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Desbarajuste presupuestario y deuda real
Roberto Centeno elconfidencial 7 Mayo 2018
A la capacidad destructiva de Mariano Rajoy sobre la unidad de
España y sobre la democracia, se une ahora el insensato y brusco
abandono de cualquier atisbo de control del gasto, que acabará
destruyendo la viabilidad de las pensiones futuras y la credibilidad
de los inversores internacionales.
Y esto sucede justo cuando el BCE sopesa finalizar su política
monetaria expansiva y elevar los tipos de interés justo a
continuación, algo que cuando suceda hará imposible conseguir los
mas de 200.000 millones de euros anuales que necesitamos para
refinanciar la deuda y cubrir los nuevos déficits, así como para dar
continuidad a un crecimiento atípico que necesita el doble de deuda
que la riqueza que crea.
Y como las desgracias nunca vienen solas, acaba de conocerse el
nuevo presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, que
perjudica gravemente a nuestro país. Las ayudas agrícolas se reducen
en un 5% y los fondos regionales y de cohesión de los que dependen
las regiones españolas mas pobres, en un 7%. Pero como España pinta
menos que nada, la reducción para nosotros será seguro superior a la
media, porque países como Francia o Polonia saldrán mucho mejor
librados 'as usual'.
Ante esto, el grupo de economistas y profesores independientes que
hemos venido denunciando la falsificación sistemática de la
contabilidad nacional, demostrando mas allá de toda duda razonable
que el PIB real es hoy un 16% inferior al oficial, hemos
cuantificado por escrito las consecuencias del nuevo festival de
gasto a la Comisión, el BCE y a los ministros económicos de los ocho
países que exigen el cumplimiento estricto de los objetivos de
déficit. Y aunque Bruselas lleva años mirando para otro lado, la
reacción de los ministros económicos firmantes del manifiesto puede
ser otra historia. Y en cuanto al BCE, no podrá exigir ante ningún
tribunal la devolución de los préstamos insensatos, ofrecidos sin
condicionalidad alguna, realizados desde que en 2016 se le demostró
que España era insolvente.
Albert Rivera, que podría evitarlo no apoyando los irrealizables PGE
de 2018 y el dislate de cuentas públicas exigido por el PNV, no lo
hará. Rivera dará a Rajoy dos años más de gobierno. Una locura
suicida, porque el daño que va a infligir a la unidad de la nación,
a la convivencia y al futuro económico puede ser irreparable. Rivera
ampara la nueva traición de Rajoy en su pacto secreto con Urkullu,
que 'viola' de nuevo impunemente todo orden constitucional.
El año pasado, consiguieron reducir su irrisorio cupo en 1.400
millones, más 3.380 millones para la alta velocidad, dinero más que
suficiente para mantener el poder de compra de las pensiones. Este
año, además, han conseguido que Rajoy aumente la inversión en un 32%
cuando les corresponde solo el 6%.
Y así las cosas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mintió
primero en el déficit de 2017, que no es del 3,07% sino al menos del
3,75% —no contabilizó como déficit 6.834 millones que sacó del Fondo
de las Pensiones y retrasó ilegalmente la devolución de las
declaraciones negativas de 400.000 contribuyentes, y eso sin contar
las trampas y trucos habituales—, y después en la cifra de
recaudación de 2017, que fue 4.000 millones inferior, según la
Agencia Tributaria. Y sobre estas mentiras se han elaborado unos PGE
2018 que son un auténtico festival de gasto: subidas salariales a
los empleados públicos cuyos sueldos medios son un 55% superiores a
los del sector privado, rescate de autopistas y recorte cero del
despilfarro político. El déficit del 2,2% es pura ciencia ficción, y
en contra de lo pactado con Cs —a quienes toman con toda razón por
imbéciles—, van a realizar una subida brutal de impuestos sobre la
clase trabajadora y la clase media.
Pero si los PGE no había por dónde cogerlos, el pacto con el PNV
representa el desbarajuste presupuestario total. Solo el gasto
adicional de actualizar las pensiones con el IPC elevará el déficit
de la Seguridad Social este año a unos 21.660 millones de euros
—financiados con 15.160 millones de deuda ya previstos y con 6.500
millones del Fondo de Reserva, que se verá reducido a menos de 2.000
millones— y cantidades superiores en años siguientes. La no
aplicación de la Ley de Sostenibilidad, que afecta a 350.000 nuevos
pensionistas al año, supondrá déficits adicionales de 1.500 millones
en 2019, 3.000 en 2020, 4.500 en 2021, y así sucesivamente. Después
de mí, el diluvio: ese es el pensamiento del presidente del
Gobierno.
Ante esta explosión del gasto que mantendrá el déficit de las AAPP
por encima del 3% hasta que Bruselas o los mercados digan basta, la
correcta valoración de la burbuja de deuda es vital. El pasado
lunes, Juan Ramón Rallo, que se posiciona abiertamente como el
globalista George Soros a favor de la destrucción de España, realizó
en este periódico un cálculo delirante de la deuda, tachando de
“conspiranoicos” a los que sabemos sumar y restar de forma
independiente. Pero para probar la falsedad de su cálculo, nada
mejor que reproducir lo que le responde el economista del Banco de
España, el Sr. Navascués:
"JM Rallo ofrece un artículo hoy en defensa del Protocolo de Déficit
Excesivo (PDE) de Bruselas, que permite reducir la deuda pública
española de 137% a 98% de PIB por una serie de artimañas, unas más
serias que otras. No estoy de acuerdo con Rallo (…) de ninguna
manera es admisible la consolidación de deuda entre
administraciones, cuando el único agente con capacidad de pagar es
el Estado central. Tener un pasivo frente a los mercados consolidado
por un activo de igual cuantía frente a, por ejemplo, la comunidad
catalana, es una ficción, porque ese activo del Estado vale cero,
mientras que su deuda emitida y que habrá de devolver vale su valor
nominal.
Ya he explicado varias veces que esto es como si un padre de familia
le dice a su hijo: Fulanito, te voy a dar tu paga mensual pero la
voy a contabilizar como deuda tuya a mí, aunque nunca me la pagues,
pero así la consolido y la deuda familiar es cero. Y luego Rallo
reconoce que los créditos comerciales, como anticipos, pagarés,
garantías y deuda de las empresas públicas [Rallo, esto se te ha
olvidado] sí que deberían contabilizarse como deuda. Por lo que la
deuda total ajustada resulta al final posiblemente incluso por
encima del 137% de PIB”.
¿Quién es el conspiranoico, don Rallo? ¿Es que no sabe don Rallo que
España declara un déficit superior al 3% precisamente para no
declarar una serie de pasivos, a lo que se vería obligado si no
estuviera bajo la calificación de protocolo de déficit excesivo?
En resumen, la deuda total de las AAPP es del 137% del PIB oficial,
pero del 163% del PIB real, algo que arruinará la vida de las
generaciones futuras, que por primera vez en siglos viven ya peor
que sus padres, durante al menos 50 años.
Este será el gran legado del nefasto Régimen del 78, que nos robó la
democracia y nos impuso una oligarquía de partidos sin separación de
poderes y una estructura de Estado única en el mundo, imposible de
financiar e intrínsecamente insolidaria, ineficaz y corrupta.
Durante 40 años nos ha hecho crecer por debajo de nuestro potencial,
haciéndonos retroceder 12 puntos respecto a las economías centrales
de Europa, nos ha convertido en el segundo país con mas paro de la
UE y maillot amarillo en desigualdad del reparto de la renta y la
riqueza.
Pérdida de tiempo.
Vicente A. C. M Periodista Digital 7 Mayo 2018
LA DESESPERANTE LENTITUD EN LA RESPUESTA DEL GOBIERNO EN EL DESAFÍO
INDEPENDENTISTA.
No podrán decir que no estaba avisado. Este pasado viernes el
Parlamento de Cataluña aprobó la propuesta de JxCAT de la reforma de
la Ley de Presidencia de la Generalidad y Gobierno, en la que se
contempla la inclusión de las vías telemáticas para una investidura
del Presidente de la Generalidad, así como la existencia de órganos
colegiados fuera de territorio nacional con capacidad ejecutiva y
también por vías telemáticas. Una propuesta que no contaba, como en
tantas otras donde se vulneraban de forma flagrante leyes y Estatuto
de autonomía, con el voto favorable de los servicios jurídicos y el
Consejo de garantías estatutarias. ¿Y qué hizo el Gobierno? Decir
que “ya se ha pedido el informe preceptivo al Consejo de Estado y
espera que en breve tengan una resolución para poder acudir a TC”.
Al parecer el Consejo de Estado se reunirá este próximo lunes, el
mismo día en que el Diario oficial habrá publicado la reforma y
entrará en vigor. El dictamen del Consejo de Estado se recibirá,
como pronto, el martes y será el miércoles cuando el Gobierno pueda
presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional que debería
aceptar su tramitación con toda urgencia para que la reforma quedase
suspendida.
Lo malo es que el mismo lunes, ya oficializada la reforma, es seguro
que Roger Torrent convoque un nuevo pleno para el 9 y 10 de mayo de
investidura a la Presidencia de la Generalidad de Carles Puigdemont,
que recordemos ya tiene el voto delegado aprobado y que los
independentistas disponen de mayoría absoluta contando además con el
voto favorable de la CUP. Una candidatura avalada ya desde enero y
que solo fue suspendida tras la renuncia “provisional” de Carles
Puigdemont, que ahora vuelve a proponer su candidatura. De hecho, en
la primera sesión del próximo miércoles podría ser investido, ya que
los tiempos de intervención se pueden reducir al mínimo al sustraer
lo que sería un debate normal con discurso programático, turnos de
intervención y de réplica de los grupos parlamentarios, etc.
El Gobierno de España ha dilatado sin ninguna necesidad el proceso,
ya que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero sí
recomendable para tener un aval adicional. Pero ese tiempo perdido
puede resultar crucial a la hora de que se deba enfrentar a hechos
consumados como es suspender al recién investido Presidente de la
Generalidad. Un nuevo cese forzado tan solo por no haber agilizado
esos trámites. Y es entonces cuando me viene la duda. Porque el
Ministro portavoz Méndez de Vigo a la hora de comparecer tras el
Consejo de Ministros, hizo ese anuncio de “inicio de trámites” y no
el de inmediato registro del recurso del Gobierno ante el Tribunal
Constitucional sobre una resolución que, desoyendo las advertencias
de ese mismo Tribunal, había sido tramitada para debate por la
mayoría independentista de la Mesa del Parlamento, que habría
incurrido en desobediencia, y por celebrarse el debate posterior con
la aprobación final.
Esta demora en la respuesta me inclina a pensar que, o bien el
Gobierno de España vuelve a caer en la absoluta incapacidad e
incompetencia por falta de previsión y agilidad en la respuesta al
desafío independentista, -cosa que dudo ya que según fuentes se
afirmaba que el recurso ya estaba preparado-, o bien su intención es
dejar hacer y buscar otro choque de trenes entre legalidades, la del
Parlamento de la Generalidad y la de un Presidente de la Generalidad
investido a distancia que estaría desde ese momento protegido por la
inmunidad parlamentaria y podría exigir su regreso a Espala para
tomar posesión y formar Gobierno o peor, no volver y designarlo
desde su refugio por vía telemática.
La verdad es que los antecedentes de los pasos dados por este
Gobierno de España me inclinan a mostrarme pesimista. Creo
sinceramente que, una vez más, el Gobierno actúa de forma totalmente
inapropiada para la gravedad de la situación. Se trata de una
reincidencia en el golpe de Estado, protagonizada por los mismos
actores donde destaca el fugitivo de la justicia, Carles Puigdemont,
que sigue campando a sus anchas por media Europa para escarnio,
vergüenza y desprestigio de España y de su democracia. Porque ya es
un bochorno mayúsculo el pitorreo de justicias como la belga, la
escocesa o la de un Tribunal regional alemán, en el tratamiento de
la euroorden de detención y entrega de fugitivos de la justicia
española, una petición que proviene nada menos que del Tribunal
Supremo de España.
Y es que estamos asumiendo como normal lo que no lo es en absoluto.
La burocracia extrema y su pasmosa lentitud no puede ser un
impedimento para que se tomen decisiones ágiles y eficaces para
detener lo que es la reedición del golpe de Estado dado por los
independentistas en la Comunidad autónoma de Cataluña. Esta decisión
debería ser seguida de la disolución inmediata del Parlamento de
Cataluña, la ilegalización de los partidos golpistas y de las
asociaciones civiles que, como la ANC, propugnan la desobediencia y
la proclamación unilateral de independencia en forma de República.
Mariano Rajoy ha demostrado no tener capacidad de respuesta y actuar
con extrema prudencia y exquisita prevención que podría ser
fácilmente confundida con extrema cobardía a la hora de adoptar
decisiones rotundas a la altura del desafío secesionista.
Carles Puigdemont no puede llegar a ser investido siendo un prófugo
de la Justicia. Permitirlo es una aberración legal y una traición a
España y a la democracia. Y más en las condiciones en las que puede
producirse esa investidura. Esta farsa se debe impedir antes de que
llegue a producirse, pero el tiempo apremia y no podemos fiarlo al
procedimiento normal. EL registro de entrada del Tribunal
Constitucional tiene unos días hábiles de lunes a viernes y un
horario de 9:00 h a 15:00 h. Eso deja poco margen para que pudiera
llegarse a tiempo de que el dictamen de admisión a trámite se
produzca antes de que se consume la conjura independentista. Y es
que ya se podía prever, al menos yo ya lo expresé hace tan solo unos
días, el que Carles Puigdemont intentaría llegar hasta el final su
apuesta por ser investido de forma legal ahora o tras unas nuevas
elecciones. Y ha sido la primera opción la que el Parlamento de
Cataluña ha facilitado gracias a su mayoría independentista. Algo
que debemos agradecer a Mariano Rajoy y su precipitación al convocar
unas elecciones autonómicas fiándolo todo a una respuesta social
que, aunque se produjo en mayoría de votos, no logró el objetivo de
conceder mayoría de escaños a los partidos no independentistas. Un
estrepitoso fracaso por exceso de optimismo.
El tiempo vuelve a ser esencial y determinante. El Gobierno de
España vuelve a provocar, con su excesivo celo garantista y
procedimental, un avance importante en los objetivos
independentistas que puede poner en serios problemas al Estado de
Derecho y una reacción no precisamente pacífica del independentismo
si finalmente se produce el regreso de Puigdemont y su detención
como Presidente de la Generalidad.
Hubiera bastado con haber presentado de forma inmediata el mismo
viernes antes de las 15:00h el recurso de inconstitucionalidad ante
el Tribunal Constitucional y no perder un valioso tiempo en
cuestiones meramente formales de trámite. Al no haberlo hecho el
riesgo es que el independentismo logre el objetivo que pretendía de
restitución en la Presidencia al fugitivo Carles Puigdemont.
Esperemos que esta aberrante situación se pueda reconducir y
finalmente no se tenga que enfrentar a otro escenario mucho peor.
¡Que pasen un buen día!
La oferta de empleo público se dispara:
20.000 funcionarios más en solo un año
Las Comunidades Autónomas tienen 43.000 empleados más que en enero
del año 2007.
Patricia Malagón Libertad Digital 7 Mayo 2018
Desde el verano pasado, el Gobierno ha anunciado con bastante
euforia que este año será el de "mayor oferta de empleo público de
la democracia". Aunque, finalmente, no va a ser así, sí que es
cierto que en 2018 se va a incrementar, cuantiosamente, el número de
funcionarios de la Administración Pública.
La cifra exacta se desconoce por el momento, pero las estimaciones
indican que probablemente se superen las 20.613 plazas que se
convocaron en 2009, si bien no se llegarán a rebasar las 38.000
ofertas de 2008. A partir de 2010, el número de oposiciones fue
reduciéndose, pero, a medida que la recuperación económica aumenta,
lo hace también el empleo público.
En todas las comunidades autónomas en las que se cumpla con la
estabilidad presupuestaria, se podrá hacer una reposición del 100%
en todos los servicios públicos, incluso se podrá llegar al 115% de
reposición tanto en la Administración, como en las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
Para fomentar entre los jóvenes el empleo público se celebrará la
Semana Abierta de la Administración entre el 7 y el 11 de mayo por
toda España. El objetivo de estas jornadas será "difundir el valor
de lo público y la transparencia". Varios opositores irán a las
universidades españolas a explicar qué tienen que hacer para
enfrentarse a una oposición y animar a los universitarios a
presentarse a estos procesos de selección.
Más funcionarios que antes de la crisis
Tal y como se muestra en el Boletín Estadístico de Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas -elaborado por el
Ministerio de Hacienda- las Comunidades Autónomas tienen 43.000
empleados más que en enero del año 2007. Con respecto al año 2005,
se observa un incremento de 113.000 empleados más en las
administraciones regionales.
En total, entre 2009 y 2012, España tenía más de 2,5 millones de
empleados públicos -contando trabajadores y funcionarios-. Tras los
recortes de 2012, el número de efectivos se redujo, pero ha vuelto a
entrar en una dinámica de crecimiento al calor de la recuperación
económica.
Los jóvenes quieren ser funcionarios
En el último estudio realizado por el Círculo de Formación se
refleja que uno de cada cuatro jóvenes quiere ser funcionario. Solo
el 38% de los encuestados aseguraron que querían desarrollar su
carrera profesional en una empresa privada. En cuanto a los
universitarios, un tercio de ellos aspiran a convertirse en
trabajadores de la Administración.
La encrucijada de los españoles
Pedro de Tena Libertad Digital 7 Mayo 2018
Aun cuando estemos sometidos a un implacable régimen de propaganda,
que no de información, la mayoría de los españoles, quiero creer, ya
sabemos lo suficiente para comprender que o salimos de este
purgatorio a que nos ha conducido una perversa interpretación
constitucional o vamos directos al infierno de una España rota,
humillada y amoral. Sólo en esta última semana, hemos comprobado
cómo la presunción de inocencia no existe; cómo un ministro puede
cargar sin pruebas contra un juez; cómo "la calle", esto es, el
espectáculo de una extrema izquierda con doble moral y sin
escrúpulos, revienta las instituciones; cómo una alto cargo del PP
era grabada sisando crema en un súper y cómo se conspiraba por su
máster desde una universidad; cómo el criminal de guerra Ternera y
su subordinado Otegui eran acogidos, rematando a sus víctimas; cómo
se pide el acercamiento a sus familias de presos que han matado a
miembros de otras familias; cómo en Cataluña crecen las agresiones y
descalificaciones separatistas contra la mayoría; cómo en el caso
ERE la Guardia Civil describe con detalle un robo organizado desde
las instituciones gobernadas por el PSOE; cómo se suben o no las
pensiones según el interés del partido en el Gobierno… En fin. Esto,
la última semana.
Verdaderamente, estamos ante una de las grandes encrucijadas de la
historia de España. En resumen, habría que decir que las componendas
que dieron origen a la Constitución de 1978 no lo fueron para
edificar una democracia moderna y decente. El resultado fue que los
partidos políticos y sus correas de transmisión –algunos de los
cuales eran sólo un puñado de sectarios sin experiencia alguna– se
apoderaron de casi todo el aparato del Estado y sus dineros. De
entre ellos, los partidos separatistas, una vez cebados,
legalizados, privilegiados y preparados, organizaron con paciencia
–que únicamente ETA no aceptó– el asalto final a España en que ahora
estamos. Para hacer de los partidos el único poder con poder real
hubo que triturar el Poder Judicial y descuajaringar el Poder
Legislativo, con ayuda de los medios de comunicación permitidos
–nunca se ha querido realmente la libertad de información y
opinión–, el control ideológico de la educación y el destrozo de la
más elemental moral social.
Las próximas elecciones no son, no pueden ser, unas elecciones más,
en ninguna parte de España. Tanto las municipales como las
autonómicas y las generales deberían ser el cauce democrático para
que, de la ley a la ley, todo comience a cambiar para que nada
permanezca igual. Pero ¿quién será el sujeto político que unifique
en un proyecto regenerador a la que creo es la mayoría de una nación
que asiste perpleja a su desmoralización y demolición controladas?
Podemos afiliarnos al bucle melancólico de la queja sistemática,
menguante y estéril, o pasar a la acción. Ahora bien, ¿cómo se pasa
a la acción? ¿Qué acciones son necesarias? ¿Qué instrumentos
civiles, políticos, económicos, sociales, intelectuales y morales
necesitamos para desarrollar una estrategia de recuperación y
regeneración nacionales en el marco de las democracias occidentales
y su civilización? Liberales, conservadores, demócratas de otros
mimbres y socialdemócratas deberíamos coincidir en esta búsqueda.
La verdad, en el horizonte no se ve nada, o bien poco. Ante el
desmoronamiento de los dos grandes partidos habituales, los que
podrían ponerse al frente –Ciudadanos, sí, que ya no hay otro con la
estatura adecuada– no lo hacen y causan más inquietud que esperanza.
De todos modos, deberíamos decirnos como el perro al hueso: "Tú eres
duro, pero yo no tengo otra cosa más importante que hacer".
Bonig pide ayuda a Rajoy en su batalla en
defensa de la libertad lingüística
Bonig eliminará el requisito lingüístico para la función pública.
Rajoy arremete contra los “ayuntamientos del cambio a peor” de
Madrid o Valencia.
P. Montesinos Libertad Digital 7 Mayo 2018
Isabel Bonig volvió a pedir ayuda a Mariano Rajoy en su batalla
contra la política lingüística del Gobierno de la Comunidad
Valenciana. Y el jefe del Ejecutivo recogió el testigo. Confirmó que
el Gobierno está trabajando en un recurso contra la ley de Ximo
Puig. "Queremos dialogar antes de recurrir, pero que nadie se lleve
a engaño", dijo. Y se comprometió a defender la libertad en las
escuelas.
El PP intentó sacar músculo político en uno de sus momentos más
difíciles. Reunió a más de 1.300 simpatizantes en Alicante, de nuevo
gobernado por un alcalde popular, Luis Barcala. El auditorio estaba
lleno. "Siempre he defendido que el alcalde sea aquel que hayan
votado más los vecinos, es una medida de calidad democrática",
proclamó Rajoy. "Obedece a una regla sencilla: el que gana
gobierna", incidió, obviando en todo momento los líos internos que
noquean a su partido.
Bonig enarboló la bandera de la libertad dejando claro su mensaje de
aquí a las elecciones de 2019. Llegó a pedir la dimisión de Puig por
esquivar la ley en materia lingüística. "Haga el favor de cumplir la
ley y las sentencias", exigió al presidente regional. Le tildó de
"acomplejado" por preferir "catalanes de segunda a valencianos de
primera". "El PP dice no, no y no", añadió, y cargó contra la "senda
de catalanización" del Ejecutivo.
En este sentido, la líder de los populares valencianos hizo un
anuncio de precampaña. Si es presidenta, eliminará el requisito
lingüístico para la función pública. "Será un mérito y no una
imposición", aseguró, provocando la ovación de los suyos. Y, una vez
más, pidió directamente a Rajoy que no mire para otro lado. "Te
pedimos otra vez ayuda, y sé que la vamos a tener para acabar con
todo este entramado contra los padres y la libertad de educación de
nuestros hijos", le trasladó.
Valencia no puede ser Cataluña
El presidente entró en la cuestión. Como en Baleares hace unas
semanas, alertó de que la Comunidad Valenciana no puede seguir "el
ejemplo de enfrentamiento" de Cataluña. Y vio "dudas muy fundadas
sobre la constitucionalidad" de la ley de plurilingüismo de Puig,
aunque antes de presentar el recurso hablará con él. "El Gobierno
estará siempre con la ley" y "siempre con la libertad de los padres
para elegir la lengua vehicular de sus hijos", insistió. "Así de
claro", zanjó el presidente.
Rajoy atacó con dureza a los denominados gobiernos del cambio. Se
refirió a las ciudades de Madrid, Valencia o Barcelona y resumió la
gestión de sus consistorios: "Mala gestión, calles más sucias y el
amiguismo adueñándose de la red de contrataciones". Arreciaron los
aplausos. Habló de "coalición de despachos" y aseguró que, en vez de
solucionar problemas, los crean. Ni una mención directa sobre
Ciudadanos, partido al que tampoco mentó en Palma de Mallorca.
Como siempre que va a levante, el presidente sacó a colación el tema
de agua y avisó de que el pacto de Estado del agua que se pretende
alcanzar no puede "liquidar" los acuerdos previstos como el trasvase
Tajo-Segura.
Bonig, Rajoy y Núñez
Nota del Editor 7 Mayo 2018
Es increíble la falta de dignidad de Rajoy. Y es increíble la
candidez (o vaya Vd a saber qué) de Bonig al pedir al sujeto que ha
traicionado a España y a los españoles, que tenga un poco de
responsabilidad y permita que la ley se cumpla en toda España. Y si
quiere política lingüística solo tiene que pedir ayuda a Núñez
Feijóo que le recomendará que se fume todos los principios humanos y
constitucionales de los español hablantes mediante la conjunción
armónica de la lengua regional.
El opio rojo del profeta Karl
JORGE BUSTOS El Mundo 7 Mayo 2018
Una noble tradición liberal obliga a estudiar a Karl Marx con el
singular afecto que se reserva a los hijos descarriados. Cumplieron
con ella inteligencias tan poco marxistas como las de Schumpeter,
Berlin y Aron, y leyéndolos uno aprende que a los verdaderos
portavoces del liberalismo les guía siempre el respeto intelectual
por el adversario formidable. A Marx hay que respetarlo porque nació
hace dos siglos en Tréveris pero su criatura renace desde entonces
bajo ropajes nuevos tras cada derrota, con la misma tozudez con que
el capitalismo se reinventa un segundo después de que la última
crisis persuada a sus ingenuos enemigos de que es la definitiva.
Llamamos marxismo a una profecía equivocada que sin embargo no
pierde capacidad de sugestión entre las nuevas generaciones que
vienen a estrenar el mundo, sin reparar en que el mundo llevaba ya
encima muchas revoluciones antes de que Galileo se asomara al
telescopio. Cada liberal aporta su etiología de la recurrente
fascinación marxista. Aron fue el primero que advirtió en Marx una
teología sustitutiva, una droga para intelectuales que relevaba el
cristianismo tradicional, descartado como opio del pueblo pero
saqueado conceptualmente por el materialismo histórico. Criado en
una familia de judíos convertidos al protestantismo, Marx reelabora
una promesa de felicidad más que una ideología, funda una religión
laica más que un programa filosófico. A partir de él, los hombres
podrán tenerse por seguros exponentes de la razón científica sin
tener que privarse de su atávico anhelo de trascendencia.
Encontrarán su iglesia peregrina en la clase obrera, sus clérigos en
los intelectuales del partido, su demonio en el empresariado, su
tentación en el desclasamiento burgués, su ascesis en la lucha de
clases, su martirio en la represión, su paraíso en la perfecta
sociedad igualitaria.
Poco importa que Marx errara sus tesis principales sobre el
presente, el pasado y el futuro de las sociedades humanas. Se
equivocó sobre el pasado, postulando la teoría de una "acumulación
originaria" malversada por la explotación capitalista; una
reformulación en jerga seudotécnica del antiguo mito de la edad
dorada, que no resuelve ni desde cuándo ni por qué unos acumulan y
otros no, puesto que niega al individuo toda capacidad
meritocrática. Se equivocó sobre el presente, atribuyendo el motor
de la historia al conflicto maniqueo por el control de los medios de
producción, cuando lo cierto es que los agentes del progreso se
decantaron pronto por los beneficios de la cooperación comercial en
detrimento de los riesgos de la primitiva rapacidad. Y se equivocó
sobre el futuro, porque el pronosticado colapso del capitalismo
nunca es más que otro cambio de ciclo: el sistema reajustándose la
hebilla del cinturón. Pero nadie pide cuentas a los anunciantes del
apocalipsis cuando el apocalipsis se retrasa: siempre hay otra
oportunidad. El marxismo es una religión y Marx es su profeta, y las
religiones no sobreviven por su fidelidad a los hechos sino por la
belleza del argumento. Tan bello que ciega a sus seguidores y los
entrega a la misión de empujar la Historia y autocumplir la
profecía, normalmente regando el mundo de sangre.
Hoy sabemos que la economía no es el móvil omnímodo que agota los
pensamientos y los actos de los hombres, especie animal que no
siempre identifica con claridad sus propios intereses e incluso toma
decisiones que los contrarían. Pues el ser social influye, pero no
determina la conciencia. Hoy sabemos, contra lo que afirmó Marx, que
los obreros sí tienen patria, y que de hecho están dispuestos a
defender antes su nación que su clase, como Stalin no tardó en darse
cuenta. Hoy sabemos que si el marxismo condenaba a las clases
modernas a la lucha, el neomarxismo posmoderno sustituye la igualdad
por la identidad -de género, de lengua, de cultura- para alentar
pugnas estériles entre emociones sordas que fragmentan la sociedad y
anulan al ciudadano. El actual identitarismo constata el fracaso del
materialismo dialéctico: los de abajo y los de arriba cooperaron
para alumbrar la clase media, y las razas y los sexos cooperarán a
despecho del mandato de destrucción que se les prescribe contra la
instancia dominante. ¿Para qué combatirla si podemos integrarnos en
ella? Hoy sabemos que la teoría de que el valor lo marca el trabajo
solo se aguanta en la perfección de la teoría, porque la práctica
del comercio es subjetiva y en ella la demanda fija el precio. Hoy
sabemos que la lógica de la depauperación capitalista falla en cada
subida de sueldo y en cada convenio de empresa, y falló a lo grande
cuando el sistema se convenció de que la esclavitud ni siquiera era
rentable, lo que aceleró su abolición. Hoy sabemos, en fin, lo que
concluyó Wilson: que el marxismo es una bella teoría para la especie
equivocada. Porque la nuestra despliega todas sus capacidades sobre
la noción natural de propiedad y competencia, y reeducarla en la
renuncia acaba comportando una cantidad verdaderamente engorrosa de
cadáveres.
Leo a periodistas e intelectuales preocupados por el enanismo de las
nuevas causas que dividen a la izquierda, desparramada entre quienes
claman contra el especismo, los que recelan de las vacunas o los
activistas del DNI de género fluido. Comprendo su desesperación en
un mundo en que los proletarios no se unen ni para escoger filtro de
Instagram, pero no es posible revertir la soberanía de la intimidad
que instauró el 68, y en cualquier caso la solución para el XXI no
puede consistir en un retorno al XIX. Mañana no te contratarán por
lo que eres, como ayer en la sociedad industrial del proletariado,
ni por lo que sientes, como hoy en la sociedad posindustrial del
precariado, sino por lo que sabes hacer, como en la economía global
del conocimiento que habitaremos. Pero sobre todo comprendo a los
colegas de la izquierda clásica porque todo liberal comparte con
ellos el radical antropocentrismo: la idea de que la política sirve
para acortar los pasos que llevan a la emancipación material de todo
ser humano. El liberalismo cree que tal empoderamiento o es
individual o no es, mientras que el marxismo deposita toda su fe en
el Estado; pero Marx acertó al priorizar la internacionalización, el
materialismo o la ciencia. Los nuevos izquierdistas yerran en la
medida en que se alejan de los aciertos del patriarca para quedarse
únicamente con su método dialéctico de combate. El neomarxismo de un
Laclau, por ejemplo, no es más que una estrategia de lucha por la
hegemonía a través del antagonismo.
Fue Eduard Bernstein, el padre de la socialdemocracia alemana, quien
atendió a los ecos liberales en Marx, lector atento de Adam Smith.
Eran ciertos: el Manifiesto comunista incluye una entusiasta
exposición de los logros del capitalismo y un tributo a la potencia
revolucionaria de la burguesía, que "ha realizado maravillas muy
superiores a las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las
catedrales góticas (...) y ha rescatado a una parte considerable de
la población de la idiotez de la vida rural". Schumpeter extraerá de
aquí su famoso postulado de la destrucción creativa, enemiga de la
estabilidad y causa de tantos resentimientos, pues cuando uno cree
tener la vida resuelta en analógico, aparece un Steve Jobs que
impone el paradigma digital y manda a las masas al paro. Por eso,
concluía el austriaco, el marxismo es reaccionario: un socialista
genuinamente científico -y no el profeta Karl- habría descubierto
que capitalismo y naturaleza son la misma cosa.
Bernstein es el gran hereje del marxismo. Cuando constató que la
profecía del colapso era falsa porque la concentración monopolística
de capital no se producía -al revés: cada vez había más
capitalistas-, optó por la reforma en lugar de la revolución. Trató
de salvar de sí mismo al Marx más incendiario, defendiendo que el
materialismo dialéctico se podía ejercer desde un parlamento
democrático, donde los legisladores luchan por satisfacer a las
distintas clases de votantes. Para el justo Bernstein, a diferencia
del inicuo Lenin, la toma del poder no era el fin sino el medio, y
si el demoliberalismo estaba reportando derechos a los obreros, lo
sensato era perseverar en la vía institucional. "No hay pensamiento
liberal que no forme parte del equipaje teórico del socialismo, que
debe aceptar que el hombre es responsable de sí mismo", anota
Bernstein con audacia, al tiempo que alerta contra la "dictadura
terrorista de los clubes revolucionarios". Temerario, acusa al
barbudo mesías de violar la ciencia al servicio de la especulación.
Quien violenta los hechos para sustentar su idea acaba concediendo
permiso para que se violente a las personas. Bernstein pagaría su
librepensamiento con la persecución, pero el bien estaba hecho. Su
semilla murió en el gulag pero arraigó definitivamente en la
posguerra y gobierna nuestros días pese a los agoreros del
cataclismo, repicado desde la orilla neomarxista como desde la
neoconservadora. Un mismo réquiem de nostálgicos que hemos dado en
llamar populismo.
¿Qué será de Marx? Fue un Darwin invertido: profetizó que bajo el
capitalismo el hombre volvería al mono, pero lo cierto es que va
camino de ser dios, en los cálculos de Harari. La estrategia
marxista, sin embargo, pervivirá como escuela de la sospecha, porque
nada soporta tan bien una grata conspiranoia como el Ibex, el
judaísmo o el Vaticano. Si el tarot goza de empecinada salud no hay
razón para suponer que una superstición mucho más elaborada, que
exculpa al hombre de toda responsabilidad en sus fracasos, vaya a
dejar de recibir adeptos. La Gran Recesión lo ha reavivado, pero hoy
el marxismo vive básicamente de parasitar el feminismo. También allí
fracasará, y pronto, porque varones y mujeres se atraen aún más que
trabajadores y empresarios. Y porque la única revolución duradera
dicta que el verdadero sujeto transformador, querido lector, eres
tú.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Democracia y fortaleza
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 7 Mayo 2018
El nauseabundo comunicado de ETA leído por dos asesinos en serie,
uno huido de la justicia española y la otra encarcelada en Francia,
más allá de las cuestiones concretas suscitadas por su contenido,
repleto de vomitivos eufemismos y de falacias venenosas, y en el que
cualquier asomo de arrepentimiento está ausente, suscita una amplia
reflexión sobre nuestra democracia y su fortaleza, es decir, su
capacidad y su determinación para defenderse y a la vez defendernos
a todos los que creemos en ella, nos cobijamos bajo su amparo y la
sostenemos con nuestro acatamiento de las leyes y con nuestros
impuestos, de enemigos feroces que pugnan por acabar con nuestras
libertades, nuestra paz y nuestra prosperidad. En otras palabras, la
tomadura de pelo que representa el llamado final de ETA -porque
calificarlo de derrota son ganas de vivir en el autoengaño- es una
excelente ocasión para preguntarnos si nuestro sistema legal,
nuestro entramado institucional y la base conceptual que manejan
nuestros políticos son los adecuados a la hora de enfrentarnos a
amenazas del calibre del terrorismo islámico, el golpismo
separatista o le vesania criminal de una organización que ha
recurrido sistemáticamente durante medio siglo al secuestro, la
intimidación, la bomba lapa, el coche repleto de explosivos y el
tiro en la nuca para intentar imponernos sus demenciales postulados.
Este interrogante no es en absoluto gratuito si se examinan algunos
hechos que forman parte de nuestro panorama cotidiano con mirada
auténticamente crítica, o sea liberada de la anestesia de la
costumbre para contemplar la realidad tal como es y no tal como nos
la cuentan. No son pocos los etarras que, tras cumplir condenas de
prisión equivalentes a un año por vida arrebatada, se pasean
tranquilamente por el País Vasco, donde viven placenteramente y son
objeto de los parabienes, homenajes y cálido afecto de centenares de
miles de sus paisanos. Para exponerlo con la necesaria crudeza,
monstruos que han lanzado un automóvil cargado de metralla hacia un
patio de una casa cuartel en el que había niños jugando, hoy andan
sueltos rodeados del público reconocimiento por sus hazañas. Diré
más, ha habido períodos de nuestra historia reciente, en los que
alguna de estas hienas con apariencia humana ha ocupado un escaño en
una cámara autonómica, ha percibido un sueldo costeado por el
conjunto de los españoles y se ha sentado en la Comisión de
¡Derechos Humanos! En semejante contexto, el espectáculo de un
gelatinoso exlehendakari socialista proponiendo tras la disolución
de ETA el acercamiento de presos de la banda a penitenciarias del
País Vasco provoca arcadas.
Tras perpetrar un golpe de Estado preparado durante varios años en
las narices del Gobierno, sufragado por el presupuesto de ese mismo
Estado que se proponía volar y ampliamente jaleado por medios de
comunicación públicos y privados generosamente subvencionados, los
impulsores y protagonistas de la fechoría han vuelto a presentarse a
las elecciones, desempeñan altas responsabilidades y siguen
desafiando contumazmente a los tribunales y a las legítimas
autoridades, cuyo deseo más ferviente es curiosamente que regresen a
la “normalidad”, feliz situación que consistirá en que persistan en
sus propósitos de liquidar la unidad nacional y de paso los derechos
de sus conciudadanos, además de llevar al país a la ruina económica.
En estos momentos, la principal ocupación del Gobierno es ganarse el
apoyo de un partido que ha practicado sin descanso la connivencia
con ETA, con la que coincide en sus objetivos políticos de destruir
el orden constitucional para transformar España en un despojo sin
nombre ni futuro, y ello con el loable fin de prolongar su estancia
en el poder durante a lo sumo dos años más, para lo cual está
dispuesto a proporcionarle al PNV aún más instrumentos financieros,
institucionales y administrativos que le faciliten su trabajo de
demolición.
Estos llamativos ejemplos de masoquismo autodestructivo que admiten
sin demasiado esfuerzo el calificativo de traición, no han surgido
de pronto en tiempos recientes, sino que reflejan un problema de
fondo que arranca desde la misma Transición. Unas élites políticas
acomplejadas y carentes de fundamentos ideológicos y morales sólidos
se plegaron al marco conceptual de los peores enemigos de la
democracia y del Estado y apañaron una arquitectura institucional,
simbólica y legal que no sólo no era apta, como se ha demostrado
hasta la saciedad, para preservar los valores de la sociedad abierta
frente a sus clásicos dinamitadores, el nacionalismo supremacista y
excluyente, el terrorismo revolucionario y la subversión violenta,
sino que les pusieron en bandeja todas las herramientas para
realizar su labor de arrasamiento. El resultado lo contemplamos hoy:
la sociedad catalana enferma de odio fanático y prisionera de las
mentiras más letales y ETA riéndose de las víctimas, de la justicia
y de los inanes burócratas que habitan en La Moncloa.
No sabemos quién tomará las riendas del Ejecutivo en 2020 ni qué
mayoría parlamentaria lo sustentará, aunque el desastre que nos
aflige es de tal magnitud y el fracaso del equipo de funcionarios
ideológicamente deshuesados que ahora nos gobierna tan patente, que
las encuestas apuntan crecientemente a un cambio sustancial. Lo que
si sabemos es que si el nuevo Presidente del Gobierno y los que le
acompañen no son conscientes de la urgente necesidad de un enfoque
radicalmente distinto que se traduzca en reformas profundas de
nuestro ordenamiento básico y de la manera de conducir los asuntos
públicos, no habrá salvación.
Una democracia, precisamente por serlo, tiene el deber de ser fuerte
y aplicar la máxima de que la firmeza es condición necesaria para
garantizar la libertad y la igualdad. La pusilanimidad, la confusión
en las ideas y la ausencia de principios desembocan inevitablemente,
como la Historia ha dejado patente, en la descomposición y el caos,
en el colectivismo anulador del individuo o en la férula totalitaria
del cirujano de hierro. No es difícil imaginar el panorama que
dibujaría un triunfo electoral de Arnaldo Otegi, Pablo Iglesias o
Carles Puigdemont. El apaciguamiento del mal alimentando su
voracidad le da siempre la victoria, el coraje para doblegarlo
proporciona al menos la posibilidad de cortarle las garras.
‘Los nombres que no son’
Ricardo Ruiz de la Serna gaceta.es 7 Mayo 2018
Para comprender la España de nuestro tiempo, hay que volver a
Orwelll y a la “neolengua” que con tanto acierto describió en
“1984”. Sólo así puede uno acercarse al tenor del comunicado de ETA
o a las palabras de tantos políticos, periodistas y personajes
públicos que han hablado de “paz”, “reconciliación” y “convivencia”.
Todo esto sugiere que en el País Vasco hubo un “conflicto” con dos
bandos enfrentados y causándose mutuamente bajas en una “lucha
armada”. Así de profunda y efectiva ha sido la penetración de la
propaganda nacionalista -y ETA, no se olvide, es una organización
inspirada en el nacionalismo revolucionario de la Guerra Fría- así
de profunda, digo, ha sido la penetración de esa propaganda en el
discurso público y el uso cotidiano de la lengua.
Por lo tanto, la lucha por la historia, la memoria y el lenguaje
exigirá redoblar los esfuerzos para devolver a cada término su
significado. ¡Qué acertada estuvo Pilar Ruiz Albisu cuando advirtió
a Patxi López en 2005 sobre la manipulación del lenguaje y lo que
vendría después! “Patxi, ahora veo que, efectivamente, has puesto en
un lado de la balanza la vida y la dignidad, y en el otro el poder y
el interés del partido, y que te has reunido con EHAK [Partido
Comunista de las Tierras Vascas]. Ya no me quedan dudas de que
cerrarás más veces los ojos y dirás y harás muchas más cosas que me
helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son.
A tus pasos los llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado
nuestros muertos!, Patxi. ¡Qué solos estamos los que no hemos
cerrado los ojos!”. Así está sucediendo. En España, desde hace mucho
tiempo, se habla de ETA “llamando a las cosas por los nombres que no
son”. La ambigüedad a la hora de condenar el terrorismo, los
llamamientos al “perdón” y a la “generosidad” y la equiparación de
las reivindicaciones de los familiares de etarras con las de las
víctimas de los terroristas son sólo algunos ejemplos de esta
confusión de lenguaje que revela una confusión moral mucho más
profunda.
En la tercera parte de “Los orígenes del Totalitarismo” (1951),
Hannah Arendt ya señaló el uso de la propaganda y su posterior
sustitución por el adoctrinamiento una vez el totalitarismo se ha
hecho con el control absoluto: “desde el momento en que los
movimientos totalitarios existen en un mundo que, en sí mismo, es
no-totalitario, están obligados a recurrir a lo que solemos llamar
propaganda”.
Por eso, debemos estar alerta ante lo que sucede allí donde la
propaganda de los nacionalistas de distinto sesgo -sean los partidos
conservadores sean la izquierda revolucionaria nacionalista de ETA,
el Front d´Alliberament de Catalunya y Terra Lliure- ha logrado
permear el sistema educativo, los medios de comunicación y las
industrias culturales. Esa ideología nacionalista transmitida de
forma persuasiva va jalonando el camino para la imposición de un
orden totalitario cuyas características vamos reconociendo: la
exclusión y silencio impuestos a los discrepantes, la hegemonía
cultural nacionalista, las agresiones físicas, verbales y simbólicas
y tantas otras cosas que revelan la excelente salud de la que goza
la ideología de las organizaciones terroristas.
De hecho, los nacionalistas han logrado dar carta de naturaleza a
esa distinción engañosa entre “violentos” y “no violentos” como si
esa diferencia bastase para separar a los malos de los buenos, es
decir, como si unos y otros no compartiesen los mismos objetivos.
De nuevo Hannah Arendt nos avisa: “Sin embargo, más característico
de la propaganda totalitaria que la amenaza y los crímenes directos
contra individuos es el uso de las insinuaciones indirectas, veladas
y amenazantes contra todos aquellos que no atiendan sus enseñanzas”.
Tras las acusaciones de “no querer la paz” o de “desear venganza”,
hay un sesgo totalitario que debe llevarnos a reaccionar con
decisión.
Así, ETA no debe escribir la historia de estos días ni reescribir el
pasado que han sembrado con muerte y dolor por toda España. La
preservación de la memoria exigirá una lucha pareja por la historia
y la justicia. Quedan centenares de atentados por esclarecer. Quedan
muchas complicidades por revelar. Quedan muchas mentiras por
refutar. Por desgracia, la ideología inspiradora de ETA -esa que
justifica el terrorismo y siembra el odio- sigue viva en nuestro
tiempo.
Navarra, en alerta roja
ANA BELTRÁN VILLALBA El Mundo 7 Mayo 2018
Hace casi tres años, en el debate de investidura de Uxue Barkos como
presidenta del Gobierno de la Comunidad Foral, alerté de que Navarra
no quería un cambio de izquierda nacionalista radical, que era lo
que se estaba produciendo en ese momento.
Alerté de la influencia de Bildu-Batasuna en el Gobierno, un partido
que seguía -y sigue- sin condenar los atentados de ETA. Y alerté de
la previsible subida de impuestos que el cuatripartito (Geroa Bai,
Bildu, Podemos e IU) iba a imponer en Navarra.
Hoy, desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. Y con creces.
El proceso de batasunización que está imperando en Navarra en estos
momentos, una comunidad que no es abertzale, ni siquiera
nacionalista, responde a la hoja de ruta que el nacionalismo vasco
está ejerciendo en la Comunidad Foral, pisando el acelerador ahora
que termina la legislatura, con el único objetivo de conseguir que
Navarra sea una provincia más del País Vasco.
A través de tres ejes fundamentales: la lengua (el euskera), los
símbolos (la ikurriña) y el territorio (la anexión a Euskadi), que
es como todos los nacionalismos han intentado siempre conseguir sus
propósitos.
Recientemente, la presidenta Barkos ha acudido a Madrid con el
propósito de vender una Arcadia feliz, una Navarra idílica que sólo
existe en su imaginación, pues la realidad, una vez cruzada la
frontera, es otra. Los carteles que reciben al visitante hablan ya
de Nafarroa, a pesar de que, aunque no todo el mundo es consciente
de ello, el euskera no es una lengua oficial en toda Navarra. Y a
pesar de que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades con
lenguas cooficiales, en Navarra el euskera lo habla el 6,7% de la
población. Pero para Uxue Barkos y sus socios de Gobierno, Navarra
debe ser Nafarroa.
Explica también Barkos en Madrid que, cuando alertamos de que la
derogación de la Ley de Símbolos se hizo para intentar colocar la
ikurriña en los edificios oficiales, estamos engañando a la gente.
Pero lo cierto es que, durante los cohetes de las fiestas de los
pueblos, y más grave, durante el chupinazo de San Fermín, la
ikurriña -bandera de otra comunidad- ondeó alegremente en las
fachadas consistoriales, con total permisividad de sus alcaldes y
del propio Gobierno de Navarra.
Afortunadamente, el Ejecutivo de España del Partido Popular, a
través de la Delegación del Gobierno, interpuso recursos ante la
colocación de esas banderas, y ahora los tribunales nos están dando
la razón. La bandera de Euskadi no es legal en Navarra. Igual que la
bandera de Navarra no sería legal en otras comunidades. Porque la
única bandera que nos ampara y protege a todos los españoles, sea
cual sea nuestra comunidad, es la de España. Esa que algunos, en
Navarra, hoy en día todavía intentan esconder.
No es de extrañar que Uxue Barkos intente ocultar en Madrid lo que
hace en Navarra. No es de extrañar que intente falsear la realidad
de lo que día a día ocurre en la Comunidad Foral. Pero lo cierto es
que gobierna arrodillada a los pies de Bildu, a quien jamás ha
exigido que condene el terrorismo de ETA, y que es el partido que
está buscando, desde el primer momento, la anexión de Navarra al
País Vasco. Desde el primer pleno monográfico de la legislatura,
sobre el "derecho a decidir", cuando de manera encubierta se aprobó
poner en marcha los mecanismos para activar la Disposición
Transitoria Cuarta de la Constitución. Y es que el objetivo del
nacionalismo es conseguir activarla para, como reconoció la propia
Uxue Barkos, votar a favor de la anexión al País Vasco. O, lo que es
lo mismo, votar a favor de la desaparición de Navarra como Comunidad
Foral, diferenciada de Euskadi, y dentro de España.
Y no hay que olvidar que esto que persigue el nacionalismo vasco que
hoy gobierna Navarra, junto con los títeres cómplices de Podemos e
Izquierda Unida, es y ha sido el objetivo de ETA, es por lo que
algunos han matado, y tantos cientos han sido asesinados.
ETA se ha disuelto. Gracias a la inestimable labor de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, a quienes siempre estaremos
agradecidos y a quienes, sin lugar a dudas, siempre querremos
presentes en Navarra, aunque algunos les quieran echar; gracias al
Estado de derecho, y gracias a la sociedad civil, esa que plantó
cara a la banda terrorista sin más armas que manos blancas y lazos
azules, y con un grito unánime: Basta ya.
ETA no ha conseguido su objetivo, Navarra sigue siendo Navarra, esa
gran comunidad dentro de ese gran país que es España. Pero sus
herederos naturales, Bildu-Batasuna, siguen sus objetivos desde las
instituciones, y nuestra labor es desenmascararles, quitarles la
capucha y las caretas, y plantarles cara, como día a día hacemos en
el Parlamento navarro desde el Partido Popular.
Por eso, igual que comencé la legislatura alertando de lo que
pretende hacer el nacionalismo vasco, sigo y seguiré haciéndolo, en
Navarra, en Madrid y donde sea necesario. No voy a permitir que
lobos con piel de cordero falseen la realidad. No voy a permitir que
se humille a los navarros que no saben euskera, que son la inmensa
mayoría, ni que se les discrimine. No voy a permitir que se coloque
la ikurriña y se relegue la bandera de Navarra.
Mi objetivo es conseguir que todos seamos conscientes de que Navarra
no puede permitirse cuatro años más de nacionalismo. Y de que España
no puede permitirse cuatro años más de nacionalismo vasco en
Navarra.
España no puede permitir la desaparición de Navarra. Lo que ETA no
consiguió con las armas, no permitamos que sus herederos consigan en
las instituciones. Aún estamos a tiempo.
Ana Beltrán Villalba es presidenta del Partido Popular de Navarra.
El PP asesino del español
Nota del Editor 7 Mayo 2018
Hay por ahí alguna persona despistada que piensa que el PP, o sea el
Partido Podrido, tiene algún principio relacionado con la defensa de
España. Pero si hubiera leído algo en estas páginas se habría dado
cuenta de la imposibilidad de que el PP ejecute alguna medida
orientada a defender España y a los español hablantes. Desde
Fernández Albor, y siguiendo hasta Núñez Feijóo, en Galicia, el
español y los español hablantes somos ciudadanos de cuarta clase.
En Navarra sabíamos que ocurriría lo mismo, se informó a Sanz
(UPN-PP) del peligro de permitir cualquier pasito con el vascuence y
así sigue la historia. Lamentablemente he de reconocer a Rajoy la
tremenda labor que ha y está desarrollando para cumplir mis deseos
para que el PP desaparezca, como consecuencia de su inutilidad en el
mejor de los casos, en realidad de su permanente traición a España.
El mismo reconocimiento a Zapatero y Sánchez.
Navarra y los caballos de Troya del
nacionalismo vasco
EDITORIAL Libertad Digital 7 Mayo 2018
Navarra ha estado siempre en la mira del nacionalismo vasco, que
hace un uso miserable de la promoción del vascuence para socavar las
instituciones de la Comunidad Foral.
Las organizaciones cívicas navarras contrarias al proceso de
fagocitación del Viejo Reyno por el País Vasco acelerado por el
propio Gobierno foral, en manos de nacionalistas vascos y ultras de
izquierda, han convocado una gran manifestación para el próximo 2 de
junio, y pedido a los asistentes que acudan con la bandera navarra y
el proverbial pañuelo rojo.
La convocatoria es harto pertinente porque el riesgo es cada vez más
elevado. Desde la llegada a la Presidencia de la nacionalista vasca
Uxue Barkos, el Ejecutivo foral anda volcado en convertir la anexión
de Navarra por el País Vasco en una suerte de hecho consumado. No de
otra forma cabe analizar su afán desaforado en euskaldunizar la
Administración y, muy especialmente, la educación, auténtico vivero
de separatistas donde campan a sus anchas los adoctrinadores
proetarras.
En Navarra –como en el País Vasco– el vascuence es una lengua de uso
muy minoritario, sobre todo en la mitad sur del territorio. Pero el
Gobierno foral, sostenido por bildutarras y podemitas (los de Pablo
Iglesias, siempre y en todo lugar con los enemigos declarados de
España), trata de imponerlo como requisito básico para acceder a la
función pública, a imagen y semejanza de lo que ocurre en otras
regiones con graves problemas de nacionalismo.
Pues bien, contra esas pretensiones de la nacionalista vasca Barkos
y los partidos que la apoyan, las organizaciones cívicas y las
formaciones constitucionalistas han convocado a los navarros a la
referida manifestación, en defensa de Navarra y contra el
anexionismo abertzale y su política lingüística liberticida. El lema
de la convocatoria es "Por el futuro de todos en igualdad", y en el
manifiesto compuesto para la ocasión se denuncia la discriminación
contra los castellanoparlantes, la inmensa mayoría de la población
de la Comunidad Foral.
Navarra ha estado siempre en la mira del nacionalismo vasco, que
hace un uso miserable de la promoción del vascuence para socavar las
instituciones de la Comunidad Foral. Los navarros deben plantarse y,
urnas mediante, desalojar del Poder a los caballos de Troya que
tanto desprecian las instituciones y la peculiar idiosincrasia del
Viejo Reyno.
Mutis indigno
Luis Herrero Libertad Digital 7 Mayo 2018
Rajoy cree que la vomitiva campaña de marketing de los etarras marca
un antes y un después. Estaría bien que explicase qué ha cambiado
exactamente.
Durante tres jornadas consecutivas, el acrónimo ETA ha encabezado
los titulares de la prensa. Una campaña de marketing minuciosamente
calculada ha hecho sonar tres fanfarrias distintas, una cada día,
para captar la atención del público. El miércoles, una carta. El
jueves, un vídeo. El viernes, un acto. En los tres formatos, la
misma mierda. Festival de eufemismos para evitar expresiones como
terror, asesinato, crimen, extorsión o secuestro. Febriles
ensoñaciones para justificar la utilidad de más de medio siglo de
pistolerismo cobarde. Y como colofón, tres elípticas injurias: ni
una palabra de perdón a las víctimas, ni atisbo alguno de
arrepentimiento ni compromiso de colaboración con la justicia.
A pesar de todo, reclamaban un mutis digno y se lo hemos dado.
Durante tres días, el cañón de luz ha buscado a los verdugos -que
regresaban al escenario con la única intención de solemnizar una
despedida que ya se había producido hace años- y se ha olvidado de
las víctimas. Que los coreógrafos del mal diseñaran un numerito como
ese es vomitivo, pero coherente. Que los políticos no lo hayan
contraprogramado con un homenaje por todo lo alto a los caídos en
defensa de España es una iniquidad que no admite adversativos.
Aunque eso no es lo peor. Lo peor es que estos tres días de la
serpiente, que no deberían significar nada, han llevado al Gobierno
a ponerse estupendo. En lugar de encogerse de hombros y mirar con
indiferencia la pantomima, Rajoy ha decidido darle carta de
naturaleza y valorarla como un hecho trascendente que marca un antes
y un después. A sus palabras me remito: "en los próximos días -dijo
textualmente el viernes pasado-, el ministro del Interior convocará
una reunión del pacto antiterrorista para analizar la situación que
hoy se inicia". Así que, al parecer, a juicio del presidente estamos
ante el inicio de algo nuevo. ¿Pero de qué? ¿Qué ha cambiado?
Estaría muy bien que nos lo explicara.
Lo único que ha pasado, hasta donde a mí se me alcanza, es que ETA
ha dicho que desaparece después de llevar desaparecida mucho tiempo.
Eso es todo. ¿En qué cambia esa nadería retórica la situación de
fondo? ¿Qué sentido tiene convocar el pacto antiterrorista con tanta
prisa? ¿Qué utilidad puede tener la reunión en este momento? Parte
de la respuesta es de dominio público. El PSOE planteará la
necesidad de hacer "un gesto de acompañamiento", Ciudadanos -al
menos eso espero- dirá que por encima de su cadáver y el PP, es
decir, el Gobierno, mirará de reojo a los batasunos para
trasladarles el mismo mensaje que lleva haciéndoles llegar desde
hace meses, tal vez años: yo quiero, ya veis, pero las
circunstancias aún no son favorables.
Las tres posiciones han quedado nítidamente marcadas durante estos
tres días de propaganda filoetarra. En nombre del PSOE, primero
habló Patxi López pidiendo el acercamiento de presos "sin calendario
y con discreción". Luego intervino Pedro Sánchez: "en esta materia,
la política del partido es la que defiende Patxi López". Y por
último, Zapatero, el negociador: "Hay que tener una política
penitenciaria inteligente. No descartaría que pudiera haber
acercamientos, seguramente no masivos, selectivos. Hay que ir viendo
las circunstancias con tranquilidad y si es en el contexto del pacto
antiterrorista, mejor".
Respecto a la posición del Gobierno, los indicios de lo que piensa
-que no es lo mismo que lo que dice- son abrumadores. En dos días,
dos pistas. Urkullu, el jueves: "Rajoy es sensible a un cambio en la
política penitenciaria". Zapatero, el viernes: "No creo que Rajoy
esté radicalmente cerrado a contemplar la hipótesis del acercamiento
de presos, incluso teniendo las encuestas en contra, pero
lógicamente necesitará argumentos, acompañamiento y coyuntura".
Verde y con asas. ¿Hace falta alguna aclaración más?
La única voz discrepante que hasta ahora ha defendido lo mismo en
público y en privado ha sido la de Ciudadanos. Sin su concurso, la
unanimidad es imposible. Así que ya sabemos lo que va a pasar. El
pacto antiterrorista, que se ideó para visualizar la unidad de los
demócratas, servirá para escenificar todo lo contrario. Lo asombroso
es que Rajoy lo sabe (como el resto del mundo), y a pesar de eso
insiste en convocarlo. ¿Por qué? Solo se me ocurre una explicación,
que no contribuye precisamente a mejorar mi opinión sobre el
personaje: para que quede claro, ante los ojos de sus secretos
interlocutores, que él no se niega a cumplir su compromiso. Vuelvo a
las palabras de Urkullu en la entrevista de "El País": "El Gobierno
siempre puso como condición para cambiar la política penitenciaria
la disolución de ETA".
La conclusión no puede ser más triste: para salvar la cara ante los
partidarios del trueque con los etarras, Rajoy parece dispuesto a
hacer lo que haga falta. Eso, en el menos malo de los supuestos. En
el peor de todos tal vez esté sopesando cumplir lo que prometió a
pesar de todos los pesares. No creo, no creo. ¿Quién sería capaz de
hacer algo así?
Simplemente asesinos
Francisco Muro de Iscar diariosigloxxi 7 Mayo 2018
MADRID (OTR/PRESS)ETA se ha disuelto por imperativo policial y
legal, por la unidad de todos los demócratas frente al terrorismo,
por la imposibilidad de seguir matando, porque ha sido derrotada,
porque sus máximos dirigentes están en prisión. Se han acabado
sesenta años de extorsión, de asesinatos, de secuestros, de intento
de imponer a todos una dictadura totalitaria con la amenaza de las
armas. Son asesinos, lo han sido durante cincuenta años, desde el
primero, el del joven guardia civil José Luis Pardines. Nació en
tiempos de Franco pero nunca fue un movimiento antifranquista. La
mayor parte de sus asesinatos se cometieron en la democracia, contra
la democracia. Con la ayuda de muchos. Si en el franquismo
encontraron complicidades y hasta aplausos en las filas de la
izquierda, en la democracia contaron --cuentan todavía-- con el
apoyo de muchos que les ayudaron a cometer los asesinatos y los
aplaudieron y con el reconocimiento de otros, incluso de los que
hacen alarde de demócratas. Aunque se hayan disuelto --lo estaban de
hecho-- siguen presentes en muchos ayuntamientos vascos y en
parlamentos autónomos. Son los herederos ideológicos de los
asesinos. No han perdido perdón a las víctimas. No han reconocido
que mataron sin razón, que extorsionaron para vivir y seguir
matando, que despreciaban y desprecian a los que no piensan como
ellos. La democracia nos ha librado parcialmente de ellos, pero
deben seguir en la cárcel hasta que cumplan el último día de
condena. Por respeto a las víctimas.
854 muertos desde 1968 a 2009 --solo 42 en el franquismo--, 300 de
ellos civiles, decenas de niños. 16.000 heridos. 3.600 atentados.
Miles de familias destrozadas para siempre. Infinidad de entierros a
los que no iba nadie, ni siquiera las autoridades. El silencio
culpable de una parte de la Iglesia y de la sociedad vascas.
349 asesinatos cometidos entre 1978 y 2009 siguen sin ser
esclarecidos, con 271 causas judiciales prescritas o sobreseídas por
falta de datos. 86 secuestros a cambio de dinero, pero con finales
diferentes: el de Ortega Lara fue tal vez la primera prueba de que
ETA iba a perder todas las batallas; el de Miguel Ángel Blanco fue
el principio del fin de ETA.
42.000 personas amenazadas, esperando cada día el tiro de los
asesinos en la nuca, porque hasta para eso eran cobardes. Miles
huyeron de allí para siempre.
De los 3.800 militantes de ETA, 3.300 han pasado por la cárcel. 279
siguen en ella y algunos, incluso desde los Gobiernos vasco y
navarro, piden clemencia para los asesinos, para unos asesinos que
ni siquiera han sido capaces de pedir perdón a las víctimas, a todas
las víctimas.
ETA ha sido liquidada por la democracia, pero no se ha disuelto,
digan lo que digan los asesinos. No lo estará hasta que se aclaren
todos los asesinatos cometidos por la organización terrorista. No lo
estará hasta que paguen sus asesinatos con la cárcel. No se ha
disuelto porque sigue viva en cerca de 200 ayuntamientos en el País
Vasco, donde sus herederos tienen poder real --894 concejales de
Bildu frente a 280 del PSOE y del PP--; porque en muchos pueblos,
como Alsasua, es imposible la convivencia en libertad; porque la
mitad de los vascos quiere dejar de hablar del terrorismo de ETA y
el 42 por ciento de los jóvenes vascos desconoce la historia de la
extorsión y los asesinatos de ETA. Las víctimas, los muertos, los
que quedaron heridos para siempre, sus destrozadas familias merecen
que no olvidemos nunca el holocausto etarra. Perdón, sí, pero sólo
cuando los asesinos lo pidan a todas las víctimas y hayan pagado el
terrible daño causado a todos.
En sus enmiendas a los Presupuestos
El PSOE cómplice del separatismo: exige al
Gobierno inversiones en Cataluña que rechazó el TC
Luz Sela okdiario 7 Mayo 2018
El PSOE ha aprovechado sus enmiendas a los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para recuperar la famosa disposición adicional
tercera del Estatut de Cataluña, que en su día fue rechazada incluso
por el Tribunal Constitucional (TC).
Dicha disposición establece que “la inversión del Estado en Cataluña
en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación
Interterritorial, se equiparará a la participación relativa al PIB
de Cataluña con relación al PIB español durante un periodo de siete
años”. Sin embargo, la polémica disposición no se aplicó ni siquiera
durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.
El Constitucional, en su sentencia sobre el Estatut, determinó
además que el Estado no está obligado a invertir en esta región en
función de su Producto Interior Bruto, con lo que dicha disposición
“no puede tener, en modo alguno” efectos “directamente vinculantes
para el Estado”. El Alto Tribunal argumentó además que es al Estado
al que corresponde “en exclusiva” decidir si “procede dotar, en su
caso y en qué cuantía aquellas asignaciones”.
Pese a ello, los socialistas insisten ahora en recuperar la
disposición y exigir al Gobierno, en función de ello, el dinero que
se dejó de invertir en Cataluña. La enmienda va aún más allá y
propone que se amplíe su vigencia hasta 2019. La misma, según los
plazos iniciales, habría expirado hace cinco años.
“Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en el año 2006 los
sucesivos presupuestos del Estado han dado cumplimiento a esta
previsión, de forma que la inversión del Estado en Cataluña ha sido
equivalente al peso de la economía catalana en el conjunto de
España. Esto ha sido así hasta el presupuesto del año 2012. Desde
ese año la inversión prevista prevista en Cataluña se ha situado
entre el 9 y el 13% del total de la inversión regionalizada del
Estado. Muy por debajo de lo que le correspondería”, se recoge en la
enmienda presentada por el PSOE.
Por ello, añade, “dado que la vigencia de esta disposición
finalizaba en el ejercicio 2013 y teniendo en cuenta el
incumplimiento del Gobierno durante los años 2012, 2013, 2014, 2015
y 2016 se solicita que el Gobierno prorrogue la aplicación de la
disposición adicional tercera durante este ejercicio 2018 y el
siguiente”.
Negociación ‘de tú a tú’
Los socialistas determinan, además, que “el procedimiento y plazos
para hacer efectivas las correspondientes transferencias de capital
se acordarán en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat“, órgano incorporado en el Estatut, y al que los
independentistas remiten cualquier negociación con el Estado.
Ese órgano supone una negociación ‘bilateral’ con el Gobierno de la
Generalitat, que es también secundada por el PSC. En su programa
para las elecciones catalanas, el partido de Miquel Iceta defendía
que la negociación de la financiación habría de producirse en la
citada Comisión, como ya en su día Oriol Junqueras le reclamó al
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Lo mismo que defendió
Carles Puigdemont ante el presidente Mariano Rajoy.
Según el Estatut, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat “está compuesta por la representación de la
Administración General del Estado y la de la Generalitat de
Cataluña, cada una de ellas integrada por seis miembros”. Entre sus
funciones está negociar con el Estado sobre la cesión de tributos de
titularidad estatal, la distribución territorial de los fondos
estructurales europeos o la actualización del sistema de
financiación.
La Audiencia lo rechazó
El Gobierno de Artur Mas presentó un recurso contra el ministerio de
Hacienda en el que le reclamaba el abono de 759 millones, en su
opinión, en incumplimiento de la disposición adicional tercera, solo
en 2008.
La Audiencia Nacional rechazó esa petición al considerar que la
deuda reclamada por la Generalitat no existía, porque no se acordó
en la comisión mixta competente.
La sentencia recordaba además el carácter no vinculante de la
disposición para el Estado y advertía también de que la comisión
bilateral, contemplada en el Estatuto, no puede ser “en ningún caso”
un órgano “con capacidad para adoptar acuerdos vinculantes en cuanto
a competencias propias del Estado”.
El PSOE ya dejó ver sus tesis sobre la declaración adicional tercera
en la llamada ‘Declaración de Barcelona’, en la que recogía sus
propuestas con el PSC sobre la crisis catalana. Entre ellas, se
acusaba al Gobierno de no respetar esa disposición y le exigía
responder a la deuda desde 2006.
La propuesta socialista fue criticada entonces por Ciudadanos, que
acusó al PSOE de pretender dar “titulares” con “medidas que ya han
sido declaradas inconstitucionales” y que son “ideas poco
reflexionadas e incluso frívolas”.
El secretario general del partido, José Manuel Villegas, defendió
una “financiación suficiente” para la región, pero “en los ámbitos
normales de discusión”, es decir, en el debate sobre el sistema de
financiación autonómica y sobre los Presupuestos Generales del
Estado.
Fondo de contingencia
La Generalitat multiplicó por 10 sus fondos
‘ocultos’ desde que comenzó el procés
Luz Sela okdiario 7 Mayo 2018
La Generalitat independentista multiplicó por diez el dinero
destinado a ‘fondos de contingencia’, la partida presupuestaria de
la que el Govern puede disponer con libertad y sin justificar su
finalidad.
Se trata de una partida controvertida, que en su día ya provocó las
suspicacias por el elevado montante que le asignó Carles Puigdemont:
el ex president dispuso hasta 330 millones de euros en las cuentas
de 2017, cuyo uso no tendría que ser revelado. Eso hizo sospechar de
que podría tratarse de dinero oculto para el referéndum ilegal o la
creación de estructuras de Estado.
Lo sorprendente es, además, la evolución que esa partida ha seguido
en los últimos años. Y más en concreto, desde 2012, año en que se
fija el inicio del ‘procés’. En los presupuestos de 2011, los
primeros que aprobó Artur Mas, la asiganación era de 39 millones de
euros. Nada comparable con los 250 millones que se le reservó apenas
un año después. En 2015, los independentistas inyectaron 200
millones a la libre disposición.
Estos fondos tienen más facilidades para burlar el control porque su
uso es discrecional por parte de los distintos departamentos, que
pueden disponer de ellos según las necesidades que consideren en
cada momento, y sin dar explicaciones. Generalmente, la partida se
reserva en previsión de posibles pagos por desastres naturales u
otros imprevistos, aunque su destino no se especifica.
Desde la Generalitat siempre se rechazaron las acusaciones sobre una
posible utilización con fines ilegales. En la presentación de las
cuentas de 2017, el secretario de Economía del Govern, Pere
Aragonès, justificó que con ella se pretendía hacer frente al abono
de manera retroactiva de la subida salarial a los funcionarios.
“Suponiendo que hubiera una partida oculta, ¿alguien cree que la
diría aquí? Si estuviese, es evidente que no tendría sentido que se
ocultasen para decir después que están ocultas”, ironizó en otra
ocasión el entonces vicepresidente, Oriol Junqueras.
En la presentación de las últimas cuentas, Junqueras afirmó que
haría “todo lo que pueda y más” para garantizar la celebración de un
referéndum de independencia. Los presupuestos incluyeron tres
partidas-una de ellas superior a 5 millones de euros-asignadas a la
organización de procesos electorales, que fueron declaradas
inconstitucionales. Las cuentas incluían además una disposición
adicional que establecía que la Generalitat garantizaría los fondos
necesarios para el referéndum, también anulada.
El alto tribunal advirtió a los dirigentes golpistas de su deber de
abstenerse “de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno
de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de
cualesquiera otras, incluido el Fondo de Contingencia con el fin de
financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y
celebración del proceso referendario o del referéndum”.
No obstante, las partidas relacionadas con la ruptura no se
limitaron a las rechazadas por el alto tribunal. La consejería de
Exteriores, en manos de Raül Romeva, se guardaba 21 millones de
euros la “declaración de independencia de Cataluña y a la creación
de unas estructuras de Estado”, como se exponía abiertamente en el
mismo proyecto presupuestario, que habría de ser revisado por el
ministerio de Hacienda para la concesión del Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA).
Se trata de la única alusión directa a los planes golpistas, en la
que se manifestaba que “la actual legislatura tiene como objetivo
establecer las bases que hagan posible la declaración de la
independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas
estructuras de Estado y de impulso de un proceso de desconexión
nacional y popular con el Estado español”.
Este domingo se ha conocido además que la Generalitat destinó más de
236.000 euros a pagar seminarios de extranjeros y proyectos en favor
del ‘procés’, según se deduce de la documentación que Hacienda ha
requerido a la interventora de la Generalitat.
Cataluña y Euskadi
Francesc Moreno cronicaglobal 7 Mayo 2018
El anuncio de la disolución de ETA ha sido ampliamente contestado
desde la perspectiva de sus víctimas. No reiteraré argumentos que se
pueden leer en editoriales y artículos de opinión de buena parte de
la prensa española y que pueden resumirse en ni olvido ni perdón sin
arrepentimiento explícito. Mis reflexiones van en otras direcciones.
La primera es poner de manifiesto que la disolución de la
organización terrorista destruye todos los argumentos de la banda
para mantener la lucha armada durante la democracia y deja a sus
propias víctimas, muertos, encarcelados y familiares sin ninguna
autojustificación para su sacrificio por la patria. Ni
independencia, ni incorporación de Navarra ni de Iparralde, ni
salida de las fuerzas de ocupación. Ninguna diferencia sustancial
entre el estatus político de Euskadi de hace veinte anos --por poner
una fecha-- y el de 2018. ¿Qué pensaran de su sacrificio las
familias de los gudaris muertos, o los propios heridos o
encarcelados de la organización? Ningún objetivo ha sido alcanzado.
¿Para qué tanto sufrimiento?
La segunda reflexión hace referencia a la situación política
catalana. Afortunadamente no tenemos en Cataluña una organización
terrorista activa. No obstante, el clima de deterioro de la
convivencia y el acoso a los disidentes no auguran nada bueno si no
somos capaces de restablecer un clima de convivencia y respeto a la
pluralidad y la discrepancia. Ahora que en el País Vasco nadie
quiere oír hablar de violencia de ningún tipo y que se está
rehaciendo la convivencia, parece que en Cataluña algunos sienten
fascinación por la lucha armada, por la confrontación civil. Hasta
la radio y la televisión públicas catalanas se prestan de altavoz a
exterroristas, de ETA o de Terra Lliure?, que ni tan siquiera piden
perdón o se arrepienten de sus actos. Desde distintos ámbitos se
pretende banalizar, cuando no justificar o alentar, la violencia
psicológica que va implícita en los escraches, los señalamientos de
personas como "traidores" o "colonos", y el acoso en redes sociales.
Y la intimidación psicológica es una forma de violencia que puede
llegar a ser tanto o más grave que la física, y que, en ocasiones,
es su preludio.
El fracaso de la lucha armada de ETA debería ser una vacuna contra
tentaciones violentas en Cataluña. Parece que en el seno del
independentismo se esta librando una batalla entre quienes asumen la
vuelta a la normalidad y la asunción del marco constitucional --lo
que no implica renunciar a su modificación-- y quienes apuestan por
seguir con la confrontación a cualquier precio, pensando que se
benefician políticamente manteniendo esta postura. Las próximas
semanas veremos quién se lleva el gato al agua. Pero de triunfar
esta segunda opción, los riesgos para la paz civil serán muy
elevados. Es hora de exigir responsabilidad a todos los dirigentes
políticos pero especialmente a quienes se han saltado la ley y
alardean de continuar haciéndolo. Deberían leer Patria de Fernando
Aramburu, les ayudaría a reflexionar.
Marino Barbero, el primer juez linchado
desde el Gobierno
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 7 Mayo 2018
Ricardo González, el juez que solicitó la absolución para los
miembros de ‘La Manada’, no ha sido el primer magistrado al que un
Gobierno ha intentado triturar. El PSOE de Felipe González llegó a
comparar al magistrado Marino Barbero con ETA.
Arcadi Espada ha definido al magistrado Ricardo González, que en su
trabajado voto particular solicitó la absolución para los miembros
de ‘La Manada’, como un "héroe cívico".
Desde luego, este juez merece reconocimiento por haberse atrevido a
desafiar al Imperio Progre, cuyos pretorianos están ya amontonando
leña para las hogueras en las que quieren quemar a los disidentes.
Pero él no ha sido el primer magistrado al que un Gobierno ha
intentado triturar. Esa lamentable primicia correspondió a Marino
Barbero (1929-2001), un prestigioso penalista extremeño que accedió
a su primera cátedra de Derecho Penal en 1963.
Después de una carrera en la universidad y la Administración, en
1986 Barbero se incorporó al Tribunal Supremo por el cuarto turno,
nombramiento aprobado por el Consejo General del Poder Judicial.
En junio de 1991 Barbero comenzó la instrucción de un sumario sobre
la corrupción del PSOE. El partido socialista había montado un
entramado de empresas para financiarse (Malse, Filesa, Time Export).
A estas sociedades, numerosos bancos y grandes empresas pagaban
enormes minutas por informes y servicios inexistentes. Por esta vía
llegaron al PSOE más de 1.000 millones de pesetas para sus campañas
electorales y el referéndum de la OTAN.
El ex-presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra hizo de Luca Brasi para proteger a la ‘famiglia’ socialista.
En los años siguientes, Barbero registró la sede del PSOE en Madrid
y el Banco de España para obtener la documentación que se le negaba,
pero topó con la oposición de los socialistas, que entonces estaban
en el Gobierno y disponían de todo el poder del Estado. Se tocó a
rebato y se cargó contra el insolente que manchaba los nombres de
quienes habían traído la democracia a España.
Un magistrado que era como los etarras José María Benegas y Joaquín
Leguina insultaron a Barbero. El ministro de Justicia, Tomás de la
Quadra, afirmó que había móviles políticos detrás de sus autos. Y
hasta Felipe González descendió de su Olimpo para quejarse de que el
PSOE no gozaba de presunción de inocencia, la misma que años después
la ley de violencia de género ha arrebatado a los varones.
En esta campaña, la mayor infamia corresponde al presidente de la
Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que hizo de Luca
Brasi para proteger a la ‘famiglia’ socialista. En enero de 1993,
Ibarra insinuó que Barbero, como otros magistrados, no había pagado
un crédito bancario. ¿De dónde sacó el ‘bellotari’ esa información?,
¿y por qué defendía la cuenta de resultados de un banco?
El 16 de febrero de 1995, Barbero entregó a la sala segunda del
Tribunal Supremo un escrito en el que pedía el suplicatorio para el
ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, debido a un presunto
delito electoral por su implicación en el caso Filesa.
La dureza de la campaña contra Barbero se debió a que tenía razón.
Cuando Barbero finalizó la instrucción, en mayo de ese año, Ibarra
soltó el mayor de sus miserables insultos. Según el ‘bellotari’,
Barbero quería intervenir en política "dictando sentencias, abriendo
y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en
política poniendo bombas". Barbero pidió amparo al CGPJ, presidido
por el jurista afín al PSOE Pascual Sala, y el organismo se lo negó
por 18 votos contra 11. Entonces, Barbero renunció a la carrera
judicial en julio. Alegó que no había tenido el amparo del CGPJ ante
las declaraciones insultantes de Rodríguez Ibarra contra su honor y
su independencia. En El País añadieron una nueva insidia: Barbero se
iba porque su instrucción no había tenido la repercusión de otros
casos.
El jurista se incorporó al claustro de la Universidad de Castilla La
Mancha y falleció en 2001, a los 72 años de edad.
La condena da la razón a Barbero
Otro magistrado prosiguió la instrucción y en septiembre de 1997
comenzó el juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el
expresidente del Gobierno Felipe González. La ‘célula’ socialista en
el Supremo trató de impedir que se tomasen fotos de González
declarando, pero un fotógrafo de El Mundo, Fernando Quintela,
introdujo una cámara en la sala y la consiguió. El 28 de octubre, el
Tribunal Supremo comunicó la sentencia en la que condenaba a varios
dirigentes socialistas: Carlos Navarro, Josep Maria Sala y Aída
Alvarez.
En una conferencia en 1994, Barbero afirmó: "La independencia
judicial es la última esperanza de la sociedad para combatir a un
poder político corrupto y prepotente".
¿Qué ha cambiado en estos veinte años entre los magistrados Marino
Barbero y Ricardo González? Sólo el partido que ejecuta su
linchamiento: en el primer caso fue el PSOE; en el segundo, el PP.
Porque al final los partidos del Estado de Partidos son los mismos
perros que, para distraer a los tontos, llevan distintos collares.
Tanto PP y PSOE, como los nacionalistas, muerden a los que les
quieren poner una cadena o un bozal.
Los exiliados forzosos de ETA: "Ser víctima
no prescribe"
Más de 150.000 personas salieron del País Vasco y Navarra entre 1980
y 2010. Muchos de ellos han decidido no volver jamás
Carlos Frías vozpopuli.es 7 Mayo 2018
En 1977, Maite Araluce se fue de San Sebastián con tan solo 15 años.
Junto con su madre y sus ocho hermanos, puso rumbo hacia a la
capital española para empezar un nuevo curso escolar. Allí iniciaba
una nueva vida, con nuevos amigos y un nuevo colegio. “Sé que
aparecí en Madrid pero no recuerdo ni cómo fuimos ni cómo hicimos el
traslado”. ETA había matado un año antes a su padre, presidente de
la Diputación de Guipúzcoa por aquel entonces, a tres guardias
civiles y al chófer del primero.
La historia de Araluce, elegida este sábado 5 de mayo como nueva
presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, es una más de
las más de 157.000 personas que se vieron obligadas a dejar el País
Vasco y Navarra por el miedo sembrado por la banda terrorista entre
1980 y 2000, según un estudio del BBVA. Ahora que la banda ha
decidido desaparecer para siempre, muchas de ellas no piensan en
volver.
Araluce no volvió a pisar la tierra donde nació hasta 1984, cuando
se casó con un granadino en San Sebastián: “Quería que mi padre
participase de algún modo, le llevé el ramo al cementerio”, afirma.
Ante el anuncio de disolución de la banda, lo tiene claro: “Ser
víctima no prescribe”. Ahora vive en la ciudad de su marido, donde
se dedica por completo a la asociación.
19 años fuera de casa
Carlos Fernández de Casadevante lleva 19 años viviendo en Madrid.
Profesor de Derecho Público Internacional en la Universidad del País
Vasco hasta 1998, tuvo que refugiarse en la recién creada
Universidad Rey Juan Carlos. “Me ayudó el entonces ministro del
Interior, Jaime Mayor Oreja, y el catedrático José Iturmendi”.
Casadevante se vino solo, dejando a su familia atrás. “Mi mujer
todavía está allí. En aquel momento tenía cinco hijos, de entre dos
y 14 años, y no era posible movernos todos. Una familia no es como
una tienda de campaña”, explica en conversación con este periódico.
Durante todos estos años su familia no se ha roto, “sólo que nos
dimos cuenta de que no podíamos vivir juntos”. Ahora que sus hijos
han crecido, alguno ha decidido estudiar en la capital. Las idas y
venidas para ver a la familia se han hecho más fáciles.
A este profesor lo llamaban “carcelero, colonialista, español”. En
su muñeca lucía un lazo azul, algo que en el País Vasco te ponía en
el punto de mira de los ataques. “A mi despacho llegaban fotos mías
con una diana encima, anónimos amenazantes e incluso un explosivo
con los cables desenchufados. Para él, el anuncio de ETA no
“significa nada porque llega muy tarde. No sirve para los
desterrados, ni para los extorsionados, ni para los secuestrados,
asesinados ni mutilados. Sólo sirve para calmar algunas
conciencias”.
Comer en familia los domingos, una rutina peligrosa
Joseba Pagazaurtundúa fue asesinado cuando su hermana Maite era
concejal socialista en Urnieta. Activista contra el terrorismo vasco
desde los inicios de ¡Basta Ya!, su familia ha tenido que exiliarse
dos veces. “Desplazamientos forzosos” los llama ella. La primera de
su Hernani natal, “uno de los ecosistemas más perfectos que tuvo ETA
en reclutamiento, adoctrinamiento y amedrentamiento”, según sus
palabras. Tanto ella y su marido como sus padres se mudaron a San
Sebastián, a un barrio cercano a la comisaría de Policía. La rutina
de comer todos los domingos en familia era demasiado peligrosa como
para mantenerla en su localidad.
La segunda vez que se trasladaron ya lo hicieron fuera de Euskadi.
En 2007, teniendo niñas pequeñas se marcharon a Logroño, un entorno
más benévolo para criar a las pequeñas. “Hemos tenido que malvender
los pisos para poder estar juntos”, explica. No tienen pensado
volver porque “burocrática, social, laboral y económicamente es muy
complicado desplazarse de un lugar a otro”.
"Es como si tu hermano hubiese muerto de cáncer"
La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite),
Consuelo Ordóñez, nunca quiso irse de San Sebastián. “Por qué me iba
a tener que ir de aquí”, se sigue preguntando a pesar de sufrir el
“terrorismo sistemático y selectivo” del que fue víctima mortal su
hermano en 1995. En su día a día se acostumbró a las malas miradas,
a las pintadas en su casa, a las agresiones cuando salía por la
noche. “Me han abierto la cabeza dos veces, una de un botellazo”.
Recuerda la soledad de las primeras concentraciones contra la banda
terrorista a las que acudía, donde eran apedreados sistemáticamente:
“Tus amigos lo sienten mucho pero es como si tu hermano se hubiese
muerto de cáncer”, afirma.
Luchadora incansable, en 2003 decidió marcharse a un pueblo de
Valencia donde estaban sus padres, entonces ya jubilados. Pero no lo
hizo por miedo, a pesar de recibir un ataque con cócteles molotov en
su casa. Lo hizo para poder comer. Al dedicarse a una profesión
liberal (es procuradora) nadie la contrataba. “No sabes lo que nos
cuesta que firmen un poder en favor tuyo”, le decían sus compañeros.
“Nadie se preocupó por mí”.
La vuelta a casa
La última historia de este relato no tiene el mismo final que las
que la acompañan. Manuel Montero fue rector de la Universidad del
País Vasco entre el 2000 y 2004. Los insultos, los panfletos en su
contra y las dianas sobre su rostro impreso formaban parte de su
rutina semanal. Coincidiendo con el atentado de la T4 en Barajas
“llegó un momento en el que decidí que lo mejor era marcharme”,
afirma. Se refugió en Granada, donde la universidad de la ciudad
nazarí lo acogió para que siguiese impartiendo Historia
Contemporánea. Allí se fue con su familia. “Cuando te vas no sabes
cómo va a ser. Tienes el corazón en un puño”, afirma. Lo recuerda
todo como algo “realmente duro”.
Al contrario que el resto de relatos, la voz de Montero ha podido
volver a su ciudad 14 años después. Lo hizo el pasado diciembre,
antes de que se hiciese pública la intención de ETA de disolverse
definitivamente después de cinco décadas de terror.
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