AGLI Recortes de Prensa   Martes 8  Mayo 2018

Una gran mentira
Cayetano González Libertad Digital 8 Mayo 2018

¿De verdad cree Rajoy que el proyecto político de ETA de romper España no está vivo y sigue adelante?

La gran operación de propaganda montada en torno a la supuesta disolución de ETA, con la Fundación Henry Dunant como impulsora del proceso y de la metodología de resolución de conflictos, y con los conseguidores internacionales como ejecutores materiales, no debe tapar lo que de fondo hay en todo ello: una gran mentira, de la que son cómplices, aunque con distinto grado de responsabilidad, Zapatero y Rajoy. El primero por haber impulsado, incluso antes de llegar a la Presidencia del Gobierno, este proceso suicida con la banda terrorista; y el segundo por haberse limitado a heredarlo cuando se instaló en la Moncloa, renunciando a tener una política antiterrorista propia como en su momento hizo Aznar.

Ha dicho en estos días de forma reiterada el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja que el mejor servicio que se puede rendir a las víctimas del terrorismo en estos momentos de tanta infamia es contar la verdad de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder. Si a esa recomendación se une el emocionante homenaje a las víctimas que hizo el pasado viernes Dieter Brandau en su programa, leyendo en antena, en directo, uno por uno, durante veinticuatro minutos, los 857 nombres de las personas asesinadas por la banda terrorista, me parece que se puede paliar en parte el daño causado en estos días por tanta mentira.

No sé qué resulta más repugnante: si el aquelarre montando en Cambó con una panda de conseguidores internacionales que tienen la desvergüenza de hablar de "presos políticos" al referirse a los terroristas de ETA, o ver el blanqueo al rojo vivo que García Ferreras intentó hacer de Zapatero en La Sexta. Zapatero, el gran culpable de que el final operativo, el de los comandos terroristas, se retrasara siete años, porque cuando llegó a la Moncloa (2004) se empeñó en darle oxígeno a la banda terrorista. Zapatero, el gran culpable, junto a su amigo Pascual Sala, de que ETA volviera a las instituciones por decisión del Tribunal Constitucional, después de haber sido ilegalizada por el Tribunal Supremo.

No sé qué produce más repugnancia: si ver al presidente del PNV en el acto de Cambó junto a Otegi (el PNV, partido que jamás ha apoyado ninguna de las medidas que desde el Estado de Derecho se han tomado a lo largo de estos años para combatir a ETA) o escuchar al presidente del Gobierno decir en su declaración institucional: "ETA no ha logrado ninguno de los objetivos políticos que se marcó en su larga historia criminal. Ninguno". ¿De verdad Rajoy se cree o piensa eso?

ETA nació en 1959 como fruto de una escisión en las juventudes del PNV. Supuestamente nació para combatir al franquismo, pero lo cierto es que siguió matando cuando llegó la democracia, porque su objetivo real ha sido y sigue siendo la destrucción de España. Es verdad que la ETA de los comandos ha sido disuelta por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; pero la ETA política está más fuerte que nunca. Ahí está, gobernando en Navarra con el PNV y Podemos; ahí está, al frente de un buen número de ayuntamientos del País Vasco y de Navarra; ahí está, en el Congreso de los Diputados y como segunda fuerza política en el Parlamento vasco. ¿De verdad cree Rajoy que el proyecto político de ETA de romper España no está vivo y sigue adelante, viendo lo que sucede en Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana?

Han sido días de mucha ignominia y de mucha tristeza, pensando en todas y en cada una de las víctimas del terrorismo. Esas víctimas, que han sido siempre un ejemplo de fortaleza moral, de dignidad, para todos los españoles, ¿se merecen tanta mentira de los responsables políticos?, ¿tanto blanqueamiento de ETA por parte de estos y de importantes medios de comunicación? Evidentemente, no se lo merecen, y por eso hay que contar la Verdad con mayúscula. Y estar muy atentos y vigilantes a lo que vaya a suceder en un futuro, para intentar impedirlo, o al menos para señalar a sus responsables y que les pase una enorme factura electoral.

Que actúe el fiscal contra Colau
OKDIARIO 8 Mayo 2018

La Fiscalía de Barcelona debe tomar cartas en el asunto ante el último dislate de Ada Colau. A la alcaldesa de la capital catalana no se le ha ocurrido otra cosa que abrir un buzón para recibir fotos y vídeos que identifiquen a policías que participaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre que había prohibido el Tribunal Constitucional. Este señalamiento público de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podría suponer una violación de la Ley de Seguridad Ciudadana, algo que tendría que investigar a fondo el fiscal dada la gravedad que podrían constituir dicha iniciativa.

La ley considera muy grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En primer lugar, porque pone en riesgo la integridad de los propios agentes. Por otro lado, también supone un peligro más que evidente para la seguridad de sus propias familias, de las instalaciones protegidas o, incluso, para el correcto desempeño de una determinada acción policial. Dada su manera de proceder, Colau parece obsesionada con criminalizar a unos agentes que fueron a Barcelona con la única intención de preservar la unidad de España.

Profesionales que actuaron con total proporcionalidad y siempre ajustados al estricto cumplimiento del Estado de Derecho y que con esta irresponsable exposición que intenta fomentar la alcaldesa podrían sufrir un auténtico infierno tanto en su vida profesional como, lo que es peor, en su vida familiar y privada. Si Colau cree —como dice— que con semejante iniciativa “garantiza los derechos de todos y ayuda a construir una sociedad más justa y cohesionada” es que tiene bastante distorsionado el concepto de ‘justicia’. La Fiscalía de Barcelona ha de actuar antes de que las identidades de miles de personas —los agentes y sus familias— estén expuestas ante las acciones incontrolables de los radicales.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Atajar el golpismo mediático
EDITORIAL Libertad Digital 8 Mayo 2018

Los medios de comunicación vinculados al separatismo catalán, es decir, prácticamente todos los del Principado, están desempeñando un papel central en la estrategia de intoxicación informativa y agitación callejera puesta en marcha por los golpistas desde la consulta ilegal del pasado 1 de octubre.

La batasunización de Cataluña tiene su correlato en la eginización de la prensa nacionalista, incapaz de vivir por sus propios medios y gustosamente vendida al poder político de la región, en manos de una de las castas más corruptas de Europa. El resultado de cuatro décadas de subvenciones multimillonarias salta a la vista: el brazo mediático del golpismo separatista es una maquinaria formidable de fake news que silencia a la Cataluña constitucionalista y aventa el odio a España con machaconería orwelliana.

El panorama es de todo punto intolerable, con la mafia mediática separatista prestándose a la apología de la banda terrorista ETA, al señalamiento de los hijos de los guardias civiles acosados en sus propios colegios y a las agresiones verbales contra quienes plantan cara a la dictadura del miedo nacionalista, todo ello en medio de la más absoluta impunidad.

Acierta la dirigente popular Andrea Levy al pedir la intervención de TV3, buque insignia de la desinformación golpista que comanda esta campaña de odio y persecución al discrepante. El Gobierno debería prestar atención a las voces que vienen insistiendo en lo evidente: mientras el artículo 155 no se aplique con contundencia, será imposible devolver Cataluña a la normalidad democrática.

En cuanto a los medios privados, deben ser totalmente privados de financiación pública de cualquier tipo si son herramientas al servicio de quienes han atentado gravemente contra el Estado de Derecho y las propias instituciones catalanas. Nada más inmoral, injusto y antidemocrático que recompensar la activa complicidad con el golpismo liberticida

ETA buscaba el poder
Carlos Gorostiza. vozpopuli  8 Mayo 2018

Uno mira las fotos y lee las declaraciones de víctimas y allegados que estos días han aparecido en todos los medios y no puede evitar encogerse. Euskadi es un lugar pequeño y algunas de esas fotos son de personas a las que conozco y otras de familiares de personas asesinadas a las que conocí en vida. Luego están las fotos de los grandes atentados, como la del guardia civil ensangrentado que lleva en brazos una niña herida en el cuartel de Vic, que siempre me impactó y lo sigue haciendo. Las víctimas son algo tan enorme, injusto y terrible que ante ellas el resto de ideas y reflexiones palidecen, más en estos momentos.

Sin embargo, la desmesura de ese dolor y el recuerdo de tanta infamia no nos debería hacer olvidar que quien lo desató no mataba porque sí, sino que tenía un plan, sin duda delirante, pero real, para alcanzar el poder. ETA asesinaba, secuestraba y amenazaba para dominarnos, para crear un estado tiránico en un País Vasco que planeaba gobernar bajo la dictadura de una identidad única y excluyente, en la que, además de los asesinados, sobrábamos también todos los vascos que no estuviéramos dispuestos a obedecer.

Aunque nacida en los últimos tiempos de la dictadura, ETA siempre tuvo claro que su objetivo no era terminar con aquel régimen sino con la esperanza de una democracia en España. ETA necesitaba una España dictatorial y franquista, como la que aún imaginan otros nacionalistas irredentos más de moda hoy que los de la capucha. Por supuesto que ETA mató más en democracia que en los últimos tiempos del franquismo. Claro que sí. No solo porque estaba más organizada sino porque aquella era su auténtico enemigo, la España democrática y en paz, como la que, con todos sus defectos, tenemos.

Conviene no olvidar cuál era el objetivo porque de otro modo podemos caer en la trampa de hablar solo y exclusivamente de las víctimas y abrirles así la gatera de señalar que también hubo víctimas “en su bando”, como si esto fuese la guerra que tanto les gusta proclamar. Y no fue así. No hubo dos bandos. Estaba una sociedad que trataba de alcanzar la democracia y la libertad y luego estaban ellos y sus amigos, que buscaban activamente una dictadura nacionalista vasca y la muerte de cualquier libertad, sobre todo la de los demás, como en todas las tiranías.

Por supuesto que una España que transitaba hacia una democracia se encontró ante acciones ilegítimas cometidas por gentes que provenían de los aledaños de lo que quedaba de la dictadura, pero la gran, la enorme, la profunda diferencia con los que mataban en nombre de ETA no fue el distinto número de víctimas, sino que nadie aplaudió aquellos asesinatos, nadie gritó “mátalos”, nadie jaleó en la calle a los GAL, ni en el País Vasco ni en ningún lugar del resto de España, como sí hacía pública y orgullosamente el nacionalismo vasco radical cuando ETA mataba. Lo verdaderamente raro es que del inmenso y continuado odio que la banda y los suyos sembraron no nacieran más reacciones venenosas como aquellas. Por el contrario, el combate del Estado democrático contra el terrorismo también incluyó la persecución del que provenía de sus cloacas que, sin embargo, tanto sirvió a ETA para alimentar la mentira de un conflicto entre España y Euskadi que ahora hemos sabido que, en su delirio, inician con el bombardeo de la villa republicana de Gernika.

No hubo dos bandos, pero sí dos posiciones éticas claramente distintas y enfrentadas: la de ellos y la nuestra, que nunca les compró el odio que nos pretendieron inculcar para tratar de blanquear el suyo. Justamente otra de las cosas que no deberemos olvidar jamás es que las propias víctimas siempre confiaron en el derecho y nunca en la venganza. La sociedad española no cayó en la trampa porque sabía que lo que quería era libertad, derecho y democracia, y con esas armas fue con las que finalmente venció.

¿Qué espera el Gobierno a intervenir en TV3?
Editorial elespanol 8 Mayo 2018

La presencia en TV3 de un etarra que en 1982 asesinó a tiros a Rafael Vega Gil, un comerciante de 48 años de Santurce, debería llevar de una vez a las autoridades a plantearse intervenir en la cadena pública. El problema no es que se invitara a un terrorista al plató, sino el trato deferente que se le ofreció, permitiéndole mentir y burlarse de las víctimas.

La presentadora del programa, que se ha mostrado en ocasiones cáustica e incisiva con los invitados -particularmente si no comparten su credo nacionalista-, llegó a preguntar al terrorista cómo debía referirse a ETA, si como "banda" o como "organización", a secas, consintiendo además que se pavonease de sus crímenes.

La historia real
El terrorista de TV3, que pasó 22 años en la cárcel, dijo no estar arrepentido y se refirió a su víctima como "chivato", pero la realidad es que ETA lo mató porque no se negó, como sí hicieron otros, a vender productos de su establecimiento a los guardias civiles.

La historia de Rafael Vega Gil, que hoy recordamos en EL ESPAÑOL, pone los pelos de punta. Lo tirotearon en presencia de uno de sus hijos. Su esposa, destrozada, no pudo superarlo y se suicidó tres meses después del atentado, dejando a cuatro niños huérfanos.

¿Y el 155?
A la falta de neutralidad, a la apología permanente del independentismo, a la persecución constante de los constitucionalistas catalanes que también la pagan con sus impuestos, TV3 añade ahora la ignominia de prestarse a difundir el discurso etarra.

Es de todo punto incomprensible que una vez intervenida la autonomía con el 155 se consienta que uno de los principales instrumentos de los instigadores del golpe continúe ejerciendo con total impunidad la labor de propaganda que ha llevado a Cataluña a la división y a la confrontación actuales.

MÁS VICTIMISMO
El separatismo y el mantra de la ‘colonización’: ‘Vete a tu pueblo’
Agustín Benito gaceta.es 8 Mayo 2018

El separatismo sigue creyendo que solo hay una Cataluña, pese a que tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre -ganadas por una fuerza constitucionalista, Ciudadanos- el apoyo a la secesión cayó cerca de 8 puntos porcentuales y solo el 36,4% dijo estar a favor de que el Estado reconozca a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes, según el barómetro postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocido a finales del mes de abril.

Con dirigentes en prisión y fugados, en plena guerra por el control del movimiento y con la convocatoria de elecciones a la vuelta de la esquina si no se ponen de acuerdo –ERC ya ha pedido una reunión urgente con JxCat para consensuar los pasos hacia una investidura “efectiva” después de que los “convergentes” hayan dicho que quieren insistir en una candidatura del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, que según el Gobierno central tiene “cero” opciones de prosperar- tratan de hacer creer que Cataluña solamente es suya.

Para ello coartan la libertad de estudiantes como se vio este lunes en la Universidad Autónoma de Barcelona, ponen lazos amarillos en edificios públicos, un símbolo con el que se exige la liberación de los golpistas presos, utilizan los medios de comunicación públicos para agitar el odio a España y ya hasta niegan el voto a los que no piensan como ellos.

Lo ha hecho Miquel Manubens, expresidente del Centre d’Estudis Colombins, una asociación que sostiene que Cristóbal Colón era catalán y que está vinculada Òmnium Cultural, instrumento de agitación del separatismo al que la Agencia Tributaria embargó la pasada semana 110.000 euros para hacer efectivo el pago de dos sanciones que la Agencia Española de Protección de Datos le impuso.

Manubens ha asegurado a través de la red social Twitter que “los españoles nacidos o no en Cataluña no tienen ningún derecho a votar la autodeterminación”. Es decir, que la mayoría de los catalanes no tienen potestad para decidir sobre la integridad de su país -España-.

En este sentido, ha dado muestrad del supremacismo y del desconocimiento separatista al declarar que “así lo establecen las normas de la ONU en la materia” y ha manifestado que “más vale un forastero integrado que un catalán renegado” y que “colono es quien se comporta como tal”. “Les puedes decir de todo -fachas y nazis- que para ellos es un orgullo. Pero si les dices colonos salta toda la tabarniada. El colono no nace, el colono se hace. Sois colonos. Vete a tu pueblo (sic)”, ha afirmado Manubens sobre los contrarios a la secesión.

El “vete a tu pueblo” rememora la petición de la expresidenta del Parlament Núria de Gispert a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de “volver a Cádiz”, la provincia en la que nació, por oponerse al proceso separatista.

La idea de la “colonización” es recurrente en el secesionismo. En 2014, cuando ya se empezaba a fraguar el procés, la pseudohistoriadora Anna Tarrés tildó a los castellanohablantes precisamente de “colonos” e insistió que los que no hablan en catalán “no son catalanes”. Jaume Sobrequés, exdiputado del PSC, también mantuvo esta tesis en un polémico artículo publicado en 2015 en el Punt Avui en el que dijo que “la historia enseña que los procesos colonizadores solo han sido vencidos cuando los países víctimas de la acción destructiva de la metrópoli han alcanzado la independencia”. “Cataluña es de los pocos países del mundo que no se ha liberado todavía de la opresión colonizadora, y, si miramos solo Europa veremos que Cataluña sigue siendo, en base a los rasgos que he mencionado, la única colonia que aún existe en el Viejo continente”, añadió.

Entidades como Societat Cicil Catalana (SCC) o el sindicato AMES denuncian esta enmienda a la totalidad a la Historia y señalan que lo peor -y más grave- es que este delirio se traslada a los libros de texto donde “se presenta como un constante conflicto entre España y Cataluña” y se trata de convencer a los alumnos de que Cataluña es una nación perseguida a lo largo de los siglos, y se la equipara a las antiguas colonias españolas en América.

¿A qué esperas para despedirla, Montoro?
OKDIARIO 8 Mayo 2018

El Gobierno no puede permitir que Rosa Vidal Planellas siga en su cargo. Todo lo que no suponga su despido inmediato sería un desprecio a todos los españoles y a la legalidad vigente. La interventora de la Generalitat, y mujer que audita el uso de los fondos públicos en Cataluña, estuvo en uno de los grupos que apoyó el referéndum ilegal del 1 de octubre, acto que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional y que supuso el punto álgido del golpe de Estado independentista contra España. Vidal, por lo tanto, no puede ni debe seguir manejando parte de los impuestos de los ciudadanos.

Este último descubrimiento informativo de OKDIARIO es definitivo pero, al mismo tiempo, supone un agravio más en la lista infinita que atesora Vidal Planellas, ya que ocultó una malversación de tres millones de euros al ministro de la Hacienda, Cristóbal Montoro, según los informes de la Policía y la Guardia Civil. Algo que, además, pone de relieve la laxa actuación y el ineficaz seguimiento que hizo de la situación el propio Montoro, que debió estar más atento a lo que ocurría en Cataluña. Más si cabe dada la extrema gravedad del contexto que estaba acaeciendo al otro lado del Ebro.

Sin embargo, el máximo responsable del fisco en España ha llegado a asegurar que “no le constaban” irregularidades con dinero público. No sólo hubo irregularidades, según los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que su principal interlocutora habría estado en al menos una reunión de apoyo al 1-O junto con otros altos cargos de la Generalitat. Con estos antecedentes resulta lógico, amén de loable, que Ciudadanos exija al Ejecutivo que envíe unos hombres de negro para vigilar a la interventora de la Generalitat. Cualquier movimiento y uso del dinero público ha de estar vigilado con sumo escrúpulo. Rosa Vidal Planellas ha demostrado sobradamente que no se puede confiar en ella. Mañana es tarde para que Montoro la despida.

La manada nacionalista
Juan Carlos Girauta elespanol 8 Mayo 2018

El ex comisario político de Convergència en La Vanguardia, Jordi Barbeta, publicó la semana pasada la pieza titulada "La manada, el poder de la extrema derecha" en el digital del ex director de La Vanguardia José Antich, El Nacional. Sostiene Barbeta: “Hay efectivamente un ambiente propicio que fomenta el odio y la violencia que recuerda el ascenso del fascismo en los años treinta. Hay organizaciones creadas desde el poder del Estado —Ciudadanos, Societat Civil Catalana— que se desmarcan de los actos violentos, pero dan cobijo a los fascistas. Incluso el Partit dels Socialistes de Catalunya no ha tenido inconveniente en desfilar cerca de falangistas y neonazis”.

Ni Ciudadanos ni Societat Civil Catalana los creó el Estado, ni cobijan a fascistas. El periodista miente, y salta de profesión para convertirse él mismo y su medio en destinatarios de su advertencia. Sí, Barbeta, sí Antich, hay efectivamente un ambiente que fomenta el odio y la violencia y que recuerda el ascenso del nacionalismo totalitario en los años treinta. Cuando la verdad dejó de importar un adarme.

Cataluña se ha vuelto irrespirable. El viejo nacionalismo, el del saqueo público y la mordida privada, que auxiliaba con ánimo de lucro a cualquier gobierno español sin mayoría absoluta, pereció por la temeridad de Artur Mas. Hoy, las bases de aquella cleptocracia se han entregado a algo inviable y explosivo, aunque, al modo de los niños asustados, se tapen los ojos creyendo borrar la realidad.

Vengan lazos amarillos, los unos por pena, los otros para que no se diga; estos por demostrarse algo, aquellos por sentirse acompañados. Y al frente, la manada. Cobardes valentones que enseñan los dientes en las redes, destrozan sedes, amenazan e injurian.

En el tránsito de la cleptocracia a la oclocracia cooperan dos clases. Una, los viejos ladrones que ven derrumbado su montaje, cuando todo podía venderse, desde las concesiones de obra pública hasta las enmiendas legislativas en el bar del Palace. Dos, una masa sensible al señalamiento de enemigos. Los primeros quisieran regresar a su paraíso perdido y trabajan en la restauración del pasteleo con ayuda de la parte traidorzuela de la derecha capitalina.

Hasta los rostros se ponen amarillos cuando ven a Inés Arrimadas ganar las elecciones y luego marcarse una sevillana. Patéticos desfilan hacia el callejón sin salida del "espai comunicacional català", que mantiene las conciencias en salmuera. Fracasado el golpe, manda de iure un gobierno español empeñado en lanzar guiños a los señores caídos de un régimen finado e infame.

¿Acabará Ciudadanos con el legado de ETA?
Isabel San Sebastián ABC 8 Mayo 2018

Según la versión oficial, la banda terrorista fue vencida por el Estado y ha terminado disolviéndose sin obtener nada a cambio. Lo dijo en 2008 el hoy presidente Mariano Rajoy, cuando dio su aval indispensable al proceso de negociación entablado por Zapatero: «No ha habido precio político a la paz». ¡Ya lo creo que lo hubo! Un precio impagable en términos de dignidad, cuyo importe aumenta cada día hasta el punto de amenazar la integridad territorial de España. Porque el golpe empeñado en quebrar la unidad de esta nación sigue en marcha. Lejos de rubricar su derrota en Cambo-les-Bains, ETA no ha hecho sino escenificar otro paso en la hoja de ruta trazada junto a sus cómplices nacionalistas.

ETA no ha desaparecido; ha trocado la capucha por la corbata, con la colaboración de cuantos ansían sacar provecho de los 853 muertos que se revuelven en sus tumbas al oír hablar de cambios en la política penitenciaria. ETA nunca fue una cuadrilla de psicópatas, sino una organización estructurada cuyo propósito era y es lograr la independencia del País Vasco, previa anexión al mismo de Navarra, expulsar de allí a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estatales e instaurar una república. Hay quien piensa que ninguno de esos propósitos se ha cumplido ni se cumplirá. Yo les invito a reflexionar sobre dónde estábamos en 1978, cuando se aprobó la Constitución combatida a sangre y fuego por esos sicarios, y dónde estamos ahora.

Lo de menos, por repugnante que resulte, es la prisa que se ha dado el peneuvista Urkullu en revelarnos que el jefe del Ejecutivo es «sensible» a su petición de agrupar a los presos etarras en cárceles vascas. Zapatero dejó bien atados los acuerdos suscritos con los terroristas y Rajoy no ha movido un dedo para deshacer esos nudos. Ahí está Batasuna/Bildu en las instituciones, más de trescientos criminales han sido acercados a sus casas o directamente liberados, Josu Ternera anda suelto y los «mediadores» han cobrado religiosamente sus salarios, probablemente con cargo a los fondos reservados.

Lo realmente alarmante es lo rápido que se propaga el fuego separatista al reclamo de esa impunidad. Navarra está gobernada por los colegas de Arnaldo Otegi y se acerca al «Anschluss» que exigía ETA, merced a un pacto ignominioso respaldado por los socialistas. Sucesos como los de Alsasua demuestran hasta qué punto se mantiene viva la voluntad de echar de allí a la Guardia Civil, como sea. Cataluña continúa en rebelión abierta pese a la aplicación teórica del 155, e incluso vive episodios de violencia crecientes que obligan a llevar escolta a ciertos políticos y periodistas. Se habla ya sin reparos del «derecho de autodeterminación» o de «la república», y se aceleran las campañas destinada a «catalanizar» la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, antes de que sea demasiado tarde.

Porque si bien el PSOE se rindió hace tiempo, Podemos respalda con entusiasmo la voladura del orden constitucional y al PP le ha faltado arrojo para poner pie en pared desde el Gobierno, lo cierto es que Ciudadanos constituye un problema grave para las pretensiones de la banda y sus diversos compinches. Los de Rivera han hecho bandera de la defensa de España y crecen en las encuestas a un ritmo imparable. El electorado desencantado con los partidos tradicionales parece confiar en ellos para que pongan fin a esta farsa, tal como han prometido hacer, y a tenor de los sondeos van a ganar las elecciones. De ahí las prisas de los golpistas, empezando por los etarras. Su legado envenenado peligra.

Vox, UPyD y los periodistas
Nota del Editor 8 Mayo 2018

La connivencia entre profesionales de la política y los periodistas por un lado y por otro el deseo de algunos "creadores de opinión" para guiar a los pocos grupos de acción política que tienen o tenían algunas ideas claras sobre la defensa de España y los españoles, consiguieron hundir UPyD por no haberse doblegado al disparate de unirse a Ciudadanos,  de los que ahora el personal se da cuenta de que no son lo que parecían.

Si a los "creadores de opinión" les queda algo de firmeza, deberían ocuparse en airear los principios que defiende Vox y dejar de empujar a Ciudadanos para que parezca que algo cambia y pueda seguir todo igual.

No se les puede permitir hacer lo que quieran
OKDIARIO 8 Mayo 2018

El Gobierno debe unirse a la iniciativa de Ciudadanos para impedir el voto delegado de los huidos Carles Puigdemont y Antoni Comín. Dos delincuentes ni pueden ni deben participar con su sufragio en la constitución de una cámara autonómica que han tratado de dinamitar. Si bien el partido que dirige Albert Rivera no podrá evitar dicho voto, al menos han mostrado su total oposición a que los golpistas sigan siendo decisivos en la conformación de nuestras instituciones públicas. Sin embargo, por lo establecido en el artículo 161.2 de la Constitución española, el Ejecutivo sí tendría la potestad de anularlo de manera automática.

Algo que debería hacer por el bien de todos los ciudadanos, sobre todo porque lo permite la Carta Magna, máxima norma que nos rige y contestación siempre oportuna a cada veleidad independentista: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas”. Algo que impediría que Puigdemont siguiera prolongando la fantasía utópica de que puede volver y ser el candidato a presidir la Generalitat sin rendir cuentas ante Pablo Llarena. Tanto él como Comín están fugados de la justicia española, acusados ambos de delitos tan graves como el de rebelión y malversación por parte del Tribunal Supremo.

Por mucho que el Gobierno haya actuado con diligencia a la hora de tomar todas las medidas para impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont, tiene que seguir ejecutando todas las posibilidades a su alcance e impedir también su voto delegado. De lo contrario, no sería de extrañar que la desesperanza cayera sobre una Cataluña constitucionalista cansada de que personas que han dinamitado su día a día sigan campando a sus anchas dentro o fuera de nuestro país, dentro o fuera de la legalidad. El desbloqueo de la parálisis institucional que carcome el contexto de Cataluña no puede estar en manos de dos huidos. No ocuparán sus cargos, pero tampoco deben ejercer un derecho al voto que no merecen.

Los violadores de la legalidad apelan a la inviolabilidad.
Vicente A. C. M Periodista Digital 8 Mayo 2018

LOS MIEMBROS DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA PROCESADOS ALEGAN INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA.

Ayer se produjo la comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de cinco de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña procesados por haber desobedecido al Tribunal Constitucional al aprobar la tramitación de las leyes llamadas de “desconexión” que se debatieron en el pleno del 6 y 7 de septiembre del pasado año. Los citados fueron: Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís María Corominas, Lluís Guinó y Joan Josep Nuet. Barrufet no acudió aludiendo causas médicas, quedando su comparecencia retrasada hasta el día 21 y permitiéndose que sea por videoconferencia. Todos fueron acompañados de sus respectivos abogados y su línea de defensa fundamental la basan en la inviolabilidad parlamentaria que, a su parecer, impide que puedan ser juzgados por “desobediencia”.

Al parecer, Simó, Guinó y Corominas se negaron a declarar y solo lo hizo Nuet para afirmar que nunca tuvo conciencia de estar desobedeciendo y cuando fue consciente de ello votó en contra de otras admisiones a trámite. Una vez más se aduce ignorancia cuando todos los componentes de la Mesa fueron advertidos personalmente por el tribunal Constitucional de las consecuencias penales de desobedecer, como así se produjo. Por otro lado, es verdad que el Reglamento de Cataluña contempla el derecho de los parlamentarios a la “inviolabilidad” en el ejercicio de su cargo. Sobre este aspecto se indica lo siguiente:

“Artículo 21. Inviolabilidad
Los diputados gozan de inviolabilidad, incluso después de haber finalizado su mandato, por las opiniones y los votos emi¬tidos durante el ejercicio de sus funciones.
Artículo 22. Inmunidad
En cuanto a la inmunidad de los miembros del Parlamento, es preciso atenerse a lo dispuesto por el Estatuto de autonomía de Cataluña y, si procede, por las leyes que lo desarrollan.”

Estos artículos tienen su fundamento en el artículo 71 de la Constitución de España de 1978 que recoge lo siguiente:

“1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de
inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.”

En este sentido existen sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la libertad de opinión como la STC 243/1988 que dice:” La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario, siendo, finalidad específica del privilegio asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan”.

Sin embargo, la Constitución solo recoge la opinión, no así el acto de la votación. No obstante, el Tribunal Constitucional considera este “lapsus” cuando en el mismo Reglamento del Senado lo considera al incluirlo en su artículo 21 que dice:

“Artículo 21.
Los Senadores gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.”

Queda claro que no está en cuestión lo que ampara la “inviolabilidad” sino la comisión de un delito de desobediencia cuando el Tribunal Constitucional les advirtió expresamente de que no se podía modificar el Reglamento del Parlamento de Cataluña para incluir la tramitación exprés de las leyes de desconexión. En este sentido, el propio Nuet reconoció en un tweet haber recibido personalmente la notificación del Tribunal Constitucional y publicando la carta : “Avui el @tsj_cat m'ha notificat personalment la resolució del Tribunal Constitucional contra la Reforma del Reglament del @parlament_cat” Creo innecesario traducirlo. En cuanto a la notificación, fue remitida y entregada el 16 de agosto del 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el texto en catalán y español en el que se decía expresamente:

“Constituido/a yo,
en la sede del Parlamento de Catalunya, tengo delante mío al Ilustre Señor Joan Josep Nuet i Pujals, Secretario tercero del Parlamento de Cataluña y le notifico personalmente la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 31 de julio de 2017, dictada en el recurso de inconstitucionalidad (número de asunto 4062-2017), promovido por el Presidente del Gobierno contra el apartado segundo del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña en la redacción dada por la reforma parcial aprobada por el Pleno de dicha Institución el 26 de julio de 2017, y le advierto del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstenga de iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento de Cataluña, y, en general, de dictar acuerdo alguno que implique la tramitación de una proposición de Ley por el procedimiento de lectura única en aplicación del impugnado apartado segundo del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, advirtiéndole de las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir, incluida la penal en caso de incumplimiento de lo que ha ordenado aquel Tribunal. Firma conmigo.”

Resulta sorprendente el que Nuet niegue lo que a todas luces resulta evidente. Pero eso lo dejaremos a que lo decida el Tribunal que le juzgue. Lo malo es que desobedecer las sentencias de los Tribunales de España resulta barato y hasta a veces, gratuito. Una especie de impunidad que ya ha tenido antecedentes como las resoluciones sobre materia de enseñanza en español y que se respete el que sea lengua cooficial en la autonomía de Cataluña. Iba siendo hora de que este tipo de delitos sean penalizados y las sentencias contemplen el máximo que la ley estipula. Porque esa desobediencia no es inocua, sino que conlleva unas consecuencias de violación de derechos fundamentales, o como en el caso de la admisión a trámite de leyes inconstitucionales la comisión de un delito de sedición.

Solo espero que al fin se haga justicia y que definitivamente se establezca que ser parlamentario no es una patente de corso donde se pueda actuar con total impunidad, inmunidad e inviolabilidad, por el hecho de ser un cargo electo. Siempre hay un orden superior y un bien supremo que defender y estos son el de la Constitución de España y los derechos fundamentales de los españoles, empezando por la Soberanía Nacional que reside en el conjunto del pueblo español y la indisoluble unidad de la Nación.

¡Que pasen un buen día!

ETA, separatista
Cristina Losada Libertad Digital 8 Mayo 2018

La descripción de ETA como "grupo separatista" en la prensa internacional, por criticable que sea, tiene una virtud.

Fue así durante muchos años y ha vuelto a ocurrir. La descripción en la prensa extranjera de la organización terrorista ETA como "grupo separatista vasco" ha aparecido de nuevo en titulares. Era a raíz del anuncio de disolución y del teatrillo de mediadores internacionales –¿mediadores?– y palanganeros del país, que oficiaron de voluntarios ayudantes en el blanqueo y justificación de la banda. Tal vez por ello, más que en otras ocasiones, aquellos titulares causaban enojo y malestar. ¿También esa prensa, después de lo que ha llovido, al cabo de tantos asesinatos y atentados, sigue empeñada en restarle gravedad a la historia criminal de la organización? Al evitar calificarla de terrorista, ¿no está suavizando y edulcorando a la banda?

Las reticencias de importantes medios de comunicación hacia el uso del término terrorista vienen de lejos. Esa reserva suele atribuirse a aquello de que "el que para unos es terrorista, para otros es un luchador por la libertad". A la idea de que el término lleva una carga emocional y no es suficientemente objetivo. O a la dificultad de concordar en una definición del terrorismo, que ha ido cambiando, igual que el propio terrorismo. Como dice Walter Laqueur en su Historia del terrorismo, "ninguna [definición] tiene la posibilidad de abarcar todas las variedades de terrorismo que han aparecido a lo largo de la historia". Pero en la resistencia a calificar de terrorista a la ETA en medios internacionales muchos españoles han visto –y yo también– una tendencia a atenuar el carácter criminal de la organización. Una preferencia por resaltar sus fines políticos, el separatismo, y por difuminar sus medios, el terror. Y una aceptación de parte de la propaganda etarra.

Todo tiene, sin embargo, una vuelta más. Centrados nosotros en destacar el terrorismo de ETA, sus asesinatos, sus atentados, sus extorsiones, sus amenazas, su intimidación y todo el daño irreparable que ha causado, hemos relegado a un segundo plano los fines: los objetivos políticos por los que mató. No los hemos relegado totalmente, porque todos sabemos cuáles son. Pero nuestra atención se ha dirigido a los medios y no a los fines. El discurso y el relato, como decimos ahora, los hemos centrado en el terror y no en su causa política. Se ha dado por sentado incluso que el hecho de tener una causa política amortiguaba la dureza del terror. Como si lo político y lo ideológico fueran atenuantes del terrorismo. Cuando es al revés. No es ningún atenuante, sino en todo caso un agravante. Uno que va implícito en el terrorismo político.

Al no poner en el mismo plano medios y fines, como deberían ponerse, lo que puede ocurrir es que los fines se vayan de rositas. Lo que puede pasar es que el rechazo que provoca el terrorismo y su deslegitimación no alcancen de ningún modo a las ideas y objetivos políticos por los que los terroristas mataron tanto. ¿No ha sucedido exactamente eso aquí? El separatismo, que es la causa por la que ETA ha matado, y el nacionalismo vasco, que ha sido su ideología fundamental –y fundamentalista–, ¿no han salido prácticamente indemnes, como si nada hubieran tenido que ver en la génesis y el desarrollo de la violencia terrorista? De eso hablo cuando hablo de irse de rositas. No es que el nacionalismo y el separatismo conduzcan necesariamente al terrorismo. Eso es evidente. La cuestión es que ETA surgió en un marco ideológico determinado y para unos fines políticos concretos, y que esa vinculación no se puede obviar, pero con frecuencia se obvia.

En el importante libro Pardines. Cuando ETA empezó a matar, coordinado por Gaizka Fernández Soldevilla y Florencio Domínguez Iribarren, que acaba de publicarse, hay un último capítulo dedicado a la responsabilidad del nacionalismo vasco en el surgimiento de la organización terrorista. El abogado José María Ruiz Soroa sostiene ahí que esa responsabilidad existe. No que el nacionalismo vasco sea el responsable, el único, pero sí que hay una responsabilidad. No asumida, por cierto. Y una de las más interesantes pruebas de esa responsabilidad la encuentra en las explicaciones que dan los nacionalistas de la violencia terrorista etarra.

En la visión nacionalista, expone Soroa, la ETA es la consecuencia predecible de un conflicto histórico de larga duración en el que España ha oprimido a la nación vasca, imponiendo por la violencia su afán exterminador de una identidad distinta. Así, en ese continuum de violencia, la de ETA era poco menos que inevitable o, más sibilinamente, un síntoma de un conflicto más hondo y perdurable. De hecho, esa falsedad histórica, ese canon, como dice Soroa, es el que ha mantenido, sin revisión alguna, el nacionalismo vasco al tiempo que hacía una política posibilista. Pero para los que lo creyeron verdadero, para unos militantes nacionalistas de los años sesenta "que creyesen firme y emocionalmente en ese canon, este solo era motivo más que suficiente para tomar las armas". De modo que, concluye Soroa, si el relato nacionalista del pasado pretende explicar hoy la violencia de ETA es porque ese mismo relato fue capaz de generarla.

El terror de ETA no estuvo determinado más que por la voluntad de quienes empezaron a matar y aquellos que les sucedieron. Ellos cargan con esa responsabilidad histórica. Pero a menos que se desdeñe el poder de las ideas, a menos que se quiera despojar de todo signo político al terrorismo político, no se puede negar el hecho de que la violencia etarra surgió dentro de un ideario y un relato nacionalistas. Y, acto seguido, hay que consignar que de aquel parentesco no se han derivado consecuencias: ni para el ideario ni para el relato. Al punto de que los elementos del canon que inspiraron la violencia terrorista los puede hoy mantener el nacionalismo vasco en su discurso sin cambio alguno.

A la vista de todo esto, hay que decir que la descripción de ETA como "grupo separatista" en la prensa internacional, por criticable que sea, tiene una virtud. Pone en primer plano aquello que tantas veces se queda en la penumbra: la filiación política de la organización terrorista.

El profesorado catalán
Pablo Planas Libertad Digital 8 Mayo 2018

Lo normal en Cataluña es que en los colegios y en los institutos se hable de política y que niños y adolescentes participen en actividades como montar coreografías con la estelada y cantar la canción "Cataluña, nuevo Estado de Europa" y montar teatrillos para párvulos consistentes en matar malvados reyes españoles. También es normal que no exista España en los libros de texto o, en su defecto, que sólo sea citada como el pérfido enemigo en los grandes episodios nacionales del separatismo, el levantamiento de los segadores, la Guerra de Sucesión y la Civil, que no fue tal sino otro capítulo del perpetuo España contra Cataluña.

En esas contexto, los hijos de policías, guardias y militares no acostumbran a ser los más populares de sus clases. Es más, no suelen decir en qué trabajan sus papás y mamás, sino que se callan, por si acaso. Viene al pelo del presunto señalamiento del que se queja la comunidad educativa de nueve profesores del instituto El Palau de San Andrés de la Barca con todo el aparato mediático del separatismo en modo manada. La Fiscalía les investiga por un presunto delito de odio y por obligar a levantar la mano a los hijos de guardias civiles el día después del montaje del 1-O.

El centro está a pocos metros de la casa cuartel de la Guardia Civil y fue centro de votación del golpe de Estado separatista. La mayoría de sus profesores, como en el 99% de los establecimientos educativos públicos y privados de Cataluña, estaba, está y estará por el golpe y por redondear la inmersión lingüística con la aniquilación de todo lo que signifique España. Es lo que hay. Se sabe como se sabe que las familias que piden para sus hijos más clases de español en cumplimiento de sentencias judiciales son acosadas, marcadas, señaladas y humilladas hasta que desisten o cambian de colegio.

En El Palau se tenía que hablar el 2 de octubre del 1-O porque la Guardia Civil había dado unos cuantos porrazos. A lo mejor, si los Mossos de Trapero no hubieran desobedecido las órdenes judiciales se habrían podido evitar. Era tan simple como precintar el centro, pero los mozos se negaron, dieron largas, dijeron que no sabían y se dedicaron a seguir a las furgonas de policías y guardias para dar el queo a los de las urnas. Y se tenía que hablar también porque El Palau, aunque esté al lado de una casa cuartel y vayan hijos de guardias civiles, forma parte de esa aberración de la escola catalana que se dedica a erradicar el idioma español e inocular el odio a España.

¿Todos los profesores de Cataluña son iguales? No. Algunos están en contra, pero la mayoría calla, y si hay que manifestarse en los patios en contra de la Guardia Civil que cumplía una orden judicial, pues se manifiesta uno y en paz, porque son órdenes de la funcionaria territorial de la Generalidad del 155.

No debe de ser fácil ser hijo de Guardia Civil en Cataluña cuando los profes gritan "Fora les forçes d'ocupació!" y llaman "perros rabiosos" a sus padres.

Asesinos, no gudaris
JOAN MESQUIDA El Mundo 8 Mayo 2018

En estos días en los que ETA, o lo que queda de ella, trata de asomarse a los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales para buscar propaganda y tratar de tergiversar la historia, es importante entre los demócratas contribuir a mantener el relato transparente de la verdad, de lo que ETA ha sido y de lo que siempre será .

Un alto mando de la Guardia Civil en la lucha contra ETA me dijo que nunca hay que interpretar a los etarras utilizando el sentido común; siempre hay motivaciones ocultas en sus comunicados y declaraciones propagandistas. La tregua que declararon el 22 de marzo de 2006 lo puso de manifiesto, no caímos en la trampa de interpretar que lo querían dejar, que estaban cansados, que para ellos la lucha armada suponía una vida muy incómoda y que tenían voluntad de poner fin a su actividad. El sentido común podía llevar a pensar así, llevaban muchos meses sin matar. Imbuidos por el espíritu del Pacto de Ajuria Enea de 1988, aquel que manifestaba apoyo al diálogo entre los poderes del Estado y aquellos que decidieran abandonar la violencia, aceptamos explorar un diálogo, pero afortunadamente no caímos en su trampa y, lejos de desactivar los mecanismos de la lucha antiterrorista, decidimos reforzarlos, a pesar del diálogo.

Nada más tomar posesión como director general de la Guardia Civil a principios del mes de mayo de 2006, me desplacé al Cuartel de Intxaurrondo en San Sebastián para transmitir las instrucciones claras del Gobierno. Recuerdo perfectamente aquel día. En una sala de reuniones austera y sobria, y en torno a una gran mesa en forma de U, sentados los responsables de la lucha contra ETA tanto de los Servicios Centrales como del País Vasco. Percibí entre los presentes una cierta inquietud sobre lo que iban a escuchar, inquietud que quedó disipada cuando escucharon un mensaje claro y contundente: "El Gobierno no está en tregua, quien ha declarado la tregua son los asesinos y a nosotros nos corresponde apretar más que nunca la intensidad en todos los frentes que dependen de nuestro trabajo policial e internacional".

No se perdió ni un minuto en la lucha operativa contra la banda terrorista. La motivación era máxima. Como prueba, ahí esta la detención de 93 miembros y colaboradores de ETA durante la tregua, desde marzo a diciembre de 2006, tanto en España como en Francia. Cúpula etarra que surgía cúpula que era detenida. Si hubiéramos disminuido la presión en la lucha antiterrorista con motivo del diálogo abríamos cometido un error histórico. Afortunadamente, no les interpretamos con sentido común y seguimos engrasando toda la maquinaria como si no hubiera tregua.

El último comunicado de ETA previo al de su disolución hay que tomarlo con indiferencia. Aparte de la repugnancia que produce la distinción que hace entre víctimas, y el cínico perdón que manifiesta, no hay que olvidar el inmenso dolor causado. El comunicado profundiza el sufrimiento de las víctimas, primero con el falso reconocimiento del daño causado y el perdón selectivo, y en segundo lugar, porque no hay el más mínimo atisbo de que se vaya a contribuir a que los asesinos de ETA que todavía andan sueltos paguen por los crímenes cometidos.

Sus motivaciones están claras: aparecer ante la Historia como unos luchadores por la libertad del pueblo vasco. Quieren seguir alimentando la idea de la existencia de un "conflicto político" que hay que resolver. Pero está claro que la Historia no les absolverá, porque ya les ha condenado.

ETA fue derrotada con cuatro pilares fundamentales. 1) La eficacia policial, gracias a unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y unos servicios de Inteligencia preparados y muy motivadas para combatir y perseguir 24 horas al día a estos criminales. 2) La cooperación internacional (el papel de Francia fue determinante). Fui testigo en una reunión a puerta cerrada en Lisboa donde estábamos seis personas de cómo el presidente de la República francesa Nicolas Sarkozy le dijo al presidente Zapatero: "Los enemigos de la democracia española son los enemigos de Francia, por ello, en el tema de la lucha contra ETA pídeme lo que quieras" y seguidamente ordenó al director de la Policía gala Frédéric Péchenard que se pusiera a mi total disposición. 3) La firmeza judicial. Si en algún momento alguien pudo pensar que los tribunales no actuaban con la suficiente fortaleza, las dudas quedaron totalmente disipadas. La Justicia ha actuado como un auténtico poder constitucional en defensa del Estado. 4) La Ley de Partidos del año 2002 que permitió, con 304 votos a favor (IU votó por error en este sentido), y teniendo en contra a PNV, ERC, BNG, EA y CHA, luchar contra el entramado político de apoyo a los terroristas posibilitando que, desde instancias judiciales y a partir de 2003, se ilegalizara a Herri Batasuna y a todas las siguientes marcas blancas y agrupaciones de electores afines.

Estos cuatro pilares tenían una columna vertebral, las víctimas. Su recuerdo, su sufrimiento, sus testimonios... han estado siempre muy presentes en la acción de los demócratas en el camino de la derrota de ETA. Y, como han tenido un papel fundamental, les debemos seguir trabajando para que nadie se atreva a tergiversar lo que ETA ha representado en España, para que una organización de asesinos en serie que ha matado a más de 800 personas, no quiera aparecer como gudaris que lucharon por la libertad fabricando un falso relato de la histórica con tintes épicos y revolucionarios.

Nos toca seguir investigando los 358 crímenes sin resolver y poner a sus autores a disposición de la Justicia. Nos toca explicar a las generaciones futuras que ETA fue una organización criminal que mató indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños -en concreto a 23 de todas las edades, desde 23 meses-. Nos toca explicar que los auténticos "artesanos de la paz" han sido los policías, guardias civiles, miembros del CNI, de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales... que trabajaron sin descanso para derrotar a los terroristas. También sus víctimas, que han actuado como el gran aglutinador de los demócratas frente al terror. Y los artesanos del conflicto han sido exclusivamente ETA y quienes les apoyaron.

La derrota de ETA se ha escrito con muchas páginas plagadas de inmenso dolor y sufrimiento padecido por las víctimas a manos de sus verdugos. Pero también con páginas plagadas de heroicidad de los verdaderos artesanos de la paz. Ellos son los que merecen un homenaje de la democracia española. Y hoy el mejor que se me ocurre es el de contribuir a explicar que ETA fue una jauría de asesinos en serie y no una banda de gudaris.

Joan Mesquida es ex director General de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Jódete, Teruel
¿Es demagógico pensar, como le habrá ocurrido a tanta gente, que en España solo progresa quien se convierte en un problema?
Javier Caraballo elconfidencial 8 Mayo 2018

Cuarenta años llevan los de Teruel reclamando dinero para las infraestructuras más elementales y lo único que han conseguido cambiar ha sido el lema de las protestas; empezaron con ‘Salvar Teruel’, siguieron dos decenios después con ‘Teruel existe’ y ahora, cuando ya van camino de medio siglo, han vuelto a cambiar la pancarta, ‘Salvemos Teruel’. Tres lemas distintos que no han variado la respuesta, el olvido, porque no han logrado casi nada de lo que vienen exigiendo. “Aragón se muere por el sur”, decían. Siempre el sur…

Hasta los curas se han sumado este año a la protesta, también con eslogan propio, ‘Suena Teruel’, con las campanas de toda la diócesis tocando ‘a rebato’ para que la gente se fuera a las manifestaciones, que es como rezar golpeando cacerolas con los rosarios. Han hecho bien los curas, porque no existe una imagen más cruel del declive de un pueblo que la contemplación de los feligreses, cada vez menos, cada vez más envejecidos, por el empedrado de las calles, un domingo cualquiera, camino de esos templos cargados de dignidad y de historia, tristes de piedra y de abandono.

La cuestión, en fin, una vez pasada la nueva manifestación y antes de que de nuevo sea olvidada, es que nos preguntemos qué hay que hacer en España para que a alguien le echen cuenta. ¿Es demagógico pensar, como le habrá ocurrido a tanta gente, que en España solo progresa quien se convierte en un problema? Con Tarragona a poco más de 300 kilómetros de distancia de Teruel, la duda es inevitable: ¿sería lo mismo si, en vez de reclamarse legales y leales, las protestas de Teruel fomentaran el odio y la desafección desde hace 40 años? ¿Decir eso es demagógico?

No solo no es demagógico sino que ese problema lo arrastran las sociedades desde la antigüedad. Desde que el hombre es hombre, existe un agravio asumido que consiste en premiar al más conflictivo, al más desagradecido. Como si la lealtad tuviera menos premio que la defección. Es la parábola misma del hijo pródigo de la Biblia, como ya se ha contado aquí alguna vez: cuando el hijo díscolo regresa a la casa del padre, después de haberse pulido la herencia en tabernas y prostíbulos, le organizan una fiesta de bienvenida por todo lo alto, la fiesta que jamás le habían dado al hijo que se quedó con la familia, trabajando de sol a sol.

Ese mismo problema se ha vivido en España, desde hace siglo y medio, con la desafección de los nacionalismos vasco y catalán y, por esa misma lógica del hijo pródigo, las mayores inversiones han ido a parar a esos territorios. Por esa misma razón, en Cataluña y en el País Vasco siempre se ha exigido que se establecieran muy claramente las diferencias entre unas autonomías de primer nivel y otras, el resto, de segundo nivel de competencias. Por esa misma razón, nunca se ha impulsado una reforma de la Ley Electoral, que concede un ‘plus de representación’ a los nacionalismos, de manera que siempre han podido cambiar sus votos decisivos en el Congreso por mayores inversiones en Cataluña y en Euskadi.

Con esa ‘anomalía democrática’ hemos convivido durante todos estos años, de forma que si ahora, al cabo de cuatro decenios, Cataluña es la única autonomía con todas sus capitales comunicadas por alta velocidad, mientras que Teruel sigue con su ‘tren tamagochi’, que no sube de los 70 kilómetros por hora, alguna relación debe tener con un modelo de financiación que beneficia a unos territorios y mantiene a otros en un estado de eterna espera. Teruel es un ejemplo, pero hay muchos más, repartidos por toda España, de proyectos de mejora en infraestructuras que nunca han llegado y que eran fundamentales para el progreso económico y social. Existe una España silenciada a la que muy pocas veces se mira.

En la prensa local, al hacer estos días un recuento de los 40 años de protestas, se ofrecían algunos párrafos desoladores, casi humillantes para los manifestantes de Teruel cuando se miren a sí mismos y se den cuenta de que, por mucho que griten, nadie les va a prestar la más mínima atención; todo lo más, promesas que se olvidan. “Las reivindicaciones se han ido repitiendo. En 2004, por ejemplo, se pedía que el AVE Madrid-Valencia pasara por Teruel y que el tren desde Zaragoza llegase a Sagunto. No ocurrió. Se pedía la autovía desde Teruel a Cuenca, y tampoco”, se leía en uno de esos reportajes del 'Heraldo de Aragón'.

La lista de promesas incumplidas, sector a sector, es como el negativo negruzco de un discurso florido de los mítines electorales: hospitales sin construir, programas de reconversión sin ejecutar en la agricultura o en la minería, planes de inversión para los núcleos rurales abandonados. Desde luego que el Gobierno autonómico de Aragón, el actual y los anteriores, no puede sacudirse la responsabilidad de lo ocurrido, pero el origen del problema fundamental está en el modelo autonómico y la financiación distribuida desde el Estado.

El obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, distribuyó una carta en la diócesis con aires de protesta sindical, de ‘basta ya’ eclesiástico. “Somos pocos, es verdad, pero tenemos la misma dignidad humana que el resto y creemos en la distribución de riquezas y creemos en nuestros potenciales, y sabemos que habitamos una tierra dura, con climatologías extremas, pero nuestra historia nos avala, y la cantidad de personas que han luchado por esta tierra y este pueblo. No queremos quedar tan solo como una zona cinegética para que vengan los hijos de los presidentes de EEUU. Quizá la próxima manifestación sería ante las instituciones soplando pompas de jabón para que vieran cómo nos sentimos, como niños engañados con pequeños dulces que al final nos dejan un sabor amargo en la boca”. Pompas de jabón…

Ya puestos, la próxima vez, que se atrevan con un lenguaje más agresivo, métodos elementales de publicidad inversa, y que escriban en la pancarta ‘Jódete, Teruel’, que aunque no consigan nada, por lo menos se irán a su casa después de la protesta con la ilusión de que, esta vez, nadie los va a engañar. Como decía Forges en sus viñetas, “estado civil, jodido”

EN LA AUTÓNOMA
La ‘kale borroka’ catalana vuelve a atacar a jóvenes de Societat Civil
La Gaceta  8 Mayo 2018

Arrancan carteles en los que se llamaba al respeto y golpean a los miembros de seguridad que velaban por la integridad de los jóvenes contrarios al separatismo.

Un grupo de militantes separatistas ha arrancado este lunes unos carteles colgados por la asociación juvenil de Societat Civil Catalana (SCC) con el lema “Me gusta cuando somos, cuando nos respetamos… Así en la diversidad” en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Se han congregado además para mostrar su rechazo a la carpa de de SCC coreando eslóganes como “Fuera fascistas de la Universidad”, han desplegado una pancarta con el lema “Ni fascistas, ni amigos de fascistas. Fuera SCC de la UAB” y han golpeado a los miembros de seguridad que velaban por la integridad de los presentes.

A través de las redes sociales, la entidad ha tildado el suceso de “tristísimo”. “Terrible lo que hemos de vivir”, ha dicho.

Desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha manifestado que “estos son comandos violentos del separatismo acosando a los demócratas”. “Luego dirán que la violencia es mentira y una invención de los jueces. ERC, PDCat y CUP ocultan lo que está pasando y se niegan a condenar este tipo de violencia en el Parlamento”, ha señalado.

Asimismo, la recién elegida presidenta de NNGG del PP de Cataluña, Irene Pardo, se ha sumado a las muestras de condena a las agresiones “de la izquierda independentista más radical”.
‘El sectarismo de Colau’

El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, denunció este domingo lo que considera “sectarismo ideológico” de la alcaldesa Ada Colau porque ha afirmado que el consistorio no cobra las tasas a la ANC por instalar carpas informativas en la calle y sí lo hace en el caso de Societat Civil Catalana (SCC).

En un comunicado, Fernández Díaz denunció “el sectarismo ideológico de gobierno municipal de Ada Colau, que sólo cobra las tasas de ocupación del espacio público a las asociaciones que además de catalanas se sienten españolas, demostrando el trato de favor que aplica la alcaldesa con los independentistas”. Según el edil conservador, en el distrito de Les Corts, durante los meses de febrero y marzo de 2018, se han pedido permisos para instalar carpas informativas por parte de diferentes asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana o la Societat Civil Catalana.

“La diferencia ha sido que mientras la ANC no ha tenido que pagar ni un euro por instalar un total de 26 carpas informativas, a Societat Civil se le cobra una tasa de 59,59 euros por instalar una carpa”, afirmó. Para el concejal, “Colau actúa sin ningún complejo como alcaldesa de los independentista y no de todos los barceloneses, y actúa con arbitrariedad dependiendo de la ideología de la plataforma o asociación que solicita la licencia, un hecho escandaloso y grave que puede rozar la prevaricación”.

El alcalde podemita de Santiago utiliza a los niños para publicitar el uso del gallego
OKDIARIO 8 Mayo 2018

El alcalde podemita de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, ha utilizado a los niños este lunes para hacer una defensa del uso del idioma gallego durante la celebración de la actividad escolar ‘Correlingua’. En la santiaguesa plaza de Quintana, el primer edil de la localidad se ha dirigido a los menores para pedirles “que no dejen de hablar en gallego, porque de vosotros depende el futuro de la lengua”.

Noriega ha hecho proselitismo del nacionalismo gallego a través del lenguaje asegurando ante los niños que “nuestro idioma es nuestro principal signo de identidad en este mundo internacionalizado, y es por eso que debemos mantenerlo vivo”.

Esta iniciativa llamada ‘Correlingua’ pretende que los menores “reflexionen sobre la situación del idioma y sensibilicen a la sociedad en general sobre la importancia de defender nuestro idioma”, tal y como explica la página web del consistorio de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela ya fue noticia recientemente, en el mes de febrero, a raíz del pregón “blasfemo” patocinado por el alcalde Martiño Noriega, un pregón que indignó a la Iglesia. Entonces, el dramaturgo y humorista Carlos Santiago representó en el pregón un monólogo que forma parte de su repertorio habitual, y en el que se hacen alusiones a “los huevos” del Apóstol Santiago e insinuaciones sobre felaciones de la Virgen del Pilar al santo.

El alcalde podemita de Santiago, Martiño Noriega, aseguró que no existe polémica porque todo se enmarca dentro de un contexto de humor y libertad de expresión del carnval. “No estoy dispuesto a practicar una caza de brujas, a hacer de inquisición”. Es el mismo alcalde que en su día ya tomó la decisión de no subvencionar directamente las cofradías de Semana Santa asegurando que “el apoyo institucional que había en Compostela a las cofradías ha sido mucho menos que el que existía en Ferrol”, cuyo ayuntamiento sí subvencionó sus cofradías.

BALEARES
El decreto del catalán sigue sumando 'víctimas' entre los niños
RICARDO F. COLMENERO. Ibiza El Mundo 8 Mayo 2018

Está Carla, que tiene autismo; y Marc que es Asperger; y Ariadna, que también es Asperger; y Pedro, que tiene epilepsia; y Roberto, que tiene déficit de atención; y Carlos, que tiene TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, o la Dirección General de Tráfico al revés, que bromea su madre; y Laura, que también es autista. Los menores que se han quedado sin la única neuropediatra que había en la isla de Ibiza, tras el autoexilio de la doctora Ileana Antón por el decreto que obliga a los médicos a aprender catalán, empiezan a denunciar su situación de desamparo por boca de sus padres.

La cita es en el Parque de la Paz del centro de Ibiza. Roberto y Laura viene de la piscina, o de hidroterapia, según se mire, de la mano de su madre. «El niño tiene siete años y déficit de atención, y la niña cinco y autismo», los presenta su madre. Ileana Antón les recibía en un solo pack, para aligerar la lista de espera. Tenía que verlos cada seis meses, sobre todo a la niña, explica su madre, pero no la ven desde hace ya catorce. Su última cita era para el mes de diciembre, justo antes de Navidad, pero la llamaron para cambiársela para febrero, y luego para cambiársela para nunca, porque la doctora Antón había abandonado la isla y no hay sustituto.

El testimonio se repite en boca de otras madres. Empiezan a organizarse. Primero por whatsapp, donde ya se habla de plantarse en la puerta del hospital de Can Misses, el único público que existe en la isla. "En Ibiza hay 512 niños con necesidades especiales, seríamos bastantes", dice Mirela, la madre de Carlos. También que no sólo los médicos se están marchando, sino que muchas familias con hijos con problemas "empiezan a plantearse abandonar la isla por sus hijos, porque ya no se puede soportar esta situación".

Joan Marí trae a Carlos de terapia. El niño tiene seis años y medio, déficit de atención, y nada más llegar pide una magdalena de chocolate. Su madre explica que necesita controles permanentes, como la medición del radio de su cráneo. Su situación económica les permite acudir a centros privados, aunque también se han aventurado por la pública. El 28 de agosto de 2017 pidieron cita con la neuropediatra, y la obtuvieron para el 8 de junio de 2018. A mediados de marzo recibieron la famosa llamada de anulación sine die, aunque ya habían leído a Antón en la prensa hablar del decreto: "Me parece de una ignorancia suprema. Los que están gestionando la sanidad pública lo están haciendo desde su ideología y no pensando en los pacientes".

El viernes Mirela, la madre de Carlos, recibió una llamada de Atención al Paciente. Su cita con el neuropediatra se pasaba de repente a este mismo jueves. "Era con el pediatra de mi hijo, el de siempre, que es el que se encarga de los neonatos del Hospital. Le pregunté a la que me llamó si esta era la cita del neuropediatra y me dijeron que sí, aunque me reconocieron que no era neuropediatra. Como le conozco fui a verle y hablé con él, y me dijo que le habían pasado toda las citas de la doctora Antón", cuenta. También denuncia que esto "es un parche", y no está dispuesta a que sus hijos sean atendidos por alguien que no sea neuropediatra "de verdad".

Ante la imposibilidad de fichar a un neuropeditara, desde el Ib-Salut informaron hace dos semanas que las visitas de neuropediatría pasarían a manos de un pediatra de la actual plantilla, que ya es deficitaria, y que tenía formación en neuropediatría, aunque reconocían que no era neuropediatra.

Daniel tiene a Marc, de siete años y Asperger, y a Pedro, de diez, que tiene epilepsia. "Yo soy ibicenco y hablo ibicenco, pero no tengo ningún título, e Ileana Antón lo entendía perfectamente porque llevaba aquí muchos años y tampoco necesitaba ningún título", cuenta Carlos.

La situación de Pedro era de extrema gravedad, con frecuentes pérdidas de consciencia, que Antón logró controlar con medicación. El problema es que hace un año que no la ven, y saben que tienen que cambiar la dosis, porque estaba prevista para un menor de un peso, una edad, una altura y una situación determinada, explican. La dosis no viene en el prospecto, cuenta Ivana, su madre: "Le llevamos a un neurólogo de adultos por privado y nos dijo que eso tenía que hacerlo su neuropediatra, que él no se la podía cambiar, y ahora ni siquiera sé si le estamos dando una dosis insuficiente".


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