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Torra: el golpe sigue
EDITORIAL Libertad Digital 11 Mayo 2018
Finalmente, el golpista prófugo Carles Puigdemont ha deshojado la
margarita y puesto sobre la mesa un candidato cuya elección es
viable legalmente: el indeseable Quim Torraserá con toda
probabilidad el presidente de una Generalidad que el huido espera
poder seguir controlando a cobarde distancia, con lo que el
escenario de unas nuevas elecciones se aleja.
Se despeja así una incógnita, pero dista mucho de ser el final de
nada: pretender que con la investidura del indeseable Torra y con un
Gobierno regional tan separatista como el anterior se va a volver a
algo parecido a la normalidad institucional no puede sino
considerarse un ejemplo insuperable de ceguera voluntaria.
El indeseable Torra no es un paso hacia la referida normalidad, no
es un nacionalista moderado con el que se pueda pactar, sino un
despreciable fanático con el que únicamente se puede acordar la
disolución de España, nación a la que detesta con un supremacismo
verdaderamente ridículo y estupefaciente, habida cuenta de su bagaje
y catadura.
No obstante, hay que reconocer que el encumbramiento de este sujeto
sí sirve para algo: para constatar que la aplicación del artículo
155 de la Constitución no ha servido para nada, que las elecciones
precipitadamente convocadas por Rajoy fueron un error político
mayúsculo, fruto de una cobardía intolerable en un presidente del
Gobierno, y que el golpe de Estado continúa.
Se ha desperdiciado una oportunidad histórica para hacer realidad lo
que tanto proclama este Gobierno mentiroso: en Cataluña, como en
cualquier otra parte de España, sólo se puede hacer política dentro
de la legalidad y del respeto a la Constitución. Peor aún: no es en
absoluto descartable que, cuando el Principado tenga un nuevo
Gobierno antiespañol y por ende anticatalán, se abra un proceso
negociador en el que todo esté sobre el tapete, salvo, claro está,
la proscripción de los liberticidas que están devastando Cataluña.
La obscena lucha por el poder
Amando de Miguel Libertad Digital 11 Mayo 2018
No es solo que los partidos políticos compitan por ver cuál de ellos
se hace con el gobierno de cualquiera de las Administraciones
Públicas. Digamos que esa pugna supone una carrera legítima y hasta
vistosa. No hay más que ver el contento general que nos producen a
los contribuyentes las jornadas electorales.
Lo sorprendente y no tan agradable es que esa misma competición
tiene lugar también dentro de cada partido, de forma a veces un
tanto rastrera. Da la impresión de que lo único que les interesa a
sus dirigentes es asegurar su puesto en las listas de las
candidaturas para las próximas elecciones. Para lo cual se disponen
a emplear todo tipo de armas, incluso, si llega el caso, falsificar
el currículum o disfrazar los latrocinios. Pero sobre todo los
aspirantes a subir por la escala del poder aprenden a ser sumisos
con los que están en el ápice del partido. Les ayuda mucho dominar
el arte de no decir nada sustantivo en público o ante los medios.
Pero al tiempo vienen obligados a hacer muchas declaraciones y
contestar a todo tipo de entrevistas más o menos ficticias. Quien no
sale en los medios de comunicación o en las redes sociales no está
en el mundo. Hace falta mucha inteligencia para no perecer ante
tales dificultades. La lucha por el poder semeja el esfuerzo épico
de Spencer Tracy hasta conseguir dominar al pez espada.
Me acojo, una vez más, a la luminosa idea del fulanismo, que acuñara
hace un siglo Miguel de Unamuno. Veía él entonces que los partidos
políticos no eran tales, con sus sonoras etiquetas, sino "facciones"
en torno a personalidades eminentes. Las cuales descollaban por su
capacidad de comprar voluntades. Pues bien, seguimos igual. El
fulanismo es nuestra verdadera constitución política. La prueba es
que apenas se pueden leer u oír (ahora se dice "escuchar")
comentarios sobre la política sin que se acompañen de nombres
propios.
La gran diferencia de la España actual respecto a la de la
Restauración de hace más de un siglo es que ahora el llamado "sector
público" de la economía representa una porción mucho mayor de la
tarta productiva. Lo cual quiere decir que, aposentado uno en un
despacho público, puede hacer muchos más favores y tiene todos los
gastos pagados. El sueldo es lo de menos. No hace falta llegar a la
vulgaridad de la corrupción política para que un hombre público se
lucre como servidor del Estado. Baste con que aproveche los
infinitos medios que le permitan situarse cómodamente en la
sociedad: él, su cónyuge, su prole y sus amigos.
Ahora se entiende por qué la pelea por medrar dentro de cada partido
parece tan cruel e inmisericorde. No digamos si el combate se libra
contra los otros partidos. Los puestos de verdadera influencia son
escasos; solo se puede subir por la pirámide del poder desplazando a
los que ocupaban antes el escalón correspondiente. El resultado es
que la lucha por el poder se convierte en una especie de selección
al revés. Es cierto que triunfan los más audaces, pero también con
frecuencia los mediocres, los que no se andan con muchos escrúpulos
de conciencia.
Bien es verdad que también cuenta la tradición intelectual de la
vida pública española. En su virtud, los políticos deben parecer
mínimamente ilustrados. Es la parte atractiva de los combates por
escalar las cumbres del poder. Tanto es así que no importa mucho
falsificar el currículum académico.
Se me dirá que exagero, y puede que sea verdad. Pero hágase una
elemental prueba. Selecciónese una muestra de las declaraciones de
los políticos, se encuentren en el poder o en la oposición, a lo
largo de unos meses. Se verá que muy pocas veces son capaces de
aportar, no ya una solución, sino un planteamiento de los problemas
reales que acucian a los españoles (que ellos llaman "ciudadanos").
Pocos padres de la patria se muestran preocupados por el hecho de
que los españoles tengan que pagar cada vez más impuestosen su
amplio sentido. Incluye tasas, multas, recargos, precios políticos,
licencias, permisos, plusvalías, etc. Todo lo demás es farfolla.
Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com
La incapacidad de los políticos amenaza el
futuro de España
Miguel Massanet diariosigloxxi 11 Mayo 2018
Políticos, sindicalistas y separatistas, en un ejercicio de
obcecación y estupidez colectiva, parecen dispuestos a echar por la
borda todo el trabajo de generaciones de españoles para construir
una España capaz de competir en igualdad de posibilidades con el
resto de naciones europeas.
Lo cierto es que hemos entrado en una etapa en la que cualquier
síntoma de sensatez, atisbo de razón o asomo de cordura, parecen
haber quedado apartados de la mente de quienes parece que, haciendo
un mal uso de la representación que les otorgaron los ciudadanos
españoles al elegirlos en las urnas, parecen confabulados para dar
al traste con todo el bienestar que, a fuerza de años de trabajo, de
esfuerzos personales, de sacrificios y privaciones, varias
generaciones de españoles de la posguerra civil, lograron para la
nación española, después del gran Armagedón de muerte y destrucción
consecuente a tres años de enfrentamientos fratricidas entre
españoles de distintas facciones e ideas políticas.
Parece que no nos damos cuenta de que, de nuevo, estamos dinamitando
puentes de amistad, entendimiento, concordia, confraternización,
tolerancia y respeto mutuo para caer, después de ochenta años de
paz, en los mismos vicios, errores, enfrentamientos, discrepancias y
odios que fueron los que llevaron a nuestros antecesores a olvidar
la sensatez y la capacidad para negociar que, en definitiva, los
condujo a un callejón sin salida que culminó en el alzamiento
nacional del 18 de julio de 1936. Era algo que se venía cantando,
pero los políticos no supieron valorar el peligro de encajonarse en
sus féretros de egoísmo y fanatismo que, finalmente, los llevaron a
dirimir sus diferencias por medio de cañones, bayonetas y cientos de
miles de muertos.
Una parte de España, mal conducida por una serie de traidores a la
patria y ciudadanos adoctrinados en contra del respeto a las leyes,
de la cohesión de todos los españoles en pro de un objetivo común
capaz de situarnos en uno de los primeros puestos de la Europa
comunitaria y de la necesaria buena convivencia entre todos los que
integramos este espacio de maravillosa naturaleza en la que vivimos
los privilegiados que hemos nacido entre los pirineos y el estrecho
de Gibraltar, sin olvidarnos de nuestras franquicias insulares de
Baleares y Canarias y nuestras avanzadillas africanas de Ceuta y
Melilla; pretende que, el Estado español, todo ello en virtud de no
se sabe que obtusas y disparatadas ideas sobre el concepto de
democracia, ceda por las buenas una parte de nuestro suelo patrio en
el Este de la península Ibérica, para que en él se constituya el
germen de la división del país, que comenzaría por la segregación de
Cataluña y, a partir de este primer hito, seguramente proseguiría
por los vascos, los valencianos, los baleáricos, los gallegos y así
siguiendo, hasta que nuestra nación quedara irreconocible, dividida
en pequeños estados, sin que ninguno de ellos tuviera ninguna
posibilidad de mantenerse por sus propios medios y fácilmente
colonizables por quienes se aprovecharían de su debilidad, para
imponerles sus leyes draconianas.
Otros, entre ellos unos sindicatos que se han olvidado de cuáles son
sus verdaderas funciones como representantes de la clase
trabajadora, para meterse en camisas de once varas y, haciendo
dejación de su calidad de españoles y representantes de todos los
trabajadores y no solamente de los de una comunidad determinada de
la nación española que, por añadidura, parece que, al menos una
parte de ellos, pretende conseguir, saltándose los preceptos
constitucionales, por los medios que fueren, la independencia de
España. ¿Son estos los mismos sindicatos que vienen recibiendo
subvenciones a través de los PGE? Si es así, ya sería el momento de
empezar a pensar si se les debería privar de ellas ya que, al
parecer, ellos parecen dispuestos a renunciar a la nacionalidad
española y, en consecuencia, a los beneficios de ser ciudadanos de
España.
Pero, dónde verdaderamente están sonando, con insistencia e
impertinencia las sirenas de alarma, es en lo que se entiende como
clase política, es decir todos aquellos ciudadanos que, de una forma
u otra, están relacionados con la Administración pública y que
tienen la función y el deber de atender, cuidar, ayudar, legislar,
prestar servicios comunes, garantizar el orden, la defensa interna y
externa del país y cuidar de la sanidad pública, como servidores
públicos o funcionarios adscritos, todos ellos, al servicio de la
patria. Es obvio que, en el panorama de partidos políticos que
actualmente forman parte de nuestras dos cámaras representativas, el
Congreso y el Senado, existe una verdadera y preocupante carencia de
personas capacitadas, razonables, sensatas, dotadas de facultades
para promulgar leyes y para decidir lo más conveniente para los
españoles; de modo que se producen situaciones, como las que nos
ocupan estos días, en las que vemos como dos partidos condenados a
entenderse, como son el PP y Ciudadanos, para evitar que España, en
un futuro inmediato, pudiera caer en manos de una izquierda
comunistoide, integrada por extremistas incapaces de gobernar con
sensatez y dependientes de los nuevos rebrotes del comunismo
internacional, representado en este caso por los comunistas
bolivarianos capitaneados por Maduro, el sátrapa dictador que está
convirtiendo su país en un cementerio de muertos vivientes abocados
al hambre, la carencia de medicinas, la inanidad y la opresión
intolerable de un régimen totalitario en el que, la alusión a la
democracia constituye un delito de lesa humanidad; capaz de dar al
traste con todo lo conseguido hasta este momento.
En efecto, cuesta entender que dos partidos constitucionalistas, dos
formaciones en las que apenas existen diferencias fundamentales en
sus respectivas ideologías, los únicos que, hoy en día, pueden hacer
frente a este frente de partidos de carácter antisistema,
populistas, ácratas y de extrema izquierda, que pugnan por acabar
con nuestra democracia para llevar a España fuera de Europa, sin
importarles lo que ello pudiera suponer para el pueblo español y
para nuestra supervivencia como nación europea. Algo inconcebible si
se tiene en cuenta que, como le sucedió a Grecia, todo aquel que no
se ajuste a las reglas impuestas por el Parlamento de Bruselas, está
irremisiblemente condenado a ser expulsado de la comunidad, con todo
lo que ello supone en cuanto a la falta de subvenciones, créditos de
los bancos europeos, ayudas y préstamos para obras sociales y para
fomento de diversas actividades que, al quedar fuera del ámbito
europeo, se perderían por completo; lo mismo que la libertad de
tránsito y los beneficios relativos a la libertad de comercio y
supresión de aranceles en lo que respeta a todas las naciones
integrantes de la UE; sean incapaces de entenderse y, aún más, de
mantener una relación mínima de cortesía entre ellos.
Así es y, por mucho que nos cueste asimilar que se produzca este
enfrentamiento, a cara de perro, entre el PP y Ciudadanos, no nos
queda otro remedio que admitir que, según se desprende de los
últimos rifirrafes producidos entre ambos partidos en el Parlamento
de la nación, cada día que pasa, y a apenas dos años de la
legislativas si no es que, a causa de la minoría con la que gobierna
el PP, en el interregno no se produzca alguna circunstancia que le
obligue a don Mariano Rajoy a tirar la toalla y adelantar los
comicios lo que, al menos desde nuestro modesto punto de vista,
podría llegar a crear una situación extremadamente peligrosa, dadas
las perspectivas electorales que, en estos momentos, se les
atribuyen al partido de derechas, seguramente los resultados, si
bien claramente favorables a Ciudadanos, es muy posible que en lo
que respeta a los populares, no fueran tan satisfactorios como sería
deseable, al menos por lo que respeta a los intereses de España como
miembro de la Comunidad Europea.
Es evidente que, sin un acuerdo posterior a las próximas elecciones
(nos podemos despedir por el momento de mayorías absolutas), va a
ser preciso que, lo que quede el PP y el partido de Ciudadanos,
lleguen a entenderse y pacten un acuerdo de gobernabilidad si no se
quiere que, la coalición del PSOE con cualquier otro partido de las
izquierdas o los propios separatistas catalanes y vascos, pudieran
hacerse con el gobierno de la nación, una posibilidad que, al menos
para los ciudadanos de centro y centro derecha sería verdaderamente
funesta para lo que se entienda como futuro de la nación española y
de sus habitantes. El dar la imagen, a sus propios votantes, de que
no existen los lazos adecuados para que, en un futuro, se pudiera
esperar un entendimiento entre los dos partidos sólo hace que el
personal se desmoralice, se despreocupe de la política y acepte,
estoicamente, lo que se le venga encima sin oponer la resistencia
debida.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,
nos parece que, tanto Ciudadanos como el PP y sus respectivos
dirigentes, deberían tener en cuenta que, aunque es evidente que
muchos de estos enfrentamientos dialécticos en el Parlamento sólo
tiene efectos de cara a la galería, corren el peligro que, para
muchos de los ciudadanos españoles que, en su día, van a tener que
pensar a quién se le otorga el voto o, y ahí esta el peligro de la
desmoralización, si se decide no acudir a votar pensando que, suceda
lo que suceda, los defensores del orden y de las libertades tienen
todas las de perder ante un frente comunista-separatista que se
pudiera hacer con el poder en España. Esperemos que exista la
suficiente sensatez, entre los partidos defensores de la
Constitución, como para impedir que meras disputas personales o
ambiciones de tipo electoral puedan acabar por romper una alianza en
la que, la mayoría de españoles defensores de la democracia, el
orden y la seguridad jurídica, tengamos la seguridad de que tanto la
propiedad privada, como las libertades individuales y las
prestaciones sociales queden garantizadas por nuestra Constitución y
a salvo de la gran amenaza comunista
El relato real no debe olvidar a los
acólitos de ETA
Gonzalo Duñaiturria okdiario 11 Mayo 2018
Tras el vomitivo comunicado de ETA de la semana pasada, debemos ser
conscientes del falso relato que se ambiciona “vender” donde unos
pretenden blanquear su asesina conducta y otros despojarse de sus
claras connivencias. Muestra de esto último ha sido el papel
hipócrita de parte del clero vasco, la farisaica actitud del PNV con
sus “nueces” y la cobarde indiferencia de segmento no pequeño de la
propia sociedad vasca. Durante más medio siglo ETA han obtenido la
simpatía de un sector de los sacerdotes y religiosos vascos.
Empezando por aquellos que se han prestado a colaborar, convocar e
incluso encabezar marchas y manifestaciones de apoyo y jaleo a la
mafia, y terminando por los que, yendo más allá, han sido detenidos
y condenados por colaborar con los criminales. Con hechos como negar
sistemáticamente cobijo espiritual a las víctimas para sus
funerales, han ofrecido total impunidad a los asesinos, cobertura
intelectual e incluso una cierta pátina de ficticia base religiosa.
Condenar las acciones criminales de la banda nunca fue su prioridad,
cuando si lo fueron sus apoyos a las aspiraciones por “un Pueblo
Vasco liberado de toda opresión”. No fueron todos, pero sus
actuaciones jamás respondieron a lo que se debe suponer el papel de
la Iglesia católica. Sin dicho proceder, ETA sería más pasado y la
dignidad de las víctimas habría sufrido mucho menos. El PNV ha
mantenido siempre un equilibrio equidistante con el mundo
terrorista, denunciando con la boca pequeña determinados atentados,
que no todos, mientras desde su impostura se negociaba con Madrid, a
sabiendas de su importancia en el mercadeo electoral y
parlamentario. Y Madrid transigió siempre. Ejemplos tenemos de ello,
como la frase del funesto Arzalluz pronunciando aquello de que “unos
mueven el árbol y otros recogen las nueces”, o cuando gracias al
PNV, se colocó a Ternera en la Comisión de Derechos Humanos del
Parlamento vasco.
¡Qué escupitajo a toda la sociedad, qué bajeza y qué ruindad!
Siempre tuvieron una doble alma, si es que alguna vez tuvieron alma.
Y esa parte de una sociedad cómplice, con la indolencia como aliada,
con ese cobarde mutismo frente a lo que no se quiere oír, a lo que
no se quiere ver. Ese sonoro silencio que señalaba con el dedo para
que otros descargaran sus pistolas. Escudo de la indiferencia y del
“algo habrá hecho”, justificativo y putrefacto. Una parte de la
sociedad dando la espalda a la realidad y cuya miseria moral llegó a
convertir, y aún hoy perdura, a los verdugos en víctimas y a las
víctimas en sayones. Una sociedad que aceptó que las únicas
garantías imperantes eran las que marcaba ETA. Época donde bajo este
tipo de sociedad la mayoría de los asesinados eran despedidos en
actos casi clandestinos con una escasísima presencia de público y
donde el protagonismo y el apoyo institucional se escondía de forma
encogida y amilanada.
Que sociedad aquella que homenajeaba, y aún hoy sigue haciéndolo, a
aquellos esbirros de ETA que certeramente morían en enfrentamientos
con las fuerzas de orden público y eran despedidos en sus
localidades entre multitudinarias muestras de apoyo?. O a los que
salen de prisión comiendo gracias a nuestros impuestos. Pero
tranquilos todos. ETA ya no mata. Tiene la suficiente fuerza
política como para seguir guiando a la sociedad vasca. Sigue con la
sonrisa de muchos, con la complicidad irrefrenable del nacionalismo
y la tibieza de esa “nueva izquierda” cuya faz es la extrema
izquierda de siempre. La necrosis social continúa y las
posibilidades de cura no barruntan optimistas esperanzas. Ya lo dijo
Voltaire, escritor y filósofo francés: “Cuando el fanatismo ha
gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable”.
Salafismo, el gran virus de Europa
Arturo García gaceta.es 11 Mayo 2018
Matar a los infieles, ejecutar a homosexuales o imponer un califato
islámico. Estas afirmaciones, que bien podrían haber sido
pronunciadas por algún caudillo del Estado Islámico, sirven de base
doctrinal para la formación de imanes en la Gran Mezquita de
Bruselas. Un ejemplo que ilustra a la perfección la deriva que ha
tomado Europa, donde los principales dirigentes son incapaces de
hacer frente a uno de los grandes virus del continente: el
salafismo.
Esta doctrina islámica, que tomó preeminencia en Bélgica tras un
acuerdo del rey Balduino con su homólogo saudí Faisal en 1960, se ha
impuesto en numerosos barrios de Bruselas, en el archiconocido
Molenbeek y en otros tantos menos mediáticos. La sharia se hace
presente en estos lugares y la enseñanza financiada por el Estado
está basada en modelos islámicos.
Un fenómeno que se repite en todos los países europeos, incluido
España. En los últimos años, Cataluña se ha convertido en uno de los
principales focos de salafismo a nivel europeo e imanes expulsados
de países como Argelia encuentran en la comunidad autónoma el
acomodo ideal. Todo ello ante la mirada impasible de los sucesivos
gobiernos, incapaces de tomar decisión alguna al respecto, y de una
Unión Europea que parece no comprender la naturaleza del problema al
que toca poner coto.
La oleada de ataques islamistas que desde 2015 sufre el Viejo
Continente no ha hecho sino poner de manifiesto una realidad que
sólo unos pocos políticos se atrevieron a denunciar: los sistemas de
seguridad no estaban a la altura de la amenaza, los imanes radicales
operaban con total impunidad en sus mezquitas y las autoridades
habían perdido el control de decenas de barrios islámicos. Angela
Merkel, Emmanuel Macron o incluso Theresa May -Mariano Rajoy en
estos debates ni está, ni se le espera- se negaron en un primer
momento a aceptar la nueva realidad, pero meses después no les quedó
más remedio que aceptar que Europa había cambiado para siempre.
Tres años después, sin embargo, la situación no ha cambiado en
exceso. Es de justicia reconocer que las modificaciones en materia
de seguridad han logrado frenar notablemente el empuje de las
células radicales, pero Bruselas se ha negado a articular un plan
para frenar el adoctrinamiento a jóvenes musulmanes de toda Europa y
poner en marcha programas de integración viables. Apenas una tirita
en una profunda herida que ya ha causado centenares de muertos.
Una nueva generación de musulmanes crece educada en el odio a
Occidente, el desprecio a la mujer y la necesidad de atacar a los
infieles en centros financiados con dinero público. Quizás cuando
los Merkel y Macron de turno traten de hacer frente a la situación
sea otra vez demasiado tarde para Europa y sus ciudadanos.
Se me viene a la mente una frase de Arturo Pérez Reverte que ilustra
a la perfección la inacción europea ante el problema salafista:
“Sócrates y Séneca se suicidaron por inteligencia, y la Europa que
ellos iluminaron se suicida por estupidez”.
Investigados cuatro docentes por acosar a
hijos de guardias
F. Velasco. larazon 11 Mayo 2018
De los nueve profesores del Instituto de Sant Andreu de la Barca
denunciados por la Fiscalía de Barcelona por «señalar» a hijos de
guardias civiles tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, el
titular del Juzgado número 7 de Martorell ha archivado la causa
respecto a cinco de ellos, a los cuales se les investigaba en
relación con hechos sucedidos el 2 de octubre. En estos casos, el
instructor considera que no existen indicios de que los docentes
realizaran ninguna acción contra esos alumnos. En cambio, mantiene
abierta la investigación respecto a otros tres profesores, pero ha
abierto un procedimiento para cada uno de ellos, al sostener que las
conductas atribuibles a cada uno son distintas y, por tanto, no se
trata de hechos conexos. En estas tres causas se investiga si han
podido incurrir en los delitos de discriminación y contra la
integridad moral.
Al margen de estos procedimientos, el Juzgado de Instrucción nùmero
3 de Martorell tiene abiertas otras diligencias contra otro
profesor, quien tiene ya la condición de investigado, del mismo
centro escolar. En este caso, los hechos que se le atribuyen
tuvieron lugar el 20 de octubre, con motivo de la convocatoria de
una huelga estudiantil independentista en la que instó a
identificarse a los hijos de los agentes. En concreto, habría pedido
en clase a sus alumnos que «levanten la mano los hijos de los
guardias civiles». Los delitos por los que se siguen son los mismos
que en el Juzgado número 7.
En un principio, la denuncia de la Fiscalía recayó en el Juzgado de
Instrucción número 3, pero éste decidió «dividirla» en función de
cuándo sucedieron los hechos relatados. De esta forma, decidió
inhibirse parcialmente respecto a los que tuvieron lugar el día 20
de octubre, que por turno de reparto correspondió al juzgado que
ahora ha archivado la causa respecto a cinco profesores. En todo
caso, esa inhibición ha sido recurrida por el Ministerio Público,
por entender que todos los hechos deben ser investigados en un mismo
procedimiento y, por tanto, instruidos por un solo magistrado.
En la denuncia, la Fiscalía recogía frases supuestamente vertidas
por los profesores contra los hijos de guardias civiles del tenor de
«la Policía y la Guardia Civil son unos animales y unos bestias que
sólo saben dar palos», «El que esté a favor de la violencia policial
que se quede en clase y el que no, que se baje al patio» o «¿Estarás
contento con lo que hizo tu padre ayer?».
El Ministerio Público detalla en su denuncia el «comportamiento
humillante y sectario» que infligieron supuestamente los profesores
a esos alumnos, lo que generó en ellos situaciones de «ansiedad»,
«abatimiento» e «inquietud», además de exponerlos al «rechazo» y
«hostilidad» de sus compañeros de aula. Con su actitud, afirma la
Fiscalía, esos docentes denunciados rompieron los principios
rectores del sistema educativo, como la inclusión social.
EN CATALUÑA
Imputados tres profesores por señalar a los hijos de guardias
civiles
La Gaceta 11 Mayo 2018
La Fiscalía acusa a los docentes de un delito contra los derechos
fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos
de discriminación y otro de injurias graves contra cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado.
El juez de instrucción número 7 de Martorell (Barcelona) ha decidido
abrir diligencias a tres de los profesores del IES Palau de Sant
Andreu de la Barca denunciados por la Fiscalía, que se suman a un
cuarto ya investigado por otro magistrado, y ha archivado el caso
para otros cinco docentes.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 7 ha admitido a
trámite la denuncia de la Fiscalía contra tres docentes por sus
intervenciones en clase el pasado 2 de octubre sobre el referéndum
ilegal del 1-O, en que presuntamente criticaron la actuación de las
fuerzas de seguridad, acusados de los delitos de discriminación y
contra la integridad moral.
Paralelamente, el titular del juzgado de instrucción número 3 de
Martorell investiga a otro profesor del centro que también fue
denunciado por la Fiscalía por emplazar a alumnos hijos de guardias
civiles a identificarse en clase, en una intervención ante los
alumnos del pasado 20 de octubre.
La denuncia del ministerio público se dirigía contra nueve docentes,
aunque los juzgados de Martorell decidieron dividirla en dos
procedimientos, en función de la fecha en que tuvieron lugar sus
intervenciones en clase: el 2 de octubre -un día después del
referéndum- o el 20 de ese mes, en vísperas de la celebración de una
huelga estudiantil independentista.
El titular del juzgado de instrucción número 7 de Martorell ha
abierto un proceso penal a cada uno de los tres profesores que
intervinieron el día 2, en el que todavía no les ha citado a
declarar como imputados, y ha archivado la denuncia contra otros
cinco, al entender que sus afirmaciones en clase en relación con el
referéndum no constituyen delito.
De esa forma, son cuatro en total los docentes investigados del
instituto de Sant Andreu de la Barca, municipio en el que residen
numerosos guardias civiles con sus familias dado que allí se
encuentra uno de los mayores cuarteles del instituto armado en
Barcelona.
La Fiscalía acusa a los docentes de un delito contra los derechos
fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos
de discriminación y otro de injurias graves contra cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado.
‘Que levanten las manos los hijos de guardias civiles’
En su denuncia, el ministerio público mantiene que los nueve
profesores criticaron la actuación policial para impedir el
referéndum y crearon un clima de hostilidad hacia los hijos de los
guardias civiles, en sus intervenciones en clase los días 2 de
octubre y 20 de octubre pasados.
Según el ministerio público, David, profesor de una asignatura
optativa de 3º de ESO al que investiga el juzgado de instrucción
número 7, pidió en clase que levantaran la mano “los hijos de los
guardias civiles” y, a los que así lo hicieron, les dijo que
entendía que no se sumaran a la huelga “por la condición” de sus
padres y porque éstos no eran independentistas.
El profesor les emplazó entonces a acudir al instituto en las
jornadas de huelga y a asistir a clase con normalidad, de forma que,
sostiene la Fiscalía, puso en “evidencia” ante todos los alumnos a
los hijos de los guardias civiles, “señalándolos de esa forma para
ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula”.
Asimismo, el ministerio público denunció a otros ocho profesores del
IES Palau por los comentarios que hicieron en clase el 2 de octubre,
en que según el ministerio público tildaron a los guardias civiles
de “animales”, “bestias que solo saben dar palos”, “perros rabiosos”
o “salvajes”, también en presencia de hijos de agentes del instituto
armado.
REUNIÓN CON LAS VÍCTIMAS
Consuelo Ordóñez deja en evidencia a Rajoy
por sus políticas con ETA
La Gaceta 11 Mayo 2018
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo del País
Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, ha reprochado este jueves al jefe
del Gobierno, Mariano Rajoy, la “decepción y desconfianza”
provocados por su Ejecutivo desde que ETA anunció el cese de la
violencia y le ha pedido cumplir una serie de compromisos.
Ordóñez, hermana del concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por
ETA, ha sido una de las 25 personas representantes de asociaciones y
fundaciones de víctimas del terrorismo que se han reunido con Rajoy
esta tarde en el Palacio de la Moncloa después de que la pasada
semana la banda terrorista anunciara su disolución.
En su intervención en la reunión, facilitada por Covite, su
presidenta ha lamentado que esta cita no se celebrara antes de la
del Pacto Antiterrorista, que ha tenido lugar esta mañana, y ha
subrayado que este no es el final de ETA que esperaban ni la
sociedad ni las víctimas.
Tras lamentar que ETA haya llevado la iniciativa al final, ha
considerado que el Gobierno está en su derecho de decir que ETA está
derrotada.
“Pero para Covite el final que imaginábamos para una organización
derrotada tenía a las fuerzas de seguridad como únicos protagonistas
de la foto de la desarticulación, del desmantelamiento y, en
definitiva, de la derrota”, ha añadido antes de acusar al Gobierno
de “hurtar” esa foto. Además ha pedido a Rajoy que se detenga al
etarra Josu Ternera porque dice no creerse que no sea posible.
Consuelo Ordóñez ha señalado que, desde que ETA anunció hace siete
años el cese de la violencia, el Gobierno “ha hecho cosas que como
mínimo no esperábamos y, como máximo, nos han causado decepción y
desconfianza”.
Así, ha asegurado que al actual Ejecutivo no le ha interesado
investigar e informar de qué armas se estaban destruyendo, ni
tampoco desmentir públicamente la “pantomima” del desarme del año
pasado en Bayona y “ha guardado silencio ante las campañas de
mentiras del nacionalismo”.
“El Gobierno ha rogado a ETA que se disuelva cuando su obligación
como Gobierno era disolverla”, ha añadido antes de criticar que el
Gobierno no les haya recibido cuando han intentado exponerles sus
planteamientos.
Pese a la “pérdida de confianza”, ha dado una oportunidad para
recobrarla si el Gobierno cumple una serie de compromisos.
En concreto, que desactive políticamente a ETA, frene que la
libertad siga “secuestrada” en el Pas Vasco y Navarra y exija a sus
herederos políticos que condenen la violencia.
Asimismo, ha pedido a Rajoy que el Gobierno luche contra el
falseamiento de la historia y cumpla su programa de desarrollo de la
política penitenciaria de reinserción individual.
Al respecto, ha explicado que las víctimas siempre han estado al
lado de la ley y, por ello, si los presos de ETA rechazan la
violencia, no tendrán nada que decir si el Gobierno los acerca a
cárceles del País Vasco y de Navarra.
De la misma forma, Ordóñez ha pedido a Rajoy que garantice que no
cederá la competencia de prisiones al Gobierno vasco.
También ha sido crítica en su intervención Ana Iríbar, la presidenta
de la Fundación Gregorio Ordóñez y esposa del concejal del PP
asesinado por ETA, quien ha lamentado el “continuismo” que cree que
ha seguido en el actual Gobierno de la política antiterrorista del
que presidió José Luis Rodríguez Zapatero y ha calificado de
“decepcionante e injusto” el final que ha tenido ETA.
El policía entrevistado reconoce su alegría tras lograr marcharse de
Cataluña.
Alberto, el policía nacional que decidió
irse de Cataluña cuando veía 'Cars' con su hijo
David López Frías elespanol 11 Mayo 2018
Lo único ficticio de esta historia es el nombre del protagonista, al
que llamaremos Alberto por no desvelar su nombre real. “El resto de
datos los puedes dar sin problema. Soy de Jaén, agente Policía
Nacional. Nací en 1983 y llegué a Cataluña en 2012”, se presenta. Él
es uno de los agentes afortunados al que se le ha concedido el
traslado a otro destino fuera de Cataluña en el concurso de méritos
que se publicó el 8 de mayo.
Alberto ha trabajado todos estos años en la Jefatura de Policía de
Barcelona. Cuando salió de la academia, pidió como destino Cataluña
porque “era un lugar en el que se vivía bien". "Nosotros hemos
vivido bien hasta ahora, vaya”, reconoce. Tanto que incluso pensó en
echar raíces aquí. “En lugar de alquilar, compramos piso. Nos
metimos en una hipoteca pensando en quedarnos. De hecho, mis hijos
nacieron en Barcelona. Son catalanes. Un niño de 4 años y una niña
de 2”.
Precisamente sus hijos han sido uno de los factores principales por
los que ha pedido marcharse de aquí. “En los últimos años ya
habíamos tenido problemas. Vecinos que dejan de saludarte, conocidos
que te niegan la palabra… Si me afecta a mí solo me da igual. El
problema es cuando esto toca a mis niños”.
Rayo McQueen, el detonante
Y ese momento llegó. Fue después del referéndun ilegal del 1 de
octubre. Alberto explica: “A mi hijo de 4 años le encanta Cars, la
película de dibujos animados que va sobre coches. La habremos visto
juntos miles de veces y nunca había pasado nada. En esa película hay
una escena en la que Rayo McQueen (el coche protagonista) se desvía
un poco de la autovía y entra en un pueblo un poco pasado de
velocidad. Entonces el sheriff sale detrás de él a perseguirlo. Ya
te digo que la habremos visto mil veces. Pues ese día, poco después
del referéndum, mi hijo me dijo que quitase la película. Me extrañó
mucho y le pregunté por qué. El niño, medio asustado, me contestó
que el sheriff iba a hacerle daño a Rayo McQueen, porque los
policías son malos. Le tranquilicé y le pregunté quién le había
dicho eso. Me dijo que en el cole. Que les habían dicho que la
policía pega a los buenos que están sentados sin hacer nada. Ese fue
el momento en el que me di cuenta de que esto iba a ser definitivo.
Que me largaba de aquí”.
Alberto prefirió no ir a hablar con los profesores “para que no
acabaran señalando o marginando" a su hijo. "De hecho yo nunca he
dicho que soy Policía Nacional. El niño empezó la escuela cuando ya
había odio contra nosotros, así que siempre he dicho que soy guardia
jurado y que por eso tengo unos horarios raros que hacen que a veces
pueda ir a buscarlo al cole y otras veces vaya mi mujer”.
Música protesta en el parvulario
No obstante, y aunque decidió no hablar con los profesores “porque
ya sabíamos que nos queríamos largar de aquí cuanto antes y no
quería que lo poco que le quedase a mi hijo en Cataluña fuese un
tormento para él”, sí que fue más veces a buscarlo al colegio. Allí
se encontró alguna sorpresa desagradable: “En la escuela hay una
especie de hilo musical. Desde el día del referéndum ponen canciones
protesta, de independencia… Mira, en unos días se van de colonias.
He estado mirando el sitio por internet y tienen esteladas puestas.
Son niños. Someten a los niños a eso, quieran o no quieran. Y si se
enteran de que uno es hijo de un policía nacional va a tener muchos
problemas”.
Los 7 hitos del adoctrinamiento escolar en Cataluña
Que su hijo tendrá problemas si los profesores se enteran de que su
padre es Policía Nacional no es algo que se imagine; es que lo sabe:
“Un compañero mío tiene una niña de 2 años y ha tenido problemas en
la guardería. Ya no en el colegio, sino en la guardería. Son críos
que no saben ni hablar, qué culpa tendrán. Pues el compañero me
decía que cuando se enteraron de la profesión de su padre, la
trataban distinto”, lamenta.
"Si la policía es mala, ¿a quién acudo yo?"
Alberto asegura que no es el primer problema que ha encontrado en la
relación de los niños con el independentismo catalán: “Eso ya no en
mi casa, sino fuera. Fue un caso que nos dejó bastante tocados, a mí
y a los compañeros que estábamos en ese momento. No hace mucho que
vino una señora mayor con su nieta a la Jefatura de Tráfico de
Barcelona. La niña tendría 6 o 7 años. La abuela nos pedía que
tranquilizásemos a su nieta porque le tenía miedo a la policía. Le
habían explicado en el colegio que la policía pegaba a los
inocentes. Y desde entonces esa niña tenía una especie de lío en la
cabeza y preguntaba a su abuela si la policía era mala, a quién iba
a acudir ella si le pasaba algo. Le estuvimos explicando a la cría,
le hicimos bromas, salió de allí riéndose. Pero luego te pones a
pensar y es una cosa muy grave”.
A Alberto le han concedido el traslado esta misma semana. “Yo soy de
Jaén, pero no pedí volver a casa. Pedí irme de aquí. Donde fuese. Me
ha tocado Puertollano (Ciudad Real). Y el día que me lo dijeron y se
lo comuniqué a mi mujer, ella lloraba de alegría. Dime tú quién va a
llorar por cambiar una gran ciudad como Barcelona por un sitio como
Puertollano. Pero es que ya necesitábamos salir de ahí”.
Explica Alberto que ya no era solamente una cuestión de educación de
los niños, “que también". Pero ya era un tema social. "De vecinos
que nos han dejado de hablar. Antes saludabas y te contestaban.
Ahora les dices 'buenos días' y miran para otro lado. Te quedas con
una sonrisa de tonto. Hasta que no te encuentras en una situación
así no puedes darte cuenta de lo absurdo que es todo esto”.
De la fiesta a la pesadilla
Al final se van “porque esto cada vez va a peor". "Si le vieras
alguna posibilidad de mejora, todavía. Pero al revés. Esto se ha
radicalizado de tal forma que es inaguantable. Se han inventado una
realidad en la que los malos somos nosotros. En este contexto nunca
voy a poder sentirme integrado. Ni yo ni mi familia. Cuando llegamos
era distinto. En los dos últimos años ya hemos visto que es
imposible. La celebración de la Diada ya no es un acto festivo para
todo el mundo. Es un día político con un solo pensamiento. Es un día
que se ha radicalizado; sólo hay consignas políticas y todas en la
misma dirección, sólo hay lugar para el independentismo. Si, además,
eres Policía Nacional, eres el enemigo. ¿Cómo vas a querer formar
parte de eso? ¿Cómo vas a querer salir a la calle? ¡Si esa es la
gente que le está diciendo a tu hijo que su padre es malo y que le
pega a la gente!. A tus dos hijos… que también son catalanes”, zanja
Alberto.
TRAS POLLENSA Y CAPDEPERA
Los otros municipios baleares que
subvencionan a quien sólo rotula en catalán
La Gaceta 11 Mayo 2018
Actúa Baleares ha reclamado que la demanda interpuesta contra los
Ayuntamientos de Pollensa y Capdepera (Mallorca) por destinar ayudas
públicas a las empresas que únicamente rotulen en catalán se amplíe
a otros municipios como Calvià y a los Consejos de Mallorca, Menorca
e Ibiza: “Las diferentes administraciones insulares destinan para
estas subvenciones más de 500.000 euros anuales. Desde los 300.000
euros del Consejo de Mallorca, los 30.000 del Consejo de Menorca o
los 9.000 del de Ibiza, hasta los 8.000 de Calvià o los 5.000 euros
de Pollensa, entre otros municipios”.
La formación liderada por Jorge Campos agradece que por fin la
Abogacía del Estado haya presentado las demandas, ya que la
Fundación Círculo Balear -de donde surge Actúa- es la entidad que
desde hace años viene presentando reclamaciones para que la
Delegación del Gobierno actúe contra este tipo de medidas
lingüísticas discriminatorias como ya sucedió recientemente con la
demanda contra el Ayuntamiento de Palma.
El partido fundamenta sus reclamaciones en varias sentencias del
Tribunal Constitucional que indican que no debe primarse una lengua
cooficial sobre la otra y que se debe adoptar un régimen de igualdad
lingüística. “Algo que claramente se vulnera cuando se destina el
dinero de todos los ciudadanos a subvencionar a las empresas que
utilicen el catalán únicamente”, denuncia.
La “defensa que el PP balear ha hecho de las subvenciones
catalanistas criticando las demandas presentadas” no ha sorprendido
al presidente de Actúa, Jorge Campos: “El PP balear ha adoptado
estas mismas políticas discriminatorias cuando ha gobernado. Con un
PP catalanista y un Cs que se limita a las declaraciones sin pasar a
los hechos, el único partido que en Baleares está dando la batalla
legal y social contra la imposición del catalán es Actúa”, ha
afirmado.
Finalmente Jorge Campos se ha comprometido “a no destinar un sólo
euro público a subvencionar el catalán. Esas partidas
presupuestarias las destinaremos a las necesidades reales de los
ciudadanos”.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
No se negocia con la dignidad de las
víctimas
EDITORIAL El Mundo 11 Mayo 2018
La reunión del Pacto Antiterrorista anunciada por Mariano Rajoy tras
la disolución de ETA venía precedida por cierta confusión
intencionada, promovida por el PNV, respecto de la política
penitenciaria. El lehendakari Urkullu declaró que el presidente
Rajoy era «sensible» a las demandas de acercamiento de presos
etarras una vez disuelta la banda. El infame comunicado, leído por
un sanguinario criminal en busca y captura como Josu Ternera, no
dejaba espacio a generosidad alguna por parte del Estado: antes bien
se mofaba de las víctimas, reivindicaba su macabro historial como
imprescindible para lograr un «pueblo vivo» y apuntaba el
lanzamiento de un procés vasco que consumase sus objetivos políticos
de siempre: un Estado vasco independiente de extrema izquierda.
En semejantes circunstancias, y teniendo en cuenta la interlocución
privilegiada que mantiene Rajoy con el partido de Urkullu como socio
presupuestario, el Gobierno estaba obligado -por respeto a sí mismo,
a las víctimas y a todos los españoles- a desmentir la apertura de
cualquier proceso negociador que incluyera beneficios penitenciarios
para los terroristas. Eso es lo que ha hecho Rajoy y lo que ha
corroborado el ministro Zoido con una rotundidad que les compromete.
En primer lugar ante las víctimas, que ayer fueron recibidas en
Moncloa en una reunión no exenta de cierta tensión: les cuesta creer
que no se planea un acercamiento de presos y se lo hicieron saber a
Rajoy, quien empeñó su palabra y a ella debe atenerse. Las víctimas
fiscalizarán su compromiso. Ayer le recordaron al presidente los 379
crímenes de ETA sin resolver, a cuyo esclarecimiento debería
colaborar todo preso que aspire a beneficios penitenciarios, tal y
como ya establece la norma. Rajoy, que tan contundente fue cuando
lideraba la oposición, ha de seguir siéndolo en el poder.
En línea con las víctimas, otros dos socios presupuestarios del
Gobierno -Cs y UPN- han advertido a Rajoy de que la política
penitenciaria no es negociable por mucho que presione el PNV. En el
extremo opuesto, PNV y ERC ayer decidieron ausentarse de una reunión
a la que asistieron representantes de PP, PSOE, Podemos, Cs, PDeCAT,
UPN, Foro Asturias, Partido Aragonés, CC y UPyD. Es incomprensible
que ni jeltzales ni republicanos quieran estar presentes en una
reunión de portavoces de ideologías muy diversas pero coincidentes
en lo más básico: la unidad de los demócratas frente al terror que
tantas veces ha azotado nuestro país, sea de signo nacionalista o
yihadista. El nacionalismo tiene razones políticas que la razón
moral desconoce. Por eso el Gobierno no puede ceder a sus demandas
en materia tan trascendental como la memoria, la dignidad y la
justicia de los damnificados por seis décadas de terrorismo
despiadado.
Una marioneta para la confrontación
Editorial larazon 11 Mayo 2018
La designación del diputado autonómico Quim Torra como candidato a
la investidura de la Generalitat de Cataluña, decisión personalísima
del ex president huido de la Justicia española, Carles Puigdemont,
supone una pésima noticia para la futura estabilidad política e
institucional del Principado y, por poco que nos equivoquemos, su
elección demuestra la voluntad del separatismo catalán de mantener
la confrontación con el Estado. El personaje, que ocupaba el puesto
número 11 en la lista de Junts per Catalunya en los últimos
comicios, nos lleva a las peores muestras del fanatismo y
radicalidad del independentismo, rayanas en la obsesión xenófoba,
que, desafortunadamente, han provocado la dolorosa fractura social
en la propia región. Suyas son expresiones del jaez como «los
españoles sólo saben expoliar», «vergüenza es una palabra que hace
años que los españoles han eliminado de su vocabulario» o «lo que
sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española,
sensación de inmundicia», que nutrían su cuenta de twitter y que,
ahora, ha borrado apresuradamente.
Con todo, lo peor no es la falta de respeto hacia quienes no
comparten su visión de las cosas que son, por cierto, más de la
mitad de los ciudadanos catalanes a quienes pretende gobernar, sino
el triste papel político de subordinación a Puigdemont que sin duda
está llamado a jugar. El propio comunicado del expresidente
Puigdemont, en el que hacía oficial el nombre de su sucesor, deja
pocas dudas al respecto de lo que está por llegar, puesto que habla
a las claras de una solución provisional, que sólo puede ocultar la
intención filibustera de poner fin a la legislatura cuando convenga
a los intereses personales del dirigente fugado, siempre
condicionados, no hay que olvidarlo por su negro horizonte penal. A
menos que Quim Torra, en un arranque de lealtad democrática al
conjunto de la población de Cataluña, ponga por delante su deber de
servicio a los intereses generales y su obligación institucional a
cumplir y hacer cumplir la Ley, nos aguardan largos meses de
incertidumbre y tensión. Porque lo cierto es que Puigdemont
pretende, como quien maneja un títere, mantener la ficción de un
gobierno en el exilio que, además, y es lo esperpéntico, rija los
destinos de Cataluña.
Supone, también, un portazo y un desprecio a las ofertas de diálogo
y colaboración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
reiteradas ayer mismo, que eran la salida lógica y deseable a una
encrucijada imposible. Cabía esperar que Puigdemont, que trata de
impedir por todos los medios a su alcance que el Principado vuelva a
la normalidad, designara este perfil ideológico y psicológico que le
garantiza mantener su actual influencia en el control de la
instituciones. Pero, por otro lado, lo sucedido en Cataluña
demuestra que ha regresado a la región el estado de Derecho y el
respeto al orden constitucional. La obediencia a la Ley no es
optativa y el nuevo presidente de la Generalitat está emplazado a
cumplirla. Las astucias, fraudes de Ley y añagazas de trileros cada
vez tienen menos recorrido en el juego político. No podemos ser
optimistas con el futuro de Cataluña en los próximos meses, aunque
nos gustaría equivocarnos y comprobar que el futuro presidente se
independiza de la mano que hoy mueve sus hilos. La comunidad
necesita estabilidad y eso pasa por la reanudación de la
interlocución normal con el Gobierno de la nación y el resto de las
instituciones. Hay múltiples desafíos pendientes, como la nueva
arquitectura financiera de las autonomías, que exigen compromiso y
un mínimo de lealtad. Pero, en cualquier caso, el Estado seguirá
velando por los derechos y los intereses del conjunto de los
catalanes. De eso sí que tenemos razones para estar seguros.
Cataluña: un agotador e inagotable culebrón
Roberto L. Blanco Valdés La voz 11 Mayo 2018
Como es de todos conocido, culebrón, además de un aumentativo de
culebra, es el nombre con el que se designa habitualmente a esas
teleseries -mayormente latinoamericanas- que no solo están en antena
mucho tiempo, sino que lo hacen a base de inventarse bruscos giros
de guion donde cualquier cosa puede suceder, sobre todo si es
inesperada y escabrosa: novios que resultan ser hermanos, padres
supuestamente fallecidos que reaparecen de la noche a la mañana,
casados que no lo están en realidad y solteros que, secretamente, se
habían unido en matrimonio. Cosas así, todas muy chiripitifláuticas.
Pues bien, eso que los secesionistas catalanes llaman, poniéndose
estupendos, el procés, con la ya inútil pretensión de darle seriedad
a lo que es desde hace mucho tiempo una verdadera payasada -de
consecuencias trágicas, sin duda, para Cataluña y para España en su
conjunto- se ha convertido en un interminable culebrón, cuyos
principales personajes transmiten la misma seriedad que los de
Simplemente María, Floricienta, La esclava Isaura, Cristal o
Abigail.
Su último capítulo, ¡de momento!, es la designación ayer de Quim
Torra como candidato a la presidencia de la Generalitat por parte de
un Puigdemont convertido, no se sabe con qué legitimidad, en el gran
pachá del independentismo catalán.
La designación de Torra constituye, en primer lugar, una derrota
estrepitosa de la primera parte designante, Carles Puigdemont, un
personaje de opereta, que, de forma incomprensible para un sujeto de
sus habilidades y sus méritos, ha conseguido que uno de los países
más avanzados del planeta, donde viven cuarenta y seis millones de
personas, lleve varios meses pendiente de sus pintorescas
ocurrencias y sus delirantes ambiciones.
Pero la designación de Torra abre además un serio interrogante: el
de si, tras su discurso de investidura, será capaz de evitar al
mismo tiempo el voto negativo de la CUP y la intervención de la
autonomía catalana como consecuencia de la aplicación del artículo
155 de la Constitución. El desafío es muy difícil, pues lo que le
vale a la CUP para abstenerse (el anuncio de que seguirá adelante
con el delirante plan secesionista) no permitirá a Torra normalizar
la situación en Cataluña. Y, por el contrario, tal normalización (el
anuncio de que el disparate secesionista se acabó) le asegura al
candidato el voto negativo de la CUP.
En tal atolladero han metido a Cataluña, por su mala cabeza y su
irresponsabilidad sin límites, los independentistas, con el pachá
fugado a la cabeza. Nadie más que quienes se han echado al monte de
la ilegalidad y la acción delictiva contra el Estado democrático y
quienes los han apoyado con sus votos tienen la culpa de que la
política catalana se haya convertido en un inmenso camarote de los
hermanos Marx, donde el lío es formidable y solo se oye la voz de
quien, desde Alemania, está empeñado en pedir dos huevos duros.
Duro encuentro de Rajoy con las víctimas de
ETA: "¿Cómo explica que Ternera esté sin detener?"
"Acabe con el paseíllo de los terroristas por TV3, que se acabe de
una puñetera vez", le pide José Vargas, el presidente de víctimas de
Cataluña.
Pablo Montesinos Libertad Digital 11 Mayo 2018
Una parte de las víctimas del terrorismo no se fía. Mariano Rajoy
convocó a representantes de asociaciones y fundaciones a una reunión
en Moncloa para disipar sus dudas y reiterarles que nada cambiará en
su política antiterrorista tras el último movimiento de ETA. "No
habrá impunidad", les aseguró. Pero tuvo que escuchar reproches muy
duros. Ana Iribar, la viuda de Gregorio Ordóñez, le espetó: "Cuando
usted dice que no ha habido ni habrá impunidad, ¿cómo explica que
queden más de 300 asesinatos sin resolver o criminales como Josu
Ternera sin detener?".
Fue un encuentro en ocasiones tenso, de más de dos horas de
duración. Se dieron cita en Moncloa más de 25 víctimas. Rajoy les
transmitió que "no habrá ningún tipo de cambio en la política
penitenciaria". Marimar Blanco salió satisfecha, y habló de una cita
"entrañable". No encontró motivos para la crítica. "Queríamos
trasladarle nuestro miedo de que no se mantuviera la política de
dispersión, pero nos ha tranquilizado", se sumó Maite Araluce, de la
AVT.
"Difiero", comenzó su intervención Consuelo Ordóñez. "He salido
igual que he entrado", lamentó la hermana del concejal popular
asesinado por la banda terrorista. "Este no es el final de ETA que
queríamos ni la sociedad ni las víctimas ni tampoco el final de ETA
que nos merecíamos", trasladó a Rajoy. "Las víctimas no necesitamos
el perdón de los terroristas, sino la aplicación del estado de
derecho para desmantelarlos", le dijo a puerta cerrada. Ante los
medios, admitió que sigue dudando del jefe del Ejecutivo. "No me ha
quedado claro" si cederá o no competencias o habrá cambios en las
política penitenciaria, según su diagnóstico.
Iribar le hizo a Rajoy siete preguntas durísimas. "¿Qué ha exigido
este Gobierno a ETA durante sus conversaciones?", fue una de ellas.
Según las fuentes consultadas, el presidente le contestó: "Nunca he
negociado ni he enviado a nadie a negociar. Nunca me he saltado la
ley con los etarras". "Ahora, ya no es tiempo para tanta sensiblería
fingida, tanta paz de pacotilla y tanto perdón de Dios. Ahórrensela.
Lo que necesitamos es justicia y enterrar los restos de ETA en el
único lugar que le corresponde: el de la infamia", afirmó después
Iribar, ya en declaraciones a los periodistas.
Varias víctimas aseguraron que les gustó el discurso de Rajoy, que
ahora están más tranquilas que antes, pero avisaron de que estarán
vigilantes. José Vargas, el presidente de víctimas de Cataluña, fijó
la atención en lo que ocurre en su comunidad y exigió al jefe del
Gobierno el control de TV3. "Acabe con el paseillo de los
terroristas por TV3, que se acabe de una puñetera vez, que no haya
más apología del terrorismo", le pidió, según desveló después ante
los periodistas.
Intentó templar ánimos Teresa Jiménez Becerril. "El presidente nos
ha pedido que le creamos. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo
le creo", afirmó, y se dirigió expresamente a Consuelo Ordóñez.
"Vamos a estar muy alerta para que todo esto sea verdad y para que
todo esto se cumpla", remató.
Según Moncloa, tras el despacho, todas las víctimas aplaudieron a
Rajoy y se hicieron una foto con él. "No ha habido tensión",
aseguraron fuentes gubernamentales. Además del presidente, también
participaron en la reunión Juan Ignacio Zoido y José Luis Ayllón.
Carmen Martínez Castro acompañó a la sala de prensa del complejo a
las víctimas que quisieron hacer declaraciones ante los medios de
comunicación.
Las siete preguntas demoledoras de Ana
Iríbar a Rajoy sobre ETA
La viuda de Gregorio Ordóñez lanzó al presidente siete preguntas
reprochándole su política antiterrorista.
Libertad Digital 11 Mayo 2018
La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, ha hecho un durísimo
discurso en la reunión que ha mantenido Rajoy con los representantes
de las víctimas. En su intervención ante el presidente del Gobierno,
la presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez le ha hecho siete
preguntas que han dejado en evidencia al Ejecutivo y su política
antiterrorista:
- "¿Se sienten cómodos sus compañeros del PP cuando comparten
ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos como el vasco y
el navarro y Congreso de los Diputados con representantes de
EH-Bildu?
- Esa especial sensibilidad que Urkullu advierte en su actitud con
los presos etarras, ¿significa que este Gobierno ha acordado su
acercamiento o incluso su puesta en libertad? ¿Explica admeás que no
se haya detenido todavía a José Antonio Urruticoechea para ahorrarle
algún trámite?
- ¿Qué ha exigido este gobierno a ETA durante sus conversaciones?
- Cuando usted dice que no ha habido ni habrá impunidad, ¿cómo
explica que queden más de 300 asesinatos de ETA sin resolver? ¿O
criminales como Josu Ternera sin detener?
- ¿Hasta cuándo un Estado negociando sus presupuestos generales con
partidos abiertamente declarados anti constitucionalistas y
visiblemente enfrentados al orden democrático institucional de
nuestro país?
- ¿Teme usted que el nacionalismo vasco empuje ahora con la fuerza
-que ya no amenaza -de sus compañeros ex etarras para defender una
relación de mutuo respeto entre el estado español y una normalizada
y pacífica Euskal Herria? ¿O sencillamente no es éste un problema
para su gobierno?
- Cuando sigo viendo en fotos a individuos como Joseba Permach o
Arnaldo Otegi o Rufino Etxeverría, flamantes dirigentes en
organizaciones como Bildu y Sortu -sabido es de todos que el cambio
de pistola por acreditación de demócrata no les ha costado demasiado
caro- me pregunto qué pensaría de todo esto Gregorio Ordóñez. ¿Cree
usted que se sentiría orgulloso de su partido y del papel del
Gobierno en materia antiterrorista?"
- Seguir leyendo:
https://www.libertaddigital.com/espana/2018-05-10/las-siete-preguntas-de-ana-iribar-a-rajoy-sobre-eta-1276618519/
TRAS LA CHARLA EN FORMENTERA
Guardias civiles: ‘No consentiremos que el
odio al Cuerpo llegue a Baleares’
La Gaceta 11 Mayo 2018
La asociación quiere saber “qué medidas piensa tomar el Ministerio
del Interior -sigue en vigor el artículo 155- con esta mosso de
Esquadra por haberse extralimitado en sus funciones”.
“¿Piensa el Gobierno defender las competencias de la Guardia Civil o
habrá más cesiones?”. Es la pregunta que se hace la Asociación
Española de Guardias Civiles (AEGC) después de que el Instituto de
Enseñanza Secundaria Marc Ferrer, el único que existe en la isla de
Formentera (Baleares), decidiera sustituir a la Benemérita por los
Mossos de Esquadra en la última charla sobre ciberacoso impartida a
los alumnos.
Fue la jefa del grupo central de atención a la víctima de la Policía
catalana, Andrea García, la encargada de impartir la conferencia a
los alumnos el pasado lunes. Lo hizo, además, vestida con su
uniforme reglamentario.
Los guardias civiles han dicho “¡basta!” y aseguran que “no vamos a
consentir que desde Cataluña, donde hasta los profesores se permiten
acosar a nuestros hijos, se extienda a Baleares la exclusión, el
odio y el desprecio a nuestra profesión”.
Desde la AEGC explican que “los Mossos no tienen ninguna competencia
policial en la comunidad balear”. “O de la noche a la mañana
Formentera ha pasado a ser la quinta provincia de Cataluña o
claramente la charla impartida constituye una extralimitación de
competencias”, han manifestado.
Los agentes del Instituto Armado están molestos. Y es que, “salvo
cambios en las últimas horas del Estado autonómico de nuestro país,
las competencias de seguridad en Baleares son exclusivas de la
Guardia Civil”. Recuerdan, además, que es a la Benemérita “a la que
acuden cuando tienen un accidente o denuncian un robo por una
agresión, porque los Mossos tienen limitada su actuación en la
región”.
La asociación quiere saber “qué medidas piensa tomar el Ministerio
del Interior -sigue en vigor el artículo 155- con esta funcionaria
por haberse extralimitado en sus funciones y cómo va a defender las
competencias de la Guardia Civil -hasta la fecha encargada de
ofrecer estas charlas junto a la Policía Local-”.
“¿El Gobierno va a pasar por alto este nuevo desprecio hacia el
trabajo que hacemos? ¿Va a seguir haciendo más concesiones a costa
de los guardias civiles? ¿Y qué tiene que decir el Gobierno balear
de esta intromisión en sus competencias? ¿Van a mirar para otro lado
como si no hubiera ocurrido nada? ¿Van a pedir responsabilidades por
la celebración de esta charla y van a recabar información sobre los
gastos ocasionados por la mosso, su desplazamiento, su estancia y
sus gastos de manutención?”, pregunta AEGC, que afirma esperar “que
los responsables justifiquen cada euro gastado”.
Bauzá no puede explicar la actuación del PP
en Baleares ante la imposición del catalán
En Es la tarde de Dieter, el expresidente de Baleares ha preferido
no valorar la actuación de los populares ante el conflicto
lingüístico.
Paloma Cuevas Libertad Digital 11 Mayo 2018
Lo ocurrido en la localidad mallorquina de Pollensa ha removido al
PP de Baleares. El consistorio de esta localidad, gobernado por una
coalición de independientes, el PSOE, los independentistas de Mes y
Esquerra Republicana, aprobó conceder subvenciones a comercios y
empresas que rotulen sólo en catalán. La medida también fue apoyada
por el PP de esta localidad que, además, ahora se opone al recurso
que ha presentado la Abogacía del Estado.
La actitud de los populares de Pollensa ha abierto una crisis en el
partido que el pasado miércoles se reunía de urgencia para abordar
el asunto. En Es la tarde de Dieter hemos intentado ponernos en
contacto con algún miembro del PP de Pollensa y de la dirección del
PP balear pero ha sido imposible. Quien sí ha hablado con esRadio ha
sido el expresidente balear y senador del PP, José Ramón Bauzá.
En Es la tarde de Dieter, Bauzá, ha dicho que no puede aclarar la
actuación de los populares. "Yo solamente puedo explicar aquellas
acciones que yo tomé como presidente del Partido Popular que era mi
responsabilidad como presidente del Gobierno, y estas decisiones
pues no me toca a mí explicarlas y por lo tanto pues yo sí que le
puedo decir que mientras yo fui presidente del Partido Popular una
de las primeras decisiones que tomé fue quitar el catalán como
requisito para entrar en la administración".
Acusa a Armengol de dejar a Baleares sin médicos
La sanidad balear no atraviesa sus mejores momentos. A las fugas de
profesionales hay que sumar que más de mil sanitarios han sido
excluidos de las bolsas de empleo por no acreditar el catalán, un
requisito impuesto por el gobierno de Francina Armengol.
Esta situación ha sido fuertemente criticada por el expresidente
balear que ha lamentado que "una niña como Carla que vive en Ibiza
se ha quedado sin neuropediatra porque la neuropediatra no sabe
catalán o como especialistas en radioterapia o en las urgencias
médicas no pueden acceder a una plaza porque alguien ha tenido el
capricho, en este caso, el gobierno radical extremista y
nacionalista catalanista de la señora Armengol", de que "eso es lo
más importante".
Tras el éxodo de médicos
Armengol impone ahora el requisito del
catalán a los aparejadores
Luz Sela okdiario 11 Mayo 2018
El Gobierno de Baleares, que dirige Francina Armengol (PSOE) con sus
socios nacionalistas de Més y Podemos, ha trasladado el requisito
lingüístico del catalán a otras profesiones, como los aparejadores.
Así figura en las convocatorias de empleo publicadas recientemente
en las que como exigencia para conseguir el trabajo figura disponer
de un nivel avanzado (B2) de lengua catalana.
El Gobierno balear persevera así en su imposición lingüística, pese
a las críticas surgidas por el requisito en el ámbito sanitario.
La exigencia del catalán ha dejado fuera de las bolsas de empleo del
Servicio balear de Salud (IB-Salut) a 1.100 profesionales en
distintas categorías, desde especialistas en radiodiagnóstico a
técnicos de laboratorio. Es decir, seis de cada diez aspirantes no
pudieron pasar el corte por no disponer del requisito lingüístico.
El temor a no disponer de personal ha provocado que algunos centros
de salud busquen médicos a la desesperada, recurriendo incluso a las
redes sociales.
Tras la polémica, el Servicio Balear de Salud aseguró que los
excluidos formarán parte de una “lista subsidiaria” para cubrir
vacantes, una vez se agote la bolsa de empleo oficial lo que, en
cualquier caso, no les asegura trabajo.
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