AGLI Recortes de Prensa   Lunes 2 Julio 2018

Las autonomías y la falta de libertad comercial
EDITORIAL  Libertad Digital 2 Julio 2018

Uno de los mejores indicadores para conocer el grado de libertad en un país es la flexibilidad de su comercio minorista. Pues bien, de acuerdo con los resultados del último estudio sobre la materia elaborado por la Comisión Europea, España es una de las economías comunitarias donde más trabas se pone a los comercios, tan solo superada por Francia, campeona del intervencionismo estatal.

El estudio de los técnicos comunitarios analiza los frenos a la libertad de horarios comerciales y otras variables importantes, como las restricciones que pesan sobre los canales de distribución, las normas que limitan las ventas promocionales o los impuestos aplicados al sector de la distribución.

Lo más significativo de este estudio en lo que respecta a España es el énfasis de los autores en la terrible carga que supone el Estado autonómico para el desarrollo comercial. Según el informe, "la acumulación de diferentes marcos regulatorios tiene un impacto muy negativo en la eficiencia del sector, los precios y la competencia". En efecto, la existencia de 17 Gobiernos con competencias en materia de comercio es una fuente inagotable de regulaciones, que fragmentan el mercado y lo hacen tremendamente ineficiente. En estos momentos hay casi 3.000 normas emanadas de los Parlamentos autonómicos que hacen materialmente imposible la existencia de un sector comercial competitivo.

Los expertos de la UE ponen de manifiesto las graves consecuencias del intervencionismo en las relaciones comerciales, que en España se multiplican con la existencia de 17 Administraciones regionales hiperactivas. Es de todo punto imprescindible una mayor libertad comercial, como este informe europeo demanda. Lamentablemente, no es esa, ni mucho menos, la tendencia de moda en la política española, marcada indeleblemente por unas castas autonómicas cuyo egoísmo e incompetencia está costando lo indecible a la Nación en términos de competitividad.

El despotismo de la minoría
Pedro de Tena  Libertad Digital 2 Julio 2018

Había quien creía que una democracia, al estilo liberal europeo, consistía en que una minoría no podía imponerse a la mayoría. Ciertamente, una democracia de calidad debería profesar con fervor el respeto a las minorías para evitar el absolutismo de la mayoría. Pero nunca pudieron sospechar, ni Tocqueville, que en una democracia medio normal una minoría de 84 diputados sobre 350 y con un Senado en contra pudiera dictar por decreto ley, jugando con las minorías que le llevaron al Gobierno, el destino de una nación. Pues bien, la camarilla de Pedro Sánchez, en vez de agilizar la convocatoria de elecciones, como debería hacer por sentido democrático y del Estado, se está empeñando en gobernar sobre la gran mayoría y, lo que es más grave, lo está consiguiendo.

Escupiendo sobre la palabra diálogo, palabra que sólo se empuña en la oposición y que en cuanto se llega al Gobierno se envaina estupendamente, se ha cargado de un plumazo el consenso que el Gobierno anterior trenzó con PSOE y Cs para actuar en el espinoso asunto del separatismo catalán. Sin ningún tipo de pudor, para añadir algún ejemplo, sube impuestos por doquier y acomete reformas –la laboral, verbigracia– que no cuentan con una mínima maduración. El caso de RTVE, donde tras haber acusado de partidismo y manipulación al Gobierno saliente decide nombrar por su cuenta, al margen del procedimiento establecido, a un director de la cuerda de Podemos, es revelador. Como revelador ha sido el chalaneo sobre el cargo de unos gerifaltes de la izquierda española, una de los cuales incluso había llegado a anunciar que se iba a cargar los toros de la programación. Así, sin más. Luego anuncia la cesión de la gestión de la Seguridad Social al Gobierno separatista vasco o manda de embajador a Pablo Iglesias ante el esperpento del racista Le Pen Torras, tras humillar al embajador español en USA.

Y para rematar esta faena impropia de una persona dotada de cierto pudor democrático, ahora se lía a martillazos con las tumbas, por ahora la de Franco, pronto la de José Antonio Primo de Rivera y luego ya se verá, devolviendo al presente a quienes creíamos hace mucho que formaban parte del pasado. Desde 1978, ningún partido, provisto o no de mayoría absoluta, fue tan estúpido como para despertar monstruos dormidos. ¿Se imaginan a la izquierda francesa reclamando martillos para derruir el mausoleo de Napoleón?

Como estuve en la cárcel en los últimos tiempos del régimen franquista, algo que no fue un mérito sino una torpeza porque no escapé a tiempo, puedo decir y digo que el franquismo fue una dictadura, claro, como lo hubiera sido si hubiese ganado la de las checas y Stalin. Tras una guerra civil, sólo podía subsistir una dictadura. Y ganó la franquista, no la chequista. Pero la franquista cogió una España hambrienta y desorganizada y dejó un Estado y una sociedad aptos para su ingreso en la Unión Europea. Tardó casi 40 años, cierto, casi los mismos que el PSOE lleva gobernando en Andalucía, con resultados deprimentes si nos ceñimos a la eficacia. Para colmo, sus propios beneficiarios se hicieron un histórico haraquiri por mayoría absolutísima para dar paso a una democracia internacionalmente homologada con el visto bueno de una izquierda a la altura de las circunstancias. Seguir así, sin más, con la matraca del fantasma de Franco y la Guerra Civil es incivil y peligroso, además de cansino y estúpido.

Y todo esto lo hace un señor que tiene 84 diputados, muchos de los cuales no piensan como él. Gobierna a golpe de dictado contra un importante sector de su partido, contra dos partidos que cuentan con 169 escaños y contra –o no, según y selectivamente– los 96 del jaleo partidario que le apoyó… ¡en una moción de censura constructiva de la que se iba a derivar la convocatoria de elecciones! Y ahí sigue y seguirá.

El resultado de aquella moción ha sido un golpe de mano por el cual una minoría está imponiendo al conjunto de España un destino cada vez más incierto. Una cosa demuestra este nuevo entuerto nacional: la democracia española necesita reformas que impidan que esto pueda volver a ocurrir.

¿Se puede confiar en Casado o en cualquier otro del PP?
Federico Jiménez Losantos  Libertad Digital 2 Julio 2018

Tras la brillante entrevista con Casado este jueves en La Mañana, se han producido tantas pruebas de afecto y adhesión al candidato popular como de precaución y cautela ante la posibilidad, como ha explicado muy bien Emilio Campmany, de que haya dicho a los oyentes de esRadio "lo que querían oír".

Si la opinión de centro-derecha en general y la liberal en particular no hubiera padecido tantos y tan repetidos chascos, no estaríamos desconfiados sino encantados ante la aparición de un líder, tal vez de un liderazgo, que nos redima de tantos años perdidos, en los que Rajoy, su gobierno y su partido han despreciado la política a cuenta de la economía, han perseguido sañudamente las ideas liberales y conservadoras, han favorecido abiertamente al comunismo podemita buscando el voto del miedo, y se han burlado del programa electoral y los valores del PP, el primero de los cuales ha sido siempre la defensa de la nación española, que ha sido lo más abandonado, vendido y maltratado por el gobierno anterior.

Esta tradicional falta de respeto del político de derecha a sus bases, que en el caso del PP de Rajoy y/o Soraya ha alcanzado nivel de escarnio, explica que ante la aparición de un líder, que es lo que vimos, haya motivo fundado para ambas reacciones: la de emoción y la de precaución. Y como el que acoge en su programa a quien provoca esta división de opiniones es, de alguna forma, responsable de este efecto en la radio, la televisión o el podcast, voy a tratar de resumir el problema que ese discurso, que vale la pena ver y oír de nuevo, plantea a todo español que se sueña ciudadano.

El PP, una historia de incumplimientos
Sin embargo, el problema no es de credibilidad por parte de Casado, sino del PP. Dos días antes de la entrevista, el martes, David Jiménez Torres lo explicaba perfectamente en El Español:

"El problema del Partido Popular nunca ha sido lo que dice defender. Al menos, este no ha sido su problema ante sus bases y sus simpatizantes potenciales. Lo que ha alejado a estos últimos del partido ha sido más bien la distancia entre su programa y su comportamiento." (…)

"Imaginen un debate entre los candidatos a presidir el PP. No hay duda de que todos proclamarían su creencia en la unidad de España, en la iniciativa privada y en la libertad individual. Quizá la mayor diferencia estribaría en quiénes lanzaban, además, mensajes cercanos al catolicismo popular (la importancia de la familia, la educación concertada, etc.) y quiénes no. Por lo demás, el PP es sumamente compacto en su adscripción al patriotismo constitucional y a un liberalismo difuso y adjetivado." (…)

"Cualquier dirigente del PP reivindicará también a quienes arriesgaron sus vidas por plantar cara al terrorismo; y el votante que oiga esto se acordará del final de la carrera política de María San Gil. Cualquier dirigente popular proclamará, en fin, su oposición al nacionalismo, mientras que el votante que oiga esto recordará la línea que va desde los pactos del Majestic hasta la homeopatía autoimpuesta del 155; o constatará con un rápido vistazo a los titulares que, tras seis años de gobierno del PP, pensar distinto en Cataluña sigue obligando al silencio, al heroísmo, a la marginación o a la mudanza." (…)

El mantra de que el PP comunica mal lo que hace bien, sería "una banalidad que, sin embargo, encierra una preocupante revelación: la creencia de estos dirigentes de que lo único necesario para mantener contentos a los votantes es comunicar un mensaje, sin implicarse luego en la tediosa tarea de convertirlo en realidad. Decir, por ejemplo, que la unidad de España no se toca, sin ocuparse después de garantizar la principal razón por la que muchos valoran esa unidad: la igualdad de derechos y oportunidades para todos los que nacen en territorio español."

Y concluía, insisto, dos días antes de la entrevista: "La salida a todo esto es relativamente sencilla, claro: elegir a un nuevo líder que no esté ligado a esta larga trayectoria disonante. Quizá algún día aparezca."

Y entonces, apareció Casado. Pero, naturalmente, el problema del PP, que es de credibilidad ante sus votantes,sigue ahí.

Escenario 1: si no ganan las dos, pierden las dos
Porque la cuestión de fondo es si el PP, con Casado o sin él, tiene remedio. En mi opinión, Casado es sincero porque, además, le conviene serlo. Para liderar algo parecido a una alternativa de Gobierno debe plantear un programa de Gobierno que se parezca al de Aznar en 1993 -que sólo cumplió a medias de 1996 a 2004-, que no se parezca en nada al de Rajoy en estos seis años y medio, y que rompa el círculo vicioso de todos los Gobiernos desde la Transición: pactar, y claudicar, ante el separatismo.

Cuál es ese programa está claro y lo explicó muy bien el jueves. Sin embargo, me he equivocado lo bastante en mis apuestas de partido como para no asegurar nada ni recomendar a nadie. Estoy tan escarmentado como los demás. Quiero creer en Casado. Me sería más fácil si no fuera del PP. La prueba de vida política se la planteé al final de la entrevista: si, de no pasar a la segunda vuelta, convertido en árbitro moral de una victoria harto sórdida, aceptará la oferta de una de las ashishinas o se quedará a esperar, dentro del partido, a que llegue su momento, que supongo que no tardaría.

Si ganan las ashishinas, dueñas del aparato, en realidad pierden las dos. Casado, si no se une a una de ellas, quedaría como la única esperanza de un partido que debe hacer añicos su burocracia para sobrevivir. Dijo que no aceptará nada, ni la Secretaría General ni candidatura alguna, y que no se iría a casa dejando tirada a su gente. Lo creo porque, si gana, actuará de jefe de la Oposición desde su escaño, y si pierde, le conviene llegar a un congreso extraordinario del PP, que bien podría producirse antes de las generales, tras las municipales, en el que sería un candidato casi imbatible.

Escenario 2: 2020, ¿Casado y Feijóo?
Si gana Cospedal, es posible que se le respete hasta el 2020, aunque el ventilador del estiércol perdicero temo que la perjudicaría severamente. Si gana Soraya, creo que la ruptura del partido será un hecho inevitable. En del fondo, Casado las ha deslegitimado a las dos al presentarse sin más aval que la renovación. ¿Cómo va a pretender legitimidad cualquier candidata con el 3% de los votos de un censo que ambas dicen que es real y correcto?

Es posible, sin embargo, que el turbión de este Gobierno antiespañol produzca en la Oposición efectos que, a corto plazo, aconsejen una tregua. El PP dependerá tanto de sí mismo -sobre todo si al final ganase Casado- como de Ciudadanos, del que cabe esperar que despierte y se despabile tras el KO de la moción de censura, que lo tiene dando tumbos por el ring. Y a partir de Mayo, de lo que pase con Vox.

Si hubiera tregua, como no veo ganando a Cospedal, y menos aún a Soraya, se produciría, después o antes de las Generales, ese congreso del PP en el que reaparecería, desaparecida su némesis sorayoica, el candidato natural de consenso, Feijóo. Pero la alternativa seguiría siendo Casado. En ese panorama, que depende de muchas cosas pero en el que hay muy pocos jugadores, siempre aparece Casado como alternativa de poder en el PP. Y, si es capaz de regenerar el partido, siquiera parcialmente, en el Gobierno.

Naturalmente, todo depende de lo que hagan esta semana los que en el PP vayan a votar, que al parecer serán todavía menos de los apuntados, y de a quién voten. Si la situación de España no fuera tan calamitosa, todo esto resultaría emocionante. Tal y como estamos, escalofriante es poco.

RTVE: o cierre o 'crowdfunding'
Juan Ramón Rallo El Confidencial 2 Julio 2018

En el mejor de los casos, una televisión pública no es más que un medio de comunicación financiado coactivamente por los contribuyentes en beneficio de los periodistas que lo integran; en el peor de los casos, es una herramienta de propaganda partidista al servicio de las formaciones políticas que tutelan en cada momento al Gobierno de turno.

En estos últimos días hemos conocido los entresijos del trapicheo entre PSOE y Podemos para repartirse el control de RTVE. Los detalles resultan tan sonrojantes que es innecesario reproducirlos: periodistas afines ideológicamente a la izquierda, o incluso amigos directos de los líderes de tales agrupaciones, a quienes se les prometió el cargo precisamente por eso. Es decir, nepotismo sectario protagonizado por aquellos que habían prometido reiteradamente despolitizar el ente: en realidad, jamás quisieron despolitizarlo sino solo repolitizarlo, esto es, desterrar la manipulación del PP para instaurar la manipulación de PSOE y Podemos. Justo lo mismo, por cierto, que confía en volver a hacer el PP si es que consigue regresar al Gobierno.

Estos son los bueyes políticos con los que inevitablemente tendremos que arar: gobernantes que nos mienten con descaro, tanto a derechas como a izquierdas, y que ambicionan el control de los medios públicos (y privados) para inocularnos sus engaños con mayor eficacia. Ante semejante oligarquía política, uno no puede más que plantearse si lo más sano y oxigenante para el periodismo patrio no sería cerrar definitivamente esa agencia de manipulación masiva que es RTVE (al igual, por cierto, que el resto de medios públicos autonómicos, que en todas partes cuecen las mismas habas).

Por supuesto, los habrá que sigan confiando en la llegada de un mesías político que desee genuinamente despolitizar el ente, que no coloque a ninguno 'de los suyos' al frente de la dirección. Pero, como señalaba al comienzo del artículo, aun cuando se diera semejante carambola, RTVE no dejaría de ser un medio de comunicación controlado privilegiadamente por un determinado grupo de periodistas y financiado coercitivamente por el conjunto de los contribuyentes: de hecho, eso es lo que reclaman persistentemente los profesionales de RTVE, que se les ceda el control en exclusiva de la totalidad del ente público. “Queremos el usufructo de los activos de RTVE y que nos sigáis financiando nuestros gastos corrientes”.

Pero ¿por qué los ciudadanos deberíamos cargar con la obligación de entregar parte de nuestro dinero a un determinado colectivo de periodistas para que desarrollen aquellas actividades de comunicación que solo ellos juzguen oportuno? ¿Cómo justificar semejante redistribución forzosa de la renta desde las haciendas de millones de españoles a los bolsillos particulares de unos miles de empleados públicos?

Acaso se diga que la única forma de disfrutar de medios de comunicación independientes de los 'poderes económicos' —aunque no, al parecer, de 'los poderes políticos'— es con medios de comunicación públicos. Pero semejante aseveración no es ni remotamente cierta. En la actualidad, es del todo factible organizar un medio de comunicación mediante suscripción: esto es, los socios interesados en la subsistencia de ese canal de información efectúan aportaciones periódicas para cubrir sus gastos al margen de —o de manera complementaria a— la publicidad que pudiera recibir. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando en este caso?

De acuerdo con la propia Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos), el coste medio por familia del conjunto de televisiones y radios públicas españolas asciende a unos 100 euros anuales: una suma que quizá no parezca una exacción fiscal extraordinaria, pero que justo por ello tampoco debería constituir un coste inasumible para aquellos ciudadanos que deseen asumirla voluntariamente. No en vano, resulta mucho más justo y eficiente que todos aquellos españoles que valoren suficientemente el servicio de RTVE (o del resto de televisiones autonómicas) efectúen sus aportaciones monetarias para así cubrir sus respectivos presupuestos. De hecho, el coste de las emisiones resultaría extraordinariamente más bajo si se limitara a financiar la información 'imparcial' y no la producción de caros programas y series de entretenimiento (es más, si fuera necesario, podrían ofrecerse segmentadamente distintos paquetes de suscripción a los ciudadanos: algunos meramente informativos, otros de series, etc.). Si las aportaciones dinerarias voluntarias de los españoles no alcanzaran para cubrir el presupuesto planteado por los periodistas de RTVE, estos deberían rehacer sus planes para ofrecer un servicio más acorde a las demandas de la gente; y si, por el contrario, sí alcanzaran, entonces los profesionales del ramo ya podrían desplegar sus creativas ideas al servicio de aquellos que confían en ellas.

A estas alturas del siglo, con más vías de información que nunca (hasta el punto de que uno puede construir su 'posverdad' exponiéndose únicamente a aquella selección de medios de comunicación que refuercen sus ideas preconcebidas) y con más mecanismos de financiación alternativos de los que podemos imaginar, no tiene ningún sentido seguir defendiendo la obligación de todo ciudadano a sufragar en contra de su voluntad un medio de comunicación que no desea sostener. Una de dos: o cierre y liquidación de RTVE o 'crowdfunding' para su financiación. Pero que políticos y burócratas dejen de meternos la mano en la cartera para financiar sus altavoces de propaganda. Despoliticemos desestatalizando.

Primarias PP
Casado: “Hay que acabar con el adoctrinamiento, los profesores deben ser estatales, no de las autonomías”

Carlos Cuesta okdiario 2 Julio 2018

Pablo Casado sí cree que hay adoctrinamiento nacionalista en las escuelas catalanas. Para el candidato a la Presidencia del PP, no sólo existe, sino que hay que erradicarlo. Por eso, “el currículum formativo y los profesores deben ser estatales, no de las comunidades autónomas”, tal y como señala en una entrevista concedida a OKDIARIO.

Casado afirma que “la columna vertebral” de su candidatura “son los mismos principios de siempre, los mismos desde Adam Smith”. Y añade: “No han cambiado mucho, porque son los que nos han hecho ganar siempre: la libertad individual, bajar impuestos, quitar trabas burocráticas, fomentar el emprendimiento, la defensa de la unidad de España… Y esa defensa de la unidad nacional, además, debe hacerse con firmeza en Cataluña, pero también en País Vasco”.

El candidato no quiere olvidar otra faceta: “También debemos volver a la defensa de la vida y de la familia, de la libre educación, de la sanidad, de un sistema sostenible de pensiones. Tenemos que volver a ilusionar a nuestros votantes”.

Casado no escapa a debates polémicos, por eso considera que “también debe lograrse una ley de aborto y eutanasia inclusiva, como las que estaban en el consenso de los españoles hace tiempo”.

Y, por supuesto, cree que su partido debe convertir en eje “la defensa de las víctimas del terrorismo, que son nuestra esencia. Hay que establecer un relato de lo ocurrido, con vencedores y vencidos, y no ceder en una política penitenciaria infame”.

Esas son las bases que Casado relata en su programa. Unas bases que se completan con “la honestidad y eficacia en la gestión”.

Unas pautas con las que el vicesecretario de Comunicación del PP afirma que habrá hueco y empuje suficientes para abordar una profunda “rebaja de impuestos”: “Tenemos que abordar una reforma fiscal en profundidad que nos permita competir bajando impuestos con los países más competitivos”.

La educación y el adoctrinamiento nacionalista también preocupa a Casado: “En educación el curriculum educativo lo tiene que marcar el Estado, no las CCAA. Se tiene que realizar un fortalecimiento del Estado sin tocar la Constitución y eso se puede hacer consiguiendo que la selección del profesorado sea nivel nacional”. La Inspección educativa, además “tiene que garantizar que no hay adoctrinamiento Y que se enseña el español en toda España”.

El combate al nacionalismo es una constante en el discurso de Casado. Por eso señala que “se tiene que recuperar el delito de convocatoria de referéndum separatista. Y si los partidos tienen fines ilícitos para el separatismo se tiene que aplicar la ley de partidos”.

Para el candidato Popular “hay tres momentos fundamentales en el Partido: las dos victorias de José María Aznar y Mariano Rajoy, que acabaron con dos etapas malas. El tercer momento fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En ese momento yo pensé que no podía estar en un país en el que se matase un joven como yo por defender la idea de la libertad. Fue el momento más triste y también el que me marcó”.

ETA y el separatismo
Casado sabe que se le achaca su juventud como un pasivo para aspirar a comandar uno de los grandes partidos españoles. “Me preguntan que si me asusta mi juventud. Pero lo cierto es que mi generación está ya gobernando en muchos países de Europa: lo hace en Francia, en Canadá, en Colombia, en Austria… Rondar los 40 años ya no es ser un niño”, afirma.

Pero sabe que es algo que la gente se pregunta. Y, por ello, asegura que “me rodearía de los mejores, de gente con experiencia, de gente que me haga sombra”. Porque, de hecho, considera que “se tiene que cerrar la tesis de la puerta giratoria. No la puerta. La tesis. La política se tiene que nutrir de los mejores de la vida privada”.

Casado es optimista y lanza un reto: “Hay que mirar a la España de 2050. Los nuevos retos, nuevas formas de energía, sostenimiento de estado de bienestar, el desarrollo tecnológico…”. No al pasado, no todo el día a Franco, señala.

“Mi libro de referencia es ‘Camino de Servidumbre’ de Hayek”, señala, todo un clásico del liberalismo austriaco.

El candidato tiene también una crítica al PP. Por eso considera que “tenemos que liderar la sociedad, no sólo gestionar. En la última etapa del PP ha faltado política. Lo digo con autocrítica y también con indulgencia porque era prioritario salvar al país de la quiebra y evitar el rescate”.

Y no deja pasar el cierre de la entrevista para volver sobre dos asuntos. El primero, ETA: “En España se tiene que enseñar lo que ocurrió con ETA: que casi 1.000 personas murieron por defender sus ideas. Y mis hijos tienen que poder estudiar eso y conocerlo”. El segundo, el separatismo. Porque “no se puede ceder al chantaje separatista: ni en Cataluña, ni en País Vasco, ni en Navarra, ni en ningún sitio. Tenemos que gobernar sin bisagras nacionalistas”.

Casado se despide con una última reflexión sobre el tema del desplazamiento de los restos de Franco y el Valle de los Caídos: “Tenemos que pasar página de un revisionismo histórico permanente. No podemos estar todo el día con lo de cambiar nombres de calles o reabrir heridas de la guerra civil”.

Y lanza un último avance de por dónde pretende llevar la política si gana la Presidencia del PP: “El liberalismo es la ideología que más ha hecho avanzar la humanidad. No hay alternativa a la economía de mercado”. Una política que aplicará desde el PP si gana el Congreso Extraordinario: “Integrando al resto de candidatos, por supuesto. Pero no para hacer lo mismo que hasta ahora”. Porque si él pierde, “no aceptaré cargo alguno”.

El humo del PP
Nota del Editor 2 Julio 2018

No se atreven a enterrar al PP y es lo único que hay que hacer con la jaula de grillos que dice que  los profesores deben ser estatales y no de las autonomías, como si ello tuviera alguna efectividad salvo la de duplicar las plantillas, otra manera más de crear empleo y estrujar más nuestros bolsillos, sólo falta que vuelvan los serenos, porque con la ORA no tenemos bastante.

Lo más gracioso es eso de que se enseña el español en toda España: eso ya se hace, en las regiones donde es lengua impropia, se les enseña, es decir, se les pasa por  los morros, el español para que vean lo que se pierden.

A ver si de una vez se deciden a derogar todas las leyes de lenguas regionales y luego veremos como hacer desaparecer el tinglado autonómico.

Memoria Histórica en las aulas
El Gobierno quiere que los niños estudien a los ‘maquis’ como “víctimas” de la Guerra Civil

Luz Sela okdiario 2 Julio 2018

El nuevo director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, defiende una revisión en la enseñanza de la Guerra Civil que considere al ‘maquis’ -la guerrilla antifranquista- como ‘víctimas’ de la Guerra Civil, equiparándolos a los fusilados, encarcelados y exiliados. Así lo revela en una entrevista reciente, en la que argumenta que “se hicieron reparaciones a las víctimas de los vencedores y no a las de los vencidos” y por ello apuesta por una “reparación integral”, también en la enseñanza. Los ‘maquis’-que acabaron controlados por el Partido Comunista- son responsables de la muerte de más de 1.000 personas, además de secuestros, expolios y sabotajes, especialmente en la España rural.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la creación de la Dirección General de Memoria Histórica y el nombramiento de Martínez López, catedrático de Historia Contemporánea, exalcalde de Almería y excoordinador del Mapa de Fosas de Andalucía, como director general. Hasta hoy, era además secretario ejecutivo de Memoria Histórica de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Según informa el Ministerio de Justicia, al que queda adscrita esta dirección general, servirá para dar el necesario impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica “a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y proporcionar el debido apoyo institucional al cumplimiento de los objetivos fijados en la citada ley”.

Incentivos a libros sobre la “represión franquista”
La propuesta socialista para la Memoria Histórica incide especialmente en el ámbito educativo, con medidas sin duda controvertidas. Así figura en una proposición de ley presentada hace unos meses y que recoge la obligatoriedad de que los programas educativos incluyan “la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”. El Gobierno prevé además “incentivar” la elaboración de libros de texto y otro material didáctico sobre la Guerra Civil y la “represión franquista”, mediante el acceso a subvenciones y ayudas editoriales.

La inclusión de la “memoria democrática”, como denomina, no se limita a los niveles de primaria, secundaria o bachillerato. Afecta también a los estudios universitarios, según estos planes. Así, se contemplan convenios de colaboración para incorporarla en estudios de Grado, e incluso, de Master.

Además, se promoverán las investigaciones “sobre la represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista”.

El PSOE determina así que la enseñanza se adapte a una visión de la historia española que vendrá determinada por lo que denominan ‘Comisión de la Verdad’, un “órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido”, según se recoge en el texto de la misma proposición.

La comisión estará integrada por expertos de distinto tipo -juristas, historiadores, expertos en violencia de género o miembros de asociaciones de derechos humanos- y se encargará de elaborar un estudio sobre el período comprendido entre la Guerra Civil y la aprobación de la Constitución (1936-1978), a través de la recogida de testimonios y otros materiales. El objetivo, dicen los socialistas, será denunciar “las violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra” y contribuir “a la construcción colectiva de la memoria democrática española”. Las conclusiones serán remitidas al Congreso de los Diputados para su aprobación y tendrán carácter vinculante, con lo que vertebrarán todo el discurso del Gobierno en torno a la Memoria Histórica.


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La ministra de Economía: hachazo fiscal y deuda en el 133%

La trampa del Gobierno es muy simple: denominar deuda pública al protocolo de déficit excesivo, el 98,8% del PIB, mientras que la deuda total ascendía al 132,9% del PIB
Roberto Centeno El Confidencial 2 Julio 2018

Desde siempre, tanto en El Confidencial como en todos los medios a nuestro alcance, servidor y otros profesores y economistas independientes hemos venido desmintiendo una de las falsedades económicas mas obscenas con que se ha engañado tan eficaz y sistemáticamente a los españoles: para la inmensa mayoría de ellos, el volumen alcanzado por la deuda pública, que arruinará la vida de las generaciones futuras aparte de la suya, no constituye ningún problema, igual que no constituía ningún problema para los pensionistas la quiebra del sistema de pensiones, que todos los expertos y análisis actuariales venían anunciando desde hace mas de una década.

La trampa del Gobierno es muy simple: denominar deuda pública al PDE (protocolo de déficit excesivo), que es hoy del 98,8% del PIB oficial, mientras que la deuda total —-como acaba de reconocer en Bruselas la ministra de Economía— ascendía al 132,9% del PIB a finales de 2016, porque la deuda total es el resultado de añadir a la PDE el dinero entregado por el Estado al resto de AAPP —que jamás será devuelto, porque el único agente con capacidad de pagar es el Estado central—, los compromisos adquiridos con el sector financiero, como esquemas de protección de activos, exposición del FROB y otros, o los créditos comerciales como anticipos, pagarés, garantías y deuda de las empresas públicas.

Según los datos de Eurostat, que fueron los manejados por la ministra, esta deuda adicional se situaba a fin de 2016 en 330.000 millones de euros o el 32,9% del PIB. Según la normativa europea, que el Gobierno de Rajoy no ha cumplido nunca, los ministerios de Economía y de Hacienda deberán incluir desde ya las “deudas de las AAPP, de todos los organismos y fondos que no formen parte de los presupuestos ordinarios de sus subsectores”. Dicho en román paladino, deberán cesar en su engaño masivo y ofrecer una visión real del volumen total de deuda de España. El nuevo esquema implantado obliga a un 'informe exhaustivo' tanto del Gobierno hacia Bruselas como del Gobierno hacia los ciudadanos.

También el cuadro macro y las previsiones presupuestarias deberán corregirse en base a la evolución de la situación económica. Y si esto es así, ¿a qué esperan para calcular el efecto sobre el crecimiento y el empleo del precio del petróleo, de los 67,9 $/barril de los PGE que es ya de 79 y superará los 90$ en otoño, y del tipo de cambio EUR/$ a 1,22 frente al 1,16 actual, una desviación del 22%, lo que significa una reducción del crecimiento de 1,4 puntos y 300.000 empleos menos? O de la inflación, prevista en un 1,4% y que será al menos del doble; o los ingresos fiscales, que van a ser 10.000 millones de lo presupuestado y en mayo un 2,5% menos que en mayo de 2017. Los PGE 2018 son una vez mas otra gigantesca patraña.

Pero no solo fue esto lo que dijo la ministra. Acosada a preguntas de cómo piensa el nuevo Gobierno cumplir los objetivos de déficit ante la orgía de gasto que anuncian los diferentes ministerios, su respuesta fue tan contundente como preocupante: “No se fijen ustedes en lo que se dice, solo en lo que se hace”. ¿Qué quiso decir la ministra?, ¿que ya no se van actualizar las pensiones con el IPC porque supondría 1.700 millones mas de lo previsto?, ¿que no van elevar los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil al nivel de Mossos y Ertzainza?, ¿que no van a garantizar sanidad universal a los 830.000 sin papeles, más las decenas de miles que nos devuelva Alemania porque entraron por España y que Sánchez, que ha hecho el ridículo total en Europa convirtiéndose en el chico de los recados de Merkel y Macron, ha aceptado sin rechistar? El “chico nuevo”, diría Juncker.

Por lo que se refiere a las pensiones, la situación se ha vuelto absolutamente insostenible. Por primera vez, en junio, el gasto en pensiones ha superado los 9.000 millones, casi un 50% mas que hace 10 años, consecuencia del aumento de pensionistas y de la pensión media, porque los nuevos jubilados parten de sueldos mayores, y esto cuando el coste de las pensiones es de 136.819 millones (2017) y los ingresos por cotizaciones sociales solo 109.037 millones, mientras que los ingresos no crecen a un ritmo suficiente para reducir el déficit, y menos aún lo harán en el futuro, porque la economía se está desacelerando, como se verá claramente este otoño. Y con un IPC que cerrará el año en el doble de lo presupuestado, el déficit de la Seguridad Social superará los 20.000 millones. Además, Sánchez ha pactado con el PNV la cesión de las pensiones, los cotizantes vascos suponen el 5% del total, pero sus rentas, consecuencia del expolio masivo del cupo vasco y su apropiación de IVA y otros —13.000 millones—, son un 40% superiores a la media, por lo que la inaudita cesión de Sánchez costará 2.200 millones netos.

El punto siguiente planteado por la ministra es una subida de impuestos de 8.000 millones, y de 4.470 millones las cotizaciones sociales a dos millones de trabajadores, eliminando los topes de las cotizaciones sociales. En total, 12.470 millones, una auténtico hachazo fiscal a la clase media y la clase trabajadora. La verdad es que los españoles tenemos muy mala memoria, porque la subidas de impuestos y el desastre en la gestión económica forman parte del ADN del socialismo: siempre que el partido socialista ha gobernado, Azaña, González y Zapatero, ha llevado a España a la ruina.

Lo primero, como adelanté aquí hace cuatro semanas, será la igualación de los impuestos sobre el gasóleo y las gasolinas, algo que no sucede en ningún país europeo —el PVP del gasóleo es un 20% inferior al de la gasolina en la eurozona—, a lo que añaden el escarnio de tomar a los españoles por imbéciles, “es por su bienestar”. En total, 2.300 millones que recaen esencialmente sobre las capas mas humildes de la población y sobre los autónomos. Subida del 23% al 35% del impuesto sobre el ahorro de las familias, entre otros, 1.900 millones, lucha 'contra el fraude', 1.500 millones, un camelo total que será cero, pero que cubrirán con mas impuestos 'ecológicos' a las gasolinas, electricidad y gas.

Pero esto es solo el aperitivo. A la ministra le han exigido en Bruselas un ajuste de 15.000 millones, dando por buena la cifra de recaudación fiscal de los PGE de 210.000 millones. Pero esa cifra con datos de medio año será como mucho de 200.000, por lo que el agujero que aún queda por ajustar es de 12.500 millones. Podrían desde luego recortar despilfarro político, pero para el socialismo, y no digamos UGT y CCOO, que tienen cientos de miles de enchufados, eso sería como el agua bendita para la niña del exorcista, por lo que Sánchez irá a la mayor subida de impuestos de la historia. Y es que, para el partido socialista, de los 491.291 millones de gasto público previsto para 2018, de los que 100.000 millones son despilfarro puro y duro (solo 36.000 millones en duplicidades entre AAPP), no hay ni un sitio, ni uno solo, de donde puedan ahorrarse 12.500 millones mejorando la gestión o mandando a su casa a asesores que no asesoran y a enchufados que no dan un palo al agua.

La excusa, como ha explicado el propio Sánchez, es que en España se pagan pocos impuestos, un 38%, afirmó sin inmutarse, una auténtica infamia, cuando España es hoy un infierno fiscal para las familias, que soportan la tercera carga fiscal mas alta de la OCDE. Como acaba de publicar el prestigioso 'think tank' Civismo, el pasado día 27 marcó la frontera de la llamada 'liberación fiscal', es decir, el trabajador medio ha necesitado este año 177 días para cumplir con Hacienda y con la Seguridad Social —101 días para cotizaciones sociales, 35 días para IRPF, 25 para IVA, 11 para impuestos especiales, etc.—, lo que significa una presión fiscal del 177:365/100= 48,5%. Esta cifra es clara e indiscutible. La cifra de Sánchez, manejada por la oligarquía política y la banca, es un puro camelo, es el cociente recaudación fiscal/PIB, que no tiene en cuenta que en España los ricos, gracias a las sicavs implantadas por los socialista en los ochenta, no pagan impuestos; la grandes empresas, gracias a los créditos fiscales, tampoco, y el PIB real es un 16% inferior al oficial.

Y lo más inaudito y gravemente preocupante es que ante tamañas tropelías (por no hablar del espantoso ridículo de Sánchez en Europa, donde ha oficiado de chico de los recados de Merkel y Macron, como ha reconocido Josep Borrell después de visitar al rey de Marruecos, al que Sánchez despreció y que nos va inundar España de pateras, o su vergonzosa rendición ante separatistas y populistas bolivarianos y su ya evidente deseo de vulnerar la legalidad y la Constitución), ni el PP, inmerso en su lucha fratricida, ni Ciudadanos, de vacaciones o desaparecido en combate, hayan dicho ni pío. No es ya necesario esperar 100 días, los 30 primeros son suficientes para conocer el desastre político y económico que nos espera. Y mientras tanto, Mariano Rajoy, que le regaló el cargo y salió huyendo, tumbado en una hamaca fumándose un puro y leyendo el 'Marca'.

P.D. Otra de las estafas increíbles a los trabajadores perpetradas por UGT y CCOO ha sido el pacto salarial de subidas del 2% durante tres años, presentado por Sánchez como un gran “triunfo social”. Con una tasa de inflación en 2018 de casi el 3% y de mucho mas en 2019 y 2020, los asalariados privados seguirán perdiendo poder de compra a chorros, igual que los funcionarios.

RTVE, Correos, CIS... Los 'dedazos' de Sánchez para blindarse en el poder

Uno se pregunta qué habrían dicho de Rajoy si hubiera colocado a su sociólogo de cabecera, Pedro Arriola, al frente del CIS, como ha hecho Pedro Sánchez con José Félix Tezanos Tortajada
Nacho Cardero El Confidencial 2 Julio 2018

El presidente del puerto de Tarragona, Josep Andreu, deja el cargo. Aunque asegura que se trata de una decisión personal que tomó a principios de año, la realidad, comentan los próximos, es que no ha dimitido sino que le han invitado a marcharse por no comulgar con la causa. Donde unos ven lazos amarillos, otros parecen encontrar sogas en el cuello.

Con la llegada del nuevo Govern, Andreu, procedente de la extinta Convergència, planteó su futuro al frente de la autoridad portuaria tarraconense: si querían a un gestor de eficacia probada, podían contar con él; si lo que buscaban era una persona de la cuerda del 'president' Torra, más pendiente de los barcos de papel con los que pretende reflotar la república catalana que de los barcos de mercancías, entonces mejor renunciar y tomar las de Villadiego. Hace un mes, Andreu comunicaba al 'conseller' de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, y a los miembros del consejo de administración su decisión de no continuar en el cargo.

Andreu no era uno de los nuestros. No lo llevaba serigrafiado en el ADN. Al menos, no lo suficiente. La prueba concluyente, malician algunos, era esa fotografía temeraria de Felipe VI que colgaba en su despacho. También solicitó a la Generalitat una de Torra, pero allí le dijeron que no tenían de esas, que no había más 'president' legítimo que Carles Puigdemont y que pusiera una del hoy ‘exiliado’ en la ciudad alemana de Hamburgo.

Puestos a pedir, nacionalistas vascos y catalanes quieren aprovechar la debilidad parlamentaria de Sánchez para hacerse también con los puertos

Igual que Interior ha iniciado los trámites para el acercamiento a las cárceles catalanas de los presos preventivos Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa, tal y como habían solicitado estos procesados por razones de vinculación familiar, también llegará el día, no muy lejano, en que vascos primero, catalanes después y baleares en último lugar pongan sobre la mesa la trasferencia de Puertos al Gobierno de Pedro Sánchez y este, predispuesto a partir jamón hasta dejarlo en hueso, se muestre permeable a las demandas.

Dijeron que era por la Gürtel, que solo se trataba de echar a Rajoy de La Moncloa, que no habría concesiones para mantenerse en el poder, pero el día a día nos ha mostrado que la coalición del PSOE con Podemos y los nacionalistas —que en eso se ha convertido este Ejecutivo, en el elocuente Gobierno Frankenstein del que advertía Rubalcaba— ha dinamitado en un solo mes, y sin pestañear, el bloque constitucionalista en Cataluña y el pacto antiterrorista, y se están repartiendo sinecuras como si no hubiera mañana. Lo del Gobierno no es una alianza interesada de partidos sino un patio de monipodio en el que chalanean con competencias y cargos sin ningún pudor y a la vista de todos.

Lo que está ocurriendo en Radio Televisión Española (RTVE) es epítome de lo anteriormente descrito, acaso un insulto a los ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos. ¿No había que hacer una televisión pública con consenso?, se pregunta la opinión pública. ¿No había que despolitizarla? ¿De qué estábamos hablando? ¿De cambiar la legislación en apenas 24 horas para que Pablo Iglesias pueda colocar en un vodevil impresentable a un periodista afín cuyo perfil poco tiene que ver con el exigido para el puesto?

Resulta lógico que haya un relevo en los altos cargos públicos cuando se produce un traspaso de poder. Es lógico e incluso higiénico. Son cargos de confianza y cuando no hay confianza, obviamente, tampoco puede haber cargo. Otra cosa bien distinta es esa “corrupción mucho más sutil”, de la que hablaba Carlos Sánchez este domingo, “que tiene que ver con la política de nombramientos, y que, como todas las corrupciones intelectuales, es más difícil de identificar”. No se trata de la meritocracia sino del pecado capital patrio del amiguismo.

El espectáculo de estos días obedece al afán de Sánchez por controlar lo más rápidamente posible instituciones clave que le blinden en el poder
El lamentable espectáculo de estos últimos días, que deja en mero juego de niños el nepotismo encubierto del anterior Gobierno, obedece al afán de Pedro Sánchez por controlar lo más rápidamente posible instituciones que son clave para mantenerse en el poder, lo que le hace incurrir en improvisaciones y descoordinación. No solo se trata de TVE. Sánchez tiene menos de dos años para armarse hasta los dientes antes de las próximas generales.

Uno se pregunta qué sarta de calificativos hubiera recibido el Gobierno del Partido Popular si hubiera colocado a su sociólogo de cabecera, Pedro Arriola, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), como ha hecho Pedro Sánchez con José Félix Tezanos Tortajada, dirigente socialista que, por cierto, aseguraba no hace mucho tiempo —qué dura es la hemeroteca— que las encuestas que publican los medios de comunicación no son más que “parasociología, una especie de brujería”.

Qué habría dicho Twitter si Rajoy hubiera colocado de presidenta de Correos a su fiel escudera Carmen Martínez Castro, que sabe lo mismo del sector postal —es decir, nada— que Juanma Serrano, quien fuera director de gabinete en Ferraz y que a partir de ahora cobrará casi 200.000 euros al año. Cómo puede ser que, después de toda la polémica montada en torno a Wert y su nombramiento como embajador de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Sánchez haya enviado a este puesto a un miembro de su ejecutiva como Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE.

Por no hablar de lo que está ocurriendo en Fomento, donde José Blanco, a la sazón el ‘descubridor’ de Pedro Sánchez, le está haciendo el ministerio a José Luis Ábalos.

Unos suben pero otros caen en desgracia. De los 100 primeros altos cargos nombrados por Sánchez no figura ninguno que se pronunciara a favor de Susana Díaz o Patxi López en las primarias. Roma no paga a traidores. Su equipo procede del círculo más próximo al presidente del Gobierno o bien son periféricos, como muchos de sus ministros. No hay pudor. Ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. La única diferencia entre PSOE y PP es la superioridad moral que se atribuyen los primeros desde la izquierda frente a los complejos de los segundos desde la derecha. Por lo demás, todo sigue igual. España, un país hundido en el sectarismo.

El PSPV, cercado por la corrupción

EDITORIAL El Mundo 2 Julio 2018

Se estrecha seriamente el cerco sobre el Partido Socialista de Valencia. EL MUNDO ha tenido acceso al informe policial que consta en uno de los sumarios de la causa judicial abierta contra el partido por presunta financiación ilegal en el que la Agencia Tributaria acredita el operativo de corrupción a través del que se financió la campaña de 2007. Con un pormenorizado cruce de datos, detectó que cantidades reflejadas por el PSPV como gastos electorales coincidían exactamente -hasta en los céntimos- con las cantidades que figuran en los correos electrónicos en los que empleados de la empresa de publicidad Crespo Gomar reclamaban al partido el cobro de facturas impagadas por empresas donantes.

Hasta ahora se conocían los indicios de que esta firma de cabecera del socialismo valenciano había emitido facturas falsas por supuestas campañas a nombre de empresas que ex trabajadores de Crespo Gomar han acabado reconociendo en sede judicial que no se realizaron. Y todo apuntaba a que era una tapadera para esconder pagos de las constructoras y concesionarias de servicios públicos al PSPV y al Bloc, el otro partido implicado en esta trama y que forma parte de Compromís, socio de gobierno de los socialistas en las instituciones valencianas. Ahora, pocas dudas hay de que las cantidades sirvieron para financiar de forma ilegal actos de campaña, un sistema casi idéntico al de la trama Gürtel.

Estamos ante un hecho gravísimo que obliga, antes que nada, al PSOE a dejar de esconder la cabeza como el avestruz tal como ha hecho desde que salió a la luz este escándalo, gracias sobre todo a las informaciones de este periódico. Aunque la dirección actual del PSPV no estaba al frente del partido en los años 2007-2011, periodo que se investiga, su actual líder, el presidente Ximo Puig, está demostrando la misma falta de transparencia e interés por depurar lo ocurrido que él achacaba a los populares. Pero es que, además, a los socialistas valencianos se les empieza a acumular seriamente la corrupción, con episodios ya sí tan recientes como el destapado esta semana con la detención del presidente de la Diputación de Valencia. El foco está puesto en un posible caso de financiación irregular de 2015, como quien dice anteayer, cuando socialistas y Compromís ya habían logrado descabalgar al PP agitando la bandera de una lucha contra la corrupción que brilla por su ausencia.

Pedro Sánchez ha llegado al Gobierno convertido en adalid de la regeneración y poniendo muy alto el listón de la ejemplaridad. Pero su credibilidad pasa por actuar con contundencia ante la podredumbre en Valencia o en Andalucía, que acumula a su rosario de casos el bochornoso episodio de sobornos en el Ayuntamiento de Estepona para financiar al PSOE. Pronto se verá si el partido está comprometido de verdad con la lucha contra la lacra de la corrupción política o si todo es una pose

Bofetada de ERC al «diálogo»
EDITORIAL ABC 2 Julio 2018

El socio de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana de Cataluña, aprobó ayer en su Conferencia Nacional una estrategia que explícitamente se ratifica en la declaración unilateral de independencia si el Estado no acepta un referéndum pactado. Además, el documento invoca la doctrina del Tribunal de Justicia de La Haya sobre Kosovo para legitimar su objetivo de celebrar una consulta por la autodeterminación con efectos válidos en el ámbito internacional. La referencia a Kosovo revela que los separatistas catalanes viven en un mundo virtual en el que hacen imposible cualquier entendimiento político racional. Los republicanos independentistas fijan así una postura radical y enrocada ante la oferta voluntarista e inoportuna de diálogo que ofrece el presidente del Gobierno. Para que el mensaje fuera claro, las bases de ERC endurecieron el borrador de ponencia en el que la dirección se refería a una negociación multilateral. Nada de acuerdo, unilateralismo como única opción. Este es el cuadro al que el Gobierno del PSOE sólo aporta más de su conocida y lesiva política de apaciguamiento. Mientras el separatismo se apalanca en estrategias de confrontación con el Estado, que incluyen gestos ostensibles de desprecio a la Corona, el PSOE retoma el diagnóstico zapaterista de que el problema catalán es culpa del PP, y no de los separatistas. A partir de esta falsa premisa, los socialistas ya se sienten legitimados para desarmar al Estado frente al nacionalismo e intentar la forja de un nuevo «Pacto del Tinell» que margine a los populares.

Es evidente que la operación diálogo de Sánchez en Cataluña va a fracasar porque las cesiones políticas tienen el límite de la legalidad constitucional y porque el separatismo está ya en otra órbita distinta de la negociación de competencias o de nuevos estatutos. Y va a fracasar porque Pedro Sánchez sólo tiene 84 escaños en el Congreso de los Diputados, y en el Senado el PP mantiene la mayoría absoluta. La lucha por el liderazgo interno en el separatismo es otro favor que juega en contra del presidente Sánchez, porque ERC y PDECat han entrado en una espiral de competición para ver quién es más separatista. En este escenario el Estado sólo puede tener presencia mediante la aplicación de la Constitución y el desmantelamiento de la trama golpista. No van por este camino las intenciones del Gobierno. La evasiva respuesta de Pedro Sánchez a la digna respuesta del embajador Morenés ante los insultos de Joaquim Torra define la actitud claudicante del Ejecutivo, mientras los enemigos de la Constitución y las libertades en Cataluña se crecen día tras día porque ven con esperanza que, de nuevo, el socialismo español se cree que la crisis separatista se soluciona con «diálogo».

Un documento interno confirma que el Diplocat gastó 25 millones para promocionar la independencia

M.A. Ruiz Coll okdiario 2 Julio 2018

Un documento interno intervenido por la Guardia Civil a un alto cargo de la Generalitat prueba que Artur Mas y Carles Puigdemont desplegaron la red de “embajadas” del Diplocat con el único objetivo de promocionar el proceso de independencia en el exterior y recabar apoyos internacionales. De los 64 millones de euros de presupuesto que el conseller de Exteriores Raül Romeva (hoy en prisión) manejó en 2017, al menos 25 millones se destinaron a este fin.

El documento fue intervenido en el registro efectuado el pasado 15 de marzo en el despacho del secretario de Difusión y Atención Ciudadana de Presidencia de la Generalitat, Antoni Molons García. Fue redactado pocas semanas antes de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, que Artur Mas convocó con la intención de poner en marcha la última fase del proceso de independencia. Luego la CUP (de cuyos votos que dependía Junts pel Sí para gobernar) forzó su renuncia y colocó en la Presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont.

El dossier describe la estrategia de comunicación que la Generalitat ha seguido desde entonces para recabar apoyos internacionales al proceso de independencia. Y reconoce que una de las herramientas más eficaces ha sido el denominado Programa Eugeni Xammar, puesto en marcha en septiembre de 2012. Se trata de una oficina de prensa, ubicada en las Casas dels Canonges y dependiente de la secretaría de Comunicación de la Generalitat, dedicada a mantener un contacto permanente con los corresponsales y medios de comunicación extranjeros.

En sus tres primeros años de funcionamiento, esta oficina de prensa gestionó 71 entrevistas de Artur Mas con los medios extranjeros, organizó encuentros periódicos con los corresponsales y difundió decenas de “argumentarios” para vender las bondades del proceso de secesión en el exterior.

Como si el 155 nunca hubiera existido
El Programa Eugeni Xammar está dirigido desde enero de 2016 por Joan Maria Piqué, ex jefe de prensa de Artur Mas. Fue destituido el pasado mes de octubre en aplicación del artículo 155, pero Quim Torra ha vuelto a restituirle ahora en el cargo.

El otro gran eje de esta estrategia de comunicación ha sido la carísima red de “embajadas” del Diplocat. El informe interno intervenido por la Guardia Civil señala que el Diplocat “ha llevado a cabo una intensiva campaña exterior de relaciones públicas, políticas, mediáticas y académicas, que ha contribuido decisivamente a la difusión internacional del proceso político catalán“.

Y añade que “esta relación se intensificará durante el período posterior a las elecciones plebiscitarias [del 27-S], cuando la tarea de difusión internacional del procés entrará en una fase decisiva y será necesario volcar todos los recursos disponibles con la máxima coordinación del mensaje”.

El dossier elaborado en otoño de 2015 presume de que, para cumplir este objetivo, la red de embajadas del Diplocat “en un solo año pasará de cinco delegaciones a diez“. También en este caso, el Gobierno de Rajoy ordenó cerrar el Diplocat y su red de embajadas en aplicación del artículo 155. Ahora, Quim Torra ha decidido reabrirlas con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez, con el fin de seguir recabando apoyos internacionales al proceso de independencia.

“Al mismo nivel que Escocia y Quebec”
El documento desvela que la Generalitat ha estado utilizando para el mismo fin otros organismos como la Agencia de Turismo de Cataluña (ATC), el Institut Ramon Llull (IRM) y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). “Los representantes exteriores de estos organismos”, dice al respecto, “aunque no tienen el hábito ni la competencia de mantener un discurso político, se han encontrado en algunas ocasiones ante la necesidad de referirse pública o privadamente al proceso político“.

El informe alardea de que “los hechos políticos (movilizaciones ciudadanas, pactos políticos, consulta del 9-N, querellas del Estado, etc.) sumados a la estrategia comunicativa internacional del Govern han logrado que hoy Cataluña sea percibida y reconocida como un sujeto político por primera vez, al mismo nivel que Escocia, Flandes y Quebec“.

Al respecto, señala que los medios británicos y de Estados Unidos son más sensibles a esta situación, mientras que “los medios de comunicación alemanes y franceses marcan más distancia con el procés y mantienen líneas editoriales más adversas”.

El documento interno marcaba los pasos que debía seguir el Govern de Artur Mas. El referéndum de independencia de Escocia celebrado en septiembre de 2014 (en el que finalmente se impuso el No) resulta “beneficioso para el proceso catalán, debido a las naturales comparaciones entre las actitudes de Londres y Madrid”, señala.

“Perfil bajo” en los medios rusos
Y añade: “En relación al referéndum de salida del Reino Unido de la UE, la actitud más prudente será adoptar una posición distante pues la sociedad catalana es profundamente partidaria de la UE”. Por último, el documento recomendaba “mantener un perfil bajo de Cataluña en los medios rusos de comunicación”, para evitar las comparaciones con el caso de Ucrania y la invasión rusa de Crimea.

Como ha informado OKDIARIO, el ex conseller Raül Romeva también utilizó recursos públicos del Diplocat para financiar a organizaciones independentistas (como el sindicato de la CUP Intersindical-SCS, dirigido por el asesino de Terra Lliure Carles Sastre) y para comprar a los observadores internacionales que debían legitimar el referéndum ilegal del 1-O.

Sólo 24 licitaciones aportaron un millón para sus fundaciones
CDC amañó contratos por más de 175 millones de euros
El partido de Jordi Pujol destinó a sus fundaciones más de un millón de euros de apenas 24 contratos. Era una "conducta sistémica" de manipulación de los contratos
Carlos Quílez. Estrella Digital 2 Julio 2018

El juez central de instrucción José de la Mata ha situado en más de 1.000.000 de euros el montante global de las comisiones recibidas por Convergència Democrática de Catalunya (CDC) entre 2011 y 2015 a cambio de la concesión de obra pública.

Es una estimación a la baja (tal y como lo especifica el juez en un auto dictado el pasado mes de mayo), dado que esta cifra se ha obtenido sólo a partir del análisis de 24 de los contratos de obra pública concedidos por distantes administraciones gobernadas por Convergencia que obran en la causa del llamado caso del 3%.

Sólo esos contratos alcanzan la suma de los 175.000.000 de euros.

Conducta criminal
“Estamos ante una conducta sistémica, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala y de la vulneración de los principios básicos y rectores de la asignación de caudales públicos, a lo largo de muchos años, con participación de un partido político con el gobierno (CDC), fundaciones (CATDEM y FORUM), y de múltiples instituciones públicas como Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio de Educación de Barcelona, BIMSA, Infraestructures.Cat, Autoridad portuaria de Barcelona, distintos municipios catalanes, etc., junto a decenas de empresas del ámbito nacional y autonómico”. El juez de la Mata es claro en sus consideraciones y por ello asumió la competencia de este caso, el conocido como “caso del 3%”, que durante años ha investigado el juzgado número 1 de el Vendrell de Tarragona.

Dinero para el partido y para los políticos
Según de la Mata esto sólo es la punta de iceberg dado que con sólo una aparte de los datos existentes en esta macro causa se puede afirmar que “la economía nacional se pudo ver alterada por el volumen de contratación que quedó fuera de las reglas del derecho y la justa y libre competencia para ser adjudicadas torticeramente y a cambio de donaciones para el partido político CDC y prebendas personales para los actores participantes en los procesos de adjudicación o en el tráfico de influencias”.

A de la Mata le parece especialmente sospechoso que algunos de los principales implicados tengan su residencia fiscal fuera de España y cree que hay motivos suficiente para investigarles por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, organización criminal y financiación irregular de partidos políticos.

Aumento del 23% de actos de enaltecimiento del terrorismo respecto a todo el año 2017
99 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA en los seis primeros meses de 2018
www.latribunadelpaisvasco.com 2 Julio 2018

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha contabilizado un total de 99 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA durante los seis primeros meses de 2018 en su Observatorio de la Radicalización, un espacio en la web del Colectivo en el que se registran todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA. Del total de los actos realizados, 44 han tenido lugar en Guipúzcoa, 22 en Vizcaya, 21 en Navarra, 8 en Álava, 3 en otras provincias de España y 1 en Francia. Esta cifra supone que ha habido un 23% más de actos de enaltecimiento del terrorismo que en todo el 2017, año en el que COVITE documentó 76 actos.

Un total de 38 actos de enaltecimiento del terrorismo registrados son homenajes a miembros de ETA en sus localidades de origen o lugar de residencia tras salir de prisión una vez cumplida su condena, o a etarras muertos. De estos 38 homenajes a etarras, 25 han sido en Guipúzcoa, 9 en Vizcaya, 3 en Álava y 1 en Navarra. El Colectivo ha hecho hincapié en que “España es el único país de la Unión Europea que permite que se homenajee en las calles a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado, con el riesgo que entraña para las nuevas generaciones”.

El mes en el que más homenajes a etarras hubo fue el de marzo, con un total de 21. De este total de homenajes en marzo, 15 fueron al terrorista Xabier Rey –que estaba condenado por pertenencia al comando Hego Haizea, entre cuyos objetivos estaban guardias civiles, un concejal de UPN y otro de PSN– después de que se suicidase en la cárcel Puerto III de Cádiz el pasado 6 de marzo. Durante los tres días posteriores a su suicidio, hubo homenajes en varias localidades de las tres provincias vascas y también en Navarra, en cuya capital, Pamplona, destacados portavoces de la izquierda abertzale como el etarra Kubati portaron su féretro por toda la ciudad. También fueron muy multitudinarios los homenajes dedicados al etarra Txabi Etxebarrieta –asesino del guardia civil José Antonio Pardines Arcay, la primera víctima de ETA– en Tolosa, Derio y Bilbao el pasado 7 de junio, fecha en la que se cumplían 50 años desde que fue abatido por la Guardia Civil. Asimismo, fue muy masivo el homenaje a los etarras Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño el pasado 18 de febrero en Andoáin, al que acudieron cientos de personas; ambos miembros de ETA fueron condenados en 2012 a seis años de prisión por haber facilitado información sobre objetivos de ETA –Joxeba Pagazaurtundua entre ellos- y por haber enviado cartas de extorsión en nombre de la organización terrorista.

Un tipo de acto de enaltecimiento del terrorismo que ha aumentado de forma considerable tras la disolución de ETA ha sido la aparición de pintadas y de pancartas dando las gracias a ETA o alabándola. COVITE ha registrado un total de 28 actos de enaltecimiento de este tipo, y todos ellos se han producido durante los dos últimos meses: 17 en mayo y 11 en junio. En Guipúzcoa se han contabilizado pintadas y pancartas en 10 localidades diferentes; en Vizcaya, en 4; en Álava, en 5; y en Navarra, en 10. “La desactivación de las siglas de ETA no implica que desaparezca su proyecto político totalitario y excluyente, que está ahora en las instituciones más vivo que nunca”, advierte Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. “Las pintadas y pancartas de agradecimiento a ETA son una muestra de que los herederos políticos e ideólogos de ETA no están en nuestras instituciones por haber pertenecido a ETA, sino gracias a la banda terrorista. Y, desde ellas, están intentado imponer el proyecto político e institucional que ETA quería”.

Del resto de actos de enaltecimiento del terrorismo registrados, 7 hacen referencia a fiestas populares en las que se ha alabado de forma explícita a ETA o se han portado retratos de etarras para pedir su excarcelación. 4 de estas fiestas han sido en Guipúzcoa, 2 en Vizcaya y una en Navarra. Los 26 actos de enaltecimiento del terrorismo remanentes, clasificados bajo la categoría de ‘Otros’, son aquellos que no encajan en ninguna de las tipologías ya descritas, como la creación de una asociación en memoria del etarra Txabi Etxebarrieta, el acto de inicio de los “nuevos tiempos” tras la disolución de ETA que celebró Sortu el 19 de mayo, en el que jalearon a los etarras muertos, manifestaciones por la amnistía de los presos de ETA como la que hubo en Bilbao el pasado 21 de abril, o el escrache a la casa cuartel de la Guardia Civil de Oñate el sábado pasado, 30 de junio. 5 actos bajo la categoría de ‘Otros’ han ocurrido en Guipúzcoa; 7 en Vizcaya; 9 en Navarra; 1 en Bayona; y otro tuvo lugar frente a la cárcel Puerto III de Cádiz.

COVITE reclama de forma urgente que se apliquen políticas de prevención de la radicalización en el País Vasco y en Navarra para que “las nuevas generaciones no tomen como ejemplo a seguir a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado”. “El culto al terrorista es sistemático en las calles del País Vasco y Navarra debido a la inacción de las instituciones y a la pasividad de la justicia”, denuncia Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. Ordóñez insiste en la necesidad de deslegitimar a ETA social, política y culturalmente, dado que “su brazo político y social está divulgando un relato manipulado que justifica su actividad criminal y diluye sus responsabilidades para mantenerse en las instituciones”. Anima a seguir “luchando contra los objetivos de ETA al igual que antes luchábamos contra sus medios violentos”.

Las 17 tarjetas sanitarias que complican la vida a los enfermos españoles
El Congreso ha tumbado una proposición con la que se pretendía instaurar una tarjeta única sanitaria para todo el país. Ciudadanos, promotor de la iniciativa, denuncia que con el sistema actual se incumple la Ley General de Sanidad definiendo como "desplazados" a numerosos pacientes
Juan Carlos Téllez www.vozpopuli.com 2 Julio 2018

El Pleno del Congreso ha rechazado una proposición no de ley de Ciudadanos en la que reclamaba una tarjeta sanitaria única para toda España, la extensión de la receta electrónica y un nuevo sistema de financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) que "garantice la igualdad y la cohesión" de este servicio entre la población del país.

Ciudadanos no ha conseguido sacar adelante su propuesta de tarjeta sanitaria única, ya que los distintos grupos parlamentarios consideran que conlleva una crítica injustificada a la descentralización del sistema sanitario público.

Sólo PP, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han apoyado esta iniciativa que la formación naranja ya llevó a debate hace un año y medio a la Comisión de Sanidad de la Cámara y que tampoco fue respaldada por la mayoría de los grupos, tal y como han recordado los portavoces de los grupos a su homólogo de Ciudadanos e impulsor de esta iniciativa, Francisco Igea.

Además, los de Albert Rivera han presentado una autoenmienda a este texto con la que han extendido sus peticiones iniciales. Según ha indicado Igea, cuando se hizo público que Ciudadanos llevaba al Pleno esta medida, recibieron muchos mensajes de gente en redes sociales que denunciaba diferentes situaciones de desigualdad en la atención sanitaria, lo que les animó a incluir otros puntos al texto.

En conversación con Vozpópuli, el diputado denuncia que, con el actual sistema, "se está incumpliendo la Ley General de Sanidad", que su Artículo Tercero establece que "la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española" así como que "el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva".

Para Igea, "un español no puede ser un desplazado", que es la situación en la que ahora mismo se encuentran muchos ciudadanos que tienen que acudir a un centro de salud lejos de su Comunidad Autónoma. "Tienen que solicitar atención como desplazados", señala, a la vez que surgen problemas como el de no contar con una historia clínica común que permita estudiar los antecedentes del paciente.

Por eso, la idea de base es que el Estado cuente con una tarjeta única sanitaria para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en todos los centros de salud y hospitales de España sin necesidad de acudir a urgencias. El ejemplo más claro lo vivimos en estos meses de verano, cuando muchos españoles se desplazan fuera de su región de origen y tienen que ser atendidos por un facultativo en otra Comunidad Autónoma. Es aquí cuando surgen el papeleo y las dificultades. Estos pacientes -por ejemplo, los enfermos crónicos que se quedan sin su medicamento habitual lejos de casa- son atendidos como 'desplazados' y el facultativo de turno no tiene acceso a su historial médico para realizar un diagnóstico más atinado.

Así, también proponen la creación de una Cartera Única de Servicios Sanitarios para que todos los españoles "tengan las mismas prestaciones independientemente de dónde nazcan o residan". Según indica Ciudadanos, los servicios sanitarios se deberían analizar semestralmente para que si una autonomía implanta uno nuevo, se traslade al resto de regiones.

Críticas a la iniciativa
Para el PSOE, esta iniciativa demuestra que Ciudadanos "poco entiende el Estado autonómico español" y le ha acusado que buscar "el desprestigio" del Sistema Nacional de Salud español "a cambio de un puñado de votos". El portavoz socialista de Sanidad, Jesús María Fernández, ha criticado que Igea haya hecho "un discurso ideológico" y con "prejuicios" en una iniciativa que ha calificado de "parcial".

Los más duros con la iniciativa de Ciudadanos han sido los nacionalistas, que han insistido en que las competencias en esta materia son autonómicos. Desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha recriminado a Igea que explique en el Congreso una situación "que no es" y ha negado que haya autonomías donde no se atienda a todos los españoles.

Del mismo modo, le ha señalado que no hace falta centralizar la tarjeta en un sitio, sino que basta con hacerlas compatibles, al igual que pasa con la memoria histórica. También han señalado este punto el portavoz de ERC, Joan Olóriz y la de PDeCAT, Miriam Nogueras, quien ha defendido que "no es necesaria la unificación", sino la "interoperatividad". Finalmente, la representante de Compromís, Marta Sorlí, ha señalado que la intención de esta proposición no de ley es "criminalizar a las autonomías".

El diputado de Ciudadanos Francisco Igea lamenta, en conversación con este medio, que el Congreso de los Diputados se haya convertido en "una máquina de picar carne". "Se nos ha acusado de centralistas, de jacobinos" (por querer sacar adelante esta medida), lamenta. Sin embargo, en su opinión "no se trata de centralismo, sino de igualdad. La medida no significaría que las Comunidades Autónomas perdiesen capacidad de gestión, que la seguirían teniendo; se trata de algo tan sencillo como facilitar la vida a los ciudadanos", asegura.

El PSOE valenciano se financia ilegalmente desde que se estrenó la democracia
Carlos Cuesta okdiario 2 Julio 2018

El PSOE lleva cometiendo financiación ilegal en Valencia desde que se estrenó la democracia. OKDIARIO muestra la “circular reservada” que el 11 de octubre de 1979 -menos de un año después de aprobarse la Constitución Española- remitió Pedro Lorca de parte de la “Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE” a todos los “compañeros socialistas” que formaban parte del grupo de “concejales socialistas”.

“Circular reservada” del PSOE valenciano de 1979.
Una carta donde se daban explicaciones ya por aquellas fechas de que “al igual que otras federaciones del partido” los concejales y alcaldes debían garantizarse el control de “contrataciones, licitaciones y subastas, al objeto de poder concurrir a ellas”. Porque, de ese modo, convertirían los pagos públicos en una “fuente extra de financiación” del partido.

La carta, subraya el carácter de “circular reservada”. Y acto seguido explica como la Ley de Régimen Local, habría todo un universo de contrataciones con dinero público desde “las corporaciones, que están facultadas para contratar determinados servicios, utilizando el método de contratación directa”. “No se os escapará”, señala inmediatamente, “la importancia tanto económica como política que tiene para el Partido, el control de esta contratación”.

Esos contratos, obviamente, no podían ir al “Partido”. Debían ir a empresas privadas. Por lo que, evidentemente, sólo puede estar refiriéndose a contar con empresas tapadera o sociedades controladas de forma que posteriormente se pudiesen repartir las ganancias.

La circular, que marca la directrices para hacer con esos contratos, pone ejemplos: “El plan general de ordenación urbana, recogida de basuras, mantenimiento del alumbrado público, etc”. Esa parte de las directrices ha debido seguirse a rajatabla, porque lo cierto es que no ha dejado de haber escándalos relacionados con esos servicios.

“El contenido es RESERVADO”
La carta señala que no se trata de una práctica exclusiva de la Comunidad Valenciana: “Es propósito de la Comisión Ejecutiva del País Valenciano, que al igual que se ha establecido en otras federaciones del Partido, y más concretamente en aquellos grandes ayuntamientos donde el volumen económico de las contratas, podría suponer una fuente extra de financiación, el establecer en esta Federación una metodología que nos permita estar enterados antes de su resolución y con tiempo suficiente de aquellas contrataciones, licitaciones y subastas, al objeto de poder concurrir a ellas”.

El párrafo se incluye sin miramientos. Sin el más mínimo temor. Pese a describir la lacra por la que se han colado desde entonces cientos de millones de euros pagados por los bolsillos de todos los españoles. Millones que han inflado las contrataciones públicas, no por necesidad, sino por corrupción.

De hecho, el urbanismo, guinda por excelencia de estas prácticas, se volvía a subrayar en un párrafo específico donde se decía que “deberéis extremar las medidas de control e información, especialmente en lo referente a la confección y/o revisión de los planes generales de ordenación urbana, puesto que la Comisión Ejecutiva dispone del Gabinete Técnico suficientemente capacitado para dicho cometido”.

Pedro Lorca se despedía dejando constancia de lo tratado y señalando una vez más que “el contenido es RESERVADO”. Y con un “saludos socialistas”.

Hoy descubrimos la trama de Crespo Gomar, la de Acuamed, las investigaciones sobre pagos asumidos por Hospimar y, la última, la de Jorge Rodríguez en Divalterra (la antigua Imelsa). Todas ellas con un patrón de comportamiento que recuerda bastante a la dinámica de financiación ilegal descrita en aquella circular: la de 1979.

Un gasto de 270.000 euros para borrar el nombre en español de los uniformes de la Policía de Castellón
El PP exige un informe jurídico del coste de la nueva denominación de la ciudad y el Ayuntamiento sostiene que no tiene previsto cambiar los uniformes
Alberto Caparrós. VALENCIA. ABC 2 Julio 2018

Más de 270.000 euros para eliminar la denominación en castellano de Castellón en los uniformes de la Policía Local. Un informe interno del cuerpo esgrimido por el Partido Popular revela el gasto que supondría para las arcas públicas del Ayuntamiento de la capital de La Plana los cambios en la indumentaria de los agentes.

El pleno del Ayuntamiento de Castellón -gobernado por la socialista Amparo Marco- aprobó el pasado 31 de mayo cambiar la denominación oficial del municipio por su forma exclusivamente en valenciano, de tal forma que pasará a ser Castelló. Una decisión que terminaba con 36 años de toponimia bilingüe. Este acuerdo se aprobó con los votos a favor de PSOE, Compromís y Castelló en Moviment (la marca con la que concurrió Podemos a las elecciones municipales), y en contra de PP y Ciudadanos.

Castellón siguió de esa forma la estela de otras ciudades de la Comunidad Valenciana que durante la presente legislatura han eliminado de su denominación la fórmula española, como el caso de Valencia, gobernada por Joan Ribó, de Compromís, en coalición con el PSPV-PSOE y València en Comú.

La portavoz del grupo popular en el Consistorio, Begoña Carrasco, recuerda que Compromís «se apresuró a negar la mayor cuando le preguntamos sobre el dinero que comportaría el cambio de nombre de la ciudad y, ahora, hemos tenido conocimiento de un estudio que eleva hasta los 270.000 euros solo el cambio de los uniformes oficiales de la Policía Local».

Carrasco ha difundido un informe que detalla el coste aproximado del cambio de uniformidad para eliminar la denominación en español. Según el documento, la Policía Local de Castellón cuenta con 270 efectivos. El cálculo refleja el presupuesto para la adquisición de polos (29.724 euros), cortavientos (35.488 euros) o chaquetones para la sección de Tráfico (54.384 euros), entre otras prendas. De acuerdo con el mismo informe, las diez cazadoras «especiales» para los mandos costarán 1.698 euros. Así, hasta sumar un prespuesto total de 270.729 euros.

La Concejalía de Normalización Lingüística ha replicado que no está prevista la modificación de los uniformes. Una postura que, a juicio de Ciudadanos, resulta «incogruente después de haber creado un enfrentamiento social con el cambio de topónimo». Para el grupo popular, se trata de «una opinión política que no está avalada por los técnicos».

El PP, que califica de «sectaria» la decisión de suprimir la fórmula en español del nombre de la ciudad, insite en conocer el gasto que acabará acrarreando la denominación exclusivamente en valenciano considera que ese dinero podría destinarse a otros fines como «mejorar la seguridad de las calzadas».

De hecho, los populares denuncian que el gasto en nueva indumentaria es solo la punta del iceberg. «Los 270.000 euros que costará la renovación de los uniformes oficiales son sólo un ejemplo de los gastos que comportará el cambio de nombre de la ciudad, como la nueva rotulación de los coches y motos oficiales del cuerpo de la Policía Local, o los chalecos antibalas en los que ahora figura el nombre Castellón», sostienen.

Al respecto, el grupo popular ha solicitado un informe jurídico sobre el coste del cambio de nombre en la ciudad. En ese sentido, explican que «la ciudadanía ha de saber si en el momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que el nombre de la ciudad atiende sólo a su denominación en valenciano, el Ayuntamiento incurriría en falta administrativa al seguir utilizando Castellón al prestar sus servicios».

Para el PP, «es un ejercicio de transparencia que podamos conocer cuánto costará adaptar todo lo que depende del Ayuntamiento a la denominación de la ciudad solo en valenciano».
 


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