AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 11 Julio 2018

La manada de Iceta
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 11 Julio 2018

Ayer, en la tertulia de La Mañana de esRadio, una juez envió desde Barcelona un wassap a Jesús Cacho para denunciar la terrible situación en que la vileza del presidente del Gobierno agasajando al catanazi Torra, ese que él mismo ha comparado con Le Pen y llamado racista, deja a los jueces que en Cataluña tratan de cumplir la legalidad e impedir, por ejemplo, que los profesores que insultan a los alumnos hijos de guardias civiles vayan a clase con lazos amarillos. Y les dicen que, pese a lo que oigan en casa y digan la UE, la ONU y todos los organismos internacionales a los que pertenece España, desde hace 80 años viven bajo la atroz dictadura franquista, contra la que los buenos catalanes han proclamado heroicamente su República.

En rigor, si Borrell tuviera decoro, habría dimitido ayer mismo. ¿Qué acción exterior puede llevar el Gobierno de una democracia contra los que atentan contra su orden constitucional si, cuando protesten los embajadores contra las mendacidades del New York Minderlies, les muestran la foto del mismísimo presidente del Gobierno recibiendo al sustituto de Puigdemont, con su churro amarillo en la solapa? ¿Y la ministra de Justicia? ¿Cabe mayor desautorización al Tribunal Supremo, que pide la extradición de Puigdemont a Alemania, que elogiar a su Valido tras insultar al Rey y a todos los españoles, en especial a los catalanes que hablan español, lengua, dice él, «propia de bestias salvajes», gentuza con un "bache en el ADN"?

Hace pocos días publiqué aquí un comentario, El Gobierno se une al Golpe, que algunos vieron exagerado o prematuro. Iceta ha demostrado que me quedé corto. Ayer dijo que Arrimadas "va de la mano de la CUP", cosa chocante, porque, gracias a la CUP y a Soraya (que, a cambio del apoyo del PNV, no recurrió el voto delegado de Comín) Torra es presidente. Añadió que Ciudadanos es como los CDR, aunque Torra no ha presumido de que él y su familia pertenecen a Cs, sino a esas bandas de matones que este fin de semana atacaron con motosierras una escuela de verano de VOX. E Iceta remató su deyección diciendo que "quien no quiere dialogar, como Rivera, no merece ser presidente del Gobierno". Hoy mismo, Iceta se reunirá a dialogar con La Manada. Lo recuerdo bailoteando con Sánchez ante una bandera española de 14 metros. Se habría equivocado de manada.

Indignidad en Moncloa
SANTIAGO GONZÁLEZ El Mundo 11 Julio 2018

El presidente Sánchez es un hombre que administra cuidadosamente sus roznidos. El lunes recibió a un tipo que venía a explicarle lo que pasa en Cataluña, aunque no hacía falta; lo llevaba puesto en la solapa. Una foto de la víspera mostró que tiene seis dedos en el pie izquierdo. Ana Dargallo comprendía en un trino que nos considere tarados a los que sólo tenemos cinco. Sus detractores dicen que no tiene mucho cerebro, pero váyase lo uno por lo otro. Su anfitrión no le saca ventaja en lo primero y respecto a lo segundo no le hemos visto descalzo. Ya lleva 38 días en el cargo sin dar una rueda de prensa. Anteayer ungió como portavoz a la vicepresidenta Calvo, para contar a los periodistas una reunión a la que no asistió.

Si ya era difícil entender su relato en tanto que testiga, imaginen cómo debió de ser lo del lunes. A ella le rebosó un anglicanismo el día del orgullo gay: "Este país vuelve a la alegría. Estaba en blanco y negro y vuelve al color", a lo que Daniel Lacalle respondió con pertinente trino: "La última vez que se dedicaron a 'defender la alegría' destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo".

Calvo, vicepresidenta no gubernamental, blasonó de que a Rajoy le hicieron dos referendos y Sánchez se ha sentado con él en un mes, sin reparar en que los referendos se los hicieron también a ella y a todos nosotros.

La vicepresidenta explicó como un detalle que "los dos presidentes" habían acordado la presencia de Sánchez en los homenajes a las víctimas de los atentados del 17 de agosto. El Rey acudiría si se lo permite su agenda, lo que fue radicalmente desmentido por el rubicundo: "No le hemos invitado", añadiendo que ni piensan. Un tipo que funge, como diría Juan Luis, de representante ordinario del Estado en Cataluña prohíbe la entrada en aquel territorio al Jefe del Estado y la de Cabra va y dice que la reunión ha sido "francamente útil".

Estas portavozas, ¿de dónde las saca? Uno ya había escrito hace meses que "este chico no vale". La cosa es aún peor y ayer lo demostró pespunteando primorosamente los ribetes de la indignidad y de la infamia.

Caciquismo y clientelismo
Amando de Miguel  Libertad Digital 11 Julio 2018

No cabe duda de que el modelo universal de democracia corresponde al de los Estados Unidos. Su exitosa fórmula consiste en que se ha ido perfeccionando de manera permanente con enmiendas continuas a la Constitución y a la práctica parlamentaria. Por ejemplo, una tacha original que se ha ido corrigiendo poco a poco ha sido el spoils system (sistema de despojos o de rapiña) en la provisión de cargos públicos. Estuvo vigente hasta hace menos de un siglo, con el predominio de los bosses o caciques y la preeminencia de los robber barons (los altos cargos corruptos).

En España rige la tradición de recompensar a los fieles, seguidores o muñidores de los partidos con altos cargos cuando el partido correspondiente llega al poder. Es una consideración bélica de la política, la de entender que la victoria supone la apropiación legítima del botín, el pillaje. Sin llegar a tanto, se considera que la concesión de altos puestos políticos se apoya más en la lealtad a los que mandan que en los méritos de los solicitantes. Tradicionalmente a eso se le ha llamado caciquismo y, de modo más académico, clientelismo.

En el siglo XIX español se generalizó la figura del cesante, inmortalizado por Galdós en algunas de sus novelas. Es el funcionario que debía abandonar su puesto (el destino) cuando su partido perdía el poder. Confiaba en volver a disfrutar de una bicoca semejante cuando su partido volviera a ganar las elecciones.

En la democracia actual se ha dado un notable avance en la adopción del sistema de méritos profesionales para la provisión de cargos públicos. Los Gobiernos compiten ahora con las grandes empresas para seleccionar a los ejecutivos bien preparados. No obstante, todavía cuentan mucho las prácticas del viejo caciquismo, las que premian la fidelidad a los que mandan por encima de los méritos profesionales. Es cierto que en España rige un sistema de estricta selección objetiva para los puestos funcionariales: las oposiciones. Pero cada vez más los cargos políticos, y a veces los técnicos, se nombran a dedo. Esto es así sobre todo en la llamada Administración autonómica (regional) y en la multitud de empresas públicas con distintos nombres. No es casual que sean esas instancias las que manifiesten más casos de corrupción política. De los cuales solo sabemos los que llegan a los tribunales de justicia, seguramente una parte pequeña del total.

Téngase en cuenta que los puestos más elevados del poder ejecutivo (ministros, subsecretarios, secretarios de Estado, etc.) son de libre designación por la cúpula del partido que gobierna. Se premia con los puestos más altos a las personas que han hecho su carrera profesional a la sombra del partido correspondiente. A partir de ahí, cada alto cargo define su parcela de poder como la capacidad para seguir nombrando a dedo un conjunto de colaboradores, edecanes, secretarios y demás puestos de confianza. Esa floración se reproduce como las setas en el otoño. No se olvide que en las elecciones generales se vota a un partido, no a las personas que se sitúan a su frente.

El resultado es que con el actual Gobierno ha llegado al máximo el grado de clientelismo. Lo cual supone un preocupante retroceso democrático, pero nadie parece especialmente alarmado por ello. Las noticias van por otro lado. Es tan fuerte la tradición caciquil que contamos con ella para situar a la cabeza de las organizaciones políticas a las personas más fieles al partido gobernante. En nuestros días no resulta tan dramática, pero todavía subsiste la figura del cesante. Menos mal que ahora puede colocarlo en el sistema empresarial privado bastante robusto.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Suecia: el 44% de los niños de las escuelas primarias son de origen inmigrante
YCM lagaceta.eu 11 Julio 2018

El número de personas con antecedentes migratorios en Suecia está aumentando rápidamente, como lo muestra una nueva investigación. Alrededor del 44% de los niños de las escuelas primarias de las zonas urbanas no tienen el sueco como primer idioma.

Casi la mitad de los niños de 7 a 16 años en las áreas metropolitanas de Suecia hablan una lengua minoritaria. En el país en general, el porcentaje es de 27.6% con el 44.1% por ciento en Estocolmo, Gotemburgo y Malmö.

"El hipermodernismo sueco está cada vez más arraigado entre los niños y adolescentes del país, y Suecia es ahora uno de los países más multilingües del mundo occidental", escribe el investigador Tobias Hübinette en un blog.

Los hallazgos de Hübinette provienen de estadísticas compiladas por la Agencia Nacional de Educación sobre la proporción de estudiantes de escuela primaria que hablan un idioma diferente al sueco en el hogar y como primer idioma.

En varios municipios de las tres regiones metropolitanas, la proporción ya ha superado el 50% y en algunos casos casi llega al 70%.

Las estadísticas reflejan la investigación anterior de Hübinette, que muestra que para el 2028, hasta un tercio de todos los recién nacidos nacerán con madres extranjeras e inmigrantes.

En Ceuta, Melilla, Madrid y Barcelona
Las Fuerzas de Seguridad detectan cuatro grandes "no-go zones" en España
www.latribunadelpaisvasco.com 11 Julio 2018

Las Fuerzas de Seguridad creen que en España hay cuatro territorios que podrían encajar en la definición de lo que habitualmente, en el ámbito europeo, se entiende como una "no-go zone" ("zonas en las que no entrar"): barrios, en la mayor parte de los casos de mayoría musulmana, reacios al acatamiento de las leyes vigentes, en los que no entran ni la Policía ni los servicos de asistencia y que son totalmente sumisos a la aplicación de la "sharia" o las leyes islámicas, o a la implantación de leyes particulares.

Las cuatro zonas que la Policía española definen de este modo se encuentran en Ceuta, Melilla, Madrid y Cataluña. Las dos más peligrosas serían "La cañada de Hidum", en Melilla y "El barrio del Principe", en Ceuta. Actualmente, estos dos territorios, en los que las Fuerzas de Seguridad apenas tienen presencia, están exclusivamente en manos de la comunidad islámica, aplican la "sharía" y rechazan a cualquier persona que se acerque a los mismos y no sea musulmana.

Otra de las grandes "no-go zones" españolas se encuentra en Madrid. Se trata del "Sector VI" de la "Cañada Real Galiana". Y, según explican los expertos, que temen la proliferación de este tipo de asentamientos en Madrid, "se trata de un barrio situado apenas a 30 minutos del centro de la capital de España en el que habitan unas 150 familias musulmanas que funcionan como un pueblo al margen de las leyes, rigiéndose por las leyes islámicas".

En Cataluña, la situación es “muy grave”, según fuentes de la Policia Nacional recogidas por varios medios de comunicación. "En primer lugar, porque son muchas las zonas que corren el riesgo de acabar como las anteriormente explicadas; y en segundo lugar porque la falta de información de los Mossos nos hace que no podamos valorar con la misma fiabilidad la situación que se vive en esa zona de España”.

De cualquier modo, las "zonas de exclusión" de Cataluña estarían en Santa Coloma de Gramanet, donde hay barrios que están controlados por el islam más radicalizado, aunque no serían propiamente “no go zones” al existir una mínima presencia policial en los mismos.

El barrio de "La mina" sería el cuarto barrio "no-go zone". Situado en Sant Adriá del Besos, en Barcelona, estaría dominado por personas de raza gitana que rigen los destinos del territorio al margen de las leyes del resto del país.

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La Justicia obstaculiza el apaño con los golpistas
EDITORIAL  Libertad Digital 11 Julio 2018

Pero para que haya indulto tendrá que haber antes condena. Y esa condena no la va a poder evitar, afortunadamente, ningún "proceso de diálogo" como el que ya han iniciado el felón Sánchez y el racista Torra.

La instrucción de la causa sobre el 1-O ha concluido este martes tras nueve meses de trabajo de los jueces Carmen Lamela, que impulsó la investigación en la Audiencia Nacional, y Pablo Llarena, que ha rematado la faena en el Tribunal Supremo. Hay 13 procesados por rebelión, 14 por malversación y 10 por desobediencia. Tal y como era previsible, Llarena ha acordado la suspensión de funciones como diputado del prófugo Carles Puigdemont, así como de otros cinco procesados por rebelión, en cumplimiento del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A pesar de tratarse de un mero automatismo o imperativo legal, que ha ido acompañado de la posibilidad de sustitución temporal en el cargo por otros integrantes de sus candidaturas, la suspensión de cargos dictada por Llarena ha desatado el victimismo de las formaciones golpistas. Así, el pedecato Carles Campuzano ha afirmado que el auto de Llarena es una "decisión inadmisible" que ignora "el momento de diálogo político", mientras que el esquerrista Joan Tardá ha bramado que el juez "solamente actúa movido por la crueldad, el deseo de venganza y la voluntad de escarmentar". A estos exabruptos hay que sumar los del golpista prófugo Puigdemont, que ha asegurado que "la Justicia sigue haciendo política" y que la decisión de Llarena "describe el nivel de calidad democrática que tiene el Estado".

Mucho se puede y se debe criticar la desfachatez de los separatistas, que acusan a la Justicia de "hacer política" cuando ellos siguen obcecados en la muy liberticida política de violar la ley. Ahora bien, por deplorables que sean su aspiración de impunidad y su empecinamiento en dinamitar el ordenamiento constitucional y acabar con la soberanía nacional, no es menos cierto que Madrid, con su irresponsable y temeraria política de apaciguamiento, no deja de darles alas desde 2012. No otra cosa ha hecho Pedro Sánchez al ofrecer este lunes al racista Quim Torra una "solución política" a lo que no es sino un desafío criminal al Estado de Derecho.

Con todo, aun cuando el Gobierno del felón Sánchez quisiera perpetrar una nueva operación Diálogo con los separatistas, es harto dudoso que se produjera una retirada masiva de cargos contra los golpistas por parte del Ministerio Público como la que, tras la dimisión del fiscal general Eduardo Torres Dulce, se perpetró para beneficiar a Artur Mas y compañía. Y esto es así porque Puigdemont, con el 1-O y la ilegal declaración de independencia, fue mucho más lejos que Artur Mas con el 9-N y porque, afortunadamente, en esta causa no sólo interviene la Fiscalía, pues Vox anda ejerciendo la acusación popular.

Así las cosas, Sánchez podrá, como Rajoy, mirar para otra parte ante la independencia de facto de la Cataluña nacionalista, y financiar, tanto o más que Rajoy, el proceso secesionista a través del FLA; pero la única impunidad que podría ya otorgar a los golpistas sería la derivada del indulto, medida de gracia que ya abanderó en su día el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, quien ahora sin vergüenza equipara a Ciudadanos con los criminógenos Comités de Defensa de la República.

Pero para que haya indulto tendrá que haber antes condena. Y esa condena no la va a poder evitar, afortunadamente, ningún "proceso de diálogo" como el que ya han iniciado el felón Sánchez y el racista Torra.

SUSPENDE A LOS CARGOS GOLPISTAS
Llarena declara en rebeldía a Puigdemont y los demás fugados
La Gaceta  11 Julio 2018

Quedan declarados en rebeldía según el artículo 842 de la ley procesal y su causa quedará en otra pieza separada mientras no se pongan a disposición del juez.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha terminado la instrucción de la causa del procés y ha declarado en rebeldía a los procesados que se encuentran huidos, incluido el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que serán investigados en otra pieza separada.

El juez ha acordado la conclusión del sumario de la causa del procés respecto de los procesados no fugados, a quienes da quince días para su comparecencia en el tribunal competente para enjuiciarlos en el Supremo.

Respecto a los que están huidos de la justicia ( Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel) los declara en rebeldía y, tal y como contempla el artículo 842 de la ley procesal, se suspende el curso de la causa respecto a ellos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez. Es decir, como se preveía ante la huida de siete de los procesados, la causa del “procés” no se solventará en un solo juicio.

El fin de la instrucción afecta a 18 de los 25 procesados, como el exvicepresident Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, y los dirigentes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos ellos procesados por delito de rebelión y la mayor parte de ellos por malversación.

Por desobediencia, están procesados los que eran miembros de la Mesa del Parlament (Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet), además de Mireia Boya y exconsellers como Meritxell Borrás, Carles Mundó, Santi Vila, también implicados en la malversación.

Los no presos, suspendidos de cargo público
Llarena ha comunicado además a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania, todo ellos procesados por rebelión.

Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado “con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”, aquel procesado que ostente un cargo público quedará “automáticamente suspendido” en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Puigdemont, pero no así al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.

Sin más pruebas
El juez ha decidido cerrar el sumario y rechazar la práctica de nuevas pruebas que habían solicitado varias de las defensas y la acusación que ejerce VOX porque las considera innecesarias al estimar que son redundantes con otras ya realizadas o que no permiten esclarecer hechos que influyan en la tipificación de los hechos o en la participación de los implicados. Por ello, y ante “la necesaria celeridad que impone la prisión preventiva de algunos de los procesados”, ha acordado el fin de la instrucción.

Entre otras pruebas, rechaza la declaración como testigos de Artur Mas y Neus Lloveras, o la de el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero o del número dos de Junqueras en el Govern, Josep María Jové.

Tampoco acepta incluir las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona sobre la actuación policial durante el 1-O, pues argumenta que, con independencia de que ese comportamiento pueda tener alcance penal en otro procedimiento, “carece de capacidad para modificar la calificación y responsabilidad por rebelión, sedición, malversación o desobediencia” que se investiga en el Tribunal Supremo.

Ni admite la petición de Puigdemont de reiterar todas las pruebas realizadas hasta que fue detenido el 25 de marzo en Alemania y pasó a formar parte del procedimiento, pues tiene a su disposición todas las diligencias y ha podido pedir las aclaraciones concretas o nuevas diligencias que considerara oportunas.

Ahora, cierra la instrucción y con ello su competencia sobre la causa y remite a la sala de enjuiciamiento del Supremo todos los recursos que quedan pendientes de resolución o la decisión sobre los que puedan presentarse ahora.

La causa respecto a los procesados huidos queda en suspenso sin perjuicio de las actuaciones que puedan realizarse en el futuro para concluir el procedimiento, con lo que el juez mantendrá a su disposición las piezas.

El separatismo es también una cuestión penal

EDITORIAL El Mundo 11 Julio 2018 11 Julio 2018

La suspensión automática como diputados del fugado Carles Puigdemont y los encarcelados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez desmiente el mantra repetido desde el Gobierno para justificar su encuentro con Quim Torra. Tras el mismo, la vicepresidenta Carmen Calvo afirmó que el Gobierno se había comprometido a buscar "una solución política a un problema político". Pero la investigación que el juez Llarena concluyó ayer sobre la organización ilegal del referéndum por la independencia del 1-O demuestra que el desafío soberanista es también una cuestión de orden penal. Porque la política, en un sistema democrático, debe estar sometida al imperio de la ley. Y cuando alguien se sitúa claramente al margen, como hicieron los golpistas procesados por rebelión al despreciar reiteradamente las resoluciones del Tribunal Constitucional, son los jueces los que tienen la palabra.

Sin embargo, lejos de moderar su propósito rupturista y abandonar la vía unilateral, el president de la Generalitat continúa con su actitud provocadora y amenazante. Tras la reunión con Sánchez en La Moncloa, Torra avisó de que no abandonaría el camino de la segregación y dejó claro que no pretendía aceptar una solución estatutaria. Ayer fue aún más lejos. Durante una entrevista en Catalunya Ràdio, recordó que no renuncia a nada y que su intención es "dotar a Cataluña de una Constitución" y "llegar a la independencia". "Tengo 55 años, mis hijos ya son mayores y no tengo nada que perder", concluyó. Es cierto que Torra no ha incurrido todavía en ningún delito, como presumiblemente sí lo hizo Puigdemont, su antecesor en el cargo y su mentor político; pero el hecho de que repita, cada vez que tiene ocasión, su desprecio al ordenamiento constitucional debería hacer reflexionar al Gobierno, que el lunes mostró su disposición a seguir trabajando con un Govern declarado abiertamente en rebeldía.

Tampoco se entiende el silencio del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el agresivo menosprecio mostrado por Torra al jefe del Estado. En un nuevo alarde de falta de respeto institucional, el president de la Generalitat ha instado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a que no invite a Felipe VI a los actos conmemorativos del primer aniversario de los atentados de las Ramblas y Cambrils. Torra quiere que el resto de poderes institucionales secunden su veto al Rey en represalia por la declaración institucional del 3 de octubre sobre el referéndum ilegal. En aquella ocasión, Felipe VI hizo lo que la amplia mayoría de españoles esperaba de él: pronunció una encendida defensa de la Constitución y expresó su apoyo a los ciudadanos marginados por el agresivo avance del procés. Es incomprensible el silencio de Sánchez ante este despropósito.

La hora de la Fiscalía en el 1-O
 La Razon 11 Julio 2018

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó ayer dar por terminada la investigación abierta sobre los dirigentes del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración de independencia del 27 de octubre. A la vez, ha ordenado suspender de funciones a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cuatro diputados procesados por rebelión que están en prisión: Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.

Llarena explica en su auto que ahora depende del Parlament que los diputados suspendidos puedan ser sustituidos por candidatos de sus respectivas listas, aunque cabría la posibilidad de desobediencia, lo que automáticamente supondría que las votaciones de la cámara catalana dejarían de tener validez. Esta última posibilidad supondría llevar a una callejón sin salida a la institución. Se trata de una medida provisional diferente a la inhabilitación, que sólo se ejecutará tras la condena en firme, y que se aplica para impedir que «personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad».

Lo fundamental, sin embargo, es el final de la instrucción que ha llevado el juez Llarena ejemplarmente, a pesar de los problemas derivados de la importancia del caso, lo que ha provocado la inadmisible presión política y las coacciones sufridas desde el independentismo. El juez instructor pierde desde este momento la competencia sobre la causa, de la que se hará cargo la sala que juzgará a los líderes separatistas.

En este punto se abre la intervención de la Fiscalía General del Estado que, tras la llegada de su nueva titular, María José Segarra, es una incógnita si va a dar un giro en la posición del Ministerio Fiscal sobre la causa del 1-O. El primer trámite, que es la conclusión de la instrucción, ya se ha producido; a continuación se abre la fase procesal consistente en la calificación de los hechos que han sido investigados. Es a la Fiscalía, una vez se abre el juicio oral, a quien le corresponde en primer lugar concretar los hechos punibles derivados de la instrucción, su calificación jurídica y responsabilidad penal.

Desde que en octubre de 2017 el desaparecido fiscal general José Manuel Maza presentara en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sendas querellas por rebelión, sedición y malversación contra los dirigentes independentistas se ha mantenido la unidad de criterio entre la fiscalía y la magistratura –salvo cuando el anterior titular, Julián Sánchez Melgar, pidió la puesta en libertad de Forn por motivos de salud y la Fiscalía de Supremo se opuso a ello–, por lo que lo más lógico para el normal desarrollo de la causa sería seguir manteniendo el mismo criterio. Sin embargo, Segarra podría cambiar de posición –de hecho, ya advirtió en su comparecencia en el Congreso para formalizar su nombramiento por el Gobierno de Pedro Sánchez, que la causa del 1-O es su prioridad– lo que abriría una situación comprometedora, si se tienen en cuenta las palabras del Presidente de la Generalitat, Joaquim Torra.

Ayer, un día después de su entrevista con Pedro Sánchez en La Moncloa, tuvo el descaro de decir que «hay muchos entes judiciales y políticos que tienen incidencia sobre la libertad de la gente; esperamos ver cómo se mueven estos entes». Es más, emplazó a que el Gobierno tome decisiones que afecten a los casos abiertos por el 1-O, siendo ésta la prueba de «si estamos ante un cambio de ciclo o de intenciones que van más allá de las palabras». Torra deja en evidencia a Sánchez.

En manos de nuestros enemigos.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 11 Julio 2018

REUNIÓN “BILATERAL” ENTRE SÁNCHEZ Y TORRA DONDE SE TRATÓ DEL REFERÉNDUM PACTADO.

La reunión ampliamente soñada por el independentismo y los golpistas catalanes se ha celebrado esta mañana entre el Presidente del Gobierno de España, el asaltador del poder Pedro Sánchez que okupa la Moncloa sin haber pasado por las urnas y apoyado por los enemigos de España, y el Presidente del Gobierno de la Generalidad, lacayo y fiel servidor del fugitivo golpista Carles Puigdemont l que tratan como Presidente legítimo de la Generalidad en el exilio. Una reunión que ha sido calificada por Torra de “larga, sincera y de trabajo” y donde se ha hablado de todo incluso de los presos y exiliados en lo que considera “una indecencia jurídica” y que también ha dejado claro que el Gobierno de la Generalidad “no renuncia a ninguna de las fórmulas para llegar a la independencia”. Unas palabras inquietantes en las que ni ha descartado la vía de la unilateralidad, ni el uso de la violencia.

La puesta en escena era la esperable, con un Torra luciendo su sempiterno lazo amarillo en apoyo a sus camaradas presos y exiliados. Por la otra parte, un sonriente Pedro Sánchez que ha admitido que su visitante le suelte frases como esa de llamar a la Justicia de España “indecente” y reconocer, como ha hecho la que ha actuado de portavoz, Carmen Calvo, que lo el asunto de Cataluña es “un problema político que se ha de resolver con política”, obviando que la forma de solucionarlo por los dirigentes catalanes fue desobedecer al Tribunal Constitucional y realizar una consulta y un referéndum inconstitucionales y declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña. No se trata de un problema político sino de legalidades vulneradas y de responsabilidades penales.

Porque admitir que el golpe de Estado fue un asunto “político” es admitir que los presos y exiliados son como ellos dice “presos políticos y exiliados políticos”. Y eso es una felonía y una traición a España que incapacita a este Gobierno a seguir ni un minuto más al frente, si es que ya no basta el que hayan usurpado el poder y no hayan convocado elecciones generales una vez que el PSOE y Pedro Sánchez obtuvieron el triunfo de la moción de censura a Mariano Rajoy gracias al apoyo parlamentario de los partidos golpistas independentistas y de los nacionalistas e independentistas vascos. Una mezquindad que solo un PSOE desnortado que olvida su papel de partido constitucional ha sido capaz de permitir con el ascenso al poder de este impresentable y ambicioso sujeto que ocupa actualmente el palacio de la Moncloa.

Se habla de “reactivar la comisión bilateral” prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, para eludir el único foro de debate autonómico que persigue la igualdad entre autonomías y ciudadanos de España. Se trata de dar oscurantismo a lo que debería estar a la luz de todos y con taquígrafos para garantizar que se respetan los derechos de todos los españoles y no se hacen concesiones graciosas o bastardas a cambio de “calmar” las ansias independentistas. Porque de hacerlo como lo han pactado hoy, podría desembocar en una explosión de reuniones bilaterales donde cada autonomía se considere en el mismo derecho que Cataluña para extorsionar con la amenaza de la disgregación al exigir plena autonomía en lo que ya se consolidó con las llamadas “cláusulas Camps” que incorporarían todas las mejoras que Cataluña obtuviese de su sempiterna reclamación de autodeterminación (independencia) y trato bilateral con eso que llaman “Estado español” que no es otra cosa que el resto que ni es país Vasco, Ni Navarra, ni ahora Cataluña, que además dice que no renuncia a ninguna de las fórmulas para alcanzar la independencia. Será por eso que reclaman armamento largo de tipo militar para dotar a sus Fuerzas Policiales, los Mossos.

Pedro Sánchez ha cometido hoy una vileza incuestionable al dejar que su interlocutor insulte, injurie y difame a nuestro Estado de Derecho y haya conseguido plantarse en un plano de igualdad con nuestro Gobierno de España. Una reunión que ha estado alejada de la meramente protocolaria de cortesía de la visita de cualquier Presidente autonómico electo, que en el caso del de la Generalidad de Cataluña hace años que han intentado desmarcarse de todo aquello que fuese dar una imagen de sumisión a la Corona o al Estado de Derecho en actos institucionales como el de la celebración del día de las Fuerzas Armadas, donde se han ausentado de forma ostentosa y se han volcado en sus “diadas” reivindicativas de independencia.

Porque no olvidemos que sus aspiraciones no solo son obtener prebendas económicas y no asumir ningún gasto por su posible independencia al no admitir su parte de deuda nacional entre otras cosas, sino que su objetivo esencial es obtener la independencia como República y proseguir en la UE como país asociado en igualdad de derechos que los del resto, incluida España o lo que quede de ella, cosa que les trae al pairo. Y a todo eso es a lo que ha accedido a dialogar este sujeto de Pedro Sánchez.

Es urgente que se haga ostensible el que no está legitimado para realizar aquello que ha prometido a sus socios de moción de censura. Es urgente que la oposición constitucionalista no está dispuesta a transigir con estas tropelías y le obligue a convocar elecciones generales ya, permitiendo a los españoles ejercer la soberanía con sus votos para decidir en quienes confían su futuro. Cada minuto que permanezca en el poder sin convocar elecciones generales es un minuto de usurpación del poder y de totalitarismo sectario por aplicar un programa de Gobierno y decretar leyes sin haber pasado por las urnas.

Debemos evitar que estos impresentables gobernantes nos lleven a pactos inasumibles y habría que dejar alto y claro que no se permitirá que los enemigos de España consigan sus objetivos por culpa de unos miserables traidores a España. No se trata de asuntos políticos, sino de legalidades y legitimidades y este Gobierno de Pedro Sánchez no está legitimado por las urnas.

¡Qué pasen si pueden un buen día! Personalmente creo que hoy es otro día de vergüenza por culpa de un partido que no es la primera vez que traiciona a España.

Por una Europa mejor integrada
Luis Méndiz | Ángela Herrero | Mikel Arteta (coordinadores)* El Mundo 11 Julio 2018

Señores presidentes Juncker, Tusk y Tajani:
En la carta Upholding the rule of law in the European Union del 31 de octubre, se acusaba al gobierno de "violar sistemáticamente el estado de derecho en España". Francesc de Carreras y Josu de Miguel ya la rebatieron contundentemente, demostrando que fueron las autoridades catalanas, y no el gobierno central, quienes lo violaron. Pero Europa todavía necesita comprender qué ha pasado y por qué, para evitar que algo así se repita en otras regiones ricas de la UE.

¿Qué ha pasado? Las élites catalanas convirtieron las instituciones regionales -políticas, sociales y mediáticas- en estructuras de Estado paralelas, poniéndolas al servicio del secesionismo y vulnerando así la neutralidad administrativa, un principio democrático fundamental. Presionaron a profesores de Universidad, periodistas y jueces, usaron a la policía autonómica como policía política para espiar a políticos, empresarios y asociaciones, como Sociedad Civil Catalana [premio Ciudadano Europeo 2014], generando un clima de acoso y violencia simbólica que se acompaña ya de una violencia institucional. Pretenden imponernos su arbitraria voluntad, suplantando la legítima coerción del Estado y la vigencia de ley democrática. Esto, junto con las recurrentes campañas para desacreditar a la democracia española, la propagación de mentiras oficiales, la manipulación de la historia y el adoctrinamiento de los niños en las escuelas, más propio de regímenes totalitarios, vulnera nuestra Constitución y viola los derechos de millones de catalanes.

Además, han dañado gravemente la economía de una región próspera. La deuda autonómica sólo se sostiene gracias a los fondos estatales (FLA), que suman ya 52.5 miles de millones de euros; y, desde el intento de golpe de Estado de septiembre/octubre, más de 4.000 empresas se han ido, mientras que la inversión extranjera caía.

El secesionismo, convertido en un proyecto oligárquico, clasista, identitario y emocional, ha partido la sociedad catalana en dos, con graves consecuencias políticas y económicas para Cataluña y para toda España. El proyecto europeo, democrático y progresista, no puede ser ambiguo con los nacionalismos sin traicionar el fundante principio de solidaridad.

¿Por qué? Esta crisis social, política y económica no es consecuencia del centralismo: España ya es uno de los países más descentralizados del mundo. Las regiones controlan Educación, Sanidad y Servicios sociales; y Cataluña, Navarra o País Vasco disponen incluso de su propia policía autonómica. Navarra y País Vasco, dos de las autonomías más ricas, se benefician incluso de privilegios fiscales que son inconstitucionales, pero tolerados por los Gobiernos nacionales para mantenerse en el poder.

De hecho, el autogobierno ya ha ido demasiado lejos, dado que el alto nivel de autonomía fiscal del que disfrutan las regiones, 1º) dispara la competencia desleal entre ellas, y 2º) niega de hecho el principio de solidaridad. Hay dos razones principales tras estas cesiones de poder y recursos públicos: a) la mala definición constitucional de los límites autonómicos; y b) las estrategias de movilización de los partidos socialistas, y del PSC en particular, que permitieron a las élites nacionalistas [a cambio de apoyos parlamentarios puntuales para alcanzar el poder] desarrollar procesos de ingeniería etno-lingüística, de construcción nacional, y así ampliar su poder y su base electoral, haciendo uso de clientelismo y la corrupción sistémica, como muestran el caso Palau o el del clan Pujol. El fomento del nacionalismo, así como el pacto con los separatistas radicales en 2012 y espolear a las masas en busca de insolidarios pactos fiscales, ayudó a las élites a encubrir parte de esa corrupción.

Sin embargo, la UE también es responsable de esta situación, al menos por lo que respecta a las siguientes 6 cuestiones:

El Parlamento Europeo facilitó la violación de derechos lingüísticos al aprobar, en 2009, una enmienda contraria al propio informe de la comisión de Cultura, que preveía la elección de lengua vehicular de enseñanza allí donde coexistan una o más lenguas oficiales. Los nacionalistas recurrieron al artículo 22 para tratar a los niños hispano-hablantes como extranjeros, eliminando el español del currículo en su anhelo de instaurar un ideal identitario premoderno, totalizante y lingüísticamente unidimensional. Su negación de la diversidad cultural catalana está en la fuente de la actual crisis social.

Un presupuesto integrado sólo por el 1% del PIB de los EEMM incentiva la secesión en las regiones más ricas porque les ofrece moneda y mercado únicos, pero ahorrándoles la solidaridad fiscal más allá de sus fronteras. Hace poco, los ciudadanos de las prósperas Lombardía y Véneto votaron abrumadoramente por una mayor autonomía y el próximo paso lógico será la construcción nacional: si creen, como los separatistas catalanes, que podrían reingresar rápidamente en la UE, intentarán incluso independizarse. Luego, en una UE de tan limitada solidaridad fiscal, podrán incluso, siguiendo a varios EEMM, convertirse en paraísos fiscales y oponernos su competencia desleal.

A pesar del éxito que supuso, hoy el euro está ampliando -y no reduciendo- la brecha económica inter-regional. La crítica es bien sabida: no tiene sentido que, por culpa de intereses nacionales (exacerbados probablemente con la crisis), el euro siga con las mismas carencias de articulación política que cuando se creó hace 20 años.

El FMI y otras autoridades han mostrado que la austeridad retrasa la recuperación económica. Pero los países acreedores (Holanda, Alemania, etc.) volvieron a exigírsela a los deudores en la Cumbre Europea de diciembre. Esta estrategia ya ha castigado injustamente a Portugal, Italia, Grecia y España (los conocidos como PIGS) y sólo conduce a la irracionalidad y el suicidio colectivos.

El Brexit ejemplifica el fracaso político de la UE y revela los riesgos que acechan tras las lógicas nacionalistas, victimistas e identitarias: un incremento del PIB en el RU superior a la media europea no pudo impedirlo. Las políticas clientelistas y la integración mercantil no han reforzado el sentimiento de pertenencia a un espacio común de derechos y obligaciones compartidos, a un "demos europeo".

El caso de Puigdemont ilustra tanto las limitaciones actuales del espacio europeo (en este caso, respecto a la Orden de Detención Europea), como la amenaza planteada por el tecno-populismo. Con una decisión "plagada de fallas de procedimiento", los magistrados regionales equipararon una protesta contra una decisión administrativa en los años 80 con los constantes ataques a la soberanía del Estado [el Estatuto catalán, etc.], es decir, con un golpe de estado incruento. Destruir "los cimientos del reconocimiento mutuo y de la cooperación judicial" es la forma más segura de desgarrar a la UE.

Como ciudadanos europeos, estamos orgullosos de los logros que hemos alcanzados juntos, desde la libre circulación o la moneda única hasta iniciativas que muestran realmente la voluntad de unir, como el programa Erasmus; y no podemos permitir que los nacionalismos y populismos nos roben el sueño de un futuro compartido más justo y solidario, ni que desaten su egoísmo, promoviendo el supremacismo y la fractura social como solución a la crisis económica. Pero la única forma de enfrentarse al discurso excluyente de los demagogos es ofrecer a los ciudadanos una narrativa mejor.

Reclamamos, por lo tanto, una mayor integración política de todas las instituciones comunitarias. La formación de partidos políticos trans-europeos, con programas comunes de solidaridad fiscal, justicia social y cesión de soberanía nacional hacia Europa, consolidaría el concepto de ciudadanía europea. Confiamos en que sabrán ustedes dar nuevo impulso a esta iniciativa, que ya fue planteada hace 25 años, siguiendo el legado político de Ventotene, Schuman o Monnet, y atendiendo los principios de solidaridad y progreso para todos que legitiman el proyecto europeo. Asimismo, la UE debería facilitar el avance, entre los países de la eurozona que lo deseen, hacia unos "Estados Unidos de Europa".

No debemos olvidar que la integración económica no fue nunca el fin sino el medio para construir un espacio compartido de soberanía y libertad, de paz y solidaridad entre los pueblos europeos. Y también con el resto del mundo.
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*Coordinadores:
Luis Méndiz, sociólogo y educador (jubilado), MA European Studies (Reading), PGCE (Reading)
Ángela Herrero, antropóloga (Barcelona-UAB)
Mikel Arteta, Doctor en Filosofía Política (Valencia)

*Firmantes (a título personal y en orden alfabético)
Dolores Agenjo, ex profesora, filóloga (Barcelona)
José María Albert de Paco, periodista y asistente de prensa en el Parlamento Europeo
Francisco D. Alcobendas, junta directiva de Plataforma AHORA.
Martín Alonso, escritor y docente (jubilado), Doctor en Ciencias Políticas (UNED)
Santiago Álvarez, profesor y filósofo, Doctor en Filosofía (Sevilla)
Cayetana Álvarez de Toledo, historiadora y periodista

Javier Anso, SM, abogado y politólogo
Rafael Arenas, escritor, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB, ex presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC)
Omar Astorga, Profesor de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela
Félix de Azúa, escritor, miembro de la Real Academia Española
Natacha Bacolla, Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Rosario (Argentina), subdirectora de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Litoral
Michele Bagella, Professor of Monetary Economics and Dean of the Faculty of Economics, University of Rome-Tor Vergata

Susana Beltrán, Profesora Agregada de Derecho Internacional Público de la UAB, ex vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), Diputada del Parlamento de Cataluña
Víctor F Bermúdez, High School teacher in the Netherlands
Enrique Bocanegra, gerente cultural, Máster (Centro de Estudios de la Defensa Nacional CESEDEN)
Josep Ramon Bosch, Presidente de la Fundación Joan Boscà
Paolo Buchignani, Professore Associato di Storia Contemporanea presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Eduardo Butragueño, ex Profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad de Barcelona

Gabriel Cabello, Profesor de Historia del Arte en la Universidad de Granada
Adolfo Calatrava, Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid)
Enrique Calvet Chambon, Presidente de Unidos, Libres, Iguales & Solidarios (ULIS), Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
José Calvo González, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Málaga
Miguel Candel, Profesor Emérito de Historia de la Filosofía en la Universidad de Barcelona
Mª del Rosario Cañete, abogada, ex Profesora de Derecho Procesal en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), miembro del Consejo Nacional del Centro Izquierda de España (dCIDE)

Julio Carabaña, Catedrático de Sociología en la Universidad de Madrid-UCM
Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional en la UAB, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Emilio J Castilla, NTU Professor of Management and Professor at the MIT Sloan School of Management, Cambridge, Massachusetts, USA
Francisco Castilla, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares
Antonio Cazorla, Professor and Chair (Department of History) at Trent University, Peterborough, Ontario, Canada
Asterios Chatziparadeisis, PhD in Statistics Université Pierre et Marie Curie (UPMC Paris-6), former civil servant European Commission, General Secretariat of Research & Technology, Greece

Ramiro Cibrián, PhD (Yale), ex Embajador de la Comisión Europea
Daniela Coli, Professor of History of Political Philosophy at the Università degli Studi, Firenze
Joaquim Coll, ensayista e historiador, ex Profesor Titular de la Universidad de Barcelona, Premio Ciudad de Barcelona 1998, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC)
Roger Corcho, asistente en el Parlamento Europeo
Juan Antonio Cordero, Professeur à l'École Polytechnique de Paris
Pier Virgilio Dastoli, Professor of Politics and European Institutions at the University of Rome, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo

Francisco Javier Díaz Revorio, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo
José Luis Díez Ripollés, Catedrático de Derecho Penal y exdirector del Instituto Andaluz de Criminología de la Universidad de Málaga
Rafael Dobado, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la UCM, Miembro de la Real Academia de la Historia
Pepe Domingo, abogado, ex parlamentario de Ciudadanos, ex vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Presidente de Impulso Ciudadano
Ascensión Elvira, Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, Madrid
Arcadi Espada, periodista

Luciano Espinosa, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Salamanca
Lidia Falcón, abogada y escritora, Presidenta del Partido Feminista de España (PFE)
Guillermo Fatás, Profesor Emérito de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, miembro de la Real Academia de la Historia
Augusto Fenollar, químico, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC), miembro de la Plataforma AHORA
Isabel Fernández Alonso, Profesora Titular de Comunicación en la UAB, Barcelona, miembro del Consejo de Dirección de Sociedad Civil Catalana (SCC)
Pedro Fernández Herrero, economista, ex Director de Alternativa Ciudadana Progresista (ACP)

Carlos Ramón Fernández Liesa, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y exsecretario general y Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid, ex Director del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 'Francisco de Vitoria'
Ignacio Fernández Sarasola, Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo
Javier Fernández Sebastián, Catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)
Natividad Fernández Sola, Catedrática de Derecho Internacional y Europeo y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza
Armando Fernández Steinko, escritor, Profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Madrid-UCM, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC)

Luis Ferruz, escritor y economista, Catedrático de la Universidad de Zaragoza
Sergio Fidalgo, escritor y periodista, director de El Catalán, cofundador de Concordia Cívica
Maxime Forest, Associate Lecturer and Senior Researcher at the Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)
Samuel Freeman, Avalon Professor of the Humanities and Professor of Philosophy and Law at the University of Pennsylvania, Philadelphia
Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional en la UAB, Barcelona, Cátedra Jean Monnet ad Personam, member of the Royal European Academy of Doctors
Paco Frutos, ex Secretario General del Partido Comunista de España (PCE)

Félix de la Fuente, escritor sobre temas de la UE y ex funcionario del Parlamento Europeo
Mª de las Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León
Manel García, Jefe de Servicios de la Generalitat de Cataluña (Generalitat)
Juan Antonio García Amado, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de León
María Paz García Rubio, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela
Maria Amata Garito, Rettore dell'Università Telematica Internazionale (UNINETTUNO), Roma

Maria Gerolemou, Post Doc researcher, Dept of Classics and Philosophy, University of Cyprus
Alberto Gil Ibáñez, escritor, cuerpo de Administradores civiles del Estado
Mª Teresa Giménez-Barbat, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
Maurice Goldring, Professor Emeritus of Irish Studies at the University of Paris-8 Saint-Denis
Pedro Gómez, editor
Mª del Carmen González Enríquez, Catedrática de Ciencia Política y de Administración en la UNED, Madrid

Mª José González Ordovás, Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza
Nicholas Green, UK Local Government Officer (retired), Bristol
Mauro F Guillén, Anthony L. Davis Director of The Lauder Institute and Dr. Felix Zandman Professor of International Management at The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia
Mª Pilar Gutiérrez, Profesora Titular de Derecho Civil en la Universidad de León
Peter Harvey, teacher and translator, MA (Cambridge), PGCE (Wales)
Antonio Hermosa, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Sevilla, director de Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades

Jesús Hernández Alonso, Profesor Titular de Matemáticas en la Universidad de Madrid-UAM
Rafael Hernández Marín, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia
Alejandro Herrero, ex funcionario, Comisión Europea
Liborio L. Hierro, Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid-UAM
Axel Honneth, Professor of Philosophy at both the University of Frankfurt and Columbia University, director of the Institut für Sozialforschung, Frankfurt
Enrique Iáñez, Profesor Titular de Microbiología en la Universidad de Granada

Miguel Ángel Idígoras, periodista, corresponsal en Londres para Televisión Española (TVE)
Julio Iglesias de Ussel, Catedrático de Sociología en la Universidad de Madrid-UCM, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Victoria Iturralde, Catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad del País Vasco
Karl Jacobi, President and founder of Comvort Network
José Joaquín Jiménez, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada
Fernando Jiménez Sánchez, Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad de Murcia

Teresa Jiménez Becerril, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
Jukka Kekkonen, Professor of Legal History and Roman Law at the University of Helsinki
Holm-Detlev Köhler, Profesor de Sociología en la Universidad de Oviedo
Mattias Kumm, Professor of Global Public Law at the Center for Global Constitutionalism (WZB) Berlin, and Inge Rennert Professor of Law at the NYU School of Law
Pepa Labrador, profesora y filóloga (UAB)
Francisco Lapuerta, docente, Doctor en Filosofía

Rafa Latorre, periodista
Carmen Leal, maestra y filóloga
Amable Liñán, Catedrático de Mecánica de Fluidos, Profesor Emérito de la UPM, Associate Professor (Yale), miembro de la Real Academia de Ciencias
Carmen López Alonso, Profesora Titular de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Madrid-UCM
Salvador López Arnal, Profesor de Matemáticas de la UNED, columnista de El Viejo Topo
Ana Losada, Presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB)

Fernando Losada, Academy of Finland Research Fellow at the Law Faculty, University of Helsinki
Barbara Loyer, Directrice et Professeur à l'Institut Français de Géopolitique de l'Université Paris-8, Comité de Rédaction Hérodote
Gorka Maneiro, portavoz de la Plataforma AHORA
Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UCM, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Carlo Marcaccini, Professore alla Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet

Ramón Marcos, Abogado de la Seguridad Social
Enric Martínez Herrera, Profesor Titular de Ciencias Sociales y Políticas (ANECA), Coordinador general de UNIDOS y SOCIALISTAS + por la Democracia
Carlos Martínez Gorriarán, Profesor Titular de Estética y Filosofía en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), editor de El Asterisco
Pedro Martínez Ruano, Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Almería
Javier Maurín, ex Portavoz, Junta Municipal Villaverde-Madrid, Plataforma AHORA

Jesús M. de Miguel, MSc (LSE), PhD (Yale), Profesor de la Universidad de Barcelona (jubilado), First 'Príncipe de Asturias' Professor at Georgetown University
Josu de Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional en la UAB, Barcelona
Luis Míguez, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela
Chantal Moll de Alba, Profesora de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona, member of theEuropean Society of Construction Law, miembro del grupo de juristas catalanes Llibertats
Santiago Mondéjar, consultor y articulista
Remedios Morán, Catedrática de Historia del Derecho de la UNED, Madrid

Jerónimo Moreno, CEO y asesor comercial, ETEA (Universidad de Córdoba)
Miriam Moreno, Doctora en Filosofía (UCM), ex productora de Televisión Española
Javier Moscoso, Profesor de Investigación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Javier Nart, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
Claus Offe, Professor Emeritus of Political Sociology at the Hertie School of Governance, Berlin
José Javier Olivas-Osuna, PhD (LSE), Researcher at the Conflict & Civil Society Research Unit of the LSE, member of the editorial team LSE Eurocrisis blog

José A Olmeda, Catedrático de Ciencias Políticas y ex Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Madrid
Antonio F. Ordóñez, abogado y funcionario de la administración local, Vicecoordinador de ASEC / ASIC (Asamblea Social de la Esquerra de Cataluña)
Félix Ovejero, Profesor Titular de Ética, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona
Maite Pagazaurtundúa, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
Miguel Peña, Profesor de Bellas Artes de la Universidad de Granada
Fernando Peregrín, escritor, Doctor en Física (UCM)

Xavier Pericay, filólogo y escritor, Diputado del Parlamento Balear
Nuria Plaza, escritora y docente del programa ALBA de Estudios Universitarios en Barcelona
Franco Praussello, Professor of International Economics, Director of the Jean Monnet Centre and the Post-Grad School in Economics & Finance of the EU at the University of Genoa
Evaristo Prieto, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid-UAM
Josu Puelles, Vicepresidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE)
Mª Jesús Pujalte, Catedrática de Microbiología de la Universidad de Valencia

Hugo Quiroga, Profesor Titular de Teoría Política en las Universidades de Rosario y del Litoral (Argentina), director de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Litoral
Álex Ramos, doctor, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC)
Miguel Revenga, Catedrático de Derecho Constitucional y Director del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de Cádiz (Jerez)
Antonio Robles, escritor, Profesor de Filosofía, periodista, ex parlamentario de Ciudadanos, portavoz del Centro Izquierda de España (dCIDE)
Elvira Roca, escritora e historiadora
Luis Roca, Profesor, escritor y filósofo, Universidad de Barcelona

Javier Roldán, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada
Berta Romera, antropóloga (UAB) y profesora
Juan Ruiz Manero, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante
Alfonso Ruiz Miguel, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid-UAM
Pasquale Lino Saccà, Jean Monnet Chair ad Personam Erasmus Network "I Mediterranei" South/East Dialogue
Marcos Sánchez, ingeniero y CEO

Ramón Sánchez Tabarés, ex profesor de Economía de la Universidad de Barcelona
Laura Sancho, Catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza
Sergio Sanz, arquitecto, Diputado del Parlamento de Cataluña
Julián Sauquillo, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Madrid (UAM)
Fernando Savater, escritor, Profesor de Filosofía (jubilado)
Samuel Schmidt, Political Scientist, University of Texas, Austin

Vicente Serrano, columnista
Carlos Silva, Profesor de inglés, miembro de Unión, Progreso y Democracia (UPYD), Vicepresidente de Impulso Ciudadano y miembro de la Asamblea de la Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB)
Carlota Solé, Profesora Emérita de la UAB, Barcelona
Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León
Mauricio Suárez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Madrid-UCM
Javier Tajadura, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

Jaime Terceiro, Catedrático de la Universidad de Madrid-UCM, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio Rey Juan Carlos I de Economía (2012)
Raffaele Torino, Professor of Comparative Private Law and European Union Law & Policies at the University of Roma-Tre
Gabriel Tortella, escritor e investigador, Catedrático Emérito de Historia Económica, Premio Rey Juan Carlos I de Economía (1994)
Santiago Trancón, escritor y docente, fundador del Centro Izquierda de España (dCIDE)
Andrés Trapiello, escritor, poeta, ensayista
Cyril Trépier, PhD in Geography, Post-Doc researcher at the Institut Français de Géopolitique, University of Paris-8

Enrique Ujaldón, escritor, Profesor de Filosofía Política en la Universidad de Murcia, cofundador de la Plataforma Libres e Iguales
Alfonso Valero, Principal Lecturer at the Nottingham Law School (Nottingham Trent University), Deputy Editor of the Nottingham Law Journal, member of the Society of Legal Scholars
Guillermo del Valle, abogado, portavoz adjunto de la Plataforma AHORA
Mario Vargas Llosa, escritor, Premio Nobel de Literatura (2010)
Rodrigo Vázquez de Prada, periodista, Director de la publicación semanal digital Crónica Popular
Salvatore Veca, Professor Emeritus of Political Philosophy at the Istituto Universitario di Studi Superiori, Pavia

Reyes de la Vega, Profesor Titular de Química en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
José Luis Vergara, asesor de comunicación
Ignacio Villaverde, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo
Mercè Vilarrubias, lingüista y escritora
José A Zorrilla, ex embajador de España en Georgia y los Estados del Cáucaso (Tiflis)
Michael Zürn, Professor of International Relations at the Free University of Berlin, Director of the Global Governance Unit and Head at the Center for Global Constitutionalism (WZB)
Aurelio Arteta, Catedrático jubilado de Filosofía Moral y Política.

Antonio Machado y Cataluña
José García Domínguez  Libertad Digital 11 Julio 2018

La cuestión catalana, sobre todo, es muy desagradable. En esto no me doy por sorprendido, porque el mismo día que supe del golpe de mano de los catalanes lo dije: "Los catalanes no nos han ayudado a traer la República, pero ellos serán los que se la lleven". Y en efecto, contra esta República, donde no faltan hombres de buena fe, milita Cataluña. Creo con don Miguel de Unamuno que el Estatuto es, en lo referente a Hacienda, un verdadero atraco, y en lo tocante a enseñanza, algo verdaderamente intolerable. Creo, sin embargo, que todavía cabe una reacción a favor de España, que no conceda a Cataluña sino lo justo: una moderada autonomía, y nada más.

Son palabras de Antonio Machado, el poeta. El mismo Antonio Machado poeta del que nunca nada han leído, es evidente, ni el presidente Sánchez ni ese asesor suyo tan cacareado, el Iván Redondo que le hizo comparecer en la fuentecita junto al racista. Ese mismo que también le manda posar con gafas tintadas en los asientos de los aviones, pues es sabido que ahí dentro fai un sol de carallo, que dirían Os Resentidos. Por primera vez en la historia de España está llegando al poder una generación joven que no ha leído nada serio en toda su vida. Una generación que es toda ella carne de series de televisión, manuales de autoayuda y frases efectistas que nunca desborden los estrictos límites del formato twitter. Una generación, la de la nueva élite que viene, que aprendió inglés e informática en el colegio, pero que nunca ha abierto un libro de alguien como Antonio Machado.

Ni lo ha abierto ni lo abrirá. Entre otras razones, porque es alérgica a la alta cultura. Lo suyo, como mucho, llega a Paolo Coelho y Ken Follett. Como mucho, digo. Por eso el ridículo de la muy estudiada estampa televisiva de Sánchez y el racista ante la fuentecita machadiana. El racista, que tiene una edad, la de los que crecieron todavía en la era de Gutenberg, yo creo que sí sabe quién fue Machado, y la repugnancia intelectual y moral que le suscitaron siempre los nacionalistas catalanes. Por algo en el principal periódico de la Prensa del Movimiento, el diario Ara, se publican con alguna frecuencias artículos denostando con saña la figura del creador de Juan de Mairena. Seguro que el racista era el único que sabía de qué iba el asunto cuando les hicieron la foto. Los otros, Iván, Pedro y el resto, me temo que de Machado solo conocen las letras que convirtió en canciones Joan Manuel Serrat. Decía Sartori que el Homo videns, que no es otro que el votante medio, deviene incapaz ya de soportar un razonamiento que dure más de cinco minutos si no está ilustrado por un video con imágenes coloristas. Pandemia contemporánea que en la política se ha traducido en el abandono del raciocinio argumentativo en favor de la sentimentalización pueril de los mensajes.

Terreno ese, el del kitsch escénico, que es donde se materializa a diario el trabajo de los Iván Redondo de todos los partidos. Ignorantes que diseñan imágenes para influir a través de ellas en ignorantes que solo interpretan el mundo a través de imágenes.

En su último artículo de prensa, publicado precisamente en La Vanguardia solo tres meses antes de morir, en noviembre de 1938, escribe Machado, por entonces aún refugiado en Barcelona:

España no es una invención de la diplomacia extranjera o la resultante de tratados de paz más o menos ineptos. Lleva siglos de vida propia, perfectamente definida por su raza, por su lengua, por su geografía, por su historia y por su aportación a la geografía universal. No dudéis un momento que traiciona a su patria quien se niegue a defenderla contra la invasión extranjera.

De estar vivo, Machado, nadie lo dude, hubiera tirado al racista al interior de la fuentecita. Y de cabeza además.

Desacato en el Parlamento de Cataluña y Constitución catalana
El independentismo sigue con sus planes de ruptura y no acepta la suspensión a los seis diputados.
Cristina Rubio / Javier Gallego . Barcelona. La Razon

El independentismo volvió a lanzar ayer, 24 horas después de la reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez, un doble órdago al Estado: por un lado, reafirmó su compromiso con la redacción de una Carta Magna catalana dentro de esta legislatura; y por otro, planteó que el Parlament desacate la suspensión dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a seis de los diputados procesados por rebelión, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont.

La Generalitat se levantó con otra actitud tras el tímido deshielo iniciado con el Gobierno. Las críticas de la CUP y de los Comités de Defensa de la República (CDR)
–quienes ya han planteado la dimisión del president si sigue por la senda del pacto– han escocido en el seno del Ejecutivo catalán. «Me han dolido muchísimo», admitió ayer el propio Quim Torra, quien endureció su postura respecto al lunes y desveló su arenga a Sánchez a favor de la vía «unilateral». «No hay ninguna renuncia a nada. Quiero llegar a la independencia. Le expliqué que tengo 55 años, que mis hijos ya son mayores y que no tengo nada que perder», aseguró en Catalunya Ràdio.

El president defiende ahora que «el 90% de la reunión» con Sánchez giró entorno al «derecho de autodeterminación». «Este es el tema y no me puedo entretener con otros», añadió en contraste con lo que dijo al salir de Moncloa, cuando admitió que no había puesto el referéndum encima de la mesa y que un primer encuentro no era el momento idoneo para hablar de «unilateralidad».

Un viraje que Torra concretó rescatando la propuesta estrella de su discurso de investidura: esta legislatura debe servir al independentismo para ir de la «restitución» –en referencia al Ejecutivo tras el levantamiento del 155– a un proceso constituyente que desemboque en la redacción de una Constitución propia para Cataluña al margen del Estatut. «El eje central de la legislatura, en la línea de implementar la declaración de independencia del 27-S, será dotarnos de una Constitución catalana», resumió el president haciendo hincapié en la idea de «hacer república» que repite ahora el soberanismo.

De hecho, el president también desveló que tiene previsto explicar los próximos pasos a seguir en una conferencia política a principios de septiembre que podría coincidir con la segunda reunión de Torra con Sánchez, ésta en Barcelona.

Asimismo, el independentismo recibió el auto de Llarena, que suspende a seis de los siete diputados por rebelión con tono desafiante. Tan solo ERC se mostró abierto a respetar la decisión de los tribunales, mientras que JxCat, y como es natural, la CUP rechazaron acatarla. Ambos grupos parlamentarios se cobijaron en el reglamento del Parlament, que prevé que la suspensión de los diputados debe ser votada por el Pleno, sin reparar en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevalece jerárquicamente, precisa que deben dejar sus funciones temporalmente una vez procesados.

La suspensión de los seis diputados supondrá únicamente la pérdida de sus derechos económicos (sueldo) y políticos (posibilidad de delegar el voto), aunque no perderán automáticamente el acta de diputado, lo que podría conllevar la pérdida de la mayoría parlamentaria separatista si no corren las listas –disponen de 70 escaños, aunque solo 69 tienen derecho a voto, mientras que los grupos contrarios a la independencia suman 65–.

Así, se avecina un nuevo conflicto judicial entre el Estado y la Generalitat en plena operación deshielo. Todo está en manos del presidente del Parlament, Roger Torrent, que es el encargado y último responsable de abordar la suspensión. Por ahora, había mantenido una línea de actuación muy cauta y respetuosa con la legalidad para evitar nuevas situaciones comprometidas, algo que se pudo adivinar en las reacciones de su partido, ERC, que pidió tiempo para analizar con rigor el auto y tomar una decisión «consensuada» con JxCat. Si bien, la plataforma de Puigdemont ya avanzó que se inclinará por votarla en el Pleno y exigirá incluirlo en el orden del día de la próxima sesión parlamentaria, una decisión que contó con el respaldo de la CUP.

La estrategia del PSOE y su precio
JORGE DEL PALACIO El Mundo 11 Julio 2018

En la entrevista de Luis Ángel Sanz a Carmen Calvo, el pasado domingo en EL MUNDO, la vicepresidenta afirmaba: "El Gobierno tiene que mantener la defensa constante de la Constitución. Y la tiene que reivindicar". A la pregunta: "¿Se celebrará un referéndum de independencia?", Calvo respondía: "No. La independencia de un territorio no está prevista en la Constitución. Y ningún gobierno constitucional de España la contempla. El artículo 2 de la Constitución establece por igual un solo Estado y el derecho a la autonomía política de sus territorios". Curiosamente, al referirse al artículo 2 de la Constitución de 1978, Carmen Calvo aludía a la idea de "un solo Estado" que no aparece en el texto constitucional. Al hacerlo omitía la referencia a la "Nación", a cuya indisoluble unidad sí se alude el artículo 2.

Un día después, la rueda de prensa que ofreció Quim Torra tras su reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa servía para conocer que el presidente del Gobierno le había "recordado que él defiende que España es una nación de naciones". Aunque Torra remataba que Sánchez no le había concretado "cuál es su proyecto para España ni la solución al derecho de autodeterminación", las declaraciones del presidente de la Generalitat invitan a pensar que la solución que Sánchez baraja para desincentivar la reclamación del derecho de autodeterminación podría ser una reforma de la constitución en sentido plurinacional.

No puede decirse que Sánchez sea incoherente, ni que su llamada a la plurinacionalidad de España sorprenda. En el debate celebrado en el marco de las primarias del PSOE, cuando Patxi López le preguntó: "Pedro, ¿sabes lo que es una nación?". El hoy presidente del Gobierno respondía: "Un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo, en Cataluña o, por ejemplo, en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas". En posteriores ocasiones, Sánchez ha vuelto a sostener que España es una "nación de naciones" en la que conviven, sin especificar mucho más sobre qué tipo de vínculos mantendrían, cuatro naciones: España, Cataluña, País Vasco y Galicia.

Parece evidente que la reflexión que lleva a Sánchez a optar por el discurso de la "nación de naciones" en detrimento de otras posibles configuraciones de la cuestión nacional no es de orden teórico ni académico, sino estratégico. Al igual que Zapatero, el PSOE de Sánchez vuelve a ver en la redefinición del consenso constitucional en materia territorial la opción de construir una nueva hegemonía socialista junto a los partidos nacionalistas. Pero no deja de ser llamativo que el precio de esta estrategia sea ver al PSOE convertido en correa de transmisión del discurso nacionalista que sólo entiende la nación como principio de integración lingüística, histórica o cultural.

Al asumir el lenguaje del nacionalismo, el PSOE de Sánchez renuncia a la ambición de articular un concepto de España asociado a ideas de ciudadanía, cooperación y solidaridad. Incorpora, contra buena parte de la tradición del pensamiento progresista, una política territorial subordinada al reconocimiento de sujetos colectivos de naturaleza prepolítica. Es decir, no negociable. Y, lo que resulta más paradójico, acredita una forma de pensar lo nacional que, en el fondo, se encuentra en la base del nacionalismo español esencialista que dice rechazar.

En este país no cabe un imbécil más
OKDIARIO 11 Julio 2018

El efecto contagio del nacionalismo se extiende por España como una pandemia de imbecilidad. En pleno siglo XXI, cuando Europa se abre de par en par y las relaciones laborales y económicas entre los individuos de los países miembros cada vez carecen de menos fronteras y trámites, esa corriente decimonónica es sinónimo de retraso e ignorancia. Sin embargo, dirigentes como Quim Torra o Iñigo Urkullu, lejos de crear rechazo con el esperpento que representan, animan a otros políticos a seguir la senda del ridículo. El último ejemplo lo encontramos en Aragón. La ‘Ley de actualización de los derechos históricos’ proclama desde este martes a la comunidad autónoma como un “país” poseedor de dichos derechos desde antes de la Constitución de 1978. El presidente de los aragoneses, Javier Lambán, se ha unido a los populistas de Podemos e Izquierda Unida y a los nacionalistas de la Chunta y el Partido Aragonés Regionalista para sacar una medida adelante que no sirve sino para hacer el ridículo y comportarse como auténticos ágrafos desde el punto de vista de la Historia.

Decir que Aragón es “un país” es desconocer que su capital actual, Zaragoza, fue fundada por César Augusto —de hecho se llamaba Caesaraugusta— en el siglo I antes de Cristo como parte de Hispania. A esa “Hispania” han permanecido hasta nuestro días y, por tanto, a España deben sus “derechos históricos”, algo que hasta la llegada de la propaganda populista era indiscutible —y sigue siéndolo— para la gran mayoría de aragoneses. Entre otras cosas porque desde Asturias y la actual Aragón —con la ayuda de Navarra— España empezó la Reconquista ante el dominio musulmán. A lo que se llamó Reino de Aragón, por tanto, no fue más que una de las regiones cristianas que lucharon por devolver la unidad a la propia España. De ahí que decir que Aragón es “un país” antes de la Constitución de 1978 es de un desconocimiento total. Además, ese Reino de Aragón que luchaba por y para nuestro país, ya formaba parte oficialmente del Reino de España desde que Felipe V promulgara los Decretos de Nueva Planta en el siglo XVIII. Por desgracia, hay representantes irresponsables que no sólo están empeñados en repetir los errores del pasado, sino también en reescribir la propia historia.

Por otra parte, Pedro Sánchez está fomentando este tipo de iniciativas en las distintas comunidades. Lejos de cimentar un proyecto de España unida y fuerte, el presidente del Gobierno consigue que cada uno haga la guerra por su parte. Está más interesado en los objetivos inmediatos y particulares que en los proyectos de Estado que mejoren el país para las siguientes generaciones de españoles. En nombre del nacionalismo, unos radicales han tratado de dar un golpe de Estado en España a lo largo de los últimos meses. En su nombre, también, en territorios como País Vasco o Baleares se pondera más en un médico el conocimiento del euskera o del catalán que un currículo cum laude. El proyecto común que arrancó en 1978 se caracterizaba por una unión y una concordia lejanas al clima de fatua crispación en el que ha caído España. Si desde el Gobierno siguen echando gasolina al fuego que genera este tipo de veleidades, la esencia de la nación más antigua de Europa desaparecerá diluida en una lista interminable de reinos de taifas que sólo propiciará una gran crisis económica, amén de un severo retraso social, cultural e intelectual.

El rompecabezas territorial del PSOE
Desde el soberanismo de PSC hasta las equidistancias de Iceta, pasando por la alianza reforzada de PNV
Roberto Pérez ABC 11 Julio 2018

Las distinas formaciones políticas del territorio autonómico se encuentran dispersas. Acuerdos y desacuerdos, apoyos y rechazos, y estructuras ideológicas de distinta naturaleza conforman un rompecabezas en Aragón.

Devaneos del PSC con el soberanismo
Las idas y venidas del PSC a la órbita nacionalista han sido constantes en los últimos años: primero durante los años del tripartito, de la mano de ERC, y luego en la época de Pere Navarro, con un partido durante los primeros años del proceso soberanista instalado en el derecho a decidir.

Las equidistancias de Iceta
Con Miquel Iceta el PSC se reencontró con el constitucionalismo, aunque más heterodoxo de lo que el PSOE querría. No ha estado exento de polémica: de la apuesta por la llamada «vía canadiense», luego matizada, a la idea de pensar en el indulto de los políticos presos, una sugerencia que expresada en plena campaña de las últimas autonómicas le valió numerosas críticas, informa Àlex Gubern.

Alianza reforzada con el PNV
Los socialistas gobiernan en el País Vasco con el PNV y le deben que Sánchez esté en La Moncloa. El PNV se apoya en Bildu para exigir más autogobierno, y el PSOE se muestra comprensivo. Por ejemplo, está por la labor de que el País Vasco decida en política penitenciaria y que se acerque a los presos de ETA.

Denuncias por la lengua en Valencia
El sector nacionalista del Gobierno valenciano, encarnado por Compromís, ha creado la Oficina de Derechos Lingüísticos, que permite denunciar a particulares. Además, aprobó un decreto para exigir a los funcionarios que se dirijan en valenciano a los ciudadanos. A pesar de los postulados de Compromís, sus socios del PSPV han frenado iniciativas como la del requisito lingüístico para acceder a la Función Pública, informa Alberto Caparrós.

Enredo en Baleares con el «procés»
En las principales instituciones de Baleares gobiernan tripartitos conformados por el PSOE, los ecosoberanistas de MÉS y Podemos. Los socialistas isleños han apoyado cualquier iniciativa en favor del catalán y han mantenido una posición ambigua con respecto al «procés», ya que si bien lo rechazan, al mismo tiempo se opusieron a la aplicación del 155 en Cataluña, informa Josep María Aguiló.

El bable como ariete político
El sector sanchista que se hizo con la dirección del PSOE asturiano se empeñó hace meses en la cooficialidad lingüística del bable, en sintonía con Podemos y para explorar tesis identitarias en la política del Principado.

Madrid, una «nación»
Hace apenas un año, el entonces aspirante a la secretaría general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, abogó por que esta región se convirtiera en una «nación» tras una reforma constitucional en la que España se conformara en Estado federal y «plurinacional».

Por la inmersión lingüística gallega
El PSdeG lleva años abrazando las tesis de los grupos políticos y sociales de la órbita del nacionalismo que exigen la inmersión lingüística en gallego en la educación pública, frente al actual modelo aprobado por a Xunta de Feijóo que garantiza el empleo al 50% de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad. Ya en el lejano bipartito, el PSdeG ya estaba a favor de relegar el castellano por las presiones de sus socios nacionalistas, informa J. L. Jiménez.

La deriva nacionalista del PSOE también alcanza a Aragón
Lambán promulga una ley que proclama que Aragón «ostenta una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios» y anteriores a España
Roberto Pérez ABC 11 Julio 2018

El abrazo entre el PSOE y los nacionalistas suma y sigue capítulos, y el último se acaba de escribir en Aragón. Fue una de las regiones en las que el PSOE, pese a perder las elecciones autonómicas de 2015, logró instalarse en el Gobierno regional gracias a los votos prestados de Podemos, de IU y de los soberanistas de la Chunta.

Y ahora, un mes después de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa también gracias a las órbitas nacionalistas y de Podemos, el aragonés Javier Lambán acaba de promulgar una ley -de «Actualización de los derechos históricos de Aragón»- con la que devuelve el favor a la Chunta, ejercita la sintonía parlamentaria con Podemos e IU, y atrae eventualmente al PAR, que también ha apoyado esta controvertida ley de corte soberanista, pese a que el Partido Aragonés es socio del PP en las Cortes Generales. Todo esto mientras se suceden los cortejos entre los socialistas y las órbitas nacionalistas en varias comunidades autónomas, caso del PSC catalán, de la deriva identitaria del socialismo asturiano, o de los acuerdos gubernamentales con el nacionalismo que se dan en Baleares y la Comunidad Valenciana.

«Pueblo» y «voluntad»
Esta nueva ley autonómica declara que Aragón es un «país» con «más de doce siglos de historia», con «identidad jurídica» y «política» anteriores a España. El soberanismo que destila esta ley cuadra con las tesis de sus promotores, la Chunta Aragonesista (CHA), partido al que Lambán integró en su Gobierno y en cuyos documentos programáticos defienden la autodeterminación y el derecho a la independencia.

La polémica ley que acaba de ver la luz -ayer fue publicada por el Boletín Oficial de Aragón (BOA)- sobrepasa al Estatuto de Autonomía. Así, mientras éste se limita a declarar la región como «nacionalidad histórica», sin más, la nueva ley añade una relevante y extensa coletilla. Su artículo primero habla de Aragón como «nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento».
Superioridad: coloca los «derechos históricos del pueblo aragonés» por encima de la Constitución

De esta forma se refiere al derecho colectivo a decidir, un derecho que la misma ley se encarga de remarcar que está vigente y que es anterior a la Constitución y a la propia existencia de España. De hecho, en otro artículo se indica que «los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución española» y que «no prescriben por falta de uso, ejercicio o reclamación».
«Identidad»

«La participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos», remarca esta ley. También proclama que «Aragón, en virtud de sus instituciones tradicionales, su historia, su Derecho, su cultura y de la convivencia histórica de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios que deberán reivindicarse y reconocerse».

En el preámbulo de esta ley autonómica se subraya que el carácter nacional de Aragón acumula «más de doce siglos de historia». Define a esta tierra como «país», que en su momento «fue germen y cabeza de una confederación peculiar y precursora en Europa, la Corona de Aragón». Y reivindica «nuestro hecho nacional» como fruto de «la voluntad de los aragoneses de existir como pueblo».

Aunque esta ley se votó en las Cortes de Aragón el 28 de junio, no fue hasta ayer cuando se publicó su redacción definitiva. Ha sido tras incorporar las enmiendas que remozaron el texto original que promovió la Chunta. El PSOE considera que el texto resultante no choca con la Constitución, que no abona el derecho de autodeterminación y que está dentro de la legalidad y de la oportunidad política. Desde PP y Ciudadanos, sin embargo, ven evidente que esta ley colisiona tanto con la Constitución como con el Estatuto de Autonomía, y que lo hace para cimentar el soberanismo.
PP y Cs censuran a Lambán

El líder de los populares aragoneses, Luis María Beamonte, ha responsabilizado directamente al socialista Lambán. Entiende que esta nueva y polémica ley «le pone en evidencia, porque demuestra que aprueba lo contrario de lo que predica, que habla de unidad de España y luego se entrega a las tesis soberanistas, que los principios y convicciones que dice tener son un fingimiento».
Antecedentes: desde 2015, el PSOE gobierna en Aragón con los nacionalistas de la Chunta y gracias a Podemos

En similar sentido se ha pronunciado la líder de Ciudadanos en Aragón, Susana Gaspar. Tras censurar las «incoherencias» del PSOE aragonés, ha afirmado que esta nueva ley «es el primer paso para reclamar el derecho de autodeterminación de Aragón».

Para la Chunta Aragonesista (CHA) y Podemos, el texto que se ha promulgado va en sintonía con las tesis que llevan tiempo defendiendo.

Las tesis de Podemos y CHA
Así, el programa electoral con el que la Chunta concurrió a las elecciones autonómicas del año 2015 abogaba expresamente por el «derecho de autodeterminación del pueblo aragonés». Lo defendía para conseguir un nuevo escenario en el que Aragón fuera jurídica y constitucionalmente una «nación federada» a España y aliada «con los antiguos estados y señoríos de la Corona de Aragón, dentro y fuera de la Península Ibérica»: Cataluña, la Comunidad Valenciana, el Rosellón francés y el antiguo Reino de Nápoles -la actual Nápoles y parte de la Península Itálica-.

En cuanto a Podemos, su apuesta por esta ley autonómica también engarza con los antecedentes programáticos defendidos por la formación morada en esta Comunidad. A finales de 2016, Pablo Echenique impulsó un documento en el que Podemos reivindicó Aragón como «país» y con soberanía propia.

Independentismo en Cataluña
El PSOE promueve que los golpistas emitan TV3 en Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón
Segundo Sanz okdiario 11 Julio 2018

El PSOE está a favor de que los golpistas catalanes consigan emitir TV3, la cadena pública autonómica sometida a sus intereses separatistas, también en Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón. Así consta en una iniciativa parlamentaria que el partido de Pedro Sánchez presentó en el Senado junto a ERC, PDeCAT, Podemos y Compromís, este último representando al Grupo Mixto.

En concreto, el texto de la moción emplazaba al Gobierno a que “en el plazo de ocho meses, y de forma coordinada con los organismos competentes y los gobiernos de todos los territorios del dominio lingüístico catalán (CCAA de Aragón, Catalunya, Comunidad Valencia, Islas Baleares), así como con las autoridades de los Estados de Francia, Italia y Andorra, y presentar un plan, que incluya calendario y presupuestos, de aplicación, desarrollo y promoción de la reciprocidad total de los medios de televisión en lengua catalana del conjunto del dominio lingüístico”.

En esta línea, la iniciativa también abogaba por “llevar a cabo durante los próximos 12 meses la reforma del marco jurídico vigente para disponer de la cobertura normativa necesaria para garantizar la reciprocidad total de los medios de radiotelevisión en catalán entre los territorios de la lengua catalana del Estado español”.

La moción fue firmada por el miembro del PSC y exjefe de la Generalitat, José Montilla, por los expresidentes socialistas de Baleares y Aragón, Francesc Antich y Marcelino Iglesias, por el senador de Podemos-En Comú-En Marea Óscar Guardingo, así como por Mirella Cortés, de Esquerra Republicana, Josep Lluís Cleries, portavoz del PDeCAT en la Cámara alta, y Jordi Navarrete, en representación de Comprimís y electo por Castellón.

Dentro de unos meses TV3 volverá a tener señal en la Comunidad Valenciana, a través del canal À Punt, siete años después

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado tumbó esta moción el pasado 26 de junio, pero su contenido ya dejó muestra de la connivencia de los socialistas con los separatistas catalanes en la gestión de las televisiones públicas y da una idea de que lo puede deparar el futuro inmediato.

La TV3 del procés ya realiza emisiones conjuntas con la corporación balear IB3 y está previsto que dentro de unos meses vuelva tener señal en la Comunidad Valenciana, a través del canal À Punt, siete años después. Ello fue uno de los acuerdos que alcanzaron en mayo de 2016 el entonces jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, en su primer encuentro oficial.

En este contexto, cabe recordar que el PSOE de Pedro Sánchez, que puso como condición al PP de Mariano Rajoy no intervenir TV3 para apoyar el 155, ha contado con ERC y PDeCAT para renovar la dirección de RTVE vía decretazo hasta la aplicación de la Ley de concurso público. Tal y como ha informado a OKDIARIO, los socialistas ofrecieron a ERC entrar en el Consejo de RTVE pero los republicanos prefirieron rechazar el ofrecimiento a cambio de mantener el control sobre los medios catalanes para continuar con su política de adoctrinamiento en Cataluña.

En el caso del PDeCAT, el partido de Carles Puigdemont y Artur Mas cuenta con un consejero afín, Josep Luís Micó Sanz, que si bien fue propuesto formalmente en la lista conjunta de PSOE, Podemos y PNV, ya contaba con el beneplácito de los herederos de Convergència.

Mandato caducado
Además, a ello se une que Sánchez, tras recibir el respaldo de los separatistas a su decretazo sobre RTVE, les ha permitido mantener el control de TV3, esto es, el consejo de administración del ente audiovisual catalán siga respondiendo a una realidad electoral previa al triunfo de Ciudadanos en las elecciones del 21-D, funcionando con el mandato caducado de sus miembros desde marzo.

Pese a que han transcurrido ya más de seis meses desde los últimos elecciones en Cataluña, el gobierno de Quim Torra no tiene prisa ninguna por renovar el consejo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CMA), manteniendo así el férreo control que el secesionismo ejerce sobre TV3 y Catalunya Ràdio. Al contrario, una de las primeras decisiones de su Govern fue aprobar un crédito extraordinario de 20,4 millones para aliviar su asfixia financiera.

"¿Era necesario el castellano en selectividad? No. Son muy pocos"
BALEARES. MAYTE AMORÓS El Mundo 11 Julio 2018

El coordinador de las PBAU justifica la poca demanda de español, de apenas el 0,8%, en que los alumnos "ven normal hablar en catalán"

Hace unos meses, el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, llamó al profesor universitario Joan Antoni Mesquida para encomendarle la ardua labor de poner paz en las pruebas de acceso a la Selectividad. El sector docente nacionalista se había puesto en pie de guerra contra la implantación del bilingüismo en los enunciados de estos exámenes, que hasta 2017 se ofrecían única y exclusivamente en catalán (aunque los alumnos pueden contestar en castellano o catalán). Todo acabó en una ola de dimisiones y de críticas dentro del Tribunal de las PBAU, incluso por parte del anterior presidente, Joan Stela, quien llegó a afirmar a los profesores en una reunión organizativa que era un «experimento abocado al fracaso».

Tras mucha polémica, la llegada de Mesquida este año al tribunal de selectividad ha calmado las aguas, y la convocatoria de junio se ha celebrado con total normalidad. «A nosotros nadie se nos ha quejado, por tanto cada uno ha tenido libertad de elegir el idioma que ha querido y se ha implantado lo que se quería que se implantara», asevera aséptico el nuevo coordinador, aunque no oculta su opinión sobre esta decisión conjunta de la UIB y la Conselleria de Educación: «Si me preguntas si era necesario [dar las preguntas en castellano], pienso que no. Como se resolvía antes, se resolvía bien».

El presidente del Tribunal garantiza que este año se han repartido exámenes en castellano en todas las aulas y que todas las personas que los han pedido en esta lengua se les han dado. Aun así, muy pocos disidentes se han atrevido a levantar la mano y pedir su examen en español. Según los datos facilitados por la UIB, de los 12.906 estudiantes que se presentaron a estas pruebas en junio, sólo 108 hicieron uso de este derecho lingüístico, apenas el 0,8% del total. «Muy pocos», valora Mesquida, que recalca que estos datos «prueban que no era necesario» [cambiar los enunciados en castellano] porque «incluso dando la opción, ha habido muy pocos».

Otra interpretación podría ser que el mecanismo de la UIB para facilitar los exámenes en castellano disuade a los alumnos, ya que primero se reparten a todos en catalán y, quien lo quiere en español, debe pedirlo ex profeso. Eso provoca, en ocasiones, una pérdida de tiempo, según han criticado los alumnos afectados, que además tienen que soportar que se les apunte en un listado que se utiliza para llevar un recuento de las peticiones.

«Esto ya no se hace. Me daba miedo que la gente pensara que queríamos ficharlos», reconoce el coordinador, que está ideando un mecanismo distinto que permita recabar la información sin que nadie se sienta marcado y que, a la vez, transmita «normalidad».

En Historia de España, la única asignatura común a todos los alumnos de las PBAU, apenas un 0,7% ha pedido su examen en castellano. Así, de los 3.655 estudiantes que hay, sólo 27 solicitaron la fotocopia en esta lengua. La interpretación que hace Mesquida ante la baja demanda es que «cada vez los alumnos están más formados en catalán en todas las etapas y, por lo tanto, ven normal usar el catalán». Además, niega el runrún de que contestar en lengua catalana suba nota. «Es rotundamente falso. Si eso se hubiera detectado, que no es el caso, ese profesor habría sido apartado inmediatamente».

Según los datos recabados en las PBAU de junio de 2018 por asignaturas, el porcentaje más alto de solicitudes de enunciados en español se ha dado en Artes Escénicas donde de los 24 alumnos uno pidió su examen en castellano; un 4,2%. «Pero no es representativo», matiza Mesquida, dado el poco volumen de estudiantes de esta materia. Le siguen Economía de la Empresa, con 20 de un total de 924, es decir, un 2,2%; Historia de la Filosofía con tres de 151 (2%), y Dibujo Técnico con siete de 440 (un 1,6%).

Por zonas, el campus de la UIB en Palma ha sido donde más demanda ha habido con 91 alumnos de los 7.101 (un 1,3%). En la sede de Manacor hubo 12 peticiones (un 0,8%), en la sede de Inca, 4 (0,3%) y en Ibiza sólo una (un 0,1%). En Menorca y Formentera nadie pidió su examen en español.

Hoy a las 09.00 horas arrancan los exámenes extraordinarios de las PBAU para 1.216 estudiantes de todas las Islas. De ellos, algunos se presentan para mejorar la nota, y el 61,1% son mujeres. Mesquida se estrena este año con la convocatoria extraordinaria de las PBAU, que por primera vez se ha adelantado a julio en Baleares. El profesor confía que los resultados de los alumnos mejoren. «Está visto que en verano no estudian y es mejor hacer la recuperación cuando aún tienen los conocimientos frescos y ayudados por el refuerzo de sus propios profesores».
Las cifras

Un 0,8% en español. De los 12.906 alumnos presentados a las PBAU en la convocatoria de junio, 108 pidieron los enunciados en castellano; un 0,8%.

En Menorca y Formentera, todos en catalán. En el campus de Palma fue donde más peticiones hubo: 91 de un total de 7.101 (un 1,3%). En Ibiza sólo una de 1.473 (un 0,1%). En la sede de Manacor, 12 de un total de 1.549 (0,3%). En la sede de Inca, cuatro de 1.549 (un 0,3%). En Menorca y Formentera todos los exámenes fueron en catalán.

Artes Escénicas con más peticiones. De todas las asignaturas, la que más peticiones de español obtuvo porcentualmente fue la de Artes Escénicas con 1 sobre 24 (un 4,2%). Le siguen Economía de Empresa con 20 de un total de 924 (un 2,2%) e Historia de la Filosofía con 3 de 151 (un 2%).

Biología, Física y Arte,ninguna. Todos los estudiantes de estas tres asignaturas hicieron el examen con la versión en catalán. Ninguno de ellos eligió castellano.

La selectividad de septiembre a julio. Hoy empieza la primera selectividad extraordinaria en julio.

El mensaje de Sánchez que reabre el debate sobre la ley de lenguas en España
Un grupo de intelectuales recupera su proyecto para oficializar los idiomas regionales que rechazó el PP, mientras que el PSOE impulsa una ley de pluralidad lingüística
María Jesús Cañizares Cronica Global 11 Julio 2018

El tuit escrito en catalán por los responsables de las redes sociales de la Moncloa para informar de la reunión mantenida entre Pedro Sánchez y Quim Torra ha desconcertado a los independentistas, acostumbrados a monopolizar el tema lingüístico. Hace tres años, un grupo de intelectuales impulsaron una iniciativa que pretendía precisamente eso, que los nacionalistas dejaran de tener la exclusividad del debate sobre el catalán. Se trata de proyecto de Ley de Lenguas Oficiales, que proponía hacer del catalán, el gallego y el vasco lenguas oficiales del Estado. Entre los impulsores del proyecto estaban el historiador Joaquim Coll, el jurista Ángel Puertas, el ensayista Juan Claudio de Ramón, el catedrático de Derecho Internacional Privado Rafael Arenas y la catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona, Mercè Vilarrubias.

Sin embargo, el ambiente de confrontación que generaba el procés impidió que el Gobierno del PP se interesara por ello. Tras el relevo en el Ejecutivo español y el ambiente de distensión que le ha sucedido, Vilarrubias considera que es viable recuperar ese proyecto e incluir un aspecto muy importante: la protección de los derechos lingüísticos. De hecho, la catedrática tiene previsto publicar el año próximo un libro, prologado por Juan Claudio de Ramón, en el que detallará las ventajas de unas instituciones del Estado plurilingües. Es decir, la presencia del catalán, el vasco y el gallego en los documentos, impresos y rótulos de las organismos estatales; catálogos permanentes en las cuatro lenguas en los todos los museos estatales o la posibilidad de hablar en todas las lenguas españolas en el Congreso y el Senado. Eso es lo que defiende la ley de lenguas.

Hacer pedagogía
“Es necesario hacer mucha pedagogía. A mí me parece excelente el tuit en catalán que hizo la Moncloa. Pero también he visto críticas en las redes sociales. La regulación de los derechos lingüísticos permite poner límites a políticas donde se instrumentaliza la lengua”, explica Vilarrubias.

Su modelo es el de Canadá, donde “el Estado oficializó el bilingüismo, no en base a un pacto con los nacionalistas del Quebec, sino porque entendió que era un tema clave”. Por el contrario, considera que en España siempre se han interpretado estos debates como una concesión a los nacionalistas. De hecho, el PSOE pretende sacar adelante una ley de pluralidad lingüística. Teme Vilarrubias que ese proyecto no incluya el reconocimiento de los derechos lingüísticos, que pasan por la protección del castellano en Cataluña. “Se le puede ir de las manos si necesita el apoyo de nacionalistas y Podemos”, afirma la docente.

Los socialistas incluyeron esa ley en su programa electoral. Tiene como finalidad defender y promover en toda España, así como en el extranjero a través del Instituto Cervantes, todas las lenguas oficiales como patrimonio cultural. Para el PSC, el debate lingüístico siempre ha sido un tema espinoso. Los socialistas catalanes defienden el modelo de inmersión lingüística, aunque admiten que Ciudadanos les ha comido terreno en ese sentido, especialmente en zonas castellanohablantes donde tradicionalmente tenían su granero de votos. El pasado mes de febrero, el PSC presentó en los 300 ayuntamientos donde tiene representación una moción en defensa de la escuela catalana como instrumento de cohesión, en respuesta a “la ofensiva de PP y Ciudadanos”.

El Valle de los Caídos y Cataluña
Javier Barraycoa Gaceta.es  11 Julio 2018

Pedro Sánchez –réplica nefasta y degradada de Zapatero– se ha convertido en el gran hacedor de franquistas. La izquierda, a fin de tapar sus vergüenzas, se ha dedicado cuarenta años a proyectarlas en los demás. Ha creado estereotipos y ha perpetuado una memoria histórica sesgada, intentando lobotomizar de la memoria colectiva la sangría causada por la República entre el 36 y el 39. Con otras palabras. La izquierda se ha querido justificar creando un “monstruo” ajeno, pues no ha podido nunca legitimarse en las virtudes propias. El fracaso de una ideología, partido o institución, se constata cuando sus únicos argumentos consisten en satanizar al “enemigo” sea real, sea figurado. Y tarde o temprano, este excurso de la izquierda pierde la eficacia inicial y de relato pasa a balbuceos para mentes anoréxicas.

Por eso, tras cuarenta años de falsedades, el discurso de la izquierda está provocando los efectos contrarios no deseados. Se ha creado un efecto que los vulgarizadores del conocimiento llaman “psicología inversa”. Si la izquierda dice que hay que desmontar El Valle de los Caídos, mucha gente empieza a creer que hay que mantenerlo a toda costa. Si la izquierda dice que Franco fue muy malo, es que a lo mejor –pensarán otros- debe ser una figura histórica digna de ser revisada. Y esto lo escribe uno que fue formado en un tradicionalismo más que a-franquista, por no decir anti-franquista; y cuyo abuelo paterno fue represaliado por Franco por pertenecer a la masonería. Sí, los linajes familiares tienen estos extraños bucles. Por tanto, estos precedentes, me permiten defender la persistencia de El Valle de los Caídos tal y como se nos fue legado a los que cuando murió el General Franco no teníamos más allá de 12 años. Y este juicio es absolutamente independiente de lo que uno pueda pensar sobre el franquismo.

Dudaba si escribir un artículo sobre el franquismo y El Valle de los Caídos y la sinvergonzonería de la izquierda salida de las familias franquistas (quizá más adelante). Pero como catalán, tal vez mi deber sea “desfacer” el entuerto maniqueo del nacionalismo, que pretende oponer nacionalismo catalán a franquismo y por ende a El Valle de los Caídos. Por cuestiones de espacio esbozaremos unos datos prácticamente desconocidos por el gran público que muestran la relación de Cataluña con el Valle. Corría el 13 de agosto de 1936. La tierra catalana se empapaba de sangre de mártires asesinados masivamente por las (des)controlados de Companys. En la población de Vallrromanes (Comarca del Vallés), ocurrió algo misterioso, por no decir milagroso. Varios vecinos vieron en el horizonte como se alzaba una inmensa Cruz sobre una montaña en lontananza. Tantos los testimonios, como los dibujos de esa Cruz (que han pasado por mis manos) fueron mostrados al Padre Anselmo Álvarez, que sería posteriomente Abad, y afirmó convencido que esos bosquejos realizados por los que habían visto, que correspondían al perfil de la cruz actual y la orografía. De hecho, la dirección de esta visión del año 36 coincide exactamente hacia donde se halla el Valle desde dicho pueblo de Vallrromanes. Dicho lo cual que cada uno crea lo que quiera.

Datos más “objetivables” para las mentes racionalistas, es que los catalanes tuvieron un papel ciertamente importante en el concurso del proyecto de Cuelgamuros. Toda la cúpula de la basílica, compuesta por más de cinco millones de piezas de mosaico, fue elaborada por el catalán Santiago Padrós. Hombre devoto y patriota. Justo en la escena de la asunción de la Virgen compuso en mosaico un escudo de la Virgen de Montserrat. Ello se debía entre otras cosas a que mientras se pergeñaba el proyecto, Franco estaba encandilado con el Abad Escarré de Montserrat y viceversa. Hay datos más que suficientes para probar la ambición de Escarré por ser nombrado el primer Abad del muevo convento benedictino que cuidaría El Valle. Pero las cosas se truncaron. Y el archifranquista Abat de Montserrat se convirtió de la noche a la mañana en un furibundo antifranquista. Y pasó de tutear a Franco a denostarlo en la prensa extrajera. Pero esta historia merece otra Tribuna. Franco por fin se decidió a traer al Valle monjes benedictinos de Silos. Ello no quita que durante los años 60 y 70, la escolanía se especializara entre otras cosas en música Antigua Catalana, de la que se conservan unas espléndidas grabaciones en Hispavox (creo). O que se especializaran en el compositor de Olot, el P. Antonio Soler, uno de los mejores compositores de la España del siglo XVIII.

Se nos ocurren tantas cosas que contar que tememos dejarnos cosas. La carretera de acceso al Valle fue construida por los hermanos Banús, que salieron de La Masó (en la Tarragona profunda). Hicieron gran fortuna y ello les permitió emprender proyectos como el famoso Puerto Banús en Marbella. Por su parte el funicular del Valle es de la misma empresa que el de Montserrat: Talleres Rocafort; cuyo presidente –ya jubilado, creo- es buena persona, piadosa y patriota. ¡Ah! Y cómo no olvidar la familia Raventós, tan amiga de Franco, cuyos herederos ahora han dotado al cava Codorníu de una marca separatista. Los Raventós, regalaron toda la orfebrería litúrgica a la nueva comunidad Benedictina.

Podríamos seguir, pero al menos estos datos queríamos recuperarlos apura el gran público, para evitar esos maniqueísmos en los que la izquierda siempre nos quiere encasillar, a fin de obligarnos a optar entre lo “malo” y por exclusión lo “bueno”, o sea ellos. No, la historia no es dicotómica, y esos catalanes, o mejor dicho vínculos de Cataluña con El Valle, existieron, no se pueden enterrar, ni exhumar, ni olvidar. ¡Ojalá tuviéramos memoria histórica!


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