AGLI Recortes de Prensa   Jueves 14 Junio 2018

Diversidad identitaria
Cristina Losada Libertad Digital 14 Junio 2018

Hay un manifiesto, firmado por sesenta profesores, catedráticos y juristas, que propone "renovar el pacto constitucional" a fin de reconocer la "diversidad identitaria" de España.

Una diversidad, conviene precisar, que para los firmantes es la que se encarna en las "reivindicaciones nacionales, catalanas, vascas, gallegas o de otros territorios con demandas identitarias". Esa diversidad se encontraría ahora doblemente amenazada. Primero, por la falta de reconocimiento, que vendrá de lejos, y después, por "una intensa e imparable recentralización" que se habría producido en España a raíz de la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, de la "pésima gestión de la crisis catalana" y de la crisis económica.

A mí me ha interesado la combinación de aquella propuesta y este diagnóstico. Dice el manifiesto, como resumen de los efectos de la recentralización, que, "salvo en aspectos simbólicos y organizativos puntuales, las comunidades autónomas carecen de facultades para desarrollar políticas públicas propias". Esto es llamativo, porque las comunidades autónomas han seguido legislando e impulsando políticas públicas propias como si no se hubieran dado por enteradas de que ya no tienen facultades. Una recentralización brutal y, sin embargo, ahí están los gobiernos y parlamentos autonómicos comportándose como gobiernos y parlamentos autonómicos, erre que erre. Eso sí, lo que puede que no tengan muchos de ellos es el dinero que tuvieron antes de la crisis. Pero eso nos ha pasado a (casi) todos.

La mejor paradoja aparece cuando uno mete en la mezcladora el resbaloso asunto de las identidades. Porque hay un tipo de políticas públicas a las que se ha dedicado antes y ahora, de forma constante, con tesón, esfuerzo y recursos, un significativo plantel de comunidades autónomas. Ese tipo de política en el que se han distinguido y empeñado, por encima de cualquier otro, es la política identitaria. Lo han hecho con unos partidos y con otros en el Gobierno. Lo han hecho esas que los firmantes llaman "comunidades históricas", pero no sólo. El tirón de lo identitario sirve tan bien a los intereses de las clases políticas y clerecías locales que han arrastrado a otras. La consolidación y cierre de identidades diferenciadas, a ser posible con el broche y la barrera de paso de la lengua propia, es el rasgo más común –algo común tenía que haber– que se puede encontrar en la política autonómica española.

La obsesión identitaria es una apisonadora de la identidad individual, de la idea de ciudadanía y de la propia diversidad. Eso que proponen reconocer en el manifiesto, las partes que componen la tal "diversidad identitaria", son las identidades nacionalistas. Son las identidades verdaderas, identidades colectivas a las que uno pertenece sólo si cumple determinadas condiciones, y que se definen en contra: contra otros. Verdaderas, porque uno es sólo un auténtico catalán, vasco, gallego, valenciano, balear o lo que corresponda cuando tiene las creencias políticas, las opciones lingüísticas y los sentimientos –incluido el sentimiento de ser nación– que dan cuerpo a esa identidad. Es una identidad cuyos promotores y constructores consideran, por supuesto, natural. Cualquier otra cosa la tienen por antinatural, por lo que no admiten otras identidades ni otras formas de entender la identidad. Es, en fin, nacionalismo en estado puro.

Donde la "diversidad identitaria" está amenazada en España es en el seno de una serie de comunidades autónomas en las que la verdadera identidad somete a los ciudadanos a presión y hostilidad: donde no tener una identidad nacionalista está penalizado de muchas y distintas formas. Cuando los firmantes del manifiesto en cuestión escriban algo en defensa de la diversidad identitaria en esos lugares, que me avisen. Porque es allí donde más lejos está de realizarse esa "España en libertad" donde puedan "convivir los diferentes" por la que dicen estar.

El disfraz de refugiado
Rafael Bardají gaceta.es 14 Junio 2018

Durante los años de la megacrisis, más de 300 mil jóvenes españoles hicieron las maletas y pusieron rumbo a algún sitio que les ofreciera una perspectiva digna de vida. No he oído a ninguno de nuestros políticos que les llamara refugiados a pesar de verse forzados a abandonar sus lugares de nacimiento. Se les ha considerado, al igual que a los españoles que se fueron a Alemania a comienzos de los 60, “emigrantes”. Porque emigrante es todo aquel que se marcha de su hábitat natural en busca de una vida mejor.

Refugiado no lo es cualquiera. De hecho es una categoría jurídica desarrollada en la Convención de la ONU de 1951, según la cual, refugiado es todo aquel que, por razones bien fundadas, teme por su vida debido a su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social. El refugiado es, el resultado de la violencia, interna o externa, que le priva de la protección necesaria para poder vivir con tranquilidad. Ser reconocido como refugiado, a través de la petición de asilo, exige que el punto de partida sea el desplazamiento forzoso a causa de la violencia y el desorden generalizado y demostrar que el retorno al país de procedencia es imposible sin poner en riesgo su vida. Ni en la convención del 51 ni es posteriores puestas a punto se equipara al refugiado con el emigrante por razones económicas, tal como se hace continuamente en España.

Según el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU, a España llegaron en el 2017 28.349 extranjeros desplazados, prácticamente el doble que el año anterior. Una cifra similar a los que arribaron a Grecia pero una cuarta parte de los que pusieron rumbo a Italia.

Pues bien, cuando se analiza la nacionalidad de origen, sólo se puede concluir que no hay relación alguna entre la violencia en el mundo y la emigración hacia España: el 20% fueron de origen marroquí; otro tanto de argelinos; el 12% de Guinea; el 11% de Costa de Marfil; el 10% de Gambia… y de Camerún, Mali y otros países del África Subsahariana. De hecho, procedentes de Siria sólo llegaron a suelo español 2.300 personas. Esto es, más del 90% de los “refugiados” acogidos por los españoles, no provienen de desplazamientos a causa de las guerras, represión y desorden generalizado.

También es normal esperar que los grandes desplazamientos de población, como pasó en Europa en los años de las grandes guerras y tras la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 7 millones de ciudadanos tuvieron que realojarse según las nuevas fronteras, fueran demográficamente equilibrados, esto es, que estuvieran basados en unidades familiares, con padres y madres e hijos. Pero ya vemos en los telediarios y fotos que publica la prensa, que en la gran ola emigratoria que arranca con la política de puertas abiertas impuesta por la canciller alemana Angela Merkel en 2015, no es así. Siguiendo con los mismos datos de la ONU de los desplazados que vinieron a España el año pasado sólo el 9% eran mujeres (las primeras que deberían huir de las zonas en conflicto), el 14% fueron menores de edad, la mayoría no acompañados; y el abrumador 77%, varones en edad militar. No ancianos.

Visto estos datos, la supuesta obligación moral que tenemos para con los desgraciados que huyen para salvar sus vidas acosados por las guerras, convendría aquilatarla a sus justos límites. No hay tanto refugiado como se nos quiere hacer ver. Por lo que la pregunta no debe ser ¿qué hay que pagar por salvar una vida?, sino ¿qué debemos pagar para integrar a un emigrante ilegal que viene, en muchos casos, a vivir de los servicios que le regala el estado con nuestro dinero?

Italia tenía en sus presupuestos para el 2018 una partida para hacer frente a las necesidades de 400 mil emigrantes ilegales, 5 mil millones de euros; Suecia, para la mitad pensaba gastar unos 8 mil millones. Lo que nos da una idea de lo que conlleva la política de puertas abiertas de la UE. Y e lo equivocado que están los políticos españoles del PP y de Ciudadanos cuando la única crítica que hacen a Pedro Sánchez se basa en que la acogida de refugiados debe ser una cuestión de la UE, como si nosotros no fuéramos parte y hayamos aceptado sumisamente el reparto de cuotas. Ni una palabra sobre la dudosa naturaleza de quienes llegan a nuestras costas y mucho menos una línea de protección de nuestras fronteras.

Hace un par de años, la Universidad de Londres realizó un estudio cuyo objetivo era demostrar que la emigración hacia el Reino Unido había sido positiva en términos económicos y que, a tenor de la experiencia de los últimos 15 años, mayores cuotas migratorias eran deseables. Sin embargo, y para pesar de sus autores, sólo pudieron demostrar que únicamente los emigrantes europeos habían arrojado un balance neto a la riqueza británica (que cifraron en unos 4 mil millones de libras en 15 años), mientras que loe emigrantes del resto del mundo habían consumido más recursos de los que habían aportados. El think-tank privado Migration Watch, desarrolló un estudio similar pero con unas conclusiones más pesimistas: los europeos arrojaban un saldo neutro mientras que los del resto del mundo eran netamente deficitarios, consumían más riqueza de la que generaban.

Con los datos que contamos en España sabemos que la proporción de parados entre los emigrantes es muy superior a la de los españoles y que el conjunto de su aportación a las arcas del Estado es marginal. La vez que también conocemos el daño que hacen algunas actividades, como la distribución de productos falsificados, y la venta callejera, por citar dos casos de sobra conocidos.

No, los emigrantes no vienen a salvar nuestro caduco sistema de pensiones ni a aumentar la riqueza nacional. Punto. Puede que para algún empresario les sirva de mano de obra barata, pero supongo que ese no es el modelo laboral que propugna el actual gobierno socialista ni sus sindicatos.

Por otro lado, está el hecho de que los nuevos emigrantes tienen muy complicado integrarse en el país que los acoge. Por dos razones básicas: porque el buenismo y multicultarismo imperante no se lo exige; y porque muchos de ellos no lo quieren. Quieren vivir como en sus países, con sus tradiciones, normas e instituciones, al margen de la ley nacional, pero, eso sí, disfrutando del bienestar que les proporcionan las múltiples ayudas públicas. Cuando un presidente de gobierno se salta la Ley de Extranjería sin causas de fuerza mayor, como ha sucedido con el lamentable caso del buque Aquarius, estamos vendidos al efectismo, la propaganda y el buenismo. Es curioso que nadie de nuestras elites dirigentes se haya preguntado porqué no se puede desembarcar a esos 620 supuestos refugiados en puertos de Túnez o Marruecos, dos países por cuyas aguas va a transitar, mucho más cercanos culturalmente al pasaje y donde no correrían ningún riesgo.

Tampoco nadie se ha planteado hacer lo que ya hizo la propia UE con Turquía: pagar para que se quedara con los desplazados en su suelo y dejara de enviarlos a Grecia y resto de la UE. No digo que se replique lo que hace Hungría y otros países de CentroEuropa, que defiende activamente sus fronteras, si eso resulta tan repugnante como se suele decir. Pero se podrían construir campos de refugiados a lo largo de la costa del Norte de África, incluida la propia Libia, donde tendrían unas condiciones tan dignas como las que van a tener aquí, y se podría atender a muchos más al mismo coste que lo que vale mantener unos cuantos entre nosotros. Si se trata de resolverle el problema a todos, es la mejor opción. Lástima que no sirva para las bonitas fotos de ministras y alcaldesas ni para enjuagar las lágrimas de quienes quieren hacer el bien a costa de los demás y no de ellos mismos ni con el dinero de sus bolsillos. Todavía me queda oír decir a Irene Montero y su marido que ofrecen parte de su notable jardín para instalar una carpa para los refugiados a los que tan bien quieren que los demás españoles recibamos.

Porque eso es lo último. Es curioso que sean los mayores enemigos de la idea de España y de la identidad española, quienes corran a abrazar este buque con nombre de bebida isotónica y pidan a más buques que pongan rumbo a nuestra patria. Su sueño es que entre musulmanes y subsaharianos olvidemos lo que de verdad es ser español. Otra razón más para estar en contra de la emigración descontrolada que nos han impuesto todos los gobiernos de los últimos años.

La revisión histórica permite clarificar el presente y orientar el futuro
Pío Moa gaceta.es 14 Junio 2018

Próximo viernes, en el seminario sobre la posición de España en Europa, trataremos las consecuencias generales de la implosión de la Unión Soviética y el nuevo panorama mundial. A las 19,30 en el Centro Riojano de Madrid.

“Una hora con la Historia”: Cómo cayó el reino hispanogodo y cómo sirvió de inspiración a la Reconquista: https://www.youtube.com/watch?v=t7_SMzlYzec&t=1224s
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P Lo que ud propone, por tanto, es una reinterpretación de la historia, una especie de revisionismo masivo
–Exactamente. La revisión es absolutamente necesaria, y por eso la atacan los dogmáticos y totalitarios. Empecé por la guerra civil y la república y he seguido con el franquismo y la transición. Pronto tuve claro que las versiones habituales fallan lastimosamente a poco que se las analice. Fue claro que los partidos llamados republicanos eran sumamente tiránicos y guerracivilistas, y no podían representar ninguna posible convivencia en paz y libertad. Y que quienes invocan aquel caos que terminó en el régimen criminal del Frente Popular siguen siendo los totalitarios y disgregadores de España. Eso, para empezar.

P. Pero su versión de los hechos tampoco satisface a la derecha
–La versión de los hechos sí, porque es claramente más verídica que las versiones izquierdo-separatistas. Y por eso algunos creen que simpatizo con sus enfoques políticos actuales. Lo que no les satisface es el análisis y las consecuencias políticas que extraigo. Lo que no se desarrolla, se seca, muere. La derecha, entendiendo por ella el PP, carece de ideas y de principios, y por eso se ha convertido en el auxiliar más eficaz de las políticas totalitarias de un nuevo frente popular fáctico. Y la llamada convencionalmente extrema derecha carece realmente de pensamiento político e histórico, a menos que llamemos tal cosa al recurso sempiterno a las conspiraciones masónicas. Y esa nulidad se expresa también en una incapacidad cultural, en el arte. Ya he dicho que todo eso está en manos de la izquierda, se comprueba a cada paso. Sus adversarios se quejan de ello, lamentan el sectarismo y manipulación de los progres, pero ellos son incapaces de rivalizar, de crear un arte, cinematográfico, por ejemplo. Piense en series como “Amar en tiempos revueltos”. Es mucho más eficaz que cualquier libro de historia. La derecha es totalmente inepta para contrarrestar eso con algo equivalente.

P. En consecuencia, los libros de historia que ud ha escrito serán bastante inútiles
–Hoy por hoy son poco útiles, porque otro rasgo de la derecha es su pasividad y tendencia al lloriqueo. Se lamentan, pero no hacen nada, apenas son capaces de promover y difundir aquellas cosas que en principio les parecen bien. Cuando Los mitos de la Guerra Civil tuvieron tanto éxito, Aznar dijo que estaba entre los que tenía pensado leer en el verano. Inmediatamente se le echó encima la jauría izquierdista y no volvió a mencionar el asunto ni nadie en el PP reaccionó. Izquierda y separatistas decidieron marginarme, condenarme a muerte intelectual y a ser posible civil, y los mandrias peperos y eclesiásticos lo aceptaron y cooperaron… Escribí Contra la balcanización de España en 2005, exponiendo cómo se estaba desarrollando el proceso. Pensé que el PP haría buen uso del libro, pero, al contrario, lo boicoteó. Empecé a entender cómo ese partido había colaborado con los separatismos y seguirían haciéndolo. Pero tampoco la, digamos, “extrema derecha” reaccionó en absoluto. Con los masones y sionistas tenía suficiente. He propuesto muchas ideas, en el blog y en artículos, pero caen en saco roto. Esa gente siempre se está quejando de que “es muy difícil” hacer algo. “Ustedes solo quieren hacer algo cuando ya no sea necesario hacerlo –respondo–. Claro que la situación es mala, pues razón de más para esforzarse”.

P. Pero alguna razón habrá para que la cultura esté en manos de los progresistas. Esta mañana oía a Isabel San Sebastián quejarse de que todo el ámbito artístico o cultural está en manos de la izquierda y que alguna novela suya no ha tenido la menor oferta de trasladarse al cine.
–Ya me lo han contado. No sé si se refería a La visigoda o alguna otra. No la he leído, pero si trata de la historia de Brunequilda y Fredegunda, daría para una buena novela de terror, la he tratado en Nueva historia de España. Yo también podría decir que Sonaron gritos y golpes a la puerta podría también transformarse en una pequeña serie televisiva al estilo de la italiana La meglio Gioventù, pero ni puedo dedicarme a meterme en esos medios ni me fío de que no hicieran alguna barrabasada progre-comercial. En fin, así están las cosas por el momento, aunque todo va cambiando, quizá se arreglen un poco o vayan a peor, nunca se sabe.

Sonaron gritos y golpes a la puerta (Novela Historica(la Esfera)) de [Moa, Pío]

El mundillo artístico, como el de la enseñanza, está en manos de progres y separatistas por la sencilla razón de que la derecha se los ha regalado sin la menor resistencia. La derecha tipo PP, porque nunca ha entendido su importancia, ni la transcendencia de la historia, y primero se asustaba de que la llamaran “facha” y luego se aplicó a ser más progre que los progres. Y la derecha extrema, ya digo, carece de ideas. De su historia conspiranoica no puede salir nada. Bueno, sí, podrían salir novelas y películas de misterio y terror, o sátiras ingeniosas sobre los masones, pues se presta mucho a ello el asunto, recuerdo una sesión de Los Simpson bastante graciosa… Pero ni eso. Digamos de todas formas que en pensamiento y análisis de la historia llevamos algunos las de ganar, si no en el plano comercial o de masas, al menos en el intelectual, y eso puede generar un cambio.

Aspirantes a la Presidencia del PP denuncian las presiones para que sólo avance la candidatura de Feijóo
Carlos Cuesta okdiario 14 Junio 2018

Aspirantes a la Presidencia del PP denuncian las presiones para que sólo avance la candidatura de Feijóo. Se trata de un mensaje que corre de esquina en esquina de Génova: el aparato quiere que salga la candidatura de Alberto Núñez Feijóo y, además, que lo haga como candidatura única para dar sensación de fuerza y unidad.

Pero el deseo es tan fuerte, por lo visto, que las presiones al resto para que no avancen en los procesos de presentación de candidaturas al Congreso Extraordinaria se han materializado sin demasiados escrupulosos. Así, aspirantes o potenciales aspirantes han denunciado a OKDIARIO la dificultad para conseguir los necesarios 100 avales para presentarse porque “hay presiones evidentes para que no surjan más candidaturas”, apunta un miembro destacado del PP.

“Nos han avisado algunos firmantes de nuestros avales de que van a firmar el nuestro y el de otro candidato –si lo hay– para anular ambos avales por estar repetidos. Y nos han reconocido que lo van a hacer a causa de los mensajes recibidos, señala un miembro de una potencial candidatura.

Una de las candidaturas que está pendiente de estos avales es la del exministro de Exteriores y diputado del PP por Alicante, José Manuel García Margallo, que está moviéndose para lograr los apoyos necesarios con el objetivo de lanzarse como candidato a presidir el PP en el congreso extraordinario que se celebra los días 20 y 21 de julio.

Otro de los que se piensa esta posibilidad de presentarse es el ex presidente de Baleares Jose Ramón Bauzá, que, por el momento, dará un paso al frente para exigir que el PP vuelva a ser liberal.

Y también hay candidaturas totalmente nuevas. Como la que encabezan dirigentes jóvenes como José Luis Bayo o Luis Asúa. Se trata de una lista que pretende discutir el control del partido al aparato. Que no acepta que por enésima vez todo parezca decidido de antemano para que siga liderando el partido el que cuente con el respaldo de la oligarquía. Y, además, quieren discutir el fondo real del rumbo adoptado por el PP en los últimos años.

Bayo destaca que “el partido se ha desideologizado y debe volver a dejar clara su ideología. El partido sufre una profunda crisis de identidad”. “Debe haber democracia interna y un militante un voto”, añade. “El PP debe hacer una profunda autocrítica porque en el mayor desafío que ha sufrido España la aplicación del artículo 155 no ha garantizado los derechos y libertades de todos los catalanes. […] Y, además, tiene que volver a reivindicar que debe ser un partido que baja impuestos”, señala Bayo. Todos ellos han sufrido ya las consecuencias de esas presiones para no lograr avanzar en la carrera del congreso.

EN JAÉN
Condenados los tres miembros del SAT que intentaron agredir a Javier Ortega
La Gaceta  14 Junio 2018

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén ha condenado a penas de multa a los tres integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que interrumpieron el Pleno del Ayuntamiento de Jaén el 29 de junio de 2017, intentaron agredir durante el mismo al Secretario General de VOX, Javier Ortega, e insultaron a la concejal del mismo Ayuntamiento Salud Anguita.

La sentencia reconoce que los acusados actuaron con insultos y amenazas en el pleno del Ayuntamiento y que intentaron impedir que Javier Ortega presentara la moción para instar al Gobierno de España la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en relación con el golpe de estado en Cataluña anunciado para el 1 de octubre mediante un referéndum ilegal.

La sentencia relata que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito leve de maltrato previsto y penado en el artículo 147.3 del Código Penal, de un delito leve contra el orden público previsto y penado en el artículo 556.2 del Código Penal y contra el orden público, al amparo de lo prescrito en el artículo 28 del Código Penal.

Salud Anguita se ha mostrado “satisfecha en general” al conocer la sentencia “ya que estos personajes se creen que pueden ir a las instituciones a insultar y faltar el respeto”. También ha manifestado que “la cantidad me parece insuficiente, pero me alegro por la condena”.

Por su parte, Javier Ortega ha afirmado que “No vamos a permitir en ningún caso que los sectarios que desprecian la libertad y el estado de derecho, y que pretenden imponer su totalitarismo, actúen con impunidad, por ellos desde VOX los combatiremos siempre, en la política y en los tribunales”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Es la hora, socialistas
ARCADI ESPADA El Mundo 14 Junio 2018

Entre las innumerables mentiras del Proceso, la más técnica y socialdemócrata es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto provocó la indignación entre los catalanes -siempre los llaman catalanes cuando quieren decir nacionalistas- y que cegada la vía constitucional se echaron a la calle, por no haber ya monte. La afirmación contradice incluso el propio relato nacionalista para el que la negativa del gobierno Rajoy a aceptar una Cataluña vasca en lo fiscal supuso el inicio del Proceso. Hasta tal punto la sentencia dejó heridas indelebles en la ciudadanía propensa que si hoy se pregunta por lo que el TC amputó ninguno de los dos millones de catalunyenses sabrá responder con algo más de balbuceos. Sin embargo, y dado que el ex presidente Zapatero ha propuesto la recuperación de las competencias arruinadas por el tribunal, que el Psoe parece decidido a basar en ellas su propuesta de reforma constitucional y que yo no soy de balbuceos, es higiénico recordar las cuatro barras de sangre más profundas.

1. Fin de la cooficialidad entre castellano y catalán en beneficio del catalán

2. Poder judicial catalán

3. Fin de las competencias compartidas entre el Estado y la Generalidad

4. Solidaridad interterritorial catalana limitada a las comunidades que realicen el mismo esfuerzo fiscal.

A todo esto cabe añadir la intención socialista, ya anunciada por la ministra Batet (que Félix Bornstein citaba el martes en su columna) de exigir el cumplimiento de una supuesta deuda estatal en infraestructuras, recogida en una disposición adicional del Estatuto que el TC solo aceptaba si no suponía privilegios económicos ni obligaba jurídicamente al Estado. Se supone, asimismo, que los socialistas querrán acabar con la interpretación de las alusiones a la «nación catalana» incluidas en el preámbulo del Estatuto: según la sentencia del TC la nación catalana carece de toda naturaleza jurídico-constitucional.

Yo animo al ex presidente Zapatero a que siga presumiendo de Estatuto. Y a los socialistas todos, Borrell incluido, a que se presenten ante los españoles con estas propuestas de reforma en su programa electoral. No para saber si esta aspiración competencial es compatible con la Constitución -que ya está dicho que no- sino con cualquier Estado de España.

Renovar el pacto constitucional: ¿con qué fin?
MANIFIESTO
FIRMADO POR grupo* El Mundo 14 Junio 2018

Colegas de diversas universidades han suscrito una petición para "dejar paso a un momento de calma en que se pueda hablar de todo, de modo inclusivo, en el mutuo reconocimiento y la solidaridad interterritorial, con una solución constitucional válida para todos". Plantean una reforma de la Constitución española de 1978, con una agenda llamada federalista.

Las constituciones, como cualquier otro texto legal, son, desde luego, instrumentos susceptibles de reforma por más que su enfoque ha de ser amplio para dar cabida a la voluntad vertebradora de un pueblo. Los abajo firmanes consideramos que es absolutamente lícito abrir un debate sobre la reforma de nuestra Carta Magna, pero discrepamos claramente del diagnóstico de nuestros compañeros y del de ciertos sectores políticos.

Nuestros colegas hablan de reivindicaciones nacionales catalanas, vascas, gallegas y de otros territorios (referidos en el texto como Comunitat Valenciana e Illes Balears). Sobre esta afirmación, cabe decir, ante todo, que los territorios no tienen identidad. La identidad corresponde a las personas. Por lo tanto, las reivindicaciones nacionales a las que se refieren serían, en su caso, las de los ciudadanos de esas regiones y no de las regiones como tales. Conviene llamar la atención sobre esto, que no es meramente formal, sino que denota que quienes hacen la propuesta que aquí se contesta han asumido el marco mental nacionalista: que los territorios tienen pretensiones, aspiraciones o identidades. Nosotros rechazamos de manera tajante este acercamiento al problema.

Y no lo rechazamos por ningún escrúpulo meramente conceptual, sino porque esta humanización de los territorios, en realidad, esconde el oscurecimiento de una parte importante de la población: la de aquellos catalanes, vascos, gallegos, valencianos o baleares que en absoluto comulgan con los planteamientos nacionalistas y que, por tanto, no se identifican con esas pretendidas aspiraciones identitarias o nacionales. Creemos precisamente que el grave conflicto al que nos enfrentamos en la actualidad en Cataluña, y que podría extenderse a otros territorios, no puede resolverse de espaldas a esa parte de la población que no solamente no comparte sino que, en ocasiones, se opone con firmeza a las pretensiones nacionalistas, viendo, con lamentable frecuencia, vulnerados algunos de sus derechos fundamentales.

Manifiestan nuestros compañeros que la Constitución del 78 debería poder modificarse en un sentido federal. Nosotros creemos que no tiene sentido entrar en un debate meramente nominal, y menos en lo que se refiere al término "federal", que engloba realidades tan distintas como Estados Unidos, México, Alemania o Austria.

Cabe subrayar que se trata de países con una configuración territorial muy dispar y también con diferencias notables en la distribución de poder entre la federación y los estados federados.

España, en este sentido, ya es un país con un fortísimo grado de desencentralización, donde la Comunidad Autónoma de Cataluña ya asume competencias propias de los Estados federados (así, por ejemplo, sanidad o educación) e, incluso, competencias que otros Estados federales no trasladan a las entidades subestatales (por ejemplo, en materia de Derecho Civil, cosa que no sucede en Alemania ni en ningún otro Estado de la Unión Europea, excepto en el Reino Unido).

Es por ello que el debate no puede ser nominal. Es imprescindible la identificación de las competencias que han de ser objeto de distribución entre el Estado central y las Comunidades Autónomas, porque el federalismo como sistema de reconocimiento de identidades no acaba de entenderse. Mucho menos si solo se piensa en el sentimiento identitario de aquellos que, habiendo tensionado hasta el extremo a la sociedad, tienen una inequívoca voluntad de romper (que no de reformar) el pacto constitucional. Con la propuesta que hacen nuestros colegas, ¿cómo queda resuelto, dentro de cada territorio, el reconocimiento de la identidad de quienes no comparten los planteamientos nacionalistas?

Asimismo, discrepamos abiertamente de la afirmación que sitúa el origen del actual conflicto que se vive en Cataluña en la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Para empezar, sostener que el conflicto es con Cataluña implica que habría dos partes: Cataluña y el resto de España, aceptándose así de nuevo el discurso nacionalista que pretende identificar el todo (los catalanes) con la parte (nacionalistas catalanes). Además, como académicos, no podemos asumir que el origen de este conflicto se sitúe en la referida sentencia. Sería borrar de un plumazo las décadas de lluvia fina nacionalista que se evidencian en tantos documentos como el conocido Programa 2000.

Consideramos inaudito que la petición de nuestros compañeros ahonde en acusar al Tribunal Constitucional de actuar de manera involucionista. Es decir, que toda la labor que ha desempeñado este Tribunal, garantizando el respeto a la Constitución frente a los atropellos de los separatistas catalanes, habría sido, en realidad, una maniobra involucionista (se entiende, centralizadora). Además, siempre según ellos, esa tendencia recentralizadora no acabaría en Cataluña sino que se habría extendido a las comunidades autónomas que habrían visto secuestrada su capacidad normativa. Ninguna evidencia, eso sí, de semejante afirmación.

El máximo intérprete de nuestra Carta Magna declaró la incompatibilidad con el pacto social (la Constitución española de 1978, refrendada abrumadoramente, también en Cataluña) de una parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Parte de ese pacto social implica aceptar la división de poderes y la propia obligación del Tribunal Constitucional de defender, como así ha hecho, la compatibilidad de toda la legislación con la norma fundamental de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Es más, si el Estatuto de Autonomía contuviera, como pretenden nuestros colegas, un nuevo pacto constituyente que modificaría el original, tan solo por eso el Estatuto debería haber sido declarado contrario a la Constitución, pues un Estatuto de Autonomía de ningún modo puede ser cauce adecuado para una modificación del pacto constitucional. Mantener esto implicaría que los catalanes (y solo los catalanes) habrían votado sobre una modificación del pacto constitucional que las Cortes Generales habrían tramitado como una ley estatutaria.

Sin embargo, no todo son puntos de discordia con nuestros compañeros. Compartimos con ellos, y esto es lo esencial, la defensa sin fisuras de un modelo de convivencia en libertad, en el marco de un proyecto común en el que tengan cabida todas las sensibilidades democráticas, sea cual sea la forma de organización territorial. Todo ello desde el respeto más escrupuloso a la legalidad y a la voluntad de todos los españoles. Por ello compartimos igualmente los principios de la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998, que exigía que cualquier intento de secesión de una parte del territorio nacional fuese aprobado por la totalidad del pueblo soberano. Lo mismo que recoge la Constitución española de 1978.

Para concluir, dado que los puntos de conexión son mucho más relevantes que las discrepancias y dado que la voluntad de buscar soluciones es incontestable por las dos partes, emplazamos a nuestros colegas a impulsar debates académicos en diferentes puntos de la geografía española e internacional. En esos debates nosotros representaríamos al constitucionalismo especialmente sensible a los planteamientos de los ciudadanos que nunca han existido para la Cataluña oficial. Creemos firmemente que ningún diálogo con Cataluña será fructífero si el interlocutor de la Generalitat no integra en sus propuestas las diferentes sensibilidades existentes en su comunidad. También creemos que en un debate constitucional no pueden dejarse al lado temas tan nucleares como los privilegios fiscales de las regiones más ricas o el derecho de los castellanohablantes a vivir en su lengua en cualquier punto del Estado.

*FIRMADO POR:
Enrique Abad, Profesor Titular de Física aplicada en la Universidad de Extremadura
César Aguado Renedo, Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid
Rafael Arenas, Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona

Antonio Arroyo Gil, Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid
Juan Avilés Farré, Catedrático de Historia Contemporánea en la UNED
Félix de Azúa, Real Academia de la Lengua Española

Montserrat Baras, Profesora Titular de Ciencia Política (jubilada) en la Universidad Autónoma de Barcelona
Eduardo Butragueño Cerviño, Profesor titular (jubilado) Facultad de Filosofía en la Universidad de Barcelona
Miguel Caínzos, Profesor Titular de Sociología en la Universidad de Santiago de Compostela

Julio Carabaña Morales, Catedrático de sociología en la Universidad Complutense de Madrid
Francisco Jesús Carrera Hernández, Catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Rioja
Ramiro Cibrián, Antiguo Course Lecturer en Yale University

Rafael Dobado González, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid
Isabel Fernández Alonso, Profesora Titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona
Emilio Fernández Peña, Profesor Titular de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona

Javier Fernández Sebastián, Catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco
Carlos Fernández de Casadevante Romani, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos
Juan Francisco Fuentes, Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid

Juan Antonio García Amado, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universiad de León
Celestino García Arias, Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela
Luis Alfonso García-Corrochano Moyano, Abogado y profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Montserrat Ginés Gibert, Profesora Titular (jubilada) de la Universidad Politécnica de Cataluña
Ana Clara Guerrero, Profesora Titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED
Jesús González López, Catedrático de Microbiología en la Universidad de Granada

Cesáreo Gutiérrez Espada, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia
Luís Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de València
Gustavo Raúl de las Heras Sánchez, Catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Castilla-La Mancha

Antonio Jiménez-Blanco, Catedrático de Derecho Administrativo
Miguel Jiménez Aleixandre, Agencia del ISBN
Fernando Jiménez Sánchez, Profesor Titular de ciencia política en la Universidad de Murcia

Pablo de Lora, Profesor Titular (acreditado a catedrático) de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid
Fernando H. Llano Alonso, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla

Araceli Mangas Martín, Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid
Carlos Martínez Gorriarán, Profesor Titular de filosofía en la Universdad de País Vasco

Josu de Miguel Bárcena, Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona
Luis Miguez Macho, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela
Ricardo Miralles Palencia, Catedrático de Historia contemporánea en la Universidad del País Vasco

Roberto Muñoz Bolaños, Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
Alberto Oehling de los Reyes, Profesor de la Universidad de las Islas Baleares
José A. Olmeda, Catedrático de Ciencia Política en la UNED

Félix Ovejero, Profesor Titular de Filosofía Política en la Universidad de Barcelona
Rosa M. Pardo Sanz, Profesor Titular de Historia Contemporánea en la UNED
Antonio Peña Freire, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada

Eulalia W. Petit de Gabriel, Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla
Nuria Plaza Carrero, Dra. Filología Hispánica
Miguel Ángel Quintana Paz, Profesor Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Europea Miguel de Cervantes

Ángel Rivero, Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Javier Roldán Barbero, Catedrático de Derecho internacional publico en la Universidad de Granada
José María Rosales Jaime, Catedrático de filosofía moral y política en la Universidad de Málaga

José Ángel Ruiz Jiménez, Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada
Alfonso Ruiz Miguel, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid
Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela

Juan Santamaría Pastor, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid
Daniel Sarmiento, Profesor de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid
Fernando Savater, Escritor

Isidro Sepúlveda, Profesor Titular de Historia Contemporánea en la UNED
Mauricio Suárez, Catedrático de Lógica en la Universidad Complutense de Madrid y Research associate en la London School of Economics
Pedro Tent Alonso, Abogado y Profesor Asociado de Derecho Internacional Privado en la Universitat de València

Germán M. Teruel Lozano, Profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Murcia
Andrés Trapiello, Escritor
Fernando Vadillo, Profesor titular de Matemática Aplicada en la Universidad del País Vasco

Alfonso Valero Aguado, Principal Lecturer en la universidad Nottingham Trent University
Javier Varela Tortajada, Profesor de Historia del Pensamiento Político en la UNED.

La sangre helada
Álvaro Martínez ABC 14 Junio 2018

Todo parece dispuesto para que los partidos que propiciaron la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa vayan pasando al cobro su respaldo al Gobierno de los 84 diputados. Era de prever pues apear a Mariano de Rajoy del poder para cedérselo a quien no ganó las elecciones (de hecho perdió las dos a las que se presentó) debería necesariamente traer bajo el brazo como contrapartida un cambio radical de política, un giro de esos que le gustaban a Copérnico, en asuntos trascendentales para quienes le llevaron en volandas a la Presidencia.

Casi los primeros en moverse reclamando el pago han sido los proetarras de Bildu, los siniestros cobradores del pasamontañas, que ayer instaron al Parlamento vasco a que reclame a Sánchez el fin de la dispersión carcelaria de los asesinos etarras, uno de los más exitosos instrumentos para combatir a la banda, clave en su disolución final y en el triunfo de la libertad y la democracia sobre la serpiente, el hacha y la muerte. Hasta ahí nada nuevo, pues los nacionalistas y los filoetarras, la dupla del árbol y las nueces, tienen mayoría en aquella Cámara y el asunto iba a salir adelante sí o sí. El hecho sustantivo que puede hacer posible ese cobro es que los socialistas vascos han apoyado la medida, lo que hace pronosticar que el mandado proetarra haga fortuna en La Moncloa y lo veamos pronto hecho realidad. El siguiente paso, y si no al tiempo, será reclamar otras medidas de gracia «porque ETA ya no mata». Pero mató, y mató mucho, y mientras sigan sin resolverse los más de trescientos crímenes que aún quedan pendientes, los malos -porque los etarras siguen siendo los malos- no deben obtener ni una sola merced del Estado, hablando en plata, de esos españoles a los que amenazaron, secuestraron, hirieron o asesinaron.

«Patxi, veremos cosas que nos helarán la sangre», le dijo la valerosa y ejemplar Pilar Ruiz, la madre de los Pagaza, al socialista López cuando llegó a lendakari, apoyado por cierto por los votos del PP que ahora tanto denuestan. ¿Fin de la dispersión de presos? El mismo día que colaboren con la Justicia en la resolución de los crímenes aún sin pena, cuando cumplan sus condenas, paguen las indemnizaciones y pidan perdón por el inmenso daño causado. O si lo prefieren, pueden esperar al mismo día que podamos juntar a los muertos que repartieron por los cementerios de toda España. Es decir, nunca. De Sánchez depende, de nadie más.

Sánchez garantiza a Urkullu el avance hacia su Estatuto separatista y la reforma constitucional
Carlos Cuesta okdiario 14 Junio 2018

Pedro Sánchez garantiza al lehendakari, Íñigo Urkullu, el avance hacia su nuevo Estatuto separatista y la reforma constitucional. Lo ha hecho en los primeros contactos, que ya se han mantenido. La visita presencial vendrá después. De hecho, ya se trabaja en esa cita. Pero por el momento, los primeros contactos telefónicos han servido para que desde el PNV den por hecho que se va a proceder al traslado de presos a las cárceles vascas y para constatar que existe “buena química”.

Una química que ha hecho que desde las filas socialistas se defienda ya, sin problemas, que se puede abordar una reforma constitucional con reconocimiento de las “singularidades vascas”, que se tiene que cesar en la política de “recursos contra las leyes vascas” y que se tiene que aceptar “el desarrollo hacia el nuevo Estatuto vasco”.

Hay que recordar que esa Etatuto vasco es el que contiene el referéndum de autodeterminación en el País Vasco. Un Estatuto impulsado por el Partido Nacionalista Vasco pero que cuenta ya con la simpatía de los proetarras de EH Bildu.

Desde el PNV se ha insistido en más puntos. Y, de momento, muy pocos han puesto el grito en el cielo por parte de los socialistas. Los nacionalistas vascos han reclamado “bilateralidad” en las relaciones. Y los socialistas han contestado con un matiz: que debe circunscribirse a las comisiones bilaterales ya establecidas, las cuales, eso sí, se verán reforzadas.

Los vascos han pedido también la reforma del modelo territorial para dar cabida a lo que consideran sus “legítimas aspiraciones nacionales”. Y los socialistas han contestado que se puede abrir la reforma constitucional y negociar un avance para encontrar un correcto “encaje” de esas aspiraciones.

Y desde las filas nacionalistas han pedido el acercamiento de los presos y el traslado de la competencia penitenciaria plena. Y los socialistas, según los nacionalistas vascos, no se han negado.

De hecho, desde el Gobierno vasco –formado por PNV y PSE–, se da por hecho que la legislatura de Pedro Sánchez facilitará el traspaso de competencias. Entre ellas, la de prisiones e, incluso, la gestión de la Seguridad Social.

Los contactos establecidos telefónicamente no se han mantenido sólo entre Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu. También entre el consejero Josu Erkoreka y la ministra de Administraciones Públicas Meritxell Batet.

De hecho, Erkoreka ha trasladado ya la documentación en poder del Gobierno vasco, donde se recoge la petición de 37 transferencias que los vascos exigen para, según ellos, completar el catálogo de poderes recogido en el Estatuto de Gernika.

Erkoreka, además, ha enviado a Batet los acuerdos del Parlamento Vasco en los que se solicitaba a Mariano Rajoy -entonces presidentes del Gobierno- a establecer en seis meses un calendario de entrega de las competencias reclamadas.

Un Gobierno hipotecado
OKDIARIO 14 Junio 2018

El actual Gobierno está hipotecado por las facturas pendientes que tiene con independentistas vascos y catalanes. Una hipoteca que podría condicionar el futuro de España. Las primeras prebendas a los que ponen en cuestión nuestra Carta Magna fueron para el xenófobo Quim Torra y sus acólitos. El presidente, Pedro Sánchez, decidió levantar el control de las cuentas de la Generalitat la semana pasada. Así, impidió que el Ministerio de Hacienda siguiera con su labor para evitar futuros hechos prevaricadores. Ahora son los miembros del Partido Nacionalista Vasco (PNV) los que quieren cobrarse su apoyo en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Para colmar sus expectativas, Sánchez les ha prometido avances en autogobierno y materia fiscal. El jefe del Ejecutivo debería considerar muy bien qué tipo de ventajas promete y si de verdad las puede cumplir.

Dicho autogobierno, tal y como lo concibe el lehendakari Iñigo Urkullu, pone en solfa uno de los principios incuestionables de cualquier Gobierno de nuestro país: la unidad de España. Ya sean liberales o socialdemócratas, nuestros representantes jamás deberían arriesgar lo más mínimo con un concepto sagrado para la práctica totalidad de los españoles. Conviene recordar que, desde hace tiempo, Urkullu trata de calcar los movimientos de los separatistas catalanes. De hecho, el pasado mes de mayo acordó un nuevo Estatuto con los proetarras de Bildu para recoger que “el Pueblo Vasco es una nación” y “el derecho a decidir”. Pedro Sánchez ha de ser muy precavido con sus cesiones. Entre otras cosas porque está en juego la viabilidad de la nación y su Estado de Derecho.

Tal y como señaló el recién nombrado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando tomó posesión del cargo: “Vamos a trabajar por lo que la Constitución nos exige”. Algo que Sánchez haría bien en tener siempre en mente. Nuestra Constitución, entre otros muchos aspectos, defiende la solidaridad entre las distintas regiones. Solidaridad que se quebraría si los vascos siguieran aumentando sus privilegios fiscales. De igual modo, el incremento del autogobierno no puede ser un cheque en blanco para que logren una independencia de facto. Más aún cuando uno de sus objetivos es conseguir el acercamiento de los presos etarras. Algo a lo que jamás debe ceder Sánchez, ya que estaría traicionando a las miles de víctimas del terrorismo. Lamentablemente, el Gobierno es tan mínimo que su desempeño está hipotecado por la radicalidad de sus socios de moción.

PSOE: la copia fallida de Ciudadanos
Teresa Giménez Barbat okdiario 14 Junio 2018

Han querido montar un gobierno a la Ciudadanos y no les ha salido. Apenas ha transcurrido una semana desde que Pedro Sánchez formara un Gabinete en que alternaba aciertos como Nadia Calviño o Teresa Ribera con sospechosos habituales como Carmen Calvo (“el dinero público no es de nadie”) o Margarita Robles (cuyo indisimulado cesarismo había tenido paralizada la formación del Ejecutivo, pues la ex portavoz del grupo en el Congreso quería para sí un superministerio de Justicia e Interior, como en los tiempos de su mentor, Juan Antonio Belloch); aún estábamos celebrando, en suma, la elección de Pedro Duque como ministro de Ciencia y tratando de comprender la de Màxim Huerta como ministro de Cultura, cuando el viejo PSOE, el de la España como concepto discutido y discutible, el de la nación de naciones —una bicicleta de bicicletas, terció en su día, al hilo de semejante ocurrencia, Fernando Savater—, ha demostrado que la mera copia no sirve.

La diferencia entre este Gobierno y un hipotético Gobierno de Ciudadanos ha quedado clara desde las primeras horas. La planta crece en la tierra adecuada y esta apertura al liberalismo moderno post ideológico era cosmética. De nada sirve entregarle a Borrell la cartera de Exteriores si, a la que vuelve a respirar el aire del “progreísmo” —nunca del “progresismo”—, le admite a la periodista de La Sexta Ana Pastor que el día en que habló de la necesidad de desinfectar las heridas antes de suturarlas, se excedió. ¿Acaso su admirable Las cuentas y los cuentos de la independencia no ha sido el más eficaz desinfectante frente al superpatógeno ‘Espanya ens roba’? En cuanto a Meritxell Batet, basta decir que su discurso respecto al nacionalismo no difiere en absoluto del que plantea Podemos, empezando, claro está, por el insulto que supone situar en pie de igualdad al Gobierno de España y al de la Generalitat.

El diálogo, que en boca de Batet y sus compañeros del PSC adquiere un valor de sortilegio, puramente gemmanierguista, lo justifica todo, por mucho que la otra parte haya reiterado que no va a ceder un milímetro en su pretensión de construir la república catalana. Esto, perdonen, es algo que causaría a Ciudadanos un inmediato choque anafiláctico. Un rechazo inmunitario total. No, no pueden. Si no, en lugar de perseverar en la única estrategia que ha surtido efecto, esto es, la firmeza política y judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez no se entregaría a las artes de la seducción, como si a la Cataluña separatista el mundo le debiera algo y, sobre todo, como si el Estado tuviera deuda alguna con un movimiento esencialmente supremacista.

Por favor, si un dicho merece el frontispicio de la política es “la cabra tira al monte”. Anteayer fue la reforma de la Constitución —asunto, como se sabe, que motiva los desvelos de la inmensa mayoría de la población—; ayer, el acercamiento de los presos; hoy, la quita de la deuda. Si la moción de censura nació de una alianza con populistas, marxistas, antisistema, separatistas o nacionalistas hematófagos no fue por una mera, aunque reprobable (vedada también por motivos alérgicos a Ciudadanos), trapacería oportunista. Es porque en ese zoco de ideas trasnochadas el Psoe, y no digamos el Psc, se sienten bastante más confortables de lo que quieren aparentar. Los últimos movimientos del Psoe y del PP no han tenido más objetivo que para el manifiesto ascenso de Ciudadanos. Pero Ciudadanos nació porque hace falta. Y sigue sin haber un sustituto en el mercado.

EXPERTO EN TERRORISMO
‘PP y PSOE no estuvieron a la altura en la lucha contra ETA’
La Gaceta  14 Junio 2018

El experto en terrorismo Rogelio Alonso considera que “el discurso oficialista, que han repetido los medios y los dos principales partidos -PP y PSOE-, sobre que ETA ha sido derrotada y este era el mejor final para la democracia, es falso”, pues “ETA no ha sido derrotada en el plano político ni ideológico” y, por eso, “un mejor fin de ETA era posible”.

Alonso se expresa así con motivo de la publicación de su libro ‘La derrota del vencedor’, en el que indica también que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha sido el más beneficiado del terrorismo, que la reconciliación no cabe en el País Vasco, que el resentimiento de las víctimas es legítimo y que los gobiernos del PP y del PSOE no estuvieron a la altura en la lucha antiterrorista.

“Es cierto que ETA no consigue su objetivo máximo, como es la creación de esa entidad que definen como Euskal Herria, pero eso no impide que haya conseguido significativos logros políticos”, argumenta el autor para declarar que “no se puede sostener que ETA haya sido derrotada por completo”.

“Hoy el tejido social en el País Vasco está deformado”, advierte Alonso al expresar que “el PNV ha impuesto una hegemonía política, social y cultural como consecuencia de la violencia”, incluso después de haber llegado a reconocer que “no estuvieron a la altura de las circunstancias con las víctimas del terrorismo”.

“Deberían reconocer que sus objetivos nacionalistas deben resultar afectados, debemos exigir una rendición de cuentas. ¿Donde están las responsabilidades? ¿Donde están las consecuencias políticas?”, se pregunta Alonso, quien añade de forma rotunda que el PNV “se ha beneficiado del terrorismo”.

Rogelio Alonso cree también que la palabra “reconciliación” no tiene sentido en el País Vasco: “Reconciliación implica dos partes que han obrado mal, ese no es un término apropiado para la sociedad vasca, donde una organización terrorista ha intentado imponer objetivos nacionalistas, ha dañado a la comunidad. No ha habido un enfrentamiento entre dos partes que deban reconciliarse, hay un actor político que no ha obrado correctamente, que ha desafiado a la democracia, ha cometido injusticias y violaciones a los derechos humanos”.

“La sociedad vasca necesita justicia. Es importante que quienes han violado los derechos humanos sean derrotados”, agrega.

Considera, de forma crítica, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “engordó a la serpiente”, en alusión al símbolo de ETA formado por un hacha y un reptil, cuando abrió negociaciones, lo que permitió que la organización armada tomara fuerza desde el punto de vista político, y añade que el Gobierno de Mariano Rajoy siguió esa hoja de ruta.

Alonso está convencido de que el problema del País Vasco es más de ciudadanía que de territorio, pues las víctimas, convertidas en víctimas por no ser nacionalistas, “han tenido que dejar su vida, su casa”, por lo que reivindica “el derecho al resentimiento”.

“El resentimiento es una posición de denuncia moral y política con valor ético, porque es una llamada de injusticia, por eso en condiciones de injusticia el resentimiento es valioso, racional y necesario”, aclara el autor, al insistir en que “no debe confundirse con la venganza”.

Respecto a la reciente llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el autor expresa que el nuevo presidente debe aclarar si sostiene “la mentira de que este era el mejor final de ETA”, un final que Alonso considera “sustentado en la impunidad política y penal”.

El autor también pide aclarar a Sánchez si piensa gobernar y hacer política “como si ETA no hubiera existido” y si va a continuar como Rajoy, “instrumentalizando la memoria” de las víctimas.

“La memoria se ha utilizado para sacar rendimiento político, se ha convertido en un instrumento para el olvido. La politización de la memoria incide en lo sentimental, apela al recuerdo de las víctimas, al dolor, al sufrimiento, pero no se contextualiza políticamente, ni se insiste en que esas víctimas lo fueron porque no eran nacionalistas”, concluye Rogelio Alonso.

Manifestación en Pamplona
La ultraizquierda fleta autobuses en toda España para apoyar a los agresores de Alsasua en Pamplona
María Jamardo okdiario 14 Junio 2018

Grupos de extrema izquierda y organizaciones radicales navarras, vascas y catalanas coordinan “excursiones” en apoyo a los condenados de Alsasua. La manifestación convocada el próximo 16 de junio en Pamplona (Navarra) -que pedirá la libertad de los agresores de los guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua- fletará autobuses de toda España.

Se han preparado rutas desde Madrid, Barcelona, Mérida, Lérida, Gerona, Vic, Manresa, Sabadell, Bilbao, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Sopela, Hernani, Santurce, Tortosa o Vitoria entre otras. El precio medio ronda los 30 euros.

Los carteles diseñados para publicitarlas y que se están divulgando durante los últimos días en foros y perfiles de redes sociales próximos a grupos simpatizantes de extrema izquierda y del entorno abertzale, llaman a la movilización masiva en protesta por las condenas impuestas a los jóvenes de Alsasua bajo el lema“stop montajes policiales” “stop justicia fascista”.

Asociaciones como Crida per la llibertat, Grupo Antifascista Emeritense, Ernai, Arran o los Comités de Defensa de la República (CDR) -todas ellas grupos autodenominados “antisistema” y declaradamente independentistas, integrados por jóvenes que en su mayoría tienen experiencia en “kale borroka”- son algunos de los promotores de esta iniciativa.

La polémica institucional
La polémica ha llegado en esta última semana al conocerse que la manifestación del próximo día 16 en Pamplona, convocada por el colectivo Altsasu Gurasoak de familiares de los condenados de Alsasua, cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de la localidad.

La Junta de Portavoces firmó el pasado 1 de junio una declaración institucional en la que los representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Goazen Altsasu y el PSN-PSOE hacían constar su “firme rechazo por el carácter desproporcionado de las penas impuestas” y su solicitud de “no ingreso en prisión de las personas condenadas” al considerar que la decisión de la justicia estuvo motivada no por la realidad de los hechos ocurridos sino por la “presión política y mediática” vinculada al caso.

Las “excursiones” preparadas cuentan con el beneplácito de las formaciones firmantes de la declaración quienes en un uso partidista de la institución a la que pertenecen hacen “un llamamiento al conjunto de vecinos y vecinas (…) a participar en las diferentes movilizaciones convocadas para que se imparta JUSTICIA”.

Anna Simó
La nueva presidenta del Consejo Escolar de Cataluña se manifestó a favor de los ‘profesores del odio’
Luz Sela okdiarioPSOE: la copia fallida de Ciudadanos

Anna Simó, nueva presidenta del Consejo Escolar de Cataluña, se manifestó a favor del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), acusados de vejar en sus clases a los hijos de guardias civiles y adoctrinar a los alumnos.

Simó, exconsejera de Bienestar y Familia en el primer tripartito y exmiembro de la Mesa del Parlamento catalán en la última legislatura, se concentró ante las puertas del centro, como se puede ver en la imagen, con pancartas en defensa de la Escuela Catalana.

“No permitiremos que nos toquen uno de los tesoros más valiosos para el equilibrio y la cohesión social. No permitiremos más ataques hacia docentes, familias y a la comunidad educativa que se tiene que enfrentar cada día a acusaciones falsas de manipulación y adoctrinamiento”, escribió además en su perfil en las redes sociales.

El Consejo Escolar de Cataluña es el “organismo superior de consulta y participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza no universitaria en el ámbito de la Administración de la Generalitat”.

Entre sus potestades, el Consejo tiene que ser consultado sobre los proyectos del ámbito educativo que apruebe el Govern, la programación educativa en Cataluña, o, en general, “las actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza y mejorar su adecuación a la realidad social de Cataluña”. Sus dictámenes son preceptivos, pero no vinculantes.

Además, el Consejo tiene capacidad para formular por iniciativa propia propuestas al Departamento de Enseñanza sobre cualquier cuestión de su ámbito, proponer debates sobre temas de actualidad y promover informes y estudios. Con periodicidad anual, organiza además una Jornada de reflexión sobre la situación de la enseñanza en Cataluña y participa en el encuentro de Consejos escolares de las Comunidades Autónomas.

Como secretaria primera de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura, Simó fue procesada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de desobediencia.

El pasado abril, la Fiscalía de Barcelona denunció a nueve docentes del centro El Palau por, presuntamente, lesionar la dignidad de las personas “por motivos de discriminación por nacionalidad”, en concurso con un delito contra la integridad moral.

Según los hechos relatados por el Ministerio Público, el día después del referéndum ilegal, los profesores se refirieron a los guardias civiles-en presencia de sus hijos, alumnos del instituto-como “perros rabiosos” o “animales que solo saben dar palos”. Otra docente espetó a un pequeño, de doce años: “¿Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer?”.

La denuncia destacó también que los profesores señalaron a estos alumnos en clase y les presionaron para concentrarse en el patio contra las cargas policiales.

La Fiscalía denunció además que el día 20 de octubre, otro de los acusados, “con motivo de las jornadas de huelga de estudiantes que se habían convocado desde sectores sociales y políticos en favor de la independencia, preguntó a los alumnos, “que levanten la mano los hijos de los guardias civiles”.

El profesor “comentó a los alumnos que habían levantado la mano, que entendían que no quisieran hacer huelga los días 25 y 26 de octubre por la condición que tenían sus padres de ser guardias civiles y entendía que no apoyarían la huelga porque sus padres no eran independentistas, así que deberían ir al Instituto para hacer clases con normalidad, poniendo en evidencia ante todos los alumnos a aquellos que eran hijos de Guardias Civiles, señalándolos de esta forma para ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula”.

El pasado mes de mayo, un juzgado de Martorell acordó abrir diligencias contra cuatro de estos denunciados, por los delitos de discriminación y contra la integridad moral.

El anterior presidente del Consejo, Lluís Font, calificó en su día de “linchamiento público” el tratamiento mediático sobre el caso.

Font consideró que el centro “como institución social, ha de educar el espíritu crítico de los alumnos para que, éstos, se conviertan en ciudadanos libres y respetuosos de la alteridad, en una sociedad democrática avanzada”.
 


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