AGLI Recortes de Prensa   Lunes 9 Julio 2018

¿Qué está haciendo Pedro Sánchez?
Eduardo Arroyo Gaceta.es  9 Julio 2018

Hace algún tiempo creí que Pedro Sánchez era idiota. Su suficiencia moral para hablar de “la derecha” era la típica de todo izquierdista que se precie. Pero por lo demás nada de nada. Hoy los hechos me han demostrado que yo no tenía razón: tras haber tocado fondo en la lucha por el poder dentro del propio PSOE, con los peores resultados cosechados por el partido en su historia, es presidente del gobierno. Los escrúpulos para pactar con los que quieren dinamitar el país, pese a haber dicho hace unos meses exactamente lo contrario, es lo de menos. Y ha llegado para quedarse: eso que nadie lo dude.

¿Cómo se las va a arreglar? De momento, para no menear el avispero va a transigir con los presupuestos del PP y va a hacerlo, además, “por el bien de España”. Es consciente de que si no mueve la cosa puede agotar la legislatura y disponer así de casi dos años para contar con los resortes del Estado en beneficio de su propio partido: el primero de ellos ya ha caído en su mano. Me refiero a la televisión naturalmente. PP y Ciudadanos han cometido la estupidez de marcharse airados, dejando todo en manos de sus enemigos.

Además, creo que está diseñando una estrategia para volver a poner al PSOE en la primera línea de la política nacional. Las amenazas a su partido son, primero, el PP, ahora mismo sumergido en la sucesión interna por el error de Rajoy en sus últimos días de gobierno. Segundo, Ciudadanos, que ha quemado sus naves con Rajoy y parece que solo habla ya de Cataluña… cuando habla. Tercero, Podemos, que hace no tanto tiempo amenazaba al PSOE por la izquierda con el tan manido “sorpasso”.

Para cada uno de ellos tiene una receta y, o mucho me engaño o puede funcionar. La acogida de inmigrantes de sus primeros días de gobierno tiene algo que ver con el asunto. Pocas cosas favorecerían más a Sánchez que la aparición de un partido antiinmigración que le quite votos a la derecha. Los socialistas franceses ya ensayaron esta fórmula aunque luego el asunto se les fuera de las manos. En el cálculo del PSOE deben pensar que los votos de semejante partido vendrían del ala más extrema del PP.

Para los chicos de Podemos, el PSOE ofrece el retorno de muchos de sus votantes a la “casa común de la izquierda”. Una vez demostrado que Podemos no es ni mucho menos un partido transversal si no un refrito de la izquierda de siempre, que recoge los frutos de la hegemonía cultural de los últimos treinta años, el PSOE puede atraer a sus votantes con golpes efectistas como por ejemplo, exhumar los restos de Franco. Puede que parezca estúpido pero la izquierda española es visceral y cainita. Gestos como ese están destinados a ganar votos por ahí. ¿Y para ciudadanos? Primero, Ciudadanos se ha desactivado a sí mismo en buena parte. Inés Arrimadas, la vencedora de las elecciones catalanas o se ha ido de vacaciones o apenas se le oye cuando los independentistas están reorganizándose. El partido de Rivera solo se ocupa de un asunto -el secesionismo- y encima lo hace mal. Ha perdido fuelle. Pedro Sánchez pretende demostrar que él es más eficaz que Ciudadanos tratando con independentistas. Acertado o no, si consigue neutralizarlos Ciudadanos entrará en vía muerta por una temporada larga.

Todo esto puede sonar a hipotético pero es una opción clara para alguien que está manejando el gobierno de la nación con ochenta y cuatro diputados y que además aspira a hacerlo durante varias legislaturas.

Por mi parte, para gente que obre por ideas, no por intereses, es primordial que en el horizonte español emerja una fuerza política distinta de corte identitario y, desde luego, que no proceda del ala más extrema del PP, garantía de fracaso a medio plazo. Si esto, en el cálculo del PSOE, es lo que ellos quieren veremos qué cara ponen cuando ese mismo partido comience a robarle votos en sus feudos izquierdistas de siempre. En este sentido, el error de Sánchez es no ver que en Francia ha sucedido exactamente eso y que “eso” ha supuesto la casi extinción del socialismo francés. Pero el caso es que en España a Sánchez posiblemente no le quede otra y puede que él sea muchas cosas pero audaz, ha demostrado que sí que sabe serlo. Decididamente, va a por todas.

Nacionalismos, el crujir que no cesa
José Javaloyes Republica 9 Julio 2018

Mientras el PNV, extrapolando sin más las rentas de su última jugada con la candidez de Pedro Sánchez, da por hecho que en 2020 conseguirá su Estatuto Soberanista, su vía bastante para la independencia, y en el soberanismo catalanista se mantiene la tabarra tramposa de la “judicialización de la vida política”, por el encarcelamiento de quienes delinquen contra la democracia española, y por la fuga de aquellos otros infractores del orden constitucional que logran escapar de la Justicia, salta a la actualidad el reproche de Quim Torra, el presidente delegado de Carlos Puigdemont, al partido que abrió las puertas a la ”normalidad” de su propio diálogo con La Moncloa, con la lindeza de que colaboró con el Partido Popular para que el Senado aprobara la activación del Artículo 155 de la Carta Magna, ignorante, una vez más, de que ese precepto fue, en su día, materia del consenso que hizo posible la Transición de España a la normalidad democrática.

Pero acaso lo que más se habría de destacar en estas horas es lo ya señalado al principio de esta nota; la conjunción del nacionalismo vasco y catalán, tanto en sí mismos como las derivas en metástasis de este último dentro de Valencia y en Baleares. José Antonio Escudero ha reiterado la denuncia de que “los nacionalistas han traicionado el Pacto de la Transición”. La actualidad ha volcado la evidencia brutal del error gravísimo cometido con la cesión a las Autonomías de las competencias de la Educación, puesto que ha sido ello, la renuncia de la Enseñanza por parte del Estado, la levadura de los pujantes separatismos de ahora.

COTO AL INDEPENDENTISMO EN LAS AULAS
El envenenamiento separatista a los niños tiene barra libre y nadie lo investiga
ESdiario  9 Julio 2018

Ciudadanos reclama al Gobierno las conclusiones de la Alta Inspección sobre la introducción de soflamas separatistas en las clases y los manuales de los centros educativos de Cataluña.

Todo el mundo sabe que, durante décadas, la educación pública ha sido una de las principales herramientas de adoctrinamiento en Cataluña. Pero ahora, además, se iba a poner negro sobre blanco el fenómeno. O eso parecía, porque la investigación a tal efecto ha desaparecido de repente del radar público.

Ciudadanos ha reclamado al Gobierno los resultados del informe que se solicitó a la Alta Inspección Educativa tras la denuncia de casos de adoctrinamiento en las escuelas catalanas a través de los libros de texto. La formación 'naranja' pone en cuestión que el Ejecutivo se esté tomando esta situación como una urgencia, ya que, según apuntan, desde que se iniciaron los trámites han pasado 14 meses.

Fue el pasado mayo de 2017 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy anunció que solicitaría "de manera urgente" un informe sobre la adecuación de los libros de texto a la currícula básica obligatoria.

Desde entonces, la formación que lidera Albert Rivera ha llevado a cabo diferentes denuncias sobre este tema en el Congreso. La portavoz de Educación de este partido, Marta Martín, preguntó al respecto a la patronal de editoriales de libros de texto (ANELE), en el marco de las comparecencias del Pacto de Estado de Educación. Su representante, según explica Ciudadanos, afirmó en su discurso que habían llegado a realizar 25 versiones de un mismo libro para adecuarlo las comunidades autónomas.

El Ejecutivo de Rajoy pidió un informe sobre los contenidos de libros de texto en diferentes autonomías en mayo de 2017. Pero no aún no hay noticias

En relación con este asunto, el portavoz parlamentario Juan Carlos Girauta, realizó también una pregunta en la sesión de control del Pleno al entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, que insistió en que el informe estaba solicitado. "Mientras, en agosto de 2017 ANELE salió a los medios para volver a denunciar la situación", explica Ciudadanos.

"Puesto que el Gobierno continuó sin realizar comunicación alguna al respecto, Ciudadanos preguntó en junio de 2017 sobre la presunta financiación, por parte de editoriales de texto beneficiadas por el Decreto Marzá, de grupos independentistas asociados al referéndum del 1-O y a la política plurilingüista", indica la formación en un texto registrado en el Congreso.

Cinco menciones pero sin datos concretos
Hasta este momento, según indica, han sido cinco las ocasiones en las que el Ministerio de Educación ha hecho referencia en sus respuestas al procedimiento abierto en la Alta Inspección Educativa y al informe que esperaban de la misma, pero nunca han concretado sus resultados o su procedimiento.

Rivera se remanga y tritura al PSOE por permitir el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña
Puesto que ya ha pasado más de un año desde la apertura del proceso sin recibir ninguna información medianamente relevante por parte del Gobierno, Ciudadanos ha visto necesario pedir estos datos al actual Ejecutivo a través de una iniciativa en la Cámara Baja, en la que, además reclaman explicaciones por un procedimiento que era de "urgencia" y ya tarda 14 meses.

Además, la formación 'naranja' quiere saber sí el nuevo Gobierno socialista tiene previsto poner en marcha medidas en relación a la adecuación de los libros de texto al currículo básico obligatorio.

Ley de Memoria Histórica
El Gobierno adoctrinará a los funcionarios implicados en la atención a las víctimas del franquismo
Luz Sela okdiario 9 Julio 2018

El PSOE prevé incentivos para los libros de texto que hablen de la “represión franquista”

El plan de memoria histórica del Gobierno socialista prevé un intenso esfuerzo de formación de los funcionarios públicos, a los que adoctrinará en su visión de la Guerra Civil y el franquismo.

En concreto, la iniciativa figura en una Proposición de Ley, por la que se reforma la misma Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, en un nuevo artículo, se establece que “el Estado adoptará las medidas conducentes al diseño de una estrategia y pedadogía en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional y el período histórico correspondiente a la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, destinada a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, abogados, procuradores y otros profesionales que, en el desempeño de sus funciones, se relacionen con víctimas”.

Los funcionarios serán formados en una visión de la Historia española establecida por la llamada ‘Comisión de la Verdad’

De acuerdo a este redactado, el programa de formación implicará prácticamente a la totalidad de los funcionarios, lo que supone un esfuerzo ingente de recursos que no concreta.

‘Comisión de la Verdad’
La formación tendrá una fuerte carga ideológica, ya que sus contenidos vendrán determinados por la ‘Comisión de la Verdad’, el órgano en el que los socialistas delegan el objetivo de “conocer la verdad de lo ocurrido” en este periodo histórico para la “construcción colectiva de la memoria democrática española”.

Se trata de un órgano temporal que tiene como finalidad la elaboración de un informe “incluyente y global” que “contribuya al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra” cometidos entonces “a través de la promoción del conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado”.

El informe será aprobado en el Congreso de los Diputados -el Gobierno lo podría sacar adelante contando con los mismos apoyos que en la moción de censura- y tendrá un “carácter vinculante” para todos los poderes públicos.

El órgano está integrado por juristas, historiadores, profesores o psicólogos- a propuesta del Congreso y Senado, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y asociaciones de víctimas- que tendrán acceso a la totalidad de los documentos históricos, incluidos aquellos clasificados o considerados secretos.

Evitar la “revictimación”
El Gobierno añade además que se elaborará un protocolo de atención a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, dirigido a los funcionarios públicos, y que será de obligado cumplimiento. Su finalidad, se explica, es “evitar la revictimización y prevenir la repetición de los hechos victimizantes”.

El plan reserva un apartado especial para los funcionarios de la enseñanza, que estarán además obligados a participar en planes de formación dirigidos a “la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática”. La intención es, además, incluir estos contenidos en todos los niveles de la enseñanza obligatoria y en los estudios universitarios o, como informó OKDIARIO, “incentivar” la elaboración de material didáctico sobre la “represión franquista”.

Injurias y difamaciones impunes.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 9 Julio 2018

ROGER TORRENT DIFAMA E INJURIA A ESPAÑA EN CANADÁ EN LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA FRANCOFONÍA.

Elo de este sujeto merece algo más que una simple crítica. Lo que está haciendo en un foro internacional cae directamente en la difamación y la injuria a un Estado democrático como es España. Y esto no se puede consentir de nadie y mucho menos de un representante público que ostenta el cargo de Presidente de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña. Sus declaraciones son injuriosas y mezquinas y deben ser respondidas y denunciadas ante la justicia de España. Sus mensajes incendiarios y falsos solo tienen como propósito destruir la imagen de España presentándola como un país represor y vulnerador de derechos fundamentales como el de prohibir o impedir debates públicos y, sobre todo, el derecho a votar libremente. Su desvergüenza al acusar debe tener una respuesta contundente, entre ellas la de exigir su cese inmediato de cualquier cargo publico que ostente e inhabilitarle durante años para ejercer cualquier otro cargo de representación pública.

Y es que no todo vale en política ni en el intento de mentir a la opinión internacional de esa forma tan ruin y miserable, que solo un despreciable sujeto sectario que odia a España es capaz de vomitar tantas falsedades y creer que no tendrán consecuencias. Hay que defender el Honor de España y de nuestro Estado de Derecho que estos golpistas catalanes llevan años socavando sin que, hasta ahora, la Justicia ni el Gobierno de España hayan hecho algo más que mirar para otro lado y dejar estos delitos impunes o con condenas irrisorias.

¡Basta ya de silencios cobardes o cómplices! Es deber del Gobierno de España y de la Fiscalía General del Estado actuar contra este despreciable sujeto que desde que accedió al cargo ha protagonizado toda suerte de actos y declaraciones injuriosas contra España y el Estado de Derecho, dando vía libre a mociones sobre asuntos declarados inconstitucionales y despreciando en todos los casos las asesorías de su propios Servicios Jurídicos. Es hora ya de pararle los pies a este individuo y que responda de sus actos ante la Justicia.

Mañana se va a celebrar una reunión entre el Presidente del Gobierno de España y el recién nombrado Presidente del Gobierno de la Generalidad, en la que se dice que hablarán de todo pero que cada uno llevará una posición intransigente sobe el tema clave, el del referéndum sobre la autodeterminación (léase independencia) de Cataluña. Se trata de que Pedro Sánchez, como el demagogo populista que es, pretende obtener una foto de “estadista dialogante” en ese proceso de “normalización política” que le ha servido de excusa para no convocar elecciones y apoltronarse en el cargo durante los próximos dos años, si nadie se lo impide. Salvo sorpresas no habrá una devolución de visita, salvo que los golpistas estén dispuestos a abandonar a senda de la unilateralidad, de las injurias y de las difamaciones.

Solo hace falta tener decencia política y no dudar en cumplir con el deber de defender la legalidad y no permitir que unos miserables como Puigdemont o este Torrent sigan difamando e injuriando a España, a nuestro Estado de Derecho y a todso los españoles. NO estamos en un sistema bananero, ni en una dictadura, sino en un sistema plenamente democrático homologable en nuestro entorno y no debemos permitir que esta realidad sea puesta en duda porque estos impresentables sigan vomitando sus mentiras con total impunidad en cualquier foro nacional o internacional.

No les deseo que pasen un buen día porque este ya ha está a punto de acabar, pero si les desearé que piensen en si ésta es la España que desean dejar para sus hijos. Yo desde luego que no y haré todo lo que esté en mis manos para evitarlo.

Lo de Cataluña y Vasconia
Amando de Miguel  Libertad Digital 9 Julio 2018

El arte de la política consiste en intentar resolver los problemas colectivos que no parece que tengan una pronta o fácil solución. Lo de Cataluña y Vasconia (País Vasco más Navarra) es uno de ellos. Es así desde hace más de un siglo, la constante pesadilla de los españoles sensibles.

Ahora tiende a decirse que las cuestiones difíciles son "complicadas". No, esta que digo resulta simplicísima, pero su solución se presenta endiablada. A saber, los que mandan en Cataluña, País Vasco y Navarra pretenden separar a sus respectivas regiones (a las que llaman "naciones") de España (que la ven como "Estado"). De momento, han conseguido un notable éxito, pues muchos españoles de la vida pública aceptan su terminología. Por si fuera poco, Cataluña reivindica un pequeño condado del territorio francés (el Rosellón). Vasconia plantea lo mismo por su lado con la posible anexión del País Vascofrancés. Esta es la parte imposible. Da risa pensar que Francia pueda perder una parte de su territorio. Pero el irredentismo suele ser una constante del nacionalismo.

El problema actual se precipita. El secesionismo es un delito de alta traición o algo por el estilo en otras democracias, pero en Cataluña y Vasconia suscita manifestaciones de apoyo, homenajes y parabienes.

La gran paradoja del Gobierno de España es que ha llegado al poder sin el voto de la población. Como consecuencia, le es imprescindible el apoyo de los partidos secesionistasque mandan tanto en Cataluña como en Vasconia. Solo se podría lograr esa conexión contra natura si el PSOE se entendiera con el PP. Pero los gerifaltes de esos dos viejos partidos se odian.

La clave del arco constitucional sería que los partidos presentes en las Cortes representaran cada uno de ellos al conjunto los españoles, no solo a una fracción territorial de ellos. Parece una exigencia obvia, pero no se cumple. Los partidos secesionistas se sientan en las Cortes y en modo alguno pretenden representar a todos los españoles. Es más, sus dirigentes no se consideran españoles, aunque cobren sus pingües emolumentos del dinero de todos los contribuyentes. Mayores incongruencias se han visto.

Comprendo que el principio de que un partido represente o no a todos los españoles es difícil de llevar a la práctica parlamentaria. Se me ocurre una fórmula sencilla: "Solo podrán tener representación en las Cortes los partidos que obtengan más del 1% de los votos en al menos diez provincias". Tomen nota los redactores de la próxima Constitución, dado que la actual resulta inservible.

La consecuencia de no haber resuelto el problema que digo es la anomalía de que los representantes del Gobierno de España se relacionen de igual a igual con los de Vasconia o Cataluña. Mala cosa es que la misma palabra Gobierno acuse significados distintos.

Me parece que es hora de acabar con los triunfalismos. Pertenecemos los españoles a una democracia, sí, pero a una democracia harto imperfecta o incluso degenerada. Contamos con un sistema de partidos, pero envilecido. Disfrutamos de un sistema parlamentario, pero pervertido. Se nos llena la boca con la palabra igualdad, pero es claro que unos españoles son más iguales que otros en asuntos fundamentales.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Educación: la falacia igualitaria de la izquierda
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com 9 Julio 2018

No creo en la igualdad real porque simplemente, como decía Ortega, somos resultado y efecto de nuestras circunstancias particulares, y nacemos desiguales en origen. Lo que sí es deseable es la igualdad de oportunidades que tiene su punto de salida en el mérito y en la capacidad, en definitiva en el esfuerzo. Es a través del esfuerzo y en la motivación por lograr definir nuestra ruta vital, es decir nuestros objetivos mediatos, como personas capaces de perfeccionarse de forma permanente, como definimos nuestra personalidad y nuestra autoestima como motor de la misma. La motivación de logro es el catalizador de la identidad de los educandos, y ésta es el pilar para conformar una personalidad bien construida, estable y sólida.

El logro de la igualdad entre los ciudadanos a través de la educación o tiene su base en el trabajo por conseguir objetivos bien definidos a través de la constancia, de la motivación, del logro, del esfuerzo y del hábito de trabajo bien consolidado, o es una falacia revestida de eslogan fácil para engañar a mentes simplonas. Y esto es la antítesis de la actual legislación procedente del diseño socialista del café para todos que es mediocridad universal para el conjunto de la población escolar, pues la igualdad no existe en el proceso educativo, ya que cada cual tiene su ritmo, sus condiciones personales de desarrollo y sus necesidades individuales. Lo que hay que posibilitar es las condiciones para que toda persona tenga igualdad de oportunidades para progresar, reduciendo al máximo los hándicap procedentes de las condiciones sociales o culturales de partida.

Un alumno que está acostumbrado a trabajar en su desarrollo de aprendizaje con constancia, con hábito, con interés por conseguir logros evaluables, es capaz de superar dificultades, afianzar su personalidad, consolidar su autoestima y tener una identidad personal fuerte. Por eso es demencial que se haya renunciado al esfuerzo, que no se premie el logro de objetivos y egresos de aprendizaje y que se pongan al mismo nivel a quienes están instalados en la laxitud y en la vida fácil, en su burbuja de algodón, a la hora de promocionar de curso o verse reconocidos en ese esfuerzo personal, que quienes luchan por su crecimiento personal.

La izquierda en este país estimula la desigualdad máxima. La mayor de la historia de la educación, al dividir la educación en diecisiete sistemas desconexionados e independientes. Si a eso le añadimos la dictadura lingüística que segrega a los alumnos cuya lengua materna es la común a todos los españoles, determinamos un factor de fracaso que está demostrado en las diferentes evaluaciones PISA. Y coincide esta realidad con estratos sociales desfavorecidos, que finalmente se ven en desigualdad de oportunidades a la hora de lograr una capacitación académica o profesional con respecto a aquellos alumnos cuya lengua materna es la autonómica, que, casualmente coincide con las élites burguesas que ponen así una criba que beneficia de forma subrepticia a sus hijos. Por otra parte, aquellos líderes políticos, como Montilla en su tiempo, que abogan desde una supuesta reivindicación igualatoria por la inmersión lingüística, contraviniendo las recomendaciones de la UNESCO de educar con respeto a la lengua materna, llevan a sus hijos a centros de élite, dejando a los demás en condiciones de fracaso, no pueden hablarnos de igualitarismo.

Convivencia Cívica Catalana tiene en su página web varios estudios que demuestran que los alumnos inmigrantes y los que tienen como la lengua materna el español son los más perjudicados en este sistema de inmersión. Pero lo mismo ocurre en el País Vasco, cuyas autoridades educativas reconocen el fracaso de la inmersión tanto en el uso de la lengua obligatoria como en los resultados escolares, o en el mismo logro de la competencia de comunicación verbal. Y sin embargo, con la inefable ayuda permanente de la izquierda, sobre todo de los socialistas, siguen sin poner remedio al entuerto.

Por tanto, cuando el Partido Socialista hable de igualdad a través de la educación debemos objetar que nos tratan de engañar, pues el resultado es diametralmente opuesto a ese deseo farisaico e hipócrita, que ya solamente es capaz de llevar a equívoco a gentes abducidas por el comecocos de la izquierda que es puro lavado de cerebro.

De compras en el súper hispanófobo de EEUU: ¿Prohibido hablar y comer en español?
Donuts gratis a quien denuncie a hispanohablantes, reprimendas en público, amenazas policiales... El asedio al castellano aumenta en paralelo al discurso antiinmigratorio.
José Gallego Espina. San Diego. El Espanol 9 Julio 2018

Entrar en una cafetería, un supermercado o un negocio de una gran ciudad de los EEUU y oír hablar en español en la cocina, entre los camareros o el personal de limpieza es algo de lo más normal. O lo era, hasta hace poco. Este país, sin lengua oficial en su Constitución, había asumido una suerte de bilingüismo oficioso que, en mayor o menor grado, era tolerado y hasta visto con simpatía por los sectores más progresistas. Sin embargo, algo está cambiando. A medida que avanza el discurso antiinmigración de la Casa Blanca, se extiende en paralelo cierto temor a usar el castellano en público que, a tenor de los últimos casos de hispanofobia, podría estar justificado.

El episodio más sonado ocurrió en Nueva York en mayo, cuando el abogado Aaron Schlossberg se puso a insultar a unos trabajadores por conversar en castellano. “Deberían hablar inglés. Esto es EEUU”, gritó mientras amenazaba con llamar a la policía migratoria. Aquello se saldó con las disculpas públicas del protagonista y el reproche social mayoritario. No obstante, aquel mismo mes, en la ciudad fronteriza de San Diego, California (el estado con más población latina de EEUU), volvía a darse un ejemplo de asedio a los hispanohablantes.

Una marca de supermercados era demandada por prohibir a sus empleados comunicarse en castellano entre ellos o con los clientes durante su turno laboral e incluso en sus descansos para almorzar. La cadena se llama Albertsons, y quien la ha llevado ante un tribunal federal es la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los EEUU, un organismo federal que entiende que prohibir a los trabajadores expresarse en otra lengua que no sea el inglés es ilegal y genera un ambiente laboral hostil por razones de raza o país de origen.

La denuncia afecta a toda la empresa, una de las más grandes del país, con 280.000 empleados en 35 estados. No obstante, se centra en unos hechos ocurridos en un comercio de Lake Murray Boulevard, en San Diego, donde un supervisor ordenó a sus trabajadores hispanohablantes que “no podían usar el español en ninguna parte del local, independientemente de si estaban de descanso”, ni tampoco hablarlo con clientes castellanoparlantes, según a la demanda.

Un mes después de presentarse el caso ante el juez, EL ESPAÑOL ha visitado esta tienda para conocer in situ su situación actual. Lo primero que llama la atención en el supermercado es su ubicación. Está situado en un barrio residencial, de mayoría blanca, alejado del centro de la ciudad. En su entrada, observamos que hay sólo una señal en español, un pequeño aviso, oculto tras unas cajas de melones, que indica que “se permiten animales de servicio, no mascotas”. Es el único rastro de castellano. No hay nada más traducido, ni siquiera la advertencia de que están prohibidas las botellas de alcohol abiertas en la zona.

Una vez dentro, un mar de banderitas estadounidenses dan la bienvenida al cliente, como suele pasar en cualquier establecimiento en estas fechas próximas al 4 de julio. De nuevo, todas las señales en inglés, al igual que los folletos. Esto puede parecer normal al estar en EEUU, pero no es habitual, al menos en las grandes ciudades, donde incluso las cajas de autoservicio suelen incluir una versión en castellano.

Buscamos algún trabajador latino que atienda en alguno de los mostradores de venta de comidas elaboradas, pero todos los que se relacionan con el público, al menos hoy, son anglosajones. Tenemos que irnos hasta uno de los pasillos para encontrarnos con Ali, una reponedora a la que decidimos preguntar si habla español. Ella asiente y procedemos a preguntarle si tienen ensaladilla rusa.

Ahora hablan castellan
La chica parece extrañada, pero no por el uso del castellano, sino por el producto que buscamos. “¿Ensalada de papas, con mayonesa”. Tras confirmar que nos referimos a una “potato salad” americana, nos conduce por todo el establecimiento hablando en español sin disimulo y con toda amabilidad. “Te acompaño y te enseño, no te preocupes, si a mí me pagan para eso”, añade. Cuando le agradecemos que hable español con nosotros, nos contesta que “claro, sin problemas”.

Ya tenemos la versión estadounidense de la ensaladilla rusa. Se despide, no sin antes preguntar a una compañera no hispana -ahora en perfecto inglés- si hay envases de tamaño más grande. Nos traduce en español que sólo tienen “macaroni salad”. Todo normal.

La mayoría de la clientela son vecinos del barrio, personas mayores de aspecto anglosajón, que no parecen inmutarse al escuchar el español. Es decir, el bilingüismo ha vuelto a estar permitido en este Albertsons, aparentemente. Nos dirigimos a pagar y nos atiende una cajera. Tras comentarle que no hablamos inglés, añade “no problem” con una sonrisa. No vuelve a abrir la boca y nos cobra.

No hay nadie en el mostrador de atención al cliente, así que probamos a llamar por teléfono al número de ayuda del supermercado. En EEUU, en general, este tipo de líneas en grandes empresas suele tener la opción “para español, marque 2”. No es el caso. Posiblemente porque estamos contactando con la oficina de una tienda en concreto. Queremos conocer sus horarios y preguntamos si podemos hablar con alguien en español. Nos ponen en espera durante dos minutos y, de nuevo, nos vuelven a atender en inglés.

Luego telefoneamos a la línea general de servicio al consumidor de la cadena. Tampoco tienen opción del español, pero si pedimos ser atendidos en castellano, nos transfieren a Roberto, un teleoperador que lo habla. Él nos asegura que en cada establecimiento siempre hay al menos una persona que sabe español, en caso de que necesitemos ayuda.

Por comparar nos trasladamos a un ALDI, cadena europea que está introduciéndose en este país en los últimos años. Lo primero que encontramos son folletos en varias lenguas, entre ellas español, que por otra parte es el idioma que más se escucha en el interior, y no sólo por parte de los trabajadores. Ya sea por los bajos precios o por la variedad de productos -muchos de cocina mexicana-, parece que los hispanos son uno de los clientes objetivo de la marca europea.

Tras la experiencia, podemos concluir que quizá los Albertsons no son los supermercados más ‘spanish friendly’ del país, pero hoy por hoy sus trabajadores pueden atender en castellano.

Quizá el detonante de este aparente cambio en su política lingüística fuera la citada demanda, aún por resolverse.

“Señalar a un idioma en particular para censurarlo es a menudo sinónimo de apuntar a un origen nacional particular, que es tan ilegal como altamente destructivo para la moral y la productividad en el lugar de trabajo”, sostiene Anna Park, abogada de la oficina del distrito de la Comisión de Igualdad de Oportunidades que cubre el condado de San Diego, en un comunicado de prensa. “Los empleadores deben conocer las consecuencias de ciertas políticas de lenguaje”, añade.

Desde la compañía, no entran en los hechos denunciados. “Si bien no podemos comentar sobre un litigio específico que está aún pendiente de resolverse, Albertsons no exige que sus empleados sólo hablen inglés”, manifestó una portavoz de la tienda en otro comunicado. “Albertsons atiende a una población diversa de clientes y alienta a los empleados con habilidades en idiomas extranjeros a usar esas habilidades para atender a sus clientes”.

Prohibido descansar en español
No es lo que sostiene la la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo de EEUU, que afirma en la demanda que desde 2012 Albertsons desarrolló una política no escrita de “sólo inglés”, o más concretamente, “una política de no español”. “En un video de formación de personal, se instruyó a los gerentes y trabajadores para que los empleados no hablaran español mientras hubiera una persona que no hablara español”.

La cosa habría ido a más y el superior de la tienda de Lake Murray Boulevard, en San Diego, extendió esta prohibición a todo el local y a toda la jornada, incluida la hora del ‘lunch’. Además, los operarios hispanos fueron amenazados con medidas disciplinarias y se les llamó la atención en público, al menos en dos ocasiones, algo que no ocurrió con los trabajadores no hispanos.

Algunos empleados se quejaron al sindicato, pero el representante que investigó la queja les respondió que "necesitaban hablar inglés porque vivían en EEUU".

No siempre es ilegal
No es que de por sí las políticas empresariales de “sólo inglés” sean ilegales, si bien, precisan de una justificación adecuada por parte de la empresa, como razones de seguridad. Pero llevar esa regla a los descansos del personal puede ser demasiado, a juicio de la organización federal.

Algunos de los hechos de esta demanda se remontan a 2012 y 2013, mucho antes de que Trump ni siquiera se asomase por Washington. Sin embargo, no se puede negar que en los últimos meses los casos de hispanofobia han saltado a las primeras páginas, al tiempo que aumenta la presión sobre la inmigración al país.

Otro ejemplo escandaloso. Hace unos días Dunkin Donuts se vio envuelta en una polémica similar. En una de sus cafeterías de la multinacional en Baltimore, Maryland, un cartel prometía un café y un donut gratis a aquellos clientes que llamaran a un número de teléfono para denunciar si escuchaban hablar a los trabajadores otro idioma que no fuera el inglés.

Mientras estos casos se repiten, el Instituto Cervantes echaba esta semana las campanas al vuelo, alardeando de la imparable expansión del español, que ya hablan 577 millones de personas en el mundo, una cifra que se espera que siga aumentando en parte gracias al empuje de EEUU. Aquí residen 57 millones de hispanos, de los que tres cuartas partes -unos 42 millones- hablan castellano en casa, según los datos del Centro de Investigación Pew. Sin embargo, si en algún momento el castellano soñó con ponerse al nivel del inglés en este país, poco a poco se va demostrando que lo va a tener muy difícil.

Las segundas generaciones de hispanos apenas lo hablan, ya que el idioma en el que se relacionan en la escuela, con los amigos o ven la televisión es el inglés. Además, aunque el castellano sea la lengua extranjera más estudiada en el país, eso no garantiza hablantes. Y a esto se suma que socialmente la propia administración empieza a lanzar mensajes contrarios al bilingüismo.

La lengua de Cervantes libra ahora la batalla por su permanencia en EEUU en los bares, supermercados y restaurantes norteamericanos. En los despachos, ya la perdió con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Lo primero que hizo fue eliminar el castellano de su web oficial. Una decisión que fue criticada pensando en la población inmigrante, pero que iba más allá. No hay que olvidar que el español es el idioma oficial en un territorio estadounidense, Puerto Rico, donde no todos dominan el inglés. El futuro del castellano es, por ahora, incierto.

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Diálogo o comedia
Ignacio Camacho ABC 9 Julio 2018

La izquierda sólo tiene un rival a su altura en la creación de marcos de propaganda, y son los nacionalistas, expertos en inventar y divulgar mitos políticos con un altísimo índice de eficacia. Juntos forman un tándem imbatible, una auténtica máquina publicitaria capaz de vender la cita Pedro Sánchez con Torra como un acontecimiento de excepcional relevancia. Durante dos semanas, ambas partes han convertido los mantras de la distensión, el «diálogo sin cortapisas» y parecidas matracas en expectativas de novelería falsa: Mas y Puigdemont ya plantearon a Rajoy sus demandas de autodeterminación y se fueron sin nada, como sin nada se irá Torra mañana por la simple razón de que ese presunto derecho no está reconocido en España.

A los dos les conviene, sin embargo, esta comedia de mutuo acercamiento. Al presidente del Gobierno, porque necesita perfilarse como un hombre de talante abierto, capaz de hablar con el mismísimo «Le Pen» para explorar vías de acuerdo. Al de la Generalitat, porque antes de volver a echarse al monte, si se da el caso, tiene que declarar agotada cualquier vía de encuentro y dejar claro que sólo el Estado es responsable de los problemas de su oprimido pueblo. Tanto el uno como el otro pretenden cargarse de razones para sus futuros movimientos, sin descartar que puedan encontrar un recorrido común con ciertos puntos de consenso. Si la charla sale bien en ese aspecto, el Gabinete contará con oxígeno para sobrevivir un tiempo. En cualquier caso, del contenido real de la conversación no nos enteraremos. Esa reunión será un juego entre trileros.

Sánchez entiende que no tiene nada que perder en su diálogo con el separatismo. Contra quienes creen que está dispuesto a abrir el modelo constitucional, ése no es -todavía- su objetivo. Solo piensa en clave electoral y no hará nada que pueda perjudicarle en ese sentido. Su plan es el de mostrarse receptivo para diferenciarse de Rajoy y aflojar los recelos del soberanismo, pero conoce los límites de esa estrategia ante las urnas y difícilmente se arriesgará a recibir un castigo. Quizá pretenda que sea la intransigencia nacionalista la que favorezca su designio; que nadie se extrañe si de repente, ante un nuevo desvarío del bloque de independencia, invoca otra aplicación del Artículo 155. Una maniobra mefistofélica que pondría en severos aprietos al PP, al que obligaría a poner la mayoría en el Senado a su propio servicio.

Con los comicios en la cabeza, Sánchez puede hacer cualquier cosa… y su contraria. No ha tomado el poder para gobernar sino para convocar elecciones y ganarlas. Las decisiones del Consejo de Ministros son su programa y el CIS, a cuyo mando ha puesto a un hombre de confianza, el cuaderno de bitácora. Esta legislatura se acabará en el momento en que considere que puede usar, en un sentido o en otro pero siempre en su beneficio, la cuestión catalana.

El franquismo y Cataluña
José García Domínguez  Libertad Digital 9 Julio 2018

Leo en la Prensa del Movimiento, en concreto en el diario Ara, mantenido como es fama por la familia propietaria de Gallina Blanca, que el carcelero Torra desea que su primera entrevista con el presidente del Gobierno gire en torno a una cuestión de la máxima actualidad: la memoria de la dictadura del general Franco en Cataluña. Una agenda prioritaria, esa del carcelero Torra, que tal vez sirva para que el joven Pedro Sánchez sea informado de primera mano por su invitado de los muchos servicios que el bando llamado "nacional" obtuvo merced al rendido colaboracionismo entusiasta de los catalanistas de la Lliga en la carnicería de 1936-39. Sin ir más lejos, el muy leído Torra podría explicarle a Sánchez que la organización y financiación de la célebre red de espionaje franquista conocida por Sifne (Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España) corrió al exclusivo cargo de su tan admirado Francesc Cambó.

Y lo mismo procedería recordar de la emisora de radio clandestina que, en un correctísimo catalán normativo y absolutamente fiel a los dictados de Pompeu Fabra, transmitía a diario las consignas facciosas de los golpistas de Burgos al interior de la Cataluña republicana. Labor de apoyo al Caudillo que los viejos catalanistas de la Lliga compaginaron con la creación de una Oficina de Propaganda de París, organismo de nombre inequívoco en el que prestaron sus valiosísimos servicios al militante modo durante los tres años que duró la guerra los apellidos más ilustres del catalanismo ortodoxo, desde los Bertrán i Musitu, los Estelrrich, los Ventosa i Calvell y los Ribó (sí, el papá del camarada Rafael Ribó) hasta los Vergés, los Pla, los Sentís, los Mateu o los Marés, entre varias docenas más. Por lo demás, el presidente de la Generalitat no debería circunscribir sus enseñanzas a la súbita historia de amor entre los catalanistas de su propia cuerda y el franquismo germinal durante los prolegómenos de la dictadura

Porque aquella historia de amor recíproco duraría algo más de cuarenta años. Al punto de que, muerto y enterrado el general, el cariño mutuo entre los franquistas catalanes de toda la vida y los pujolistas recién estrenados en el poder llevó a que CDC, el partido del que proceden los de Torra, tuviera el honor de integrar en sus listas electorales a casi la mitad de todos los alcaldes de Franco en Cataluña. En concreto, de los 219 alcaldes nombrados por el Régimen que se presentaron a las primeras elecciones democráticas, 95 (el 43,3%) lo hicieron en las candidaturas de CDC, el partido del carcelero Torra. En sus antípodas, la Alianza Popular de Fraga solo fue capaz de captar a diez de ellos (un escaso 4,5%). Pero si el president quiere ir para nota, que le cuente a los postres a su bisoño interlocutor madrileño que ellos, los convergentes, incluso ficharon para sus listas a franquistas fervorosos que ni tan siquiera habían sido cargos públicos en vida de Franco. Como un tal Primitivo Forastero, alcalde de CiU en Camarles y voluntario de la División Azul además de histórico dirigente de la Falange en Tortosa, amén de frustrado aspirante a un escaño en el Senado por Tarragona encabezando la candidatura de los Círculos José Antonio Primo de Rivera. Hay tanto que hablar del franquismo en Cataluña que daría para cien entrevistas presidenciales. O mejor para doscientas.

Diálogo dentro de la Constitución

 La Razon 9 Julio 2018

El encuentro que mantendrán hoy Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, en La Moncloa ha sido presentado por ambas partes como que, por primera vez, se abre una vía de diálogo. Uno tiende la mano sin condiciones y el otro la acepta sin límite para hablar «de todo». Pero conviene antes que nada decir que no es así. Es evidente que Gobierno y Generalitat coinciden en elegir como objetivo a Mariano Rajoy –al que muy burdamente identifican con la «España intolerante»– como responsable de todo lo que ha acontecido en Cataluña antes del 1-O y después.

En primer lugar, Rajoy siempre estuvo dispuesto al diálogo, como así lo confirmaron sus interlocutores. Lo hizo con Artur Mas hasta el final, incluso cuando la Generalitat ya estaba infringiendo la legalidad constitucional: el 30 de julio de 2014 (a punto de firmar el decreto del referéndum del 9-N) o el 12 de febrero de 2017 (ya aprobado en el Parlament el «inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente»). Meses después, Mas confesó en una entrevista en LaSexta que «yo me reuní muchas veces con Rajoy» (20 de octubre de 2017).

En cuanto a Puigdemont, también se sucedieron las reuniones, incluso para hablar «de todo»: «Le he traído el compromiso de convertir a Cataluña en un país independiente» (20 de abril de 2016). Como es lógico, Rajoy se negó a reunirse con Puigdemont fuera de España, como proponía el presidente del la Generalitat ya huido a Bélgica (22 de diciembre del 2017). Por lo tanto, diálogo institucional ha habido, aunque lo que el entonces presidente del Gobierno nunca aceptó es negociar la soberanía nacional.

Sánchez debería, por lo tanto, tenerlo en cuenta por pura lealtad y sentido de Estado y no situar al PP como el enemigo sino precisamente como aliado, tal y como fueron en la aplicación del 155. En el documento que Torra presentará hoy en La Moncloa no hay el menor gesto de rectificación e insiste exactamente en lo mismo que desencadenó el desastre del «proceso»: derecho de autodeterminación; actuación del Rey en su discurso del 3 de octubre defendiendo el orden constitucional; existencia de «presos políticos y exiliados»; lo que denominan «regresión democrática»; incluso un apartado sobre la presencia «política y civil» del franquismo –un punto que desenfoca aún más la visión que el independentismo vende de la sociedad española, muy al gusto del emisario Pablo Iglesias y de la izquierda radical cultivada por el nacionalismo–.

Es evidente que con este memorandum será difícil que se reconduzca la situación hacia la legalidad y la distensión social en un momento de verdadero acoso por parte del mundo independentista. Hay fundadas dudas de que Torra-Puigdemont hagan un llamamiento a la desmovilización que evite el otoño caliente que preparan con vistas a los preliminares del juicio contra los líderes del golpe secesionista: la ANC ya ha anunciado la Diada del 11-S bajo el lema «Hagamos la república catalana». No renuncia a la toma de la calle. Lo único que realmente ha cambiado ante la reunión de mañana en La Moncloa es que saltarse las leyes tiene consecuencias y que el Estado de Derecho actúa y que persistir en la ilegalidad comportará la actuación de los tribunales. Por supuesto que ha habido un cambio de Gobierno, pero ¿de qué quieren a hablar el PSOE y el PSC de Miquel Iceta? Rajoy dijo estar dispuesto a hablar del documento de 46 puntos que le presentó Puigdemont en abril de 2016, pero menos de uno: acordar un referéndum de independencia. Si el Gobierno, siguiendo las directrices marcadas por los socialistas catalanes, quieren revisar, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto referente a la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña al margen del Consejo del Poder Judicial, deberían decirlo cuanto antes.

No hay nada que negociar fuera del Estado de derecho
EDITORIAL El Mundo 9 Julio 2018

Pedro Sánchez tiene hoy la oportunidad de desmentir a quienes afirman que su encuentro con Torra es el primer pago de la factura que tiene pendiente con los nacionalistas catalanes por su apoyo a la moción de censura que le llevó al poder. Para la mayoría de los españoles es difícil de entender por qué el presidente del Gobierno se reúne con un dirigente que ha demostrado querer mantenerse al margen de la ley. Algo sobre lo que no cabe ninguna duda, ya que Torra ha manifestado en varias ocasiones su intención de ratificar la declaración de independencia de su mentor, Carles Puigdemont, y de exigir al Gobierno dos reivindicaciones ante las que éste no puede responder: la liberación de los presos golpistas y la celebración de un nuevo referéndum por la independencia. Es preocupante, en este sentido, la celeridad con la que el ministerio de Interior autorizó el traslado de los procesados por el juez Llarena a cárceles de Cataluña. Mucho más, cuando la Generalitat tiene cedidas algunas competencias penitenciarias que podría utilizar para otorgar beneficios a los golpistas.

Tiene razón Inés Arrimadas al afirmar en nuestras páginas la paradoja que supone que los "acusados de rebelión vayan a estar custodiados por los mismos que dieron el golpe de Estado". Se trata sin duda de una medida ajustada a la legalidad penitenciaria, pero que encierra un alto grado de intencionalidad política. De hecho, los nacionalistas lo presentan ya como la primera victoria frente a un Gobierno débil que necesita de sus votos para mantener la estabilidad parlamentaria. Sánchez debe reflexionar sobre la irresponsabilidad que supone blanquear y reforzar la imagen de alguien cuyo único objetivo político consiste en dinamitar la Constitución y la convivencia pacífica de todos los españoles. Por eso, la primera línea roja que debería marcar hoy el presidente del Gobierno a Torra es la del Estado de derecho. Fuera de él, no existe negociación posible.

Es una buena señal que el Gobierno haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión del Parlament de reafirmarse en la declaración fundacional del proceso independentista, siguiendo la estrategia judicial del Ejecutivo de Rajoy. Pero sería incoherente destejer con la política lo que el Poder Judicial intenta tejer a través de la ley. Como recuerda Arrimadas en la entrevista que publicamos hoy, más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña se sienten desamparados por un Gobierno que parece plegarse a las actitudes excluyentes de los independentistas. Sánchez representa también a los catalanes que no votaron a partidos nacionalistas. Y tiene la obligación de gobernar para ellos. Debe, por tanto, no hacer más gestos temerarios a los separatistas y dejar claro que no le debe nada a un político racista y supremacista como Torra.

El 'prusés' vasco
Carlos MármolCronica Global 9 Julio 2018

No hay como tomar dos tazas de algo para apreciar su sabor. Ocurre con la sopa, el ajoblanco, el consomé --ese entrante que tanto gustaba a nuestros abuelos-- y con los nacionalismos de las Españas, que ya no se conforman con condicionar la política doméstica, sino que aspiran a exportar la desazón identitaria. Esta última semana se ha oficializado el próximo desafío al Estado que el infatigable aldeanismo de parroquia tiene previsto consumar durante los próximos dos años. Ocurrió en Vitoria, sede de la autonomía vasca, donde la mayoría formada por el PNV y Bildu, siguiendo al pie de la letra el modelo transversal del soberanismo catalán, ha iniciado el camino que, según la retórica de los sacerdotes de la patria, debe conducir a Euskadi desde el autonomismo a la independencia. Agárrense, que vienen curvas.

Los nacionalistas vascos, que dejaron caer a Rajoy sin perder ni un euro del privilegiado concierto económico?, y que han jugado un inquietante papel de mediación en la algarada de Puigdemont y Cía, se unen al carro contra la democracia española. Fieles a su nuevo estilo, lo hacen con otra actitud: de momento no piensan saltarse la ley; les basta y sobra con fabricar una a la medida de sus deseos para que Madrid termine validando una buena parte de sus demandas, que básicamente consisten en seguir birlándonos la cartera a todos. Los peneuvistas y los batasunos, cuyas relaciones históricas han sido la de dos hermanos gemelos, van a aprobar en breve un Estatuto de corte soberanista que definirá a Euskadi como una nación, impondrá a su sociedad un derecho de autodeterminación que sólo van a disfrutar sus promotores y ensayará una suerte de Primero de Octubre vasco, pero sin asumir los riesgos de los padres intelectuales del prusés catalán.

No hay que extrañarse: tras el golpe de Estado en Cataluña sólo hacía falta sentarse a esperar a que los patriotas de Gernika proclamaran su ADN diferencial y se incorporaran al coro de quienes pretenden quebrar el modelo de Estado sin que los españoles tengamos ni voz ni voto en esta vaina. Verdaderamente, nuestras tribus son un encanto. ¿Qué es lo que piden los nacionalistas vascos? Básicamente una independencia figurada --la efectiva vendría sola-- que desliga la ciudadanía de la nacionalidad y, aprovechando la cabriola, se queda con las cotizaciones sociales y empresariales de lo que llaman su territorio, siendo el de todos.

Por supuesto, igual que los cerebros del prusés, desean vestir el muñeco de su utopía con una consulta popular --donde sólo votarán quienes ellos quieran-- e internacionalizar su causa con representación propia, al margen de España, en las instituciones europeas para que no se produzcan fugas de empresas ni incertidumbres financieras. Los nacionalistas vascos son nacionalistas, pero no estúpidos, cosa que no puede decirse con seguridad de los héroes del prusés. Euskadi acomete la vía soberanista aprovechando la fragilidad del Gobierno socialista --sin mayoría en el Congreso y en minoría en el Senado-- y con el señuelo de la confederación, una réplica de la célebre Comunidad de Estados Independientes (CEI) que se inventó Yeltsin entre la debacle de la Unión Soviética y el resurgimiento de la Gran Rusia.

Que Euskadi es una cultura con identidad no lo discute nadie, aunque su supuesto carácter diferencial sea bastante más difuso: resucitar la lengua de los caseríos no ha impedido que los vascos sean igual de vulgares que el resto de los españoles. Lo que resulta asombroso es que, desde instituciones financiadas con el dinero de los impuestos de todos, se postule, a sabiendas de su inconstitucionalidad, la preeminencia de la “voluntad colectiva de Euskadi” sin considerar sus efectos sobre la libertad de los españoles. El programa soberanista de PNV y Bildu es una réplica del Plan Ibarretxe, pero sin ETA. No es precisamente un panorama estimulante, aunque los nacionalistas disfracen sus pretensiones --que son las de siempre-- bajo eufemismos y menos dramaturgia que los indepes catalanes.

¿Cómo hará frente el Gobierno de Sánchez a este segundo ataque de los nacionalistas alterados? Es un absoluto misterio. El PSE, que colabora en Vitoria con Urkullu, de momento se ha distanciado de los planteamientos soberanistas, pero sólo de cara a la galería porque no han roto la cohabitación con el PNV. Dada la facilidad con la que el presidente del Gobierno cede a los nacionalistas, todo indica que el prusés vasco incrementará la inestabilidad política sin que nos hayamos librado del tostón catalanufo.

El cortoplacismo, que es la verdadera pesadilla de nuestra política, explica la anomalía de que un país como España, con problemas sociales básicos sin solucionar, se ocupe a contentar a sus tribus del Norte mientras el resto de la población paga los gastos del circo. Los padres de la Constitución deberían haberlo previsto: si le das capacidad de decisión a un nacionalista lo que haces no es construir la concordia, sino validar el victimismo y malvender la generosidad de toda la sociedad. Seguramente no se trata de nada personal. Sólo es su negocio. Y nuestra ruina colectiva.

Moncloa promete una dura ración de 155 si Torra se pasa
Miguel Alba. vozpopuli  9 Julio 2018

El arte de la política suele tener mucho de juego escenográfico, de gestos en busca de fotos, de circulonquios sin alma, de una cosa y su contraria sin que los actores se ruboricen. En esa variedad de registros y actitudes se mueve Pedro Sánchez con la cuestión catalana. El presidente ha sido capaz de reconocer en una entrevista a La Vanguardia que Cataluña es una nación, algo que desde Madrid tuvo luego que matizar, a acordar sin complejos las medidas del artículo 155 cuando meses antes su partido garantizaba que jamás lo haría. Peligrosa ambivalencia cuando el nuevo inquilino de Moncloa debe repartir caricias y zanahorias a todos aquellos que le auparon a la bancada azul del Congreso. Y en ese saco andan los secesionistas de Esquerra y el PdCat, los burgueses de la antigua Convergencia, tan echados al monte como los descerebrados de la CUP. Los nuevos fontaneros de Moncloa auguran no sólo zanahorias, también palos para Quim Torra, el fugado Carlos Puigdemont y su troupe. “Apoyó a Rajoy con el 155 y no se ha movido un ápice de esa convicción. Volverá a echar mano de ese recurso si fuese necesario”, insisten en Moncloa, como declaración de intenciones. ¿Cuál es la verdadera alma de Sánchez frente a Cataluña? La versión del poli malo de Josep Borrell o el diálogo del poli bueno que está ejerciendo Meritxell Batet. La reunión de este lunes entre Sánchez y Torra en Moncloa no despejará dudas. Si acaso, más bien todo lo contrario.

En lo que respecta al desafío separatista, el Gobierno de Sánchez se parece cada vez menos a la oposición de Pedro Sánchez. No hace tanto que el hoy presidente se retrataba con Rajoy, ofreciendo la foto de la responsabilidad de Estado frente al plan segregador. Aquel Sánchez incluso reclamaba una actualización del delito de rebelión que reconociera que hoy es posible dar un golpe -y tipificarlo como tal- sin recurrir a la violencia de añejos espadones. Aquel Sánchez llamaba racista y supremacista al mismo Torra al que se dispone a recibir en Moncloa, y le comparaba con Le Pen con una precisión fundada en los propios escritos de Torra.

Pero este Pedro Sánchez aupado al poder con los votos -entre otros- de los separatistas es ya otro Pedro Sánchez. Importa poco que su mutación la haya producido la liquidez ideológica, la aparente insinceridad de su compromiso con el 155 o el puro instinto de supervivencia que le obliga a depender, para agotar la legislatura -contra lo que prometió durante la moción-, del voto de quienes le hicieron presidente. Esa misma suma permitió al grupo parlamentario socialista renovar a su gusto el Consejo de RTVE, después de coprotagonizar con Podemos varias jornadas de bochornoso enjuague para hacerse con su control. Los socios de censura del presidente ejercen a diario sobre él un chantaje poco disimulado. Claro que un chantaje solo es eficaz si el chantajeado es lo suficientemente débil como para tener que aceptarlo o bien convocar elecciones. Pero cuando está en juego la integridad de la Nación y la supervivencia del orden constitucional, toda cesión traiciona la historia del PSOE, la postura previa de Sánchez y a los ciudadanos.

La voluntad de Sánchez se resume en una frase pronunciada en el Congreso en respuesta al portavoz del PP, Rafael Hernando: “Han utilizado el País Vasco y Catalunya, pero sin escuchar a Catalunya. Este Gobierno quiere que Cataluña esté en España pero escuchará a Catalunya”. Sánchez está convencido de que hay que atajar el problema con política, pero no acaba de aclarar la receta más allá de que el PSOE se mueve en la máxima de la reforma constitucional. Tal y como señalaba en septiembre de 2017, justo antes del referéndum del 1-O, “nos merecemos abordar una reforma del modelo territorial con seriedad, valentía y audacia”, y aunque garantizaba ya su apoyo al Gobierno en defensa de la legalidad, lamentaba que “no se habla de los costes del no diálogo, que más allá de los económicos son sentimentales y emocionales”.

No hay por tanto margen para que Sánchez acepte el derecho a decidir, ni de Catalunya, ni del País Vasco, pero ve una vía de acción recuperando el Estatut esquilado por el Tribunal Constitucional (TC) al reconocer que fue recortado pese a contener las idénticas medidas que otros, como el andaluz. A su juicio, la raíz del problema radica en el hecho de que el Estatut vigente en Catalunya no fue el que votaron los catalanes por culpa de los recortes que sobre él practicó el TC tras el recurso del PP. Un clavo ardiendo para el mundo secesionista. Elsa Artadi en sus conversaciones con Batet quiere dar la vuelta a ese calcetín. Artadi ha puesto sobre la mesa toda una batería de leyes, preceptos y resoluciones que fueron llevados al Constitucional por el ejecutivo popular. Son veintitrés, nada menos. El Govern catalán exige que se retiren todos esos recursos y parece que así va a procederse. Sánchez se plantea incluso dar instrucciones a la Fiscalía general del Estado para que module también su papel en los procesos contra los políticos presos del secesionismo.

Las dos dirigentes políticas han trabajado a marchas forzadas para que la reunión de los presidentes tenga todo cerrado y a punto, limitándose ésta a estrecharse las manos y ofrecer una foto de buen rollito y talante, eso sí, que no falte el talante. Que los pactos van por buen camino lo ha dejado entrever el propio Torra al decir públicamente que espera una segunda reunión con Sánchez en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, de cara al próximo septiembre.

Así que, de momento, repasemos los pagos que se compromete a hacer Sánchez a los separatistas: retirar los recursos presentados por el gobierno del PP, mando en plaza en RTVE, vía libre para que los organismos de la Generalitat otorguen diferentes grados de libertad provisional a los encarcelados, un pre acuerdo de financiación con una provisión de fondos que está aún por concretar, compromiso firme por parte del gobierno de España de no interferir en la escuela catalana y en los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat, mordaza al servicio exterior diplomático para que lo de Morenés no vuelva a repetirse, trato de socio preferente en materia de legislación parlamentaria especialmente en materia de infraestructuras, garantías de que el PSC va a colaborar en todo lo que el Govern le pida y, finalmente pero no por ello menos importante, barra libre para la adquisición de armas de guerra destinadas a los Mossos.

En el lado del debe hacia el mundo separatista, Sánchez apuntó esa versión del Sánchez del 155 al trasladar el pasado viernes al Constitucional una moción aprobada por el Parlament, presentado originalmente por la CUP, que abre la vía para retomar la vía unilateral hacia la independencia. El Gobierno puso en marcha de inmediato el mecanismo de impugnación ante el Tribunal Constitucional que empieza por pedir un dictamen al Consejo de Estado, aunque no sea vinculante. Estos son los mismos pasos que dio el año pasado el Gobierno de Mariano Rajoy por una moción de la misma naturaleza que consideraba válido el referéndum ilegal del 1 de octubre para iniciar el camino hacia la secesión. La Generalitat lamentó el recurso de Gobierno, pero evitó la salida de tono en la crítica, con la intención de no enrarecer el encuentro en La Moncloa de este lunes.

La razón es sencilla. Torra está ganando este primer round ante un Sánchez dispuesto a todo. A ambos les interesa que las negociaciones lleguen a buen puerto. En especial para Sánchez. Podría presentarse ante la opinión pública como el político que pacificó Cataluña. Hasta a Torra le viene bien ese juego. Da un poco de miedo, para qué negarlo, salvo que los fontaneros de Moncloa no hayan jugado al despiste.

@miguelalbacar

Cortapisa y la relevancia del lenguaje
Fernando González Urbaneja Republica 9 Julio 2018

La liturgia del “proces” es tan importante como el mismo proceso; que parece estar dirigido por un director de escena que elige escenarios, guiones, personajes… y, sobre todo, palabras y lemas. Rajoy, nada sutil, y el PP, poco imaginativo, no entendieron las dimensiones litúrgicas de las relaciones con los nacionalistas, no percibieron lo que significó el pacto del Tinell que, en el lejano diciembre de 2003, los socialistas catalanes, ERC y la IcV (heredera del PSUC) firmaron para cerrar el paso al hegemónico Partido Popular de José María Aznar y, de paso, frenar la arrogancia de CiU que gobernaba Cataluña desde 1980.

Fruto de aquel pacto excluyente que superaba el consenso constitucional, llegó el tripartito catalán encabezado por Maragall y Montilla durante siete años y la aventura de la reforma del Estatuto Catalán que está en la raíz y esencia del “proces” desde la sentencia del Constitucional el año 2010. Convergencia, en aquel momento, no había dado el paso hacia el soberanismo independentista, para eso le faltaban algunos estímulos internos y externos, entre ellos la indiferencia e inconsciencia de Rajoy.

Rajoy sabía poco del repertorio de personajes y posiciones en Cataluña, de su dramatis personae. Tampoco lo aprendió después. Por ejemplo, el presidente dedicó muy pocos minutos a estudiar la personalidad de Artur Mas y a preparar su famosa reunión en la Moncloa del 20 de septiembre de 2012 en la que el catalán planteó un “Pacto Fiscal” que Rajoy rechazó sin pestañear y sin meditar las consecuencias.

Mas, que nunca ha entendido eso que llaman Madrid, salió de la Moncloa con la convicción de que con esta gente de Madrid no hay manera de entenderse y que su futuro político estaba en manos del catalanismo y nada más. Así que se hizo “indepe” porque no vio alternativa.

Hoy visita La Moncloa otro presidente, que no es Artur Mas, para hablar con otro presidente, que no es Rajoy. Imaginar que de esa reunión van a salir alternativas y entendimiento, es ir demasiado lejos, pero ambos (especialmente Sánchez) aparentan que han calculado la reunión para no dar un portazo y, al menos, comprometer otro encuentro y darse tiempo para hablar, para revisar sus límites, para fijar otro perímetro. En resumen para desescalar el “proces”, para deshinchar. Los dos tienen debilidades manifiestas y enormes distancias ideológicas y estratégicas. Probablemente el caso catalán no tiene arreglo posible, ni siquiera la conllevanza orteguiana, pero tampoco tiene salida; ni independencia ni convivencia. Los catalanes tendrán que entenderse entre ellos como tarea principal, sobre todo si el enemigo externo (España y los españoles) desvanecen su antagonismo. ¿Cuál es el precio posible, tolerable para ambas partes, para que la fase de enfriamiento avance lentamente y produzca algún resultado? Seguramente no lo sabe nadie, se hará el camino…caminando, sin descartar otras confrontaciones como las que hoy quieren poner un punto y aparte.

Cataluña se orienta hacia una decadencia silente, a medio plazo, entre otras razones porque su proyecto está fuera del tiempo. Y el resto de España tendrá que esmerarse para consolidar lo que ha mejorado durante estos últimos cuarenta años. Si España va bien, el problema catalán irá a menos, aunque sea lentamente.

Esta reunión, aparentemente ordinaria, ritual tras la llegada de un presidente a la Moncloa, ha necesitado de la magia de las palabras; que la vicepresidenta Carmen Calvo dijera en sede parlamentaria “sin cortapisas”, que es como decir “sin limitaciones” (sin sinónimos) pero sin decirlo; cuestión de palabras, de liturgia; pudiera ser una buena señal.

Lluís Prenafeta: la condena de los fundamentos del pujolismo (2)
Carlos Jiménez Villarejo Cronica Global 9 Julio 2018

Como he descrito en el anterior artículo, los históricos dirigentes del pujolismo, en el caso denominado Pretoria, crearon una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a operaciones urbanísticas a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones, que procedían ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros.

Lluís Prenafeta, secretario de la Presidencia del Gobierno de Jordi Pujol desde 1980 a 1990, fue uno de los pilares del proceso ideológico y político que condujo a la actual ruptura del nacionalismo catalán, derechista e insolidario, que está soportando Cataluña. Prenafeta ya había acreditado su vinculación con el sistema capitalista cuando el 5 de junio de 1989, siendo aún consejero de Pujol, se incorporó al consejo de administración de Iberia de Seguros en representación de la sociedad Vilassar Internacional, que había presidido Manuel Prado y Colón de Carvajal, sociedad vinculada a su primo Isidor Prenafeta. Esta decisión determinó que la Fiscalía de Cataluña abriera una investigación penal contra Lluís Prenafeta que no pudo concluirse por haberla impedido el entonces Fiscal General del Estado. Su sesgo nacionalista quedó reflejado en la creación del diario El Observador --un absoluto fracaso-- y de la Fundació Catalunya Oberta. Resulta significativo que otro conocido pujolista de amplio historial delictivo, Javier de la Rosa?, financiara a dicho diario con 1.000 millones de pesetas procedentes de Grand Tibidabo, lo que no impidió su cierre en 1993.

Desde estos antecedentes, no es extraño que posteriormente emprendiera actividades económicas, esta vez de un nítido carácter delictivo.

Ya dijimos en el escrito anterior que tanto Alavedra como Prenafeta “reconocieron íntegramente”, dice la sentencia, los hechos que se le atribuían por la acusación pública, una de las razones por las que se les rebajó la pena solicitada por la Fiscalía. Ambos reconocieron, entonces, la “estrecha relación personal” que mantenían con Jordi Pujol y Artur Mas.
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Prenafeta y Alavedra, “sabedores de la facilidad con que se movía Luis Andrés García en los municipios ya referidos y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos ce Cataluña, se concertaron con el anterior, percibiendo ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron obtener cuantiosos beneficios derivados de operaciones inmobiliarias especulativas realizadas en (el) municipio a costa y en perjuicio del interés público”. Actividades que Prenafeta desarrollaba por mediación de la sociedad Poliafrers S.A.

La actividad de ocultación y afloramiento de las ganancias procedentes de los delitos de tráfico de influencias, Prenafeta las llevó a cabo del siguiente modo, lo que determinó la comisión y posterior condena por el delito de tráfico de influencias. Ocultó fondos, que, entre 2000 y 2007, se elevaron al menos a 14.984.865 euros, de los cuales 452.290,08 procedían de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas y de otras actuaciones de intermediación prestadas a diversas multinacionales a través de empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas; beneficios que fueron ocultados a la Hacienda Pública eludiendo, como era obvio, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Delitos, estos últimos, por los que no fueron condenados por haber regularizado sus deudas fiscales o por prescripción de los mismos, pese a su elevada cuantía. Es una muestra de las debilidades del sistema penal ante la delincuencia de los poderosos.

Para mantener la opacidad y encubrir la titularidad de los fondos, Prenafeta contó con la “indispensable colaboración de su esposa, Maria Lluïsa Mas Crusells”, creando sociedades instrumentales en territorios off shore, en las que, a su vez, figuraban como socios otras sociedades fiduciarias domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Seychelles y en Madeira. Para dificultar el seguimiento de sus operaciones, Prenafeta utilizó numerosas cuentas en entidades bancarias domiciliadas en el extranjero, que funcionaron como “cuentas puentes” para los movimientos de sus fondos en efectivo. Fondos, los dispuesto en efectivo, que se elevaban a 7.072.792,55 euros, y mediante transferencias, a 7.029.999,23 euros.

Esta fue, resumidamente, la intensa actividad delictiva, generadora de cuantiosos beneficios económicos, de los primeros dirigentes políticos del nacionalismo catalanista. Los actuales dirigentes y seguidores del independentismo están obligados, sin demora, a conocer y divulgar esta sentencia para que, unos y otros, sepan que sus orígenes se caracterizaron por la total ausencia de ética pública y la utilización del poder político para su enriquecimiento, sacrificando los derechos y necesidades de los ciudadanos. Y, todo ello, cuando aún están pendientes las decisiones penales definitivas sobre la familia Pujol y sobre el 3%.

Ante estos tan enormes como ilícitos beneficios, tenemos razones para dudar sobre cuál es el auténtico origen de los fondos que el movimiento independentista, en horas, dispone para satisfacer de forma tan inmediata las exigencias de fianzas penales y civiles del principal proceso penal contra sus presuntos responsables penales.

Deuda de Cataluña
Cuatro años después Cataluña vuelve a La Moncloa: hoy debe 32.700 millones más que en 2014
María Vega okdiario 9 Julio 2018

El PIB catalán es un 8,8% superior al de 2014, pero pierde fuelle frente a Madrid

El 30 de julio de 2014, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, acudió a La Moncloa con un listado de 23 reivindicaciones en materia económica y financiera para el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Aquel fue el último encuentro oficial entre la Generalitat y el Ejecutivo central. Una ruptura a la que sus sucesores, Pedro Sánchez y Quim Torra, quieren poner fin con su reunión de este lunes.

Cataluña retoma las negociaciones con el Ejecutivo central cuatro años después con una deuda contraída con el Estado 32.723 millones de euros superior a la que tenía a diciembre de 2013, último dato de cierre de ejercicio disponible antes de la visita de Mas a Madrid.

Con una nota de las agencias de rating de bono basura, pese a la falta de diálogo, la Generalitat ha podido seguir haciendo frente a sus pagos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La deuda total de Cataluña con la Administración central, que Sánchez y Torra se disponen a renegociar con una quita sobre la mesa, alcanza ya los 54.455 millones de euros, cifra que representa prácticamente un cuarto de la riqueza catalana. En 2013, esa cuantía era de 21.726 millones y en 2014, cerró el año en 31.818 millones de euros.

La recuperación económica ha permitido al PIB catalán retomar el pulso y a cierre de 2017 alcanzaba los 223.130 millones de euros, casi un 8,8% superior al de 2014. Sin embargo, el escenario de inseguridad jurídica y tensión política que se ha generado en Cataluña ha restado impulso a una recuperación que ha sido mucho mejor aprovechada por otras comunidades autónomas. No es casual que por primera vez, la Comunidad de Madrid se disponga a dar el sorpasso a Cataluña y arrebatarle el primer puesto en aportación al PIB español.

Un dato elocuente de las consecuencias que ha tenido para la imagen y el desarrollo de la economía catalana la encrucijada en la que la Generalitat ha colocado a Cataluña es el saldo de fuga de empresas, descontrolado en esta última etapa. Desde que se precipitó la consulta del 1 de octubre de 2017, más de 4.550 empresas han abandonado la región. Entre ellas, muchas multinacionales españolas y extranjeras de todos los sectores, como Sabadell, Caixabank, Abertis o la alemana Allianz, entre muchas otras.

Pese al deterioro institucional y empresarial, la recuperación económica de estos años ha permitido a Cataluña recuperar empleo en este tiempo con unos 263.000 empleados más y unos 381.000 parados menos en este periodo. Sin embargo, los datos de paro han demostrado que el impacto del desafío no ha sido gratuito y el mercado laboral catalán ha acusado un agotamiento superior al resto de España desde que la Generalitat y el Parlament llevaron el desafío a sus máximas consecuencias.

La Generalitat apoya que los profesores den clase con el lazo amarillo en homenaje a los golpistas
M.A. Ruiz Coll okdiaio 9 Julio 2018

Niegan que exista adoctrinamiento en las aulas, pero la Conselleria de Educación de la Generalitat, dirigida por Josep Bargalló, ampara y apoya oficialmente que los profesores den clase a sus alumnos menores de edad luciendo el lazo amarillo en homenaje a los golpistas.

El jefe del departamento de Ciencias Sociales del IES La Serreta de Rubí (Barcelona), Rafael Ávila, dirigió el pasado 19 de mayo una queja a la directora del centro, Laura Alegre Sanz, al constatar que al menos media docena de profesores del instituto impartía clase a sus alumnos exhibiendo el lazo amarillo en el pecho. Entre ellos, el jefe de estudios, Guillem Martín Martínez.

El profesor ya había expresó la misma queja al propio jefe de estudios, Guillem Martín, al que hizo saber que “lucir un símbolo político y partidista en un centro educativo es una falta de respeto a los alumnos, a los compañeros, a la pluralidad y a la neutralidad política con la que todo funcionario público debe actuar”.

La directora del centro zanjó la queja explicando que ella misma lleva el lazo amarillo por la calle, pero se lo quita al llegar al centro. Había aconsejado a los profesores que hagan lo mismo, pero algunos habían hecho caso omiso de esta recomendación.

El jefe del departamento de Ciencias Sociales, Rafael Ávila, optó entonces por dirigirse oficialmente al Síndic de Greuges y a la directora de los servicios territoriales de la Consejería de Educación, Carme Vigués Julià, para trasladarle su malestar por estos hechos.

Finalmente, para atender su queja, la Conselleria envió el pasado 12 de junio (cuando ya estaba a punto de concluir el curso) al inspector de zona, Jordi Vinyals. Durante una reunión en el despacho de la directora, el inspector comunicó al denunciante que la Conselleria de Educación no va a tomar ninguna medida, ya que a su juicio debe respetarse que algunos profesores luzcan en las aulas el lazo amarillo en reconocimiento a los “presos políticos“.

El profesor Rafael Ávila pidió al inspector que le notifique esta resolución de forma oficial y por escrito, pero el representante de la Conselleria se negó a hacerlo, para evitar que quede constancia de estos hechos.

El Departamento de Educación también ha tolerado durante meses que numerosos centros escolares luzcan en su fachada banderas independentistas, enormes lazos amarillos y pancartas a favor de los golpistas que cumplen prisión preventiva, vulnerando así la obligación de mantener la neutralidad política ante los alumnos menores de edad.

Ha ocurrido durante la aplicación del artículo 155 y, con mayor impunidad, ahora que los independentistas han recuperado el control del Ejecutivo autonómico.


 


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