AGLI Recortes de Prensa   Lunes 21 Mayo 2018

La supervivencia de España
Alejo Vidal-Quadras vozpopuli.es 21 Mayo 2018

Las naciones, como los seres humanos que las habitan, nacen, viven y mueren. A lo largo de la historia, imperios y reinos han aparecido, se han desarrollado, han tenido períodos de esplendor y en un momento dado han entrado en declive hasta que enemigos externos, luchas internas, guerras, invasiones, colapsos económicos, desastres medioambientales, corrupción de sus gobernantes o una combinación en grado diverso de estos factores los han condenado a la extinción. Italia o Alemania no existían como tales hace doscientos años, y en cambio nos parece que siempre han estado ahí. Polonia se esfumó de la faz de la tierra como Estado soberano durante más de un siglo entre 1795 y 1918, repartida entre Rusia, Prusia y Austria, para emerger de nuevo tras la Primera Guerra Mundial. Yugoslavia y Checoslovaquia también han fenecido en tiempos recientes, la primera en un baño de sangre y la segunda de manera pacífica y pactada. Los ejemplos son tan numerosos que su relación llenaría páginas y cada uno de estos casos de creación o de desaparición de una entidad política delimitada por unas fronteras y sujeto identificable de derecho internacional nos ofrece lecciones que aprender y errores a evitar.

España, nuestra patria, nuestra Nación y nuestro Estado, espacio físico y jurídico que garantiza nuestros derechos y nuestras libertades y que nos proporciona un mercado unificado de dimensión continental para nuestras empresas, nuestros profesionales y nuestros trabajadores, atraviesa una crisis que se puede calificar, sin incurrir en un excesivo dramatismo, como existencial. Poderosas, corrosivas, irracionales y contumaces fuerzas centrífugas están entregadas a su liquidación aprovechando todos los instrumentos institucionales, financieros, culturales y de creación de opinión que les fueron confiados en la Transición precisamente a cambio de que aceptasen una convivencia en paz del conjunto de los españoles. La enormidad de esta traición, la malignidad de este propósito y la magnitud del daño que su triunfo representaría para cuarenta y siete millones de personas que hoy disfrutan de las ventajas de la ciudadanía de uno de los países con mejor calidad de vida y seguridad física del planeta, son de tal calibre que cuesta creer la debilidad de la reacción del Gobierno encargado en principio de preservarlas y defenderlas.

Se ha escrito y hablado ampliamente de la lenidad de un jefe del Ejecutivo y de un equipo ministerial ideológicamente deshuesados, moralmente deshilachados e intelectualmente planos, frente al desafío separatista que en estos días pugna por llevarnos a todos, empezando por sus propios impulsores, a la ruina material, al enfrentamiento civil y al desprestigio internacional. Es sin duda asombrosa la pasividad de Mariano Rajoy a medida que la gravedad del deterioro se agudiza y el descaro insolente de los golpistas se incrementa. Mientras los nacionalistas catalanes exhiben sin recato su racismo, su agresividad violenta y su desprecio por los valores constitucionales y por el imperio de la ley, la sombra inane que se desliza por las estancias del complejo de La Moncloa se comporta como si su función fuese la de su profesión, es decir, como un registrador de la propiedad, espectador indiferente de las acciones de otros y simple fedatario de una realidad que le desborda. En este esquema mental, la vicepresidenta sería la Oficial Mayor de ese despacho y los ministros los oficiales y demás empleados del registro, clasificadores laboriosos de documentos y vigilantes rutinarios del cumplimiento de la legalidad. En contraste con la épica belicista y la apelación a emociones primarias de los secesionistas, las alocuciones tediosas de lenguaje pálidamente administrativo que desgrana cansinamente el presidente del Gobierno y los mensajes átonos y pusilánimes de los miembros del Gabinete desmoralizan y desmovilizan a los millones de españoles que contemplan estupefactos como su futuro y el de sus hijos es puesto en peligro por la osadía fanática de unos y la indignante cobardía de otros.

La supervivencia de España depende claramente de que el actual partido en el poder sea sustituido por un actor político y electoral dotado de la firmeza de convicciones, la disposición a asumir riesgos y la solidez ética imprescindibles para utilizar los potentes mecanismos políticos, jurídicos, presupuestarios y de comunicación en manos del Estado para doblegar a las organizaciones de delincuentes en que se han transformado el PDCat, ERC y la CUP. El Partido Popular está encargado actualmente de una tarea para la que obviamente ni está preparado ni armado de la voluntad adecuada para realizarla. Sus peleas cainitas, el fardo de los procesos penales que le atenazan, el abandono de sus principios definidores y el desaliento de sus militantes y votantes, que están huyendo en masa, le inhabilitan como referente de los sectores que hasta ahora ha representado. No sólo no es una herramienta de protección y afianzamiento de la Nación, sino un obstáculo para su continuidad y permanencia. Si España desea volver a volar hacia el éxito, ha de desprenderse de cualquier plomo que inmovilice sus alas.

El hundimiento
Manuel Alejandro Hidalgo. vozpopuli 21 Mayo 2018

En sus memorias, Albert Speer, ministro de Armamento y Guerra de la Alemania nazi, narra entre otras muchas cosas los últimos días de Hitler. Speer describe al Führer con cierta nostalgia de tiempos mejores al ver al otrora gran ogro nazi convertido por su apresurada ancianidad en un fantoche ensimismado por sus fantasías. Movía divisiones inexistentes, hacía despegar aviones sin combustible y se erigía a sí mismo en un factor clave del futuro conflicto entre Occidente y Oriente. Speer muestra a un dictador que, en sus últimos días, llegó a creer que el fin de Alemania era merecido, pues según el cabo austriaco, los alemanes se habían convertido en inmerecidos a su legado. Si la Gran Alemania de Hitler no era posible, ninguna lo sería. Todo hubo de aniquilarse.

Las lecturas de estas memorias me han hecho reflexionar sobre la situación política actual en España y el futuro que nos espera, si nada cambia. No crean que hago relaciones extrañas. Desde luego comprendo las diferencias de ambas situaciones, pero en estos meses estamos experimentando en nuestro país una situación que motiva ciertos paralelismos. El quehacer político actual ha abandonado todo criterio de realidad para adoptar una naturaleza ajena a los fundamentos más básicos de la racionalidad. Gran parte de esta deriva proviene de la precaria situación política del partido que gobierna en Madrid, y que en una mano sostiene casos cada vez más graves -no necesariamente más caros- de corrupción, y en la otra encuestas que le son contrarias. Todo ello, como una mezcla explosiva, provoca que el gobierno, a través de sus diversos ministros, haya dejado de hacer política, si es que en esta legislatura una vez la hizo, para trasladarse al terreno de la demagogia, y lo que es peor, usando el futuro de la sociedad española como moneda de cambio.

Al menos, la suerte es que la coyuntura económica en España es positiva. De momento, y a pesar del debilitamiento de algunos vientos de cola, no esperamos a corto y medio plazo un cambio claro en las perspectivas económicas. Es cierto que los tipos comienzan a subir y que el petróleo amenaza, como casi siempre, pero no parece que vaya a haber por ello un cambio de coyuntura preocupante en los próximos meses. Sin embargo, como a siete años de vacas gordas le seguirán siete de vacas flacas, famélicas, y de esos primeros siete ya hemos consumido algunos, debemos ir haciendo los preparativos para las que vengan después. Y es factible pensar que no tarden mucho en llegar.

Y es que España, como Europa, vivió una prolongación de la crisis de 2008 en gran parte innecesaria por dos razones. La primera de ellas, por las decisiones erróneas de política económica aplicadas entre 2010 y 2012. Estas políticas fueron mancomunadas por el gobierno español de turno y las instituciones europeas. La segunda de ellas, por un mal diseño de un euro que sigue siendo a la vez, a día de hoy, la mejor idea que ha tenido el continente europeo y la peor de sus futuras amenazas. Mientras el gobierno de Obama disfrutaba de su cuarto año de expansión económica, nosotros aún estábamos tratando de dejar atrás la recesión. Esto nos sitúa a contrapié, lo que es muy relevante.

Desde 2014 España disfruta de un ciclo expansivo. Sin embargo, la salida de la crisis nos ha dejado agotados, con una economía que aún se lame las heridas por las que todavía supura parte de la sociedad de nuestro país. Grandes desajustes nos condicionan enormemente, como son un desempleo aún elevado con un mercado de trabajo que aún muestra signos de debilidad, que se traduce en una reducción del número de parados, pero a cambio de una aún elevada precariedad. En segundo lugar, a pesar de los ajustes experimentados en el gasto, y del aumento de la actividad a ritmos impredecibles hace solo unos años, la reducción del déficit se hace extremadamente lenta y desesperante.

Para poder ajustar ambos desequilibrios necesitamos algunos años más de expansión, pero también un gobierno con ideas claras. Y este anda, como he explicado, desnortado en su búnker político. Lo peor es que esta actitud contagia al resto de partidos, dadas las estrategias necesarias para avanzar en las encuestas. Las ocurrencias de Montoro, las declaraciones del Ministro de Justicia, la falta de proyectos económicos, la política de pensiones, la propuesta de reforma de la Unión Monetaria, reales decretos que limitan la competencia, etc. Todo parece enseñarnos que esta legislatura está acabada con unos responsables que, como en su día ocurrió en Berlín, a los que parece no preocupar las consecuencias de lo que se hace, sino simplemente si es lo correcto para seguir hacia adelante. Por cierto, mejor no me meto en Cataluña.

Tenemos poco tiempo. La próxima recesión llegará. No sé si en un año, dos o cinco. Pero llegará, y cuando lo haga, no lo duden, los dioses nos preguntarán qué hemos hecho. Si esa entrevista fuera hoy, de seguro nos mandan al Averno. No les quepa duda. Pero lo peor de todo es que los que sufrirán el fuego infernal serán los de siempre. Aquellos que no contamos en los cálculos políticos de quienes gobiernan solo a la hora de pedirnos el voto.

El mito de la división de poderes
Amando de Miguel Libertad Digital 21 Mayo 2018

Las unanimidades en la vida pública hacen sospechar algunas trampas encubiertas. Por ejemplo, esas elecciones de mandamases llamadas primarias en las que siempre ganan los que las convocan. La cosa no merece mayor atención, pues el número de tontos es infinito, como dicen que dice el Eclesiastés.

Más interesante es ese falso credo político que sostiene como verdades ciertas fantasías, en las que se confunden los deseos con las realidades. Podríamos comprenderlas como mitos, en el popular sentido de creencias fabulosas o magnificadas. Se me ocurre uno inmediato: el mito de la llamada división de poderes. Suena muy bien y se acepta generalmente como la clave de nuestro arco democrático. No se duda de que, en un país como España, con tan destartalada tradición democrática, hayamos conseguido tal plenitud.

La doctrina clásica de los tres poderes o funciones del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) se apoya en el prestigio tradicional que suelen tener las clasificaciones trinitarias. La idea es que, si el poder se reparte entre esas tres modalidades, resultan mutuamente vigiladas y, por tanto, se contienen los posibles excesos. Fue un descubrimiento de Aristóteles (como tantos otros), que cuajó en el liberalismo de Locke y Montesquieu. Lo pusieron en práctica los constitucionalistas norteamericanos. Es el famoso sistema de los controles y contrapesos, que todavía funciona mejor en los Estados Unidos que en las otras democracias.

En España se adoptó el juego de los tres poderes en la Constitución de 1978, pero pronto se vio que era desbordado por la realidad. Era un poco tarde para implantar una teoría tan benéfica. Llegaba en el momento de un Estado interventor con una fuerte tradición autoritaria, que no se ha logrado extinguir. El resultado sintético es que los tres poderes se reducen a uno dominante: el Gobierno. Es cierto que los españoles elegimos a nuestros representantes en las Cortes, pero el partido (o coalición) que logra la mayoría se hace con el Gobierno. El presidente del Gobierno es nombrado por el juego de facciones dentro del partido dominante. Por tanto, el pueblo no lo elige. El presidente del Gobierno escoge libremente a sus ministros. Las Cortes votan las leyes, pero el resultado se determina matemáticamente por el partido que gobierna. A su vez, el Gobierno decide los Presupuestos Generales del Estado, los cuales incluyen los gastos correspondientes a los poderes legislativo y judicial. Más aún, el presidente del Gobierno tiene el poder de ascender a los jueces sumisos. Dentro del cuerpo de los jueces funcionan dos facciones, una progresista ("para la democracia") y otra conservadora ("profesional"). Con tal esquema es imposible que pueda funcionar el principio de la independencia judicial.

Este esquema del predominio del poder ejecutivo se reproduce punto por punto en las sedicentes autonomías o regiones y en los ayuntamientos.

El predominio del poder ejecutivo se refuerza hoy todavía más porque el Estado (y sus terminales) controla la economía con un grado de intervención que ni siquiera pudieron soñar los anteriores regímenes. En su día se extinguió el INI del franquismo, pero ahora es mucho más robusta la red de empresas públicas. Se han convertido en una fuente de ineficacia, derroche y corrupción.

En definitiva, el poder fundamental es ahora es el de los partidos políticos. El cual se ha venido a complicar por otra circunstancia: el peso creciente de las decisiones de lo que llamamos "Europa".

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Estoy hasta los cojones de todos nosotros
Pedro de Tena Libertad Digital 21 Mayo 2018

Hojeando ayer uno de los libros de Jesús Laínz sobre Cataluña (España contra Cataluña. Historia de un fraude), me topé con lo que dijo el presidente de la I República, Estanislaoo Figueras, de Barcelona, por cierto, además de republicano federal. Ocurrió el 9 de junio de 1873, tras una reunión del Consejo de Ministros donde, al parecer, resultaba imposible adoptar decisiones comunes que sacaran al país de la crisis general que padecía. Entonces, Figueras dijo: "Señores, voy a serles franco. hasta los cojones de todos nosotros", y a renglón seguido abandonó España y se largó a Francia, dejando a la patria con un agujero más. Estoy de acuerdo con su expresión, pero no estoy de acuerdo con su fuga, por muy comprensible que fuera. Sí, yo también estoy hasta los cojones de todos nosotros, pero no quiero perder la fe en la nación española. La incógnita es si la nación va a estar por encima de sus políticos, como recordó Balmes (Laínz, cita) que pasó en 1808.

Hasta los cojones de la verborrea acusadora de un Podemos para el que todo el mundo es culpable de todo, menos los propios podemitas, que, además de no tener ni idea de la vida real ni de la historia –¿para qué van a estudiar, si el materialismo dialéctico les exime de conocer los hechos?– no manifiestan la más mínima coherencia moral ni política. Chalé, beca, sirvientes sin papeles, nenes parlamentarios… y venga leyenda negra española. Valga lo dicho para los huesos de Izquierda Unida, que pasó del internacionalismo al más turbio regionalismo en un pispás. Stalin los hubiera mandado a Siberia, o algo peor.

Hasta los cojones de un PSOE con el alma partida. Más todavía desde que vi al nazi, sí, nazi Chis Torracista en la puerta de Ferraz apoyando a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. ¡Dios mío! Si hay fotos que invitan a la sospecha de contubernios oscuros y de conspiraciones negras, ¡ésa es una! Pedro, Pedro, ¿a dónde hubieras llegado de haber podido? Claro queda ya que el futuro del PSOE pasa por la desaparición del PSC, por una reorientación ideológica que le aleje del nacionalismo como fase superior del socialismo y le permita aceptar una socialdemocracia ética que no quiera invadir la democracia más o menos liberal que tenemos.

Hasta los cojones de los nazinalismos vasco y catalán, y de todos los demás, el andaluz incluido, aunque afortunadamente sólo es irracional, que no letal. Para siglos va que llevan los dos primeros robando la leche materna, sí, materna de todos los demás españoles, y siglos llevan tramando conjuras contra los millones de ciudadanos a los que desprecian. Se inventan la historia, se fingen razas superiores, se quejan, nos amenazan (o nos matan, según), les concedemos pasta para que se calmen y empieza de nuevo el ciclo.

Hasta los cojones de un PP, en el Gobierno con mayoría absoluta desde 2011 hasta 2015, que no sólo no ha resuelto los problemas nacionales -salvo el económico, menos mal–, sino que los ha empeorado, habiendo demostrado que no era ajeno a la corrupción, hasta entonces sólo visible en el socialismo y los nacionalistas. Lo que ha ocurrido y ocurre en Cataluña y el País Vasco es vergonzoso. Lo de este Chis Torracista es repulsivo e inaceptable. Si esto es todo lo que puede hacerse legalmente, está claro que es la ley la que debe cambiarse. Si podía haberse hecho más, la cobardía es obvia. Pero, lejos de regenerarse, este PP, paralizado por su desarme moral y por su autoritarismo interno, degenera cada día un poco más hasta la catástrofe final.

Hasta los cojones de Ciudadanos, sí, de su esquizofrenia enfermiza que les hace denunciar la corrupción y la putrefacción en Cataluña y Madrid y ampara prácticas peores o más en Andalucía y otras partes. Estoy hasta ahí mismo de que no sean capaces de concretar un programa político y de que jueguen a la geometría del centro del vacío, que no es nada de nada.

Y estoy hasta los cojones de mí mismo y del resto de nosotros, todos los demás –desde medios de comunicación hasta empresarios, de asociaciones civiles a organizaciones varias, desde familias de bien hasta profesores decentes, desde científicos hasta futbolistas, y lo dejo aquí–, que estamos todo el día contemplando ingeniosos memes sobre la situación y actuando como memos incapaces de encontrar una salida digna. De nuevo, la nación tiene que estar por encima de sus políticos, pero no parecemos saber cómo hacerlo.

Se creyó que la solución se había encontrado en 1978, pero no. La democracia española debe sanar de la metástasis de algunos cánceres, por dura que sea la terapia, para poder recuperarse como la gran nación, con pecados y glorias, que ha sido y es.

Hasta los cojones de todos nosotros, cierto, pero yo no me voy.

La farsa chavista que defiende Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital 21 Mayo 2018

Las elecciones presidenciales convocadas por Nicolás Maduro son una farsa destinada a mantener en el poder al sanguinario tirano que está devastando Venezuela. Maduro se ha deshecho, de una u otra indigna forma, de los principales líderes opositores, como Leopoldo López, bajo arresto domiciliario, Antonio Ledezma, exiliado en España, o Henrique Capriles, al que también se ha prohibido participar en los comicios. El grueso de la oposición venezolana, agrupada en torno a la Mesa de Unidad Democrática, ha denunciado la infame maniobra del fiel discípulo del golpista difunto Hugo Chávez Frías.

Desde la derrota del chavismo en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, Maduro ha alterado el régimen electoral, descabezado a la oposición y subvertido el orden institucional con una Asamblea Constituyente controlada férreamente por los liberticidas y que ha dado luz verde a todos esos abusos dictatoriales.

Estas elecciones que no lo son han sido denunciadas por la UE, Estados Unidos y la mayoría de los países iberoamericanos por carecer de las más elementales garantías democráticas. Pero al chavismo criminal y criminógeno le queda un valedor, el indigno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tenido la desvergüenza de criticar al Parlamento Europeo por no dar su visto bueno a la farsa del asesino al que se ominosamente se empeña en lavar la cara.

La actitud del expresidente del Gobierno es intolerable y el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería volcarse en su descalificación, especialmente en los foros internacionales y ante la opinión venezolana. Zapatero se está comportando como un auténtico indeseable y no debe quedar el menor asomo de duda de que España no está implicada en sus sucias maniobras, ni directa ni indirectamente.

Félix Ovejero: "Estamos así en Cataluña por haber aplicado la tercera vía"
El profesor de la UB señala que se ha querido contentar al nacionalismo sin obtener resultados y que se deberá actuar "de frente" buscando un relato de salida
Manel Manchón cronicaglobal 21 Mayo 2018

?Félix Ovejero (Barcelona, 1957) no se esconde. Inspiró los primeros pasos de Ciudadanos en Cataluña, porque ha entendido que el nacionalismo ha sido perjudicial para el conjunto de los catalanes. Habla claro, rápido. Señala que la izquierda ha tenido una gran responsabilidad en la actual situación en Cataluña, y que, en realidad, “es la tercera vía” la que “nos ha llevado hasta aquí”, al proponer acuerdos, a su juicio, que el nacionalismo ha ido aprovechando sin querer, en ningún momento, darse por satisfecho. Profesor titular de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona, Ovejero defiende con convicción sus tesis, tras señalar que se debe acabar “con la ficción independentista moral y políticamente”.

--¿Entiende que lo que ocurre ahora en Cataluña es un proceso que se pretende culminar y que arranca con Jordi Pujol, pero también un poco antes, junto con la izquierda que aunó la tradición católica-nacionalista-comunista que representó el PSUC?
--Sí, es interesante repasar la composición de las élites políticas de la izquierda, su procedencia, poco accesible a las clases trabajadores. Y cuando “cooptaban” a algunos, estaban acomplejados y compraban la retórica de la integración, como algo absolutamente reaccionario.

--¿En qué medida también el PSC es corresponsable?
--Es el mayor responsable. Basta con ver cómo ha ido reajustando su proyecto. Recuerden que el Foro Babel era un producto de la izquierda. Sin que nadie argumentara cómo ni por qué, poco a poco se pasó a defender las ideas del nacionalismo. El programa del PSC es el de los nacionalistas del año anterior. Y eso ha sido la tercera vía, siempre el punto intermedio entre lo que había y un poco más de nacionalismo. Resulta divertido escuchar periódicamente que esa es la solución. Al revés, el lío en el que estamos es resultado de aplicar sistemáticamente la tercera vía. Estamos aquí por haber aplicado la tercera vía.

-Para usted, ¿qué espacio queda para un sentimiento comunitario catalán? Es decir, ¿qué puede aportar ese nacionalismo catalán que tuvo un primer objetivo, como señaló Cacho Viu: la modernización de España?
--Perdone, pero yo me dedico a la teoría de la ciencia y esas grandes palabras me resultan vacías. El nacionalismo, esto es, un conjunto de individuos que sostienen que otro más amplio constituye una nación en nombre de la cual habla, solo tiene un objetivo: levantar una nación cultural y romper una comunidad de ciudadanos libres e iguales. Lo demás, la historia, me perdonará, se explica mejor desde los intereses y los conflictos. Soy marxista, que le vamos a hacer. La retórica ampulosa no explica, es la que necesita ser explicada.

--A su juicio, ¿cómo se arregla esta situación, con una reforma constitucional, en clave federal?
--Desde luego no se arregla haciendo concesiones a quienes no quieren ser contentados. Tengo bastante claro que el Estado de las autonomías, que se presentó para resolver un problema, en realidad lo ha cebado, o, si quiere, lo ha creado, generando un perverso sistema de incentivos. No tengo nada claro que, precisamente, la solución sea más autonomía, cuando buena parte de los problemas son resultados de “más autonomía”. Eso, claro, que no olvidemos que la unidad de valoración moral importante es el conjunto más amplio de nuestros conciudadanos, de momento, los españoles (y ojalá fueran los europeos). Por supuesto, siempre podemos trazar un perímetro arbitrario y ver si “lo nuestro está solucionado”. Claro que esto también se lo puede preguntar a los de San Gervasio cuando pagan impuestos municipales y nos lo podríamos preguntar los barceloneses respecto a otros catalanes. Contra la decencia de esa pregunta se ha escrito la historia entera de la izquierda.

--¿La situación actual obligará a un nuevo contrato social, diferente, cuestionando los principios del nacionalismo? ¿Un acuerdo entre iguales?
--Creo que cuando se ha embarcado tanta biografía, apearse de algo así será complicado. El proceso de desintoxicación no podrá ser un proceso racional, intervienen emociones, incentivos e intereses. Habría que proporcionar un relato de salida, y eso creo que podría aportarlo Ciudadanos, pero no lo sé con seguridad. Intervendrán muchos factores, y se verá cómo evoluciona. Para algunos será suficiente lo que ya ha ocurrido con las empresas que se han marchado, como gran señal de que existe una realidad. En todo caso, habrá que hablar de frente, decir las cosas. No veo, por ejemplo, al PSC en esa tarea, porque ha estado muy ligado a esa construcción.

--¿Pero ese contrato se debe hacer?
--Sí, pero no veo las condiciones. Vamos a tener que acostumbrarnos a la tensión, a seguir así por un tiempo. Veo un fenómeno nuevo, al margen de lo que vamos hablando sobre Ciudadanos, que es Vox. Me da la impresión de que puede subir, porque se han dejado huecos, con Ciudadanos como un partido moderno, con el PP, que ha asumido muchos valores del progresismo, y con todo el resto del mapa político marcado por la socialdemocracia. Y eso puede dar un momento constitucional nuevo, que la gente salga a la calle, y lo hemos visto en Cataluña, para reconocerse como comunidad política. Hay un mercado político que queda por desarrollar, y es posible que por la derecha salga algo nuevo, en función de cómo evolucione el PP. Veremos.

Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»
La juez asegura que la quitaron de en medio «porque lo que estábamos viendo era sumamente grave» y podía estar pasando en otras autonomías
María Jesús Pereira. SEVILLA. ABC 21 Mayo 2018

Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a ABC su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».

En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?
De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos... En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.

En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.

En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?
Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.

Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.
Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.

¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?
Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.

Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.
Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.

El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.

¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?
Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación.

El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.

Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?
No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.

Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.
Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho.

Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio... Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.

Afirma que la canciller se saltó al Parlamento
La nueva derecha alemana llevará a Angela Merkel ante los tribunales por abrir las fronteras del país a la inmigración ilegal
www.latribunadelpaisvasco.com 21 Mayo 2018

La nueva derecha alemana, el partido AfD que se ha convertido en líder de la oposición germana, quiere llevar a Angela Merkel ante el Tribunal Constitucional por su decisión de abrir las fronteras del país en 2015. Al pasar por alto al Parlamento, Merkel violó la Constitución, se afirma desde el AfD.

Durante el debate migratorio de agosto de 2015, Merkel pronunció las palabras "Wir schaffen das" (“Podemos manejar esto”) para indicar que, en su opinión, el país estaba listo para tratar con los centenares de miles de inmigrantes, ilegales en su mayor parte, que habrían de llegar a Alemania.

Entre 2015 y 2018, la Oficina Federal de Alemania para la Migración y los Refugiados (BAMF) ha computado 1,65 millones de asilos. Se calcula que otros dos millones de inmigrantes refugiados podrían haber entrado en el país de forma ilegal.

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Carta a los comisarios: unos PGE de gasto descontrolado
Roberto Centeno. elconfidencial  21 Mayo 2018

El Gobierno de Rajoy ha elaborado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de gasto descontrolado, que además de desmantelar todas las medidas de estabilidad y racionalidad económica y destruir la viabilidad futura del sistema de pensiones, ignoran el devastador impacto de la subida del precio del petróleo y del dólar sobre el crecimiento y el empleo, así como el cambio radical que supondrá para financiar España el fin de las compras masivas de deuda por parte del BCE, y la subida de los tipos de interés. Y con un Gobierno y un Parlamento paralizados, ¿quién se preocupa hoy por el futuro de España? Solo por el suyo propio.

Y es que Rajoy, en su intento desesperado por conseguir la aprobación de los PGE para garantizarse dos años mas de gobierno está dispuesto a arruinar España política y económicamente, porque no vamos a la recuperación sino a la quiebra. Para obtener los cinco votos del PNV, ha otorgado a estos separatistas, cuyo objetivo declarado es separarse de España, unos beneficios económicos escandalosos y aceptado la vulneración de todo el orden constitucional, permitiendo ocupar la presidencia de la Generalitat a un radical decidido a destruir España, sin exigirle siquiera el acatamiento expreso de la legalidad y la Constitución.

Pero si Rajoy ha enloquecido y se está llevando España por delante, Rivera está traicionando todo su proyecto nacional y constitucional para mantener en el poder a quien está pactando con Sánchez la formación de una coalición poselectoral PP+PSOE tipo Alemania, que le excluirá del gobierno. Pero este insensato está tan encantado con las encuestas, el apoyo del Ibex y su calendario político e internacional, que va a apoyar unos PGE que suponen la ruina de España. Inés Arrimadas, infinitamente más inteligente y capaz, que jamás toleraría las infamias pactadas con el PNV ni la vulneración flagrante de todos los acuerdos de investidura que traga su jefe, debería exigirle que rompa de una vez con Rajoy, que además se cortaría las venas antes que votarle como jefe de Gobierno.

Ante tamaños desatinos, nosotros (1) hemos hecho lo único que podemos, explicar la situación a quienes pueden evitar el desastre: los responsables de Bruselas, el BCE y el ministro de Finanzas de Holanda, que lidera el grupo de ocho países que se oponen a seguir financiando los déficits del despilfarro. Esta es la carta enviada:

“Muy Sr. mío:
Desde 2016, nosotros, los abajo firmantes, un grupo de profesores y economistas independientes, hemos sometido a varios comisarios europeos cálculos detallados que demuestran la manipulación de la contabilidad nacional de España.

Según nuestros cálculos, que en ningún momento ni sus servicios ni ninguna otra institución han podido afirmar que eran erróneos, se demostraba más allá de toda duda razonable que el PIB oficial está sobrevalorado en un 16% respecto al PIB real, lo que tiene consecuencias trascendentes sobre la magnitud de los déficits y sobre la sostenibilidad de la deuda.

Si a ello unimos el que el crecimiento económico de España necesita por cada euro de riqueza creada más de un euro de incremento de deuda ( p.e. en 2017 un crecimiento del PIB 'oficial' de 34.000 millones de euros ha requerido un incremento de la deuda total de 56.000 millones), es obvio que España depende del programa de estímulos del BCE para no declararse en suspensión de pagos.

Pero es que, además, la dinámica de incumplimientos sistemáticos del Gobierno no solo no tiene fin sino que se acentúa. Para empezar, el déficit público 'oficial' de 2017 del 3,07% es falso. Por un lado han retenido las devoluciones de 400.000 contribuyentes y de otro han tenido que utilizar 6.834 millones del Fondo de Reserva de las Pensiones, lo que significa que el déficit real ha sido del 3,75%.

Y para seguir, los PGE 2018 enviados a la UE contemplan un incremento del gasto público de 9.200 millones (incremento salarial a los empleados públicos, coste del rescate de autopistas), y ni un solo euro de recorte del gigantesco despilfarro político, donde solo las duplicidades entre AAPP representan 36.000 millones de euros al año de un despilfarro total del orden de los 100.000 millones. En resumen, no hay recortes relevantes de gasto por ninguna parte en un Presupuesto 2018 que se ha pactado con Bruselas, y sí incrementos injustificados del gasto.

Pero esto no es lo peor, lo verdaderamente grave es el completo abandono de cualquier política de control de gasto, y sobre todo el ignorar totalmente las devastadoras consecuencias de la subida del precio del petróleo y el gas y la depreciación del euro respecto al dólar, lo cual reducirá el crecimiento presupuestado en un 0,8% y destruirá 187.000 empleos solo en 2018.

El pacto político entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco ha aplazado varios años la aplicación de la Ley de Sostenibilidad de las Pensiones, con la que el Gobierno pretendía frenar los crecientes déficits de la Seguridad Social. Unos déficits brutales y absolutamente fuera de control, que en 2018 ascenderá a 21.660 millones de euros que serán financiados con 15.160 millones de deuda y 6.500 millones del Fondo de Reserva, que prácticamente desaparecerá. La no aplicación de la Ley de Sostenibilidad, que afecta a 350.000 nuevos pensionistas, añadirá un déficit adicional de 1.500 millones en 2019, 3.000 millones en 2020 y 4.500 millones en 2021. En resumen, un desbarajuste presupuestario absoluto.

Pero todo lo expuesto resulta empequeñecido ante los efectos de la evolución del precio del crudo y del gas y del tipo de cambio EUR/USD. Los Presupuestos 2018 enviados por el Gobierno de España se han realizado bajo los supuestos de un precio medio del crudo Brent de 67,7 $/barril y un tipo de cambio EUR/USD de 1,20. Nada más lejos de la realidad, incluso siendo optimistas, porque las cosas van a ir a peor, una media de 79 $/barril para el resto del año y de tipo de cambio en 1,18 como a día de hoy sería la hipótesis mas probable. Esto significa que frente a un precio de crudo previsto en los PGE 2018 de 56,4 EUR/barril, la realidad será a partir de ahora de 66,9 EUR/ barril, un 18,6% mas.

Para los años 2019, 20 y 21, la previsión de los Presupuestos es un precio del Brent de 63,9 $/barril, cuando la media de analistas estiman una horquilla entre 85 y 95 $. El Bank of America afirmaba el viernes que “el crudo Brent podría llegar a 100 $/barril en 2019 o incluso antes”, y Goldman Sachs estima un precio de 82,5 $ en la segunda mitad de este año. Una media de 85 $ en 2019, 90 $ en 2020 y 95$ en 2021 parece una hipótesis razonable. ¿Y cómo afecta a España? El Ministerio de Economía estima que cada 10% de incremento del precio del crudo reduce el crecimiento en 0,7 puntos y el empleo en 150.000 personas. Dado que restan 7,5 meses para acabar el año, 79 $/barril y tipo de cambio EUR/USD en 1,18 reducirían el PIB en 0,8 puntos y 137.000 empleos.

Adicionalmente, con las estimaciones de precio antes señaladas, la caída del PIB en 2019 será del 2,8% y se destruirán 600.000 empleos, y peor aún en los años siguientes, una situación insostenible. Esto significa crecimiento cero y creación de empleo cero a partir de 2019, por lo que la finalización de la política de compra de deuda por el BCE y la subida de tipos conducirá a España a suspender pagos.

El futuro de España y de la eurozona se encuentra en riesgo cierto. Solo la Unión Europea puede obligar al Gobierno a tomar las drásticas medidas de recorte de despilfarro político, que asciende a 100.000 millones de euros, para evitar el desastre económico de nuestra nación. No pueden ya seguir ignorándolo.

No es necesario decir que quedamos a su total disposición para reunirnos en Madrid o en Bruselas con los responsables de sus servicios y mostrarles las cifras y los hechos que, sin su ayuda, nos llevarán a todos al abismo.

Atentamente.”
Roberto Centeno; Juan Laborda; Juan Carlos Barba y Juan Carlos Bermejo.

Esto sólo lo resuelve otro 155
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 21 Mayo 2018

La decisión de Rajoy de dejar una y otra vez una puerta abierta al independentismo catalán con la esperanza de que pudiera utilizarla para reconsiderar su actitud se ha saldado con sonoros portazos. Al presidente del Gobierno le convenía personalmente esa estrategia para ganar tiempo, pendiente como aún está del apoyo de los nacionalistas vascos a sus Presupuestos.

Sin embargo, el último paso de Quim Torra, intentando nombrar como miembros de su Govern a políticos encarcelados y huidos de la Justicia, es una bellaquería que no deja otra salida a Rajoy que responder. Tal y como hoy publicamos, el 52% de los españoles considera que los separatistas están ganando el pulso el Estado y un porcentaje un poco mayor, el 55%, entiende que el Ejecutivo no bloqueó la investidura de Torra para seguir manteniendo el apoyo del PNV.

Errores e impotencia
Los continuos errores y la impotencia del Gobierno en la crisis catalana han multiplicado las opciones de Ciudadanos como alternativa. En tales circunstancias, Rajoy no podía admitir la última burla de los separatistas.

En realidad, pese a que sus comentarios racistas lo inhabilitan como mínimo moralmente, Torra es un presidente que ha sido nombrado siguiendo las leyes y no hay ningún precepto legal que le impida elegir a los consejeros que quiera. Evidentemente, es un disparate y una burla que haya optado por personas que no pueden ejercer y posiblemente siquiera tomar posesión de su cargo.

Bloqueo político
El Gobierno hace lo políticamente correcto al negarse a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat esos nombramientos y obligar a Torra a que recurra la decisión ante el Constitucional. Pero eso, salvo que Torra ceda -y conocida su radicalidad es ciertamente improbable- conduce inevitablemente a un bloqueo político.

Para salir de este atolladero será necesario aplicar un nuevo 155 que suponga la destitución de Quim Torra y que permita el control real de las instituciones catalanas, incluida TV3, tal y como viene reclamando Albert Rivera. A dirigentes como Torra no se les puede confiar ni las finanzas, ni los Mossos, ni el control de los medios de comunicación públicos.

La imposible 'normalidad'

Francesc Moreno cronicaglobal 21 Mayo 2018

No cabe la menor duda sobre la voluntad del Gobierno español de acabar con la aplicación del artículo 155 lo antes posible. De hecho, tenía tantas ganar de acabar con su aplicación que apenas la ha iniciado. Asumido por la mayoría independentista del Parlament el candidato designado por Puigdemont, después de diversos intentos frustrados, parecía que el ya famoso 155 tenía las horas contadas. En efecto, PP y PSOE se daban por satisfechos con una vuelta a la normalidad consistente en un Gobierno catalán que, aunque no renunciara a ninguno de sus objetivos, no pusiera demasiado en evidencia una nueva claudicación frente al independentismo.

Pero, otra vez, al independentismo legitimista representado por Puigdemont se le ha ido la mano. Primero, eligiendo como president a un testaferro con un pensamiento supremacista, xenófobo y admirador de personajes históricos manifiestamente fascistas y violentos, perfectamente homologable con la extrema derecha europea. Por si esto no fuera suficiente para poner en cuarentena cualquier viso de normalidad, Torra ha restituido como consellers a dos presos y dos fugados. ¿Cabe mayor probabilidad de reiteración delictiva, siguiendo el razonamiento de Llarena, que formar parte de un gobierno que no acata la Constitución y mantiene la legitimidad de un fantasmagórico gobierno en el exilio?

Ante esta situación, Rajoy ha decidido frenar la formación del nuevo Govern, no publicando los nombramientos en el DOGC. Ello implica que se mantiene vigente el 155 hasta que el nuevo Govern? sea nombrado.

Como el argumento para frenar la publicación en el DOGC es la existencia de consellers presos o fugados, y no la manifestada voluntad de no cumplir la Constitución y las leyes, lo previsible es que, tras las quejas de rigor, Torra nombre nuevos consellers y se levante el 155. Los independentistas desprecian la autonomía pero no están dispuestos a renunciar a engrasar económicamente a su red clientelar y a mantener el control de medios y escuela para su permanente agitación y propaganda.

Pero no debería ser así. No sé a qué hechos delictivos hay que esperar, en palabras de Rajoy, para aplicar ex-novo el 155. Yo entiendo que Rajoy quiera cargarse de razones antes de actuar. La cuestión es si prolongar lo inevitable no es peor que abordar el problema para resolverlo, o al menos abordarlo, con la mejor correlación de fuerzas.

Volver al pujolismo, lo que les gustaría a nuestros gobernantes en España sean del partido que sean, ya no satisface a los catalanes. Ni a los independentistas ni a los que no lo somos y reivindicamos respeto e igualdad de derechos y oportunidades. Que se vayan haciendo a la idea en Madrid, que parece que les cuesta entenderlo. Permitir un gobierno que piensa seguir incumpliendo la Constitución y las leyes, presidido por un xenófobo, que desprecia a más de la mitad de los catalanes, con o sin consellers fugados o presos, es una dejación de responsabilidad que los catalanes no independentistas no olvidaremos.

La hora decisiva del PNV
Pablo Sebastián republica 21 Mayo 2018

Vamos a ver qué hacen los primeros dirigentes nacionalistas vascos del PNV el lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente del partido Andoni Ortuzar, ante el nuevo desafío al Estado lanzado por el reciente presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra.

Porque el PNV cometió el error de entrometerse en la política nacional y la catalana exigiendo la retirada del artículo 155 de Cataluña, como condición para apoyar los Presupuestos de 2018 de Rajoy, y calificando de ‘presos políticos’ a los golpistas que están a la espera de juicio en la prisión, para evitar fugas como las de Rovira y Puigdemont.

Porque una cosa es pedir más dinero para el cupo vasco, transferencias de competencias del Estado y otra bien distinta es que, ahora que ETA parece disolverse, el PNV y el Gobierno vasco se echen al monte tras la senda que ha abierto Puigdemont y camino de la autodeterminación que Urkullu desea introducir en una reforma del Estatuto de Guernica.

Ósea el PNV se acerca a la hora de la verdad y tendrá que optar entre subir al monte o la legalidad. Porque todo apunta a que Rajoy, con el visto bueno de Sánchez y Rivera, no piensa retirar el 155 visto el envite que le acaba de lanzar Torra al nombrar consejeros de su gobierno a dos presos preventivos, Rull y Turull, y a dos prófugos de la Justicia, Comin y Puig.

Lo que constituye una prueba definitiva de que Torra, siguiendo órdenes de Puigdemont, no pretende gobernar desde la legalidad ni dialogar con Estado sino volverlo a desafiar. Y todo para provocar nuevas elecciones catalanas en las que Puigdemont pretende aislar a Junqueras y ERC, manteniendo así movilizados a sus seguidores del secesionismo catalán.

Por todo ello y si la salida del laberinto pasa por las nuevas elecciones en Cataluña es Rajoy quien las debería convocar, y en esta ocasión sin prisas, y destituyendo previamente a Torra por la vía de 155 y cuando antes mejor.

No en vano la estrategia de Puigdemont consiste en mantener activo y bajo tensión mediática el circo político catalán para que el ruido llegue a Berlín donde a la espera está de la decisión final de la Justicia de Alemania sobre su posible extradición a España.

Sabiendo como además lo saben el prófugo Puigdemont y su delegado en Barcelona, Torra, que mientras esté vigente el 155 en Cataluña el PNV, salvo un cambio de posición, no le aprobará a Rajoy los Presupuestos Generales de 2018 y en ese caso las elecciones generales españolas se tendrán que adelantar.

Salvo que el PSOE, con generosidad, se abstenga durante la votación de los Presupuestos aunque sólo sea para frenar el chantaje del PNV y facilitar la mejora de las pensiones. Argumento este último que Urkullu también podría utilizar para alejarse de Puigdemont y frenar las marchas de los jubilados de Bilbao. Y para evitar que muchas empresas del País Vasco, si ven a Urkullu echarse al monte, empiecen a emigrar en bloque como ya ha ocurrido en el territorio catalán.

Torra y la metástasis moral del nacionalismo catalán
Ignacio Varela elconfidencial 21 Mayo 2018

Si en su lúgubre toma de posesión Torra hubiera formulado el convencional compromiso de lealtad constitucional, estaríamos ante un perjurio. Está muy claro que no tiene la menor intención de respetar la Constitución ni de ser leal al Estado, que, pese a ello, lo ha designado como su representante en Cataluña.

Me pregunto cuáles son exactamente, en este momento, las competencias del presidente de la Generalitat. La coexistencia entre un presidente oficialmente proclamado con la ausencia de un Gobierno y una Administración intervenida por el 155 no puede sostenerse razonablemente más allá de unos días. O alguien se baja de la burra y se da paso a un Govern al que se pueda reconocer, o hay que revocar el nombramiento de Torra y regresar a la situación anterior.

Como de costumbre, Mariano Rajoy se ha encomendado al Tribunal Supremo para que le resuelva la papeleta inhabilitando a los presuntos delincuentes —presos y fugitivos— que Torra pretende incorporar a su Gobierno. Pero si cree que con ello se habrá resuelto algo, se engaña una vez más.

Más allá del tenor literal de la resolución del Senado, en el espíritu de aquella decisión se relacionaba su final con la normalización institucional en Cataluña. Al menos, con el inicio de esa normalización. Pero debemos hacernos a la idea de que no habrá normalidad posible con Torra. Su misión es que no la haya. Como dice Fernando Savater, no lo han puesto ahí a pesar de lo que piensa, sino precisamente por lo que piensa. Puigdemont no lo eligió por sus ignotas dotes de gobernante, sino por sus acreditadas ideas gorilescas y su vocación golpista. Este individuo es cualquier cosa menos un hombre de paz.

Así pues, no cabe llamarse a engaño: legalmente, quizás haya que levantar el 155. Pero seamos conscientes de que ello no abrirá el camino hacia la normalidad, sino, en el mejor de los casos, hacia la cronificación de la anomia y el aumento diario de la crispación. Cada semana lanzarán una provocación, siempre al límite de la ley. Si el Estado se la traga, lo celebrarán como un triunfo de la república. Si la frena, lo exhibirán como una muestra de la opresión. Lo peor sería acostumbrarnos a convivir durante años con esa situación.

Pero, a mi juicio, los dos mayores obstáculos para que el Estado responda adecuadamente al desafío separatista no están hoy en Cataluña, sino en la política española.

El primero es la lucha electoral prematura que se ha desatado en el interior del bloque constitucional. Una contienda doblemente venenosa: porque quiebra la imprescindible unidad y porque produce un estrabismo político que altera las prioridades del momento.

Cuando Albert Rivera escenificó en el Congreso su ruptura con Rajoy por la aplicación del 155, demostró tener más y mejor información que el Gobierno sobre lo que sucedería en Cataluña en los días siguientes. Pero también que su prioridad actual no es ayudar al Gobierno a hacer frente al desafío, sino acelerar su cabalgada demoscópica y desangrar aún más al PP, echándole encima a su propio electorado (el obsceno acto de exaltación patriótica de ayer merece comentario aparte).

Sánchez y Rajoy anunciaron cinco acuerdos sobre Cataluña, pero sospecho que en esa reunión se habló mucho más de Rivera que de Torra. El verdadero acuerdo —pronto se vio— fue asociarse frente al intruso, sindicando momentáneamente sus declinantes acciones en una 'joint venture' de defensa mutua frente a la escalada de Ciudadanos.

De ahí el escandaloso ninguneo de ambos al partido que, guste o no, lidera a las fuerzas constitucionales en Cataluña. Sánchez, en su diligente estreno como copiloto de Mariano, hasta le hizo el favor de tirar una coz a Aznar, ocultando que quien prendió fuego al tema catalán desde la oposición no fue el antiguo presidente sino el actual, su nuevo aliado.

Obsesionados por el adversario electoral del próximo año, los tres partidos descuidan la obligación común de hacer frente al enemigo institucional de la próxima semana.

También entorpece la acción contra el separatismo la extrema debilidad política del Gobierno, atrapado por su dependencia del PNV para ganar unos meses más de vida. Si Sánchez quisiera contribuir de verdad a fortalecer al Gobierno en esta crisis de Estado, sacaría a Rajoy de esa mazmorra negociando una abstención en la votación presupuestaria.

Pero para suicidios, ninguno tan absurdo como el que protagonizan los dos partidos tradicionales del nacionalismo catalán. ¿Qué queda del mítico 'gen convergente' que algunos aún evocan pese a la evidencia de que el PDeCAT es un guiñapo? ¿Y qué quedará de ERC cuando Puigdemont y Torra consumen su propósito de dictar un Decreto de Unificación Independentista que se lleve por delante la histórica sigla? De Junts pel Sí en 2015 a Junts per Catalunya en 2017; y de ahí, ya lo verán, a Junts per la República en 2019 (incluso antes, si Torra anticipa las elecciones).

Esquerra es para Puigdemont lo que Falange fue para Franco: le ha suministrado la armazón ideológica y la clase de tropa, para ser finalmente absorbida en el Movimiento Nacional, el partido único que Puigdemont incuba en Berlín y su sicario ejecutará en Barcelona. Incluso tiene a Junqueras, su José Antonio Primo de Rivera, convenientemente neutralizado en una cárcel enemiga para que no estorbe.

Quizá lo más desmoralizador, como ha señalado Sol Gallego-Díaz, es la sumisa mansedumbre con que políticos y partidos nacionalistas de larga trayectoria democrática han aceptado ponerse a las órdenes de un prefascista cavernario como Torra sin que nadie haya expresado siquiera el amago de un desacuerdo.

Desde Miquel Roca a Artur Mas, pasando por el propio Junqueras o el espectro viviente de Jordi Pujol, esta es la hora en que no se ha escuchado una sola voz procedente del antiguo nacionalismo democrático que rechace las atrocidades del centurión totalitario al que un orate en fuga ha entregado la Generalitat de Cataluña.

Esta condescendencia con la barbarie ideológica es la muestra concluyente de la metástasis moral de la clase política nacionalista en Cataluña tras el insensato 'procés'. Una metástasis que está a punto de extenderse —si es que no lo ha hecho ya— a dos millones de personas. ¿Habrá alguien que lo evite? Y sobre todo, ¿es ya tarde para evitarlo?

Torra es igual de racista que el resto
José García Domínguez Libertad Digital 21 Mayo 2018

No, el interino Torra no es un xenófobo. No lo es en absoluto. Y no lo es porque la xenofobia, a decir de todos los diccionarios, consiste en una tara psíquica que se exterioriza en el odio a los extranjeros o, si se prefiere conceder un sentido algo más blando y restrictivo al término, a los extraños. Sin embargo, a quienes en verdad odia Torra es a sus conciudadanos, personas con los que lleva compartiendo el espacio público y la vida cotidiana desde el mismo día de su nacimiento. En concreto, Torra abjura con toda su bilis de la mitad, grosso modo, de las personas con las que desde niño se viene cruzando por la calle a diario. Personas en cuya compañía compartió las aulas escolares, acudió a la universidad, participó en actividades deportivas, se topó en los pasillos de los hospitales, cedió ocasionalmente su asiento en el autobús o tuvo por jefes y subordinados durante el breve lapso de su trayectoria laboral en el que se ganó el sustento gracia a la nómina de una empresa privada.

Porque a los únicos seres humanos a quienes aborrece Torra, y con todas sus fuerzas además, con ira ciega, es a un muy específico grupo de ciudadanos catalanes. Únicamente a esos. En concreto, y como ya resulta universalmente sabido a estas horas, el décimo presidente de la Generalitat desprecia con saña compulsiva a cuantos habitantes de Cataluña se apelliden, pongamos por caso, García y que, no contentos aún con arrostrar semejante estigma de origen, osen prodigarse en el uso impune del idioma español. Y a eso, a la enfermedad de Torra, no se le puede llamar xenofobia por la muy sencilla razón de que no es xenofobia. Si se insiste en calificarlo de tal modo lo único que se estará certificando es que los racistas, pues de puro y duro racismo se trata, van ganando la batalla del lenguaje, lo que vendría a significar que van ganando la partida. No, el pequeño racista Torra no es ningún xenófobo.

Pero no solo eso. Porque el pequeño racista Torra tampoco es nada singular, ni raro, ni extravagante, ni especial, ni minoritario, ni peculiar ni insólito dentro del universo ideológico del que procede, esto es, dentro de la cultura del catalanismo. Torra es como los demás. Exactamente igual que los demás. Claro que es un pequeño racista, pero es que el resto, sus pares, también lo son. Todos. ¿Cómo explicar, si no, que esa producción literaria suya, la que publicó durante más de veinte años consecutivos en medios de comunicación cuyos contenidos estaban al alcance de todo el mundo, no generase escándalo alguno en la buena sociedad catalana y catalanista a la cual iban dirigidos? Pues por una razón desoladoramente obvia, a saber: porque Torra vomitaba en la prensa local ideas compartidas no sólo por los lectores de los medios catalanistas, sino por el conjunto de los autores y publicistas encargados de crear opinión entre ese público. Torra, su halitosis moral y su bilis supremacista, forma parte de la normalidad dentro del mundo catalanista. En ese albañal estelado, lo raro, lo insólito más que raro, sería topar con alguien que no pensase igual. Porque no es que él sea así. Es que ellos son así. Y siempre han sido así. Siempre. Pero en Madrid parece que se acaban de enterar.

ENTREVISTA A FERNANDO SAVATER
‘VOX y Ciudadanos llevan la punta de lanza política contra el separatismo’
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 21 Mayo 2018

Ha aportado dos términos imprescindibles para entender la realidad política y social actual: nacionalismo separatistas e izquierda lerda. Dice de Quim Torra que es ”lo más indeseable” del panorama, pero también tiene unas palabras para los ciudadanos que lo apoyan. Fernando Savater forma parte de esas sociedad civil valiente que da la batalla intelectual al separatismo, tanto catalán como vasco, y que se hartó de denunciar la ”corrupción de la Universidad del País Vasco” concediendo carreras y cursos a los etarras para acortar sus condenas.

En una entrevista con La Gaceta denuncia el compadreo de los gobiernos centrales con los partidos nacionalistas, la estrecha relación de Rajoy con el ”sospechoso y peligroso” PNV y, sí, también aborda la comentada compra del chalet de Iglesias y Montero. Savater en estado puro.

-Defina a Quim Torra
Por lo que sé de él, es un personaje racista, xenófobo… En fin, lo más indeseable que humana y políticamente hablando puede darse.

-En sus artículos carga contra los españoles, que no pueden considerarse extranjeros en Cataluña. La xenofobia se conoce como el odio al inmigrante ¿No es errado emplear el término en este caso?
Los xenófobos crean a los extranjeros. Ulrich Beck y otros sociólogos han dicho que fueron los nazis quienes ‘inventaron’ a los judíos. Es decir, los judíos era unos alemanes más, integrados, que vivían en tranquilidad… Lo que inventó el nazi fue la persecución a los judíos. Por supuesto que en Cataluña ninguna persona española es extranjera, sin embargo, el racismo nacionalista-separatista está inventando una raza distinta metida en Cataluña.

-Es decir, según estos autores, el nazismo destacó la figura del judío dentro de la sociedad para señalarlo como enemigo y justificar su persecución ¿Es una xenofobia artificial?
La xenofobia es la invención del enemigo, no el reconocimiento del enemigo.

-¿Se ha equivocado el Gobierno al no recurrir ante el Constitucional el voto delegado de Puigdemont y Comín para evitar así la investidura de Torra?
Sinceramente, un señor que dice que aspira a ser presidente de una autonomía, pero que no va a dedicarse a hacer autonomismo; que se niega a reconocer la Constitución; que insulta de esa manera a la mayoría de sus conciudadanos y que se propone a desobedecer la ley, yo creo que el Rey no debería haber firmado su nombramiento. Había razones suficientes para haber, por los menos, aplazado la cuestión, haber convocado al Consejo de Estado… No hay obligación de tragar un sapo como ese.

-¿Se necesita entonces aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución?
El 155 se aprobó en el Senado como un mecanismo que en el momento en el que se formara gobierno queda suspendido, por lo que no habrá más remedio que suspenderlo. Ahora bien, inmediatamente que Torra empiece a llevar a cabo el plan que acaba de exponer, habrá que volver a aplicar el 155. Supongo que de manera reforzada.

-¿Un 155 de verdad, no tan ‘light’ como el pactado por PP, PSOE y Cs hace unos meses?
Claro, un 155 vitaminado. Que actuara contra TV3, que metiese mano en la Educación… Verdaderamente, un 155 que empezara a enderezar todo lo que en Cataluña se ha torcido.

-El Gobierno ha mantenido un mutis absoluto en el exterior y el relato del separatismo se ha ido expandiendo poco a poco. Ha sido la sociedad civil quien ha plantado cara a Puigdemont y compañía ¿Qué opina de esta dejación de funciones del Ejecutivo central?
Arrimadas estuvo estupenda en su discurso durante la investidura de Torra. No olvidemos que hay políticos que están dando la cara. Pero sí, hay buena parte de la sociedad civil, lo que llamamos nación, que se está oponiendo al nacionalismo con más agilidad que el Gobierno. Pero también es verdad que hay una parte de esa sociedad civil que está apoyando al separatismo.

-Es cierto, hay una gran parte de la sociedad catalana que apoya a Torra y su discurso…
Aquí todo el mundo se preocupa mucho de las cosas que ha dicho Torra pero no olvidemos que la gente ha votado a Torra en el Parlamento, y lo han elegido, no a pesar de lo que ha dicho, sino por lo que ha dicho. Torra ya ha perdido perdón por lo que ha dicho, faltan por pedir perdón los dos millones que todavía siguen apoyando a los ‘Torras y compañía’.

-Hablaba de Arrimadas y su lucha contra el separatismo, ¿qué opina del papel que están jugando partidos como Ciudadanos o VOX -que está dando la batalla judicial-?
Ambos está haciendo de punta de lanza política, porque es un problema político, no una catástrofe natural. Partidos en este momento como Cs o VOX son los que están llevando la punta de lanza política en contra del separatismo.

-No es una catástrofe natural, pero las consecuencias están adquiriendo importantes dimensiones. ¿Es reversible la situación en Cataluña?
Siempre he sido partidario de pensar que no hay nada escrito en los cielos. El problema no es preguntarnos qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Los actores somos nosotros y por lo tanto pasará lo que dejemos que pase. Si no movemos un dedo, si nadie hace nada, si vivimos atemorizados ante el qué dirán, pasará lo peor, que gentuza como Torra y todos los que apoyan a Torra se llevarán el gato al agua. Evidentemente, solos no se van a parar. Van a continuar encantados de sí mismos, de modo que a esta gente hay que pararle los pies. Y hay que hacerlo con todos los instrumentos que ofrece el Estado de Derecho. Con todos.

-El PNV ya advirtió que con 155 no habría Presupuestos Generales del Estado. ¿Está actuando el Gobierno con el único fin de salvar las cuentas?
No quiero pensar que ese sea su único fin, sería demasiado cortoplazista y demasiado miope. Pero desde luego, por su comportamiento parece que pone los Presupuestos por encima de otras cosas mucho más importantes, y por complacer a un socio tan dudoso y tan sospechoso como el PNV, que en el fondo todos sabemos que tiene más sintonía ideológica y política con el nacionalismo separatista catalán que con el constitucionalismo español. Está haciendo una serie de concesiones que me inquietan.

-Estamos viendo de lo que ha servido años y años de compadreo con los nacionalistas catalanes ¿No es peligroso echarse ahora en manos del PNV?
Es peligrosísimo. Los males de la democracia en España han venido siempre de que los partidos que han alcanzado el Gobierno, pero no tienen una mayoría suficiente, han tenido que apoyarse en los nacionalistas, que están sobrerrepresentados. Sean los catalanes o sean los vascos, durante todos estos años han estado haciendo y deshaciendo a su antojo porque le venía bien al partido que estaba gobernando apoyarse en ellos.

-El PNV apuesta por una reforma del Estatuto de Guernica que presente al País Vasco como una ‘nación’, con Navarra incluida, y que garantice el ‘derecho a decidir’
Todo eso es separatismo, todo eso es el intento de inventar naciones distintas, levantar fronteras, inventar etnias diferentes dentro de un estado moderno. Es una vuelta atrás humana, democrática. El nacionalismo separatista es lo que llaman en Medicina una enfermedad oportunista. Es decir, que ataca a los organismo enfermos. Cuando hay un organismo debilitado por la crisis económica, por circunstancias complejas políticas, históricas etc… El nacionalismo se crece. El nacionalismo vasco, al ver que el Estado español está debilitado por la crisis catalana, aprovecha para plantear otra vez reivindicaciones de máximos.

-¿Cómo casa que la izquierda, tradicionalmente antinacionalista, apoye o respalde estos movimientos que usted acertadamente define como nacionalismos separatistas?
La izquierda en España no ha sido tradicionalmente antinacionalista, todo lo contrario. Desgraciadamente la izquierda española ha sido tradicionalmente nacionalista. Bueno, no nacionalista, separatista. La izquierda tiene el complejo infantil de que para ser de izquierdas hay que ser antisistema, que todo lo que debilite el sistema establecido es progresista y es bueno. Ese disparate, que ha sido tan habitual en la izquierda española, les ha llevado a apoyar el movimiento más antisistema, que es el separatista. Un separatismo que en su época fue incluso terrorista en el País Vasco. Desde luego hay una izquierda pensante que…

-¿La izquierda pura?
No. Existe una izquierda lerda que no piensa y que defeca acciones pero no las planea, mientras hay otra izquierda, minoritaria, pensante. En el País Vasco, por ejemplo, todos los movimientos químicos antiseparatistas y antiterroristas los dirigieron personas de izquierdas. Agustín Ibarrola, José Luis López de Lacalle, Ramón Recalde… Todos ellos eran personas de la izquierda auténtica y de verdad. Ellos son quienes llevaron a cabo la resistencia contra el terrorismo y contra el nacionalismo. Pero desgraciadamente, los partidos antisistema -no digamos ya Podemos en estos momentos- han sido más bien simpatizantes del nacionalismo.

-¿Ha acabado ETA?
ETA como organización militar de práctica terrorista ha acabado. Ha sido derrotada, no ha acabado voluntariamente porque ellos han querido hacer una concesión, sino que ha sido derrotada por la fuerzas del orden, por las instituciones jurídicas y por una cierta resistencia cívica pequeña, porque la verdad que no hubo muchos que se enfrentaran a ETA en la calle.

-Importante matiz el de la derrota
En el terreno militar, el del terrorismo, no cabe duda de que ha sido derrotada. Ahora bien, ETA no solamente era un movimiento terrorista, también es político. Eso continúa, tienen representación en los parlamentos fruto de los años de violencia y por supuesto ahora quieren vender un relato que dice ‘bueno, ahora como ya ha acabado la violencia hay que tragarse el nacionalismo separatista porque como no es violento tiene que ser bueno’.

-¿Han cumplido los gobiernos con las víctimas?
Desde luego no hna cumplido en el sentido de que las víctimas no solamente quieren que les pasen una mano por el lomo y que se les apoyen social y económicamente, que también. Las víctimas no quieren que se premie a los verdugos políticamente. Por supuesto que se les castigue como sea necesario, porque las cárceles son un castigo. Esas cosas que se han inventado ahora de que son una especie de escuela para regenerar a la gente… Es una oportunidad efectivamente de regeneración, pero ante todo son un castigo que se impone a los culpables de delitos.

-Hay muchos de esos verdugos que no serán castigados…
Las víctimas por supuesto quieren que se esclarezcan los casos que quedan por resolver -que son muchos-, que se castigue a los culpables y se les haga cumplir sus penas, no regalándoles cursos académicos y cosas por el estilo para que salgan antes. Y luego quieren que no haya un apoyo social a las ideas de los que cometieron los delitos.

-Hablando de cursos, como académico, ¿qué opinión le merece el escándalo del máster de Cifuentes? ¿Es corrupción?
He sido más de treinta años profesor universitario y jamás en la vida me ha llamado nadie para que aprobara o suspendiera a nadie, ni siquiera podría decir que he resistido las presiones heroicamente, y jamás he escuchado a mi alrededor a nadie que fuera presionado o hubiese oído ese tipo de cosas. Pero bueno, a lo mejor en otras instituciones las hay. El caso de Cifuentes ha salido a la luz y se ve que se le ha concedido, digamos, en circunstancias especiales, pero la extensión a lo de Casado me parece un poco sospechoso. El hecho de incluir a todos los que no nos gustan en eso.

-Usted estuvo denunciando durante mucho tiempo el fraude de los cursos a etarras para acortar sus condenas
Algunos hemos estado denunciando durante muchos años que se estaba regalando, no sólo másters, sino carreras enteras para ayudarles a reducir penas y nadie nos hizo caso. Francamente, eso sí que es corrupción. La verdadera corrupción la hubo en la Universidad del País Vasco con los etarras, esa sí que es una corrupción grave, porque todo lo que afecta al terrorismo y al separatismo es la mayor corrupción que ha habido en España durante años. Pero ahora hay más gente que está preocupada por las invenciones sobre los estudios de Casado que sobre lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña.

-No podemos terminar sin hablar del ‘chaletazo’ de Pablo Iglesias…
Yo, como soy partidario de la propiedad privada, no me parece mal que la gente tenga, si el dinero se ha conseguido por vías legales, y se lo gaste en lo que le parezca bien.

-El caso es que el líder de Podemos criticó al ministro Guindos por comprarse un ático más barato que el chalet que él acaba de adquirir ¿No resulta hipócrita?
Lo que debería es llevar a reflexionar a los que siempre ven la paja en el ojo ajeno. Un poco de hipocresía, sí. En general, todas esas personas que viven escandalizadas por lo que tienen los demás y no se preocupan de lo que hacen ellos mismos, a mí eso sí me parece hipócrita. Hay una parábola evangélica que es la del filisteo que está enorgulleciéndose de lo bueno que es y de lo malo que es el publicano que está rezando en un rincón. Eso ha quedado como una imagen de la hipocresía: ‘que bueno soy yo pero que malo son los demás’. Primero es un hipócrita, y después es un imbécil.

El juzgado contencioso donde naufragaban las causas contra el 'procés'
Ha inadmitido o desestimado reclamaciones de distintos recurrentes vinculadas con colisiones entre distintos colectivos y la Administración pública catalana
Beatriz Parera elconfidencial 21 Mayo 2018

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Barcelona comienza a convertirse en la dependencia en la que van a naufragar todas las causas contra el 'procés'. Así lo aseguran fuentes jurídicas que destacan que en los últimos años ha inadmitido o desestimado reclamaciones de distintos recurrentes vinculadas con colisiones entre diversos colectivos y la Administración pública catalana. Ahora tiene en sus manos una cuestión formulada por Sociedad Civil Catalana. Los antecedentes hacen temer a la asociación cívica que su reclamación fracase como las anteriores, pese a que el asunto promovido ha prosperado en casos similares presentados ante otras tres instancias.

El repaso a los antecedentes del juzgado vinculados con el proceso independentista arranca hace tres años, aunque tuvo su desenlace en 2016. En diciembre de ese año, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña enmendó su criterio para determinar que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y el Consell dels Collegis d’Advocats de Catalunya (CCAC) no podían permanecer adscritos al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

El ICAB se había adherido en 2013 y apoyó la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir, creada con el objetivo de trabajar para la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña. Bajo el epígrafe del manifiesto 'Por todo esto nos comprometemos', los firmantes asumieron una serie de compromisos que implicaban obligaciones como poner en marcha iniciativas de ámbito sectorial y territorial para "hacer pedagogía" para reclamar el ejercicio del derecho a decidir.

Tres de los abogados colegiados recurrieron al 4 la decisión, pero la magistrada titular, Rosa María Muñoz, inadmitió de plano su demanda para ver cómo meses después el Tribunal Superior regional la obligaba a cursarla. Su respuesta fue admitir la cuestión y, a renglón seguido, desestimarla. Tras el nuevo carpetazo, la sentencia del TSJ contradijo este criterio, al considerar que la decisión del Colegio de Abogados suponía una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación.

Otra inadmisión
No fue este el único caso: la jueza desestimó también el recurso de la Delegación del Gobierno en Cataluña para impugnar los pagos de fondos públicos que hicieron distintos entes locales a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Juzgados de Girona, Barcelona y Tarragona dieron la razón al organismo en reclamaciones similares, pero la presentada en el 4 fue inadmitida. Por la cuantía de asunto, la sentencia no pudo ser recurrida a una instancia superior.

Pese a este precedente, Sociedad Civil Catalana recurrió recientemente algo similar y en el mismo juzgado. Tres sentencias anteriores han declarado nula e ilegal la adhesión a la AMI y la aportación de fondos públicos de los ayuntamientos de Reus, Terrassa y la Diputación de Tarragona. En aplicación de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en que se concreta que las entidades locales no tienen potestad para actuar en defensa de proyectos políticos.

La asociación espera ahora la decisión de ese mismo juzgado, que debe pronunciarse en breve sobre la cooperación económica emprendida con la AMI por el Ayuntamiento de Castelldefels y la Diputación de Barcelona. Fuentes del colectivo temen que, a la vista de las anteriores decisiones, el 4 de lo contencioso cierre también la puerta a la solicitud, que en este caso sí podría ser recurrida.


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