AGLI Recortes de Prensa   Martes 12 Junio 2018

El fracaso de la España liberal
Santiago Navajas Libertad Digital 12 Junio 2018

El liberalismo se basa fundamentalmente en el postulado que defendió Spinoza en su Tratado político: "El fin del Estado es, pues, verdaderamente la libertad". Sin embargo, los liberales, que son los únicos susceptibles de justificar y fundamentar la democracia constitucional (contra la democracia popular comunista y la democracia orgánica fascista), suelen ser incapaces de oponerse a los totalitarismos cuando estos aparecen ganándose el favor de las masas.

Un ejemplo especialmente doloroso ocurrió cuando esos dos grandes liberales que fueron Unamuno y Ortega y Gasset fueron arrastrados por las corrientes de la extrema izquierda y la extrema derecha que destruyeron la Segunda República. Resulta sintomático que ni la izquierda ni la derecha herederas simbólicas de aquellos movimientos autoritarios no solo no hayan reflexionado sobre su complicidad con los golpes y revoluciones que dañaron irremisiblemente los cimientos y la estructura de la república, sino que hayan pervertido su culpabilidad histórica a través de una Ley de Memoria Histórica que, como dice Antonio Escohotado, no es más que un "engendro amnésico y tergiversador".

Pero la muestra más reciente del fracaso liberal lo tenemos en el asalto de los nacionalistas y la extrema izquierda a las instituciones. El terrorismo y el golpismo hubiesen sido imposibles si los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, no hubiesen sido parasitados por la ideología de la identidad en sus diversas manifestaciones: del nacionalismo xenófobo al multiculturalismo, pasando por el etnicismo y, últimamente, el feminismo de género. El PSOE progresó adecuadamente cuando, gracias a Felipe González, abandonó el marxismo y se puso bajo la influencia socialdemócrata de Karl Popper, lo que llevó a uno de los grandes, aunque escasos, momentos liberales de un Gobierno español de la mano de Miguel Boyer. Del mismo modo, con José María Aznar pareció que la derecha conseguiría superar sus viejos tics corporativistas y proteccionistas promoviendo un liberalismo made in Margaret Thatcher.

Pero fueron espejismos porque tanto los socialistas como los conservadores se dejaron colonizar por el nacionalismo y los dogmas políticamente correctos. De ahí que alguien como Gónzalez Pons pueda escribir un tuit con el estúpido desdoblamiento "de género":

O que uno de los presuntos candidatos a dirigir el partido de la derecha, Feijóo, crea que Galicia es una nación y practique la misma política lingüística contra los derechos de los hablantes en español que sus homólogos nacionalistas. Del PSC, ese quintacolumnismo del catalanismo en el PSOE, casi mejor ni hablar. Ayer mismo Josep Borrell se lamentaba en televisión de no poder "dialogar" con Junqueras, uno de los máximos responsables del golpe de Estado institucional y el supremacismo étnico de la extrema izquierda catalanista...

En 2018, el peligro que arrostra España es que el fin del Estado sea la opresión en lugar de la libertad. Que triunfen Herder y Marx sobre Spinoza y Smith. La reforma "urgente" de la Constitución que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, vía Meritxell Batet, significaría destruir la salvaguarda de la libertad que se está acometiendo gracias al coraje y la lucidez del Poder Judicial. Pero una vez más se percibe un nuevo fracaso de los liberales, desunidos por mil y una rencillas y discusiones filisteas de matices banales. Han surgido dos partidos que pueden satisfacer las ambiciones programáticas básicas tanto de los liberal-conservadores, Vox, como de los liberal-progresistas, Ciudadanos. Otras opciones, del PPSOE a la abstención, pasando por el voto en blanco, serían coherentes con el pasado perdedor liberal. Y es que los liberales no son muy favorables a las tradiciones salvo a la suya propia: de derrota política en derrota electoral hasta la debacle ideológica final.

La ambigüedad del PSOE con los golpistas
EDITORIAL Libertad Digital 12 Junio 2018

Las primeras palabras de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sobre Cataluña no por esperadas resultan menos preocupantes. La dirigente nacionalista del PSC ha apostado por una reforma constitucional y legislativa que recupere los artículos del estatuto regional de Cataluña corregidos o anulados por el Tribunal Constitucional, en la falsa creencia de que la actuación del Alto Tribunal en esta cuestión fue el detonante del golpe de Estado separatista, que ha sumido al Principado en una crisis de extraordinaria gravedad.

Ni la sentencia del TC fue la causa del procés liberticida que desembocó en el ominoso 1 de Octubre, ni el Gobierno puede retorcer un fallo del Alto Tribunal para contentar a las fuerzas separatistas a fin de conservar su apoyo en el Parlamento de la nación.

Frente a las temerarias declaraciones de la desconfiable Batet se ha alzado la voz de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha aportado algo de sensatez al simulacro de debate que se vive en el PSOE afirmando que lo sucedido en Cataluña es "una del las páginas más negras de la democracia".

Pedro Sánchez juega a la ambigüedad con un asunto de extrema gravedad, de hecho el principal desafío para la democracia. Prisionero de sus pactos antinatura para llegar a la Moncloa, el presidente del Gobierno no puede trasladar sus problemas políticos a los españoles planteando reformas constitucionales contrarias al interés común y que, además, necesitan de un acuerdo político por fortuna imposible de alcanzar.

Es imperativo que el Gobierno actúe con firmeza y hable con una sola voz ante el desafío liberticida de los separatistas, en vez de excitarles el fanatismo con declaraciones impresentables como las de la nacionalista Batet. Pedro Sánchez debe poner orden entre sus ministros y apostar con firmeza por la tesis constitucionalista y de respeto a las leyes defendida por Robles.

Esta política inane de gestos
Ramón Pérez-Maura ABC 12 Junio 2018

Gesto es, según la quinta acepción que da el diccionario de la RAE, el «aspecto o apariencia que tienen algunas cosas inanimadas». Bien es verdad que la Academia admite que este significado está en desuso, como tantas cosas de valor en nuestros días. Pero la política de gestos es la que va a predominar con este Gobierno antidemocrático. A los gestos respondía la composición del nuevo Gobierno que nos va a dar grandes tardes de gloria a los (algunos) medios de comunicación. Y política de gestos fue decidir ayer recibir al barco Aquarius con 629 refugiados abordo. Aunque supongo que no era esa su intención, Sánchez ofreció en bandeja una gran victoria al Gobierno populista italiano y, en particular, al ministro del Interior y jefe de la ultraderecha de ese país, Matteo Salvini. Y las que vendrán. Europa en pleno tiene un grave problema con la inmigración. Y gestos como el de España garantizan que lo siga teniendo. Por supuesto que lo que ha hecho Italia no es la solución. La esencia de Europa no puede ser nunca el pasar los problemas de todos al vecino. Pero durante años Europa entera ha estado dejando este problema sobre los hombros de Italia y Grecia. Y el hartazgo de sus ciudadanos es el que ha llevado a este Gobierno, al que Sánchez premia, a cerrar sus costas a la inmigración ilegal.

Si Sánchez cree que el Gobierno español está hoy moralmente por encima de sus pares, se equivoca radicalmente. La única forma en que este grave problema humano no se resuelve es agravándolo. Lo políticamente correcto puede ser acoger refugiados sin fin. Pero eso sólo sirve para agrandar el problema. Y si los italianos han construido una barrera política casi infranqueable, el gesto del Gobierno español garantiza que España sea el siguiente foco de atracción. ¿Cuántos barcos quiere recibir Sánchez en su camino hacia la consecución del Premio Nobel de la Paz? El casi finiquitado presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tiene probado que no es tan difícil conseguir uno.

Lo malo es que esta política de gestos, tan propia de la situación políticamente inviable que vivimos, no se corresponde sólo con el Gobierno. La jefa de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha anunciado que renuncia a la paga extra que le corresponde legalmente como jefa de la oposición en el Parlamento catalán. Esta señora es casi más populista que Salvini. ¿De verdad cree que su sueldo es tan excepcional como para no ameritar un complemento por el trabajo realizado? Así está la política española. Sueldos mediocres que sólo compensa ganar a políticos grises que no valen para otra cosa o a quienes tienen una posición acomodada y una vocación de martirio digna de San Andrés. O Igual es que Arrimadas está reconociendo que desde el pasado 20 de diciembre no ha hecho nada. Y eso no sería populismo.

El negocio de la solidaridad
Emilio Campmany Libertad Digital 12 Junio 2018

A Matteo Salvini lo van a poner en Europa cual digan dueñas y a Pedro Sánchez lo van a ahogar en almíbar tras haber negado uno y haber acogido el otro un barco propiedad de una ONG francesa, el Acquarius, con más de 600 inmigrantes a bordo. Mientras, el Sea Watch 3, propiedad de una ONG alemana, con 800 emigrantes y que esperaba dirigirse a Italia, está pendiente de destino. Que nadie se extrañe si acaba también en España.

Nadie quiere explicar lo que pasa porque las ONG están sobreprotegidas por la prensa. Sin embargo, la realidad es que los emigrantes que estas organizaciones recogen en alta mar, enfrente de las costas libias, son lanzados al mar por organizaciones mafiosas tras cobrarles una elevada suma de dinero. Se habla de unos cuatro mil euros por pasaje, aunque es difícil saber exactamente cuál es la tarifa. La precariedad de los esquifes en los que son embarcados no tiene por objeto tanto abaratar costes como dar cobertura legal a su traslado a un puerto europeo, generalmente italiano, disfrazándolo de operación de rescate. Las ONG colaboran consciente o inconscientemente en este fraude de ley.

La habitual salida desde las costas libias tampoco es casual. Estando Libia en guerra y tratándose de un país donde no hay suficiente seguridad, el derecho marítimo internacional releva de toda obligación de desembarcar a los rescatados en el lugar desde el que partieron y obliga a las naciones próximas a acogerlos. Así, una vez en alta mar, los emigrantes son recogidos por los barcos de las ONG y, ateniéndose a las normas de salvamento marítimo, son trasladados a un puerto seguro europeo, casi siempre italiano. Una vez en Europa, los emigrantes caen bajo la cobertura más o menos amplia de nuestros servicios sociales.

Italia ha tenido que soportar el grueso del coste de este tráfico durante lustros. La ayuda solicitada a Europa tan sólo ha merecido apelaciones a la solidaridad. Francia llegó a cerrar ilegalmente sus fronteras con el país alpino con el fin de cerrar el paso a parte de estos emigrantes. Los italianos se han hartado y han votado a quien les ha prometido cerrar los puertos.

El punto clave de todo este asunto es la financiación con la que se pagan las operaciones de supuesto salvamento de las ONG. ¿No cabe la posibilidad de que parte de lo que pagan estos emigrantes se destine a atender sus gastos? Porque las naves cuestan dinero, el combustible que consumen también, y las tripulaciones cobran un sueldo. No digo que estas organizaciones estén integradas en la estructura de las organizaciones criminales, que es posible que alguna de ellas lo esté. Lo que digo es que parece probable que buena parte de los fondos que reciben bajo la forma de donaciones desinteresadas provenga en realidad de las mafias.

El problema es grave porque, cuanto más dispuestos estemos a acoger emigrantes, más vendrán. Cuanto más fácil sea la llegada a un puerto europeo, más los habrá que se atrevan a emprender el viaje y estén dispuestos a pagar su elevadísimo precio. Si de verdad queremos acoger a tantos como quieran venir, sería mejor abrir las fronteras y que pudieran entrar sin tener que pagar a las mafias. Quizá sea mejor dejarlo así, porque de este modo damos de comer a los mafiosos, a los miembros de las ONG. A la vez, nosotros lavamos nuestras conciencias y las de nuestros gobernantes. Un negocio redondo.

Mafias, inmigrantes y oportunistas
Javier Caraballo elconfidencial 12 Junio 2018

Si solo se trata de un "acto simbólico", como ha aclarado el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, bien hará el Gobierno español en poner todo el énfasis en esa circunstancia para que nadie se llame a engaño: España ha decidido acoger a los 629 inmigrantes del buque Aquarius, propiedad de la ONG Médicos sin Fronteras, como una excepción, un 'golpe de efecto' para llamar la atención en toda Europa y suscitar de nuevo un debate que, desde hace años, nunca llega a ninguna parte. Pero solo es eso, algo simbólico y, por lo tanto, ni duradero ni definitivo. Que lo aclare con la máxima difusión y contundencia porque, si no es eso lo que se pretende, es probable que el Gobierno español y los alcaldes que se han apresurado a ofrecer sus ciudades para acoger a los inmigrantes, se hayan metido en un considerable enredo del que solo pueden acabar mal. Con la inmigración no se juega, con la inmigración no caben los cálculos electorales ni la demagogia política, porque esa es una bomba que te estalla en la cara. Y menos aún España, frontera del hambre subsahariana.

De todo lo que se pudo oír ayer en España, lo que resulta más irritante es la utilización del término "razones humanitarias", como señalaba el comunicado que hizo público Moncloa, porque resulta que cada semana aquí se rechazan a cientos y cientos de inmigrantes que, como seres humanos que son, también merecen la misma consideración. De hecho, no hace ni una semana, el pasado día 6 de junio, con Pedro Sánchez ejerciendo ya de presidente del Gobierno, España impidió, en una acción conjunta con Marruecos, la entrada por la frontera de Ceuta de unos 400 inmigrantes. La avalancha, como tantas otras, se produjo a primera hora de la mañana; de repente un centenar de inmigrantes se encaramaron a la valla y dos de ellos llegaron hasta las cuchillas y acabaron con cortes tan profundos que tuvieron que ser ingresados en centros hospitalarios. También esos eran inmigrantes hambrientos, desesperados, desahuciados de eso que llamamos vida aquellos que vivimos en países ricos como España.

España acogerá a los 629 inmigrantes del buque Aquarius rechazados por Italia y Malta

Si el Gobierno de Pedro Sánchez no se da prisa en aclarar que la acogida del Aquarius es solo un "gesto simbólico", ocasional y extraordinario, va a tener muy difícil explicar en Europa por qué mantiene esas vallas en las fronteras con Marruecos. Solo el año pasado, según los datos que ofreció en enero la agencia de control de fronteras de la Unión Europea, el Frontex, en España la presión migratoria aumentó en un 124%: casi 23.000 personas intentaron entrar de forma irregular. En Italia y en Grecia la inmigración decreció, de forma paralela en el mismo año, pero aun así sigue soportando más del doble de presión migratoria que España. ¿Ha pensado Pedro Sánchez qué puede ocurrir si su 'gesto simbólico' se interpreta como un cambio de política en España desde que él es presidente del Gobierno?

El debate que se ha planteado con la situación del Aquarius, una vez que el nuevo ministro del Interior italiano le denegó la posibilidad de atracar en sus puertos, también debe abrir un debate en las ONG que, desde hace años, se esfuerzan en el rescate en alta mar de los inmigrantes, cuando naufragan o cuando están a punto de naufragar, como este último episodio. Nadie puede discutir el valor de esas organizaciones, pero tampoco se pueden ignorar las consecuencias, los 'efectos colaterales' que está provocando en la actuación de las mafias el incremento de la ayuda humanitaria que ofrecen. Sin que ninguno de ellos lo pretendan, lo que demuestra la realidad es que los barcos de las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo han modificado los comportamientos de las mafias que trafican con personas. Incluso, no sería descabellado afirmar que los barcos de rescate forman parte de los planes de esas mafias.

Desde que esos indeseables salvajes que trafican con personas tienen la certeza de que siempre habrá un barco que rescate a inmigrantes en el Mediterráneo, lo que ha ocurrido es que han abaratado hasta las pateras que utilizan. Ahora, la mayoría son botes neumáticos, fabricados en China, mucho más baratos para esas mafias que los barcos de pesca que se utilizaban anteriormente. No debe pasar inadvertido el hecho de que muchos de los rescates se producen a pocas millas de la costa de Libia, que es lo que soportan esas escuálidas embarcaciones en las que se agolpan decenas y decenas de personas. Las ONG, por cierto, las rescatan de alta mar y nunca las devuelven a la costa africana, que también cumpliría el objetivo de ayuda humanitaria por salvarlos de morir ahogados, sino que los conducen a un puerto europeo, que es lo que le habían prometido las mafias al comprar, a precio de oro, su miserable hueco en una patera masificada.

El resultado, como puede verse, es un círculo vicioso, un laberinto infernal, del que no se puede salir: cuanto más eficientes sean las ONG que rescatan inmigrantes, más crueles serán las 'ofertas' de las mafias de inmigrantes para los centenares de miles de personas, hombres, mujeres y niños, que esperan uno de esos 'pasajes' para llegar a Europa. Cada vez que alguien de una ONG plantea, ante este debate, el dilema al que se enfrentan, o rescatar a los inmigrantes o dejarlos morir ahogados, está claro que no existe más que una respuesta: rescate siempre. Pero todos tenemos que ser conscientes de que esa no puede ser nunca una solución definitiva, porque lo único que conseguirá a largo plazo es aumentar exponencialmente el problema de la inmigración, cada vez con más réditos para las mafias y más riesgo para los inmigrantes. Nadie puede ser tan osado como para pensar que conoce cuál es la solución del problema de la inmigración en este siglo XXI de la globalización de todo, de los avances científicos y de las miserias humanas. Quizá, por el momento, a lo que sí podemos aspirar es, por lo menos, a no empeorarlo.

‘ESTAMOS CON ITALIA’
La alerta de Abascal: ‘Provocará un efecto llamada frente a Ceuta y Melilla’
La Gaceta  12 Junio 2018

Tras la decisión del Gobierno de acoger el barco Aquarius en el que se encuentran más de 600 inmigrantes.

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha salido al paso de la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar instrucciones para que España “cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias” y acoja al barco Aquarius en el que se encuentran más de 600 inmigrantes en el Mediterráneo, y ha asegurado que el “efecto llamada” provocará “una nueva tragedia humanitaria probablemente frente las vallas de Ceuta Melilla”.

En este sentido, ha lanzado un mensaje al multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros, que ha apostado por “redoblar” sus esfuerzos contra el aumento del nacionalismo”: “fracasarás, pararemos la islamización de Europa y el tráfico de personas, aboliremos las políticas totalitarias anti-familia y conservaremos soberanías nacionales y raíces cristianas”, ha dicho, antes de acusar a Sánchez de “ponerse a sus órdenes”.

Ha manifestado que ellos están “con las políticas de Hungría, Polonia Austria e Italia”, cuyo ministro del Interior, Matteo Salvini, ha celebrado la que “se haya abierto un frente de discusión para una nueva política de inmigración a nivel continental”. “Debemos evitar el caos que ha vivido Europa por esa falsa política humanitaria que no es más que colaboración con las mafias de esclavistas”, ha añadido Abascal.

Inmigración y buenismo político
EDITORIAL El Mundo 12 Junio 2018

La esencia de la Unión Europea queda en entredicho con un episodio tan lamentable como el del barco Aquarius, con más de 600 migrantes rescatados a bordo. La decisión del Gobierno español de acogerles en Valencia, tras la negativa del vicepresidente italiano Salvini -líder de la xenófoba Liga- a que pisaran su país, soluciona en este caso un problema humanitario urgente, aunque por otra parte podría profundizar la gravísima crisis migratoria que afronta la UE. El gesto de Pedro Sánchez, más allá de que sea bienintencionado y solidario -no olvidemos que a bordo hay más de 100 niños y quedaban víveres para apenas un día-, soluciona la papeleta a Bruselas y, en concreto, a Italia y Malta. Pero sienta un precedente impredecible para nuestra política migratoria.

Quienes afrontan un asunto tan complejo desde un populismo buenista no tardaron en aplaudir al nuevo inquilino de La Moncloa, sin reparar en que, por desgracia, cada día hay barcos en situación similar a la del Aquarius, y no es bueno permitir que dejen de asumir con total impunidad sus responsabilidades quienes deben afrontarlas, en este caso el Gobierno de Italia, que puede haber violado varias normas de Derecho Internacional. Ante el bondadoso Sánchez, Salvini se frotó ayer las manos y no dudó en clamar "victoria".

Hay que decir que nuestro país tiene ya dificultades para afrontar el fuerte incremento de llegada de migrantes. Y por más que las nuevas autoridades italianas agiten el espantajo antiinmigración con medias verdades y falsedades, los datos ciertos dicen que, en lo que llevamos de 2018, la llegada de refugiados a Italia se ha reducido notablemente respecto a 2017, mientras que se ha incrementado en más de un 25% a España, ya que la dura situación geopolítica en el Sahel -con el avance del yihadismo- ha desviado las rutas de los tráficantes de personas hacia el Mediterráneo occidental.

Buenas acciones como la de Sánchez pueden resultar contraproducentes. Entre otras razones por el peligroso efecto llamada, y porque quitan presión a la toma de decisiones donde éstas deben adoptarse. El desafío migratorio, uno de los mayores retos a los que se va a enfrentar la UE este siglo, exige respuestas integrales y coordinadas de los Veintiocho. Los países de la frontera sur llevan muchos años denunciando, con razón, que éste es un problema de toda Europa, del que los países del norte no pueden desentenderse. La política de Bruselas en esta materia ha sido un estrepitoso fracaso, con chapuzas como la adopción en su día de cuotas obligatorias de reasentamiento de refugiados que casi nadie ha cumplido. Ahora mismo parece insalvable la distancia entre países para adoptar juntos nuevas medidas. Estamos ante un desafío enormemente complejo. Pero solo podremos empezar a afrontarlo con más Europa, con más coordinación comunitaria, no actuando cada país por libre como ayer.

DENUNCIA ‘FALTA DE SENSIBILIDAD’
Carta del hijo de un policía asesinado por ETA a Marlaska
La Gaceta  12 Junio 2018

“Merecemos vivir como cualquier joven”, ha dicho José Miguel Cedillo, quien ha lamentado que no se lo pongan fácil.

José Miguel Cedillo, hijo del Policía Nacional Antonio Cedillo, asesinado por ETA en 1982, ha pedido al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “no falle” a los “huérfanos de ETA” y ha reclamado el reconocimiento “de pleno derecho” como víctimas de la banda terrorista.

En una carta dirigida al ministro, Cedillo ha señalado que los “huérfanos de ETA” necesitan al Estado porque son “el cabo que no puede quedar suelto para que España cierre heridas en paz” y “algunos de los niños a los que ETA le mató a sus padres” hoy son “personas con secuelas físicas y psicológicas acreditadas”.

Ha criticado que sufren la “falta de sensibilidad”, con una lectura “miope” de la ley que no les reconoce como víctimas de pleno derecho, por lo que se quedan fuera de las coberturas “que separan una vida digna de otra en la que justicia y reparación son palabras vacías que se pierden en un tuit”.

Ha hecho referencia a las dificultades con las que se encuentran, como cuando pierden un trabajo o no superan una entrevista porque “no entienden” sus crisis o ven que pueden ser “problemáticos en rendimiento”.

“Merecemos vivir como cualquier joven”, ha añadido Cedillo, quien ha lamentado que no se lo pongan fácil.

Ha pedido al ministro que “no se arrugue” y ha asegurado que no le va a pedir “lo imposible”, ni siquiera la venganza que “durante años” vio como “única salida”, ya que ha entendido que su padre no querría eso para sus nietos.

Cedillo critica a quienes “se han burocratizado hasta hacer de esto su modus vivendi, de homenaje en homenaje”, y reclama al ministro que “sepa escuchar a cuantas víctimas de ETA pueda” porque es una opción más para conocer lo que el Estado puede hacer.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Batet y la magia de las palabras
Cristina Losada Libertad Digital 12 Junio 2018

En su toma de posesión, la ministra Meritxell Batet pronunció las palabras mágicas. Hay que recuperar la palabra, dijo, especialmente con Cataluña. La coletilla que añadió, metiendo a todas las comunidades autónomas en el mismo saco, no le quitó, sino que le dio más relevancia a la mención expresa. Mientras Batet hablaba en términos celebratorios de la importancia del diálogo, a la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, que estaba justo detrás, la sonrisa de circunstancias se le transformó en sonrisa irónica. Era Operación Diálogo 1 contemplando con sarcástico regocijo el advenimiento de la Operación Diálogo 2. Si yo te contara.

Bien mirado, no es que Batet pronunciara las palabras mágicas. Tanto la promesa de diálogo especial, que traducido significa bilateral, como el resto de ofertas que ha dirigido la ministra al independentismo catalán parten de una creencia tan irracional como peligrosa en la magia de las palabras. En la magia de la palabra hablada: diálogo; y en la magia de la palabra hecha ley: reforma constitucional y recuperación del Estatut. Sólo desde ese mundo mágico, en el que también moró el presidente Zapatero, se puede pensar en un retorno al Estatut anterior a la sentencia del TC como bálsamo para calmar los ardores separatistas.

La idea de que los limitados recortes que hizo el Constitucional en aquel estatuto fueron la chispa que encendió el movimiento separatista se halla tan extendida como otra paralela, e igual de equivocada, que sitúa el origen en la negativa de Rajoy a conceder el pacto fiscal que le exigió Artur Mas en 2012. El Estatuto fue una criatura de Maragall que adoptó un Zapatero proclive al adanismo de creerse en posesión de las soluciones definitivas a grandes y viejos problemas. La criatura no despertó, de entrada, el entusiasmo de los nacionalistas, estando como estaba destinada a las necesidades estratégicas de Maragall, pero aprovecharon el conflicto político que provocó para avanzar hacia las posiciones independentistas de forma cada vez más abierta.

Los socialistas deberían repasar la cronología de esta historia. Pásense por las hemerotecas. Observarán que en el referéndum del estatuto, en 2006, la participación no llegó al 50 por ciento. Verán que la movilización por el derecho a decidir empezó varios años antes de la sentencia. Comprobarán que, durante el tripartito de Montilla, los líderes convergentes, Mas entre ellos, ya hablaban de superar el marco autonómico. Constatarán que las primeras consultas populares por la independencia, conocidas como butifarréndums, se hicieron en 2009, un año antes de que el Constitucional, que ya era hora, dictara su sentencia. Claro que la sentencia sirvió a los nacionalistas para echar leña al fuego, pero el fuego ya estaba ahí. Y a ese fuego había contribuido, entre otras cosas, el reordenamiento político interno del nacionalismo a raíz del Estatut.

El error no fue la sentencia que matizó el Estatut, sino el Estatut. No reconocerlo es el camino para tropezar dos veces en la misma piedra. Un camino de regreso al pasado, cuyo empedrado de intenciones dialogantes conduce a burlar la Constitución. Puede que los nuevos aprendices de brujo crean que es sólo una pasarela para posibilitar el retorno del nacionalismo catalán de su escapada, una ayudita en forma de oferta tentadora para que baje del monte donde se ha instalado. Sea como fuere, la magia de las palabras que se propone hacer el Gobierno de Pedro Sánchez con el separatismo catalán promete tener el efecto habitual de estos encantamientos: en lugar de reducir el problema, lo agrandan. Déjà vu.

Borrell y Arrimadas
Pablo Planas Libertad Digital 12 Junio 2018

El flamante Gobierno de Pedro Sánchez hubiera sido más flamante si cabe con Borrell en Política Territorial y Meritxell Batet en Exteriores, Transición Energética o Deportes Acuáticos. Sólo así resultaría algo creíble la retórica sanchista sobre el caso catalán. No es que Borrell sea un tremendo jacobino. En absoluto. Pero es que Batet ha propuesto a las primeras de cambio derribar la Constitución para dar gusto a los golpistas mientras estos parten del referéndum del 1-O y no renuncian a la unilateralidad.

El nuevo ministro de Exteriores no es el ogro "unionista" que pinta la propaganda independentista. A su parecer, la idea de España es tan relativa como la de Bélgica o Somalia. Es más bien partidario de la fórmula nación de naciones, del reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad y de toda la mandanga del hecho diferencial catalán y el Estado federal. Pero a diferencia de la ministra Batet, Borrell participó en calidad de orador en las dos grandes manifestaciones a favor de la unidad de España que respondieron al golpe de Estado separatista en octubre del 17. El expresidente del Parlamento Europeo estuvo muy sosito en comparación con las intervenciones de Vargas Llosa y Manuel Valls e incluso afeó a la concurrencia que coreara el lema "Puigdemont a prisión". A pesar de todo, fue calurosamente aplaudido, más que nada por la extrañeza que causa contemplar a un socialista defender la unidad de España en una manifestación con banderas españolas en Barcelona.

Borrell conoce el paño y ha alertado sobre el enfrentamiento civil en la Cataluña amarilla de las madrasas y TV3. El separatismo ha reaccionado en tromba. Puigdemont, Torra y Elsa Artadi niegan que exista tal enfrentamiento. No hay moros en la costa de las cruces amarillas, las calles son suyas y un remanso de paz además. Igual que en el País Vasco del "Ven y cuéntalo". Lo dicen después de que Inés Arrimadas haya sido vejada en Vich por un centenar de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Lo dicen después de miles de ataques a las sedes de partidos no nacionalistas, de cientos de agresiones a concejales y particulares no independentistas, después de haber marginado por razones de origen e idioma a cientos de miles de personas, tras infinidad de amenazas envueltas en la palabra diálogo.

Los dialogantes sostienen que Borrell es un ultra mentiroso que sólo quiere atizar el odio. También dicen que Arrimadas es una provocadora fascista que debería volverse a Andalucía. El Gobierno está dispuesto a negociar. El Govern de Torra, también. Sobre los plazos para la deportación de los disidentes.

¿Por qué el Gobierno defiende ahora una reforma de la Constitución inviable?
ESdiario 12 Junio 2018

La Constitución no se puede reformar sin mayorías muy amplias y sin contar con la aprobación de todos los españoles. El PSOE no puede jugar con esa idea por necesidades coyunturales.

Todo intento por rebajar la tensión en Cataluña es saludable, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio, como parece estar intentando el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. La falta de pedagogía frente al nacionalismo ha sido decisiva en su crecimiento e implantación durante cuatro décadas, y no se debe repetir el mismo error aunque la intención sea buena: mirar para otro lado, mientras se imponía un modelo excluyente y victimista con falsedades institucionalizadas, ha generado un enorme problema político. Y blanquearlo ahora no teniendo claro dónde está la responsabilidad de este conflicto mientras sus inductores lo redoblan con declaraciones diarias, sólo lo agudiza y prolonga.

La ministra de Mertixell Batet ha propuesto este fin de semana una reforma constitucional incierta pero, a su juicio, "urgente, viable y deseable". Al no especificar a qué se refiere exactamente y al prescindir de la evidencia de que algo así no se puede hacer ni desde éste ni desde casi cualquier Gobierno por el exigente juego de mayorías que impone la Constitución para ser modificada; es obvio que su mensaje es más político que práctico: reducir la crispación con la Generalitat e ir preparando a la ciudadanía para que, a futuro, esa reforma se pueda producir.

Reducir la tensión es positivo, pero ni a cualquier precio ni engañándose: el soberanismo sólo se conforma con imponer sus abusos
Pero es un tema lo suficientemente delicado como para no hacer política de gestos con él y, mucho menos, para sugerir salidas inciertas y nada precisadas que, bajo un inconcreto deseo federalista ya mejorado en realidad por la arquitectura autonómica, inviertan la carga de prueba y sitúen a España en la situación de convencer a un independentismo montaraz en lugar de frenarlo y situarlo en el lugar correcto: dentro de la ley se puede defender lo que se quiera; fuera de ella el único camino es la intervención institucional y la acción judicial.

España nunca ha sido una Nación de naciones
Lo que Cataluña necesita es una desintoxicación ideológica de un movimiento que, desde las instituciones y con dinero público, se ha dedicado desde hace años a regar una semilla de agravios inexistentes y represiones ficticias que ha culminado con un 'procés' de independencia unilateral, ilegal y liberticida.

Que desandar ese camino sea muy difícil, por el éxito de la campaña sostenida de ingeniería social en generaciones enteras de catalanes, no significa que no se deba intentar y, mucho menos, que se deba admitir sin más ese nacionalismo excluyente apelando a un "diálogo" que nunca ha faltado pero siempre se ha encauzado por los procedimientos democráticos e institucionales oportunos; sistemáticamente pisoteados por el soberanismo.

Legitimar abusos
Y no parece que defender una reforma constitucional, que requiere de mayorías muy elevadas del Congreso y si afecta a la organización territorial impone además Elecciones Generales y un referéndum nacional, sea el camino. Al contrario, el independentismo se ve legitimado y refuerza su sensación de que las causas penales y las fugas de algunos de sus líderes son una acto de represión de España y no la inevitable consecuencia de sus abusos.

Si el nacionalismo desafió a la unión de PP, PSOE y Ciudadanos, visualizada en un artículo 155 que hace apenas un mes el propio Sánchez quería reforzar a la vez que se endureciera el delito de rebelión; ¿cómo no va a hacerlo ahora que gobierna en solitario un PSOE débil cuyo acceso a La Moncloa ha dependido además de los votos del PdeCat y de ERC?

El PSOE no puede seguir dando bandazos en un tema crucial, fruto de sus intereses electorales o de su debilidad parlamentaria

Aceptar la idea de que España ha sido inmovilista en la cuestión catalana es, además de falso, peligroso: la Constitución del 78 es un enorme esfuerzo descentralizador y democrático de un país que pilotó su transición desde la dictadura en el reconocimiento y refuerzo, entre otras cosas, de la identidad catalana o vasca: desde sus competencias hasta sus símbolos o lenguas, quedaron protegidas, reconocidas y promocionadas en una Carta Magna generosa que, a cambio, sólo ha recibido desprecio y deslealtad.

Los bandazos del PSOE
El PSOE debe ser consciente de esto y dejar de dar bandazos en función de sus necesidades coyunturales, pues si bien es cierto que el problema catalán ha de ser atendido sea cual sea su origen y sean quienes sean sus responsables, no lo es menos que hacerlo de cualquier manera, sólo lo engorda y legitima ante quienes ni quieren una España federal ni se conforman con otra cosa que no sea la independencia.

Que los herederos de Puigdemont parezcan dispuestos a cambiar de táctica, sin saltarse las líneas rojas penales pero aumentando la presión en la calle para ampliar su base social e intentar hacerla abrumadoramente mayoritaria, no equivale a que hayan renunciado a su único objetivo. Y si el Gobierno se engaña por ingenuidad o interés político, a quien terminará engañando es al conjunto de España.

Meritxell, escucha a Juan Alberto
Alejandro Tercero cronicaglobal 12 Junio 2018

Las primeras propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de “normalizar” (sic) la situación creada por el nacionalismo en Cataluña confirman los peores augurios.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha planteado una reforma constitucional en clave federal (lo que, traducido, significa mayor autogobierno para la Generalitat y mayor asimetría entre CCAA) y/o recuperar artículos del Estatuto que fueron declarados inconstitucionales mediante leyes orgánicas.

Pero este plan de reformas, al contrario de lo que sostiene la dirigente del PSC, no es ni “urgente”, ni “viable”, ni “deseable” por diferentes motivos.

El primero, porque los propios independentistas han dejado claro por activa y por pasiva que el Estatuto es una “pantalla pasada” que no les saciará. Después de dos referéndums secesionistas ilegales (9-N y 1-O) y dos declaraciones unilaterales de independencia (10 y 27 de octubre de 2017) solo se conformarán con la secesión o con un referéndum independentista pactado. De hecho, no dejan de insistir en que no han renunciado a la unilateralidad ni a la desobediencia.

El segundo, porque es profundamente injusto premiar a quienes han actuado de forma desleal y saltándose la ley de forma sistemática y premeditada. Y las reformas propuestas pretenden eso: conceder algún rédito a los que han perpetrado el mayor desafío al que se ha enfrentado España desde el 23-F o desde el levantamiento fascista de 1936.

El tercero, porque ofrecer más autogobierno a los que se han conjurado para alcanzar la secesión por las buenas o por las malas solo implica darles más instrumentos para que, en la próxima ocasión que lo intenten, tengan más posibilidades de tener éxito. Y no cabe duda de que lo harán, pues los principales dirigentes independentistas han avanzado que su estrategia pasa por buscar “oportunidades” y crear el “momento” para volver a la carga.

El cuarto, porque la estrategia del contentamiento (40 años de cesiones en el modelo territorial) nos ha conducido a la situación actual, por lo que tal vez convendría cambiar de fórmula si queremos llegar a un resultado diferente.

El quinto porque los que tienen motivos reales de queja en Cataluña no son precisamente los nacionalistas, sino los que no lo son. Lo que sería “deseable” corregir de forma “urgente” en Cataluña es la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán (que sigue aplicándose impunemente pese a que los tribunales han declarado reiteradamente que es ilegal); el adoctrinamiento nacionalista en los colegios públicos, o el uso partidista a favor de los separatistas de las administraciones, de los medios y del espacio públicos… entre otros muchos aspectos que hacen que los catalanes no nacionalistas no disfrutemos de la condición de ciudadanos libres e iguales al resto de los españoles en derechos y obligaciones.

Y el sexto, por una cuestión meramente democrática: los ciudadanos españoles no quieren mayor descentralización, sino mantener la actual o incluso reducirla. Casi un tercio de los españoles (el 28,6%, según el último Barómetro del CIS, de marzo pasado) prefiere que las CCAA tengan menos competencias o sean suprimidas, frente a una quinta parte (21,3%) que quiere que tengan más competencias o puedan incluso independizarse. Y la mayoría (38,1%) opta por no tocar el modelo territorial actual. Se habla habitualmente de buscar el “encaje de Cataluña” en el conjunto de España para justificar un mayor autogobierno de las CCAA, pero ¿acaso no habría que procurar “encajar” también a ese tercio de los ciudadanos del país que piden menos autogobierno para las CCAA?

Señora Batet, en España no hay una crisis territorial, hay una crisis nacionalista. Escuche al exministro socialista de Justicia e Interior y magistrado Juan Alberto Belloch cuando advierte de que los independentistas “no se van a conformar con nada, ni con la reforma de la Constitución, ni con la propuesta de un modelo federal".

Usted, que, además de política, es una persona que procede del mundo de las leyes, tome nota de lo que le dice el prestigioso juez cuando asegura que “el problema del separatismo ahora, tal como está planteado, solo lo arregla los jueces y la Guardia Civil”.

Señora ministra, sea sensata y no desprecie los consejos de Belloch cuando pronostica que será “inevitable” la aplicación de un nuevo 155 pero más amplio y de mayor duración.

La renuncia del Estado
LUIS GARICANO Y FRANCISCO DE LA TORRE El Mundo 12 Junio 2018

El final de la luna de miel del Gobierno de Sánchez ha sido abrupto: en su primera rueda de prensa, la flamante portavoz del Gobierno anunció, como primera medida estrella, la eliminación de las medidas de control e información financiero de la Generalitat.

En aras de evitar que se utilice el sistema financiero para que los narcotraficantes oculten su dinero, e incluso financien nuevas operaciones, existen medidas antiblanqueo. Si esta exigencia a los bancos se levantase "como gesto", en poco tiempo algunos bancos se convertirían en lavanderías del dinero procedente de todo tipo de graves delitos. Pues bien, aquí se levantan el equivalente de las medidas antiblanqueo a unos infractores que declaran abiertamente su intención de incumplir la ley.

El Gobierno de España renuncia así a impedir pagos ilegales para financiar la vulneración de las leyes y la Constitución. De hecho, ni siquiera sabrá el destino del dinero. Eventualmente, se puede acabar sabiendo, pero tardaremos varios meses o años. Entre tanto, la eliminación del control previo permite que se tomen ahora decisiones con consecuencias que, cuando las examine la justicia, serán ya irreparables.

Se ha dicho, erróneamente, que esta medida era parte de la aplicación del artículo 155 y que, por tanto, debía decaer. La realidad es distinta, ya que estas imprescindibles medidas se tomaron antes de que el Gobierno del PP, a instancias de Ciudadanos, aplicase el artículo 155 en Cataluña.

Para entender estas medidas, debemos retrotraernos a comienzos de septiembre de 2017. Tras la votación de las leyes de desconexión antiestatutarias e inconstitucionales en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planelles, comunicó al ministro de Hacienda que había recibido la orden de su superior, el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de dejar de informar al Estado en adelante de los gastos de la Generalitat de Cataluña.

Se trataba, como todos entendimos entonces, de encubrir la utilización de fondos públicos para financiar la realización de actos ilegales dirigidos a la secesión unilateral de Cataluña mediante un (antiestatutario e inconstitucional) referéndum vinculante (Artículo 4.4. de la Llei de Referendum d'Autodeterminació: "Si el recuento de los votos válidamente emitidos da como resultado que hay más positivos que negativos, implica la independencia de Cataluña").

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno acordó el 15 de septiembre medidas de control de las cuentas de la Generalitat para evitar el desvío de fondos. Como diría el Tribunal Supremo en su auto del 18 de octubre de 2017 rechazando la nulidad de tales medidas, "dicho análisis no podría mantenerse aislado del examen del contexto de conflictividad institucional en el que se produce y del objetivo, abiertamente expuesto en la exposición de motivos del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de 15 de septiembre, de evitar que se utilicen fondos para actuaciones declaradas contrarias a derecho y suspendidas o anuladas por parte del Tribunal Constitucional, como lo es la organización de un referéndum de independencia con efectos pretendidamente vinculantes".

Es evidente, más allá de los intentos del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro de desviar su responsabilidad, que, efectivamente, subvertir el orden constitucional tiene un coste que alguien tiene que financiar. Pues bien, tras las investigaciones de la Guardia Civil tenemos constancia de forma fehaciente de que el desvío de fondos se produjo. La cuestión clave ahora es si es razonable pensar que estas conductas, una vez eliminadas las medidas de control, volverán a tener lugar.

Nos parece evidente que sí. No porque lo digamos nosotros, sino porque así lo ha dejado claro, con sus palabras y decisiones, la nueva Generalitat. Es sabido que el nuevo president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterado su desprecio a la Constitución, el Estado de derecho y a los españoles, con sus reiterados escritos de tintes racistas y xenófobos.

Además, ha manifestado reiteradamente su intención de vulnerar el Estado de derecho estableciendo la república y recuperando las leyes de "desconexión", declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (por unanimidad), digan lo que digan los no independentistas, que por cierto son mayoría en la urnas. La nueva vicepresidenta Artadi ha declarado que no renuncia a la vía unilateral ni a "aprovechar debilidades del Estado".

Más allá de las declaraciones, se han producido nombramientos como el de Antoni Molons, imputado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por malversar caudales públicos destinados a financiar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Además, la primera medida del Govern de Torra ha sido destinar 20 millones adicionales a TV3, el altavoz mediático del procés y del referéndum ilegal.

ERC y PDeCat (la antigua Convergència, ahora el partido del fugado Puigdemont) votaron la moción de censura que permitió a Sánchez hacerse presidente sin pasar por las urnas. Resulta evidente que estos votos no eran gratis. Sin embargo, lo que no esperábamos era que el pago fuese tan rápido a cargo de los impuestos de todos los españoles, que tendremos que ver cómo el golpe a la democracia vuelve a comenzar.

España no puede ser derrotada por quienes vulneran sus leyes: si el Estado renuncia a defenderse y decide suicidarse; si continúa la renuncia abyecta a la existencia del Estado en la comunicación, en hacer que las leyes y la Constitución se cumplan; si continúa el comportamiento vergonzante de ciertos supuestos progresistas para los que todo es justificable si es contra España. Nos tememos que esta concesión a Torra y Puigdemont no sea más que una en una larga lista de renuncias del Estado a ejercer su función en Cataluña. Desde aquí nos comprometemos a hacer todo lo posible por luchar contra tal renuncia.

Luis Garicano es responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos. Francisco de la Torre es diputado de la misma formación y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso.

El 'efecto Sánchez' llega a Europa: abre la puerta de España a los refugiados
Con un gesto "simbólico" y "efectivo" hacia los migrantes del Aquarius, quiere "estimular a la reflexión y a la acción" de la Unión, lanzando el mensaje de que conecta con "la mejor Europa", la de la solidaridad
Juanma Romero elconfidencial 12 Junio 2018

Pedro Sánchez ha convertido a España en foco de la prensa internacional en menos de una semana en el Gobierno. Hizo del país un referente mundial al conformar un Ejecutivo con cerca de un 65% de mujeres —11 ministras, seis ministros—, buscó reencauzar la relación con Cataluña al ofrecer diálogo al 'president' de la Generalitat y levantar parcialmente el control de las cuentas del Govern, y volvió a colocar el sensible debate sobre los refugiados en el primer plano al ordenar que Valencia se preparara para acoger a los 629 inmigrantes a bordo el Aquarius, al que tanto Italia como Malta cerraron las puertas. Gestos potentes, de enorme fuerza "simbólica", como reconocen en el Gabinete, y que traspasan las fronteras nacionales.

Otra cosa son las dificultades técnicas. Las ONG a cargo del buque advertían en la noche del lunes de que los ocupantes no aguantarían una travesía de tres días hasta la ciudad valenciana, y menos con un tiempo meteorológico que evoluciona a peor. La situación de los ocupantes se volvería "crítica". Sin embargo, este martes a primera hora de la mañana se decidió llevar a cabo el viaje en dirección a Valencia, según informa la periodista de RNE Sara Alonso Esparza, a bordo del Aquarius. Para ello, se van a transferir personas a un buque guardacostas, a otro militar y, a bordo del propio Aquarius, solo quedarán unas 100 personas: "En convoy, iremos a Valencia", confirmó.

El presidente sabe que la política de gesticulación es básica en un mandato que ha arrancado con la legislatura en marcha y con una debilidad parlamentaria evidente, con solo 84 escaños y con toda la oposición presta a pasar el cuchillo a la primera. De ahí su empeño en construirse como un líder político antitético a Mariano Rajoy. También en una cuestión que lleva años recorriendo la política europea y a la que no se acaba de encontrar una solución. La inmigración. La acogida de los refugiados.

El Gobierno italiano, suma de la ultraderecha Liga y los populistas del Movimiento 5 Estrellas (M5E), cerró a cal y canto este domingo los puertos del país para impedir la entrada de la embarcación Aquarius de la ONG francesa SOS Méditerranée. También Malta. La nave se encontraba a la deriva, abandonada a su suerte en el mar. Esa imagen de drama humano combinada con la inacción internacional obligó este lunes a Sánchez a actuar, a adoptar una decisión "valiente". "Personal y directa", en palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell. Abrir la puerta de España a los ocupantes del Aquarius y, de paso, colocar sobre el tablero la política migratoria de la UE y el acento en los "valores europeos" de solidaridad y abrazo al otro.

El jefe del Ejecutivo encargó a su vicepresidenta, Carmen Calvo, la coordinación de los trabajos. Ella fue la que conversó con Ximo Puig, el 'president' valenciano —también socialista—, que a su vez dio su "autorización" para que el Aquarius pudiese atracar en el puerto de Valencia. La Moncloa lanzó el comunicado en el que informaba de la decisión. "Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional", aseguraba la nota oficial. Mientras, Sánchez seguía al habla con otros líderes europeos —entre ellos, el primer ministro de Malta, el laborista Joseph Muscat—, al corriente del despliegue del operativo logístico para la acogida del barco, que pilotan los ministerios de Fomento (José Luis Ábalos); Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Magdalena Valerio), y Exteriores (Josep Borrell).

CONCENTRACIÓN EL PRÓXIMO DOMINGO
‘Por una escuela de todos’ llama a tomar la calle por los alumnos de El Palau
La Gaceta  12 Junio 2018

La entidad invita a los ciudadanos a mostrar su solidaridad con los alumnos del instituto El Palau y de todos aquellos otros centros educativos que han sufrido acoso y discriminación ideológica.

La plataforma ‘Por una escuela de todos’ convoca el próximo domingo, 17 de junio, en Sant Andreu de la Barca una concentración en apoyo a los alumnos del instituto El Palau bajo el lema “¡Ni sectarismo, ni adoctrinamiento! Por una escuela de todos”.

Cabe recordar que la Fiscalía de Delitos de Odio denunció el pasado mes de abril a nueve profesores del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por sus comentarios en clase criticando la actuación policial el 1-O, pese a la “humillación” que sabían que podían causar a alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil.

La denuncia acusa a los nueve profesores de lesionar la dignidad de las personas por motivos de discriminación por nacionalidad y a cinco de ellos también por un delito de injurias graves contra las Fuerzs y Cuerpos de Seguridad.

Las asociaciones Aixeca’t-Levántate, AMES, Asamblea por una Escuela Bilingüe, Asociación Cataluña por España, Asociación Española de Guardias Civiles, Asociación de Profesores por el Bilingüismo, Asociación por la Tolerancia, Coordinadora por Tabarnia, Catalanes por la Ley, Impulso Ciudadano y Sociedad Civil Catalana han plantado cara al odio y han decidido impulsar de manera conjunta la plataforma ‘Por una escuela de todos’.

Lo han hecho ante la “situación de sectarismo y adoctrinamiento que sufren los alumnos en algunos centros educativos en Cataluña y que es promovida o consentida por las autoridades educativas catalanas”.

Su único objetivo, aseguran, es “defender la escuela neutral en Cataluña y solicitar la desaparición de los símbolos, consignas y material escolar partidista o contrario al ordenamiento jurídico vigente”.

“A esos efectos, ‘Por una escuela de todos’ asume y hace suyos los principios del sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella”, informan.

La concentración convocada para el próximo domingo comenzará a partir de las 12:00 horas y se celebrará en la Avenida de la Constitución, esquina con calle de Garraf. Tendrá un contenido reivindicativo en un ambiente que -recuerdan- “deseamos cívico, festivo y tolerante”.

La entidad invita a los ciudadanos a mostrar su solidaridad con los alumnos de El Palau y de todos aquellos otros centros educativos que han sufrido acoso y discriminación ideológica. Además recuerda a las autoridades que “la finalidad principal de la educación es la protección del menor y es función suya evitar cualquier tipo de manipulación”.

Un islamista en Bataclan
Arturo García gaceta.es 12 Junio 2018

Emmanuel Macron permitirá el concierto de un rapero que alienta la yihad en la sala de conciertos donde 90 personas fueron asesinadas a manos de terroristas islámicos.

Hay imágenes que uno es incapaz de sacarse de la cabeza. La fotografía de Bataclan minutos después de cometerse el ataque yihadista en su interior es una de ellas. El foso, escenario de tantas noches de baile y diversión, se convirtió en un mar de sangre y cuerpos inertes. 90 personas fueron asesinadas en la sala de conciertos en una noche de terror islamista en París que acabó con la vida de 137 inocentes.

Tras los atentados, los ciudadanos se volcaron con los afectados y las marchas se repitieron por todo el país. Europa trazó entonces su estrategia contra el islamismo: encender velas, recordar a las víctimas y cantar, en este caso, el Imagine de John Lennon, que reclama un mundo sin fronteras. Semanas después, los investigadores determinaron que los autores de la masacre se habían aprovechado de las lindezas del espacio Schengen para viajar por Europa con total impunidad.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, pidió a los ciudadanos europeos que se “acostumbraran” a los ataques islamistas porque era algo “inevitable en las grandes ciudades”. Más allá de lo desafortunado de sus declaraciones -pues el laborista admitió que no estaban en condiciones de luchar contra el yihadismo-, sí parece que acertó en su diagnóstico: el terrorismo se ha convertido en rutina para los europeos.

Ahora, sin embargo, Francia ha decidido ir un paso más allá. El Gobierno francés permitirá que Medine, un rapero que alienta la yihad y que ha mostrado en numerosas ocasiones su connivencia con el islamismo radical, actúe en Bataclan. Una burla a la memoria de las víctimas, cuya vida fue arrebata por aquellos que comparten el ideario del músico, y sus familias que con toda seguridad recibirá el aplauso de las élites mundiales.

¿Cuándo, perdonen la expresión, se fue Europa a la mierda? ¿Cuándo decidimos bajar la cabeza ante estos atropellos? ¿Imaginan ustedes a un cantante nazi actuando en Auschwitz? En España, desgraciadamente, estamos acostumbrados. Asesinos etarras son recibidos al salir de prisión como héroes mientras buena parte de la clase política guarda silencio.

Europa, la Europa del siglo XXI como repiten en Bruselas, continúa imperturbable hacia el abismo. Bataclan sólo es el último gesto de una clase política que vive y dirige a espaldas de sus votantes. La reacción ciudadana es cada vez más visible en los principales países y es cuestión de tiempo que se extienda por todo el continente. No queda más remedio. No queda sino batirnos.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial