AGLI Recortes de Prensa   Jueves 24 Mayo 2018

El triunfo de Rajoy
Pablo Sebastián republica 24 Mayo 2018

Lo lógico en las actuales circunstancias políticas españolas sería que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy hubiera sucumbido en una moción de censura del Congreso de los Diputados y se hubieran convocado, por un Gobierno interino y neutral, elecciones generales anticipadas. Pero eso que sería lo propio en una democracia europea de nuestro entorno en este país llamado España es imposible e impensable.

Incluso y a pesar de: la corrupción y escándalos políticos que manan a borbotones en el seno del PP; la pésima y errática gestión política y jurídica del desafío catalán; el empleo de baja calidad; el crecimiento de la deuda; y la incertidumbre que planea sobre las pensiones de nuestro país. A lo que se puede añadir mal Gobierno en Ministerios como los de Interior Exteriores, Justicia, Industria y Portavoz. Y el hecho crucial de que el Gobierno está en minoría en el Congreso de los Diputados.

De la mala situación general de España dan fe todas las encuestas que se publican y anuncian un desplome del PP (como se ha visto en Cataluña). Pero nada de ello ni el interés general de España preocupa a los partidos de la Oposición que suman mayoría en el Congreso. Y que son incapaces de derribar a Rajoy, mientras hacen alarde de un tacticismo infantil y electoral que nada tiene que ver con la vida democrática y el interés general.

Y que no solo no se oponen (salvo verbalmente) a Rajoy, sino que lo pasean en volandas aclamando y aprobando sus Presupuestos de 2018 para que el Presidente del Gobierno pueda permanecer cómodamente en La Moncloa hasta mediados de 2020, si él quiere. Porque incluso podría adelantar las elecciones generales (y unirlas con las municipales y autonómicas) si creyera que ello podría beneficiar al PP. Aunque ese golpe de efecto no entra en el estilo inmovilista de Rajoy.

De manera que, a pesar de los pesares que rodean el Gobierno y al PP, está claro que Rajoy alcanzó ayer en el Congreso un importante triunfo político. Incluso ‘domando’ las ínfulas secesionistas del PNV que ha suprimido sus condiciones previas sobre la retirada del 155 de Cataluña (menudo papelón de Urkullu y Ortuzar) y las soflamas patrióticas y de anti corrupción de Albert Rivera que come como un tierno borreguito en la mano de Rajoy.

Y en el flanco de la izquierda a no perder de vista las nuevas y continuas obsequiosas declaraciones de Sánchez en apoyo de Rajoy en Cataluña (a pesar del PSC). Y qué se puede decir de la bronca interna de Podemos bien sobre la rebelión fallida de Bescansa y la sumisión de Errejón, o sobre el ‘bonito’ chalé de Iglesias y Montero que ha puesto patas arriba el partido como se aprecia en los nervios del líder y en la pública bronca entre El Kichi (alcalde de Cádiz) y Juan Carlos Monedero.

Todo un regalo de Iglesias a Rajoy en plena crisis del PP de Madrid y ahora que la Guardia Civil acaba de detener a su ex portavoz en el Congreso y ex ministro de Aznar, Eduardo Zaplana, y cuando estamos a solo 48 horas de conocer la primera sentencia de las corrupciones del caso Gürtel que a buen seguro será muy dura para el PP.

Pero a Rajoy (y a Montoro) ‘que le quiten lo bailao’ en la votación triunfal y favorable a sus Presupuestos Generales de 2018 en el Congreso de los Diputados lo que le garantiza dos años más de disfrute del poder.

Bruselas critica el Presupuesto
Primo González republica 24 Mayo 2018

El Presupuesto del Estado para el año 2018 no solo nace tarde (ha transcurrido ya casi medio año de vacío legislativo) sino que llega cargado de compromisos y componendas que lo hacen menos creíble de lo que sería deseable. No es de extrañar, a la postre, que Bruselas se haya subido al púlpito para darnos algunas recomendaciones y reprimendas. Realmente no son muy diferentes a las que ya se han formulado en España por parte no tanto de otras formaciones políticas (si por algunos fuera, los despropósitos habrían llegado bastante más lejos) como de analistas independientes.

La reprimenda principal atañe al probable incumplimiento de los objetivos de déficit. No es que sea un asunto al que haya que dedicarle un respeto casi sagrado, pero el déficit presupuestario en una economía que lleva creciendo cerca de cuatro años al ritmo del 3% anual no es fácil de comprender. España ha reducido de forma notable el déficit público en relación con el PIB, justo es reconocerlo. Pero esta reducción tiene mucho más que ver con el crecimiento vegetativo de los ingresos que con una adecuada domesticación del gasto público, lo que significa que el esfuerzo de la maquinaria estatal para volver a una cierta ortodoxia económica ha sido más bien escaso.

Este escaso esfuerzo para domesticar el déficit público (que podría elevarse este año al 2,7% del PIB, una décima más de lo previsto) es una de las reticencias que plantea Bruselas cuando analiza nuestras cuentas públicas aunque el rasgo principal de sus críticas se ha centrado ahora, con el último Presupuesto, en la falta de seriedad de los políticos españoles a la hora de no respetar y saltarse a la torera las reformas del sistema de pensiones, que tanto esfuerzo costaron hace tres o cuatro años y que ahora se han hecho saltar por los aires.

La Comisión Europea ha criticado estos días sin reservas la sujeción de las decisiones sobre la actualización del importe de las pensiones a la evolución de la tasa de inflación, como han reclamado algunas organizaciones sociales y en especial algunos colectivos de pensionistas. Esta vinculación la convirtió en bandera reivindicativa algún partido político de forma oportunista y ha logrado imponerla, para provocar una regresión en las reformas que se habían aprobado hace unos pocos años con las que se pretendía reforzar la sostenibilidad del sistema sin causar grandes daños a la renta de los pensionistas.

Este paso atrás ha sido criticado duramente por Bruselas estos días. Los incrementos de última hora en algunas partidas del gasto público, con una hipotética y poco creíble argucia de última hora con el anunciado incremento de la presión fiscal sobre las actividades de componente tecnológico, se van a traducir no solo en una merma de las posibilidades de cerrar un Presupuesto equilibrado lo antes posible sino en una pérdida de credibilidad de nuestro país de cara a los inversores internacionales que, al fin y a la postre, son los que van a financiar los desvaríos presupuestarios del país, tanto los de ámbito general como los relacionados con el déficit del sistema de pensiones.

Bruselas apunta a las autonomías como el gran problema de España
Las reformas que pide la Comisión chocan con las competencias autonómicas o las exigencias impuestas por partidos nacionalistas
Enrique Serbeto. Bruselas ABC 24 Mayo 2018

La economía europea recobra vigor. La Comisión publicó ayer sus recomendaciones semestrales en un ambiente de optimismo solo matizado por las incógnitas que plantea el nuevo gobierno italiano y los partidos que lo respaldan. Pero Francia sale del procedimiento corrector del pacto de estabilidad porque ha consolidado su control del déficit y España lo hará -según las previsiones europeas- el año que viene en cuanto se confirmen los datos de este ejercicio.

Las previsiones para la economía española son halagüeñas, salvo por cuestiones que afectan casi en su totalidad al sistema autonómico. Aunque no lo dice con todas sus letras, cualquier conocedor del sistema político español que lea el informe publicado ayer se dará cuenta que los principales puntos que Bruselas dice que hay que reformar, como unificar el mercado, mejorar la educación o homogeneizar las ayudas sociales, dependen de las comunidades autónomas. Y la crítica más aguda hacia las últimas actuaciones del Gobierno, que es la subida de pensiones, tiene como origen la necesidad de contentar a un partido nacionalista autonómico, como el PNV, cuyos votos eran imprescindibles para aprobar el presupuesto.

La Comisión dice -a todos los países- que hay que aprovechar esta época de vacas gordas para hacer las reformas que mejorarán la competitividad y reducirán los riesgos del mañana. En el caso de España, desde luego señala a puntos concretos que llevan años enganchados en el debate político.

El informe dice, por ejemplo, que las empresas españolas tienen una «limitada capacidad» para innovar, por el desajuste del sistema educativo esencialmente en manos de las comunidades autónomas y que crea tanto personas sobreformadas como infraformadas. «Aunque ha mejorado en los últimos años, el índice de abandono escolar está por encima de la media de la UE» y «el pacto por la educación que pretende una reforma profunda de la enseñanza sigue en la fase de negociaciones», que es una manera discreta de decir que está más que muerto.

«Las diferencias regulatorias en el entorno de negocios juegan un papel importante en la disminución del crecimiento de la productividad» dice también el informe refiriéndose a la maraña de legislaciones autonómicas que han convertido el mercado español en un laberinto. «En el contexto actual, las disparidades regulatorias y las restricciones en el ambiente de los negocios contribuyen a mantener altos los costes, reducen la movilidad geográfica de las empresas y los trabajadores y restringen el crecimiento de la productividad». La Comisión se queja de que la ley de Unidad del Mercado «ha sido implementada solo en parte», debido a la oposición de las comunidades autónomas y por ello da pistas al Gobierno para que establezca estándares mínimos en los distintos sectores de actividad económica para homogeneizar la regulación.

El informe señala que existen problemas de homogeneidad hasta en el caso de las ayudas sociales. «El impacto de las transferencias sociales para reducir la pobreza que no son pensiones -dice- está por debajo de la media europea y sigue bajando. Los ingresos mínimos garantizados se caracterizan por las grandes diferencias en las condiciones de acceso en las distintas regiones y debido a la fragmentación en múltiples esquemas nacionales los distintos tipos de desempleados son gestionados por distintas administraciones, lo que tiene como resultado que muchos ciudadanos que lo necesitan no reciben ningún tipo de ayudas».

El principal reproche que se le hace al Gobierno, sin embargo, es el de haber subido las pensiones en este ejercicio, a pesar de que la cuantía de estas prestaciones «se encuentra entre las más altas de Europa». El informe dice que «las proyecciones del próximo informe sobre envejecimiento y adecuación de las pensiones de este año indican que las reformas de 2011 y 2013 ayudaron a asegurar la sostenibilidad y su adecuación a largo plazo. Sin embargo, los aumentos de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuesto durante la elaboración del proyecto de presupuesto de 2018 ponen en duda el compromiso de esas reformas».

Ese aumento de las pensiones, acordado para contentar al PNV, es lo que impedirá alcanzar este año el objetivo de reducción de déficit. Y por ello le costará a España una rebaja en la regla de gasto para el año que viene. Es decir que habrá que pagarlo de todos modos.

Nuestro país es un auténtico sin Dios
Enrique de Santiago okdiario 24 Mayo 2018

En nuestro país, cuando un Tribunal Superior emite una orden a uno de inferior categoría este no tiene facultad de revisión de lo solicitado, en el mejor de los casos podrá interpretar una aclaración o complemento de lo que desea sea cumplido. Cuando nos vendieron la Unión Europea se recalcó la existencia de un territorio único judicial en el que, con las limitaciones, especificidades propias de lo que aún, pese a todo, no es más que un proyecto, la colaboración judicial debería de ser una realidad; si bien, eso, no es así y, cuando se cruzan las fronteras, los problemas se multiplican. Si tienes la desgracia de que tu ladrón sea detenido en Francia y los bienes son decomisados allí, la recuperación de tus bienes, una vez inmersos en la maquinaria estatal francesa no es compleja, es una labor de engranajes desesperantes en los que pierdes el tiempo, te pierdes, se pierden y contemplas con angustia cómo la maquinaria, ya de por sí lenta, de la Justicia, además, se convierte en prácticamente ineficaz.

Resulta absolutamente inadmisible que un tribunal asimilable, como mucho, a un Tribunal Superior de una comunidad autónoma, se pueda permitir no el incumplir una orden del Tribunal Supremo, sino incluso argumentar que la orden está mal planteada entrando, no sólo en el fondo de la misma, sino también en la forma, para además hacerlo —al menos visto desde fuera— con tintes de desdén y menosprecio. Absolutamente inadmisible, inapropiado y preocupante, en la medida que un sargento chusquero de Alemania se permite discutir no sólo la orden, sino el trámite de la misma concedido por un General Español.

Ciertamente, que un juez reciba la medicina de desprecio y falta de respeto que él en muchas ocasiones dispensa a sus justiciables, o inferiores, puede aparecer como una medicina apropiada para la comprensión de que la humildad, la profesionalidad y el respeto deben de producirse en todo momento; pero, cuando la medicina la intenta aplicar quien no está ni autorizado, ni tiene el nivel preciso, despreciando no a un juez, no a un Tribunal, no a un sistema judicial, sino a toda una nación soberana, merece una reacción adecuada, contundente y clara no del juez, ni del tribunal, ni del sistema judicial, sino del Estado español que no observo se esté produciendo.

Estamos exculpando a un rapero, Valtonyc, que afirma sin pudor “para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten sus costillas, exploten, brindaremos con champán“, en aplicación de su libertad de expresión; condenando a un catedrático, Méndez Naya, por defender la inocencia de “la manada” y decir “la chavala se dejó hacer, evidentemente” y “disfrutó”; aceptando que nuestro ministro de Justicia critique una sentencia y afirme, sin rigor y sin criterio alguno, que el “juez tiene un problema singular”; para, finalmente, que Torra llegue a la presidencia de la Generalidad Catalana manifestando: «Los españoles solo saben expoliar»; «si seguimos aquí algunos años más corremos el riesgo de acabar tan locos como los mismos españoles» y, ahora, que un tribunal de sexta división se permita despreciar a nuestro Tribunal Supremo y a nuestra nación y nadie diga nada, son síntomas de una repugnante putrefacción, del fin de un ciclo. Los jueces en huelga clamando por su independencia, por los medios que se le conceden a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social, por sistemas informáticos útiles, por sueldos dignos… y los políticos en confrontaciones estériles mientras, dentro y fuera, nos toman por el pito de un sereno.

SOS de fiscales y jueces catalanes
Javier Caraballo elconfidencial 24 Mayo 2018

Si el único muro que ha frenado el avance independentista ha sido la Justicia española, el tercer pilar del Estado, la alerta que ya han lanzado desde Cataluña jueces y fiscales debería encenderse en toda España de forma inmediata, como una alarma que no se puede ignorar. “Como no se le ponga remedio, en pocos años el independentismo se habrá hecho con la Justicia en Cataluña por la vía de los hechos”, afirman. Se trata solo de esperar y no hacer nada, mantenerse de brazos cruzados como ha ocurrido en todos los demás frentes, político y legislativo, hasta que, el otoño pasado, la situación se desbordó y alcanzó la gravedad de un golpe de Estado, el más grave que ha sufrido la democracia española en sus 40 años de existencia. Precisamente porque conocemos las consecuencias de la inacción, será fácil concluir que lo único que no se puede admitir, otra vez, es que el Ministerio de Justicia haga oídos sordos a las llamadas de auxilio que le llegan desde la judicatura. Y eso es lo que está ocurriendo.

Según la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, fiscal de Barcelona, en el caso de los fiscales, la señal de alarma se ha encendido cuando se ha convocado un concurso de traslados que, por un acuerdo interno, es un concurso ‘a resultas’ en el que los fiscales expresan su interés por cambiar de plaza a la espera de que, formalmente, se sepa cuánta disponibilidad existe en toda España. Es decir, se convoca el concurso, los fiscales que lo desean solicitan traslado, pero los cambios no se aprueban hasta que se conocen las plazas que hay disponibles.

“Lo que nos ha salvado —explica Cristina Dexeus a El Confidencial— es que solo han quedado disponibles 13 plazas en toda España, porque apenas hay cambios ni ampliaciones en la plantilla. Pero sí nos ha servido para ofrecernos un mapa del problema: gente consolidada en Cataluña como fiscales, con hijos mayores y una vida asentada, han solicitado el traslado, aun sabiendo que era muy difícil que pudiera hacerse realidad. Con lo cual, lo que está claro es que en cuanto se puedan ir, se van. El año que en vez de solo 13 plazas en toda España haya 70, ahí estará el problema”.

No es solo una hipótesis de futuro, porque los efectos del aumento de fiscales independentistas ya son una realidad palpable. Ahí está la fiscal sustituta de Terrassa, Isabel Aranda, que se ha hecho famosa esta semana por difundir por redes sociales la imagen del juez Pablo Llarena con un bofetón independentista grabado en la cara. Si existen fiscales sustitutos independentistas, es también una consecuencia de lo que, desde hace años, vienen sembrando los nacionalistas catalanes con el consentimiento del Gobierno de España. “Los fiscales sustitutos no son fiscales de carrera —explica Cristina Dexeus—, se trata de personas que tienen la carrera de Derecho y reúnen algunos méritos. En el caso de Cataluña, como se ha estado cediendo siempre a las peticiones nacionalistas, la mayor puntuación para esas plazas se obtiene con un nivel elevado de conocimiento del catalán o del derecho foral catalán, que es algo que a los fiscales no nos sirve de nada. Pero como siempre se ha estado cediendo, el resultado es este, un sistema que favorece que a la Fiscalía llegue gente con el carné independentista en la boca”.

En el caso de los jueces, la consolidación de una plantilla de jueces independentistas también es ya una amenaza real que se ha plasmado en la creación, a principios de año, de una asociación de jueces, Ágora Judicial, contraria al procesamiento de los políticos que participaron en la revuelta de septiembre y octubre. Francisco Gutiérrez, magistrado de Sevilla, miembro de Foro Judicial Independiente, que participa en la mesa de negociación con el Ministerio de Justicia, al igual que la fiscal Dexeus, ratifica “la especial peligrosidad de lo que está ocurriendo”. “Artur Mas ya lo dijo en octubre pasado: ‘Si no tenemos independencia, es porque no controlamos el poder judicial’. Es decir, que los independentistas son conscientes de la situación y lo que están haciendo es cambiarla. Poco a poco lo van consiguiendo, porque hay mucha gente allí que está deseando irse. Es un goteo incesante, jueces y fiscales, pero también registradores y notarios. ¿Qué hace un joven de menos de 30 años que llega al juzgado de un pueblo y, desde el minuto uno, siente la presión con pintadas, comentarios, acoso?... Eso ya lo hemos vivido en el País Vasco y ocurre ahora en Cataluña. Cobran poco dinero, menos que los funcionarios autonómicos, y encima tienen que soportar un entorno muy hostil, con un acoso constante. Si ni se toman medidas, en 10 años el colectivo de jueces de Cataluña será mayoritariamente independentista”.

Esa equiparación con el País Vasco y Navarra es lo que ha llevado a la totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales a exigir al Ministerio de Justicia que adopte medidas y que comience por la aprobación de un ‘complemento de penosidad’ en los salarios, como ocurre en esas dos autonomías desde la amenaza terrorista. “En 15 años —dice el representante de Foro Judicial Independiente— no solo no se han mejorado las condiciones salariales de la Justicia, sino que se han bajado. La carrera judicial tiene en este momento un grave problema de estancamiento y desmotivación, y eso, que es un problema general, se convierte en una pesadilla en situaciones como la de Cataluña. Por eso es urgente atajarlo, porque es un problema de Estado, no una reivindicación de un colectivo profesional”.

Y a todo esto, ¿qué responden el Gobierno de España y el ministro de Justicia? Nada, silencio. “Al menos en dos ocasiones, le he preguntado al ministro en esas reuniones: ‘¿Tenéis algún tipo de estrategia para afrontar lo que está pasando con la Justicia en Cataluña?, ¿tenéis algo pensado? Porque la gente se está yendo…’. Pero no, no hay ni siquiera un guiño de respuesta”, afirma la presidenta de la Asociación de Fiscales. “El Gobierno no contesta, no dice nada; es más, yo creo que ni siquiera se preocupa”, remarca el magistrado Francisco Gutiérrez, y plantea un símil esclarecedor: “Cuando han hecho falta policías, se han enviado, pero con la Justicia no puede hacer lo mismo, no puede fletar un ‘piolín’ y meter a 200 o 300 jueces y fiscales en un barco para convocar juicios. Repito: es un problema de Estado y tendría que ser el Ministerio de Justicia el que entendiera la emergencia, el que comience a tomar medidas, refuerzos, incentivos, planificación… Pero nada, ni siquiera les preocupa”.

La nación simpática
ARCADI ESPADA El Mundo 24 Mayo 2018

Hace bien Albert Rivera en quitarle la bandera española a Vox. Es peligroso que las banderas estén en manos de nacionalistas. La prensa socialdemócrata ha dado los grititos de rigor después de un acto de Ciudadanos en Madrid que quiso poner énfasis en los símbolos comunes. Dice nuestra prensa que no se puede oponer un nacionalismo a otro nacionalismo, pretendiendo comparar la limpieza democrática y constitucional de Cs con el programa autoritario y xenofóbico del gobierno de Cataluña. No hizo lo mismo nuestra prensa cuando Pedro Sánchez dio un mitin donde la bandera española ocupaba más espacio que los asistentes. A nuestra prensa no le preocupa que la bandera esté en manos de la izquierda: está perfectamente convencida que ser de izquierdas neutraliza el efecto de cualquier bandera. Nuestra prensa, tan rematadamente torpe, aún no ha aprendido la lección catalana: nada de esa devastación habría sido posible sin que la izquierda legitimara el nacionalismo.

La bandera constitucional está en las calles de Cataluña y del resto de España como reacción naturalísima al asalto de la democracia llevado a cabo por los nacionalistas. Y es positivo que esa reacción pueda vertebrarla Ciudadanos, porque Ciudadanos no es un partido nacionalista. En sus manos la bandera es el símbolo del obstinado empeño español de que puedan vivir juntos los distintos. Justamente contra lo que se ha levantado ilegal e ilegítimamente el gobierno de la Generalidad, y por lo que debe ser derrotado por la ley y la razón. Es frecuente que en las páginas de la prensa socialdemócrata asomen atorrantes alertas sobre el nacionalismo español, voceadas a veces por historiadores viejecitos que podrían abstenerse de decir simplezas, siquiera por edad. El nacionalismo español no es algo espectral, que quepa ir descubriendo debajo de cada cédula de identidad política. Un nacionalista español, o catalán, propugna hoy dos objetivos concretos en su programa: la desaparición del Estado de las Autonomías y la salida de la Unión Europea. Nada de lo que propugna Cs. Todo lo que propugna Vox. Todo lo que propugna el separatismo. La xenofobia institucional y la desmoralizante actitud de Europa ante la crisis catalana han provocado que los dos objetivos del programa nacionalista puedan cuajar. Pero un modo inteligente y feliz de combatirlos es traer a un francés de alcalde y dejar el himno, una vez fracasaron los graves poetas, en manos de una cantante de variedades. España es y debe seguir siendo una nación simpática. La cuerda que resuena por sí sola cuando se hace sonar otra.

La imprescindible desaparición del estado de las autonomías
Nota del Editor 24 Mayo 2018

Está meridianamente claro que el tinglado autonómico no tiene sentido y hay que desmantelarlo a toda prisa. Si desde aquí queríamos ir despacio es a causa de los millones de personas que se han acostumbrado a vivir del tinglado y por eso la primera medida debe ser la derogación de todas las leyes de lenguas regionales.

La unión europea es un carajal y necesita una urgente cura de adelgazamiento. Es impensable que los sujetos que pueblan el cementerio de elefantes tengan y ejerzan su poder para forrarse ahora y mas adelante, en vez de simplificar la vida de los europeos, buscando la eficacia para que Europa mejore.

Dar alas a Ciudadanos es defender más de lo mismo, echar humo para que parezca que algo cambia y que todo siga igual. Echar plomo sobre las alas de Vox es pura irresponsabilidad o traición a España.

Sentencia Gürtel
La Audiencia Nacional condena al PP por tejer "un sistema de corrupción institucional"
Los magistrados de la Sala de lo Penal sentencian a Luis Bárcenas a 33 años de cárcel y consideran acreditada la existencia de un Caja B en la formación conservadora
Tono Calleja. Alejandro Requeijo vozpopuli.es 24 Mayo 2018

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel dirigida por Francisco Correa, en una sentencia hecha pública este jueves por el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado y del que también forman parte los jueces José Ricardo de Prada y Julio de Diego.

La sentencia reclama que el Partido Popular (PP) y la exministra de Sanidad Ana Mato respondan como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados. Mato, en concreto, se habría beneficiado de 27.857 euros en regalos realizados por la red y el pago del 50% de sus fiestas familiares, mientras que la Gürtel habría sufragado al PP con 245.492 euros: 133.628 en Majadahonda y 111.864 en Pozuelo de Alarcón, ambos municipios de la Comunidad de Madrid.

Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada 'Caja B' del partido, consistente “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

Manipulación de la contratación
El tribunal considera acreditado que entre los años 1999 y 2005, entre el denominado grupo Correa y el Partido Popular "se tejió" en diferentes territorios "una estructura de colaboración estable" y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político.

Pero además, según la Sala, se creó "en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.

Se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública"

Y dentro de este sistema de corrupción institucional, Luis Bárcenas era una pieza "fundamental", especifica la sentencia, porque con su presencia, desde dentro del partido, "podía acercarse a quién en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, "de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella, y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.

En esa relación Francisco Correa se encargaba de los contactos con los empresarios y a su vez contactaba con Luis Bárcenas, que hacía las gestiones necesarias "para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran repartidos de la manera que se tenía establecida".

La Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza "con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas".

La resolución incluye un voto particular del magistrado Ángel Hurtado que propone la absolución del PP y de cuatro acusados: Ricardo Galeote, Carlos Clemente y Ángel Sanchís e hijo.

Los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada

En total, la Audiencia Nacional condena a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época del caso Gürtel al considerar que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

El fallo incluye 28 delitos de prevaricación que alcanzan a 194 años de inhabilitación para los condenados. Detalla 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que 11 recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias. La sentencia incluye un total de 165 penas.

33 años para Bárcenas
Uno de los cabecillas, el extesorero del PP Luis Bárcenas también ha sido sentenciado a 33 años de cárcel y una multa de 44 millones. El Ministerio Público reclamaba a Bárcenas 42 años y seis meses de cárcel. La mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, es sentenciada a 15 años de prisión.

Otras condenas son de 51 años para el ya considerado cabecilla de la trama, Francisco Correa; y 37 años y medio para su 'número dos', Pablo Crespo. Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, resulta condenada a 14 años y 8 meses de cárcel.

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, también ha sido condenado a 38 años de prisión; y el exviceconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, a 31 años. Jesús Sepúlveda, exregidor de Pozuelo de Alarcón a 14 años.

El contable del entramado, José Luis Izquierdo, también ha sido sentenciado a 17 años de ingreso en prisión. Por el contrario, la Audiencia absuelve a ocho de los acusados, entre ellos a Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

Los nacionalistas vascos buscan también derogar el 155 y “no perder la capacidad de influir en favor de una solución dialogada para Cataluña”
El Gobierno compra el apoyo del PNV a los Presupuestos a cambio de 540 millones de euros para el País Vasco
www.latribunadelpaisvasco.com 24 Mayo 2018

El PNV ha apoyado finalmente los Presupuestos del Estado para 2018, a cambio de cuatro condiciones: la confirmación de que Madrid hará una inversión récord en el País Vasco de 540 millones de euros; la convicción de que la aplicación del artículo 155 “tiene fecha de caducidad”; la constatación de que, de esta forma, no pierde “la capacidad de influir en una solución dialogada para Cataluña”; y hacer valer un acuerdo que “incrementa las pensiones de todos los pensionistas del Estado”.

En opinión del PNV, el artículo 155 tiene fecha de caducidad. “Una vez que Joaquim Torra ha sido investido como Presidente, existe un poder legítimo catalán que está encaminado a la conformación de un nuevo Gobierno regional y a la desactivación del 155 en cuestión de semanas, días u horas”.

Desde el PNV se explica que “votar en contra de los Presupuestos representaría un gesto testimonial, pero sin efectos reales ni prácticos de cambio para Cataluña. Lejos de constituir un cheque en blanco al Gobierno del PP, esta decisiónnos permite mantener capacidad de influencia política en el Estado para contribuir a una solución dialogada y acordada en Cataluña”.

El PNV recuerda también que su apoyo a los Presupuestos 2018 “garantiza que el colectivo de pensionistas vea aumentada su prestación, como mínimo, un 1,6% los dos próximos años”. Aunque, para los nacionalistas vascos, lo más importante es que los presupuestos “recogen una inversión récord de 540 millones de euros en Euskadi: dan un impulso definitivo a la Alta Velocidad y a otras infraestructuras estratégicas, consiguen una tarifa eléctrica justa para la industria vasca y fomentan numerosas iniciativas en los ámbitos de la I+D+i, la cultura y el medio ambiente, entre otros”.

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Rehenes de un PNV con dos almas
EDITORIAL El Mundo 24 Mayo 2018

En vida de Sabino Arana el PNV ya se vio zarandeado por la pugna entre moderados posibilitas y radicales antiespañolistas que en las primeras décadas del siglo XX rompió el partido. Las dos almas del nacionalismo vasco han persistido hasta hoy en un equilibrismo de apariencia imposible que sin embargo reporta pingües beneficios a los peneuvistas. Éstos nunca han dudado en poner una vela a Dios y otra al diablo en una estrategia tan cínica como pragmática que, en todo caso, convierte a sus dirigentes en grandes «aprovechateguis», por usar el término que Rajoy endosó a Rivera.

Y así se dan situaciones kafkianas como la de ayer, cuando el PNV se erigió en muleta salvadora del Gobierno en el Congreso de los Diputados, dando su respaldo a los Presupuestos por "responsabilidad" y para "evitar el abismo" de la inestabilidad, en palabras de Aitor Esteban. Todo a la misma hora en la que en Vitoria pactaban con Bildu el preámbulo del pretendido nuevo Estatuto vasco que recupera la obsesión de la nacionalidad vasca de Ibarretxe y dibuja un Estado Autónomo Vasco que mantendría, de tú a tú, una relación de bilateralidad con España. Ahí es nada. Al PNV, desde luego, no le gana nadie a la hora de cabalgar la contradicción.

No fue el bilbaíno Aresti sino el madrileño Quevedo quien sentenció que poderoso caballero es don dinero. Los nacionalistas vascos no han tenido problema en desdecirse de sus promesas y en abjurar de sus principios, dejando en papel mojado su amenaza de que nunca apoyarían las cuentas del Estado mientras el artículo 155 siguiera vigente en Cataluña. Tras la calculada modulación del tono y la reflexión jesuítica de los últimos días, el PNV hizo ayer lo previsible después de tantas prebendas como ha conseguido arrancar al Gobierno.

Una vez más, nos encontramos ante la insufrible anomalía de nuestra democracia por la que los partidos nacionales son rehenes de formaciones nacionalistas a la hora de sacar adelante la principal ley de toda legislatura, que son los Presupuestos. Con el desafío independentista catalán y con la amenaza en el horizonte de otro pulso similar en Euskadi -en Cataluña también empezó todo, no lo olvidemos, con una reforma del Estatut y un preámbulo inconstitucional similar al propugnado ahora por PNV y Bildu-, se echa más que nunca en falta que el constitucionalismo recupere la iniciativa. El PSOE ha perdido una valiosa oportunidad para anteponer el interés general al electoralismo partidista. Debiera haberse avenido a negociar las cuentas, o al menos desbloquearlas con alguna abstención para atajar el voraz chantaje del PNV.

Resulta frustrante que la estabilidad ganada con la aprobación de unos Presupuestos se cobre siempre al precio fijado por los nacionalistas. Un precio que, para colmo, despierta los recelos de Bruselas respecto del control del déficit, amenazado por nuevas cesiones.

Presupuestos, primera industria vasca
Fernando Ónega La voz 24 Mayo 2018

Qué cantidad de equilibrios tuvo que hacer el Partido Nacionalista Vasco para justificar su sí a los Presupuestos. La nota difundida por el Euskadi Buru Batzar es una colección de alegatos que merece estar en alguna antología de textos políticos. Es que se habían comprometido tanto con tumbar las cuentas públicas si se mantenía el 155, que cambiar de idea era como dar la vuelta a un trasatlántico en el puerto de A Coruña. Así, alegan que votar afirmativamente es facilitar una solución acordada en Cataluña, como si fuese posible dialogar con quien solo obedece a Puigdemont y solo quiere negociar las condiciones de la independencia. Y llegan a decir que la mejor forma de anular el dichoso artículo es decir sí a Rajoy. Un prodigio de disimulo.

Las únicas verdades del cambio de actitud del PNV son otras. La primera es que supieron presionar y cobran un precio que serían muy torpes si renunciaran a él. Se llevan 540 millones de euros en infraestructuras, desarrollo de la alta velocidad, avances tecnológicos y la propina final de las pensiones. ¿Cómo decir no a ese maná caído del cielo de la Moncloa? La solidaridad con los independentistas catalanes es bella, pero improductiva. La aprobación de los Presupuestos es la mejor y más rentable industria para Euskadi.

La segunda verdad es que el equipo de Urkullu y Ortúzar miran las encuestas y temen a Ciudadanos más que a un nublado. Albert Rivera es el enemigo declarado de los nacionalismos. Es el único político que se atrevió a censurar el Concierto y el Cupo, que considera impropio de un Estado europeo y moderno. E incluso puede llegar a las elecciones proponiendo su derogación, aunque se requiera una reforma constitucional. Y parece que el PNV se lo ha creído y, sin citarlo expresamente, eleva el riesgo Rivera a la categoría de abismo. Y eso podría ocurrir si los Presupuestos naufragasen y Rajoy se viese obligado a convocar elecciones en medio del bloqueo político general. Quizá el presidente les envió algún mensaje con ese aviso.

De esa suma de confluencias galácticas surgió el milagro: los nacionalistas que quieren considerar a Euskal Herria como nación que incluya a Navarra, salvan a Rajoy, el españolista que compite con Rivera a ver quién la tiene más grande; la bandera española, quiero decir. Y Rajoy, naturalmente, feliz. Ya puede seguir gobernando, aunque le haya costado un ojo de la cara… del resto de los españoles. Ya encontró un alivio para la tormenta que le provocaron los millones de Zaplana. Ya puede pensar que dispone de algo más de tiempo para recuperar votantes. En el fondo, eso es lo que ocurrió: con todas sus cesiones al PNV lo mejor que compró Rajoy fue tiempo; tiempo para su propia recuperación.

Que los tanques desfilen por Cataluña
Cristina Seguí okdiario 24 Mayo 2018

En un mundo ideal no existirían las guerras, las dictaduras blanqueadas, ni el tráfico ilegal de personas. En ese mundo no existirían los carteles de droga ni 60 países de África, Asia, Europa y América en los que, gracias al islam, los derechos humanos de la mujer y las niñas valieran menos que un dromedario del Magreb o que una cabra de Yibuti. Y en una España ideal, Colau venderías pulseras de cuerda baratas a 0,50 € en algún mercadito para ganarse la vida, sus asesoras habrían sido expulsadas de las instituciones por su síndrome de Diógenes, Rufián y Tardá vivirían de la piedad de su familia, Puigdemont sería limpiabotas en Estremera, y Torra el mamporrero de algún Kennel Can de Gerona. Pero esta no es la España ideal, y los dictadores nacionalistas son favorecidos por un sistema electoral trucado que favorece a una minoría involucionista mientras los que exigen respeto para su nación son tachados de fascistas por los dementes hiperfinanciados citados en estas líneas. Esta no es la España ideal porque, en ella, estarían proscritos los que cobran por convertir a Cataluña en un vertedero de paletos de pocas luces y en el califato de conversos de esa alcaldesa que lucha contra el franquismo mientras le besa el culo a la Sharia.

Todos esos, sin excepción, han pronunciado alguna vez aquella frase fetiche que tanto pone al nacionalismo: “Quieren que los tanques desfilen por Cataluña” sabiendo que, antes de acabar de pronunciar la última vocal, el Gobierno de España iba a desfilar presto frente a ellos sumiso y apretando los glúteos frente a la persecución de su propio complejo de subproducto franquista. Sólo el terrorismo etarra ha superado en España y en Europa la escalada, la profesionalización y la cronificación de la violencia del nacionalismo en Cataluña y el conflicto civil derivado que ha obligado a la mitad de la sociedad civil catalana a organizarse en pequeñas “milicias de defensa” como los Grupos de Defensa y Resistencia mientras el Gobierno de España esconde a nuestro ejército con asombrosa vergüenza. Entretanto, la vecina Italia, sin amenaza nacionalista de relevancia, reparte a 7.200 hombres y mujeres de su ejército con inflamado patriotismo y entusiasmo en cada esquina itálica gracias a la operación militar Strade Sicure. Y la orgullosa defensa de Francia palpita en 13.000 efectivos, 3.000 de ellos reservistas, involucrados en patrullas terrestres en los puntos neurálgicos y turísticos de sus grandes ciudades.

Que desfilen los tanques por Cataluña. Que desfile como apremio de amor, de pertenencia y respeto a la patria, de su pueblo, de su territorio, de su historia, de su cultura y de su proyecto común. Que desfilen los tanques bajo el balcón de la alcaldesa de Barcelona que degrada a las Fuerzas Armadas calificándolas de Estado Medieval paralelo mientras vibra con los senderos luminosos, las FARC, la policía de Maduro, los revolucionarios brigadistas, y la idea de un cuerpo paramilitar dirigido por la ANC y Omnium. Que desfilen los tanques por Cataluña porque esa debería haber sido la loable prioridad del Gobierno tras el ataque terrorista que dejó 17 muertos en Barcelona y Cambrils, en lugar de esconder tras la palabra “prudencia” su temor a la ofensa de los que separaban muertos entre catalanes y españoles.

Que desfilen los tanques por Cataluña en honor a los padres del militar Antonio Carrero, militar que murió en Mali con una nómina media de 900 euros mensuales por dar su vida por España mientras Rufián se mete en el bolsillo 83.263 euros y 25.534 euros libres de impuestos por hacer que ésta desaparezca. Que desfilen los tanques por Victor Laínez, el hombre de los tirantes. Que desfilen por los policías y guardia civiles que llegaron en Barco mientras el Gobierno no estaba en ninguna parte. Que desfilen los tanques por los soldados que son enviados a Kabul, Afganistán, Mali y el Líbano mientras los políticos baratos los proscriben en sus propias calles.

España: un diagnóstico
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es  24 Mayo 2018

Elijo cuatro noticias de las últimas horas sin conexión entre sí, salvo su carácter de síntomas de un derrumbe no por gradual menos perceptible. El antiguo Presidente de la Comunidad Valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de blanqueo de dinero y de cohecho al mover fondos depositados en paraísos fiscales procedentes de presuntas comisiones cobradas hace veinte años por adjudicaciones y privatizaciones durante su etapa al frente de la Generalitat. El Secretario de Estado de Hacienda y ex-alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha sido citado por un juez a declarar en calidad de investigado por posibles delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias cometidos cuando encabezaba el consistorio de su ciudad natal. Aparentemente, habría autorizado, contra el criterio del interventor, pagos por trabajos no realizados a la empresa encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales del municipio que regía. De acuerdo con el sumario hecho público por el Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, que investiga a la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, esta entidad dependiente de la Junta gastó más de tres millones de euros en hoteles, viajes, restaurantes, clubs de lujo y locales de alterne entre 2008 y 2011 bajo la dirección de Fernando Villén, ex-Secretario de Empleo del Gobierno autonómico presidido entonces por Manuel Chaves y posteriormente por José Antonio Griñán, pendientes ambos de sentencia por el caso de los ERE. Hay que señalar que la FAFFE fue creada en 2003 por el Consejero de Empleo José Antonio Viera, asimismo implicado en los ERE fraudulentos, y que su número de empleados, que comenzó siendo de 120, alcanzó en pocos años la impresionante cifra de 1700. Según las pesquisas en curso, en la FAFFE se colocaron a dedo centenares de afiliados del PSOE, así como sus familiares. Y, por último, el Presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, insiste en nombrar como consejeros a dos fugados de la justicia y a dos reclusos en prisión preventiva, acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia, pese a que el Gobierno de la Nación aún no ha publicado el correspondiente decreto en el DOG, que está bajo su control en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Este ramillete de temas, cada uno de los cuales representaría por sí solo un escándalo mayúsculo en no pocos países europeos, son una simple muestra de la multitud de motivos de alarma sobre la salud de nuestra democracia y de nuestras instituciones que nos asaltan todos los días desde las portadas de los periódicos y los informativos de televisión. La cantidad y gravedad de los fallos estructurales de nuestro sistema político son ya la señal inequívoca de que nos encontramos en un fin de ciclo histórico y de que el clima moral de nuestra sociedad se ha enrarecido hasta extremos insoportables. Aunque una calidad de vida más que aceptable y un crecimiento económico vigoroso sirven de amortiguador de una caída imparable en el abismo del fracaso, resulta innegable que este deterioro ha de ser detenido y su curso invertido antes de que se produzca un colapso de dimensiones catastróficas.

La oportunidad se presentará en las próximas elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales que se celebrarán de aquí a mediados de 2020. Todo parece apuntar a que los comicios múltiples que tendrán lugar dentro de un año marcarán un cambio profundo en el ranking de fuerzas políticas con el paso del PP de la primera posición a la segunda o a la tercera, disputada con el PSOE, y Podemos como colista entre los grandes partidos de ámbito nacional. Esta alteración dramática del esquema tradicional de reparto de votos tendrá como consecuencia que Mariano Rajoy y su equipo quedarán invalidados para dirigir el PP y encabezar sus candidaturas en Junio de 2020 y el hoy primer partido español deberá experimentar una renovación completa de su ideario -o mejor dicho, deberá dotarse de uno para llenar el vacío que ahora padece- y de su cúpula, sin que se atisbe todavía quienes serán los que tomen el relevo de una dirección achicharrada por la corrupción, la inoperancia y la cobardía frente a los separatistas. Ciudadanos, que será el gran vencedor de las europeas y que avanzará considerablemente en los niveles municipal y autonómico, quedará consagrado como el futuro grupo mayoritario en el Congreso y destinado, por tanto, a liderar el Gobierno en el cuatrienio 2020-2024.

En este contexto, es de una importancia capital que tanto los llamados a empuñar las riendas del Estado en plazo breve por un lado como la sociedad civil por el suyo lleven a cabo el diagnóstico correcto de los defectos a corregir, de las reformas a emprender y de las políticas a desarrollar en la nueva etapa que pronto comenzará en España. Sin este ejercicio, realizado prescindiendo de prejuicios y de miedos, el rumbo de la Nación no podrá ser enderezado. Hay que recordar como Rajoy desperdició su mayoría absoluta de 2011 que, unida a una hegemonía sin precedentes en los planos autonómico y local, le hubiera permitido, dada la desmoralización y la debilidad del PSOE recién derrotado por goleada, promover los cambios drásticos que requerían con urgencia nuestra estructura territorial, nuestro sistema educativo, nuestra arquitectura institucional y nuestro modelo productivo. Como es su costumbre, dejó pasar la oportunidad entregado a la pasividad y a la indolencia que le definen y el brillante resultado está a la vista. Ojalá Albert Rivera sea consciente de la situación y cuando entre en La Moncloa lleve consigo la carpeta con el conjunto de acciones a llevar a cabo sin demora y durante los primeros seis meses de su mandato. España ha de entrar en la sala de operaciones con urgencia porque los males que la aquejan son abundantes y muy serios y la convalecencia se presume larga y dolorosa.

Gallinas y conejos.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 24 Mayo 2018

LOS INDEPENDENTISTAS HUYEN COMO CONEJOS / ¿QUIÉN PAGA LOS VIAJES PRIVADOS DE JOAQUIM TORRA A LAS CÁRCELES Y A VISITAR A LOS FUGADOS EN EL EXTRANJERO?

La última imagen de la cobardía supina de los independentistas más enfervorecidos la ha dado el “rapero” Valtonyc, Josep Miquel Arenas Beltrán, fugándose a Bélgica siguiendo los pasos de otros célebres cobardes como Carles Puigdemont y Toni Comín. Todas sus bravuconadas y desafíos se terminan cuando lo que ven ante sí es la puerta de la cárcel y pasar dentro de ella una larga temporada. En el caso del rapero una condena de tres años y medio. Y como de costumbre, se aprovechan de los plazos legales que la justicia está obligada a dar, para planificar con tiempo la huida. Una fuga que se podía prever, pero que la policía ha permitido al no controlar los pasos de este individuo y no hacer una operación jaula en la isla, algo que no se antoja demasiado complicado. Bien es verdad que solo tras su incomparecencia se podrá dictar un Auto de búsqueda y captura, pero en este caso habrá que incluir una euroorden, ya que parece más que probable el que haya decidido escoger Bélgica o Suiza como destino.

La situación es que la justicia con su sistema “garantista” ha vuelto a ser objeto de burla y corrobora que no existen medidas preventivas eficaces para asegurar el ingreso en prisión de los condenados en firme por sentencia. Este delincuente no ha tenido problema alguno en planificar con tiempo su huida incluso antes de que se le informase de la obligación de ingresar en prisión en el plazo de diez días. Un compromiso que finalmente hoy se certificará que no ha cumplido. Y aquí es donde deberían pedirse responsabilidades a su abogado, responsable subsidiario de conocer en cada momento la localización de su defendido y del cumplimiento de su ingreso en prisión. Pero este caso debería servir también para revisar las condiciones tan benévolas de confiar en el delincuente y en su colaboración para actuar sumisamente y entrar en la prisión voluntariamente cual cordero al matadero. La experiencia demuestra que quien puede huir, lo hace.

No sé si imitando a Carles Puigdemont, este Valtonyc se presentará ante los medios de comunicación para soltar toda su bilis contra el sistema judicial español y encuadrarlo todo bajo la “sacrosanta libertad de expresión”, según la cual todo el mundo puede expresar las mayores burradas, insultar a los demás y pedir que se mate a Guardias Civiles y policías, y llamar a eso “expresión cultural”. Evidentemente nada de eso puede admitirse, como tampoco se admitiría la apología del terrorismo o el enaltecimiento de movimientos totalitarios fascistas de uno u otro signo. La libertad de expresión tiene unos limites claros definidos por el respeto a los derechos de los demás. Y este rapero deslenguado usa la palabra como flechas venenosas e incendiarias dirigidas hacia el público que es receptivo a este tipo de expresiones y que comparte con el autor la misma violencia.

Lo malo es que en esa comparecencia ante los medios no suele haber nadie que le rebata las mentiras que vierta, y sí carroñeros de la noticia dispuestos a dar carnaza a sus lectores o televidentes atacando a un país democrático y socio de la UE. Y es que Bélgica tiene un ancestral odio hacia España y los españoles y no desaprovecha ninguna ocasión para hacerlo patente. Lejos están aquellos tiempos en que la reina Fabiola era un personaje querido por los belgas, a pesar de su indudable cercanía con el régimen fascista de Franco. Y es que la parte flamenca de ese país no se diferencia demasiado del mensaje ario de los nazis, ni de la xenofobia contra otros pueblos a los que consideran inferiores e incluso subdesarrollados. Y esa percepción subyace en ciertas capas de la sociedad belga, trasluciéndose en la actitud refractaria de los jueces a conceder la extradición solicitada por la justicia española a través de las diversas euroórdenes emitidas contra los fugados y procesados por el golpe de Estado dado en la autonomía de Cataluña.

Los independentistas son todos muy valientes a la hora de hacer declaraciones solemnes y de darse efusivos abrazos y palmaditas por desafiar al represor Estado español. Pero muestra su más rastrera cobardía cuando sienten sobre su nuca el aliento de la justicia y el pánico de tener que responder de sus felonías ante unos jueces que solo entienden del cumplimiento de la ley y de imponer penas a quienes la han violado. Es entonces cuando las risas y el orgullo de la prepotencia que demostraban se transforma en un “sálvese quien pueda” y emprenden la fuga como conejos asustados en busca de una madriguera donde esconderse. El rapero Valtonyc es solo uno más de esos conejos.

Y hablando de fugitivos, el flamante Presidente del Gobierno de la Generalidad, Joaquim Torra, parece dispuesto a tensar la cuerda y se está embarcando, al igual que el Presidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, en una serie de periplos que son totalmente injustificables desde el punto de vista oficial como altos cargos de la Generalidad. Me refiero a esas visitas a los presos procesados en relación con la causa del golpe de Estado, ubicados en diferentes cárceles en la Comunidad de Madrid. Y también a esos viajes a Bélgica o Berlín, para entrevistarse con el fugitivo de la justicia de España Carles Puigdemont. Unos viajes absolutamente improcedentes y que en ningún caso deberán tener la consideración de oficiales. Es decir, de producirse, deberán sufragarse de modo estrictamente privado y siempre y cuando no interfiera con la labor normal inherente a los cargos que representan.

Al parecer, dentro del papel de presidente títere que voluntariamente ha aceptado desempeñar Joaquim Torra, además del simbolismo de no hacer uso de ciertas dependencias del Palau de San Jaume de la Generalidad, despacho de Puigdemont y otras, incluye un periódico encuentro quincenal, en una especie de “despacho de gobierno” con el fugitivo Carles Puigdemont. Unos encuentros donde se supone que recibirá instrucciones sobre la política y actuaciones a ejercer. De hecho, se están produciendo de forma normal apariciones en video conferencia donde parece quererse enfatizar la presidencia virtual del prófugo en la gigantesca pantalla de plasma tras la mesa de la presidencia. Unos actos que nunca podrán tener la calificación de oficiales y que deberían ser prohibidos de celebrarse en la sede del Parlamento autonómico, ni siquiera en las dependencias de los grupos parlamentarios. Son actos de partido.

Creo que el Gobierno de España y los partidos de la oposición del Parlamento de Cataluña deben impedir este nuevo desafío a la legalidad y exigir la justificación de qué fondos se están usando para esos viajes y para este tipo de actos con plasma incluido. Y por supuesto no admitir en ningún caso ese intento de “despachar” en el extranjero, y mucho menos con un fugitivo de la justicia, asuntos que concierne a la gestión de la autonomía de Cataluña. Esos encuentros deberían ser expresamente prohibidos y denunciados ante los Tribunales. Ningún agente externo, y Carles Puigdemont ahora lo es como prófugo, puede dirigir una comunidad autónoma de España por persona interpuesta, por muy Presidente de la Generalidad que sea. Eso es un fraude de ley que debe ser neutralizado de forma inmediata de persistir Joaquim Torra en esa actitud desafiante y de confrontación con el Estado de Derecho. Su toma de posesión ya fue ilegal y no debería tener ningún efecto mientras no se atenga a la fórmula de prometer acatar la Constitución y lealtad a la Corona de España.

El Gobierno de España tiene el deber de defender la legalidad vigente y que no se haga una nueva burla de la ley escenificando la sumisión de una Institución del Estado a la voluntad de un delincuente prófugo que cobardemente huyó de la Justicia.

¡Que pasen un buen día!

Derrota y éxito de ETA
Óscar Elía Mañú gaceta.es  24 Mayo 2018

La relación de las democracias con el terrorismo es contradictoria: cuando éste está más fuerte, la opinión pública es consciente del peligro y de la maldad que supone, y realiza los esfuerzos necesarios para vencerlo. Sin embargo, tan pronto como comienza a vencérsele, y más aún cuanto más cerca está su derrota, la opinión púbica tiende a olvidarse del problema, a perder la coherencia y a olvidarse del problema. Cuanto más cerca está de vencer al terrorismo, menos interesadas están en vencerlo.

En estas circunstancias, los grupos terroristas, aún en derrota, tienen una última oportunidad de lograr la victoria, siempre y cuando mantengan el umbral de la violencia por debajo del nivel de conciencia social. Es el caso de ETA y el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, pomposa denominación de la que lo importante es el “movimiento”.

En el caso de ETA, dos acontecimientos aconsejaron a sus dirigentes a cambiar de estrategia. Primero, los golpes que la banda sufrió entre 1996 y 2004, cuando la doctrina Aznar-Mayor Oreja concibió la lucha contra ETA como la lucha global contra una estrategia global: contra los comandos y terroristas, pero también contra su brazo político, contra sus estructuras de movilización social, contra sus finanzas, contra la impunidad judicial, contra la red internacional de la banda. En todos los frentes la banda resultó desarticulada, da igual que fuesen las asociaciones de presos que Herri Batasuna o los sindicatos estudiantiles. El interés de Zapatero por negociar con la banda resultó para los terroristas una salida digna a un problema grave de supervivencia.

El segundo acontecimiento fue el éxito del nacionalismo catalán, que ha llegado al punto “mágico” de declarar la independencia con medios distintos al coche bomba y al tiro en la nuca. El camino que va del Estatuto de 2006 apoyado por Zapatero a la crisis actual enseñó a ETA y a su entorno la inutilidad de unos medios, el terrorismo, y la utilidad de otros: la infiltración en las instituciones, la parasitación de la sociedad civil, la modificación legal. Mientras el nacionalismo vasco se estancaba en sus objetivos, el nacionalismo catalán avanzaba a pasos agigantados en ello. En estas circunstancias, perseverar en la “lucha armada” era, además de casi imposible, absurdo.

Los dirigentes de ETA y del mundo abertzale sacaron de ambos hechos la conclusión correcta: la “acción armada” es a principios del siglo XXI un problema para la consecución de sus objetivos. Y sacaron también la enseñanza pertinente: encauzar las energías gastadas durante décadas a una nueva estrategia de perfil bajo en búsqueda de los mismos objetivos.

Pero para ello es necesario un ejercicio de readaptación, en varios aspectos. Primero, lograr una salida digna a sus miembros presos o perseguidos. Y por digna entendiéndose dos cosas: por un lado, los beneficios y las ventajas penitenciarias que se plasmarían en la “vía Nanclares” y que permitirían que la derrota penitenciaria no fuese absoluta; y por otro lado, la normalización social de los criminales y su inclusión en las nuevas formas de acción política en el futuro. Lo que incluye no sólo a terroristas con delitos de sangre, sino a todo el entramado que, desde la kale borroka y la agitación callejera. Los homenajes abiertos, la participación de etarras en actos y en manifestaciones muestra bien hasta que punto para ETA reencauza esfuerzos con notable éxito.

Segundo, para esta segunda etapa, la izquierda abertzale necesitaba socios, dentro y fuera del País Vasco o Navarra. Aquí la llegada de Podemos ha sido providencial: ha sido y es el socio más sólido de Bildu, aliados en el Congreso nacional tanto como en los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos locales. Podemos proporciona cobertura política, apoyo social y justificación moral. Con Podemos, además, llegaba la nueva izquierda mediática, que ampara e impulsa la nueva estrategia abertzale. El caso del periodista Évole y La Sexta es aquí paradigmático: la normalización y blanqueo de la izquierda abertzale es asunto común en la agenda mediática de la extrema izquierda.

Tercero, era necesario además que los dos grandes partidos, PP y PSOE, perdiesen la capacidad de mantener en tensión la estrategia global contra ETA. En el caso del PSOE, ocurrió pronto, y ya en 2004 los socialistas negociaban con la banda sobre bases políticas, quizá con la esperanza de sumar a los herederos batasunos al “campo del progreso”. Pronto fue Pablo Iglesias quien lo consiguiese. En el caso del PP, está aún por conocerse cómo y por qué se produce el brusco cambio de estrategia de los Gobiernos Rajoy, cambio bien documentado por Rogelio Alonso en su reciente libro “La derrota del vencedor”.

Afirmar el fin o la derrota de ETA implica no comprender dos cuestiones: en primer lugar, que el sentido del terrorismo de ETA procede de sus objetivos, que son intrínsecamente totalitarios, violentos y que son los mismos que antes. En segundo lugar, implica no entender que ETA está cambiando de medios, tan efectivos a largo plazo como se pueda suponer. Además implica, lo que es más grave, obviar el carácter global de la nueva estrategia, que combina desde el terrorismo frío y la ocupación de espacio en áreas rurales del País Vasco y Navarra hasta la ocupación institucional de las ciudades, bajo el paraguas de la nueva política.

En estas circunstancias, repetir constantemente el mantra de “la derrota de ETA” carece de sentido: su brazo político ocupa instituciones, sus terroristas están volviendo a la sociedad para ser convertidos en héroes, pueblos enteros han sido arrebatados al control efectivo del Estado, e incluso el PNV gira hacia el radicalismo para adaptarse a los nuevos tiempos.

La pasividad de los Mossos el 1-O, a juicio
EDITORIAL El Mundo 24 Mayo 2018

El envío a juicio de la cúpula del procés certifica la fortaleza de nuestro Estado de derecho. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela elevó ayer a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento el sumario abierto por sedición y organización criminal al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como al ex director del cuerpo y al ex secretario general de Interior. También está imputada por sedición la intendente Teresa Laplana.

Durante la instrucción se ha puesto de manifiesto la flagrante inactividad de la policía catalana durante el referéndum ilegal del 1-O. Su dirección no solo se mantuvo al margen de las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil sino que se sometió a las "pautas de subordinación" definidas por la Generalitat. De ahí que Lamela considere que Trapero -también procesado por responsabilidad en la permisividad policial durante el asedio a la Consejería de Economía- integraba una organización jerarquizada "bajo una dirección común" en cuya cúspide se encontraba Puigdemont. Ahora, tanto el ex mayor de los Mossos como el resto de sus colaboradores tendrán que responder desde el banquillo por qué decidieron ajustarse al plan independentista del Govern en lugar de cumplir las órdenes encomendadas.

El amarillo de la vergüenza
Varios países de la Unión Europea hayan aconsejado a sus ciudadanos “no viajar a la comunidad española de Cataluña”
Jesús Salamanca diariosigloxxi 24 Mayo 2018

Las asociaciones catalanas y progolpistas, ANC y Ómnium Cultural, llevan años inmersas en el adoctrinamiento a los escolares, y no escolares, de esa comunidad autónoma. Al margen de la política reconocida, posiblemente ninguna entidad proselitista ha hecho tanto daño a la ciudadanía como estas dos: además del adoctrinamiento quedó demostrado que eran incentivadoras de ataques violentos contra la Guardia Civil e incentivadoras del odio hacia los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tan solo en Vascongadas, referencias como Etxerat, Bildu y otras, han hecho tanto o más daño.

Tanto ANC como Ómniun Cultural --cuyos líderes están actualmente en prisión por delitos como malversación, sedición y golpe de Estado de frustrado-- iniciaron sus actividades delictivas y levantiscas en Vic y no se les ocurrió otra acción que sembrar de cruces la plaza Mayor de esa localidad. Por cierto, cruces amarillas horribles hasta el punto de que los niños de la localidad sentían miedo y preguntaban a sus progenitores quién se había muerto ahí. Era una broma de muy mal gusto y su forma de reivindicar la puesta en libertad de los presos golpistas aunque para taparlo, de cara al exterior, pretendían hacer pensar que eran presos políticos. Ahí es nada, presos políticos en un país democrático de derecho donde no existen desde hace muchas décadas; esa misma estrategia ya la intentó ETA para distorsionar la realidad de sus asesinatos, su actitud represiva y la amenaza permanente a una sociedad que estaba desquiciada, además de para engañar al institucionalismo internacional.

Como aquello de las cruces no debió de parecerles lo suficientemente esperpéntico, se han lanzado a “sembrar” cementerios por doquier, llegando a convertir algunas playas en cementerios amarillos de mal gusto y peor aspecto. Todo ese conglomerado de medidas, junto con la violencia y represión generadas por el independentismo catalán, han hecho que varios países de la Unión Europea hayan aconsejado a sus ciudadanos “no viajar a la comunidad autónoma de Cataluña para así evitar la permanente violencia del independentismo, la xenofobia y los continuos enfrentamientos existentes entre la población catalana”. Empezaron haciéndolo Alemania y Gran Bretaña, pero hoy son casi una docena de Estado que recomiendan no viajar allí y, si lo hacen, alejarse de los núcleos de violencia y no mezclarse con los disturbios callejeros. Por suerte, sí siguen recomendando acudir a otros puntos de España. Bien es cierto que, si la imagen se sigue extendiendo, puede acabar por repercutir en la imagen general de España como país; por eso siempre hemos dicho que la España de las comunidades no es parte de la solución, pero sí es el gran problema del Estado, tanto en lo económico como en lo social y político. Y, sin duda, son las responsables del fuerte endeudamiento del Estado.

Volviendo a los “cementerios amarillos”, es curioso cómo se extienden esos por la costa catalana, sin que reaccione ninguna autoridad local ni nacional. Las autoridades han pecado de desidia, cobardía e incompetencia manifiesta. Calles, plazas y edificios se han convertido en estercoleros amarillos y, en algunos consistorios, han llegado a fijar normas de tal forma que sancionan a quienes quitan la porquería amarilla atada en rejas, bancos y farolas, pero dejan campar a sus anchas a quienes lo ensucian. En pocas palabras: el mundo al revés. Y ya no es solo en farolas, verjas y papeleras sino que podemos verlos en árboles, setos de vegetación, quioscos, rejas en ventanas de instituciones, banco del Parlamento catalán….

El colmo de la desfachatez y del complejo de inferioridad del independentismo es comprobar cómo pintan con lazos amarillos la propiedad privada de quienes se enfrenta a ellos e intentan hacerlos entrar en razón. Los lazos amarillos se han extendido como se extendió entre los judíos la estrella por imposición nazi, pero con serias diferencias: mientras que las estrellas fueron impuestas, los lazos han sido autoelegidos para destacar y llamar la atención, del mismo modo que se utilizaban en la antigüedad para que se supiera que los barcos llegaban con peste a bordo y para dar a entender las prostitutas que estaban disponibles. No es menos vergonzoso y vergonzante ver a Quim Torras cómo lo luce en la solapa, al igual que presidiarios golpistas y el propio “Puchimón”. En el exterior empiezan a ser tratados como apestados, mientras que en España ya lo son.

Si a toda esa gamberrada, y al despropósito de embadurnar la vida catalana de amarillo, añadimos la imagen de racanería, falsedad y enfermedad sicológica que están dando Marta Rovira, “Puchimón”, Rull, Turull o Anna Gabriel, por poner los ejemplos más llamativos, no hay duda de que eso puede repercutir en la imagen distorsionada de España. Hasta han copiado lo de las jaulas que ya se hiciera en el País Vasco para dar a conocer la prisión de los entonces asesinos, terroristas y colaboradores con banda armada. A todo eso hay que añadir la cobardía del Gobierno español de Mariano Rajoy, la excesiva lentitud de la Justicia y los palos de ciego constantes de ésta de cara al exterior. Bélgica se ha mofado de la Justicia española y la ha ridiculizado como si fuera una desnortada, al igual que lo está haciendo Alemania. Es evidente que tenemos una jurisprudencia muy alejada de la realidad de los demás países de la Unión Europea. Fallan demasiadas cosas y en ese campo, de cara al exterior, está todo por hacer.

Cataluña
La Policía lanza una operación a gran escala en Cataluña por el desvío de fondos al procés
La operación, denominada 'Estela', investiga una trama de corrupción de subvenciones públicas que se produjo principalmente en el seno de la Diputación de Barcelona
Alejandro Requeijo. Tono Calleja vozpopuli.es 24 Mayo 2018

La Policía Nacional ha iniciado este jueves una operación a gran escala en diversos puntos de Cataluña relacionada con el desvío de fondos para el proceso independentista, según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación. En el marco de esta causa, que está declarada secreta, se han producido 24 detenciones y una veintena de entradas y registros.

Entre los detenidos se encuentran varios cargos de la Diputación de Bacelona en aquél momento, como su presidente, Salvador Esteve, o el que era el director de Relaciones Institucionales y responsable de los fondos, Jordi Castells. También han detenido al alcalde de Tordera, Joan Carles García y a Victor Terradellas, socio de Francesc de Dalmases.

En este sentido, la Policía investiga, entre otras, las subvenciones recibidas por Francesc de Dalmases, actualmente diputado del Parlament por JxCat y director de la revista Catalan International View. Además, es fundador de entidades como CatMón, que comparte sede con Ómnium Cultural de Ciutat Vella.

Además de la UDEF, participan diversas unidades del cuerpo, como la de Ciberdelincuencia, efectivos de la Policía Judicial de Barcelona o el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, ya que está previsto el acceso a zulos y lugares recónditos en busca de dinero. Además, está previsto que se cuente con la colaboración del GEO y de guías caninos para los registros. También se cuenta con la participación de numerosos secretarios judiciales, para que estén presentes en estos trabajos.

Más de 2 millones de euros
En la operación, denominada 'Estela', se están realizando trabajos policiales en las provincias de Tarragona, Barcelona y Girona. Entre los perfiles de los detenidos se encuentran políticos y entre los lugares registrados se encuentran sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas (entre ellas Catmón).

La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones. Se trata de unos trabajos que están siendo coordinados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción.

Este juzgado investiga desde hace más de un año un entramado por el que se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia, entre otros, desde la Diputación de Barcelona mediante varias entidades entre los años 2012 y 2015, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Otras fuentes de la investigación elevan esa cifra hasta los 2,5 millones pero confían poder acreditar tras los registros y detenciones que el fraude era mucho mayor.

Los investigadores han llevado a cabo esta operación al tener indicios de que el dinero de esas subvenciones al menos en parte iban destinadas al procés y que otra parte era para los propios implicados en la trama, según las fuentes de la investigación.

se prevé más de una treintena de detenidos
Macrooperación de la UDEF en Cataluña por el desvío masivo de fondos al 'procés'
Los expertos en delitos económicos de la Policía investigan un fraude generalizado en subvenciones públicas que eran utilizadas para inyectar dinero en la maquinaria independentista
Roberto R. Ballesteros. José María Olmo elconfidencial 24 Mayo 2018

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este jueves en Cataluña una macrooperación contra el presunto desvío de fondos públicos a entidades implicadas en el 'procés' secesionista. Más de 500 policías de la UDEF, seguridad ciudadana y orden público desplazados desde toda España participan en el dispositivo. Se están realizando registros desde primera hora de la mañana en organismos, fundaciones, domicilios y un despacho de la Generalitat para incautarse de material relacionado con estos movimientos irregulares de dinero.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, los investigadores tienen órdenes de detención contra más de una treintena de personas, entre ellos, un diputado del Parlament catalán. Se trata de Francesc de Dalmases, del grupo de Junts pel Cat. Es miembro de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y de la junta directiva de la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR), que ha tomado el testigo de Diplocat en la promoción internacional del procés.

Los investigadores tienen acreditado por ahora un fraude dos millones de euros de fondos públicos, aunque las diligencias continúan y se prevé que la cifra definitiva sea muy superior. Las pesquisas se centran en subvenciones públicas concedidas por instituciones catalanas. Las ayudas tenían como objetivo financiar proyectos de desarrollo en el tercer mundo, programas culturales y acciones formativas. El dinero era concedido en su gran mayoría a entidades sin ánimo de lucro de la esfera independentista. Los programas sólo eran ejecutados parcialmente o incluso no se realizaban, generando así grandes cantidades de dinero no declarado que finalmente era dedicado a financiar material, actos y publicidad relacionada con el procés.

Los registros se están produciendo en viviendas, despachos profesionales y archivos de instituciones en Barcelona, Tarragona, Gerona y Reus, entre otras localidades. En la capital catalana, los agentes se centran en la Diputación de Barcelona, desde la que se habrían otorgado un mayor número de subvenciones presuntamente fraudulentas, según han conseguido acreditar los investigadores.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que dirige el operativo imputa a los implicados los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones. Durante la operación, los investigadores prevén detener a políticos y empleados de varios ayuntamientos, de la Diputación de Barcelona e incluso de consejerías de la Generalitat.

Se prevén más de una treintena de detenciones en el marco del dispositivo. Agentes de la UIP protegerán los edificios durante el tiempo que dura la intervención, que podría alargarse durante seis o siete horas. La posible llegada de miembros de los comités de defensa de la república (CDR), de hecho, es lo que ha provocado que los responsables de la Dirección General de la Policía decidan enviar agentes de las Unidades de Intervención Policial como medida preventiva.

Las subvenciones investigadas sólo eran destinadas parcialmente a los fines para los que se habían solicitado, pero las cantidades entregadas eran tan elevadas que los receptores las habrían utilizado también para actuaciones vinculadas a los objetivos independentistas. Según explican fuentes de la investigación, estas ayudas públicas eran reclamadas a las instituciones para llevar a cabo programas de promoción del idioma catalán en el extranjero, editar revistas vinculadas con el secesionismo, organizar cursos fuera de España o fomentar la cultura regional en otros países.

El Gobierno Vasco afianza su imagen de "país independiente" con 16 "embajadas" y 181 Euskal Etxeak repartidas por el mundo
lagaceta.eu 24 Mayo 2018

Durante los últimos años, el Gobierno Vasco ha abierto diferentes delegaciones institucionales a nivel internacional, tanto fuera como dentro de la Unión Europea, que hacen la función de “embajadas” de Euskadi.

En este momento, el ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu cuenta con delegaciones permanentes en Bruselas, desde la que se organiza y gestiona la presencia de Euskadi en las instituciones comunitarias, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y México.

Grupo SPRI
El Grupo SPRI es la agencia de desarrollo empresarial del Gobierno Vasco y su formato jurídico es el de una serie de sociedades dependientes del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras dirigido por Arantxa Tapia.

Según explica en su página web, el objetivo del SPRI consiste en “dar apoyo e impulso a las empresas vascas a través de los diversos programas y servicios con los que trasladamos las diferentes políticas del Gobierno Vasco para dar servicio al tejido empresarial de nuestro país”.

Una de las principales actividades del Grupo SPRI es la internacionalización de las empresas vascas, servicio que realiza a través de la red Basque Trade & Investment, presente en 70 países a través de una red de consultores y cuenta con oficinas permanentes en Alemania, Argentina, Brasil, China, Colombia, Eslovaquia, Estados Unidos, India, México, Polonia, República Checa, Reino Unido, Rusia, Singapur y Uruguay.

Recientemente, el Grupo SPRI ha abierto una nueva delegación en la ciudad italiana de Milán, alcanzando así una presencia física en 16 países.

El Grupo SPRI también trabaja con inversores internacionales interesados en abrir nuevos negocios en Euskadi. Según destaca esta entidad a los posibles inversores, “Euskadi es un país singular, tanto en el ámbito social como en el económico, industrial y cultural” y recalca que “el País Vasco tiene capacidad normativa y de gestión gracias a su propio sistema financiero”.

Debido a su importancia y tamaño, el Grupo SPRI constituye la principal tarjeta de presentación de Euskadi en general y del Gobierno Vasco en particular a nivel internacional en los ámbitos económicos y de los negocios.

Basque Global Network
Se trata de un proyecto iniciado en 2013 y que se engloba dentro de la llamada Estrategia Marco de Internacionalización 2020-Estrategia Basque Country.

Basque Global Network consiste en una red social cuyo objetivo es, según el Gobierno Vasco, “integrar en ella a las personas que forman parte de la comunidad vasca en el exterior, así como a vascos y vascas que tengan una proyección internacional, junto a personas con afinidad hacia lo vasco”, creando de este modo “redes de contactos y grupos en función de intereses comunes”.

Euskal Etxeak
Aunque no son dependientes del Gobierno Vasco, las Euskal Etxeak (Casas Vascas) constituyen una importante red internacional para Euskadi en el ámbito cultural, social y, en ocasiones, político.

Estas entidades, de caracter asociativo, surgieron a finales del siglo XIX en ciudades con importante presencia de emigrados vascos. Entre sus funciones, destacaban la ayuda mutua y el mantenimiento de vínculos con la cultura vasca en particular y con Euskadi en general.

Según el último listado realizado por el Gobierno Vasco, existen repartidas por todo el mundo un total de 181 Euskal Etxeak registradas oficialmente por Lakua.

AL PERSONAL SANITARIO
El Gobierno lleva a los tribunales la imposición del catalán en Baleares
La Gaceta  24 Mayo 2018

La Delegación del Gobierno en Baleares ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia el decreto que regula el conocimiento de catalán entre los profesionales de la sanidad pública en las islas al entender que vulnera el derecho constitucional a la protección de la salud.

Según ha confirmado la representación del ejecutivo estatal en el archipiélago, que dirige Maria Salom, el recurso se basa en la consideración de que el decreto agrava la dificultad de la cobertura de plazas de médicos en las islas.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado a EFE que la impugnación judicial no trata de abrir un debate lingüístico respecto al catalán, lengua cooficial de Baleares, sino de defender el derecho a la atención sanitaria de calidad.

El decreto aprobado por el Govern balear, formado por el PSOE y los nacionalistas de MÉS per Mallorca, no establece el conocimiento del catalán como requisito de acceso al empleo en la sanidad pública, pero restringe los traslados y el acceso a complementos de carrera profesionales para quienes no lo acrediten dos meses después de superadas las oposiciones.

“Utilizar las instituciones del Estado para ir en contra de la sanidad pública de Baleares es lo último que podríamos esperar de la delegada del Gobierno y del PP”, ha afirmado la presidenta Govern, Francina Armengol, tras hacerse público el recurso del ejecutivo central.

Armengol ha acusado al PP de crear una polémica falsa. “A las oposiciones se puede presentar todo el mundo, sepa o no sepa catalán, que dejen de hacer demagogia, que dejen de mentir y que dejen de perjudicar a la sanidad de nuestras islas”, ha incidido.

La presidenta ha asegurado que el recurso contra el decreto que permite convocar las oposiciones para unas 5.000 plazas en la sanidad pública va en la misma línea de la política del PP cuando gobernó el archipiélago en la pasada legislatura y despidió a un millar de profesionales.

Ha destacado que ya hay unos 7.400 inscritos para las oposiciones, lo que demuestra que “mucha gente tiene ganas de trabajar” en Baleares pese a la “demagogia y mentira” del PP.

La gran verdad tras el mito secesionista de 1714: «España salvó a Cataluña de la Generalitat»
Pedro Insua publica «1492. España contra sus fantasmas», una obra en la que carga contra la Leyenda Negra que persigue a nuestro país desde el siglo XV
Manuel P. Villatoro ABC 24 Mayo 2018

Pedro Insua, filósofo de profesión y defensor de la verdad histórica de vocación, es capaz de desmontar la gran cantidad de mentiras que se han vertido sobre España durante 500 años en apenas una hora y media de conversación profunda. Sus conclusiones, eso sí, son el resultado de meses y meses de investigación y de la lectura de una ingente cantidad de documentos elaborados por personajes tan controvertidos como Bartolomé de las Casas (arquitecto del mito del exterminio americano que persigue a nuestro país) o Julián Juderías (artífice del concepto Leyenda Negra, hoy más que popular).

Y es que, como el título de su nuevo libro desvela («1492. España contra sus fantasmas» -Ariel, 2018-), a partir del siglo XV comenzaron a generalizarse una serie de mitos sobre nuestro país que, a día de hoy, se han enquistado en la mente de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Al fin y al cabo, ese fue el año en que se inició el descubrimiento del Nuevo Mundo (rememorado por las falsas masacres perpetradas por los mal llamados conquistadores); se expulsó a los judíos de la Península (a una minoría a la que no le fueron arrebatadas sus propiedades) y se finalizó la conquista de Granada.

El año 1492 supuso para la Península el principio de todo. Desde su camino hacia el nacimiento oficial de España, hasta el comienzo de las mentiras aireadas por una Europa que únicamente podía enfrentarse a nosotros a base de falacias. Para nuestra desgracia no les fue mal, pues la Leyenda Negra resultó tan efectiva que, a día de hoy, todavía es esgrimida por el independentismo con el objetivo de justificar una escisión que jamás podrá fundamentarse en la historia. Quizá el caso más extremo de estas falsedades sea el del mito secesionista de 1714 durante la Guerra de Sucesión. Una gran mentira para un Insua que es partidario de que, por entonces, lo que hizo España fue salvar a Cataluña de la oligarquía de la Generalitat.

1-¿Por qué usa 1492 como la columna vertebral de su relato? ¿Fue un año de especial importancia para la Leyenda Negra?
Porque en él se dan tres hechos contra los que la Leyenda Negra carga las tintas. El primero es la conquista de la Granada nazarí el 2 de enero de 1492. Esta fecha se suele dibujar en Europa como la destrucción de una civilización extremadamente rica (la perla oriental en occidente) por la católica, casposa y cutre España de los Reyes Católicos.

El segundo es la expulsión de los judíos entre marzo y julio. La Leyenda Negra la une con la anterior afirmando que España prorroga esa destrucción civilizatoria que comienza en enero obligando a marcharse a una población próspera formada por gentes muy trabajadoras, ingeniosas y geniales.

El mito afirma que España arrasó con todo ello y que, como los judíos estaban al frente de la burocracia, la administración y las finanzas del país, su marcha provocó la decadencia financiera y las quiebras económicas posteriores.

La última fecha (la llegada a América el 12 de octubre) es la que consuma, según la Leyenda Negra, a España como aniquiladora de civilizaciones y como una tiranía depredadora.

La Leyenda Negra abraza estos tres acontecimientos y hace casi imposible cualquier intento de revisar o rectificar su falsedad. Pero lo que hay que tener claro es que estas tres interpretaciones son sencillamente falsas.

2-¿Cuál es el objetivo que se ha marcado con este libro?
Trato de armar una tesis en contra de estos tres acontecimientos. Pero no por patriotismo y porque a España haya que defenderla a toda costa, sino porque hay que defender la verdad histórica. Yo no parto en el libro desde la perspectiva del patriota que busca defender su país. Eso es un resultado del proceso.

3-¿Cómo definiría la Leyenda Negra?
La Leyenda Negra, según la define Juderías, es una especie de prisma que se interpone entre el lector y la realidad histórica y que deforma y caricaturiza la verdad.

Yo comparo la Leyenda Negra con el “Retrato de Doryan Grey”, aunque al revés. La España que se ha vertido desde el punto de vista divulgativo ha sido la negra. Más la leyenda que su historia. Por las calles de la Inglaterra victoriana, por las que habría paseado Dorian Grey, ha salido el monstruo. Mientras, en el desván está el retrato verdadero de nuestro país. Un retrato que es mucho más simpático, benevolente y que narra la historia documental, la real.

4-¿Es, entonces, una realidad forjada desde el exterior de forma interesada?
Sí. Desde el punto de vista comparativo, de homologación entre unos imperios y otros, España sale ganando. Un ejemplo es Inglaterra, el imperio más esclavista en el siglo XVIII con unas cifras incomparables. Ni Holanda, ni Portugal, ni ningún otro país traficó con una cantidad de masa de población como hizo Inglaterra. Sin embargo, su fama no es nada oscura. Juan Rufo, ya en el siglo XVI -en su libro “La Austríada”-, habla de la “fama escura” (mala fama) que tenía España con respecto a otros naciones.

5-¿Por qué se ha generalizado?
Por varias causas. Una de ellas es que nos la achacan autoridades significativas. En el libro explico que la máxima es Montesquieu, que afirma que, para mantenerse y prolongarse como imperio, España destruyó a la raza americana. Esto es totalmente falso por mucho padre de la democracia moderna que sea.

Otra de las versiones es la de Adan Smith, padre de la economía. Aunque es más simpática para nuestro país, sentencia que fuimos a expoliar América. Otra tesis totalmente errónea.

6-¿Han cultivado los independentismos la Leyenda Negra española?
Ahora mismo, la fuente fundamental de mantenimiento de esa Leyenda Negra son los nacionalismos. Les pasa lo mismo que a las naciones americanas del siglo XIX, que tuvieron que justificar su emancipación hablando de la tiranía previa de España.

El problema es que no hubo tal tiranía previa en América. Por eso esa Leyenda Negra es totalmente falsa, porque se asienta sobre una falacia. Además, el mismo Simón Bolívar reconoció que la base del derecho de las naciones que se crearon era el derecho indiano, y no las culturas anteriores. Afirmó que, tras la independencia, no se produjo una restauración de los estados previos. Es decir, que no se volvió al imperio inca cuando se constituyó Perú, fue algo nuevo.

7-¿Ha hecho lo mismo Cataluña?
En el terreno peninsular es todavía peor. Cuando los catalanes estaban incorporados en la Corona de Aragón, que a su vez estaba incorporada en el Imperio Español, no eran unos indígenas que hubiera que tutelar para que accedieran a un estado civil. Ya eran libres y ya estaban en él.

Fernando era el rey de los catalanes, y ellos lo reconocían. Jamás hubo un movimiento de liberación similar al americano, como el que ahora quieren vender. Pero tienen que dibujarlo en su pugna por constituirse como un todo nacional en sí mismo. En un “todo a parte”, como decía Ortega.

Para dar ese paso tienen que dibujar la sociedad actual como una tiranía. Y todo eso lo hacen mediante una ficción que no tiene una base histórica. Recurren constantemente a anacronismos como el de 1714. Entonces no fue una guerra de Cataluña contra España, eso es una falacia. Fue una contienda dinástica. Cuando se declaró al archiduque Carlos rey, fue rey de toda España, y no solo de Cataluña.
«Es una falacia decir que en 1714 hubo una guerra de Cataluña contra España. Fue un enfrentamiento dinástico»

8-¿Fueron los Decretos de Nueva Planta (1714) un castigo para Cataluña?
Hay que tener en cuenta que, cuando venció Felipe V, los Decretos de Nueva Planta no se implantaron únicamente en la Corona de Aragón, sino en toda España. No es que se impusieran las leyes castellanas sobre las aragonesas, eso es totalmente falso. Fueron ajenas a todas las regiones.

Al final, mediante esa tergiversación, han logrado instrumentalizar una pseudohistoria que busca romper España. Esto es frustrarte, porque la historia no debe tener un fin instrumental, debe limitarse a contar la verdad. Pero saben que ganar el relato es una gran victoria.

La realidad es que, cuando Felipe V llegó a España, el canon político que tenía era el francés, pues era el nieto de Luis XIV. Por eso impuso una legislación ajena. Con todo, fue una reconfiguración que no rompió absolutamente con la que había antes, la austracista. Hubo elementos de la administración que persistieron como el Concejo (el instrumento municipal básico), aunque se crearon otros como las Capitanías. Tuvo, en definitiva, sus ventajas y sus inconvenientes.

9-En su obra, da a entender que España salvó a los catalanes de la Generalitat...
Sí, se salvó a Cataluña de la Generalitat acabando con el poder de las oligarquías locales. Según la proyección que se hace actualmente, los reyes de Aragón eran más demócratas que los castellanos porque pactaban desde los fueros, hasta el contenido del “Libro verde de los usatges” con estas oligarquías.

Pero la verdad es que esos pactos hacían que el despotismo de las oligarquías sobre la población aumentase. A efectos prácticos, el poder que adquirió la aristocracia en la región derivado de ese “pactismo” hizo que el campesinado no pudiera recurrir al monarca los abusos de los que era objeto por parte de esta clase dominante. La relación entre monarquía y nobleza era demasiado cercana.

En Castilla, por el contrario, la aristocracia estuvo más sujeta por los reyes. Y eso permitió que la legislación fuese más benevolente con los judíos o el campesinado.

10-¿Por qué?
Porque la distancia que tenían el noble y el campesino con respecto al rey era semejante. Mediante el funcionariado, las clases más bajas podían recurrir al monarca para que mediara cuando creían que las oligarquías se estaban sobrepasando. Y el funcionariado real, exento de las presiones de las clases altas, podía impartir justicia de forma más objetiva.

Ese autoritarismo era más beneficioso en la época para las clases más bajas, que las oligarquías de la Generalitat, que presionaban al campesinado. En este punto se ha tergiversado la historia.

11-También explica que, antes del siglo XVIII, en España no se había generalizado el independentismo.
Sí. Antes solo se habían destacado unos brotes en 1640 a los que respondió Quevedo. Pero en el siglo XVIII Juan Antonio Llorente, que fue ministro de José I, criticó en una de sus obras a un político local que defendía los fueros y afirmaba que la ley española venía a imponerse.

Esa idea, que empezó a cuajar a partir de entonces, es un ejemplo claro de Leyenda Negra. Los fueros eran concesiones reales entregadas por una serie de méritos que dependían de la corona. No eran independientes de ella. Pero en esta época se le dio la vuelta a la tortulla y se empezó a generalizar falsamente que los fueros eran leyes propias que les iban a ser arrebatadas.

Lo cierto es que estas concesiones se daban a regiones por haber destacado, por ejemplo, combatiendo a los musulmanes. También se le dieron en cierta forma a Castilla. Como los castellanos estuvieron constantemente combatiendo contra el enemigo durante la Reconquista, y Aragón quedó al margen por mera casualidad geográfica durante la época de Jaime I, obtuvieron una preponderancia.
«Los fueros eran concesiones reales entregadas por una serie de méritos que dependían de la corona. No eran independientes de ella»

12-¿Ha pasado lo mismo con la idea de España? ¿Se trató de justificar su existencia en el medievo a partir del siglo XIX?
No. Es cierto que, como dice Ortega, toda sociedad política tiende a poner en sus orígenes la mentira política. Pero España como realidad histórica no es mentira. Maraval da pruebas de sobra de cómo el concepto de España nace en la Edad Media.

Como noción ya estaba presente. No fue un invento posterior de unos intelectuales que proyectaron, sobre el siglo VIII y IX, la idea de España. Esa visión ya estaba circulando en los documentos históricos de la época.

13-¿Se ha creado una Leyenda Negra interior para tratar de vertebrar España?
Sí. La idea de democracia que se ha vendido después de la Transición ha dañado a España. A partir de 1975 se ha generalizado la visión de que, hasta ahora, las virtudes políticas no existían en nuestro país porque jamás habíamos tenido democracia. Se ha extendido la tesis de que todas las sociedades anteriores no fueron válidas porque eran tiranías.

Esta idea adula muchísimo a los políticos actuales, a los que se les llena la boca diciendo que son ellos los que han traído la democracia a nuestro país. Pero lo que hace es deslegitimar sin razón nuestra historia. Genera una mentira que da oxígeno al nacionalismo separatista, que carga las tintas sobre esto afirmando que, mientras exista una España formada a base de someter despóticamente a los pueblos de su interior, es imposible que exista democracia.

14-También dedica una buena parte de su obra a explicar la falsedad del holocausto judío en España a partir de 1492.
La tesis del holocausto judío de 1492 es abundante y ha sido extendida por algunos historiadores como Henry Kamen. Este británico afirmó en uno de sus textos que Gibraltar no puede ser reclamada porque, si hubiera sido española, se habría expulsado a los judíos de ella como se hizo en el resto del país. Yo digo que se les echó, aunque los culpables fueron los ingleses, que es algo que se olvida.

Lo que no se cuenta es que, cuando las poblaciones judías se incorporaron a la España cristiana tras la Reconquista, recibieron el privilegio de ser “tesoro real”. Es decir, sirvientes de la monarquía. No se les redujo. Se les trató de convertir, pero se les permitió convivir bajo la protección directa de los monarcas.

Mientras la monarquía fue fuerte mantuvieron este privilegio, pero cuando los reyes perdieron poder por enfrentamientos como el de Enrique de Trastámara y Pedro I la población les atacó. Pero no por ser judíos, sino porque eran considerados unos privilegiados.

Tampoco se afirma que la Inquisición en España fue creada para evitar que la justicia popular linchara a los conversos y para corroborar que, aquellos que se declaraban nuevos seguidores del cristianismo, no estaban mintiendo.

15-¿Qué se buscaba, entonces, expulsando a los judíos?
Lo primero que hay que señalar es que los judíos fueron expulsados de España, y no aniquilados como siglos después pasó en Europa.

Mi tesis es que la monarquía quería conservar al judío combatiendo el judaísmo. El ejemplo de ello es que el decreto de expulsión (que era inmediato) tardó en aplicarse cinco meses. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba es que los judíos se convirtieran y se quedasen en la Península. Al final se marcharon 200.000, de los que regresaron al poco tiempo 100.000.

Además, no fueron expropiados. Se fueron con las llaves de su casa en el bolsillo, pues no se les quitaron ni bienes inmuebles ni muebles. Lo único que no podían llevarse eran metales preciosos, caballos o armas. Pero eso le pasaba a cualquiera que quisiera marcharse de la Península.

16-¿Cuál es la mentira más curiosa que ha sido extendida por la Leyenda Negra?
Un ejemplo llamativo se da antes de la Transición. En un decreto de mayo de 1975, Franco -dentro de la Ley General de Educación de 1970- introdujo las lenguas regionales (el gallego, el catalán y el vasco) en la educación general. Ahora, por el contrario, se habla de la persecución de estas lenguas durante el franquismo. Se puede decir que el régimen estaba languideciendo, y que por eso se hizo. Es verdad que hay margen para la interpretación, pero lo que no se puede es eliminar ese documento y hacer una interpretación como si no existiera.

Sucede otro tanto con el codicilo del testamento de Isabel la Católica. Antes de morir, en noviembre, la reina dejó una ultima voluntad en la que afirmaba que a los indígenas de América había que tratarlos bien y que no se les podía esclavizar. Y de hecho no se hizo. Esta norma, que formaba parte de la Legislación de Indias, no se puede obviar. La Leyenda Negra afirma que no se cumplía, pero eso es una falacia. Claro que se cumplía, no había otra. Lo que no se puede hacer es un análisis de la historia eliminando esa documentación y afirmando que los españoles trataban a los nativos a sangre y fuego.

16-¿España fue al Nuevo Mundo a destruir?
Gregorio Marañón, en un libro que prologó llamado “Los mestizos en América” afirmó que, contra la Leyenda Negra, lo que más podemos aportar es el mestizaje americano. Los rasgos de la cara del propio Hugo Chávez es testimonio de que nuestra labor no fue destructiva en América, como se nos achaca constantemente.


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