AGLI Recortes de Prensa   Domingo 24 Junio 2018

Con Pedro Sánchez, más derroche y más impuestos
Gonzalo Baratech Cronica Global 24 Junio 2018

Pedro Sánchez se ha estrenado como presidente con una batería de medidas de corte populista. Todas ellas significan un coste enorme para el Erario. En apenas dos semanas, ya ha comprometido gastos adicionales por valor de 5.500 millones.

La alegría con que el Ejecutivo maneja el peculio de todos no puede sorprender demasiado. Al fin y al cabo, alberga a una ministra como Carmen Calvo, que tiene dicho que “el dinero público no es de nadie”. Como si lloviese del cielo.

Los equipos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero volatilizaron la pasta de los contribuyentes con pasmosa celeridad. Sánchez acaba de empezar y no parece sino que quiera emularlos.

Una de sus primeras medidas consiste en eliminar los peajes de las autopistas cuya concesión vence próximamente. Los conductores están de enhorabuena. Por fin, van a desaparecer las nefastas barreras, causantes de atascos sin fin.

Lo que los voceros de Sánchez se callan como bellacos es que el mantenimiento de las vías correrá, a partir de ahora, a cargo del Estado. Por tanto, van a sufragarlo todos los residentes, sean usuarios o no. A la vez, dejarán de fluir a las arcas de Hacienda los impuestos que las vituperadas concesionarias venían aportando.

Entre este año y el próximo terminan las concesiones de la AP-1, Burgos-Armiñón; la AP-7, Alicante-Tarragona; y la AP-4, Sevilla-Cádiz. Los restantes tramos de la AP-7 en Cataluña, desde Tarragona hasta La Jonquera, concluyen en 2021. La asunción de dichas vías supone para el Estado un dispendio de 450 millones anuales.

Una medida mucho más inteligente --y menos demagógica-- habría sido implantar la llamada viñeta, ya en uso en muchos países. La pagan los conductores, una vez al año, y nadie más.

Otra gravosa decisión de Sánchez consiste en restablecer la sanidad universal para todo bicho viviente, eliminada por la ministra popular Ana Mato. Ello implica extender la asistencia gratuita a los europeos avecindados en España e incluso a los inmigrantes sin papeles. El monto, 1.100 millones anuales.

Sánchez pretende también liquidar el copago de las medicinas, que afecta a los pensionistas con mayores recursos. Su instauración por Ana Mato yuguló un fraude mayúsculo y puso coto a unos dispendios que tendían al infinito. El brindis al sol sanchista cuesta 400 millones.

Los anuncios transcritos palidecen frente a la pretensión de vincular otra vez el alza de las pensiones al IPC. Se calcula que la cuenta anual no bajará de 2.000 millones. Pero, además, engordará cada año. El cambio propuesto es insostenible a medio plazo. Pero eso a Sánchez le trae al fresco.

El problema de las pensiones radica en que ningún Gobierno central las ha querido abordar con seriedad. Todos han optado por pasarle el muerto al siguiente que venga, y allá se las componga.

El sistema de previsión nacional se basa en el principio de reparto, no de capitalización. El dinero que desembolsan los actuales cotizantes no se guarda en un banco para devolvérselo cuando se retiren. Los fondos se emplean en satisfacer las actuales pensiones.

Se trata, en resumen, de un montaje piramidal, idéntico a la macro estafa que el bróker neoyorquino Bernard Madoff perpetró años atrás. Cada año hay más jubilados, más longevos y con pensiones mayores. Por el contrario, la grey de los cotizantes se mantiene estable o se contrae. En conclusión, el sistema está literalmente en quiebra.

Se calcula que los trabajadores de menos de 40 años cobrarán el día que se retiren unas pensiones equivalentes al 50% de las que les corresponderían hoy en día.

Inflar la factura nacional, como intenta Pedro Sánchez, no tiene ni pies ni cabeza. Aunque le pueda proporcionar grandes réditos electorales, que al fin y al cabo es lo que busca.

Por si todo lo dicho fuera poco, Sánchez planea aumentar los permisos laborales de paternidad hasta las 6 semanas. El coste se cifra en otros 1.550 millones.

Cuando Felipe González asume el poder en 1982, la deuda pública heredada del régimen franquista y de la UCD es de 31.000 millones. Bajo el felipismo se multiplica nada menos que por diez, hasta los 320.000.

En 1996 toma el relevo José María Aznar. Durante su mandato, el alza de la sangría se contiene. La deuda “solo” crece hasta 390.000.

Zapatero enarbola el testigo en 2004 y da rienda suelta al despilfarro. El endeudamiento casi se dobla, hasta los 743.000.

Con Mariano Rajoy torna a amortiguarse la velocidad del crecimiento. Aun así, la masa deudora que endosa a Pedro Sánchez alcanza la cifra récord de 1,15 billones.

El déficit de las cuentas estatales sigue un curso similar al de la deuda. Se dispara con Zapatero, en plena crisis, hasta 118.000 millones en un solo año. Rajoy lo ha embridado por debajo de los 30.000 millones anuales. Pero ya amenaza con desbordarse, pues Sánchez semeja decidido a que España vuelva a ser jauja. En consecuencia, no le quedará otro remedio que atornillar a los ciudadanos mediante subidas de impuestos generalizadas.

Los voceros gubernamentales ya han soltado algunos globos sonda en tal sentido. El derroche parece una especie de plaga bíblica que asola este país de forma recurrente. Cada vez que los socialistas mandan en la Moncloa, el gasto --y por ende los impuestos-- se desmelenan de forma irrefrenable.

Una historia común para España
 La Razon 24 Junio 2018

El espíritu de reconciliación que guió la Transición parecía no servir a los que reclamaban una revisión de la Guerra Civil y el franquismo. Precisamente la consolidación de la democracia en España permitió que se abriera un debate apasionado –con más pasión que razón– sobre la «memoria histórica», un concepto que no solía emplearse y cuya versatilidad abría las puertas a dar validez –y rango de ley si fuese el caso– a los testimonios y vivencias personales que no habían sido reconocidos por la historiografía.

En la exposición de motivos de la Ley de la Memoria Histórica impulsada por Rodríguez Zapatero (26 de diciembre de 2007) se habla de que «los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática, y como tales son abordados en el texto». Pronto esta norma empezó a mostrar su desequilibrio ideológico: el uso político de la historia y considerar que sólo un bando –siempre la izquierda– había sufrido los desmanes de la guerra –siempre provocados por la derecha. En la misma exposición de motivos se abunda en esa imprecisa idea: «Cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura».

Sin embargo, en ninguna parte del articulado se habría la puerta a que había víctimas y verdugos a ambos lados, incluso verdugos que luego fueron víctimas. En cuatro años de aplicación bajo el gobierno socialista no se avanzó mucho en su desarrollo, ni posteriormente con el PP, lo que evidenciaba que antes que una Ley de Memoria Histórica era necesario una historia común de España, que no esté dividida en bandos ideológicos o compartimentada por territorios históricos administrado por nacionalistas. Más importante que la creación de la Dirección General de la Memoria Democrática, como así está previsto, es la comprensión de que la Guerra Civil fue un conflicto político desgarrador en un momento en el que Europa se debatía entre dos formas de totalitarismo.

El PSOE presentó en el Congreso el pasado 6 de diciembre de 2017, estando todavía en la oposición, una propuesta de reforma de la Ley de 2007, que no salió adelante, aunque ahora podría aprobarse con la ayuda de los socios que apoyaron la moción de censura. Una de las propuestas es anular todos los juicios del franquismo, lo que abriría reclamaciones de patrimonio. De ser así, la memoria histórica entraría en bucle, es decir, no cumpliría su función de curar heridas, sino hurgar ad náuseam en ellas con finalidad política, que, a la postre, parece ser el único espacio de confrontación ideológica que queda. No es casual que uno de cada tres plenos (14 de 47) del Ayuntamiento de Madrid se hayan dedicado al capítulo de la memoria histórica.

Sin embargo, a pesar de estos intensos debates sobre quién fue más responsable del origen de la guerra, es imposible que se apruebe un monumento común para todas las víctimas, mientras Manuela Carmena quiera erigirlo para 3.000 fusilados en Madrid entre 1939 y 1944, siendo alguna de las víctimas ellas mismas miembros de las terribles «chekas». Por lo tanto, hay que actuar con rigor, sin sectarismo y con sensibilidad. Si la Ley de 2007 resultó inoperante fue porque era ideológicamente sectaria. Sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco hay que evitar utilizarlo como munición para el enfrentamiento. Todo puede ser más sencillo si cuenta con la aquiescencia de la Iglesia y de la familia, como así parece. Franco no puede ser, 43 años después de su muerte, un motivo de disputa entre españoles.

Ministerio de la verdad única
No se trata de gobernar, sino de inculcar una ideología
Luis Ventoso ABC  24 Junio 2018

En una democracia la función de los gobiernos es resolver los problemas de la gente, en lugar de utilizarlos como munición para la demagogia, o de formatear la mente del público con proyectos de ingeniería social. Los gobiernos de Aznar y Rajoy tuvieron sus defectos -el mayor, los vergonzosos casos de corrupción-, pero pusieron su foco en arreglar lo concreto, con atención prioritaria hacia la economía, donde ambos lograron buenos resultados (los datos empíricos son irrefutables). Por el contrario, los ejecutivos socialistas siempre han situado en primer plano la ideología, muy acusadamente desde el zapaterismo. Para el PSOE no se trata tanto de mejorar la vida de las personas como de cambiar la manera de pensar del país, partiendo del axioma de que solo existe un correcto modo de ver la vida, el mal llamado «progresismo». El credo político obligatorio se impone desde una presunta superioridad moral. Quienes se apartan del dogma pasan a ser considerados unos parias intelectuales, para los que incluso se ha creado un epíteto que los priva de todo crédito: «facha». Esa estrategia sectaria explica, por ejemplo, el cordón sanitario contra el PP que levantó Zapatero, o el tono de mofa y desprecio con que determinadas cadenas y seudohumoristas saludan a los herejes que se sienten -¡todavía!- liberal conservadores.

La llegada de Sánchez al poder supone un ejemplo perfecto del mecanismo descrito. No trata de gobernar, pues carece de ideas nuevas para mejorar la vida de las personas y de escaños para aplicarlas. Así que lo que intenta es inculcar la idea-fuerza de que en España solo cabe una forma de pensar legítima, el progresismo, y que lo salutífero y ético es que el PP esté siempre fuera del poder. De ahí viene su primera medida de calado: asaltar Televisión Española, alegando por boca de la ministra portavoz que «su situación es anómala, excepcional y de emergencia» (palabras con las que denigra el trabajo de centenares de profesionales de ese medio). De ahí también que rehúse a convocar elecciones tal y como había prometido, pues su único modo de ganar unos comicios es acometiendo previamente una gran campaña de propaganda desde el aparato del poder. Ese es el plan.

Como cualquiera, he constatado por experiencia vital que TVE fue mucho más tendenciosa bajo Aznar y Zapatero que hoy. Pero a Sánchez le urge controlarla, porque es ya la única cadena, junto con la pequeña 13, que no practica la apología activa de la única ideología aceptable: el progresismo. Para llevar a cabo la operación ha llegado incluso al oprobio de recurrir, una vez más, al voto de dos enemigos de España, ERC y PDECat (hecho que la ministra portavoz no tuvo la honestidad de reconocer ayer cuando se lo preguntaron directamente). Les urge ocupar TVE porque hay que seguir vendiendo gestos que enmascaren la incapacidad de un Gobierno que es legal, pero muy poco democrático, pues el presidente que nos manda no ha sido elegido por los españoles, que de hecho lo castigaron dos veces seguidas en las urnas. Ministerio de Transición a la Verdad Única. Esa es la cartera clave del Gobierno.

Generación post 20-N: 12 millones de votos por los que resucitar a Franco
El nuevo relato electoralista aspira a convencer a quienes no vivieron bajo la dictadura de que la Transición y la Constitución del 78 eran (son) franquistas.
José María Marco. Madrid. La Razon 24 Junio 2018

Para alguien que haya conocido el final de la dictadura de Franco, y por tanto también los años de la Transición, es difícil sustraerse a una impresión extraña. La de que la figura de Franco pesa más en la política y en la vida españolas de hoy que en las de entonces. Y no es que Franco y lo que significaba no constituyeran entonces una realidad relevante. Lo que ocurría es que la mayoría de la sociedad estaba convencida de que Franco y la dictadura formaban parte del pasado. Al decir «mayoría» se habla de una mayoría aplastante, que agrupaba personas de todas clases, de todas las edades, de todas las condiciones sociales y culturales, incluidos los muchos que apreciaban y valoraban la figura de Franco por motivos que ahora están censurados, como si todos aquellos españoles fueran unos monstruos. Y al hablar de la dictadura como de algo «pasado» se quiere decir lo que resultaba evidente entonces: que esa etapa de la historia de los españoles había quedado a la espalda, agotada, sin capacidad para servir de inspiración para nada. La muerte de Franco corroboraba físicamente lo que moral y políticamente había ocurrido mucho antes: el desplome de cualquier legitimidad que hubiera podido tener la dictadura.

Según el padrón de 1 de enero de 2017, hay 22.258.747 españoles (64,4% de los electores) nacidos antes del 20 de noviembre de 1975. Son españoles que han tenido la oportunidad o bien de vivir la dictadura o bien de tratar directamente a personas que la vivieron. En consecuencia, tienen un conocimiento personal, no mediatizado del todo por la propaganda política –los famosos relatos–, de lo que aquello significó.

En cambio, hay 12.310.375 españoles (35,6% de los electores) nacidos después de aquella fecha. Para estos, el conocimiento de la dictadura y la Transición viene ya influenciado por las interpretaciones posteriores. Más en particular, por aquellas que, a medida que pasaba el tiempo, han ido elaborando una visión crítica, o hipercrítica, de lo ocurrido entonces. Según este «relato» de los hechos, Franco, en realidad, ni siquiera murió cuando falleció el 20 de noviembre de 1975. Su espíritu sobrevivió en la Transición y quedó plasmado en pactos inconfesables, mentalidades e instituciones. Aducir la lejanía que la sociedad de entonces sentía hacia el dictador y la dictadura agrava las cosas. Es la confesión de una realidad inconsciente, aún más poderosa por tanto: la España de la Transición, de la Constitución del 78 y de la Monarquía parlamentaria era –y aún lo es, a falta de una catarsis político-moral– franquista.

La catarsis habrá de venir de la mano de la famosa regeneración, que se pone en marcha con la depuración ritual de Rajoy y escenifica el renacimiento del antiguo mito de las dos Españas. Por un lado está la España de los mayores, franquistas sin saberlo porque creían que Franco había muerto en el 75. Y por otra la de los jóvenes, que se descubren franquistas sin quererlo y que exigen una nueva escenificación ceremonial para acabar con esa parte de sí mismos en la que no se reconocen. Para matar de verdad al padre deben matar al abuelo. Así que se disponen a organizar una ceremonia pagana y bestial, como es el desenterramiento público de los restos de Franco. Ahora bien, los auténticos muertos en esta función serán esos más de 22 millones de españoles que en su momento no hicieron lo que había que hacer. Así purgarán el pecado de haber dejado el fantasma en herencia a los otros 12 millones y pico. Entre éstos, según el CIS, un 20,6% vota a Podemos; un 12,6% apoya a Cs; otro 12,6% hace lo propio con el PP, mientras que el PSOE cosecha un respaldo del 11,5% de los electores post 20-N. A partir de ese momento, los nacidos antes del 20 de noviembre de 1975 se convertirán en muertos vivientes, más muertos que lo otro –claro está- a menos que acepten el auténtico significado, y la belleza, del gesto. Lo que se quiere, en el fondo, es devolverles a la vida verdadera. Todo hasta aquí era mentira, desde mucho antes de la falsa muerte de Franco. Esos 22 millones de españoles han vivido en una ficción de la que nuestros jóvenes y aguerridos compatriotas se disponen a liberarles. Y por eso habrán de darles las gracias, como las víctimas sometidas al terror revolucionario agradecen a sus verdugos el haberles emancipado de sus cadenas. No llegarán a los hechos, porque, gracias a Dios, la sociedad de la opulencia que los muertos vivientes les han legado les impedirá llegar a soluciones tan drásticas. La condena, sin embargo, es inapelable. Y los más patéticos serán aquellos convencidos que por sus venas corre sangre vivificada por el crimen nuevo y definitivo. (Siempre hay alguna forma de llegar al poder aunque sea sin ganar elecciones).

El entierro que firmó el Rey
Fuera de consideraciones políticas debe entenderse que el Valle de los Caídos se pensó para que al final de la Guerra Civil fuera un mausoleo para las víctimas de ambos bandos al amparo y la sombra de la cruz.
Luis Suárez. La Razon 24 Junio 2018

Una vez más se está suscitando el problema en términos que, al no responder exactamente a la realidad, pueden causar daño. No voy a intentar aquí hacer juicios de valor, sino únicamente explicar las noticias que tengo acerca de Cuelgamuros. Por primera vez al concluirse una contienda cruel, por influencia de la Iglesia se tomó una decisión singular: construir un mausoleo en que víctimas de uno y otro bando pudieran hallar sepultura y al mismo tiempo pedir a Dios, al amparo del signo de la Cruz, el perdón y la reconciliación que permitiese borrar las angustias y daño que este tipo de enfrentamiento lleva consigo. No se trataba de un monumento en favor de uno de los bandos ni tampoco de ocultar la realidad del sufrimiento, sino de superar las deficiencias en que unos y otros incurrieran haciéndolo ante el tribunal de Dios, que es en donde se juzgan los pecados.

Se trataba pues de una afirmación religiosa que, desde luego, es difícil entender para los que carecen de fe, pero que se presenta dentro de los mandamientos de Cristo como un eje esencial. Franco nunca pensó que estaba construyendo su propio sepulcro; para esto había adquirido una especie de monumento sepulcral en El Pardo reservado a su familia. Fue en el momento de su muerte cuando los gobernantes del momento pensaron en la conveniencia de hacer dicho traslado.

Ahora nuestros políticos interpretan el gran monumento de manera distinta y piensan que de lo que se trataba era de levantar algo que rememorase a los vencedores. Parecieron ignorar que en aquel momento el volumen de caídos procedentes del bando republicano superaba todos los supuestos, ya que las familias a quienes corresponde elegir el lugar de depósito obituario se habían percatado de que era más honorable el cenobio del Valle que los improvisados cementerios que se establecen en el curso de una guerra civil. Entre los caídos también se hallaban víctimas de la persecución política.

En 1953 cuando las obras del Valle estaban en una especie de punto culminante, el cardenal Roncalli hizo el viaje a través de España y fue llevado hasta aquel lugar por el ministro Martín-Artajo, que con los Propagandistas estaba trabajando intensamente en reorientar el régimen hacia una abierta confesionalidad católica. Mostró asombro y complacencia cuando se le explicaron los detalles. Ahí estaba una de la bases del cristianismo: superar y sustituir las enemistades poniendo las losas del silencio sobre la fuerte persecución religiosa y también de otras índoles que España había tenido que sufrir. Desde esta valiosa experiencia, cuando llegó a ocupar la Sede de Pedro tomando el nombre de Juan XXIII hizo una especie de confirmación de ideas sin tener para nada en cuenta las ideas políticas.

El Valle podía considerarse como uno de los modelos a que Europa podía y debía recurrir para limpiarse de los tremendos barros que la ensuciaran: amarse entre los enemigos y buscar en la hora suprema una reconciliación a los pies de Cristo. Esta era la delicada misión confiada a los benedictinos que se hacían cargo del gran santuario. Insisto en que en aquel momento no se había planteado que el Jefe del Estado fuese también sepultado allí. Esta es una cuestión que se ha planteado mucho más tarde y una decisión tomada por el Gobierno y firmada directamente por el Rey. Lo que el Papa disponía era que se reconociese al monasterio calidad de abadía, lo que le vinculaba directamente a Roma, que a él se enviase un minúsculo resto de la cruz que según la tradición romana sigue siendo reliquia preciosa y que, en virtud de ello, los fieles pudiesen recibir la indulgencia plenaria acudiendo a los oficios del Viernes Santo. Años más tarde el cardenal Ratzinger que estaba en los cursos de verano de El Escorial también mostró interés en conocer personalmente el Valle.

Así pues nos estamos encontrando ante un problema que tiene dos dimensiones y que a los cristianos lógicamente preocupa. Pues algunos políticos influyentes de nuestros días tratan de ver en este monje singular algo que no le pertenece ni se reivindica. Y de este modo, acaso sin pretenderlo demasiado, borran una de las contribuciones esenciales del cristianismo a la vida social: amad a vuestros enemigos y aún a quienes os maltratan, explicaba Jesús a sus discípulos. La presencia de los restos mortales de Franco es cuestión que afecta a su familia y a la Iglesia, si bien entra dentro de las soluciones políticas. Sánchez y sus colaboradores no deberían olvidar que el levantamiento de un monumento individual puede generar nuevos problemas, ya que los que aún se mantienen fieles a su memoria pueden convertirlo en punto de especial significación. También desde luego que se puede entrar en un camino que quebrante el respeto a los seres muertos.

El problema verdadero no va por esos cauces políticos acerca de los que los historiadores no se sienten comprometidos. Afecta especialmente a la conducta de la Iglesia, que tras el Concilio Vaticano II se siente más comprometida en la reconciliación entre todos los sectores humanos evitando de este modo que el amor al prójimo sea sustituido por el odio. De ahí la demanda que los cristianos hacemos a los políticos de nuestros días: deben permitir en plena libertad religiosa que los católicos elevándose por encima de sus preferencias puedan reunirse para pedir a Dios la salvación de aquellas almas que en uno y otro bando perdieron su vida convencidos de que estaban cumpliendo con su deber. Paz y amor resultan indispensables para la construcción de un futuro superando dificultades. La Iglesia ya ha dicho cómo está dispuesta a ello. No debe perderse la ocasión ni olvidar que en el fondo el Valle significa la reconciliación bajo la sombra de la Cruz.

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De Rivera a Casado y viceversa, pasando por Vox

Federico Jiménez Losantos  Libertad Digital 24 Junio 2018

El golpe de mano parlamentario que acabó con Rajoy y su Gobierno y ha entronizado un Gobierno del PSOE sin escaños, apoyado en Podemos, el nacionalismo vasco y el golpismo catanazi, podría tener el inesperado efecto de acabar con el deslizamiento del PP hacia la extinción política. Sin embargo, el efecto de esta convulsión que siempre fue técnicamente posible -se dice que Sánchez rechazó el año pasado una moción de censura similar- no abarca sólo al PP sino a todo el ámbito del centroderecha español, que es el único que hoy defiende la integridad nacional y el sistema constitucional.

Las cuatro fuerzas pre-electorales
Hasta la moción de censura, el futuro de España pasaba por Rivera. Tras ella, el futuro de "todo lo que está a la derecha de la izquierda", y también Rivera, pasa por Pablo Casado. También el futuro de Vox, que está recibiendo el voto desencantado del PP que no va a Ciudadanos y que ve premiada su tarea en los tribunales contra el Golpe catalán y su oposición al Estado de las Autonomías, incompatible con la supervivencia de España sin una reforma que devuelva al Estado las competencias que nunca debió transferir: Educación, Interior y Sanidad, amén de una reforma de la función pública que la reabra a todos los españoles en toda la nación y una legislación en materia lingüística que garantice el derecho a estudiar en España en cualquier sitio de España desde la guardería a la Universidad.

¿Por qué Casado y no Cospedal? Porque es el único que plantea con claridad -y así lo hizo en su entrevista en esRadio- que no cabe rehacer el PP, aunque ello sea paso inexcusable, sin reconstruir todo el centroderecha como alternativa de Poder. Y llamó a la unidad de cuatro fuerzas: el PP, Ciudadanos, Vox y las organizaciones no partidistas como Libres e Iguales. En realidad, al definirse como el candidato de la "España de los balcones", Casado plantea, desde otro PP, un Movimiento Democrático Nacional que reagrupe, antes y después de las citas electorales de 2019, a los millones de españoles que respondieron al mensaje del Rey del 3 de octubre. Tras las elecciones municipales, autonómicas y europeas que retratarán la fuerza de los partidos de centro y derecha, habrá que crear una alternativa nacional. Y ahí entran esas fundaciones a las que también citó Casado (Villacisneros, Covite, Valores y Sociedad, Blas de Lezo), herederas de la AVT de Alcaraz que plantó cara al pacto de la izquierda con el nacionalismo y el terrorismo.

Igual que en la primera legislatura de ZP, un PP desarbolado fue sustituido en la oposición al proyecto zapaterino -que puede culminar ahora Sánchez- por la AVT de Alcaraz, Foro Ermua, la COPE, El Mundo y Libertad Digital, ahora, el pegamento de los partidos tras las elecciones de mayo de 2019 serán esas entidades cívicas que no se han rendido pese a la dispersión organizativa, la imprecisión ideológica y el sectarismo de PP, Cs y VOX. Y como también señaló Casado, la defensa de la lengua española como derecho inalienable e indiscutible en lo laboral y en lo escolar, debe unir a todos los que realmente quieren revertir el proceso separatista. La lengua es el arma de ataque de todos los enemigos de España. Debe ser la trinchera primera y fundamental de su defensa. Y ahí, ni PP ni Cs se han retratado. Lo hacen movimientos cívicos y apartidistas, como Hablamos español, a los que es prioritario apoyar desde todos los partidos constitucionales.

La clave, la sociedad civil
Es también esencial que se reconozca el papel de levadura, no masa, de la sociedad civil, como ha hecho Casado al empezar su tarea política. SI es sincero, eso supone que no busca sólo recuperar los millones de votos de Cs que difícilmente volverán al PP y que el rajoyismo se empeñó en considerar su única tarea pendiente, sino que imagina un proyecto plural, en el que la implantación territorial y proyección mediática definirán la hegemonía de PP y Cs, en principio desigual y sin duda cambiante, pero cuya alianza tácita debe ser tan evidente como la de las izquierdas y los separatismos para vencerlos. Soraya y Cospedal buscan el Poder a través del PP. Casado sabe que para él sólo será posible llegar al poder del PP, técnicamente inaccesible, si tiene o hace creer a las bases que puede tener un proyecto para recuperar una idea de España alternativa a la máquina para destruirla que avanza a todo tren. A Soraya y Cospedal les basta el partido. A Casado, le sobra si no ofrece algo más: una política, una ideología, una lucha por la hegemonía cultural, hoy, gracias a la Derecha, total y absolutamente en manos de la Izquierda.

Dejo para otro domingo el problema aparentemente esencial de todo el centroderecha: el aplastante dominio mediático de la Izquierda. No ha hecho más que empeorar desde que escribí en La Ilustración Liberal el ensayo sobre el invierno mediático que se nos venía encima gracias a la miserable actitud y la ciega soberbia de Aznar, que, antes de irse, padeció. La gran diferencia con respecto al atroz panorama de hace quince años es que entonces no había medios para el mensaje, pero había mensaje. Hoy no hay mensaje, o eso quieren los partidos, y creen que no hacen falta medios.

En rigor, quieren hacer de la necesidad, virtud. Pero basta ver TV3, el verdadero partido del golpismo catalán, para comprobar que eso es falso. Los medios son más necesarios que nunca. Pero además hay que tener unas ideas, no sólo unos consejos publicitarios que "vender" o "transmitir". "No comunicamos bien todo lo que hacemos", decía el PP de Rajoy, que nunca se atrevió a confesar que lo que no sabía decir es que no sabía qué hacer. Pero lo que está pasando con el caso de La Manada es justo lo contrario: no paran de decir bobadas a favor de corriente sin ver en qué sentido los lleva.

La Manada y el desvarío del centroderecha
Este es quizás el caso más grave de desvarío político del centroderecha en décadas. Rivera ha dicho sin leer el auto del tribunal -decidido además por el voto de una magistrada- que dejar en libertad condicional a unos tíos convertidos en el pimpampum del totalitarismo sexista muestra "las grietas" del Sistema. Más bien las grietas intelectuales y morales de unos políticos ayunos de decoro intelectual y de responsabilidad política. ¿Ha visto Rivera el vídeo que sólo han visto los jueces? No. Entonces, ¿en qué se basa, qué grietas son esas? ¿Las del Ministro de Justicia insultando al juez que emitió un voto particular, del que dijo que "tiene un problema"? ¿También Ciudadanos quiere acometer la "reforma mental" de los jueces? ¿Habrá psiquiátricos como en la URSS para jueces y fiscales disidentes? ¿Cómo puede pedir respeto a la Ley en Cataluña quien la ataca en Navarra?

No es achaque de centrismo blandito sino de demagogia teledirigida y generalizada. Cospedal, abogada del estado, dice estar "profundamente frustrada" por la decisión de los jueces navarros que, más que los políticos, representan, siquiera a trompicones, el Estado de Derecho. ¿No creen los supuestos defensores de la ley y el Orden que esos jueces ya padecen la suficiente presión como para que ellos se sumen a la manada linchadora? En nada se diferencian de la torpísima portavoz del nuevo Gobierno que dijo sobre el caso estas tres mentiras en diez segundos: "Ella dijo no. Esa es la opinión que está en el ambiente social y es un hecho probado".

Si Doña Celáa se hubiera molestado en leer la sentencia y el voto particular que aunque no la rebata legalmente da datos que se omiten en la condena, de ahí su disidencia, habría visto que ella nunca dijo no, que siempre contestó a preguntas de la defensa que nunca dijo no. "Lo que está en el ambiente social" no es argumento legal y asquea ver a la portavoz del Gobierno haciendo el coro a la manada linchadora. Sobre lo probado en la sentencia, ¿olvida que también está recurrido? En fin, admitamos que la Izquierda sólo defiende las leyes que impone. ¿Y la Derecha? ¿Seguirá amparando leyes tan zafiamente inconstitucionales como la de Violencia de Género y la de Memoria/Venganza Histórica? Esta es la gran cuestión: si a la derecha de la izquierda hay autonomía política o seguidismo de los medios, es decir, sumisión a la Izquierda.

El populismo judicial, aliado del golpismo
Que Cospedal compita en femidemagogia con Irene Montero es lamentable. Que Rivera se sume al populismo judicial que tiene en la movilización contra los jueces y contra la sentencia de La Manada su vanguardia publicitaria es, simplemente, suicida. El populismo judicial puesto en marcha por podemitas y proetarras aboca fatalmente a la "solución política" de la Izquierda al golpismo catalán: la impunidad. No ver que se trata de un mismo movimiento de deslegitimación de la Ley es peor que una ceguera: un suicidio ideológico, ético y político.

No sé si casado está en condiciones de plantear en serio este asunto ante la base del PP. Creo que si lo hace, orientará el futuro de su partido y tal vez también el de Cs en la única dirección posible, aparte de rendirse. O se defiende del todo la Constitución, o el sorayismo se impondrá, con Soraya o sin Soraya. La base social de Ciudadanos en Cataluña es clave, y la base social del PP en el conjunto de España es esencial. Pero ni una ni otra son suficientes por sí solas, sin una línea política clara y común.

Volviendo al principio de este artículo, si por Rivera pasaba el futuro hace un mes y por Casado podría pasar ahora en mes y medio, la situación en España es tan grave que sólo si cada uno de ellos, con Vox y con todas las asociaciones que defienden la Nación y la Constitución, con generosidad y atendiendo al interés nacional, son capaces de crear una línea de defensa de todo lo que nos une, que es más de lo que nos separan siglas y personalismos, podremos afrontar un peligro que ya no pertenece al futuro sino al más rabioso y oscuro de los presentes.

La guerra de símbolos en Cataluña mantiene viva la tensión social
Algunos vecinos denuncian que los Mossos d'Esquadra ni las autoridades hacen nada para rebajar el conflicto y controlar el uso indebido del espacio público
Laura Fàbregas Cronica Global 24 Junio 2018


Cada vez son más habituales las imágenes en las que se observan agrias disputas por la ocupación del espacio público en Cataluña por parte de algunos independentistas. En todos los años que dura el llamado procés independentista, se ha pasado de las banderas secesionistas que libremente y haciendo uso de su libertad de expresión los defensores de la independencia ponían en sus balcones a apropiarse del mobiliario común, muchas veces sin autorización. La colocación de pancartas, lazos amarillos y cruces en las playas catalanas han derivado en una constante y ha suscitado la reacción de los que están en contra.

Pese al cambio de Gobierno en Madrid y su intención de normalizar la relaciones con la Generalitat, la tensión no cesa. Se pudo ver el pasado viernes, cuando un grupo de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) intentaron boicotear el acto de inauguración de los Juegos del Mediterráneo por la presencia del rey Felipe VI.

Guerra de símbolos
Esta guerra de símbolos casi diaria en las plazas, vías y costas catalanas, ha sobrepasado en más de una ocasión los límites de la disputa verbal, con enfrentamientos físicos y amagos de agresiones. Una de los últimos episodios se vivió en Palamós, cuando una vecina se dispuso a sacar los lazos que ocupaban el espacio común. Un hombre, com camiseta amarilla, la amenazó a ella y a su marido y les dijo que "morirían como viejos" y que él seguiría estando allí.

La profusión de vídeos de individuos solitarios que arrancan los carteles --pagados con dinero público-- en los que se afirma que dichas localidades forman parte de "la república catalana" también es una constante.

En Sant Vicenç de Montalt, por ejemplo, un vecino quitó a la fuerza este cartel que se encuentra a la entrada de tantos municipios.

Sin la intervención de los Mossos d'Esquadra
En uno de estos vídeos la vecina que quita los lazos amarillos acusa al jefe de los Mossos de Palamós de ser él quién la registra con el móvil para denunciarla ante los independentistas.
 


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