AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 13 Junio 2018

Diez asignaturas pendientes
Jesús Banegas ABC 13 Junio 2018

El insólito cambio de Gobierno que acaba de producirse en España, contemporáneo de la amenaza secesionista catalana, no oculta el problema de fondo de la España de nuestros días que, una vez reconducida nuestra economía por la senda del crecimiento económico y del empleo, no es otro que la reconsideración del funcionamiento de nuestro sistema de comunidades autónomas.

Como consecuencia del ejemplar discurso de S.M. el Rey frente al desafío nacionalista catalán, se despertó un legítimo, esperanzado y moderno patriotismo constitucional que ha hecho renacer la esperanza en el futuro de nuestro país.

En las próximas elecciones, que no debieran tardar mucho en producirse, el leitmotiv principal no puede ser otro que afrontar las realidades que funcionan mal para reconducirlas a una senda que es muy probable que pudiera ser apoyada por una clara mayoría de españoles.

Desde esa esperanza y a partir del aprecio por lo que nos une debe ser posible regenerar nuestro sistema democrático para, sobre la base de nuestros logros -muchos y muy importantes- de los recientes tiempos, reformar aquello que ha funcionado mal.

He aquí un decálogo de acciones políticas que parece razonable pensar podrían ser recibidas positivamente por una amplia mayoría de españoles:

1. La lengua española no puede seguir siendo objeto de discriminación alguna en ningún ámbito de la vida social y económica de España; así de simple.

2. La educación debe convertirse en un objetivo vertebrador del mejor futuro de nuestro país, por lo que hay que rescatarla de su manipulación política por los partidos secesionistas mediante el regreso a un régimen de programas educativos y exámenes de carácter nacional junto con la recuperación en las aulas de: la disciplina, el esfuerzo, el mérito, la jerarquía del saber y el respeto a la autoridad del profesor.

3. Nuestro meritorio sistema sanitario -uno de los mejores del mundo por resultados y costes- debe ser racionalizado para beneficio de todos, incluidas las comunidades autónomas que más han contribuido a desnaturalizarlo. Debe ser imperativo que no haya barreras en el tratamiento sanitario en cualquier lugar de España, lo que obliga a la integración de todos los sistemas de información y su accesibilidad por toda la profesión médica. La recuperación de la centralización del sistema de compras es crucial para disfrutar de las economías de escala que han sido claves en el pasado para conseguir la elevada eficiencia económica de nuestro sistema.

4. La unidad de mercado, un bien esencial para la competitividad de la economía española vía el imprescindible crecimiento del tamaño de nuestras empresas, debe ser restaurada de un modo tan imperativo como el uso de nuestra lengua oficial.

5. El gasto público excesivo de las comunidades autónomas no puede seguir estando amparado con la garantía del Estado.

6. Siendo el agua un recurso público escaso, su fracasada redistribución -caso único entre los países europeos- plantea la necesidad de afrontar el problema alejándolo de la estupidez política que consiste en desear el mal del prójimo sin beneficiarse de ello. ¿Quién puede oponerse y con qué razones a la interconexión de nuestras cuencas hidrológicas con una doble condición: el establecimiento de límites razonables a las transferencias de agua en tiempos de escasez y precios de mercado? ¿Acaso no es absurdo ver desbordarse el Ebro y alimentar el mar de ingentes recursos de agua dulce -que no necesita- en vez de aprovecharlos para llenar los vacíos pantanos de nuestro sureste cuya agricultura -no subvencionada- es la más competitiva de Europa?

7. La competencia fiscal entre comunidades autónomas es una de mejores virtudes del sistema autonómico. La pretensión de las comunidades autónomas fiscalmente más abusivas de armonizar los impuestos -es decir, subirlos- debe ser descartada, para que cada palo aguante su vela.

8. La proliferación normativa se ha convertido en un gran y negativo vicio de la democracia española que se ha visto acentuado por la descentralización política, lo que perjudica la función empresarial y la seguridad jurídica de los ciudadanos. En el mundo anglosajón, con EE.UU. a la cabeza, se está poniendo en marcha bajo el eslogan «two out one in» un restrictivo criterio legislativo que posibilita incorporar una nueva norma al precio de eliminar dos previas.

9. El sistema electoral privilegia el poder político de los partidos nacionalistas hasta el punto de condicionar la agenda política del Estado, con pésimos resultados para la nación. En ausencia, como hasta ahora, de un suficiente nivel de responsabilidad política por parte de los partidos mayoritarios para evitar las imposiciones de aquellos, el sistema debe ser cambiado como en Alemania.

10. La cultura política del consenso sobre temas de interés nacional entre los grandes partidos constitucionalistas que hizo posible la Transición debe regresar al parlamento para dejar de ser permanentes rehenes de los partidos nacionalistas y populistas.

Jesús Banegas es presidente del Foro de la Sociedad Civil

Cuencas y autonomías
Nota del Editor 13 Junio 2018.

Primero las autonomías. Ha quedado demostrado que el tinglado autonómico hay que desarmarlo si queremos que España siga siendo España y los españoles iguales ante la ley. Hablar de las bondades de la competencia fiscal es echar humo ya que no existe posibilidad de elegir, salvo para las sociedades mercantiles. Las personas físicas están ancladas a su domicilio habitual que además tiene que ser su domicilio fiscal. Hablar de que el voto de una persona influye directamente en el devenir de la política de cualquier tinglado regional o local es lo mismo que hablar de la infuencia del batir de alas de una mariposa en New Zeland y su efecto en el Gulf stream.

Segundo, las cuencas. Antes de integrar las cuencas es necesario que sus usuarios hayan dispuesto de los recursos públicos necesarios para poder aprovecharlas. No se puede empezar en plano de desigualdad. Si una cuenca ha recibido mas ayudas públicas que otra, parte de una situación de ventaja. Hablar de precios de mercado es una trampa. Estamos hartos de que nos expropien y encima hagan negocio con los bienes expropiados a nuestra costa.

La legitimidad del franquismo y la miseria de la derecha
Pío Moa gaceta.es 13 Junio 2018

La caída del reino hispanogodo y sus explicaciones, y cómo su recuerdo se convirtió en inspiración de la Reconquista. En “Una hora con la Historia”: .https://www.youtube.com/watch?v=t7_SMzlYzec&t=611s
La Reconquista Y España
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P Ud ha dicho que el franquismo es el régimen más legítimo que ha tenido España en siglos. Sin embargo fue una dictadura. ¿Cómo puede ud justificar tal cosa?
–Se dice que el franquismo fue ilegítimo porque derrotó a una democracia, lo cual es falso de raíz. La república se hundió porque sus principales partidos eran totalitarios o golpistas o separatistas, y las elecciones del Frente Popular fueron fraudulentas. No solo era legítimo sino también necesario reaccionar contra tal estado de cosas. El régimen tuvo, por tanto, legitimidad de origen. Que hubiera una guerra por medio no cambia las cosas. El régimen democrático useño nace de una guerra que en parte fue también civil, y lo mismo los demás.

P. Pero hoy día nadie admite una dictadura como un régimen legítimo
–Un régimen se justifica no solo o no tanto porque sea una democracia formal como por su ejecutoria. Formalmente la república era una democracia, pero fue también un caos. ¿Por qué? Porque una democracia no puede subsistir en una sociedad plagada de odios de partido “sin ninguna idea alta”, como decía el mismo Azaña. Y empobrecida, además, porque la república empobreció mucho al país. Si no existen partidos que respetan al propio país, se sienten identificados con su historia y cultura, la democracia es imposible. Y eso fue lo que pasó entonces. No era posible reconstruir una democracia en ausencia de tales partidos, y eso fue la causa de la dictadura, que salvó lo esencial: la nación y la cultura. He señalado mil veces los logros casi increíbles del franquismo desafiando un ambiente internacional pésimo, lo he analizado en Los mitos del franquismo y no lo repetiré. ¿Quiénes insisten en el carácter dictatorial de aquel régimen? Los comunistas, los separatistas o el partido de “los cien años de honradez”. Ninguno de ellos es democrático, fueron los componentes del Frente Popular, los organizadores de la guerra civil. Se han inventado una historia para justificarse y para volver a las andadas, porque no han aprendido nada del pasado. El franquismo fue una dictadura poco dura, evolutiva e históricamente necesaria, una bendición para este país.

P. Pero no puede construirse una democracia sin esos partidos.
–En la transición se pensó que habrían aprendido algo y no repetirían, pero no ha sido así. No pudieron hacer mucho daño al principio, su “ruptura” fue rechazada abrumadoramente por el pueblo español, pero persistieron y han hecho la crisis del estado cada vez más indominable. Pero el problema principal no está en ellos. El gran problema está en una derecha descerebrada y miserable que empezó por no combatir sus ideas, la de izquierda y separatistas, y terminó aceptándolas y aplicándolas. Claro que ahí había un elemento de presión internacional. Europa occidental detestaba al franquismo. ¿Porque no era democrático? En parte, pero con un trasfondo muy distinto. Se trata de países muy decadentes, que colaboraron de modo muy importante con los nazis, que funcionan bajo tutela useña, que deben su democracia al ejército useño e indirectamente a Stalin, y su prosperidad a las finanzas useñas; regímenes eurooccidentales muy capaces de apoyar en España a “demócratas” como los comunistas o la ETA y ahora los separatistas… Bien mirado, no tienen mucho de qué enorgullecerse, y creo que hay un fondo de envidia y de “leyenda negra” en su actitud hacia el franquismo. Esas democracias tienen mucho de fraude y no pueden ser un modelo para nosotros. Nosotros estamos libres de tales taras, debemos apoyarnos en nuestra cultura, en nuestra historia y en nuestros intereses. Pero todos los partidos actuales hacen lo contrario.

P. Usted llama derecha al PP, pero muchos no están de acuerdo. El PP habría evolucionado en un sentido izquierdista
–En un sentido zapaterista propiamente. El gran pecado de esa derecha ha sido traicionar la decisión popular de diciembre de 1976: una democracia a partir del franquismo, no contra el franquismo. Ahí está la raíz de todo el mal. Su absoluta falta de pensamiento, no ya político sino a secas, ha facilitado esa deriva. Ha permitido la identificación de democracia con antifranquismo, se ha sumado a esa corriente, cuando el franquismo no tuvo oposición democrática, ¡y por algo!; y esos partidos hispanófobos jamás fueron ni son demócratas. Hoy España, con leyes totalitarias como las LGTBI o las de memoria histórica, con la ilegalidad permanente hacia los separatismos y hacia su propia soberanía, con su postración en Gibraltar y ante el trasero de Inglaterra, con su corrupción, su cada vez más escasa independencia judicial, no tiene prácticamente nada de democracia, y debemos partir de ahí para plantear una alternativa.

P. Pero en todo este tiempo ha habido otra derecha que no ha tenido el menor éxito en convencer a la gente. Y no por falta de medios, porque ha tenido muchos, y existe una derecha sociológica adinerada, que no le presta mucha atención, pero podría hacerlo si arrastrase a masas importantes.
–Muy cierto, pero si el PP viene a ser una derecha descerebrada, esa otra no lo es menos. Lo explica todo por la masonería, por ejemplo. Yo he tenido que hacer un enorme esfuerzo por investigar y clarificar, en lo que me ha sido posible, el pasado reciente y menos reciente ¿Para qué? A esa gente no le hace falta pensar ni investigar nada. Ya de antemano tiene la clave de toda esa historia: la masonería, mezclada con el sionismo. Para ellos, mi trabajo les parece innecesario y redundante, lógicamente. Al final, su “pensamiento” es un canto a la masonería, pues según ellos el régimen de Usa es masón, y curiosamente Usa es la gran potencia mundial, no solo política y económica sino también cultural, en la cultura de élite y en la popular. Parte de esa derecha proclama un estado confesional cuando el Vaticano lo ha negado,. Y sigue con la vieja historia de la identificación de España, política y catolicismo, y para colmo propone una religiosidad que a muchos nos parece más folclórica que otra cosa: milagrera, de santos y vírgenes, etc… O reivindican el franquismo como si el franquismo hubiera sido eso, o la Falange, que solo fue un elemento secundario… Eso repele a mucha gente, y no funciona hoy. Estando en Sevilla pregunté a quiénes votaban los de las cofradías de Semana Santa, tan devotos y fieles, y me dijeron que la mayoría a los socialistas. Quiero decir con todo esto que esa doble derecha, la del PP y la marginal, no representa una alternativa. Una alternativa real tendrá que hacer un gran esfuerzo en el plano intelectual, tradicionalmente considerado como cosa de adorno por la derecha.

Los gestos tienen consecuencias
Editorial ABC 13 Junio 2018

Con independencia del lugar exacto donde hayan sido rescatados los náufragos que intentaban llegar a Europa, el deber de cualquier nave y cualquier país es el de socorrerlos y atenderlos con dignidad. No cabe ninguna duda sobre esta cuestión. En ese sentido, la actitud del Gobierno italiano, que combina una extraña mezcla de sensibilidades nacionalistas y xenófobas con el populismo demagógico, ha sido totalmente inaceptable y muestra la verdadera cara de la coalición antieuropea que gobierna en Roma. No favorece a su reputación, ya dudosa, su intransigencia a la hora de cerrar las puertas de Italia, sin más, sin tener en cuenta las consecuencias humanas de tal decisión.

El reverso de la moneda es la decisión oportunista adoptada por el nuevo Gobierno socialista, que por un lado resulta totalmente loable por su carácter compasivo, pero que parece haber sido tomada sin la necesaria reflexión y, lo que es peor, sin coordinación a escala europea. En efecto, si cerrar los puertos de Italia a los demandantes de asilo es inaceptable, la solución no puede venir de una acción aislada e igualmente unilateral. El Gobierno socialista actual es tan débil desde el punto de vista parlamentario que se ve obligado a actuar a base de encadenar golpes de efecto. El problema es que la política de pancarta y de lema fácil no siempre es realista y puede tener efectos mucho peores que el mal que se pretende remediar. España ha hecho hasta ahora una gestión razonable y sensata del control de fronteras. La Armada y la Guardia Civil rescatan cada día a decenas, cuando no a cientos, de candidatos a la inmigración. Lanzar el mensaje de que los puertos de España están abiertos a la acogida sistemática de los barcos de organizaciones no gubernamentales, encargados de rescatar a los desdichados que son arrojados al mar por las mafias del tráfico de personas, puede tener consecuencias que nos llevarían a una situación como la que ha envenenado la sociedad y la política italianas. También Alemania se equivocó en su día al exhibir una política de puertas abiertas sin restricciones, cuyas consecuencias pesan ahora en buena parte de Europa y en la propia arena política berlinesa.

El gesto que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez era probablemente necesario, pero el problema es mucho más grave como para abordarlo como una simple cuestión propagandística. La primera urgencia es poner orden, racionalizar y sistematizar una política europea sobre asilo e inmigración. De otro modo, puede llegar un día en el que sea España quien necesite desesperadamente la ayuda, dependiendo en ese caso de que en otro país haya un gobierno con ganas de apuntarse un golpe de efecto.

Aquarius: Más allá de la costa libia
Rosa Cuervas-Mons gaceta.es  13 Junio 2018

Nos permitirán hoy que dejemos de lado la actualidad nacional -o la puramente nacional, al menos-, para centrarnos en lo que pasa en Libia, más allá de Libia y después de Libia.

Un barco con más de seiscientas personas a bordo ha conseguido llevar a portadas de periódico y a aperturas de telediario un asunto, el de la inmigración, que lleva más de dos años haciendo política en Europa.

Estamos hablando de personas y, por tanto y antes de nada, lamentar su situación; lamentar que más de medio millar de seres humanos estén ahora, mientras usted lee estas líneas, en condiciones de hacinamiento, falta de higiene y, seguramente, con miedo e incertidumbre. Ni España, ni Italia, ni Grecia ni ningún país civilizado pueden rechazar la mucha o poca ayuda que puedan prestarles. Unos primeros auxilios que ninguna conciencia recta puede ignorar y mucho menos rechazar.

Pero un análisis medianamente honesto y riguroso de la cuestión pasa por el ejercicio -muy del agrado por cierto de nuestros políticos- de no dejarse llevar por las emociones – ¿escucharemos a la progresía decir ahora eso de no legislar en caliente?- y de tratar de entender qué hay hasta llegar a las costas de Libia y qué hay entre las costas de Libia y las de Italia -o España-.

Antes de las costas libias -y La Gaceta puede sentirse orgullosa de llevar años denunciándolo – hay traficantes de personas que se hacen de oro con la miseria de los demás. Hasta seis mil euros cobran estas mafias a los hombres y mujeres que ahora esperan un futuro en el Aquarius. Lo hacen en medio de la absoluta impunidad que les concede la desastrosa situación política de Libia, ese país que antes de las primaveras árabes que hacían sonreír a Obama y Clinton vivía bajo la autoritaria y tirana mano de Gafadi y que, después de él, vive bajo la crudelísima dictadura del terror, el dinero y el poder.

Inmigrantes del África subsahariana, del Asia más pobre y de Centroáfrica se agolpan en las costas libias; engañados y con los ahorros de toda su familia, compran billete hacia el futuro que las mafias les han vendido pero que en realidad no existe. Suben a una barca -con el combustible necesario para alejarse lo imprescindible de la costa- y allí, a la deriva, quedan a la espera de una embarcación que los recoja. Reciben un trato inhumano -latigazos, insultos, abusos sexuales- hasta la llegada de la ONG de turno que los llevará a las costas europeas -fueron griegas primero, italianas después y parece que ahora serán españolas-.

Y así día tras día. Mes tras mes. Las ONGs han convertido los rescates en una rutina tan habitual que muchos trabajadores del Mediterráneo hablan ya de servicios de taxi. ¿Y quién denuncia a las mafias? ¿Quién trata de frenar el tráfico de seres humanos? ¿Quién se avergüenza de la existencia de mercados de seres humanos – “200 euros los más débiles, los otros te los dejo en 500”-? ¿Quién pide perdón por el apoyo a lo que hoy, con enorme cinismo, los políticos de Occidente llaman, con cara de pena, ‘estados fallidos’?

Y, sobre todo y más importante: ¿qué políticos hay dispuestos a hablar de lo que de verdad ocurre y de por qué ocurre? ¿Quién desvestirá al emperador y reconocerá que esta Europa en crisis es incapaz de asumir la llegada de cientos de miles de personas sin provocar un colapso económico y social, y que más valdría tratar de ayudar a estos seres humanos en sus países de origen para que no se vean obligados a vender su vida en un viaje en barca a ninguna parte? Ojalá haya alguien dispuesto a decirlo. Ojalá.

Aquarius: África no cabe en Europa
Pedro de Hoyos Periodista Digital 13 Junio 2018

El ego español ha crecido y engordado por comparación al de Italia. “Nosotros somos buenos y acogemos a la gente en apuro, en cambio ellos los rechazan” podría ser el pensamiento simplificado de muchos españoles de derechas y de izquierdas. Olvidan que Italia ha acogido todos los años alrededor de 150.000 inmigrantes. España no. Esa inmigración siempre irregular, tramposa, siempre en alza, ligada a veces a la delincuencia, es la que ha provocado la llegada democrática al poder de la extrema derecha en Italia, Austria, la que ha provocado su ascenso, también muy democrático, en Francia, Alemania, Holanda… ¿Queremos eso para Europa? ¿No habrá otro modo de hacer las cosas bien?

Son inmigrantes, no son refugiados. El refugiado huye de una guerra, de una persecución por sus ideas, por su raza, por su religión… No, estos son inmigrantes. Inmigrantes que han pagado miles de euros (¿pero no son pobres de solemnidad?) a unas mafias que se lucran injustamente de su sacrificio. A los refugiados hay que recogerlos, a los inmigrantes no necesariamente, no en estas condiciones, no tienen los mismos derechos.

No, no propongo dejar a estos seiscientos desgraciados (entiéndase la palabra solo, única y exclusivamente en sentido compasivo) abandonados en el mar. ¿Pero por qué las ONG subvencionadas con nuestros impuestos los recogen a diez millas de la cosa africana y los traen, miles de millas por medio, a Europa? ¿No es más lógico ahorrarse tanta travesía peligrosa y dejarles en suelo africano otra vez? ¿Cuánto iban a durar las mafias en ese caso, cuánto su negocio clandestino, cuánto estos nuevos negreros del siglo XXI? Recordemos que hay otra nave con otros setecientos inmigrantes presta para arribar a puerto en pocos días. ¿Les metemos también en Valencia? ¿También se ofrecerá Quim Torra, el despreciable racista, para acogerlos? ¿A todos? ¿Siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Sin final? África no cabe en Europa.

A todas estas personas no solo hay que ayudarlas durante unos días, recuperarles de la dura travesía, alimentarlos… La tarea es permanente, continua, hay que darles un futuro, dinero para mantenerse, casa, trabajo, escuela, hospitales… y enseñarles las reglas de convivencia en un país europeo del siglo XXI. Y ello en una sociedad que ha basado su desarrollo en la solidaridad intergeneracional, yo cotizo hoy por ti, mañana otro cotizará por mí y todos tendremos derecho a educación gratis, sanidad gratis y pensiones. (¿Gratis?) Y nadie se escapa a los impuestos, tasas y cotizaciones varias para poder lograr salir adelante. Si alguien no cotiza… no tiene jubilación. En una Europa donde las pensiones corren severo peligro, donde los recortes en sanidad o educación han supuesto gravísimos problemas populares… ¿a cuántos derechos sociales estamos dispuestos a renunciar? ¿A cuánta gente que no contribuye vamos a subvencionar con nuestros derechos? ¿Sabe el lector que en esa “despreciable” Italia algunos grupos de inmigrantes, hartos de estar internados, han organizado conflictos porque la comida no era buena, tenían frío o la conexión wifi no era como ellos hubieran deseado?

Europa no puede encomendar su futuro al buenismo, a los gestos hermosos para la galería… de votantes. Cierto que a este barco había que aceptarlo y recogerlo (¿Por qué España?) y no dejarlos morir en plena mar; el cargo de conciencia sobre Europa habría sido demasiado grande, una Europa de tradición cristiana (solo tradición, ya no se puede hablar de religión en una Europa descreída y materialista) no podría permitírselo impunemente. Pero, ¿qué vamos a hacer con los próximos diez, veinte barcos que vengan en los próximos meses? ¿Qué mensaje hemos enviado? ¿Por qué no se devuelve a África a quienes se recoge en la costa africana? ¿Cuánto durarían las mafias y sus negocios indignos? ¿Cuándo frenarán las subvenciones europeas a quienes quieren destruir Europa?

El gesto del gobierno español, aplaudido por la mayoría de los ciudadanos, es un bello gesto de cara a la galería que plantea un problema ético: ¿Por qué hay que hacerlo todo con publicidad, con cámaras, con fotos, con micrófonos? ¿Se utiliza a estos infelices para ganar votos? Piense el lector la que se va a armar en Valencia cuando arribe el barco. ¿Qué medio mundial se perderá el desembarco, qué televisión no lo retransmitirá, qué programucho sensibloide no entrevistará a esa pobre madre con cuatro hijos que llegará desesperada? “Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha”. No: cámaras y micrófonos por doquier.

Quedan dos gravísimos problemas que no se pueden obviar pero para los que no queda espacio en este artículo, ya demasiado largo:
1- ¿Por qué no se interviene, toda Europa a una, directamente en los países de origen de esta crisis que no ha hecho más que empezar, a la que le quedan muchos años todavía de sufrimiento?
2- ¿A qué esperan los gobiernos europeos, tan proclives a gastarse dinero en festivales, subvenciones, corrupciones y convenciones, para favorecer la natalidad en nuestros países? La ejercitación por la mujer de sus propios derechos ha provocado la caída en picado de la natalidad; nuestra sociedad no tiene futuro sin las nuevas generaciones… que no están llegando. ¿Acaso confiamos en la generación espontánea?

Europa tiene un problema pero prefiere silbar y sonreír….

Subasta de náufragos
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 13 Junio 2018

Como esto no es un Gobierno sino un anuncio, en menos de una semana ya ha enhebrado tales ocurrencias electoralistas que si no rinden fruto inmediato en las encuestas producirán efectos terroríficos. Presumió de que levantaba el control financiero de Cataluña -un delito de lesa patria y leso sentido común, como han demostrado aquí Garicano y De la Torre- y resulta que ya lo había hecho Montoro a espaldas del Congreso, otro de los pagos por el apoyo del PNV que trincaron los hijos de Sabino Arana. Batet, la ministra del Golpe en el Gobierno, dijo que era "urgente y viable" "una reforma de la Constitución en un sentido federal" . Mentira. Lo urgente es lo que ella no quiere: combatir el catanazismo y reasumir las competencias que el Estado nunca debió transferir a las autonomías. Sometamos a referéndum si queremos, como los separatistas, una Justicia sin baches de ADN o recuperar Educación, Interior y Sanidad. La hiperventilada Batet aludió a la recuperación de los artículos anticonstitucionales del Estatuto catalán, que tampoco está en su mano. Ni acabar con las nucleares y el carbón. Ni derogar la Reforma laboral. Anteayer, Montero defendió los Presupuestos de Montoro como "de tránsito". Lo son todos: al año, caducan. Se ve que anteayer no pensaban convocar elecciones.

Ayer, sin embargo, convirtieron el Aquarius en otro Prestige, chatarra publicitaria para reflotar la superioridad moral progre, el buenismo político a la fuerza, con dinero de todos los ciudadanos. Pocos espectáculos más obscenos que la subasta de náufragos en la que ayer pujaban Sánchez, las autonomías sociatas, las separatistas y Valencia, a la que su alcalde declaró "ciudad refugio". Torra ofreció acoger a todos, con el dinero de las bestias españolas y en el hueco de los millones de catalanes que le sobran. Pero el mayor alarde de la caridad publicitaria bien entendida, que empieza por el partido de uno mismo, fue el de Ximo Puig "dando permiso" para que el Aquarius atracase en Valencia. No sabíamos que la UE hubiese transferido sus fronteras a las regiones que lo deseen.

Doy por hecho que tras ganar a nado el telediario solidario -los 100 niños botados por las mafias serán miles este verano- el Gobierno derribará en La Sexta las vallas de Ceuta y Melilla. Felipe abrió la de Gibraltar y nos lo devolvieron.

El buenismo se paga
José García Domínguez Libertad Digital 13 Junio 2018

Quizá lo del barco no sea más que una de esas tan celebradas recomendaciones geniales que hacen los asesores de imagen encargados de seleccionar el color de la corbata de los gobernantes cuando tienen que comparecer ante la Nación y otras graves cuestiones por el estilo. Si al final solo fuera eso, otra efímera impostura de marketing emocional para el exclusivo consumo de audiencias televisivas infantilizadas, no habría que darle excesiva importancia al asunto. Pero si va en serio, si lo del recibimiento oficial en loor de multitud a los 600 inmigrantes ilegales rechazados por todos los puertos del Mediterráneo indicase un cambio real de actitud por parte del PSOE a propósito de la cuestión, los primeros damnificados serían los propios socialistas. Porque hay una fuerza política en Europa mucho mucho más interesada en frenar los flujos migratorios que esos zafios populistas de extrema derecha, los amigos de Torra y de Puigdemont que ahora mandan en Italia. Y esa fuerza política no es otra que la socialdemocracia. A fin de cuentas, ni la Liga, ni Le Pen ni mucho menos Trump tienen interés alguno en defender el Estado del Bienestar, una creación de la socialdemocracia europea que se confunde con sus propias señas de identidad históricas.

Y resulta que la viabilidad futura del Estado del Bienestar es incompatible, guste o no a las tiernas plañideras humanitarias del welcome refugees, con cualquier política de puertas abiertas a las migraciones intercontinentales. Simplemente es incompatible. Así de sencillo. Porque se puede gritar "Welcome refugees!" cada vez que una patera irrumpa en aguas territoriales de la Unión Europea procedente de África. Al igual que se puede izar la bandera del Estado del Bienestar para reclamar servicios públicos de educación y sanidad universales, gratuitos y de calidad, amén de salarios cada vez más elevados que permitan llevar una existencia digna al grueso de la población. Lo que no se puede defender son las dos cosas a la vez. Aquí y ahora, la disyuntiva para la izquierda continental, y cualquier economista serio lo sabe, es o welcome refugees o socialdemocracia. Y ello es así porque la gran paradoja de eso que llaman globalización está haciendo que las leyes que rigen el orden socioeconómico del siglo XXI se parezcan cada vez más a las del XIX. Recuérdese que los economistas del XIX, tanto los de derechas como los de izquierdas, igual los liberales que los marxistas, compartían idéntica visión pesimista sobre los salarios.

La idea común a todos ellos era que los trabajadores vivirían siempre al borde de la pobreza porque los salarios se estancarían de forma permanente en torno al nivel de la mera subsistencia por culpa de la presión explosiva del crecimiento demográfico. A la Economía se le llamó la ciencia lúgubre precisamente por eso. Y, en efecto, durante la mayor parte del siglo XIX el mundo real se pareció bastante a aquella teoría. Como se vuelve a parecer el nuestro de ahora mismo. ¿O cómo puede ser posible que una camarera de hotel de cinco estrellas cobre en Madrid o en Barcelona solo tres euros por hacer una cama? Pues puede ser posible por la muy sencilla y muy asombrosa razón de que, según datos oficiales de la Seguridad Social, entre 2001 y 2013 todos los puestos de trabajo creados por el sector turístico y el sector doméstico en España fueron ocupados por extranjeros. Todos, sí, todos. ¿Y cómo piensa financiar Pedro Sánchez su muy preciado Estado del Bienestar con las cotizaciones e impuestos de esos trabajadores norteafricanos que, en el mejor de los casos, ganarán tres euros por hora, ya sea limpiando habitaciones de lujo, ya sea vendiendo bolsos falsificados en la puerta de El Corte Inglés? ¿Con más buenismo impostado? Esperemos que solo sea marketing de usar y tirar. Por su bien.

Las siniestras consecuencias del buenismo
EDITORIAL Libertad Digital 13 Junio 2018

Si el infierno está empedrado de buenas intenciones, también lo están el negocio de la inmigración ilegal y la trata de seres humanos: las organizaciones criminales que sacan provecho económico de la desesperación de quienes huyen de la miseria y de la guerra cuentan con los buenos sentimientos que se presuponen a quienes trabajan en ONG como SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras para que efectúen operaciones de rescate como la llevada a cabo este fin de semana por el barco Aquarius. También cuentan con la mal llamada solidaridad de los Gobiernos europeos, para que se hagan cargo de los parias y no los devuelvan a sus lugares de origen.

Decisiones como la del Gobierno español de acoger en Valencia a ese barco, con más de 600 inmigrantes, podrían parecer una solución a corto plazo, pero en realidad constituyen un agravamiento a largo plazo de este drama humanitario.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido incluso conceder el estatus de refugiado y de personas acogidas a los referidos inmigrantes –más de un centenar de los cuales son niños que viajan sin acompañamiento– aduciendo una situación de "emergencia y excepcionalidad". Sin embargo, debería ser la política común europea de inmigración la que proporcionara un marco flexible que tuviera en cuenta las situaciones particulares de cada miembro de la UE. Decisiones unilaterales tomadas más con el corazón que con la cabeza como la del Gobierno Sánchez puede que resuelvan aparentemente el problema a corto plazo, pero a costa de agravarlo a medio y a largo, pues es harto probable que generen un indeseable efecto llamada.

La trampa humanitaria
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli  13 Junio 2018

La historia del Aquarius no tiene nada de excepcional, es la de otros muchos buques que patrullan el Mediterráneo socorriendo a emigrantes africanos y de Medio Oriente que se aventuran en alta mar a bordo de precarias embarcaciones, generalmente abarrotadas, con el propósito de alcanzar las costas de la Unión Europea. Tampoco es extraño que pertenezca a una ONG. Son muchas las que han fletado barcos en los últimos años para auxiliar a estos desdichados. Sus intenciones son loables y han evitado un sinfín de tragedias que, a pesar de todo, se siguen produciendo todos los veranos.

Durante 2017 más de tres mil personas perdieron la vida en el Mediterráneo, lo que convierte a esta ruta migratoria en la más mortífera del mundo. La mayor parte de las embarcaciones atestadas de emigrantes salen de las costas de Libia, un país envuelto en una sangrienta guerra civil desde hace siete años en el que proliferan las mafias que trafican con seres humanos como si fuesen cabezas de ganado.

Un simple vistazo al mapa nos aclara por qué esta ruta es tan letal. De la costa libia a la del sur de Sicilia hay entre 400 y 500 kilómetros de mar abierto sin más islas que las del archipiélago maltés y algunos islotes menores como Lampedusa o Pantelaria. ¿Por qué salen de Libia y no de Túnez, que está mucho más cerca de Italia? La razón es sencilla de entender: Libia es el único país del norte de África que carece de Gobierno. En estos momentos el territorio y sus costas están controlados por hasta cinco grupos distintos que guerrean incansablemente entre ellos.

Los emigrantes subsaharianos atraviesan el Sahara en caravanas y se dirigen a la costa libia sabedores de que allí les será relativamente fácil conseguir plaza en un cayuco. Todo previo pago de su importe, porque del África ecuatorial hasta Sicilia el emigrante lo paga todo a los distintos intermediarios que va encontrando por el camino. El mar es mucho más peligroso que cualquier desierto. Los tratantes cobran el pasaje, sobrecargan las pateras y las dejan a su suerte a sólo unas millas de la costa.

Pero, a pesar de la infinidad de riesgos que asumen, este es el camino escogido por casi todos. Desde 2014 entre el 70% y el 80% de los inmigrantes africanos que entran en Europa lo hacen por esa ruta, la más peligrosa e incierta pero la menos vigilada. Conocedores de la situación, los gobiernos de la Unión europea pusieron en marcha en 2015 la Operación Sophia en la que actualmente participan efectivos militares de Italia, España, Alemania, Francia, el Reino Unido, Eslovenia y Polonia. En estos momentos nuestro país tiene desplegados en la zona una fragata y un avión de Salvamento Marítimo que peinan la zona en busca de pateras a la deriva al tiempo que persiguen a las redes de traficantes.

Junto a la labor gubernamental, varias ONG europeas hacen más o menos lo mismo, una labor humanitaria admirable, pero con unas consecuencias no buscadas que no todos quieren ver a pesar de que los hechos lo muestran con toda su crudeza. El rescate sistemático de emigrantes en alta mar en lugar de frenar la inmigración está alentándola. Actúa como un imán para los que se internan en el mar y facilita la tarea de los contrabandistas de seres humanos, que tan sólo tienen que alejar los cayucos unas 20 millas de la costa. Del resto ya se ocupan los buques europeos, sean éstos militares o civiles.

Porque, y este es un detalle importante, cuando se rescata a un grupo de emigrantes en esa parte del Mediterráneo no se les devuelve a la costa de donde partieron, se les transporta hasta un puerto de la UE, generalmente del sur de Italia. Lo hacen así porque Libia no es un lugar seguro. Están enviando el mensaje que las mafias y los propios emigrantes quieren escuchar: tan pronto como dejen de divisar la costa hay una probabilidad muy alta de que un barco europeo les recoja y les lleve hasta Italia.

De hecho, los contrabandistas llenan los depósitos de las pateras con el combustible justo para llegar hasta el borde de las aguas territoriales libias. En ese punto quedan al pairo hasta que, si hay suerte, un navío de rescate les encuentra. Tanto las ONG como los gobiernos lo saben. Si rescatan malo, pero si no lo hacen peor, porque hasta que eso se conozca y se descuente en tierra habrán de morir miles de personas en el mar esperando un rescate que no llegará.

Pero el problema no termina en alta mar. Ahí simplemente empieza. Cuando los emigrantes llegan a los puertos italianos no es fácil deportarlos a sus países de origen; ya por que se desconocen, ya porque se encuentran en guerra como Sudán, Nigeria o Camerún. En países pequeños como Malta no cabe tanta gente. La extensión de la República de Malta es la mitad que el municipio de Madrid y padece ya con una gran densidad de población.

Más al norte, en Italia, espacio si hay, pero estos emigrantes no pueden ganarse la vida. Desconocen el idioma, las costumbres locales y carecen de la cualificación necesaria para emplearse en economías tan complejas y especializadas como las europeas. En muchos casos llegan sin siquiera saber leer, lo que les conduce a vivir a costa de los programas sociales o en el círculo vicioso de la economía sumergida. Si fuesen pocos no habría problema, con tiempo y paciencia irían integrándose, pero es que son cientos de miles cada año, muchos más de los que Italia puede acoger. Sólo el año pasado entraron casi 200.000, que se sumaron al medio millón que vaga por las ciudades italianas dedicado al sector informal y, en algunas ocasiones, a la delincuencia.

Europa tiene una capacidad de acogida limitada. No sólo llegan inmigrantes desde África, lo hacen también y en grandes cantidades desde Oriente Medio, Sudamérica, el sudeste asiático y Extremo Oriente. Una gigantesca ola migratoria a escala global a la que España no es ajena; todo lo contrario, se encuentra en una de sus intersecciones. Hoy nuestro país acoge a cinco millones de inmigrantes y su tasa de inmigrantes por cada 1.000 habitantes es el doble de la media europea, superior a la de Francia o Italia y similar a la del Reino Unido.

No es el nuestro un país insolidario o cerrado sobre sí mismo. Apenas se registran conflictos étnicos y se han integrado exitosamente comunidades numerosas como las que llegaron durante la década pasada desde Ecuador o Rumanía. No hay guetos en España, tampoco han aparecido partidos xenófobos, la inmigración no es un asunto que esté en la agenda diaria ni que ocasione apasionados debates como en otras partes de Europa. España, en definitiva, es un país abierto y extraordinariamente tolerante. Un país del que sentirse orgulloso.

Esto no significa que nuestra capacidad de acogida sea infinita. Como cualquier otro país envejecido necesitamos inmigrantes, pero no de cualquier tipo. Eso es lo que políticos como Ada Colau, Manuela Carmena o, desde hace dos días, Pedro Sánchez, parecen ignorar. No se trata de satisfacer la buena conciencia, sino de saber que tipo de inmigrantes podrán abrirse paso por sus propios medios una vez estén aquí. Franquear la puerta a alguien para recluirle después en un CIE o dejarle a su suerte vagando por la calle no tiene nada de solidario, es reírse de la miseria ajena para utilizarla como arma política. Y eso, un paso más allá de la propaganda, no es de humanitario, es simplemente vil.

¿España la nueva Lampedusa?
La UE parece incapaz de remediar las causas del gran éxodo de migrantes desde África y Oriente
Miguel Massanet diariosigloxxi 13 Junio 2018

Es evidente que, el señor Pedro Sánchez y su recién instalado ejecutivo, piensan sacar rédito de los grandes gestos, de aquellos que más beneficios les pueden proporcionar de cara a preparar su estrategia para mantenerse en el poder por más tiempo del que pensaron cuando pusieron en marcha su operación de acoso y derribo contra el señor Rajoy y el PP. Conocedores de las dificultades que se les van a presentar para poder sacar adelante sus grandes proyectos de cambio, ante la insuficiencia de los escaños ( 84) con los que cuentan en el Parlamento de la nación y la mayoría absoluta que sigue manteniendo el PP en el Senado, han decidido lo que se podría denominar como una guerra de guerrillas en la que van a procurar ir minando a sus adversarios políticos mediante su conocida capacidad para la propaganda, sus evidentes dotes para magnificar lo que les interesa vender a sus posibles votantes y su innata facultad de tergiversar las informaciones, modificar los datos, de forma que acaben favoreciéndoles, y mentir con tanto oficio que parece que, lo que dicen, sea la verdad.

Ahora se les acaba de presentar lo que pudiera representar una ocasión de oro para colgarse la medalla de partido generoso, protector de los desvalidos y buen samaritano con los necesitados. Un barco de una ONG cargado con 629 migrantes, de estos que los traficantes de seres humanos acompañan a mitad de trayecto desde Libia a las costas de Italia y luego los abandonan en lanchas neumáticas a su suerte, esperando que los barcos de vigilancia costera italianos los recojan y los desembarquen en puertos italianos para que sean acogidos, alimentados, curados y luego repartidos por el país si no encuentran forma de darles traslado a otras naciones que, en la mayoría de los casos, se muestran poco propicias a hacerse cargo de ellos. El nuevo gobierno italiano, del que no nos olvidemos forma parte importante el partido del señor Beppe Grillo, el cómico de la extrema izquierda italiana, fundador del Movimiento 5 Estrellas, supuestamente defensor de los necesitados y de personas en situaciones extremas, alguien que no parece que se haya opuesto a que su socio de gobierno, el líder de la Liga Norte, el señor Matteo Salvini, haya decidido tomar el toro por los cuernos, en el tema de la invasión de migrantes que desembarcan en Italia y, visto que la UE no les ha dado una solución satisfactoria a su problema, han tomado la drástica decisión de impedir que nuevos migrantes ( no se les puede considerar como refugiados ni tienen la condición de tales) desembarquen en ningún puerto italiano, que es lo que le ha sucedido al barco Aquarius cuando ha sido vetado en Italia y también en la isla de Malta en la que pretendió desembarcar su carga humana como alternativa.

Una misión humanitaria que, al parecer, no ha afectado a la conciencia de ningún jefe de estado con costas en el Mediterráneo, salvo, a nuestro buen samaritano el señor Pedro Sánchez, que ha sido quien se ha mostrado dispuesto a acoger a los emigrantes del Aquarius en un puerto de España, que pudiera ser el de Valencia o el de la misma isla de Mallorca. Un gesto humano que nadie, en sus sano juicio, puede criticar y que, sin duda alguna, ha merecido los beneplácitos de quienes forman parte de aquellos que son partidarios de abrir de par en par las puertas de España para que lleguen por todas sus fronteras, todos aquellos seres humanos que se han visto impelidos a abandonar sus respectivos países, la mayoría dictaduras o estados fallidos del continente Africano, para ser explotados y robados por los modernos negreros o traficantes de esclavos modernos, como se los quiera denominar, que han encontrado el modo de enriquecerse fácilmente enviando a estos pobres seres desesperados a enfrentarse con un mar que, la mayoría de ellos no había tenido ocasión de verlo con anterioridad, embarcados en frágiles embarcaciones de goma, sobrecargadas con más peso que el debido, esperando que alguna embarcación se apiade de ellos para sacarlos de semejante trance.

Pero ¿qué hace la UE para evitar que semejante ignominia se siga produciendo? En realidad ¿está Europa en condiciones de absorber toda la corriente migratoria que le llega desde el extremo Oriente y desde todas las repúblicas y monarquías africanas, a través de trayectos de miles de kilómetros en los cuales, una gran parte de los que intentan huir de la pobreza, fallecen por inanición, enfermedades o por el maltrato que les dan aquellos que los intentan explotar, aprovechándose de ellos? En realidad, los países del norte se han tomado este tema con bastante tranquilidad, salvo quizá en Alemania donde la misma señora Merkel ha pagado caro, en las urnas, su predisposición a acoger en su país a todos aquellos refugiados que le llegaban de oriente, sin tener en cuenta que el pueblo alemán no veía con buenos ojos aquella invasión de otras culturas tan distintas de la suya que se instalaban en sus ciudades sin respetar a sus mujeres, su forma de vida y costumbres y, en muchos casos, delinquiendo para poder sobrevivir. En España una de las que más veces ha pretendido traer más inmigrantes a Barcelona ha sido su alcaldesa, Ada Colau, la ex antisistema, la activista contra los desahucios, la protectora de los okupas y de los manteros que, a pesar de haber suscitado el rechazo de la mayoría del pueblo oriundo siguen campando por sus respetos desafiando la ley y contando con la protección explícita de la alcaldesa. Suponemos que, haciendo gala al ofrecimiento que, inmediatamente, ha hecho la señora Colau, de acoger a una parte de los migrantes del Aquarius, va a aumentar considerablemente el ya de por sí importante número de ilegales manteros que ocupan a su aire la ciudad de Barcelona, ya que, al parecer no tiene empleos que ofrecerles para que se dediquen a otra cosa que no sea delinquir.

Evidentemente, no hay nada que objetar a que España tenga la sensibilidad de impedir que unos migrantes puedan sufrir alguna desgracia irremediable en un barquito sobrecargado; es más, es un bonito gesto. Sin embargo, a muchos nos preocupa el recuerdo de los que ha venido sucediendo en la isla italiana de Lampedusa, lugar en el que la gran corriente migratoria procedente de Túnez y Libia ha sido más intensa y donde mayor ha sido el impacto de las sucesivas oleadas que han ido invadiendo Italia durante los últimos años. Ahora, el gobierno italiano, el nuevo gobierno reformista de extrema izquierda y extrema derecha, cuyo presidente ocupará el palacio del Quirinal, ha decidido decir “no” a más inmigrantes y se ha cerrado en banda, cumpliendo una de las promesas que se les hicieron a lis italianos cuando les pidieron el voto. Habrá que preguntarse si, con la aceptación de que el Aquarius desembarque en un puerto español los 629 ocupantes, todo se habrá acabado y servirá para que Europa, la Europa comunitaria, reaccione y tome medidas para impedir que, este tráfico de migrantes siga, como hasta ahora, actuando en los lugares donde, con una acción drástica, se puede impedir que los dictadores y gobernantes permitan que sus habitantes sigan viviendo en las condiciones de extrema miseria que los impulsan a buscar otros lugares donde vivir o si, simplemente, el señor Sánchez les habrá dado la pista a los traficantes humanos, sobre la nueva ruta que deberán seguir los migrantes para encontrar la acogida que ellos esperan recibir y, con ello, España se convierta en el próximo destino de todos aquellos que, no solamente por nuestra frontera Sur, sino también por nuestros puertos de levante, nos lleguen las oleadas de migrantes que, hasta ahora, invadían la nación italiana.

Alguien ha afirmado que, por las ciudades de Ceuta y Melilla, a pesar de las medidas extremas de seguridad que existen en sus fronteras, vienen entrando en la península del orden de 20.000 inmigrantes cada año. Inmigrantes que deben ser alimentados, vestidos, atendidos sanitariamente y alojados en condiciones de habitabilidad. De ellos puede que, después de una minuciosa investigación de nuestros servicios migratorios, se consiga devolver a sus países de origen alrededor de unos 5.000, lo que supone que unos 15.000 siguen alojados en los CIES hasta que se reparten por toda la geografía española, siendo con preferencia destinados a las grandes ciudades, donde se supone que podrán ser absorbidos con mayor facilidad. No sabemos si, quienes siguen sosteniendo que debemos seguir admitiendo que aquellos que se presenten a las puertas de España para venir a gozar de nuestros adelantos, entre ellos, de nuestra Seguridad Social, de nuestra Sanidad, del escaso trabajo que mantiene a nuestros parados a niveles demasiado elevados, de nuestras calles, de nuestros alojamientos etc., van a pedir que también se abran las dos fronteras africanas, para que todos los que pretenden entrar por allí puedan hacerlo, sin que sea necesario que nuestros guardias civiles y nuestra policía se expongan a ser heridos, golpeados o, incluso, asesinados por las hordas de invasores que siguen acechando, esperando la mínima oportunidad que se les presenta para iniciar el asalto.

No entendemos muy bien cuáles son las reglas que siguen rigiendo en Europa respecto a la acogida de inmigrantes, pero tenemos la sensación de que quienes deben tomar las decisiones sobre este tema no son los jefes de Estado de las naciones que forman parte de la UE, sino que deben existir, para estos casos, organismos supranacionales que estén encargados de establecer y hacer cumplir las normas comunitarias que se deben respetar ante casos tan complicados y que afectan, de una manera tan especial, a la conciencia y sensibilidad de todos los ciudadanos que no acaban de entender que, en casos tan evidentes de la necesidad de la toma de decisiones de la máxima autoridad europea, deban ser las improvisaciones de algunos estados las que deban solucionar, a veces en contra de lo establecido y de los propios intereses del país de acogida, problemas que debían estar previstos desde hace años a nivel de Europa.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos con asombro como, para temas de una importancia tal para toda la comunidad europea, no existan normas de actuación lo suficientemente específicas, racionales, equitativas y expeditivas para que, casos como el mencionado, no deban de ser tratados a nivel de ninguno de los estados miembros de la UE y sí por organismo comunitario que tengan la autoridad suficiente para tomar decisiones que hagan respetar las leyes existentes en toda la comunidad de naciones que forman la CE. En caso contrario, pudiera darse el caso de que, como ha sucedido en esta ocasión con España, a pesar de la buena voluntad de sus gobernantes (queremos creer que no ha sido simplemente de un cálculo para conseguir votos) pudieran crear un precedente que, finalmente, lograra repercutir en todo el resto de países de nuestro entorno. Algunos piensan que una de las causas por las que, los ingleses, decidieron separarse de la UE, ha sido el hecho de que, por el túnel del paso de Calais, se iban filtrando centenares de inmigrantes procedentes de los países de Este, sin que los franceses pudieran impedirlo. Vale la pena reflexionar sobre un tema tan complicado y de tanta trascendencia para todos.

‘UN REFERENTE MORAL’
Antonio Salvá, víctima de ETA, nuevo vicepresidente de Actúa Baleares
La Gaceta  13 Junio 2018

El padre de Diego Salvá, guardia civil asesinado por ETA en 2009, se une a la formación que ha anunciado una coalición con VOX de cara a las próximas elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales.

Actúa Baleares ha nombrado a Antonio Salvá, padre del guardia civil asesinado por la banda terrorista de ultraizquierda ETA en 2009 Diego Salvá, miembro del Comité Ejecutivo Regional de la formación y ha confirmado que ocupará una de las cuatro vicepresidencias.

Salvá, médico, fundador y director del Instituto Urológico Balear y hasta hace un mes directivo del Sindicato Médico de Baleares, ha sido presentado por el presidente del partido, Jorge Campos, que ha manifestado que “es un honor que un referente moral de nuestra sociedad, una víctima del terrorismo que ha demostrado una actitud ejemplar ante la más dura de las desgracias que puede vivir un padre, además de médico de reconocido prestigio, quiera formar parte del proyecto”.

Por su parte, Salvá ha asegurado que como víctima del terrorismo la mejor forma de que se le oiga era “unirse al partido”. “En Actúa tienen claro su compromiso con la memoria, dignidad y justicia. Me han defraudado el resto de los partidos con representación parlamentaria”, ha añadido, antes de recordar que “son los únicos que defienden la derogación de toda la normativa lingüística catalanista, y apuestan por la libre elección de lengua en todas las etapas educativas entre el español y el mallorquín, la reducción de cargos políticos, la eliminación de impuestos y por la lucha contra la inmigración ilegal de una manera clara y coherente”.

Coalición con VOX
Actúa Baleares y VOX formalizarán el próximo día 14 en Palma su anunciada coalición de cara a las próximas elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales.

A las 20:00 horas se celebrará un acto público bajo el nombre “Unidos por España” que se llevará a cabo en el Auditorium de Palma de Mallorca, donde intervendrán José Antonio Ortega Lara, el presidente de VOX, Santiago Abascal, la vicepresidenta de Actúa, Malena Contestí, y su presidente Jorge Campos.

AUNQUE NO HAYA RIESGO DE ATAQUE
Víctimas de ETA piden a la UE que el enaltecimiento del terrorismo sea delito
La Gaceta  13 Junio 2018

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido que se modifique la directiva comunitaria relacionada con el terrorismo para que el enaltecimiento y la humillación a las víctimas sea considerado delito aunque no haya atentados ni riesgo de haberlos.

Así lo ha señalado este lunes el presidente de DyJ, Daniel Portero, en su discurso de clausura del acto de entrega de las medallas de su asociación, en el que ha aprovechado la presencia de uno de los premiados, Gilles de Kerchove, coordinador de la lucha contra el terrorismo de la Unión Europea (UE), que ha recibido la máxima distinción: la medalla de oro.

Portero se ha dirigido a él para recomendar a las autoridades comunitarias que maticen algunos detalles de la directiva 541/2017, ya que, según esta normativa, sólo se puede considerar delito el enaltecimiento si hay riesgo de acciones terroristas violentas.

Según el presidente de DyJ, la interpretación de esta directiva impide a los jueces españoles condenar algunas manifestaciones de enaltecimiento porque ETA se ha disuelto y no mata.

No obstante, Portero tiene claro que la banda terrorista sigue “presionando” y “amenazando”, lo que para él supone “violencia” y una continuidad del terrorismo.

Portero ha recordado también los 856 asesinatos de ETA, de los que en casi 400 no se conoce al autor ni hay sentencia que haya podido resarcir a las familias de la víctima, para las que las indemnizaciones, aunque importantes, no son suficientes para ese resarcimiento.

El presidente de DyJ volverá el día 18 al Parlamento Europeo para abordar, en la comisión de Peticiones, este asunto.

Durante el acto también han sido galardonados con la medalla de oro, a título póstumo, los ocho miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fallecidos en Irak como consecuencia de atentados terroristas.

A sus familias les ha impuesto la medalla el director del CNI, Félix Sanz Roldán, que ha calificado de héroes a los fallecidos, que aceptaron servir hasta donde hiciera falta.

La que fuera defensora del Pueblo Soledad Becerril; el fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral de la Rosa; o el excomisario general de Información de la Policía Nacional Enrique Barón, han sido otros de los galardonados junto con agentes de la Guardia Civil que han dedicado su trayectoria profesional a la lucha contra el terrorismo.

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La imposible reforma de la Constitución

Alejo Vidal-Quadras  gaceta.es 13 Junio 2018

Tras cuarenta años de vigencia, la Constitución de 1978 ha revelado sus no pocas deficiencias, lagunas e inconsistencias. Fruto de una negociación a múltiples bandas entre fuerzas políticas con modelos sociales, visiones de la economía e ideas de España muy diferentes, la síntesis que surgió de aquellos meses acelerados tras el nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno consiguió cuadrar un círculo condenado a sufrir los embates del partidismo, la deslealtad, el electoralismo y el oportunismo. Por supuesto, si los encargados por los votantes de su desarrollo legislativo y aplicación práctica a lo largo de las últimas cuatro décadas hubieran sido estadistas intachables dotados de gran altura moral, afilada inteligencia y generoso patriotismo, nuestra Norma Suprema hubiese resistido mejor el paso del tiempo. En manos de corruptos, traidores, fanáticos, indolentes, revanchistas y frívolos, ha ido manifestando cada vez más sus notorios defectos y perdiendo sus innegables virtudes. Hoy sus costuras se deshilachan tironeadas por el separatismo excluyente y por el populismo colectivista mientras se extiende sombría por la sociedad española la sensación de vivir un fin de ciclo en el que la certeza de que lo que hay ya no sirve se mezcla con la incertidumbre sobre lo que vendrá.

La nueva y etérea ministra de Política Territorial ha declarado que la reforma de la Constitución es “urgente, viable y necesaria” y ha animado a todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso a participar en los trabajos de la Comisión de reforma territorial, antesala desde la perspectiva del PSOE de una futura Subcomisión sobre la reforma de la Constitución. Si bien se puede coincidir con la angelical Meritxell Batet en cuanto a la necesidad de mejorar nuestra Ley Fundamental, la urgencia y la viabilidad de semejante operación distan de ser evidentes. Si hay algo que no resulta conveniente para una modificación sustancial del ordenamiento básico es la precipitación y con el actual panorama político a la vista concluir que sería empresa llevadera, es habitar en otro mundo.

De entrada, se presenta en esta trascendental cuestión un obstáculo insuperable. En la mente de Pedro Sánchez y de su equipo, bajo la influencia del PSC, organización a la que pertenece la ministra, la hipotética reforma constitucional a acometer debería ir en la línea de otorgar aún más competencias a la Generalitat catalana inspirándose en los principios de bilateralidad, independencia fiscal al estilo vasco, reconocimiento de facto del catalán como única lengua oficial, un poder judicial propio desgajado del estatal, la trasferencia de la Seguridad Social y, en definitiva, la emergencia de un Estado Libre Asociado que no conservaría con España otro vínculo puramente nominal que la Corona y la acción exterior con muchos matices. Tal como ha empezado a apuntar Batet, se trataría de recuperar el disparatado Estatuto de Autonomía que aprobó el Parlamento de Cataluña hace trece años, que el Congreso tuvo que enmendar y el Tribunal Constitucional acomodar al marco jurídico vigente. Baste recordar para refrescar la memoria del flamante Gobierno socialista que el texto que salió del Parque de la Ciudadela incluía perlas como la competencia sobre aguas territoriales marítimas y la obligación del Gobierno de la Nación de someter al catalán cualquier tratado internacional que afectase a las competencias de la Generalitat. Ni que decir tiene que pensar que el Partido Popular o Ciudadanos aceptarían semejantes excesos es pura fantasía. Además, la peregrina ocurrencia de que el separatismo se apaciguaría proporcionándole aún más instrumentos institucionales, políticos y financieros que los que ha utilizado para dar su golpe contra el Estado no dice mucho sobre la clarividencia del recién estrenado Ejecutivo.

Si la realidad nos ha mostrado una dirección en la que debería moverse una reforma de la Constitución es exactamente la contraria, la de reforzar el Estado, hacerlo más eficiente y garantizar con mucha mayor intensidad la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos.

La única medida urgente, necesaria y viable a tomar sería una unidad de propósito férrea de los tres partidos constitucionalistas para aplicar el artículo 155 en Cataluña por un período indefinido que incluyera el control total de las finanzas, los Mossos d´Esquadra y la radio y televisión públicas hasta, por utilizar el mismo término al que ha recurrido acertadamente el ministro de Asuntos Exteriores, “desinfectar” la sociedad catalana del supremacismo, del odio irracional, del totalitarismo y del racismo que la envenenan. Cualquier aproximación blanda al problema, y no digamos ya el entreguismo suicida que anida en la amable cabecita de la ministra de Política Territorial y Función Pública, sólo desemboca en la catástrofe.

Podemos siempre con los proetarras
OKDIARIO 13 Junio 2018

La connivencia de Podemos con los herederos de ETA es alarmante. Siempre con los proetarras, siempre compartiendo los postulados del terrorista Arnaldo Otegi. Constantemente de acuerdo con los enemigos de España, ya sea con los separatistas del País Vasco o con los de Cataluña. El sesgo radical del comunismo bolivariano español, lejos de menguar, aumenta a medida que se van dando cuenta de su insignificancia en la vida pública. Ahora ayudan a EH Bildu a comprar un castillo en Francia a través de una asociación afín y con dinero público. En total, 80.000 euros que serán cargados a los Presupuestos navarros y, por tanto, sobre los bolsillos de todos los ciudadanos.

Pablo Iglesias debería explicar esta maniobra. El líder de una formación que aspira a gobernar España —aunque afortunadamente sus opciones cada vez son más remotas— ha de aclarar en qué anda metido su partido. En primer lugar, porque es público y notorio que nada se mueve en ninguna delegación de la formación morada sin que él dé el visto bueno. En segundo lugar, porque el promotor de la asociación afín a Bildu que quiere comprar el castillo en Francia es un triple asesino de la banda terrorista ETA. Philipe Bidart, que así se llama el dirigente del colectivo proetarra Etxauzia, fue condenado en 1992 y 1993 en el país galo a dos cadenas perpetuas por dos asesinatos en los que estuvo implicado.

En su ignominioso currículo también figura una sentencia a 20 años de prisión por haber participado en un tiroteo en 1983 en el que murió un gendarme. Este terrorista de la denominada ETA francesa es íntimo de Otegi y, debido a esta vergonzosa alianza con Podemos, ahora también cercano a Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos no tendrá más salida que dar explicaciones sobre esta maniobra si no quiere caer en el descrédito más absoluto. Especialmente después de que los últimos escándalos de su formación hayan socavado su credibilidad hasta situarla por debajo de cero.

Buenismo:el nuevo talante.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 13 Junio 2018

PEDRO SÁNCHEZ ENARBOLA LA BANDERA DE LA DEMAGOGIA Y EL POPULISMO ASILANDO A 629 “RESCATADOS” / EL TRIBUNAL SUPREMO INICIA LAS REBAJAS DEL VERANO REVISANDO LAS CONDENAS DEL CASO NOÓS.

A la primera oportunidad pedro Sánchez ha decidido apuntare al populismo y la demagogia más rastrera ofreciéndose a la UE para acoger a los 629 emigrantes “rescatados” por la ONG a la que pertenece el barco AQUARIUS. Y pongo lo de rescatados entrecomillado porque el supuesto rescate se parece mucho más a una labor organizada de transporte en plan ferry entra Libia e Italia, eso sí, justificado como acción humanitaria socorriendo a los náufragos alojados en pateras a la deriva en aguas internacionales muy cercanas a las costas del país africano donde las mafias que controlan los embarques se enriquecen. Una historia inverosímil que el Gobierno ultraderechista italiano de Salvini se ha negado a aceptar y ha decidido negar el atraque del barco en ningún puerto italiano. Y ante la difusión mediática del drama humano y la negativa de Malta a acogerlos, ha sido Pedro Sánchez el que ha sabido ver su oportunidad para evidenciar el nuevo talante de este Gobierno y nada menos que se ofrece voluntario para esa acogida y ofreciendo el puerto de Valencia, una comunidad donde el PSV (partido federal del PSOE en esa comunidad) gobierna en coalición.

Para ello no ha dudado en montar todo un circo, medios de comunicación de por medio, mandando a Valencia a la Ministra de Igualdad y vicepresidenta, Carmen Calvo, la cuota zapateril, para que se coordine con Ximo Puig y reciba a los refugiados. Una jugada que bien podría haberla firmado el mayor populista y demagogo, Pablo Iglesias y su partido PODEMOS, que ve una vez más cómo Pedro Sánchez le adelanta por la izquierda y más que sorpasso le atiza un sopapo en toda regla. Y es que la desfachatez e hipocresía de este sujeto no tienen límites y se atreve a usar un drama humano para hacer política de la más baja estofa. Porque su ofrecimiento no deja de ser un mero gesto “simbólico”, ya que la política de inmigración le corresponde a la UE y ningún país miembro puede actuar “por libre”. Lo segundo que hasta los mismos rescatadores no querían tener la oferta en cuenta por la lejanía de Valencia que haría peligrosa la travesía, habiendo otros puertos de la UE como los de Malta o Córcega (Francia) mucho más cercanos.

El caso es que a Pedro Sánchez, “el magnánimo” se le atribuye una conversación con su Ministra de Presidencia Carmen Calvo, diciéndole que “España no puede admitir esto”. Otra frase típica del populismo y demagogia que caracteriza a este impresentable y su equipo de okupas de la Moncloa. Porque España es mucho más que Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno que por ahora solo representa a los 85 diputados del PSOE en el Congreso. Podrá hablar en nombre de su partido y de su Gobierno, pero nunca en el nombre de España. Además, esa decisión, como le pasa a Manuela Carmena en la ciudad de Madrid cuando pone de forma sectaria y partidista una pancarta de “Refugees welcome”, lo hace despreciando la opinión de la oposición que representa a la mitad de los madrileños. Es intolerable y mezquino querer hacer política con el drama humano de la emigración. Un problema del que las potencias europeas colonizadoras y expoliadoras de África, actualmente integradas en la UE, tienen toda la responsabilidad y deben actuar de forma coordinada y solidaria para resolverlo.

Es simplemente vergonzoso el que Pedro Sánchez intente aprovecharse de una tragedia, como ya hiciera el PSOE en el caso del Prestige en Galicia o el accidente aéreo del Jack 42. En este caso la negativa del Gobierno de Italia, casualmente de extrema derecha, a aceptar más “entregas humanitarias” de ONG’s empeñadas en actuar como recolectores de emigrantes en pateras y llevarles sanos y salvos a puertos de ese país, en una avalancha humana imposible de asumir por ningún Estado por la falta de solidaridad del resto de los países comunitarios de la UE. Suena todo a falso, a oportunismo, a demagogia y populismo sentimentaloide de lo peor con el único objetivo de obtener un rédito político. Y como dije antes, no se puede permitir hacer este tipo de políticas con los dramas humanos.

Y hablando de dramas, resulta dramático y esperpéntico la sentencia final del tribunal Supremo sobre los recursos presentados por los condenados en el caso Noós entre los que se encuentra el yerno del Rey emérito y cuñado del rey en activo, Iñaki Urdangarín. El drama es que el “ex Duque empalmado” recurrió lo que le parecía una sentencia injusta que le condenaba por haberse aprovechado de su posición y relación familiar para enriquecerse ilícitamente por “trabajos” (es una forma de hablar) realizados a diferentes Administraciones públicas. La sentencia de la Audiencia Provincial de Mallorca, se establecía en seis años y tres meses por los delitos de fraude fiscal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La nueva sentencia rebaja en cinco meses este total al no apreciar falsedad documental en uno de los hechos atribuidos, quedando en unos ridículos cinco años y diez meses. Y una vez más, este Alto Tribunal desoye las argumentaciones de la Fiscalía que había pedido subir la condena hasta los diez años, aunque rechaza por unanimidad el recurso presentado por Urdangarín de solicitar la libre absolución.

Lo curioso es que su socio de fechorías haya recibido aún mayores rebajas de condena que ha pasado de los ocho años y medio a otros ridículos cinco años y ocho meses. Una condena dos meses menor que la del ex Duque. Lo siguiente es que su ingreso en prisión deberá ser realizado en un plazo no superior a los diez días naturales a partir de la comunicación oficial a los condenados que, al parecer, se producirá mañana mismo. Es decir que deben ingresar en prisión el 23 de este mes de junio como tarde. Una casualidad que sea la víspera de San Juan y las célebre “Nit del fog”. Pero aquí quien se ha quemado de verdad es una Justicia que ha demorado en exceso la emisión de una sentencia sobre los recursos que debería haberse dado hace al menos un mes. Una sentencia que vuelve a confirmar que en España robar a manos llenas sale a cuenta por barato. Las cantidades imputadas están muy lejos de las que se presumen como reales y su recuperación parece una misión imposible.

En cuanto a la estancia en prisión, es evidente que se usarán todos los mecanismos legales para reducir las condenas reales a la mínima expresión. Y no es descartable ver a al ex Duque en un par de años en libertad provisional viviendo a cuerpo de Rey e incluso asistiendo a algún que otro evento familiar de los Borbones. También la Infanta Dª Cristina ha visto cómo la sanción por su participación a título lucrativo de las ganancias de Noós, ha sido rebajada y le van a devolver parte de lo abonado en una especie de “paga de verano” acompañando a la rebaja de condena de su esposo. Yo no sé si la opinión publica española aceptará de buen grado esta sentencia, que sin duda debe ser jurídicamente impecable respecto a la s pruebas aportadas Y esto es un milagro dado que este asunto lleva ocho años desde sus orígenes. La proverbial lentitud de la Justicia de España que exaspera a casi todos y termina por no ser Justicia.

El caso es que se podría decir que el ex Duque casi se va de rositas y que, tras dos años en una jaula de oro, que no dudo que será donde vaya finamente a penar su condena, podrá salir libre y recuperar su vida de lujo como consorte de una Infanta de España y padre de herederos a la Corona en esa larga línea sucesoria.

Personalmente creo que es una condena irrisoria que debería haber sido ejemplarizante, dentro de los ampliso margenes que permite la ley y haberse aplicado en su grado máximo, dada la posición relevante y privilegiada del condenado de la que supo aprovecharse de forma obscena y arrogante, (recuerden las imágenes altivas y desafiantes del condenado cuando bajaba a las dependencias del Audiencia de Palma de Mallorca ante el juex instructor Castro).

¡Que pasen un buen día!

TRAS LA DECISIÓN DE SÁNCHEZ
El Govern paraliza la liquidación del Diplocat y reactiva su patronato
La Gaceta  13 Junio 2018

El Consejo de Ministros adoptó el pasado 15 de diciembre el acuerdo de liquidación del Diplocat y designó el órgano encargado de llevar a cabo ese proceso, hasta que el 12 de abril la entidad se dio finalmente por cerrada.

El Govern ha acordado este martes paralizar el proceso de liquidación del Diplocat, organismo de diplomacia pública impulsado por la Generalitat y que fue cerrado durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha anunciado la reactivación de su patronato para que tome una decisión sobre el futuro del ente.

Tras la reunión de este martes del Govern, la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha afirmado que se ha decidido “detener el mandato de liquidación” del Diplocat ordenado por el Gobierno de Mariano Rajoy, “dejar sin efectos el órgano liquidador” del ente y “constatar que este proceso de liquidación no finalizó”, por lo que sus estructuras de gobierno “siguen activas”.

El Consejo de Ministros adoptó el pasado 15 de diciembre el acuerdo de liquidación del Diplocat y designó el órgano encargado de llevar a cabo ese proceso, hasta que el 12 de abril la entidad se dio finalmente por cerrada.

Según Artadi, sin embargo, la formalización de esta liquidación fue “totalmente irregular”, además de “arbitraria y procedimentalmente errónea”, y no se llegó a culminar. Artadi ha explicado que la Generalitat “se personará” en el proceso judicial abierto a raíz -ha dicho- del intento de “disolución ilegal” impulsado por el Gobierno de Rajoy.

Además, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presidirá una próxima reunión del pleno del patronato del Diplocat, que “en ningún caso se ha disuelto” y que por lo tanto “no ha perdido su personalidad jurídica”, ha añadido Artadi.

En diciembre, la Associació Catalana de Municipis (ACM), uno de los miembros del patronato, interpuso un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Gobierno que sirvió para suprimir el Diplocat, pero el Tribunal Supremo decidió en febrero mantener la disolución y no adoptar las medidas cautelares contrarias que había solicitado la entidad municipalista.

Artadi ha destacado que “una de las razones” por las cuales la liquidación del Diplocat “no se llegó a completar” es porque los registros policiales en sedes de departamentos de la Generalitat “impidieron que se llevase a cabo parte del trabajo que tenían que hacer”.

Por otra parte, sobre la reapertura de delegaciones de la Generalitat en el exterior, ha señalado que se trata de un proceso “complejo” en el que está trabajando “de manera muy intensa” el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, porque es “una de sus máximas prioridades”, y espera poder hacer “anuncios en breve”.

El Govern tiene intención de “retomar la actividad en el exterior con la voluntad de ampliar y fortalecer la presencia de Cataluña en Europa y el mundo”.

Diplocat, la ruinosa «diplomacia» del independentismo catalán pagada con dinero público
Entregado al proyecto nacionalista, el ente que ha reactivado la Generalitat se ha tragado 25 millones de euros en diez años
Roberto Pérez ABC 13 Junio 2018

Entregado a promocionar por el mundo el proyecto «nacional» de Cataluña, el Diplocat ha sido una de las insignias del engranaje de la maquinaria independentista de la Generalitat, pero también una palmaria muestra de gestión ruinosa. El ente que acaba de reactivar el secesionista Quim Torraes eficaz en engullir dinero público, en saltarse sus propias cuentas y en generar números rojos.

Sus gastos van en sintonía a su pomposo nombre oficial: «Patronato Cataluña Mundo – Consorcio de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat)». Su existencia viene de lejos, de los años en los que se llamaba Patronato Cataluña Mundo, a secas. A Artur Mas pareció saberle a poco y decidió rebautizarlo en noviembre de 2012 con esa larga denominación cuya versión reducida es Diplocat. Reforzó este organismo como parte de la estructura secesionista que iba fraguando por entonces. El Diplocat se convirtió en el ente «diplomático» de la Generalitat, convenientemente alimentado con fondos públicos para vender «nación catalana» fuera de España.

Llegó a gastar en un año (2010) más de tres millones y medio de euros. En 2017 disfrutó de un presupuesto de más de 2,3 millones. Son solo dos botones de muestra del dinero con el que lo ha ido alimentando la Generalitat, sostenida desde hace años con el auxilio financiero permanente del Estado.
Empeñado en provocar números rojos

En solo diez años, de 2008 a 2017, este organismo se tragó 23,5 millones de euros de dinero público. Pese a ello, dejó un agujero de millón y medio de euros en números rojos recurrentes. Así que, en total, ha fulminado 25 millones en un decenio. Cada año sabía de antemano y a ciencia cierta los ingresos que iba a tener, así que el riesgo «empresarial» era nulo: bastaba con no gastar de más. Pero tan sencilla cuenta le resultó misión imposible al Diplocat. Memorable fue el ejercicio de 2011, cuando generó unos números rojos de casi un millón de euros.

La inmensa mayoría del dinero del que se nutre el Diplocat le llega de la Generalitat. Pero disfruta también de otras fuentes añadidas. En sus presupuestos oficiales consta, por ejemplo, la contribución que recibe de la Diputación de Barcelona.

Polémico y bajo sospecha
Las memorias presupuestarias del Gobierno catalán dicen que el Diplocat debe «impulsar la proyección internacional de Cataluña, apoyar las iniciativas de la sociedad civil y fomentar un diálogo cercano y continuo con los medios de comunicación y los generadores de opinión». Es decir, servir de punta de lanza en la proyección y propaganda exterior de una Generalitat entregada desde hace años a la causa independentista. De hecho, las cuentas del Diplocat han sido objeto de investigación policial y judicial. Hace unos meses, su sede barcelonesa fue registrada durante horas por la Guardia Civil, en el marco de las indagaciones por la financiación del golpe secesionista.

Una pieza en un engranaje más amplio
Pese a su relevancia, el Diplocat es solo una pieza en el engranaje de las relaciones internacionales del Gobierno catalán. Artur Mas reforzó esa maquinaria, y Carles Puigdemont la blindó aún más. Así nació esa suerte de «ministerio de asuntos exteriores» que confió al independentista Raúl Romeva, uno de los encarcelados por el golpe del año pasado. El Diplocat dependía de aquella Consejería dirigida por Romeva y bautizada también con pomposo nombre: «Asuntos y Relaciones Internacionales, Exteriores y Transparencia».

Pese a ser multimillonario, el presupuesto del Diplocat ha venido siendo una porción de una nutrida tableta. El departamento de Romeva abarcaba mucho más que el Diplocat. Por ejemplo, la red de «embajadas» de la Generalitat, la cooperación internacional al desarrollo y una abultada estructura burocrática al servicio de la política exterior en sentido amplio y en múltiples frentes. En 2017, Puigdemont asignó algo más de 35 millones de euros al servicio exclusivo de la «diplomacia» y la «política exterior» de la Generalitat: 17 millones bajo el paraguas de la cooperación internacional al desarrollo, y otros 18 millones para todo el entramado de la acción internacional, del que el Diplocat es una parte.

Elogio del trabajo de Sandrine Morel
El libro de la corresponsal francesa de 'Le Monde', titulado 'En el huracán catalán', es una mirada privilegiada al laberinto del 'procés'
Juan Manuel Moreno-Luque elconfidencial 13 Junio 2018

He leído de un tirón el reciente libro de Sandrine Morel, 'En el huracán catalán'. Sandrine Morel ha cubierto la actualidad española para el periódico francés 'Le Monde' desde el verano de 2010, ha asistido a todas las Diadas desde 2012 hasta 2017, ha realizado centenares de entrevistas a personajes políticos de primer orden, historiadores, intelectuales, periodistas, escritores, manifestantes… Y ha cubierto las elecciones autonómicas de 2010, 2012 y 2015.

El libro de Sandrine Morel es un libro excelente, emocionante y emocionado, riguroso y valiente, que parte del año 2012, en el que los partidarios de la independencia pasaron de representar el 29% de la población catalana en febrero a suponer ya más del 44% en octubre, el año en que se creó la Asamblea Nacional Catalana y se organizó la primera gran Diada independentista en medio de una profunda crisis de los bancos y de los mercados que arrastró a toda la sociedad española.

Describe cómo se construyó el movimiento hegemónico en que fueron decisivas como maquinaria para movilizar a las masas la ANC y Òmnium Cultural, que comparten desde entonces el poder con el Gobierno catalán; cómo se pasó en las Diadas de la revolución de las sonrisas al odio desacomplejado a todo lo español; cómo se manipuló la historia en el Institut d'Estudis Catalans, y cómo se utilizaron los eufemismos, como el derecho a decidir y la idea básica de que la independencia no tendría ningún efecto negativo sobre la economía y la sociedad y solo traería consigo riqueza y prosperidad, cuando lo ocurrido ha sido la escalada de la tensión y el choque de trenes, con la consiguiente activación del artículo 155, el ingreso en prisión provisional de los dirigentes independentistas y el crecimiento del odio dentro de una sociedad que hoy en día se encuentra terriblemente fracturada por un conflicto cuyas consecuencias aún resultan difíciles de valorar.

Sandrine Morel no pretende en absoluto hacer un análisis del nacionalismo catalán, de sus raíces históricas, de sus motivaciones profundas, de los argumentos a favor o en contra de la independencia, sino, simplemente, contar cómo ha visto y ha vivido los acontecimientos en Cataluña; cómo los corresponsales se han sentido presionados por la Generalitat y por las asociaciones independentistas y han sido ignorados por el Gobierno central; cómo los lectores los han acusado de tervigeversar la información y en las redes sociales se han multiplicado los insultos contra los periodistas y se han propagado teorías conspirativas de todo tipo en la mejor tradición de la política paranoide.

A raíz de lo acontecido los días 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña, cuando se decidió el asalto por parte de los independentistas del Estado-nación, escribí con Xavier Ribalta que lo pretendido, por ser una utopía tal y como se había planteado, permitía un análisis desde la psicología social.

El libro de Sandrine Morel y el tiempo, por desgracia, nos han dado la razón. Ya en Manheim se encuentra la idea de que las ficciones, es decir, las ideologías y los sueños escatológicos, es decir, las utopías, se enroscan en los deseos ocultos y frustrados de individuos y de los pueblos. En este sentido, el peligro principal que amenaza a las democracias del siglo XXI, además del capitalismo salvaje que las limita, es que se fundamentan en masas que eligen representantes no capaces, muchas veces, de otra cosa que traducir sus aspiraciones en frustración y resentimiento. Los políticos deben comprender que la sociedad, la política y el derecho tienen unas formas específicas de causalidad a veces crueles.

Dijo Salvador Espriu en unas notas sobre su libro 'La pell de brau' (La piel de toro), que intentaba, como un hombre de la periferia ibérica, comprender el "complejo enigma peninsular". Esta obra poética, la más citada, traducida, antologada y musicada de los difíciles años sesenta, contenía una alegoría crítica de la España de la posguerra y de su intransigencia con los diversos pueblos de la península Ibérica (Sepharad).

¿Qué hubiera pensado Salvador Espriu del contexto actual, tan diferente del contexto que él sufrió? ¿Hubiera pensado que las decisiones tomadas en uno y otro extremo permitían desentrañar ese 'complejo enigma peninsular' que tanto le preocupó o hubiera pensado, por el contrario, que lo que habría que desentrañar es ese 'complejo enigma independentista'?

El libro de Sandrine Morel contribuye a entender la complejidad de este enigma, y por ello es recomendable para todo interesado en la solución del problema catalán y, especialmente, para el nuevo Gobierno, que debe recomponer la fractura social.

El PSOE evita que los alcaldes navarros sean multados por poner la ikurriña y quitar la bandera de España
Carlos Cuesta okdiario 13 Junio 2018

El Partido Socialista evita que los alcaldes navarros sean multados los por poner la ikurriña y quitar la bandera de España. La propuesta de multar a los rebeldes era del PP navarro, encabezado por Ana Beltrán. Pedía que los alcaldes e instituciones que retirasen las banderas oficiales –especialmente la española y la navarra– y colgasen la ikurriña fuesen sancionados personalmente y en su patrimonio. Pero la propuesta ha sido tumbada porque todas las fuerzas nacionalistas-separatistas-podemitas se han unido. Pero también porque el PSOE ha decidido votar en contra de la propuesta.

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado, así, con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E (IU) la proposición de ley foral presentada por el PPN para que alcaldes y concejales asuman el pago de costas por sentencias condenatorias por la colocación de ikurriñas en los ayuntamientos.

La propuesta tan sólo ha logrado el apoyo de UPN. Y tenía por objeto hacer que las condenas por incumplimiento de la legalidad vigente en materia de símbolos oficiales en Navarra “recaiga sobre los cargos públicos que, con sus actos, hayan contravenido la normativa, de modo que el abono de costas o multas derivado del fallo corra a su cuenta y no a la de la institución afectada”. Traducido: que los incumplimientos en materia de símbolos les supusiese una multa personal a quienes toman la decisión.

El párrafo literal afirmaba que “cuando un Ayuntamiento o cualquiera otra Administración Pública sea condenada en costas o al pago de multas debido al incumplimiento de la legalidad vigente en lo referente a la colocación de los símbolos oficiales en Navarra, los cargos públicos responsables del acto que ha dado lugar a la condena tendrán una sanción administrativa económica de la misma cuantía que las costas y/o multas a las que haya sido condenada la institución a la que representan”.

Y la explicación era simple: “En los últimos meses estamos observando cómo desde diversos ayuntamientos se ha incumplido la legislación vigente para colocar en las fachadas consistoriales banderas no permitidas por la ley en la Comunidad Foral de Navarra, como la ikurriña. Diversas sentencias judiciales así lo han determinado, sentenciando a dichos ayuntamientos a pagar las costas de los juicios”.

Hasta la fecha, de hecho, son ya 12 los ayuntamientos condenados por la colocación indebida de la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca, siendo 11 de ellos condenados en costas. Además, han sido condenados ayuntamientos por no colocar en dependencias oficiales los símbolos oficiales de Navarra, así como los símbolos oficiales de España o el retrato del Rey. Y también el Parlamento de Navarra ha sido condenado por el intento de colocación indebida de la bandera republicana.

Por todo ello se pedía un castigo personal. Multas que no llegarán porque, entre otros, los socialistas, no han querido.

Las oficinas que velan por el uso del catalán se expanden por el Mediterráneo
Médicos del sector público, barrenderos, enterradores y hamaqueros. En Baleares, todos estos empleados públicos deben certificar el dominio del catalán. Para velar por ello, la socialista Armengol creará la cuarta Oficina de Derechos Lingüísticos de España. Así funcionan las de Cataluña, Valencia y País Vasco
Marina Alías vozpopuli.es 13 Junio 2018

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha comunicado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la predisposición de las islas para acoger a una parte de los 629 refugiados del barco Aquarius y, aunque varios de sus detractores celebran la iniciativa, no dudan en recriminarle que, a través del polémico decreto que regula el conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad pública balear, está excluyendo a médicos preparados que podrían atender a esos y otros pacientes.

Cualquier crisis, aunque sea humanitaria, es caldo de cultivo para los reproches de quienes consideran que la socialista, que gobierna en coalición con los nacionalistas, les está imponiendo el uso de esta lengua. Y más después de hacerse pública la intención del Govern de lanzar una Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) a imagen y semejanza de las que ya operan en Cataluña y Valencia y que sirven, según fuentes cercanas a la Dirección General de Política Lingüística dirigida por Marta Fuxà consultadas por este diario, para señalar a los funcionarios y empleados que no hablan en catalán durante su horario laboral en instituciones y empresas.

Según ha explicado la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, los trámites previos a la elaboración del proyecto del decreto para crear la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos ya se han iniciado

Tras los médicos del sector público, llegaron los barrenderos de la empresa municipal Emaya y los enterradores de la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM), pasando por los hamaqueros de las playas. Todos deben certificar el dominio oral y escrito del catalán y, aunque aún se encuentra en fase embrionaria, pronto habrá una oficina que vele por ello y que recoja las reclamaciones en materia de derechos lingüísticos. Según ha explicado la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, los trámites previos a la elaboración del proyecto del decreto para crear la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos ya se han iniciado.

De acuerdo al Ejecutivo balear, la idea es el resultado de una consulta previa realizada a través del portal de participación ciudadana del Govern y que buscaba recoger la opinión de la ciudadanía antes de la redacción del texto "por parte de las personas y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la norma futura y saber si es necesario y oportuno aprobar una nueva norma, qué objetivos tiene que tener y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias".

Finalidad cuestionada
La finalidad de esta iniciativa es, según el equipo de Armengol, crear un organismo que ayude a garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante situaciones de vulnerabilidad lingüística. La aprobación del proyecto de decreto por el que se crea la ODL -cuarta de estas características en España contando la que existe en el País Vasco- es, según la versión oficial, para garantizar el derecho de los ciudadanos a usar la lengua oficial que elijan, pero los defensores del uso del castellano consideran que este centro solo es una herramienta más para imponer el catalán.

"Es inadmisible y preocupante esta imposición inconstitucional del catalán, ya que atenta contra los derechos lingüísticos de los castellanohablantes", defienden desde Sociedad Cívica Balear, asociación creada recientemente con el objetivo inmediato de paralizar el llamado decretazo sanitario, que está provocando un éxodo de médicos a otras regiones de España, y para movilizar al mayor número de profesionales el "problema que se avecina en Baleares".

Quienes hemos sido testigos en Cataluña de la implantación de una ODL, sabemos que sirve para denunciar al vecino, al compañero de trabajo o al representante de la administración"

Las islas cierran el triángulo de cuarteles impulsados por el nacionalismo -y parte del socialismo- en el Mediterráneo. La primera oficina de vocación homóloga fue la creada en Cataluña allá por 2004, durante los comienzos del Gobierno Tripartito. Entre sus cometidos destaca la atención a personas que quieren formular consultas o denuncias o quejas en torno del uso de la lengua catalana, y del aranés en la Valle de Arán; el trámite de denuncias para que los organismos competentes hagan una inspección y, si es necesario, impongan sanciones y ofrecer asesoramiento y recursos a las empresas o entidades donde se producen estos problemas, para facilitarles el uso del catalán.

"Quienes hemos sido testigos en Cataluña de la implantación de una Oficina de Derechos Lingüísticos, sabemos que su finalidad poco tiene que ver con la idea de preservar los derechos de nadie; sirve para denunciar al vecino, al compañero de trabajo o al representante de la administración que no nos haya atendido con la debidamente", opina Xavier Pericay, portavoz y diputado de Ciudadanos en Baleares.

País Vasco y Valencia
En el País Vasco, el Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, conocido como Elebide, fue lanzado en 2008 (cuatro años después) por la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y su objetivo, según consta en su portal web, consiste en conseguir "un equilibrio real entre las dos lenguas oficiales". Las tramitación de demandas o quejas; información y asesoramiento; coordinación con entidades e instituciones y recoger propuestas y sugerencias son sus sus principales funciones.

"En la Comunidad Autónoma del País Vasco existen dos lenguas oficiales: el euskera y el castellano; y por ley, se le reconocen los mismos derechos a la ciudadanía independientemente de la lengua que use; de todas formas, esta igualdad legal no siempre coincide con la situación sociolingüística, y por consiguiente, se producen vulneraciones en el área de la lengua, tanto en el sector público como en el privado", explica la consejera de Enseñanza, Cristina Uriarte, en las Memorias del Elebide de 2015.

En Valencia, la Oficina de Derechos Lingüísticos llegó con algo más de retraso. De la mano del consejero de Educación Vicent Marzá, el Gobierno Valenciano aprobó en el Consell de 24 de noviembre de 2017 la creación y regulación de su ODL. Al igual que los citados gobiernos, el valenciano defiende la necesidad de estos centros porque "a pesar de los instrumentos legales que garantizan la protección de los derechos lingüísticos, la ciudadanía puede encontrarse en situaciones de vulnerabilidad".

"El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana declara el derecho de los valencianos y valencianas a conocer y a usar el valenciano, con la consiguiente obligación para el conjunto de instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana de garantizar 'el uso normal y oficial de las dos lenguas oficiales' y de adoptar con esta finalidad 'las medidas necesarias para asegurar su conocimiento'", defienden desde la Generalitat Valenciana en el preámbulo del decreto por el cual se constituyó hace un año, y no sin polémica, la famosa oficina.

COPIA A XIMO PUIG
Armengol llama a señalar a los funcionarios que no hablen en catalán
La Gaceta  13 Junio 2018

El PSOE y los nacionalistas de MÉS ya han impuesto el catalán en la Sanidad y en la Educación.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, sigue dando pasos contra la libertad lingüística al iniciar el proceso para crear por decreto la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), que costará a los contribuyentes un mínimo de 100.000 euros -ya presupuestados- y que esconde una defensa del uso del catalán en Baleares, una lengua ya exigida en la Sanidad y la única en la Educación.

Según publica El Mundo, Armengol ha dado luz a la creación de la ODL, “a pesar de los instrumentos legales que garantizan los derechos lingüísticos, los ciudadanos pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad lingüística”, con el objetivo de “poner fin a estas situaciones (…) proporcionando a la población información sobre sus derechos lingüísticos y facilitando herramientas para conseguir erradicar actuaciones contrarias al respeto de estos derechos”.

El PSOE y los nacionalistas de MÉS -los diputados de Podemos, que apoyaron a Armengol, no forman parte del equipo de Gobierno-, consideran que se crea “para garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua oficial que elijan”, aunque la realidad les desmiente ya que han impuesto el catalán en la Sanidad -es necesario a la hora de optar a traslados y a complementos de carrera profesional- y en la Educación.

Este proyecto, que va en la misma línea del que impulsó en 2017 la Generalitat Valenciana para “proporcionar apoyo y consejo a la ciudadanía para canalizar las reclamaciones, sugerencias y consultas motivadas por posibles vulneraciones de los derechos lingüísticos y tratar de erradicarlas”, tiene detrás a las entidades separatistas -todas subvencionadas Joves per la Llengua o Obra Cultural Balear (OCB).

LA OCB, que asegura que no va a permitir a Armengol “ni un paso atrás hacia los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Baleares”, entregó el pasado 27 de mayo en Inca un premio a Valtonyc, el rapero fugado de España tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones. Y lo hizo pocos días después de animar a sus seguidores a “matar a un puto guardia civil” en un concierto.

Armengol, contra el español
Armengol ha obstaculizado la libre elección de lengua en la primera enseñanza y apostado por una “inmersión lingüística pura y dura”, según denuncia la asociación de profesores ‘PLIS. Educación, por favor’.

Esta entidad recuerda que los formularios de escolarización en los colegios públicos de la región para el próximo curso 2018-19 impiden a los padres elegir el castellano como lengua en la que sus hijos aprenden a leer y a escribir -una medida que impulsó el Gobierno del PP- y obliga a los progenitores a firmar una cláusula por la que se comprometen a “acatar el proyecto lingüístico y educativo del centro escolar seleccionado”, una medida con la que se “lavan las manos” dado que “todos los colegios tienen la inmersión como proyecto”.

Asimismo, censura que en Baleares, transgrediendo las sentencias judiciales en Baleares, no se cumpla el 25% obligatorio de horas lectivas en castellano y la totalidad es en catalán, salvo la asignatura de Lengua Castellana y la de Inglés. “Este es un Gobierno que hace ingeniería legal para blindar la inmersión obligatoria, un modelo -la inmersión- al que nosotros no nos oponemos siempre y cuando sea voluntario”, afirma el portavoz, Julián Ruiz.

VOCES CONTRA EL TERRORISMO
Denuncian a la UPV por llamar ‘víctimas colaterales’ a asesinados por ETA
La Gaceta  13 Junio 2018

La asociación presidida por Francisco José Alcaraz advierte que “con los impuestos de todos se está subvencionando la difusión de una falsedad que sólo favorece a ETA y denigra a sus víctimas”.

Voces Contra el Terrorismo (VCT) ha denunciado ante la Audiencia Nacional al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda (IHSVF) de la Universidad del País Vasco por difundir -a petición de la Dirección de Promoción de la Cultura del Gobierno vasco- un informe sobre los contextos históricos del terrorismo en el que se adjudica, sin ningún tipo de tapujos, el estatus de “víctima colateral” a personas inocentes asesinadas por la banda terrorista de ultraizquierda ETA en explosiones dirigidas contra policías o militares.

El presidente de la asociación, Francisco José Alcaraz, tras requerir en mayo la rectificación del informe Foronda, sólo ha recibido el silencio como respuesta.

En la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por delito de enaltecimiento y humillación a las víctimas (578CP) adjuntan un informe pericial que desmiente la calificación historiográfica de “víctimas colaterales” adjudicada.

El documento aporta un listado de hechos probados en sentencias firmes que demuestran que mujeres y niños asesinados en sus viviendas (casas-cuartel) y en vehículos familiares eran víctimas directas y objetivo primordial de ETA: “elegimos la hora punta para hacer la acción, 20:30”; “la ubicación del coche es elegida para poder afectar directamente a las viviendas”; “a una hora y en un momento de mayor presencia de aquellas en sus casas”.

“El llamar ‘víctimas colaterales’ a estas familias no hace sino blanquear campañas de persecución de ETA y de la izquierda abertzale”, denuncian desde VCT.

A tenor de la verdad histórica y judicial -añaden-, “ETA atentaba contra familias buscando víctimas entre los menores, a fin de reforzar su papel en las negociaciones”.

Asimismo, VCT pide al Juzgado Central de Instrucción que requiera al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo con sede en Vitoria (del que es miembro el autor del documento, Raúl López) “para que deje de divulgar el informe Foronda en tanto no se rectifique”.

Advierten que “con los impuestos de todos se está subvencionando la difusión de una falsedad que sólo favorece a ETA y denigra a sus víctimas” y que no van a consentir “que la memoria de mujeres y niños asesinados se construya sobre falacias tan hirientes”.
 


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