AGLI Recortes de Prensa   Viernes 18 Mayo 2018

35 catedráticos lanzan un ataque sin precedentes contra Hacienda
Una treintena larga de catedráticos de Derecho Tributario aprobarán hoy la 'Declaración de Granada', que es un duro ataque contra el funcionamiento de la Hacienda Pública
Carlos Sánchez elconfidencial 18 Mayo 2018

El documento no tiene desperdicio. De hecho, es el ataque más demoledor contra el funcionamiento de la Hacienda pública que se recuerda. Lo firman 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario reunidos este viernes en Granada para aprobar un manifiesto en el que se dice, entre otras cosas, que la Administración tributaria “no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos”.

Es más, según la llamada 'Declaración de Granada', en España no solo no se garantiza la presunción de inocencia a efectos fiscales sino que, además, es el propio Estado el que favorece la desigualdad tributaria porque se incumple el mandato constitucional que obliga a contribuir en función de la capacidad económica de los contribuyentes.

Para los firmantes de la declaración, la separación de los procedimientos de liquidación y sancionador es más formal que real, mientras que se está produciendo un inquietante deterioro del principio de seguridad jurídica. Máxime cuando la estructura territorial del Estado favorece, según los autores del manifiesto, la existencia de un cantonalismo fiscal. Lo cual es más preocupante, sostienen, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen amplia capacidad para gastar, pero sus competencias para recaudar son muy limitadas, lo que ha generado enormes deficiencias desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos. Hasta el punto de que la deuda pública roza ya el 100% del PIB.

Entre los firmantes de la declaración están Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, y los catedráticos José María Martín Delgado, Juan Martín Queralt, José Manuel Tejerizo, Fernando Pérez-Royo o Matías Cortés, autor, hace 50 años, del primer manual de Derecho Tributario español.

Estos son los puntos más significativos de la 'Declaración de Granada':

Presunción de culpabilidad. Los catedráticos firmantes consideran que frente al principio constitucional que garantiza la presunción de inocencia, “parece haberse dado cálida acogida en las dependencias administrativas a la presunción de culpabilidad”. El problema, aseguran, es muy grave, y se acentúa cuando, como sucede actualmente, el legislador “ha convertido al contribuyente en una especie de administrador vicario”, lo que le obliga a cumplir con unas obligaciones materiales y unos deberes formales que originariamente deben ser propios de la Administración tributaria.

¿Principio de igualdad? El documento considera que la quiebra del principio de igualdad no se produce solo cuando el llamado a contribuir desoye tan elemental mandamiento, sino que se produce también cuando es el propio Estado “quien propicia la desigualdad en la contribución de los ciudadanos al sostenimiento del gasto público”. En particular, cuando se vulnera o menoscaba la doble vertiente de la igualdad. Una, la que atañe a las relaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria. Y otra, la que exige que todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de manera igual de acuerdo con su capacidad económica. Su conclusión no deja lugar a dudas: “La Administración tributaria española no contempla a los contribuyentes como ciudadanos, sino como súbditos”.

Los autores del manifiesto ponen como ejemplo el hecho de que se haya diluido la figura del contribuyente, sustituida por la más ambigua de 'obligado tributario'. Con este término, aseguran, se pretende englobar como un todo a un conjunto de personas que guardan una relación más o menos directa, pero en todo caso diferente, con el nacimiento de la obligación tributaria y, en definitiva, con la aplicación de los tributos. Y en este sentido, se critica que la separación de los procedimientos de liquidación y sanción sea “más formal que real” al no tenerse en cuenta que no hay distinción entre los funcionarios encargados de uno y otro procedimiento. Consideran, igualmente, que la incorporación formal de las declaraciones efectuadas por los obligados tributarios al procedimiento sancionador “puede constituir una violación del derecho constitucional a no declarar contra sí mismo”.

Equidad fiscal. En este punto, los catedráticos estiman que tampoco se respeta el principio de igualdad, entendido como la necesidad de que "todos" los españoles deban tributar, al menos de modo similar, cualquiera que fuere el territorio donde residan. Y, en particular, se llama la atención sobre el tratamiento desigual conferido a todos los ciudadanos españoles atendiendo al origen de sus rentas. Es decir, “existen discriminaciones en la imposición directa por razón de la residencia dentro del territorio de nuestro país”. Estas diferencias, sostienen, son muy importantes, “hasta el punto de que podría hablarse de la existencia de una cierta cantonalización tributaria en España”. El resultado es que se ha producido una “ruptura de la unidad de la Hacienda Pública”, por lo que se reclama al Estado “que ejerza de forma activa su competencia exclusiva de armonización y regulación de la Hacienda General”.

Seguridad jurídica. En opinión de los firmantes, se está produciendo un preocupante deterioro del principio de seguridad jurídica, “fruto en muy buena parte del abandono de los conceptos dogmáticos sobre los que se asentó el nacimiento de nuestro Derecho Tributario, y su sustitución por otros cuyos perfiles dista de tener la precisión suficiente como para hacerlos compatibles con un mínimo de seguridad jurídica”. Se refieren, en este caso, al derecho anglosajón, donde la interpretación de la norma es más flexible por parte de los jueces.

Gasto e ingresos públicos. La 'Declaración de Granada' arremete contra los pactos con los nacionalismos. Y asegura, sin citarlos, que la aceptación del voto afirmativo “a cambio de determinadas concesiones a quien emite su parecer positivo, así como la asunción resignada de la prórroga presupuestaria como procedimiento ordinario del ordenamiento del gasto, constituyen fenómenos que, desgraciadamente, parecen formar parte de la normalidad”. Y lo que es más grave, se asegura, ha llevado a la idea “de que en la vida pública todo se compra y se vende: los votos, los ingresos a favor de determinado sector o territorio, y la reforma fiscal del sistema estatal o de determinados sistemas autonómicos”.

Multinacionales. Los firmantes reprochan que las grandes corporaciones puedan escapar al control tributario gracias a sus grandes recursos. Y, a la vez, coartar la libertad de los ciudadanos. El caso de compañías de ámbito mundial de servicios prestados por vía electrónica que “esquivan” los impuestos forzando sus reglas de aplicación espacial, o de aquellas que conciertan con la Administración determinados regímenes fiscales favorables, es paradigmático.

Afán recaudatorio. En su opinión, el afán recaudatorio “se ha convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías individuales”.

Uso y abuso del decreto ley. Los firmantes observan “perplejos” cómo en los últimos años se ha ido consolidando la primacía del poder ejecutivo frente al legislativo, lo que se ha traducido en la asunción como ordinario de algo que no lo es, y que no debe serlo, como es la gobernación de la Hacienda Pública mediante el recurso reiterado a la figura del decreto ley.

La burbuja nacionalista
José María Marco larazon 18 Mayo 2018

Los exabruptos que sobre los españoles ha venido vertiendo el presidente de la Generalidad durante años dice mucho del fondo ideológico del nacionalismo catalán (lo mismo podríamos decir del vasco, que mantuvo escondidas las obras de Arana). También contribuyen a entender la vida política y cultural española de esa misma época.

Mucho más que al totalitarismo, las reflexiones de Torra remiten al momento en el que surgió en Europa el nacionalismo moderno, en plena crisis de la conciencia occidental y de los regímenes liberales. Cosmopolitas, abiertos e individualistas, estos estaban a punto de acabar con el alma auténtica de los pueblos europeos. La tarea de regeneración era urgente, y empezaba con el control y la exclusión de los parásitos: los judíos, para nacionalistas franceses y alemanes, los españoles para nacionalistas catalanes y vascos. Lo excepcional no es esto, que remite a obsesiones generalizadas en todo Occidente hace un siglo. Lo excepcional es que hayan sobrevivido hasta hoy. El nacionalismo catalán y el vasco se nos presentan así como las reliquias vivas de actitudes y discursos abominables, que llevaron a Europa a la ruina y sólo desaparecieron luego de ser derrotados, con millones de muertos de por medio. En España, en cambio, sobrevivieron en una burbuja que sólo ahora ha empezado a reventar.

También es excepcional la mentalidad española que ha hecho posible esta supervivencia de lo abyecto. A pesar de manifestarse una y otra vez sin el menor pudor, no era tomado en serio por la sociedad, menos aún por sus elites, las mismas que ahora se escandalizan de aquello que antes se negaban a ver.

Por primera vez desde el 98, los españoles parecen negarse a aceptar que se les insulte como un pueblo inferior. El haber dado a luz a esta nueva dignidad de españoles explica la histeria del nacionalismo. Del otro lado, la verdad, no se sabe lo que es peor, si la actitud de quienes prolongan la actitud previa de respeto o la de aquellos que recién acaban de descubrir los desastres del nacionalismo y nos dan lecciones a los demás.

La nostalgia del catalanismo moderado
Cristina Losada Libertad Digital 18 Mayo 2018

"En cualquier caso, habrá que juzgarlo por sus hechos". Esto fue lo primero que dijo el presidente Rajoy sobre el hoy presidente de la autonomía catalana, Quim Torra. Fue cuando se supo que le había designado el prófugo Carles Puigdemont para sustituirle provisionalmente en el trono. Digo "trono" teniendo en la retina ese dorado sillón de época, quizá una imitación, donde se sienta para recibir a sus cortesanos en Berlín, con estatuilla de la Virgen de Montserrat en la mesita de al lado. Cuando Rajoy dijo aquello ya había salido a la luz una primera muestra de lo que lleva dentro el suplente, pero el presidente prefirió mantenerse en los hechos. Exactamente igual que después de oído el discurso de investidura, cuando dijo: "Lo que hemos visto y escuchado no nos gusta (...) pero vamos a juzgarle por sus hechos".

Las palabras y los hechos. No es la primera vez que el presidente y el Gobierno se encomiendan a los hechos para desestimar y subestimar las palabras. Así lo hicieron desde el lanzamiento del cohete separatista. Desde que Artur Mas empezó la cuenta atrás. Había que esperar a los hechos por venir y dejar a un lado, mientras tanto, las palabras que llegaban. Sólo los hechos importaban, porque las palabras, ya se sabe, se las lleva el viento. Y esta óptica fue la que dominó hasta octubre, cuando los hechos anunciados y traídos por las palabras ya no pudieron soslayarse. Por eso, este regreso al aparentemente sólido mundo de los hechos es una vuelta atrás. Cuando llegan los hechos, como mostró el 1 de octubre, ya es tarde.

Esta subestimación de las palabras es tanto más inexplicable cuanto que se aplica a un proceso como el separatista. No se ha fundado sólo en palabras, pero se ha levantado con la palabra. Se ha sustentado en una historia falsificada, en unos agravios inventados, en una victimización injustificada, en un discurso del odio: todo ello, palabras. Palabras como las que ha usado precisamente Quim Torra en su producción periodística y cultural. Palabras que han repiqueteado durante años los medios de comunicación al servicio del proyecto separatista, singularmente la televisión pública autonómica. Palabras crecidas con el soporte de la imagen: como las imágenes del 1 de octubre, que el Gobierno no quiso contrarrestar. Sin las palabras, y sin el dominio prácticamente incontestado de la palabra separatista en Cataluña, no hubiera habido nada.

En el afán de Rajoy por ceñirse a los hechos y no juzgar por las palabras se adivina una esperanza. Una esperanza en que las palabras que anuncian y pronuncian desacato y rebelión sean fuegos de artificio. La típica retórica para el consumo interno. El clásico discurso para hacer ver que seguirán en sus trece, pero que ya desmentirá a su debido tiempo la práctica. Es una esperanza que esta experiencia ha demostrado infundada. Pero se alimenta de la nostalgia. Aún tienen esa esperanza porque creen que bajo la exaltación separatista pervive todavía el catalanismo pactista, dialogante y moderado que recuerdan. Un falso recuerdo: aquel nacionalismo posibilista existió, entre otras cosas, para conseguir el poder suficiente a fin de hacer lo que está haciendo. Y, sobre todo, una falsa esperanza. Debajo de los adoquines separatistas no está la playa. Está el cadáver de aquel catalanismo pactista y dialogante. Nada queda de aquello. Tampoco quedan sus votantes. Si antes podía haber dudas, los resultados del 21-D las despejaron. Son nostalgias y esperanzas peligrosamente confortables.

Sospecha
Emilio Campmany Libertad Digital 18 Mayo 2018

Los medios nos cuentan que la Justicia europea considera que las peticiones de los tribunales españoles respecto de los golpistas huidos son jurídicamente defectuosas. Esos mismos medios también especulan con las razones que podría haber para ello y que no son excluyentes entre sí. A saber: que efectivamente las euroórdenes españolas están cogidas con alfileres, que los tribunales europeos recelan de la Justicia española por nuestro pasado, que los independentistas catalanes han hecho una eficaz campaña de prensa en el extranjero y que el Gobierno no ha sabido presentar nuestro caso ante la opinión pública europea.

Sin embargo, hay algo que no cuadra. La insultante respuesta de los jueces extranjeros ha provocado unas airadas reacciones de nuestro Tribunal Supremo que en realidad no deberían haberse producido. En contraste, la réplica del Gobierno ha estado delicadamente medida. Lo correcto es que el Tribunal Supremo hable sólo por sus resoluciones y el Gobierno proteste su rechazo. En este sentido, son muchas las cosas que éste podría haber hecho, desde meras declaraciones a los medios hasta amenazar con retirarse de la euroorden o provocar conflictos diplomáticos llamando a los embajadores a consultas. Como medidas extremas podría haberse sugerido la salida de la Unión Europea o la ruptura de relaciones diplomáticas con los países cuyos jueces se niegan a entregar a españoles que han delinquido en España. Nada de esto ha ocurrido. No ha habido un mal gesto, ni siquiera un mínimo desahogo. Al contrario, Rajoy calificó de "modélico" el comportamiento del Gobierno alemán poco después de que la ministra de Justicia germana acusara a nuestro régimen de falta de democracia. Y el ministro de Justicia español, después de haberse permitido dudar de la salud mental de uno de nuestros jueces, declaró con mal disimulada satisfacción su disposición a acatar disciplinadamente las decisiones judiciales que ponen en entredicho la conducta de nuestro más alto tribunal.

Es evidente que el Supremo no se siente respaldado por el Ejecutivo. Tal falta de apoyo es lo que le ha llevado a reaccionar de un modo que no le corresponde. Lo que ya no es tan evidente es por qué el Gobierno no defiende a nuestros jueces en Europa. De todas las medidas posibles, es natural que descartara las más enérgicas. Pero es incomprensible que no haya habido una mínima queja pública que refleje una brizna de indignación, aun sin consecuencias prácticas.

Si no fuera porque no cabe dudar de lo mucho que preocupa España y su unidad a este Gobierno, podría pensarse que las decisiones tomadas por los tribunales extranjeros, que desdeñan a los nuestros y a nuestro ordenamiento jurídico, no sólo no enojan al Gobierno, sino que le satisfacen plenamente. Es como si en su seno consideraran que las entregas que el Supremo pretende fueran a provocar tantos problemas que es preferible que sean denegadas. Pero, claro, eso es imposible. Incluso para un Gobierno presidido por Rajoy.

Jugando con fuego en el escenario belga
La realidad demuestra que los únicos aliados del separatismo catalán son los correosos independentistas flamencos
Enrique Serbeto ABC 18 Mayo 2018

El primer ministro belga, el liberal Charles Michel, reiteró ayer en la cumbre de Sofía que la justicia «en mi país es independiente», lo que es cierto si se habla de su capacidad directa de intervenir ante la decisión de un tribunal. Pero no lo es tanto si de lo que se trata es de evaluar la atmósfera que pesa en esas decisiones de ciertos jueces, en un país donde el factor separatista flamenco tiene más poder que nunca.

No es irrelevante que el único aliado verdadero del independentismo catalán sea el partido flamenco que gobierna en esta región y que es el elemento clave del ejecutivo federal. El trabajo lo hace el equipo de abogados dirigido por Paul Bekaert, especializado en defender a terroristas, y Gonzalo Boyé, condenado a su vez por terrorismo. Mientras, la NV-A, Nueva Alianza Flamenca, un partido con simpatías hacia el nazismo, trabaja sin descanso para favorecer a sus aliados catalanes, con la esperanza de que estos sienten un precedente que les permitiría a ellos hacer lo que hasta ahora no se han atrevido, proclamar unilateralmente la independencia de Flandes, para lo que tienen mayoría de sobra.

Lo hacen donde pueden, por ejemplo, forzando todos los resquicios reglamentarios en el Comité de las Regiones para promover un segundo debate sobre la independencia de Cataluña. Y no es casualidad que cuando estaba en Bélgica Puigdemont optase por pedir el uso del neerlandés en los tribunales, porque así existen muchas más posibilidades de encontrar a un magistrado más comprensivo con sus tesis nacionalistas. Los ministros de Interior y Justicia son flamencos y el primero abiertamente independentista. Michel, que es liberal y francófono, no puede hacer nada, no solo por que existe separación de poderes, sino sobre todo porque sus aliados nacionalistas no se lo permitirían.

Ya hay rumores sobre un adelanto electoral; un gesto demasiado expresivo contra el separatismo catalán sería fatal para el Gobierno. Pero dejar maniobrar así a los nacionalpopulistas flamencos puede ser fatal para Bélgica.

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Indignidad en la Generalidad

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 18 Mayo 2018

El catanazi Torra se proclamó ayer recaudillo del golpe de Estado con el título de presidente de la Generalidad en el acuartelamiento golpista de TV3. Aunque en un día tonto el TC dijera que se podía jurar la Constitución sin jurar la Constitución, incluso escupiéndole, gesto por el que no arriesgaría el sueldo ni uno de sus magistrados y que deben rectificar, el autonombramiento del catanazi es rabiosamente ilegal. Un cargo que depende en rango, facultades y sueldo del ordenamiento legal español no se puede jurar jamás para combatirlo ilegalmente, como hizo ayer el catanazi, y que sea legítimo su ejercicio.

Torra se permitió además expulsar del acto en el telecuartel general del golpismo amarillo a la presidenta legal de la Generalidad Soraya Sáenz de Santamaría y a su abobado favorito Bermúdez de Castro, para que esos animales, que eso dice que somos los españoles, no enturbiaran la gloria del día más importante de su vida: el de sus bodas con el delito de rebelión. Que el golpista expulse a la representante de la legalidad es la mejor prueba de que viene a incumplir la ley y, por tanto, es ilegítimo. Que se deje expulsar la presidenta legal y huya a Madrid a refugiarse en el faldón de Rajoy muestra la abyecta cobardía de este Bobierno de listillos que, al no recurrir el voto delegado, habilitó la investidura de cualquiera, incluso el catanazi, por su pacto con el PNV. Torra es lo que Millo, su viejo compañero en UDC, llama "culminación del 155".

Y lo es. La culminación de su inanidad ha desembocado en el sumiso desalojo del Gobierno de España, que asumió la legalidad y los sueldos de todo el mundo al quebrantarla Puigdemont. Los comentarios racistas del catanazi lo inhabilitarían para cualquier cargo público en el último pueblo de Europa, salvo Bélgica, guarida de islamistas, golpistas y otros delincuentes que, en rigor, ya no es Europa sino Eurabia, capital Moellenbek. Ese Estado fallido dice que una orden de entrada en prisión no es una orden de detención, y lo hace para proteger a los golpistas como ha protegido siempre a los más sanguinarios etarras, y no pedía la extradición Llarena. Pero va Catalá y dice que él nunca comenta las decisiones judiciales. Salvo las de Pamplona, claro. Si el catanazi se proclama poder ilegal es porque se lo permite el legal: Rajoy.

La degeneración de lo institucional
EDITORIAL El Mundo 18 Mayo 2018

La toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat se pareció más a un desahogo folclórico que a un acto institucional. Es cierto que el secretario invocó la Constitución y el Estatuto, así como la autorización firmada del Rey Felipe VI y de Mariano Rajoy; pero todo lo demás, toda la puesta en escena, estuvo milimétricamente calculada para marcar distancias con la única legitimidad posible en una democracia, que es la que emana del orden constitucional vigente.

Esta vez el guion preparado por los incansables publicistas del procés requería austeridad, porque se trataba de subrayar al ausente más que de entronizar al presente. Cumplir por la mínima con la exigencia legal mientras se mandaba a los fieles el mensaje propagandístico de rigor: que Torra no es más que el interino que le guarda la silla al genuino president en el exilio, Puigdemont. Por eso no recibió el medallón que simboliza la Presidencia, estratégicamente colocado sobre la mesa para dejar claro que su dueño real no estaba allí. Torra imitó la fórmula de su antecesor -y hoy patrón- para prometer el cargo: «Cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad al pueblo de Cataluña representado en el Parlament».

Que el Gobierno no haya querido enviar a ningún representante a semejante ceremonia se explica por el deseo de manifestar su pública discrepancia con un Govern que quizá tenga que intervenir pronto. Pero esa decisión metaforiza el absentismo del Estado en Cataluña durante décadas que tanto estamos pagando. Con el 155 en vigor, no se comprende el enojoso conformismo con que el Gobierno ha vuelto a consentir la enésima mofa de la liturgia constitucional. Aunque en realidad esa actitud no es sino el corolario de la intervención medrosa y burocrática en que ha consistido esta primera aplicación del 155. Si la contumacia separatista hace necesaria una segunda, ya no podrá hacerse de la misma manera elusiva que la primera. Por eso el consenso entre PP, PSOE y Cs es buena noticia. La propuesta de Pedro Sánchez de regular las tomas de posesión para que no degeneren -empezaron a degenerar desde que en 1991 el Tribunal Constitucional refrendó la fórmula de juramento «por imperativo legal» inventada por los senadores de Herri Batasuna- no puede ser más pertinente.

Afirmar que la democracia reside en las formas no es un tópico hueco. Occidente ha necesitado siglos para refinar los cauces de expresión de la voluntad popular, hasta cuajar un complejo sistema de representación que justifica la delegación del poder en las manos democráticamente elegidas. Violentar el protocolo para someterlo a las demandas propagandísticas del procés no agrede solo a la unidad de España: antes constata la degradación de las propias instituciones históricas de Cataluña, cada vez más deterioradas por el sectarismo.

Bestias
ANTONIO LUCAS El Mundo 18 Mayo 2018

QUE QUIM T. sea presidente de la Generalitat no es culpa suya. Este es un tiempo favorable para esos sujetos que sólo en una frase pueden demostrar el peor paño y seguir caminando con cargo al presupuesto. Él mismo es el resultado evidente de la desaceleración democrática que aloja el independentismo, el nacionalismo y esos idearios de vuelta a la manzana alentados por un público en minoría que lo aplaude todo. La democracia es algo que no se consigue de una vez para siempre. Requiere un entrenamiento. Un ejercicio saludable de ideas. Una educación. Un sentido claro de qué va esto. Una certeza de querer estar dentro. Algo. Algo más que llamar bestias a los de enfrente. Un honor, en cualquier caso. Quim T. escribió con asco de otros catalanes (y del resto del mundo también un poco) tomando rehenes en cada párrafo. Señaló con el odio del que apunta al adversario empujándolo a la camioneta. Como un violento encanallado. Eso lo hemos sabido ahora. Pero quien lo escogió para hacer de electroduende a distancia conoce bien el paño de este sujeto atarugado. Y por eso está ahí. Puigdemont ha puesto al frente de Cataluña al espermatozoide más confuso de su nevera. Al más indocumentado en las labores de la democracia. Al más fanático en la derrota de su causa.
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Este hombre insulta más allá del tocineo acostumbrado. Gasta una mentalidad de vendedor de clínex que sólo despacha género a los puros de raza. Es tan sobrepasado que incomoda. Pero de eso se trata: de colarle a la democracia, por el procedimiento del empujón, a un menda dopado de salvajismo verbal. Un sujeto así no pasaría la prueba del arco de ningún parlamento europeo. Por agresor verbal. Por inadaptado. Este president no es útil para el asunto de legislar, pues lo hará sólo de cara a aquellos que no le huelan a «bestia», a «hiena» y a no sé qué más, como dijo de los que hablan español en las calles de su pueblo.

La reaparición en la vida democrática de paquidermos verbales recuerda a otros años de legionarios y millanastrais. Algo hay en Quim T. de residuo subhistórico. Eso mismo de lo que va sobrado el independentismo espectacular, tan erizado de matonería. Llamar bestias a los otros no es exactamente grave, lo que asusta es el calado de odio que acumula alguien más excesivo que agudo, capaz de creerse lo que exagera. Y no sólo es que sea un chico de los recados: es que representa una forma de ser que no vale, una realidad de catafalco lóbrego aupada desde un Gobierno sometido por un locazo en fuga más mentiroso que suficiente. Benvingut, hermano asno.

El Tribunal Supremo, indignado ante la «ausencia de colaboración» de Bélgica
Nati Villanueva. Luis P. Arechederra. Enrique Serbeto. ABC 18 Mayo 2018

Cuando la Justicia española no había terminado de recuperarse del revolcón del tribunal alemán que adelantó su decisión de no entregar a Puigdemont por el delito de rebelión, la justicia belga propinó ayer miércoles un nuevo revés al Tribunal Supremo, que dirige la causa contra el «procés». Los magistrados denegaron ayer la entrega de los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig al alegar un «defecto de forma» en la euroorden cursada por el magistrado Pablo Llarena.

A su juicio, la solicitud de entrega que el instructor reactivó nada más dictar el auto de procesamiento de la causa por rebelión, el pasado 21 de marzo, no se basa en una nueva orden nacional de detención, sino en el requerimiento emitido meses antes por la Audiencia Nacional. Según manifiesta el tribunal belga, la jurisprudencia comunitaria exige que cada orden de detención europea esté respaldada por una orden de detención nacional, lo que no ha sucedido en este caso. «El Ministerio Público ha pedido al tribunal que declare irregulares las tres órdenes de detención europea dada la ausencia de órdenes de arresto nacionales adecuadas. El tribunal ha aceptado esta petición», informó la Fiscalía de Bruselas en un comunicado.

«Hechos complejos»
Lo cierto es que lo que subyace en la negativa belga es una falta de colaboración que vuelve a poner en jaque los pilares de la euroorden como mecanismo de cooperación judicial basado en la confianza mutua entre países. Esa es la lectura que se ha hecho en el Alto Tribunal español, la máxima instancia jurisdiccional del país. Y ello porque si se tratara de un defecto de forma habría bastado con que el pasado abril, cuando la fiscalía belga pidió a Llarena información complementaria, hubiera puesto de manifiesto esta circunstancia, algo que no hizo.

Pendientes aún de recibir la resolución del tribunal belga, fuentes de la Sala Penal señalaron ayer que no comparten la motivación por la que se deniega la entrega y que esta negativa «podría interpretarse como una ausencia de compromiso» para prestar la colaboración judicial solicitada.

Estas mismas fuentes argumentaron que el auto de procesamiento del juez Llarena -la resolución con la que el magistrado cierra la investigación y expone sus conclusiones- explica los «hechos y argumentos jurídicos» por los que los tres exconsejeros son procesados. Comín, por rebelión y malversación; y Serret y Puig, por malversación y desobediencia.

En la Sala Penal del Supremo inciden en que precisamente es el auto de procesamiento el que explica «con más desarrollo argumental» los hechos acusatorios, «a excepción de la sentencia», y que «sólo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada (por Llarena) como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden».

Las fuentes citadas recuerdan que el pasado 23 de marzo, el juez Llarena ordenó librar las ordenes europeas de detención en base a la argumentación del auto de procesamiento y atendiendo la petición de la Fiscalía. Tres meses antes, en diciembre, cuando Puigdemont estaba refugiado en Bélgica, fue el propio magistrado quien desactivó las euroórdenes cursadas por su compañera de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que inició la investigación contra el Govern de Puigdemont, y pospuso la reclamación internacional hasta apuntalar los indicios contra los exconsejeros fugados.

Ya el pasado abril, el magistrado instructor del «procés» remitió un escrito a las autoridades judiciales belgas ofreciendo «información suplementaria» en relación a las órdenes europeas de detención y entrega emitidas contra estos exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont. Entre la documentación, Llarena aportó el auto de procesamiento para explicar los posibles delitos por los que se solicita la extradición de los tres exconsellers.

Recalcó entonces que se trata de unos «hechos complejos», en los que «cada partícipe ha tenido una contribución diferente», pero concretó que los reclamados han sido procesados por el presunto empleo de «dinero público para pagar los gastos derivados de celebrar un referéndum declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», lo cual se «cataloga» en el Derecho español como «un delito de corrupción». Sólo por estos hechos ve «oportuna» la entrega teniendo en cuenta que la corrupción es uno de los 32 delitos en los que la entrega tiene que llevarse a cabo de forma automática, según la decisión marco que regula el proceso.

Sobre Comín, en concreto, afirmó que se pide su extradición por un presunto delito de rebelión, «sin perjuicio de otras calificaciones» y destacó que su participación consistió «básicamente en promover que la Comunidad Autónoma de Catalunya declarara su independencia del resto del Estado español y se constituyera como una república independiente, sirviéndose para ello de alzamientos y movilizaciones públicas que llegaron a contener expresiones de violencia con las que se pretendía forzar al Estado a reconocer la nueva realidad política».

A Puig, por su parte, le acusa de desoír los requerimientos del Constitucional sobre la convocatoria del referéndum ilegal, celebrado el 1 de octubre del año pasado. Y a la exconsejera Serret le imputa, además de esa desobediencia al tribunal garante, haber autorizado contrataciones para el 1-O y disponer de fondos públicos para un destino ilegal, distinto del previsto.

Como parte de su campaña internacional de victimismo, los exconsejeros fugados en Bélgica quisieron extrapolar ayer esa «victoria judicial» al resto de procesados huidos sobre los que pesa orden de detención internacional: Puigdemont (Alemania), Clara Ponsatí (Reino Unido) y Marta Rovira (Suiza). Así, interpretaron que la Justicia belga le ha mandado el mensaje al Tribunal Supremo de que «abusa del Derecho Penal» y del sistema europeo de euroórdenes. «Pedimos que se acabe este abuso de manera clara, irrevocable y irreversible», reclamó Comín, que comentó la resolución.

La decisión, según la Fiscalía belga, no es recurrible. El Tribunal Supremo estudiará sus opciones y podría, en cualquier caso, cursar una nueva orden europea de detención y entrega.

El sindicato de funcionarios impugna la contratación de docentes en Cataluña
CSIF recurre el proceso para contar con interinos para los centros públicos por primar el catalán a la capacitación profesional
Cristina Farrés cronicaglobal 18 Mayo 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este viernes que recurre la convocatoria de nuevos docentes para los centros públicos de Cataluña por los criterios de contratación. Afirma que es contrario a derecho que en la selección de personal interino se prime la lengua catalana a la capacitación profesional que hayan obtenido en su máster.

El presidente de la organización del sector público, Miguel Borra, carga los que considera un intento de abrir las puertas a las escuelas a personas que no cumplen con los requisitos de titulación obligatoria. Una queja ratificada por los responsables de educación de la entidad a nivel nacional y en Barcelona, Mario Gutiérrez y Francisco Oya, respectivamente.

Titulación oficial
Ponen de manifiesto que en la Ley Orgánica de Educación (LOE) se contempla como requisito indispensable contar con una formación pedagógica y didáctica de nivel de posgrado. Es decir, el título oficial de máster. Es la única forma de poder dar clases en los niveles posteriores de Infantil y Primaria.

Pero tras analizar la convocatoria de la Generalitat, los portavoces de CSIF concluyen que la convocatoria abierta “pretende esquivar este requisito”. Borra avisa que piensan plantar batalla al proceso. “Nos tendrán enfrente desde el minuto uno”, señala.

Primar la lengua
Asimismo, apunta a que el Govern habría amparado “ilegalidades en el ejercicio de la función pública” en la contratación. Afirman que se trata de un caso “muy grave” porque, en el fondo, supone primar una ilegalidad “a que una persona no catalana o una persona que no sepa catalán” trabaje como profesor.

Recuerdan que el Tribunal Constitucional ratificó en 2014 la “constitucionalidad, vigilancia y aplicación en todo el Estado” de la norma que rige la contratación de docentes en el país. Un espaldarazo que venía, precisamente, tras el recurso que presentó la Generalitat para intentar enmendar las condiciones de formación de los profesores.

Elecciones sindicales
El recurso de CSIF llega en pleno debate sobre el presunto adoctrinamiento en las aulas catalanas. Una polémica que ha contado con la oposición frontal de los sindicatos más posicionados a favor del procés, como USTEC-STEs, mayoritarios entre los docentes en Cataluña, y UGT.

También ha servido para que CSIF tome posición a meses vista de que se inicie el periodo de elecciones sindicales en Cataluña. Ha explicado que junto a AMES y la Asociación Profesores por el Bilingüismo pretenden ofrecer a los docentes catalanes una verdadera alternativa para representar sus derechos como trabajadores. Afirman que su punto de vista será “estrictamente profesional, independiente y sin injerencias de los partidos políticos”.

Esperan ganar presencia en este sector y en el resto de la función pública catalana.

Un profesor catalán, “señalado” por escribir en contra del independentismo
Educación reúne información a petición del sindicato CSIF, que denuncia la situación que vive el docente en su propio centro de trabajo
Gerard Mateo cronicaglobal 18 Mayo 2018

Francisco Oya, un profesor catalán y articulista que trabaja en el instituto Joan Boscà de Barcelona desde hace un curso, denuncia que el director del propio centro le “echó en cara” la postura contraria al independentismo que muestra en los medios de comunicación. Por ello, el sindicato CSIF sostiene que Oya, a quien se le ha abierto expediente por este asunto, está “señalado” y ha pedido al Ministerio de Educación que estudie el caso.

No es el único.
El profesor, que también es responsable de Educación de CSIF en Cataluña, ha acudido hoy a la sede del sindicato y, junto al presidente del mismo, Miguel Borra, y el responsable de Educación en el ámbito nacional, Mario Gutiérrez, ha explicado las circunstancias que, como él, viven algunos docentes en Cataluña. Entre otras cosas, ha defendido que, al margen de sus textos en prensa y apariciones, en sus clases “jamás” habla de política que no sea por temas relacionados con la asignatura de Geografía e Historia.

"Fascista"
En su comparecencia, Oya ha explicado que ha sido “acosado” y se le ha tildado de “fascista” y “homófobo” por decir que el marido de la reina Isabel II fuera homosexual. Se le ha criticado, además, que nombrara a políticos como Heribert Barrera o Enric Prat de la Riba y al escritor Pompeu Gener i Babot para hablar de “supremacismo” cuando decidió preparar unos manuales para completar las clases. Varios alumnos, ha asegurado, han hecho pancartas contra él.

Una pancarta en el Joan Boscà
Oya decidió completar el manual de Geografía Historia del centro, escrito por el exportavoz de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Agustí Alcoberro, después de comprobar que hablaba, por ejemplo, de anarquistas españoles violentos y anarquistas catalanes pacíficos o de que todo en Cataluña es “maravilloso” y, en cambio, España es un Estado “cutre”. Por todo ello, el centro le ha abierto un expediente; no puede dar clase a segundo de Bachillerato, pero puede preparar material didáctico para cuarto de la ESO.

Más casos
Pero el caso de Oya no es único. Según CSIF, en la actualidad están estudiando el caso de cinco docentes pertenecientes a este sindicato y que están siendo “señalados” en Cataluña por no ser independentistas. Por ello, ha transmitido la “preocupación” de CSIF con “los primeros gestos” del presidente catalán, Quim Torra, y ha animado a los empleados públicos a que denuncien cualquier “orden ilegal”.

Con todo ello, Educación está recopilando datos, que analizará, aunque por ahora no ha abierto ningún expediente al respecto.


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