantarse y, urnas mediante, desalojar del Poder a los caballos de Troya que tanto desprecian las instituciones y la peculiar idiosincrasia del Viejo Reyno.

Mutis indigno
Luis Herrero Libertad Digital 7 Mayo 2018

Rajoy cree que la vomitiva campaña de marketing de los etarras marca un antes y un después. Estaría bien que explicase qué ha cambiado exactamente.

Durante tres jornadas consecutivas, el acrónimo ETA ha encabezado los titulares de la prensa. Una campaña de marketing minuciosamente calculada ha hecho sonar tres fanfarrias distintas, una cada día, para captar la atención del público. El miércoles, una carta. El jueves, un vídeo. El viernes, un acto. En los tres formatos, la misma mierda. Festival de eufemismos para evitar expresiones como terror, asesinato, crimen, extorsión o secuestro. Febriles ensoñaciones para justificar la utilidad de más de medio siglo de pistolerismo cobarde. Y como colofón, tres elípticas injurias: ni una palabra de perdón a las víctimas, ni atisbo alguno de arrepentimiento ni compromiso de colaboración con la justicia.

A pesar de todo, reclamaban un mutis digno y se lo hemos dado. Durante tres días, el cañón de luz ha buscado a los verdugos -que regresaban al escenario con la única intención de solemnizar una despedida que ya se había producido hace años- y se ha olvidado de las víctimas. Que los coreógrafos del mal diseñaran un numerito como ese es vomitivo, pero coherente. Que los políticos no lo hayan contraprogramado con un homenaje por todo lo alto a los caídos en defensa de España es una iniquidad que no admite adversativos.

Aunque eso no es lo peor. Lo peor es que estos tres días de la serpiente, que no deberían significar nada, han llevado al Gobierno a ponerse estupendo. En lugar de encogerse de hombros y mirar con indiferencia la pantomima, Rajoy ha decidido darle carta de naturaleza y valorarla como un hecho trascendente que marca un antes y un después. A sus palabras me remito: "en los próximos días -dijo textualmente el viernes pasado-, el ministro del Interior convocará una reunión del pacto antiterrorista para analizar la situación que hoy se inicia". Así que, al parecer, a juicio del presidente estamos ante el inicio de algo nuevo. ¿Pero de qué? ¿Qué ha cambiado? Estaría muy bien que nos lo explicara.

Lo único que ha pasado, hasta donde a mí se me alcanza, es que ETA ha dicho que desaparece después de llevar desaparecida mucho tiempo. Eso es todo. ¿En qué cambia esa nadería retórica la situación de fondo? ¿Qué sentido tiene convocar el pacto antiterrorista con tanta prisa? ¿Qué utilidad puede tener la reunión en este momento? Parte de la respuesta es de dominio público. El PSOE planteará la necesidad de hacer "un gesto de acompañamiento", Ciudadanos -al menos eso espero- dirá que por encima de su cadáver y el PP, es decir, el Gobierno, mirará de reojo a los batasunos para trasladarles el mismo mensaje que lleva haciéndoles llegar desde hace meses, tal vez años: yo quiero, ya veis, pero las circunstancias aún no son favorables.

Las tres posiciones han quedado nítidamente marcadas durante estos tres días de propaganda filoetarra. En nombre del PSOE, primero habló Patxi López pidiendo el acercamiento de presos "sin calendario y con discreción". Luego intervino Pedro Sánchez: "en esta materia, la política del partido es la que defiende Patxi López". Y por último, Zapatero, el negociador: "Hay que tener una política penitenciaria inteligente. No descartaría que pudiera haber acercamientos, seguramente no masivos, selectivos. Hay que ir viendo las circunstancias con tranquilidad y si es en el contexto del pacto antiterrorista, mejor".

Respecto a la posición del Gobierno, los indicios de lo que piensa -que no es lo mismo que lo que dice- son abrumadores. En dos días, dos pistas. Urkullu, el jueves: "Rajoy es sensible a un cambio en la política penitenciaria". Zapatero, el viernes: "No creo que Rajoy esté radicalmente cerrado a contemplar la hipótesis del acercamiento de presos, incluso teniendo las encuestas en contra, pero lógicamente necesitará argumentos, acompañamiento y coyuntura". Verde y con asas. ¿Hace falta alguna aclaración más?

La única voz discrepante que hasta ahora ha defendido lo mismo en público y en privado ha sido la de Ciudadanos. Sin su concurso, la unanimidad es imposible. Así que ya sabemos lo que va a pasar. El pacto antiterrorista, que se ideó para visualizar la unidad de los demócratas, servirá para escenificar todo lo contrario. Lo asombroso es que Rajoy lo sabe (como el resto del mundo), y a pesar de eso insiste en convocarlo. ¿Por qué? Solo se me ocurre una explicación, que no contribuye precisamente a mejorar mi opinión sobre el personaje: para que quede claro, ante los ojos de sus secretos interlocutores, que él no se niega a cumplir su compromiso. Vuelvo a las palabras de Urkullu en la entrevista de "El País": "El Gobierno siempre puso como condición para cambiar la política penitenciaria la disolución de ETA".

La conclusión no puede ser más triste: para salvar la cara ante los partidarios del trueque con los etarras, Rajoy parece dispuesto a hacer lo que haga falta. Eso, en el menos malo de los supuestos. En el peor de todos tal vez esté sopesando cumplir lo que prometió a pesar de todos los pesares. No creo, no creo. ¿Quién sería capaz de hacer algo así?

Simplemente asesinos
Francisco Muro de Iscar diariosigloxxi 7 Mayo 2018

MADRID (OTR/PRESS)ETA se ha disuelto por imperativo policial y legal, por la unidad de todos los demócratas frente al terrorismo, por la imposibilidad de seguir matando, porque ha sido derrotada, porque sus máximos dirigentes están en prisión. Se han acabado sesenta años de extorsión, de asesinatos, de secuestros, de intento de imponer a todos una dictadura totalitaria con la amenaza de las armas. Son asesinos, lo han sido durante cincuenta años, desde el primero, el del joven guardia civil José Luis Pardines. Nació en tiempos de Franco pero nunca fue un movimiento antifranquista. La mayor parte de sus asesinatos se cometieron en la democracia, contra la democracia. Con la ayuda de muchos. Si en el franquismo encontraron complicidades y hasta aplausos en las filas de la izquierda, en la democracia contaron --cuentan todavía-- con el apoyo de muchos que les ayudaron a cometer los asesinatos y los aplaudieron y con el reconocimiento de otros, incluso de los que hacen alarde de demócratas. Aunque se hayan disuelto --lo estaban de hecho-- siguen presentes en muchos ayuntamientos vascos y en parlamentos autónomos. Son los herederos ideológicos de los asesinos. No han perdido perdón a las víctimas. No han reconocido que mataron sin razón, que extorsionaron para vivir y seguir matando, que despreciaban y desprecian a los que no piensan como ellos. La democracia nos ha librado parcialmente de ellos, pero deben seguir en la cárcel hasta que cumplan el último día de condena. Por respeto a las víctimas.

854 muertos desde 1968 a 2009 --solo 42 en el franquismo--, 300 de ellos civiles, decenas de niños. 16.000 heridos. 3.600 atentados. Miles de familias destrozadas para siempre. Infinidad de entierros a los que no iba nadie, ni siquiera las autoridades. El silencio culpable de una parte de la Iglesia y de la sociedad vascas.

349 asesinatos cometidos entre 1978 y 2009 siguen sin ser esclarecidos, con 271 causas judiciales prescritas o sobreseídas por falta de datos. 86 secuestros a cambio de dinero, pero con finales diferentes: el de Ortega Lara fue tal vez la primera prueba de que ETA iba a perder todas las batallas; el de Miguel Ángel Blanco fue el principio del fin de ETA.

42.000 personas amenazadas, esperando cada día el tiro de los asesinos en la nuca, porque hasta para eso eran cobardes. Miles huyeron de allí para siempre.

De los 3.800 militantes de ETA, 3.300 han pasado por la cárcel. 279 siguen en ella y algunos, incluso desde los Gobiernos vasco y navarro, piden clemencia para los asesinos, para unos asesinos que ni siquiera han sido capaces de pedir perdón a las víctimas, a todas las víctimas.

ETA ha sido liquidada por la democracia, pero no se ha disuelto, digan lo que digan los asesinos. No lo estará hasta que se aclaren todos los asesinatos cometidos por la organización terrorista. No lo estará hasta que paguen sus asesinatos con la cárcel. No se ha disuelto porque sigue viva en cerca de 200 ayuntamientos en el País Vasco, donde sus herederos tienen poder real --894 concejales de Bildu frente a 280 del PSOE y del PP--; porque en muchos pueblos, como Alsasua, es imposible la convivencia en libertad; porque la mitad de los vascos quiere dejar de hablar del terrorismo de ETA y el 42 por ciento de los jóvenes vascos desconoce la historia de la extorsión y los asesinatos de ETA. Las víctimas, los muertos, los que quedaron heridos para siempre, sus destrozadas familias merecen que no olvidemos nunca el holocausto etarra. Perdón, sí, pero sólo cuando los asesinos lo pidan a todas las víctimas y hayan pagado el terrible daño causado a todos.

En sus enmiendas a los Presupuestos
El PSOE cómplice del separatismo: exige al Gobierno inversiones en Cataluña que rechazó el TC
Luz Sela okdiario 7 Mayo 2018

El PSOE ha aprovechado sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para recuperar la famosa disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña, que en su día fue rechazada incluso por el Tribunal Constitucional (TC).

Dicha disposición establece que “la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa al PIB de Cataluña con relación al PIB español durante un periodo de siete años”. Sin embargo, la polémica disposición no se aplicó ni siquiera durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.

El Constitucional, en su sentencia sobre el Estatut, determinó además que el Estado no está obligado a invertir en esta región en función de su Producto Interior Bruto, con lo que dicha disposición “no puede tener, en modo alguno” efectos “directamente vinculantes para el Estado”. El Alto Tribunal argumentó además que es al Estado al que corresponde “en exclusiva” decidir si “procede dotar, en su caso y en qué cuantía aquellas asignaciones”.

Pese a ello, los socialistas insisten ahora en recuperar la disposición y exigir al Gobierno, en función de ello, el dinero que se dejó de invertir en Cataluña. La enmienda va aún más allá y propone que se amplíe su vigencia hasta 2019. La misma, según los plazos iniciales, habría expirado hace cinco años.

“Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en el año 2006 los sucesivos presupuestos del Estado han dado cumplimiento a esta previsión, de forma que la inversión del Estado en Cataluña ha sido equivalente al peso de la economía catalana en el conjunto de España. Esto ha sido así hasta el presupuesto del año 2012. Desde ese año la inversión prevista prevista en Cataluña se ha situado entre el 9 y el 13% del total de la inversión regionalizada del Estado. Muy por debajo de lo que le correspondería”, se recoge en la enmienda presentada por el PSOE.

Por ello, añade, “dado que la vigencia de esta disposición finalizaba en el ejercicio 2013 y teniendo en cuenta el incumplimiento del Gobierno durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se solicita que el Gobierno prorrogue la aplicación de la disposición adicional tercera durante este ejercicio 2018 y el siguiente”.

Negociación ‘de tú a tú’
Los socialistas determinan, además, que “el procedimiento y plazos para hacer efectivas las correspondientes transferencias de capital se acordarán en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat“, órgano incorporado en el Estatut, y al que los independentistas remiten cualquier negociación con el Estado.

Ese órgano supone una negociación ‘bilateral’ con el Gobierno de la Generalitat, que es también secundada por el PSC. En su programa para las elecciones catalanas, el partido de Miquel Iceta defendía que la negociación de la financiación habría de producirse en la citada Comisión, como ya en su día Oriol Junqueras le reclamó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Lo mismo que defendió Carles Puigdemont ante el presidente Mariano Rajoy.

Según el Estatut, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat “está compuesta por la representación de la Administración General del Estado y la de la Generalitat de Cataluña, cada una de ellas integrada por seis miembros”. Entre sus funciones está negociar con el Estado sobre la cesión de tributos de titularidad estatal, la distribución territorial de los fondos estructurales europeos o la actualización del sistema de financiación.

La Audiencia lo rechazó
El Gobierno de Artur Mas presentó un recurso contra el ministerio de Hacienda en el que le reclamaba el abono de 759 millones, en su opinión, en incumplimiento de la disposición adicional tercera, solo en 2008.

La Audiencia Nacional rechazó esa petición al considerar que la deuda reclamada por la Generalitat no existía, porque no se acordó en la comisión mixta competente.

La sentencia recordaba además el carácter no vinculante de la disposición para el Estado y advertía también de que la comisión bilateral, contemplada en el Estatuto, no puede ser “en ningún caso” un órgano “con capacidad para adoptar acuerdos vinculantes en cuanto a competencias propias del Estado”.

El PSOE ya dejó ver sus tesis sobre la declaración adicional tercera en la llamada ‘Declaración de Barcelona’, en la que recogía sus propuestas con el PSC sobre la crisis catalana. Entre ellas, se acusaba al Gobierno de no respetar esa disposición y le exigía responder a la deuda desde 2006.

La propuesta socialista fue criticada entonces por Ciudadanos, que acusó al PSOE de pretender dar “titulares” con “medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales” y que son “ideas poco reflexionadas e incluso frívolas”.

El secretario general del partido, José Manuel Villegas, defendió una “financiación suficiente” para la región, pero “en los ámbitos normales de discusión”, es decir, en el debate sobre el sistema de financiación autonómica y sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Fondo de contingencia
La Generalitat multiplicó por 10 sus fondos ‘ocultos’ desde que comenzó el procés
Luz Sela okdiario 7 Mayo 2018

La Generalitat independentista multiplicó por diez el dinero destinado a ‘fondos de contingencia’, la partida presupuestaria de la que el Govern puede disponer con libertad y sin justificar su finalidad.

Se trata de una partida controvertida, que en su día ya provocó las suspicacias por el elevado montante que le asignó Carles Puigdemont: el ex president dispuso hasta 330 millones de euros en las cuentas de 2017, cuyo uso no tendría que ser revelado. Eso hizo sospechar de que podría tratarse de dinero oculto para el referéndum ilegal o la creación de estructuras de Estado.

Lo sorprendente es, además, la evolución que esa partida ha seguido en los últimos años. Y más en concreto, desde 2012, año en que se fija el inicio del ‘procés’. En los presupuestos de 2011, los primeros que aprobó Artur Mas, la asiganación era de 39 millones de euros. Nada comparable con los 250 millones que se le reservó apenas un año después. En 2015, los independentistas inyectaron 200 millones a la libre disposición.

Estos fondos tienen más facilidades para burlar el control porque su uso es discrecional por parte de los distintos departamentos, que pueden disponer de ellos según las necesidades que consideren en cada momento, y sin dar explicaciones. Generalmente, la partida se reserva en previsión de posibles pagos por desastres naturales u otros imprevistos, aunque su destino no se especifica.

Desde la Generalitat siempre se rechazaron las acusaciones sobre una posible utilización con fines ilegales. En la presentación de las cuentas de 2017, el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, justificó que con ella se pretendía hacer frente al abono de manera retroactiva de la subida salarial a los funcionarios.

“Suponiendo que hubiera una partida oculta, ¿alguien cree que la diría aquí? Si estuviese, es evidente que no tendría sentido que se ocultasen para decir después que están ocultas”, ironizó en otra ocasión el entonces vicepresidente, Oriol Junqueras.

En la presentación de las últimas cuentas, Junqueras afirmó que haría “todo lo que pueda y más” para garantizar la celebración de un referéndum de independencia. Los presupuestos incluyeron tres partidas-una de ellas superior a 5 millones de euros-asignadas a la organización de procesos electorales, que fueron declaradas inconstitucionales. Las cuentas incluían además una disposición adicional que establecía que la Generalitat garantizaría los fondos necesarios para el referéndum, también anulada.

El alto tribunal advirtió a los dirigentes golpistas de su deber de abstenerse “de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el Fondo de Contingencia con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum”.

No obstante, las partidas relacionadas con la ruptura no se limitaron a las rechazadas por el alto tribunal. La consejería de Exteriores, en manos de Raül Romeva, se guardaba 21 millones de euros la “declaración de independencia de Cataluña y a la creación de unas estructuras de Estado”, como se exponía abiertamente en el mismo proyecto presupuestario, que habría de ser revisado por el ministerio de Hacienda para la concesión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Se trata de la única alusión directa a los planes golpistas, en la que se manifestaba que “la actual legislatura tiene como objetivo establecer las bases que hagan posible la declaración de la independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas estructuras de Estado y de impulso de un proceso de desconexión nacional y popular con el Estado español”.

Este domingo se ha conocido además que la Generalitat destinó más de 236.000 euros a pagar seminarios de extranjeros y proyectos en favor del ‘procés’, según se deduce de la documentación que Hacienda ha requerido a la interventora de la Generalitat.

Cataluña y Euskadi
Francesc Moreno cronicaglobal 7 Mayo 2018

El anuncio de la disolución de ETA ha sido ampliamente contestado desde la perspectiva de sus víctimas. No reiteraré argumentos que se pueden leer en editoriales y artículos de opinión de buena parte de la prensa española y que pueden resumirse en ni olvido ni perdón sin arrepentimiento explícito. Mis reflexiones van en otras direcciones.

La primera es poner de manifiesto que la disolución de la organización terrorista destruye todos los argumentos de la banda para mantener la lucha armada durante la democracia y deja a sus propias víctimas, muertos, encarcelados y familiares sin ninguna autojustificación para su sacrificio por la patria. Ni independencia, ni incorporación de Navarra ni de Iparralde, ni salida de las fuerzas de ocupación. Ninguna diferencia sustancial entre el estatus político de Euskadi de hace veinte anos --por poner una fecha-- y el de 2018. ¿Qué pensaran de su sacrificio las familias de los gudaris muertos, o los propios heridos o encarcelados de la organización? Ningún objetivo ha sido alcanzado. ¿Para qué tanto sufrimiento?

La segunda reflexión hace referencia a la situación política catalana. Afortunadamente no tenemos en Cataluña una organización terrorista activa. No obstante, el clima de deterioro de la convivencia y el acoso a los disidentes no auguran nada bueno si no somos capaces de restablecer un clima de convivencia y respeto a la pluralidad y la discrepancia. Ahora que en el País Vasco nadie quiere oír hablar de violencia de ningún tipo y que se está rehaciendo la convivencia, parece que en Cataluña algunos sienten fascinación por la lucha armada, por la confrontación civil. Hasta la radio y la televisión públicas catalanas se prestan de altavoz a exterroristas, de ETA o de Terra Lliure?, que ni tan siquiera piden perdón o se arrepienten de sus actos. Desde distintos ámbitos se pretende banalizar, cuando no justificar o alentar, la violencia psicológica que va implícita en los escraches, los señalamientos de personas como "traidores" o "colonos", y el acoso en redes sociales. Y la intimidación psicológica es una forma de violencia que puede llegar a ser tanto o más grave que la física, y que, en ocasiones, es su preludio.

El fracaso de la lucha armada de ETA debería ser una vacuna contra tentaciones violentas en Cataluña. Parece que en el seno del independentismo se esta librando una batalla entre quienes asumen la vuelta a la normalidad y la asunción del marco constitucional --lo que no implica renunciar a su modificación-- y quienes apuestan por seguir con la confrontación a cualquier precio, pensando que se benefician políticamente manteniendo esta postura. Las próximas semanas veremos quién se lleva el gato al agua. Pero de triunfar esta segunda opción, los riesgos para la paz civil serán muy elevados. Es hora de exigir responsabilidad a todos los dirigentes políticos pero especialmente a quienes se han saltado la ley y alardean de continuar haciéndolo. Deberían leer Patria de Fernando Aramburu, les ayudaría a reflexionar.
 

Marino Barbero, el primer juez linchado desde el Gobierno
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 7 Mayo 2018

Ricardo González, el juez que solicitó la absolución para los miembros de ‘La Manada’, no ha sido el primer magistrado al que un Gobierno ha intentado triturar. El PSOE de Felipe González llegó a comparar al magistrado Marino Barbero con ETA.

Arcadi Espada ha definido al magistrado Ricardo González, que en su trabajado voto particular solicitó la absolución para los miembros de ‘La Manada’, como un "héroe cívico".

Desde luego, este juez merece reconocimiento por haberse atrevido a desafiar al Imperio Progre, cuyos pretorianos están ya amontonando leña para las hogueras en las que quieren quemar a los disidentes. Pero él no ha sido el primer magistrado al que un Gobierno ha intentado triturar. Esa lamentable primicia correspondió a Marino Barbero (1929-2001), un prestigioso penalista extremeño que accedió a su primera cátedra de Derecho Penal en 1963.

Después de una carrera en la universidad y la Administración, en 1986 Barbero se incorporó al Tribunal Supremo por el cuarto turno, nombramiento aprobado por el Consejo General del Poder Judicial.

En junio de 1991 Barbero comenzó la instrucción de un sumario sobre la corrupción del PSOE. El partido socialista había montado un entramado de empresas para financiarse (Malse, Filesa, Time Export). A estas sociedades, numerosos bancos y grandes empresas pagaban enormes minutas por informes y servicios inexistentes. Por esta vía llegaron al PSOE más de 1.000 millones de pesetas para sus campañas electorales y el referéndum de la OTAN.
El ex-presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra hizo de Luca Brasi para proteger a la ‘famiglia’ socialista.

En los años siguientes, Barbero registró la sede del PSOE en Madrid y el Banco de España para obtener la documentación que se le negaba, pero topó con la oposición de los socialistas, que entonces estaban en el Gobierno y disponían de todo el poder del Estado. Se tocó a rebato y se cargó contra el insolente que manchaba los nombres de quienes habían traído la democracia a España.

Un magistrado que era como los etarras José María Benegas y Joaquín Leguina insultaron a Barbero. El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, afirmó que había móviles políticos detrás de sus autos. Y hasta Felipe González descendió de su Olimpo para quejarse de que el PSOE no gozaba de presunción de inocencia, la misma que años después la ley de violencia de género ha arrebatado a los varones.

En esta campaña, la mayor infamia corresponde al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que hizo de Luca Brasi para proteger a la ‘famiglia’ socialista. En enero de 1993, Ibarra insinuó que Barbero, como otros magistrados, no había pagado un crédito bancario. ¿De dónde sacó el ‘bellotari’ esa información?, ¿y por qué defendía la cuenta de resultados de un banco?

El 16 de febrero de 1995, Barbero entregó a la sala segunda del Tribunal Supremo un escrito en el que pedía el suplicatorio para el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, debido a un presunto delito electoral por su implicación en el caso Filesa.

La dureza de la campaña contra Barbero se debió a que tenía razón.
Cuando Barbero finalizó la instrucción, en mayo de ese año, Ibarra soltó el mayor de sus miserables insultos. Según el ‘bellotari’, Barbero quería intervenir en política "dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en política poniendo bombas". Barbero pidió amparo al CGPJ, presidido por el jurista afín al PSOE Pascual Sala, y el organismo se lo negó por 18 votos contra 11. Entonces, Barbero renunció a la carrera judicial en julio. Alegó que no había tenido el amparo del CGPJ ante las declaraciones insultantes de Rodríguez Ibarra contra su honor y su independencia. En El País añadieron una nueva insidia: Barbero se iba porque su instrucción no había tenido la repercusión de otros casos.

El jurista se incorporó al claustro de la Universidad de Castilla La Mancha y falleció en 2001, a los 72 años de edad.

La condena da la razón a Barbero
Otro magistrado prosiguió la instrucción y en septiembre de 1997 comenzó el juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el expresidente del Gobierno Felipe González. La ‘célula’ socialista en el Supremo trató de impedir que se tomasen fotos de González declarando, pero un fotógrafo de El Mundo, Fernando Quintela, introdujo una cámara en la sala y la consiguió. El 28 de octubre, el Tribunal Supremo comunicó la sentencia en la que condenaba a varios dirigentes socialistas: Carlos Navarro, Josep Maria Sala y Aída Alvarez.

En una conferencia en 1994, Barbero afirmó: "La independencia judicial es la última esperanza de la sociedad para combatir a un poder político corrupto y prepotente".

¿Qué ha cambiado en estos veinte años entre los magistrados Marino Barbero y Ricardo González? Sólo el partido que ejecuta su linchamiento: en el primer caso fue el PSOE; en el segundo, el PP.

Porque al final los partidos del Estado de Partidos son los mismos perros que, para distraer a los tontos, llevan distintos collares. Tanto PP y PSOE, como los nacionalistas, muerden a los que les quieren poner una cadena o un bozal.

Los exiliados forzosos de ETA: "Ser víctima no prescribe"
Más de 150.000 personas salieron del País Vasco y Navarra entre 1980 y 2010. Muchos de ellos han decidido no volver jamás
Carlos Frías vozpopuli.es 7 Mayo 2018

En 1977, Maite Araluce se fue de San Sebastián con tan solo 15 años. Junto con su madre y sus ocho hermanos, puso rumbo hacia a la capital española para empezar un nuevo curso escolar. Allí iniciaba una nueva vida, con nuevos amigos y un nuevo colegio. “Sé que aparecí en Madrid pero no recuerdo ni cómo fuimos ni cómo hicimos el traslado”. ETA había matado un año antes a su padre, presidente de la Diputación de Guipúzcoa por aquel entonces, a tres guardias civiles y al chófer del primero.

La historia de Araluce, elegida este sábado 5 de mayo como nueva presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, es una más de las más de 157.000 personas que se vieron obligadas a dejar el País Vasco y Navarra por el miedo sembrado por la banda terrorista entre 1980 y 2000, según un estudio del BBVA. Ahora que la banda ha decidido desaparecer para siempre, muchas de ellas no piensan en volver.

Araluce no volvió a pisar la tierra donde nació hasta 1984, cuando se casó con un granadino en San Sebastián: “Quería que mi padre participase de algún modo, le llevé el ramo al cementerio”, afirma. Ante el anuncio de disolución de la banda, lo tiene claro: “Ser víctima no prescribe”. Ahora vive en la ciudad de su marido, donde se dedica por completo a la asociación.

19 años fuera de casa
Carlos Fernández de Casadevante lleva 19 años viviendo en Madrid. Profesor de Derecho Público Internacional en la Universidad del País Vasco hasta 1998, tuvo que refugiarse en la recién creada Universidad Rey Juan Carlos. “Me ayudó el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el catedrático José Iturmendi”. Casadevante se vino solo, dejando a su familia atrás. “Mi mujer todavía está allí. En aquel momento tenía cinco hijos, de entre dos y 14 años, y no era posible movernos todos. Una familia no es como una tienda de campaña”, explica en conversación con este periódico. Durante todos estos años su familia no se ha roto, “sólo que nos dimos cuenta de que no podíamos vivir juntos”. Ahora que sus hijos han crecido, alguno ha decidido estudiar en la capital. Las idas y venidas para ver a la familia se han hecho más fáciles.

A este profesor lo llamaban “carcelero, colonialista, español”. En su muñeca lucía un lazo azul, algo que en el País Vasco te ponía en el punto de mira de los ataques. “A mi despacho llegaban fotos mías con una diana encima, anónimos amenazantes e incluso un explosivo con los cables desenchufados. Para él, el anuncio de ETA no “significa nada porque llega muy tarde. No sirve para los desterrados, ni para los extorsionados, ni para los secuestrados, asesinados ni mutilados. Sólo sirve para calmar algunas conciencias”.

Comer en familia los domingos, una rutina peligrosa
Joseba Pagazaurtundúa fue asesinado cuando su hermana Maite era concejal socialista en Urnieta. Activista contra el terrorismo vasco desde los inicios de ¡Basta Ya!, su familia ha tenido que exiliarse dos veces. “Desplazamientos forzosos” los llama ella. La primera de su Hernani natal, “uno de los ecosistemas más perfectos que tuvo ETA en reclutamiento, adoctrinamiento y amedrentamiento”, según sus palabras. Tanto ella y su marido como sus padres se mudaron a San Sebastián, a un barrio cercano a la comisaría de Policía. La rutina de comer todos los domingos en familia era demasiado peligrosa como para mantenerla en su localidad.

La segunda vez que se trasladaron ya lo hicieron fuera de Euskadi. En 2007, teniendo niñas pequeñas se marcharon a Logroño, un entorno más benévolo para criar a las pequeñas. “Hemos tenido que malvender los pisos para poder estar juntos”, explica. No tienen pensado volver porque “burocrática, social, laboral y económicamente es muy complicado desplazarse de un lugar a otro”.

"Es como si tu hermano hubiese muerto de cáncer"
La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, nunca quiso irse de San Sebastián. “Por qué me iba a tener que ir de aquí”, se sigue preguntando a pesar de sufrir el “terrorismo sistemático y selectivo” del que fue víctima mortal su hermano en 1995. En su día a día se acostumbró a las malas miradas, a las pintadas en su casa, a las agresiones cuando salía por la noche. “Me han abierto la cabeza dos veces, una de un botellazo”. Recuerda la soledad de las primeras concentraciones contra la banda terrorista a las que acudía, donde eran apedreados sistemáticamente: “Tus amigos lo sienten mucho pero es como si tu hermano se hubiese muerto de cáncer”, afirma.

Luchadora incansable, en 2003 decidió marcharse a un pueblo de Valencia donde estaban sus padres, entonces ya jubilados. Pero no lo hizo por miedo, a pesar de recibir un ataque con cócteles molotov en su casa. Lo hizo para poder comer. Al dedicarse a una profesión liberal (es procuradora) nadie la contrataba. “No sabes lo que nos cuesta que firmen un poder en favor tuyo”, le decían sus compañeros. “Nadie se preocupó por mí”.

La vuelta a casa
La última historia de este relato no tiene el mismo final que las que la acompañan. Manuel Montero fue rector de la Universidad del País Vasco entre el 2000 y 2004. Los insultos, los panfletos en su contra y las dianas sobre su rostro impreso formaban parte de su rutina semanal. Coincidiendo con el atentado de la T4 en Barajas “llegó un momento en el que decidí que lo mejor era marcharme”, afirma. Se refugió en Granada, donde la universidad de la ciudad nazarí lo acogió para que siguiese impartiendo Historia Contemporánea. Allí se fue con su familia. “Cuando te vas no sabes cómo va a ser. Tienes el corazón en un puño”, afirma. Lo recuerda todo como algo “realmente duro”.

Al contrario que el resto de relatos, la voz de Montero ha podido volver a su ciudad 14 años después. Lo hizo el pasado diciembre, antes de que se hiciese pública la intención de ETA de disolverse definitivamente después de cinco décadas de terror.
 


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