AGLI Recortes de Prensa   Jueves 12 Julio 2018

 El Gobierno bendice la ominosa inmersión lingüística
EDITORIAL  Libertad Digital 12 Julio 2018

Ya está bien de que a los españoles que quieren estudiar en español en España se les niegue un derecho que debería ser literalmente innegable.

Pocos hechos ilustran de forma más elocuente la bochornosa y silenciada independencia de facto de que disfruta la Cataluña nacionalista que la proscripción del derecho a estudiar en español vigente desde hace décadas en esa comunidad autónoma. A pesar de la pertenencia del Principado al Reino de España; a pesar de que el derecho constitucional a estudiar en español asiste también a todos los catalanes y a pesar de ser el castellano la lengua materna de más de la mitad de los catalanes, lo cierto es que el tratamiento otorgado a la lengua común de todos los catalanes en las escuelas catalanas es muy similar al que tendría si a esa parte de España se le concediera el estatus de Estado soberano.

Como si de una lengua extranjera se tratara, en Cataluña se puede estudiar español pero no en español, lo que constituye una violación de un derecho elemental sin parangón en ningún país democrático del mundo. Los distintos Gobiernos de España han venido siendo vergonzosamente aquiescentes ante este desafuero liberticida, unas veces por complejo ante los nacionalistas y otras para ganarse su apoyo en el Parlamento. Así, los Gobiernos de Suárez y González miraron para otra parte ante lo que se avecinaba, como también lo hizo el de Aznar, que no sólo no recurrió la discriminatoria Ley de Política Lingüística de 1998 ante el Tribunal Constitucional sino que maniobró para que el Defensor del Pueblo tampoco lo hiciera. Con todo, más reiterada y, por tanto, más grave fue la dejación de funciones de los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, cuando ya se amontonaban las sentencias de los Altos Tribunales contrarias a la erradicación del castellano en la enseñanza.

Con todo, hasta la llegada al poder de Pedro Sánchez, de la mano de unos nacionalistas devenidos golpistas, ningún gobernante o ministro de Educación español había llegado al extremo de elogiar la ominosa inmersión lingüística, contraria al ordenamiento constitucional. Pues bien, la ministra Isabel Celáa ha tenido la desfachatez de elogiar la "cohesión" que, a su desvergonzado juicio, procura el modelo de inmersión lingüística, y para colmo lo ha hecho remitiéndose a las manipuladoras estadísticas de los nacionalistas, según las cuales los niños catalanes tienen un dominio del castellano similar al que muestran los demás niños españoles.

Distintos informes recopilados por Convivencia Cívica Catalana han desmontado con datos ese fenómeno paranormal gracias al cual en Cataluña bastarían dos horas semanales de castellano para que los niños alcanzaran un nivel de dominio de la lengua común que sólo se alcanza en el resto de España con 25 horas. Que semejante patraña la inventen y propaguen los liberticidas partidarios de la independencia de Cataluña no es de extrañar. Lo bochornoso y lo indecente es que la defienda una ministra de Educación española en pro de un modelo lingüístico inconstitucional que, aun cuando milagrosamente procurara buen dominio de una lengua que proscribe, seguiría constituyendo un muy grave atentando contra un derecho fundamental.

Lo más lamentable de todo es que, a excepción de la socialdemócrata UPyD y el liberal-conservador Vox, ambos extraparlamentarios, no hay en la arena política quien defienda el derecho a estudiar íntegramente en español en toda España.

Esto no puede seguir así. Sencillamente, no es tolerable. Ya está bien de que a los españoles que quieren estudiar en español en España se les niegue un derecho que debería ser literalmente innegable.

El PSOE siembra la próxima crisis de deuda en España
Daniel Rodríguez  Libertad Digital 12 Julio 2018

Un ejecutivo deslegitimado y con una clara minoría en el Parlamento como el de Pedro Sánchez sabe que no cuenta con los tradicionales 100 días de gracia. Por ello, están comenzando a llevar a cabo lo que ya preveíamos que iban a hacer: aumentar el riesgo financiero de España.

Tras un mes escaso de ejercicio de poder, las medidas que han lanzado en forma de globo sonda superan los 4.500 millones de euros de gasto. Esto, tras aprobar unos presupuestos que suponen un incremento del gasto público no financiero de casi 8.000 millones de euros, que incluye partidas de gasto consolidables por valor de casi 6.000 millones, es una barbaridad.

Imagínese que usted ha recibido un bonus extraordinario y no pactado en su trabajo y que la evolución a la baja del Euríbor le ha supuesto un descenso de su hipoteca en el último año. Si esto pasa, su renta disponible ha aumentado. ¿Creería que está en el momento idóneo para contratar a una persona que le limpie la casa, a otra que le cuide el jardín y lanzarse a por una segunda hipoteca descontando un nivel de ingresos de, al menos, los del último año?

Pues eso mismo que usted y yo negamos categóricamente, es lo que está planteando el ejecutivo del PSOE: descontrolar el gasto público, con cargo a los estabilizadores automáticos y a los vientos de cola.

Parece obviar que el menor gasto derivado de partidas como, por ejemplo, los subsidios al desempleo o intereses de la deuda, son puramente coyunturales. Acabarán, antes o después, y pasarán a engordar de nuevo el gasto público.

¿Qué pasará entonces? Que partidas tan sociales como el restablecimiento de la sanidad universal, la eliminación del copago farmacéutico, la nacionalización de las autopistas de peaje, y las que quedan por venir, sencillamente, serán una amenaza financiera para el sistema en su conjunto. Añadir 4.500 millones de euros (al menos) a un presupuesto como el de 2018, claramente expansivo, es un acto de irresponsabilidad política y social.

Tal y como ya hemos comentado en esta columna, España se enfrenta a un entorno económico con incertidumbres severas para los próximos meses. El escenario macroeconómico planteado en los presupuestos de 2018 ya está obsoleto y el crecimiento económico es más necesario que nunca.

Que los 'ricos' paguen
Dado que el margen vía deuda pública es limitado, los ministros de Pedro Sánchez acuden al manual del intervencionista para justificar sus movimientos: "Hay margen para subir los impuestos", "los ricos pagan poco" y "vamos a llegar a un acuerdo de rentas".

Tras estas frases grandilocuentes, se encuentran medidas estrella como incrementar el salario mínimo interprofesional, o subir los impuestos a las grandes empresas. Todas ellas con mostrada capacidad de incrementar el desempleo y añadir rigideces al mercado laboral, haciéndolo más sensible ante los ciclos económicos.

La mejor forma de incrementar las rentas del trabajo es disminuir la diferencia entre el coste de empresa por contratar a un asalariado y el salario neto percibido por el trabajador. Es lo que la OCDE ha denominado brecha fiscal.Un español soltero y sin hijos que cobre el salario bruto medio deja de percibir casi 4 de cada 10 euros de su sueldo por los impuestos. Además, en los últimos 17 años este diferencial se ha incrementado en 0,7 puntos porcentuales, frente al descenso de 1,1 puntos porcentuales de la OCDE.

Pedro Sánchez, en su afán de que los ricos paguen, podría aumentar esta diferencia gracias a ocurrencias como el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Incremento que, por otra parte, afecta a esosricos que cobran la salvaje cuantía de 45.000 euros al año, nótese la ironía.

Los mantras empresariales
Otro de los tributos que el mercado da prácticamente por aprobado es el nuevo impuesto al diésel. Otros 15 céntimos por cada litro de carburante, con el objetivo de igualar el 53% de impuestos que ya estamos pagando en cada litro de gasolina. Debe de ser que solamente los ricos van a trabajar en coches más eficientes desde el punto de vista de consumo y/o desempeñan sus tareas profesionales a bordo de uno de ellos. En cuanto a mantras empresariales, tampoco se quedan cortos:

El primero es que las grandes empresas pagan poco. Según un estudio de Javier Santacruz para Civismo, los tipos efectivos sobre el resultado bruto de explotación que pagan las empresas según su tamaño son: 41,67% pequeña empresa, 51% mediana y 61,57% las grandes. El informe Paying Taxes 2018 va en la misma dirección: la presión fiscal de las empresas españolas está por encima de la media de la OCDE, con casi el 47% de sus ingresos destinados a pagar sociedades, IRPF y otros impuestos. En términos de Seguridad Social a cargo del empleador (empresario), España ocupa el dudoso honor de ser el quinto país de la OCDE.

Con casi 140.000 empresas menos que en 2008 y los beneficios empresariales estancados, la recaudación por Impuesto de Sociedades a noviembre de 2017 prácticamente igualaba los 27.301 millones de euros de 2008. Los impuestos a sectores como la banca o el sector digital los va a pagar usted o, en su defecto, las pymes, que tendrán que dejar de vender por internet.

En resumen, trabas a la creación de empleo y a la atracción de inversión que obligarán al Gobierno a acudir a más deuda pública ante la ralentización económica. Cuando ya no podamos maquillar más la situación, culparemos al neoliberalismo o a los mercados de lo que en realidad ha sido una reconocida incapacidad pública de reconocer las necesidades del país.

Daniel Rodríguez es consultor estratégico de multinacionales, autor del blog economistadecabecera.es y miembro del Comité de Dirección del Club de los Viernes.

Comisión de verdad de la buena
Cristina Losada  Libertad Digital 12 Julio 2018

La ministra de Justicia ha anunciado una batería de medidas para su departamento. La gran mayoría tienen que ver con el franquismo. En su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso, Dolores Delgado dijo que era "inaceptable que España sea el segundo país del mundo con más fosas, sólo por detrás de Camboya". Yo espero que la ministra desglose los detalles que avalan esa afirmación, incluido el número de víctimas enterradas en las fosas camboyanas y en las españolas. Entretanto, confiaré en los datos que ofrece el Cambodian Genocide Programque mantiene la Universidad de Yale desde 1994, donde se documentan 309 zonas de enterramiento, en las que hay 19.000 fosas comunes. O en los datos del Documentation Center of Cambodia, que identificó, a lo largo de doce años, un total de 19.733 fosas comunes en territorio camboyano. En cuanto a las nuestras, el Ministerio de Justicia informó el año pasado de que el número de fosas comunes relacionadas con la guerra civil y la represión franquista era de 2.457.

Son muchas, ciertamente, pero es difícil que nos acerquemos, pese a la crudeza de una guerra civil, a la espeluznante cantidad de fosas y de víctimas que dejó un genocidio como el practicado por los Jemeres Rojos y su jefe Pol Pot, con un número estimado de entre 1,2 millones y 2,8 millones de personas muertas, según la investigación reciente de un demógrafo de la UCLA. Calcúlese la proporción de la población que murió –asesinada, por trabajo esclavo o por hambre– teniendo en cuenta que Camboya tenía unos 7 de millones de habitantes cuando los maoístas se hicieron con el poder y empezó un exterminio que sólo se atrevió a negar el camarada Chomsky. En espera de que la ministra exponga los datos que maneja, debo decir que la alusión a Camboya no ha sido lo mejor de su intervención.

Lo mejor es la creación de una Comisión de la Verdad, porque va a ser para alquilar sillas. Es una lástima que la ministra no explicara cuál es el período sobre el que dirá la verdad. Una cuestión importante es si se remontará a 1936 o empezará en 1939. La diferencia está en la guerra civil. Es una diferencia crucial, porque sabemos, o algunos saben, cuál es el problema de la guerra civil, de cualquiera y también de la nuestra: los dos bandos cometen atrocidades. Fusilamientos, paseos, sacas, represión, sean cuales sean las formas de matar, de todo eso hubo en la guerra civil española por parte de unos y de otros. La Comisión podrá tomar como punto de partida 1939, pero eso es empezar con falta de verdad.

Quiero suponer que la ministra, el Gobierno y la Comisión de la Verdad no asumirán esa idea, que alguna vez se ha oído, de que hay víctimas que ya tuvieron su reconocimiento por parte de la dictadura y, por lo tanto, no hay que hablar más de ellas. Eso también es falta de verdad, y no sólo. Ignorar a esas víctimas en razón de aquel reconocimiento equivale a dar por bueno el modo en que se las reconoció y a aceptar, de esa manera, la legitimidad de los actos de una dictadura. Y suprimir de la verdad oficial los tres años de guerra civil implica ignorar también a quienes fueron víctimas de las luchas intestinas entre partidos del bando republicano. Pero quiero suponer lo que no supongo. Porque supongo que lo primero que hará esa Comisión de la Verdad es dejar sentado que la guerra civil no existió.

Reconocer que hubo una guerra civil, a esa hora de la verdad, es problemático. No solamente aflora entonces que las atrocidades no se limitaron a un bando y aparecen víctimas incómodas. Es que se puede llegar a la enojosa conclusión de que el bando de Franco no eran unos cuantos militares y otros tantos poderosos, sino que tuvo su apoyo social. Hasta se puede llegar a decir que entre los más firmes y generosos defensores de aquel bando estuvieron destacados nacionalistas catalanes, y esto, ¡bueno!, esto ya es anatema. Por todo ello y mucho más, la Comisión hará como que no hubo guerra civil.

Aun así. No bastará eliminar los tres años de guerra, no. Habrá que eliminar más verdades fastidiosas. Sería un terrible golpe para el antifranquismo retrospectivo, para tantos y tantos antifranquistas sobrevenidos, que asomara por ahí la verdad de que los antifranquistas fueron muy pocos, que fuimos una minoría incluso en los años finales de la dictadura y que muchos de los que dicen que corrieron delante de los grises no lo hicieron. Sería tremendo que la verdad oficial chocara con esa invención masiva del pasado, con una reescritura de la historia como la que se ha hecho. Y hay más verdades desagradables. No gustaría nada a los dirigentes del PSOE, por ejemplo, que se ahondara en que la lucha contra la dictadura fue, sobre todo, cosa de los comunistas, mientras los socialistas se tomaban "cuarenta años de vacaciones", como dijo Tamames en ocasión famosa.

La verdad se va a complicar. Pero hay una manera de simplificarla. La tiene la ministra entre sus amistades. Si pone al frente de la tarea al exjuez Baltasar Garzón, un caso agudo de antifranquismo sobrevenido, no habrá riesgo de que la verdad se entrometa. Alguien como él será capaz de sortear los obstáculos que ponga la verdad histórica en el camino de la Comisión de la Verdad.

Ideología en vena
Sánchez busca cambiar la sociedad con la injerencia estatal
Luis Ventoso ABC 12 Julio 2018

Resumiendo muchísimo, la diferencia decisoria entre el liberalismo y el socialismo radica en que el primero intenta asumir al ser humano tal como es, mientras que el segundo aspira a cambiarlo aplicándole un molde ideológico que lo concibe como un ser angélico. Para un liberal lo medular es que impere el Estado de Derecho, a fin de proteger las libertades y derechos personales, y que la economía -las empresas, el comercio- opere en un marco abierto y reglado, fiable. Un liberal quiere impuestos bajos, porque valora la iniciativa personal, y prefiere que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano y lo maneje según su libre albedrío. Un socialista aboga por la injerencia del Estado en la economía y propugna la redistribución de la riqueza (normalmente con una igualación a la baja a costa de los que más se han esforzado). Un liberal cree que el Estado debe ser pequeño y tiene como principio que para todo ciudadano «su casa es su castillo», como estableció Edward Coke, el admirable jurista inglés del XVII. Por el contrario, el socialismo pretende que el Estado se meta en la cocina del ciudadano y hurgue en todo, desde las libidos privadas hasta los medios de comunicación.

La socialdemocracia fue la exitosa vacuna contra las veleidades comunistas que inventó Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Tuvo un sentido, porque mitigó los excesos del capitalismo y alumbró una feliz creación: el Estado del bienestar. Pero hoy la derecha también se ha apropiado de esa idea y defiende como propias la sanidad y la educación universal, los subsidios, las pensiones... Perdido el monopolio del Estado del bienestar, la socialdemocracia languidece huérfana de ideas y nada aporta en economía (salvo enrojecer los balances contables con su mala cabeza). ¿Qué hace entonces para contrarrestar ese vacío? Pues acentuar los gestos, poniendo un énfasis obsesivo en las minorías, el laicismo -más bien anticatolicismo- y el revanchismo por las guerras de nuestros abuelos. Los tics del mal llamado progresismo incluyen además una enorme empanada mental que los lleva a considerar el nacionalismo como algo avanzado y a tontear con él.

El Gobierno de Rajoy hizo una política económica de sesgo socialdemócrata. Distaba de ser un Ejecutivo liberal. Pero al menos apoyaba la iniciativa empresarial, trataba de gestionar y no era intrusivo en la vida de las personas. Con la ocupación del poder por parte de Sánchez retornamos al zapaterismo: rodillo inmediato de ingeniería social y presión fiscal sobre el bolsillo privado. Sánchez rechaza la educación concertada, cuando es un éxito incontestable y reclamado por el público. Toma por decreto la televisión pública. Debilita el Estado, porque el patriotismo ahora es franquista. Creará una asignatura para inculcar una suerte de religión estatal. Hace hincapié en la subcultura de la muerte (la eutanasia). Hasta regulará las relaciones sexuales privadas con una ley que pisotea la presunción de inocencia. Cambiar nuestras mentes. Ese es el plan. Pero pinchará, porque se ha encamado con Torra, porque solo tiene 85 diputados pelados y porque en Europa la socialdemocracia está de capa caída en las urnas (salvo… en Portugal y Grecia).

Educación: el pacto imposible
EDITORIAL El Mundo 12 Julio 2018

Todos los partidos están de acuerdo en que hay que reformar la educación en España, pero cada uno quiere reformarla a su manera. Cada tanto alientan la puesta en marcha de un pacto de Estado educativo, pero cuando más cerca están de conseguirlo, uno de los dos grandes partidos se levanta de la mesa de negociación, solícitos a sus clientelas respectivas. Lo hizo el PP cuando Ángel Gabilondo estaba a punto de consumar la gesta y lo ha hecho Sánchez cuando gobernaba Rajoy. Ahora el Gobierno socialista vuelve a impulsarlo, pero como siempre bajo premisas ideológicas sectarias. Irrita que los partidos españoles sean incapaces de promover conjuntamente una mejora duradera de la enseñanza que combata el fracaso escolar y mejore las calificaciones de nuestros estudiantes en los informes internacionales. En un mundo competitivo y global que impone la economía del conocimiento, la educación se convierte en el primer activo de un país y dicta su nivel de progreso futuro, premiándolo o condenándolo en función de la preparación de sus trabajadores. Todos lo saben, pero los partidos prefieren olvidarlo en cuanto acceden al poder porque no tienen tiempo ni altura de miras para pensar en la siguiente generación, sino solo en la siguiente elección.

Ahora la ministra Isabel Celaá anuncia el entierro de los restos de la Lomce, aprobada por el PP, y por tanto objetivo a batir. La prioridad es derogar la ley del antecesor en Moncloa y colocar la ideología por delante en detrimento de criterios técnicos y meritocráticos: ataque a la enseñanza concertada, cerco a la religión y a la libertad de decisión de los padres. Celaá quiere suprimir el factor de demanda social introducido por el PP que permite a los centros concertados ampliar su oferta, pues el 25% de los padres escoge la concertada. Pese a compartir sigla, este Gobierno frena el sistema de concierto que los gobiernos de Felipe González desarrollaron y que da cumplimiento al artículo 27 de la Constitución, que reconoce la libertad de enseñanza. Es obligado cuidar la educación pública, pero postular la incompatibilidad entre concertada y pública es una falacia. No hay que olvidar, por lo demás, que la concertada le procura al Estado un ahorro del 50% de sus recursos.

La ministra -que ha negado el adoctrinamiento en Cataluña- propone que la Religión sea de oferta obligada pero de demanda voluntaria, y que no compute en la nota media. La asignatura de Valores Éticos, hasta ahora alternativa a Religión, quedaría como obligatoria. Sánchez prometió en la oposición que denunciaría el Concordato pero ahora parece que renuncia a una promesa que implica una ofensiva diplomática con la Santa Sede. Una renuncia que ha enfadado a Podemos, que bajo pretexto de laicismo pretende un adoctrinamiento de signo contrario.

Si los gobernantes no dejan de ver la formación como arma política, los retos educativos no se solucionarán.

Decretazo educativo de Sánchez
 La Razon 12 Julio 2018

Una vez más, la izquierda española se dispone a imponer sus postulados ideológicos educativos, que devienen en obsesión, aunque para ello haya que pasar por encima de los principios de libertad de elección y de conciencia que están consagrados en nuestra Constitución. Así, ayer, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunció la derogación urgente de varios artículos de la actual Lomce, especialmente los que regulan la enseñanza concertada y la autonomía de los centros; propuso la creación de una asignatura de «valores democráticos» y estableció que la materia de Religión dejará de ser evaluable y de contar en el currículum académico.

Estas medidas, evidentemente, se impondrán sin el consenso de los partidos de la oposición y en contra de la realidad social, que, lejos de demandar más ideología en las aulas, quiere una educación de calidad para todos los niños y jóvenes españoles, con independencia del centro en el que cursen sus estudios, de su origen socioeconómico o de la comunidad autónoma en la que residan. Es decir, lo que se pretendía conseguir con el Pacto Educativo, del que se apeó el PSOE con la pueril excusa de una financiación insuficiente que, ahora, el nuevo Gobierno se declara incapaz de proporcionar. Aduce la ministra, con el respaldo entusiasta de Podemos, que la enseñanza pública no puede ser subsidiaria de la concertada, ni, mucho menos, que esta última goce de facilidades de desarrollo bajo el concepto de «demanda social».

Pero es un hecho incontestable que son cada vez más las familias que demandan plazas en centros concertados, mayoritariamente de ideario católico, y que no pueden afrontar, por su nivel de ingresos, el coste de la enseñanza privada. La Lomce trataba de ampliar el cumplimiento efectivo de la libertad de elección, favoreciendo la creación de nuevos centros educativos mediante la cesión de suelo público y garantizando su mayor autonomía. Era, además, una política eficiente, no sólo porque los centros concertados cuestan menos dinero a las arcas del Estado que los colegios públicos – 2.670 euros de media por alumno y año en los primeros, frente a los 5.348 euros de media por alumno y año en los segundos–, sino porque sus resultados académicos son mejores.

Se pueden discutir, sin duda, las complejas causas que determinan estas diferencias en detrimento de la pública, pero ello no es óbice para que se reconozca el derecho de unos padres a procurar la mejor educación posible para sus hijos. No es, por supuesto, una polémica circunscrita a nuestro país. España tiene, junto con Dinamarca, Japón, Australia, Reino Unidos, Irlanda, Corea del Sur, Países Bajos y Chile, mayores porcentajes de enseñanza privada que el resto de la OCDE, y sólo Andalucía, Aragón, Extremadura, Galicia y Murcia están por debajo de la media española. Esta es la realidad que se quiere tapar con una reforma legal que vuelve a repetir los mismos errores de la anterior legislación socialista.

Pero, en lugar de buscar el consenso, de procurar la excelencia y de abordar, desde la colaboración, los problemas del sistema, que en su mayor parte no se pueden atribuir a escasez de financiación, se elige la vía de la imposición. Con el agravante en el caso de la asignatura de Religión de que su fobia anticatólica va en contra de las preferencias de las familias, que en su mayoría eligen esta materia para sus hijos, y de los acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede. No sólo la asignatura de religión es compatible, incluso indisociable, con una formación en valores democráticos que son propios de un mundo occidental de raíces cristianas, sino que estos últimos deberían impregnar todo el espectro curricular de los alumnos. Lo demás es adoctrinamiento.

Recorte de libertades y fin de la democracia
Agapito Maestre  Libertad Digital 12 Julio 2018

La democracia en España está en un permanente declive. Hoy, en julio de 2018, hay menos libertades que en 2004. Si la tarea fundamental de los Gobiernos democráticos es permitir y garantizar todo aquello que los individuos "tienen derecho a hacer y la sociedad no tiene derecho a impedir", doctrina ampliamente desarrollada en las diferentes tradiciones liberales y democráticas desde el siglo XVIII hasta nuestros días, entonces es menester concluir que los Gobiernos españoles, desde la llegada al poder de Rodríguez Zapatero hasta hoy, no han tenido otro objetivo mejor que interferir en la capacidad de cada individuo de disponer de un ámbito privado, íntimo e inviolable en el que pueda pensar y hacer lo que le venga en gana.

No hubo una sola ley aprobada en la época de Rodríguez Zapatero que no interfiriese de modo negativo en las libertades subjetivas, individuales, es decir, democráticas. Nada de eso corrigió la etapa de Rajoy. Nadie espere nada nuevo de la llegada de Sánchez al Gobierno de España. Todo será peor en materia de libertades. Se reforzarán todas esas leyes para reprimir las libertades individuales y, por supuesto, se intentarán aprobar otras nuevas que regulen hasta las más íntimas formas de practicar sexo entre adultos; sí, ahora quieren un nuevo Código Penal para castigar a quien haya mantenido sexo sin habérselo preguntado previamente a su pareja… ¿Locura? Para un ser normal es peor que locura. Es una forma más de represión de la capacidad de disponer de nuestras vidas. Según declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, la libertad sexual será pronto sometida a regulación, o sea a represión.

Lo decisivo para esta gente es que el ser humano no sea libre, es decir, quieren que nos sometamos a sus caprichos. No nos dejarán hacer ni, lo que es peor, pensar al margen de sus dictados gubernamentales. El ataque a la libertad de pensamiento, en España, está arrasando hasta con las formas de creación intelectual. Es obvio que el objetivo de este Gobierno, bajo diversos pretextos ideológicos, es el ataque sistemático a las libertades individuales, subjetivas y sagradas para toda democracia de calidad. Por otra parte, nadie olvide que algunas de esas normas restrictivas no sólo afectan a la idea de libertad democrática, sino al concepto de igualdad ante la ley. Por cierto, dicho sea de paso, una no es sin la otra en las democracias occidentales, o sea en las democracias. Pongamos un ejemplo: el principio de igualdad ante la ley, principio de principios para cualquiera que defienda la democracia como eje del desarrollo de la individualidad humana, fue vulnerado en diciembre de 2004, cuando fue aprobada por unanimidad en el Congreso la Ley contra la Violencia de Género, según dicen sus defensores y apologistas, pionera en Europa; esta ley incluye medidas sociales, educativas y judiciales, pero sobre todo acepta que si un hombre maltrata a una mujer, la condena es mucho más dura que si una mujer maltrata a un hombre.

Esa ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad y, además, fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2008. La desigualdad ante la ley, sí, está avalada por todos los poderes en España. ¿Puede llamarse democrático a un régimen que ampara la desigualdad ante la ley? No es necesario que me extienda en mi respuesta. Pero quizá sea menester advertir que si esta ley fuera sometida otra vez a votación en el Parlamento, quizá no cambiaría mucho el sentido del voto de nuestros partidos políticos. Terrible. Es obvio que en el ataque a la democracia, es decir, a las libertades individuales y a igualdad de todos los españoles ante la ley, el PSOE no está solo… La casta política española sigue confundiendo la pluralidad humana con la multiplicidad animal. Sí, sí, siguen tratándonos como animales. Democracia, sí, es lo que quieren los ciudadanos; pero si es morbosa, enferma e ideológica, que se quede con ella la castuza política en sus antros partidistas.

Por una víctima del terrorismo
Un día en Alsasua
Ana Velasco, víctima del terrorismo y patrona de la Fundación Villacisneros, relata su paso por el pueblo navarro
Ana Velasco Vidal-Abarca ABC 12 Julio 2018

La mañana del 27 de junio salimos temprano de Santander rumbo a Pamplona. Íbamos a presentar el proyecto Dignidad, que ha puesto en marcha la Fundación Villacisneros para apoyar a las víctimas del terrorismo en su reivindicación de justicia, memoria y verdad.

Nos separaban 253 kilómetros de nuestro destino. Pasábamos por Alsasua. No podíamos dejar de detenernos. La mañana era tranquila y soleada. El pueblo relucía, coqueto y pulcro. Las ventanas de las robustas casas de piedra lucían geranios rojos. Pasamos ante un animado mercadillo en el que las señoras con sus monederos y los gitanos ante sus furgonetas blancas regateaban sonrientes. Desayunamos en una terracita al sol. No escuchamos hablar en vascuence. Los niños corrían, las madres tomaban café con churros. El ambiente era idílico.

Fuimos a buscar una pastelería. Queríamos llevar un detalle a los Guardias Civiles que íbamos a visitar. De camino pudimos ver un contenedor de basura que tenía pintada la bandera nacional; en la plaza de la iglesia nos recibió un enorme cartel con las caras de los terroristas del pueblo encarcelados y al poco, otro cartel nos mostró unos tanques amenazantes con una leyenda en vascuence. Probablemente advertían de la inminente invasión de España a aquel inofensivo enclave.

El cuartel de la Guardia Civil de Alsasua está a las afueras del pueblo. Supimos que llegábamos al ver una inmensa valla de hormigón, coronada por una alambrada de varios metros. Es una casa cuartel humilde, de ladrillo visto, que ocupa un espacio reducido, con un patio central y sin casi explanada exterior, solo la justa para que luzca la única bandera que nos representa a todos los españoles. El recinto está absolutamente «amurallado». En su fachada principal, el lema de la Guardia Civil «Todo por la Patria» sobre los colores de la bandera nacional. Es un lema hecho realidad que estremece leer en ese entorno hostil.

Al entrar, vimos a dos niños jugando al balón. Una madre con un bebé en brazos los vigilaba. Los niños estaban contentos. Para ellos era natural estar rodeados de alambradas. Había poca gente más. Los guardias civiles nos llevaron a la cantina. Subimos por las escaleras y vimos el cartel colgado en la pared. Los 230 guardias civiles asesinados por ETA. Sus rostros, muchos tan jóvenes, sonrientes, con sus miradas limpias. Qué golpe de dolor. Al llegar a la cantina, otro cartel: «Los treinta y siete de Ana», la cantinera. Ternura y sentido del humor.

Nos contaron poco. No hacía falta. Todo saltaba a la vista. El espíritu de servicio, la generosidad, el altruismo, el estoicismo, la contención, las convicciones, la integridad, la valentía, la humildad. Eran tantas las virtudes que se podían palpar entre aquellas paredes destartaladas... Imposible no pensar en su día a día, en los años terribles de la amenaza constante. Imposible no sentir un agradecimiento infinito y, en el fondo del corazón, vergüenza. Vergüenza por las condiciones en que trabajan, vergüenza porque merecen un reconocimiento muchísimo mayor del que reciben, vergüenza por como está siendo traicionado su sacrificio.

Se despidieron afables. Nos dijeron que en el pueblo la gente es buena. Que los malos son muy pocos pero se hacen notar. Que a pesar de todo, tienen amigos allí, aunque procuran que no les vean con ellos. Y también nos dijeron que muchos van a las manifestaciones para que no les fichen los malos y les dejen vivir en paz. Pero nosotros sabemos que los buenos de verdad son ellos.

* Ana Velasco es víctima del terrorismo y patrona de la Fundación Villacisneros.

El recuerdo de los Justos
Rosa Belmonte  Libertad Digital 12 Julio 2018

Claude Lanzmann ha muerto y deja tras de sí una gran obra caracterizada, eso sí, por su cascarrabismo.

Al morir Claude Lanzmann hemos recordado su monumental obra, lo que no le gustaba y su cascarrabismo con todo lo que desvirtuara la Shoah. Simone Veil, que murió el año pasado pero acaba de ser enterrada en el Panteón, no era menos vehemente. Incluso con películas o documentales que aparentemente estaban de parte de los buenos. Pero no de los Justos.

Después de la Comisión Mattéoli, dedicada a estudiar las expoliaciones de los judíos y proponer acciones reparadoras, se creó una fundación dedicada a la memoria de la Shoah y Lionel Jospin le pidió que la presidiera. La fundación, contaba Veil en Una vida (Clave intelectual), organizaba coloquios y financiaba investigaciones. También recibía guiones o manuscritos buscando apoyo. Y entonces llegan los peros. "Muchos se lanzan en direcciones fantasiosas que no le aportan nada a la memoria de la Shoah". Dice que si Roberto Begnini les hubiera pedido ayuda para La vida es bella no se la habrían dado. Lo curioso es que Imre Kertész, un tipo que había estado en Auschwitz y Buchenwald, elogiara la película (con la consiguiente reprimenda de Lanzmann). Simone Veil es clara: "Ningún niño estuvo junto a su padre en ningún campo, y ningún deportado vivió una liberación parecida al happy end milagroso y ridículo con el que termina la película". Como Lanzmann, también tiene para La lista de Schindler. "Caricaturiza la realidad histórica porque fueron cincuenta personas como máximo las que pudieron beneficiarse del acto de valentía de Schindler. Está lejos de ser poco, pero no se corresponde con el argumento de la película". Con otras películas anteriores tampoco se queda corta. Lacombe Lucien, Portero de noche y La decisión de Sophie cree que proponen "imágenes de la deportación tan inverosímiles como perturbadoras". Sin embargo, sí apreciaba la serie Holocausto (1978) porque era una "una obra interesante en sus descripción de Alemania, que mostraba a un grupo de burgueses alemanes judíos convencidos de que nada podía ocurrirles". Esa familia con su piano Bechstein.

Dejó la Fundación en 2007 y pasó la presidencia a David de Rothschild, la primera generación de directores que no sufrieron deportación. Años antes fue muchas cosas. Entre otras, la política francesa fue la primera mujer en el Consejo de Administración de la ORTF en 1972 (antes de ser ministra y sacar adelante la ley del aborto). Pero volvemos a 2007, cuando el presidente de la República rindió homenaje a los dos mil setecientos veinticinco Justos de Francia (las personas que escondieron y salvaron judíos durante la guerra). Ese reconocimiento a tantas personas desconocidas que dieron testimonio de la grandeza del hombre le pareció un momento grandioso. Por eso, cuando estaba en la ORTF se opuso a la financiación y la difusión por televisión de Le Chagrin et la Pitié (La tristeza y la piedad), el documental de Marcel Ophüls de 1969. Sobre este documental siempre ha circulado la teoría de la censura por el hecho de tratar el colaboracionismo francés con los nazis (vaya, que si la ORTF se negaba a difundirlo era evidente que el poder no quería que se supiera la verdad).

Simone Veil lo vio en una proyección privada y le pareció indigno de ser comprado por la televisión francesa, lo que sorprendió mucho viniendo de ella. Recuerda que en los 70 se había invertido la tendencia de los 50. De Gaulle, para lograr la reconciliación entre los franceses, había impuesto la imagen de una Francia heroica y resistente. Pero la cosa cambió. "Los jóvenes estaban encantados de que les dijesen que sus padres se habían comportado como cerdos, que Francia había actuado de manera odiosa". Y parecía que, salvo los comunistas, ningún ciudadano se había resistido.

A Veil le parecía una película injusta, simplista, reduccionista, mentirosa y proselitista. Así, la ciudad de Clermont-Ferrand, donde muchos estudiantes se unieron a la Resistencia, donde muchos fueron arrestados, deportados o fusilados, se presentaba como ejemplo de colaboración universal. Asegura que Francia había sido de lejos el país con menor cantidad de judíos deportados y, proporcionalmente, muy pocos niños. Y eso fue gracias a los franceses que escondieron a judíos o que se callaron cuando sabían dónde estaban. Y de esa gente la película no dice nada. "El recuerdo de los Justos es un tesoro cuya protección es hoy aun más importante que antes, debido a que vivimos en un mundo cada vez más amenazado, no sólo por el desorden climático sino también por el retorno de los integrismos, después de medio siglo en que nos habíamos acostumbrado a la idea de que la tolerancia y el ecumenismo progresaban". Termina sus memorias rememorando un paseo con un nieto de 16 años que se compró Bella del señor (envidió que lo fuera a leer por primera vez) y Viaje al fin de la noche, de Céline. "Evité todo tipo de comentarios".

Este Gobierno chorrea miel
Javier Caraballo El Confidencial 12 Julio 2018

La agenda del Gobierno de Pedro Sánchez chorrea miel de abejas. Qué cosa más admirable. Solo hay que detenerse en un día cualquiera y repasar las propuestas y las declaraciones. Qué prodigio, qué despliegue, qué elogio a la melaza y a la corrección política. Debe valorarse en su justa medida porque un día cualquiera para el Gobierno socialista más inesperado de la historia de España es un apretado compendio de todas las buenas intenciones que se puedan imaginar. Es una pancarta completa, desplegada por todos los despachos e instituciones, con el ansia incontenible de quien se sabe efímero y tiene que aprovechar el tiempo para poder aspirar a otro mandato más sereno y prolongado.

Con lo cual, no hay tiempo para la gestión ordinaria, solo para la extraordinaria: los restos de Franco, la asignatura de Religión, el lenguaje de género de la Constitución, la comisión de la Verdad, los Valores Cívicos en la Escuela, la elección de los jueces por votación popular, la guerra contra el diésel de los vehículos, esa lacra medioambiental… Todo eso, en un solo día, ayer miércoles, y con el presidente Sánchez de viaje en Bruselas, en su primera cumbre internacional, la de la OTAN, también de buen rollo, con buena cara ante las tensiones del ogro americano, "tranquilo, Donald, que en España somos empáticos con las demandas de la Administración americana".

De repente, conviene reparar en ello, la olla a presión que era España hace un mes y medio ha desaparecido misteriosamente. Ya vivimos en otro país en el que no existen las tensiones asfixiantes de hace tan poco tiempo. Ni pensionistas desesperados, ni mujeres cabreadas, ni tuiteros oprimidos por la falta de libertad de expresión, ni inmigrantes ignorados, ni intelectuales preocupados por la baja calidad de la democracia, ni balsas de corrupción en las afueras de las ciudades, fluyendo, negras y pestilentes, por las alcantarillas de la Gran Vía. Conste que no hay ironía en esta afirmación, se trata solo de pararse a mirar un momento cómo ha cambiado la cosa.

Ha sido llegar Pedro Sánchez a La Moncloa y se han relajado todas las tensiones sociales y económicas que convertían España en un infierno cuando gobernaba la derecha. Y es preciso decirlo así, ‘cuando gobernaba la derecha’, porque esa es la clave de todo. Ya establecimos que el odio a la derecha es el principal pegamento que existe en España para conformar mayorías parlamentarias, y por eso salió adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy sin necesidad de que nadie se comprometiera a nada, ni que planteara ningún programa de Gobierno.

La derecha en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, sencillamente cae mal; es una aversión ambiental y política que se ha reproducido en los últimos 40 años en diferentes caras y en distintas siglas, desde Fraga hasta Rajoy. Con lo cual, la principal misión del PSOE en democracia ha sido la de saber aglutinar a todos los cabreados con la derecha, ‘cabreados per se’, y eso es lo que ha vuelto a ocurrir para desconsuelo de Podemos, que nunca supo ponerse en ese papel fundamental de catalizador de odios.

Hasta el saludo lleno de cordialidad que Pedro Sánchez le dedicó a Donald Trump se hubiera convertido en un foco de polémica en España si, en vez del presidente socialista, lo llega a hacer Mariano Rajoy, con su barbilla encogida y la sonrisa a medias. ¿Alguien se imagina los 'memes' sobre Rajoy diciéndole a Trump que “somos empáticos con ellos”, y la cara de palo de Angela Merkel detrás? La sola idea de que el presidente de España dijera eso, precisamente el día en que el Gobierno de los Estados Unidos había dejado temblando a los aceituneros andaluces con los aranceles impuestos a la exportación de aceitunas negras, le hubiera valido una sonora pitada de agricultores y alcaldes nada más poner un pie en Bruselas.

Dicen que Iván Redondo, el ‘cerebro gris’ de La Moncloa, se ha estado reuniendo con todos los jefes de gabinete de Presidencia desde 1982. Querrá aprender de sus errores, de lo que les ocurrió al final, cuando todo empezó a torcerse, y en la calle comenzaron a estallar las protestas como brotes de fiebre y erupciones en la piel. Será que Iván Redondo tiene pesadillas y sueña con un hemiciclo adverso, gritando desde los escaños “Sánchez, váyase”, y no quiere que a él también le pase.

En un día cualquiera, tal como ayer miércoles, el mero repaso de la agenda del Gobierno, con la miel chorreando, puede estirarse mucho tiempo, pero ¿será suficiente? Con los restos de Franco y la modificación de la Ley de la Memoria Histórica se puede pasar un año; con la guerra del diésel se puede levantar una polémica medioambiental que se extienda hasta 2020; la supresión de la asignatura de Religión está ya muy trillada, pero se trata siempre de un valor seguro, muy cotizado como reivindicación de izquierdas; luego la corrección de género de la Constitución, que con suerte puede incluso generar una ofensiva mayor contra el machismo de las academias españolas…

Será muy interesante ir contando los días hasta el final de esta legislatura y comprobar cuánto tiempo consigue mantenerse el Gobierno de Pedro Sánchez, con agendas de trabajo como la de estos días, en este estado idílico de comunión con la sociedad, comunión de galletitas doradas de pegatina y de miel.

Académico  Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Privilegios para los "comisarios políticos" del poder
Ramiro Grau Morancho. Abogado. latribunadelpaisvasco 12 Julio 2018

La crisis actual, una vez más, vamos a pagarla el pueblo llano, las clases pasivas, los funcionarios, y los contribuyentes en general -que somos todos- mediante el incremento del IVA y otros impuestos, que ya se anuncia…

La clase dirigente (por llamarla de alguna manera, aunque realmente habría que denominarla la clase inepta) se librará de la quema, y seguirá usando y abusando del Estado y las diversas administraciones públicas, en provecho propio. Y para muestra, un botón.

Al comienzo de la Transición, esa que ahora se quiere enterrar, por mor de volver a las luchas fratricidas y enfrentamientos entre hermanos, que fueron el preludio de la Guerra Civil, se organizó una gran polémica con las pensiones vitalicias de que disfrutaban quienes habían sido ministros en los diversos gobiernos de Franco (alrededor de un centenar de personas), y que les permitían vivir con dignidad a quienes habían descuidado su vida profesional, o, simplemente, la habían abandonado, por el servicio público. Al final, y tras mucha polémica, se llegó a una solución de consenso, consistente en dejarles una paga durante dos años, que les permitiera rehacer su actividad laboral, una vez cesados, pues ya sabemos que aquí no dimite nadie o casi nadie.

¿Qué sucede ahora? Los socialistas introdujeron hace algunos años una modificación legal en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, en virtud de la cual todos los directores generales que hayan ocupado el cargo durante más de dos años, disfrutarán del complemento específico de alto cargo hasta que se jubilen, por el simple hecho de haberlo sido. Y una vez jubilados, pasan a disfrutar de la pensión máxima de nuestro generoso sistema de clases pasivas.

¿Y qué pasa con los profesionales liberales, empresarios, trabajadores autónomos y por cuenta ajena, etc., que hayan sido nombrados directores generales, en los pocos casos en que es posible ocupar el cargo sin ser funcionario? Pues que se joroben… Ellos no tienen derecho alguno, una vez cesados, por no ser funcionarios.

Esta medida, claramente un privilegio para los altos funcionarios (y cargos asimilados a directores generales, delegados del gobierno, rectores de universidades públicas, etc.), pretendía compensarles por el esfuerzo y la dedicación al cargo. Rápidamente los ex directores generales de las 17 comunidades comenzaron a acudir a los tribunales, diciendo que ellos no eran menos directores generales que los de la administración central del Estado, y consiguieron idéntico beneficio…

Multiplíquese el número de ministerios –muchos de ellos inútiles- por los numerosos directores generales existentes en cada uno de ellos, las consejerías de las 17 comunidades autónomas por los varios altos cargos existentes en cada una, a un promedio de diez a quince departamentos por autonomía, el alrededor de medio centenar de universidades públicas, etc., y nos encontraremos con varios miles de funcionarios disfrutando del complemento específico de alto cargo, y camino de una jubilación millonaria, en su día.

¿Puede España seguir soportando este despilfarro? Evidentemente, NO.

(Por cierto que los podemistas, que habían venido a luchar contra las injusticias, y bla, bla, bla, no dicen ni pio de este privilegio, del que ahora disfrutan muchos de ello. De ellos podemos decir lo que antes se decía de muchos sacerdotes: “Haz lo que dice, pero no lo que hace”).

www.ramirograumorancho.com

España debe aceptar la extradición de Puigdemont
Pablo Sebastián Republica 12 Julio 2018

La decisión de la Justicia alemana de extraditar a España a Puigdemont por el delito de ‘malversación’ debe ser aceptada como tal y de manera inmediata tanto por el Gobierno de España como por el juez Llarena para que el ex presidente catalán entre en prisión preventiva y pueda ser juzgado por dicho delito de malversación lo que le acarreará una condena de 12 años de prisión.

Y todo ello y al margen de que dicha extradición acordada en Alemania excluya el delito de la rebelión como lo pretendía la Justicia española. Y de los efectos colaterales que la decisión germana pudiera tener para el resto de procesados en el golpe de estado catalán de 27-O y hoy en prisión preventiva. Lo que en ningún caso afectará a los juicios que se acercan por los delitos por rebelión, malversación y desobediencia.

Incluso y siguiendo la senda marcada por la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional la Fiscalía española podría rebajar, durante la vista del juicio del Tribunal Supremo, el delito de rebelión al de la sedición, que incluye penas de hasta 15 años de prisión, mas los años que les corresponda por la malversación y la desobediencia. Un juicio este que podría celebrarse antes del de Puigdemont.

Además el Tribunal Supremo podría, una que Puigdemont cumpla la condena por malversación, volver a procesarlo por los delitos de la rebelión (o sedición) y desobediencia si Puigdemont, después de cumplir su condena de malversación, se queda durante un mes en España. De lo contrario tendría que volver a marcharse tras haber cumplido una severa condena de 12 años de cárcel.

Por todo ello el Gobierno de España y el juez Llarena deben aceptar la inmediata extradición de Puigdemont por malversación, lo que incluye la prisión preventiva inmediata por claro riesgo de fuga hasta que se celebre su juicio y luego tendrá que cumplir la condena pertinente y que seguramente alcanzaría los 12 de prisión.

Y a no olvidar que con el inmediato traslado de Puigdemont a España y su ingreso en prisión preventiva se pone fin al aparato de propaganda del golpismo tanto en Europa como en la escena internacional, o sea y como dice el dicho popular: ‘pájaro que vuela a la cazuela’. Pablo Sebastián

Consultas RAE
Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas
Real Academia Española de la Lengua latribunadelpaisvasco 12 Julio 2018

Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos: Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto.

La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto: El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos.

El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Así, los alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones.

 

La Policía acusa a Los Pujol del blanqueo de 28'5 millones durante la investigación judicial
ESTEBAN URREIZTIETA. Madrid El Mundo 12 Julio 2018

La Udef certifica que Pujol nunca dijo que tuviera su fortuna en Andorra "para un posible exilio"

La Policía Judicial denuncia ante la Audiencia Nacional que la familia Pujol ha blanqueado 28.520.740,46 euros en activos financieros en México que se encuentran, "a día hoy" y en plena investigación judicial, bajo su control. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado un nuevo informe ante el Juzgado de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que sostiene que el clan catalán ha llevado a cabo "una operativa compleja de blanqueo de capitales que tiene como punto troncal la inversión en negocios desarrollados en México" y sitúa la mayor parte de las mismas en plenas pesquisas.

Pese a que la Udef sostiene de manera contundente que Pujol Jr. ha puesto en riesgo la investigación, el juez José de la Mata, que conoce desde el pasado mes de abril estas conclusiones policiales, mantiene en libertad al primogénito del clan catalán y ha suspendido recientemente la intervención de sus terminales telefónicos en busca de operaciones de blanqueo.

A juicio de los investigadores los negocios mexicanos "tienen puntos comunes en su evolución, partiendo de que parcialmente se financian con partidas de génesis desconocida, habiendo concretado algunas con origen en Andorra y Panamá que nunca han sido declaradas en España".

La Policía le acusa de articular préstamos "ilusorios" para lavar los fondos

La Udef arguye que "con ocasión de la liquidación de los mismos, su traslado a España a efectos económicos fue una completa ficción, pretendiendo siempre representar la obtención de pérdidas sistemáticas que minoraban espuriamente las reservas societarias acumuladas en España». Una operativa que "se presenta como claro paradigma de delitos contra la Hacienda pública", enfatiza.

La Policía Judicial, que refunde en este nuevo informe las conclusiones vertidos en otros anteriores, destaca, entre otros, el desarrollo del proyecto del hotel Encanto en Acapulco. Señala que "el nacimiento de la operación tiene como punto de partida la inyección de 2,7 millones de dólares en el año 2005 que se justificaron con un préstamo reputado falso".

"El dinero gestado con ocasión de la venta del Hotel Encanto en Acapulco estaría todavía hoy a disposición de Jordi Pujol Ferrusola, realizando incluso posteriores actos de despatrimonialización de capital residente en España para fingir la existencia de nuevos préstamos desde sus sociedades".

Todo ello "a la par que se está aduciendo la ruina de esa inversión al declarar los fondos perdidos en España", agregan los agentes. Para llevar a cabo este y otros negocios la Policía resalta que el primogénito del ex presidente autonómico catalán contó con la ayuda del empresario Bernardo Domínguez Moreno, que le ayudó, siempre según los investigadores, a lavar dinero de origen ilícito mediante préstamos falsos. Aferrándose a estos préstamos, que la Udef califica de "ilusorios", Jordi Pujol Jr., estando investigado por la Audiencia Nacional, "se arguye su devolución para realizar sucesivas transferencias desde Andorra y España, con el ánimo de descapitalizar las cuentas corrientes y evitar su intervención judicial".

"Este proceso de descapitalización forma parte de una estrategia sostenida desde que las diligencias de investigación judicial comenzaron", apostilla la Policía.

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Injerencia inadmisible.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Julio 2018

EL FINAL DE LA INSTRUCCIÓN LLEGA Y PABLO LLARENA CULMINA SU TRABAJO CON AUTOS DEMOLEDORES DE ENJUICIAMIENTO E INHABILITACIÓN TEMPORAL. / LOS GOLPISTAS CALIFICAN LA DECISIÓN DEL JUEZ DE INADMISIBLE.

EL juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha llegado al final de su labor como responsable de la Instrucción en el llamado “proceso del golpe de Estado”. Esta ha durado unos nueve meses desde que el asumió las causas unificándolas en una solo Instrucción. Una especie de largo parto donde uno de los escollos principales ha sido la negativa de los fugitivos huidos a diferentes países de la UE de aceptar la extradición que el juez ha ido suspendiendo y poniendo en vigor según surgían las oportunidades logísticas, ante la tozuda resistencia de las Justicias de algunos de esos países, como Bélgica, Escocia, Suiza e incluso Alemania, a dar curso a las euroórdenes emitidas. Una situación que al día del cierre de la Instrucción persiste y que le ha llevado a hacer un aparte declarando a los fugitivos en rebeldía y emitir para todos los que siguen ostentando Actas de Diputados tras las ultimas elecciones autonómicas, un auto de inhabilitación para el desempeño de cargo público, aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este hecho que se esperaba para mediados de mayo significa que el Auto de enjuiciamiento ya es firme y que se da inicio al siguiente paso judicial que es la realización del propio juicio contra los acusados. En primer lugar, la responsabilidad recaerá en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que deberá ser constituida y será la que “conocerá” de aquí en delante de todo lo relativo al proceso judicial. Esto incluye decidir sobre la situación de prisión provisional decretada por el juez Instructor Pablo Llarena, que ha venido denegando de forma reiterada las diferentes peticiones de excarcelación solicitadas por los presos. En este caso, conviene añadir que, con el cambio de Gobierno tras la moción de censura, se han nombrado diferentes responsables en los ministerios de Justicia, Interior y en la Fiscalía General. Un cambio que puede condicionar los criterios a la hora de plantear asuntos como este de la excarcelación. La primera medida adoptada ha sido la de acercar a los presos a cárceles ubicadas en la comunidad autónoma de Cataluña y que dependen directamente de la Generalidad.

Pero no podemos olvidar que deberán ser los jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que resulten designados para el juicio los que en último término deban decidir sobre la situación de los presos, con independencia de si el criterio de la Fiscalía se muestra ahora más favorable y coincidente con las peticiones de las defensas. Porque en ultimo término, lo que hay que evaluar es si persisten los riesgos que argumentaba el juez Pablo Llarena, como el de fuga (nada improbables vistos los antecedentes) o el de reiteración delictiva (mucho más problemático al menos desde el punto de vista formal). EL caso es que este Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ya con hechos estar dispuesto al chalaneo político como pago del apoyo bastardo de los golpistas catalanes a su moción de censura que le aupó al poder.

En cuanto a los diferentes Autos emitidos por el juez Pablo Llarena como cierra de su actuación instructora, nada que objetar y sí resaltar el que gracias a su entereza y valía profesional, ha mantenido la llama de la esperanza de todos los españoles en una Justicia desprestigiada por sentencias y actuaciones tan vergonzosas como las del caso Noós. Un juez que ha sabido mantenerse firme en sus decisiones y no permitir que otros países se burlen de nuestro sistema judicial dando cobijo a prófugos de la Justicia despreciando dar curso a las euroórdenes emitidas.

Pero claro, esta actitud ha sido duramente criticada por los golpistas y sus Asociaciones civiles que han llegado a señalarle como diana incluyendo a su familia al mas puro estilo de matonismo sicario que recuerda los tiempos del terrorismo de Terra Lliure. Una actitud de extrema vileza de los que se califican de “demócratas”, cuando solo son somatenes con esos Comités de Defensa de la República usados como grupos de asalto y de disturbios públicos en escraches y acosos a cuantos de oponen a la ideología única del separatismo. Una actitud defendida por esos partidos golpistas que además difaman e injurian al juez Pablo Llarena diciendo que “solamente actúa movido por la crueldad, el deseo de venganza y la voluntad de escarmentar”. O que se “está tratando como delincuentes a unas buenas personas”.

Unas injurias que solo pueden expresarse bajo el cobarde paraguas de la inmunidad parlamentaria y del aforamiento, pero que retrata la vileza de aquellos que así se manifiestan. Esto los lleva a manifestar que el contenido de los Autos del juez Llarena que “Nos parece inadmisible la decisión del juez Llarena de suspender de sus derechos a los diputados en el Parlament que están encarcelados. Al margen de las defensas el Parlamento tomará sus decisiones, nos parece que en un momento de diálogo político esta decisión no toca”. Una clara amenaza de desobediencia y de incitación a una intromisión del poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial al creer que el primero debe prevalecer sobre el segundo. O eso es lo que pretenden en su nueva Arcadia de la República de Cataluña con unos jueces dependientes y sumisos al poder del Gobierno y de los partidos políticos.

Hablan de diálogo político, pero claramente intentando supeditarlo y condicionarlo al tratamiento judicial de los que consideran “presos políticos” y “buenas personas”, queriendo obviar que son delincuentes responsables de algo tan grave como haber dado un golpe de Estado aprovechándose de su cargo de representación pública y con absoluto desprecio a la legalidad vigente, Constitución de España y Estatuto de Autonomía. Pero lo malo es que este Gobierno de Pedro Sánchez, en su intento de pagar deudas contraídas, ha transmitido una sensación de que esa injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial era perfectamente posible en nuestro Estado de Derecho. Una imagen absolutamente falsa que debe ser inmediatamente rebatida por los responsables gubernamentales de Justicia, Interior y por el propio Presidente del Gobierno ante el Parlamento de España.

Aquí no caben ni especulaciones ni dudas sobre la independencia judicial, algo que el juez Instructor Pablo Llarena ha dejado meridiana y rotundamente claro desde que asumió la Instrucción. No podemos ahora que ésta ha finalizado dejar que esa imagen quede distorsionada por malentendidos o ambigüedades que solo persiguen un redito político.

¡Que pasen si pueden un buen día!

La extradición de Puigdemont por malversación le viene bien a Llarena
José Oneto Republica 12 Julio 2018

La decisión de la Audiencia Territorial alemana de Schleswig-Holstein de extraditar a España solamente por un delito de malversación de fondos públicos, al expresidente de la Generalitat abre un debate sobre las interpretaciones de las euro órdenes, y sobre todo, complica el proceso contra los autores del “golpe de estado del 1-O”, un proceso que incluye delitos de Rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos y que se juzgarán a final de este año, por lo que se ha declarado activo a todos los efectos el mes de Agosto. A menos que el juicio contra Puigdemont se celebre después de los 25 procesados que, a la vista de la extradición alemana, podrían ser juzgados por sedición y no por rebelión.

El texto de la Audiencia alemana, no se limita a comunicar la decisión sino que entra a juzgar por qué se rechaza la petición del juez Pablo Llerena sobre la entrega de Puigdemont por delitos de Rebelión (penado en España con treinta años de prisión), en tanto, dice el magistrado español que se produjeron hechos violentos contra personas aunque “sin armas”. El Tribunal alemán responde al razonamiento y petición del juez del Supremo español, sobre la imposibilidad de comparar el delito de Rebelión en España, con el de Alta Traición en Alemania.

“Las acusaciones contra Puigdemont no son equivalentes al delito de alta traición y la perturbación del orden público según la ley alemana”, dice el Tribunal de que añade que “la magnitud de la violencia necesaria para la alta traición no fue alcanzado durante los altercados”, puntualiza en contra de la petición del Supremo español, aclarando además que “Puigdemont aspiraba solo a la celebración del referéndum y, tampoco ha sido el incitador de la violencia”.

La decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein que no puede ser recurrida aunque los abogados de Puigdemont sí pueden hacerlo ante el Tribunal Constitucional, argumentando que bajo ningún concepto puede ser juzgado en España por malversación ya que no se ha podido demostrar la existencia de ese delito. En el recurso se utilizará, incluso, las sucesivas manifestaciones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, de que ni un solo euro ha salido de las arcas de la Generalitat para pagar el Referéndum del pasado 1 de Octubre, algo que en su momento provocó un grave enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Judicial.

Ante la situación que acaba de abrirse en pleno deshielo de relaciones entre el Gobierno central y el de la Generalitat, tras la entrevista del presidente Quim Torra y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, a lo que va seguido hoy las reuniones de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y la ministra de Hacienda María Jesús Moreno, con el número dos de la Generalitat el vicepresidente Pere Aragonés, para poner en marcha parte de lo acordado entre los dos Presidentes en el encuentro de la Moncloa, después de 30 meses de ruptura institucional, se ignora el efecto que esta decisión judicial pueda tener en la evolución de la situación del contencioso catalán.

Frente a este escenario el juez Llarena solo tiene dos salidas: negarse a la extradición anulando la euroorden y manteniendo en España la orden de detención contra Puigdemont o, por el contrario aceptar la entrega solo por malversación (penada con hasta doce años de prisión), detenerlo en España y juzgarlo solo por ese delito, después de juzgar a los que en estos momentos se encuentran en prisión. Es más la sentencia alemana puede servir de argumento para que la Fiscalía rectifique el delito de Rebelión por el de sedición.

Aunque Llarena ha recibido un duro golpe, es posible que ese golpe al final lo utilice para aceptar la extradición de Puigdemont, solo por malversación de fondos públicos, manifestarse partidario de la entrega, y centrarse a petición de la Fiscalía en el delito de sedición no el de rebelión.

Devolver la normalidad a Cataluña
Juan Francisco Martín Seco Republica 12 Julio 2018

Si hay algo que repiten continuamente todos los integrantes del equipo de Sánchez es que hay que devolver la normalidad a Cataluña. No diría yo que la normalidad haya sido precisamente la característica más habitual de esta Comunidad. Es más, el nacionalismo odia la normalidad. No quiere que Cataluña este dentro de la norma, una región más. Ansía que sea especial. Reclama su especificidad, es decir, sus hechos diferenciales que, como es lógico, piensan que son mejores que los hechos diferenciales del resto de las regiones, porque si no ¿para qué se van a demandar con tanto ahínco? Pero, en fin, dentro de esa campaña publicitaria en la que, desde el primer día, Pedro Sánchez ha convertido a su Gobierno, se encuentra el eslogan de la normalización.

La cuestión consiste en saber qué se entiende por normalización, y si no existe el peligro de que, al intentar que en Cataluña reine la normalidad, se termine por imponer la anormalidad dentro de toda España. Desde luego, no es normal que el presidente de una Comunidad Autónoma comparezca para poner verde al jefe del Estado, afirme que rompe todo tipo de relaciones con la Corona y manifieste que ni él ni sus ministros van a acudir a ningún acto al que asista el Rey y, viceversa, no le invitarán a los actos que convoque la Generalitat. Es más, anómalo es que el mismo presidente de la Generalitat participe en las manifestaciones callejeras en contra del jefe del Estado, algaradas que, por otra parte, él mismo había convocado.

Pero tampoco parece muy normal que el presidente del Gobierno de España se llame andana, no respalde al jefe del Estado y haya mantenido al mismo tiempo el encuentro previsto con el presidente de la Generalitat. Está muy bien ser republicano, aún más, yo diría que es lo único razonable, pero mientras el Rey sea el jefe del Estado las injurias contra él son también contra todos los españoles. En buena medida, los golpistas han establecido su estrategia en presentar su actuación no como una rebelión contra el Estado, sino como un enfrentamiento con un gobierno de derechas de ideología franquista. Tras la moción de censura, esta tergiversación ya no es posible de mantener. De ahí que ahora pretendan sustituirla por un desafío a la Corona, aun cuando saben perfectamente que se trata de una monarquía constitucional en la que el Rey no ejerce ninguna competencia. Crean así una situación ambigua, en las que ellos son maestros, que les permite mantener la calumnia y los exabruptos contra España centrándolos en el Rey y dejar así al margen a Pedro Sánchez, como si la guerra no fuese con él de manera que puedan obtener cesiones y ventajas en una posible negociación y presentarse como demócratas en el ámbito internacional. Lo grave es que el hoy presidente del Gobierno admita este doble juego y asuma el papel de niño bueno, dispuesto a pasar por alto todo tipo de ofensas a las instituciones españolas.

Parece también anómalo que en un acto en EE. UU el presidente de una región española insulte gravemente al Estado español., desacreditándolo, tachándolo de Estado antidemocrático en el que no se respetan los derechos fundamentales y en el que existen presos políticos. Lo que sin duda sí fue normal fue la contestación del embajador español, desmintiendo los exabruptos de Torra. No solo anómalas, sino ridículas resultaron por extemporáneas la espantada del presidente de la Generalitat y las intervenciones de los parlamentarios secesionistas pidiendo el cese de Morenés y la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores. Y algo parecido se podría afirmar de las manifestaciones posteriores de Sánchez caracterizadas por la falta de firmeza, eludiendo dar su apoyo al embajador y limitándose a declarar que, como tantas veces había afirmado, no creía que en España hubiera presos políticos. ¡Para chasco! Solo faltaba que el presidente del Gobierno afirmase que los hay. ¿Qué importa que Borrell dé instrucciones a los embajadores sobre el discurso con el que deben responder a los independentistas si el presidente del Gobierno no es capaz de mantenerlo y permite la ambigüedad?

A pesar de que Sánchez nos quiere hacer creer que la anormalidad en Cataluña proviene de que Rajoy no ha sabido dar una solución política al conflicto mediante un diálogo con la Generalitat, lo cierto es que su origen se encuentra exclusivamente en que las autoridades de una Comunidad Autónoma, valiéndose de los instrumentos de poder que le otorgan la Constitución y el Estatuto y la complicidad de ciertos empresarios, medios de comunicación y asociaciones civiles, han dado un golpe de Estado en toda regla. Golpe de Estado que, si bien por el momento ha fracasado, está lejos de estar totalmente desactivado, lo que se nos olvida con frecuencia. Cierta normalidad se estableció cuando, por una parte, actuó la justicia y, por otra, se implantó el artículo 155 de la Constitución, pero normalidad parcial y muy limitada en el tiempo, como parcial y efímera ha sido la aplicación del citado precepto, tal como impuso el PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno de entonces.

A pesar de que en un principio parecía que los independentistas desistían de sus intenciones, muy pronto se vio que no y muchas son las muestras de que no se han movido un ápice de su postura y de que continúan desafiando al Estado. Es mas cada día se encuentran más crecidos. Simplemente esperan mejor ocasión para volver a repetir el golpe. Por eso resulta bastante anómalo que desde el Estado se les vuelva a otorgar el control de la Generalitat. Es cierto que las fuerzas secesionistas ganaron en escaños las elecciones (esas elecciones que se debían haber convocado mucho más tarde), pero eso les da derecho a regir la Comunidad Autónoma, no a continuar con los planteamientos y las actuaciones anteriores y que habían motivado la aplicación del artículo 155.

Pero lo que en realidad ha instalado de forma muy alarmante la anormalidad en Cataluña e incluso en toda España es el funanbulismo y la pirueta practicada por Pedro Sánchez que, de estar en el bando de los que ellos mismos se habían denominado partidos constitucionalistas, en un día cambia de trinchera y pacta con todos los que defienden el derecho de autodeterminación, y en una semana pasa de estar considerando la posibilidad de aplicar de nuevo el art 155, a ser elegido presidente del Gobierno gracias a los votos de los que pretenden romper el Estado. ¿Dónde está ahora todo ese PSOE que prohibía a Sánchez llegar al poder con el apoyo de los secesionistas? ¿Dónde están todos aquellos periodistas y tertulianos que juraban y perjuraban que Pedro Sánchez nunca aceptaría eso?

Quizás no nos damos realmente cuenta de la transcendencia de lo ocurrido en la moción de censura y de la grave situación de anormalidad que a partir de ese día se originó tanto en Cataluña como en el resto de España. La cuestión no radica en que Sánchez no fuese nombrado presidente por el voto de los ciudadanos. En España, de acuerdo con la Constitución, el presidente del Gobierno nunca es elegido por los ciudadanos, sino por los diputados. El problema se encuentra en que ha llegado a la presidencia con los votos de los diputados representantes de los golpistas y, es más, necesitará esos mismos votos (tal como se aprecia ya en el nombramiento de los consejeros y del presidente de RTVE) para todos y cada uno de los acuerdos que pretenda sacar del Parlamento. Sánchez ha dinamitado la frágil unión establecida en el bloque constitucional, y se ha convertido en rehén de los secesionistas.

En estas circunstancias el diálogo y la negociación que pretende implantar Pedro Sánchez con los golpistas no van a contribuir a la normalidad, sino todo lo contrario. Diálogo no es lo mismo que negociación. Dialogar se puede dialogar de todo. La negociación implica un “do ut des”, partida y contrapartida. No todo es negociable. Es más, me temo que en estos momentos en Cataluña hay muy poco que negociar. La negociación con el nacionalismo siempre ha sido de más a más, las concesiones las hacía siempre el Estado, nunca el nacionalismo, puesto que se partía en todos los casos del suelo conseguido, para incrementarlo, jamás para reducirlo.

Parece evidente que el Estado puede realizar muy pocas concesiones en Cataluña si no quiere ir contra sí mismo, bien contraviniendo la ley o la Constitución, bien faltando a la equidad y a la justicia frente a las otras Comunidades, bien concediendo más armas e instrumentos a los independentistas para que la próxima vez no fallen en el golpe. Tampoco los secesionistas parece que puedan ofrecer mucho al Estado como no sea retornar a la legalidad, pero el cumplimiento de la ley ni se negocia ni tiene precio. Ahora bien, Pedro Sánchez sí ha precisado y va a precisar del apoyo de los independentistas todo el tiempo que dure la legislatura, y es difícil no creer que está dispuesto a pagar los peajes respectivos. Las cesiones de Pedro Sánchez van a incrementar la anormalidad política en Cataluña, pero también en toda España.

No parece que ayude a la pretendida normalización que se encomiende la custodia de los golpistas a los golpistas. Esto es lo que esconde el discurso del Gobierno sobre el traslado de los presos a Cataluña. Que esta Comunidad es la única que tiene transferida la competencia en materia penitenciaria. Se afirma que se trata únicamente de aplicar la ley, pero la ley señala tan solo una conveniencia que debe ser evaluada por los ministerios del Interior y de Justicia, de acuerdo con todas las circunstancias. En suma, es una decisión política que en esta ocasión tenía que haber considerado quien se va hacer cargo de los presos en Cataluña, las condiciones a las que van a estar sometidos, cómo pueden participar a partir de ahora en la rebelión que continúa activa y las posibles peregrinaciones de creyentes que va a dar lugar en las cárceles. Razones todas ellas suficientes para mantener a los presos alejados de Cataluña.

Por otra parte, el golpismo no puede tener premio ni se debe beneficiar a una Comunidad en detrimento de las otras, quizás mucho más necesitadas. En realidad, nos movemos en un sistema de suma cero, los recursos que se destinan a un objetivo no se dedican a otro. De ahí que las negociaciones de carácter financiero interterritorial deberían adoptar principalmente la forma de la multilateralidad, lo que odian los nacionalistas que pretenden siempre entenderse en un bis a bis con el Estado al que con frecuencia pueden chantajear. Por eso es bastante relevante la declaración de Pedro Sánchez de no acometer la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, cuestión que paradójicamente el PSOE reclamaba constantemente al anterior Gobierno. Bajo el pretexto de falta de tiempo, que no cuadra con su pretensión de agotar la legislatura, la pretende sustituir por conversaciones con cada una de las Comunidades.

Mano libre para el favoritismo y sobre todo para comprar el apoyo de los nacionalistas, principalmente de los catalanes. De hecho, todos los datos se orientan al mismo punto: el perfil de la ministra de Política Territorial, como si toda la actividad del Ministerio se redujese a Cataluña; el nombramiento de Isaías Táboas como presidente de Renfe, cuya capacidad no deriva, creo yo, de ser historiador, sino catalán, que induce a pensar que el objetivo principal es solucionar las cercanías de Cataluña (lo de Extremadura, aunque su ferrocarril se encuentre a nivel tercermundista, no corre prisa); o los anuncios del ministro de Fomento acerca de eliminar el peaje de las autopistas, que beneficiarán principalmente a Cataluña, y no digamos si se acepta la condonación de la deuda de la Generalitat.

No parece que del encuentro entre Pedro Sánchez y Torra haya surgido el compromiso por parte de este último de acudir a los órganos multilaterales sino que, de acuerdo con las exigencias independentistas, se establecen comisiones bilaterales. No es un mero tema de método, sino de principio. Detrás de ello se encuentra la concepción del secesionismo de que la relación se establece entre dos Estados soberanos. Torra hasta se permite invitar al presidente del Gobierno a una reunión en Cataluña. No resulta muy normal y menos aún que Sánchez no conteste adecuadamente. El lenguaje ambiguo tan querido por los secesionistas es sumamente peligroso.

Los golpistas en ningún momento han desistido de su objetivo, continúan reafirmándose en el 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia y consideran esta etapa como un paréntesis en el que fortalecerse para volver a dar otro golpe de Estado. En esta situación toda nueva concesión o transferencia de competencias supone lisa y llanamente dotarles de más armas e instrumentos para que el nuevo golpe tenga éxito. ¿Estamos ciegos? Mientras permanezcan en esta actitud, el restablecimiento de la normalidad debería provenir más bien de hacer los cambios legales precisos para privar a la Generalitat de aquellas competencias que pueden usarse y de hecho se usan para afianzar el golpismo. Nada impide aplicar de nuevo el 155, puesto que no han variado las condiciones por las que se aplicó la primera vez.

Antes de con el Estado, la negociación que se debería establecer es entre los propios catalanes cuya sociedad y parlamento están divididos en dos mitades enfrentadas y una impone despóticamente sus planteamientos a la otra. El establecimiento de la normalidad debería empezar por ahí. Mientras esa postura consensuada no se produzca, el Gobierno, como afirmó certeramente Arrimadas, no dialogará con Cataluña sino con los independentistas.

www.martinseco.es

Sectarismo estructural
Teresa Giménez Barbat okdiario 12 Julio 2018

Estrafalaria foto la de Pedro Sánchez, nuestro jefe de Gobierno, con un presidente autonómico que luce simbología, perdonen la contundencia, golpista. ¿Acaso el presidente no sabe lo que representa el lacito de las narices? En Cataluña lo tenemos que aguantar en farolas, guardarraíles de carreteras y autopistas, puentes, pintado en pasos de peatones, ¡hasta en la arena de las playas! ¿Tenemos que verlo también “normalizado” en La Moncloa? Y es que al nacionalismo se le perdona todo. Como lo avala la izquierda, está exento de peajes. Éste es un síndrome de Estocolmo que comparten “casi todos”, incluido el PP. Y, claro, el presidente de mi comunidad, Quim Torra, y puesto que se lo permiten, no ha perdido ocasión en proclamar que no aflojará en el empeño de que Cataluña sea una república. Queramos los demás lo que queramos. Valiéndose de una épica mitad guevariana, mitad de espumillón, con el ‘no ens aturarem’ —no nos detendremos— como punta de lanza, el primer xenófobo de la región se ha sacudido la cautela que los jueces impusieron a Junqueras, Forcadell y compañía, para darse el gusto chulear a España.

Así, y sólo en los últimos días, 1) ha tildado al Estado de dictadura en un foro internacional, 2) ha secundado la resolución parlamentaria promovida por la CUP que declara vigentes “los objetivos de la resolución del 9 de noviembre sobre el inicio del proceso político en Cataluña” y 3) como ya anticipamos en esta misma columna la semana pasada, se ha puesto al frente de una manifestación ante la cárcel de Lledoners, avalando, de este modo, los escraches a los centros penitenciarios donde se hallan internos los dirigentes independentistas. Escrachando sus propias cárceles con la disociación cognitiva que caracteriza al secesionismo. Que quede claro que no estamos únicamente ante un ejercicio de retórica. El procés, de hecho, no ha sido más que el intento de convertir un rosario de declaraciones y actos simbólicos —no necesariamente violentos en el sentido que comúnmente se da a la palabra, pero tampoco faltos de violencia institucional— en un escenario real.

En el muy recomendable ‘El golpe posmoderno’, de Daniel Gascón, hay una cita de Lluís Bassets que explica ejemplarmente esta triquiñuela —‘astucia’, en palabras de Artur Mas—: “Toda la historia del proceso independentista responde al mismo mecanismo, el de un doble tablero […]. Cuando conviene se trata de realizar gestos meramente simbólicos, consultas no vinculantes o procesos participativos sin más valor que el de una consulta. Pero en caso de contar con suficiente participación y buen resultado se intenta traducir símbolos en hechos. Ahí han ido avanzando, sigilosamente, en un gradualismo rupturista con el que querían llegar hasta la secesión”. Pues bien, Pedro Sánchez, que no aceptaría gallinas franquistas en el ojal, no tiene empacho en aceptar algo a su mismo nivel porque lo lleva un nacionalista.

El gran problema de este país es que el PSOE coincide con el nacionalprogresismo en su hispanofobia. La de Torra es ontológica; la de Sánchez, sectarismo estructural. Obviamente, lo que éste considera una fase de distensión entre el Gobierno central y Cataluña —según la terminología empleada por Iceta, que excluye del foro a quienes estamos contra la independencia, entre ellos, sin ir más lejos, a sí mismo—; lo que Sánchez, en suma, trata de vendernos como un gesto en la buena dirección —aquel ‘talante’ de infausta memoria—, es en verdad un balón de oxígeno para un proceso que, gracias al Estado y a la sociedad civil, se hallaba en vía muerta. Son las cosas del socialismo hispano que, como todo lo sectariamente estructural, no cambia.

La escuela concertada un refugio para el castellano en algunas comunidades autónomas
Josep Maria Aguiló, Alberto Caparros ABC 12 Julio 2018

Comunidad Valenciana
Los centros concertados de la Comunidad Valenciana compensarán el próximo curso la pérdida de líneas en castellano en la educación pública. La normativa aprobada por el Gobierno del PSPV-PSOE y Compromís establece unos porcentajes mínimos de horas lectivas en castellano y valenciano (el 25%) y obliga a impartir entre el 15% y el 25% en lengua extranjera. El resto –que inclina la balanza a favor del español o del valenciano– queda en manos de cada centro.

En la ciudad de Valencia, siete de cada diez colegios concertados mantienen el castellano como lengua principal en Primaria frente al cuatro por ciento que se decanta por la línea en valenciano. El 25% restante apuesta por el equilibrio entre las dos lenguas oficiales.

En la educación pública, por contra, la aplicación del nuevo modelo implantado por el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas a partir del próximo curso ha propiciado que el número de colegios públicos de la ciudad de Valencia que empleaban el castellano como lengua principal se haya reducido a la mitad en beneficio de la lengua autóctona.

Islas baleares
En la actual legislatura ha vuelto a estar vigente en Baleares el llamado Decreto de Mínimos, aprobado en 1997 por el entonces presidente de la Comunidad, el popular Jaume Matas. Dicho decreto establecía que la lengua vehicular en los colegios públicos y concertados sería el catalán, y obligaba a impartir en lengua catalana al menos el 50 por cien de las clases, sin que estuviera estipulado un máximo de horas lectivas en dicha lengua. Ello acabó favoreciendo de facto la inmersión lingüística.

El decreto de Matas sólo dejó de estar vigente en la pasada legislatura, con el popular José Ramón Bauzá como presidente autonómico. Bauzá empezó a aplicar de manera progresiva el denominado Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que era un modelo trilingüe, en los cursos 2013-2014 y 2014-2015. Sin embargo, en el presente mandato el Decreto de Mínimos fue retomado por la socialista Francina Armengol, que gobierna con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos.

Según un reciente estudio de hace dos años, un 82,9 por cien de los centros educativos públicos de Baleares imparten sus clases sólo en catalán, mientras que la enseñanza bilingüe alcanza el 16 por cien. En cambio, en los centros concertados o privados, la enseñanza bilingüe es porcentualmente mayoritaria, pues se da en un 59 por cien del total de dichos centros, mientras que en un 35,8 por cien se imparten las clases sólo en catalán.

George Soros, Pedro Sánchez y el separatismo catalán
Miquel Giménez. vozpopuli  12 Julio 2018

Un recién llegado a La Moncloa Pedro Sánchez recibió a George Soros de manera privada. Se entrevistó con el flamante presidente y con el ministro Josep Borrell para cenar después con Javier Solana y Narcís Serra. Moncloa declinó comentar la reunión. “No podemos confirmar con quién se ve el presidente salvo que sea agenda oficial”.

¿Quién es Soros y a que se dedica en la actualidad?
Soros es un especulador financiero con una fortuna estimada en 22.000 millones de dólares. Es de los que se mueven entre las bambalinas del poder, del poder real, perfectamente capaz, por ejemplo, de hacer caer la libra. Recuerden aquel 16 de septiembre de 1992, el “Miércoles Negro”, en el que consiguió hundir la moneda británica. Aquello dio via libre al Euro, con todas las consecuencias económicas y políticas subsiguientes. El Tesoro Británico perdió más de 3.400 millones de libras esterlinas en aquella operación de alta finanza, mientras que Soros se embolsó más de mil millones de dólares.

En 2017, siendo una de las mayores fortunas del mundo según Forbes, decidió transferir de manera sorprendente cerca de 18.000 millones de dólares a su fundación Open SocietyFoundations, OSF, pasando a ser, según The Wall Street Journal, el segundo grupo sin ánimo de lucro de los EEUU. Desde entonces, no hay asunto delicado en política internacional en el que el multimillonario y su organización no aparezcan. Por citar solo algunos casos que implican intereses geoestratégicos importantísimos, tenemos el Sahara Occidental, Kosovo, Sudán del Sur, el movimiento sirio opositor a Bashar Al Assad, la caída del ucraniano Víktor Lanukovich o el separatismo catalán.

Soros financia a más de cincuenta ONGs que son, en palabras del ex oficial del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá Juneau-Katsuya “Un nido de espías”. Descubrir al servicio de quién, es otro cantar.

Veamos de manera concreta cómo Soros ha acudido en auxilio de los separatistas, prestándoles su apoyo tanto político como económico. La OSF de Soros ayudó, y no poco, al Diplocat, el instrumento del que se han valido los gobiernos nacionalistas para dar difusión a su discurso separatista. Mediante el Independent Diplomat, un lobby poderosísimo a nivel internacional financiado por la OSF, es decir, por el propio Soros, fundada por el diplomático británico Carne Ross, Soros ha dado cobertura a las tesis separatistas en todo el mundo. Cerca de treinta mil dólares al Diplocat o alrededor de trescientos mil dólares al periódico digital de Bruselas pro separatismo Eurobserver son ejemplos de esa ayuda, aunque lo más importante es el trabajo de lobby.

Con su influencia, no es extraño que Finlandia diera apoyo al procés catalán, si tenemos en cuenta que el gobierno de Finlandia está en la página oficial de ID. Así se entiende que el presidente finlandés SauliNiinistö y el ministro de asuntos exteriores Timo Sioni se escandalizaran ante la supuesta violencia policial del 1-O y exigieran abrir negociaciones entre España y Puigdemont. Tampoco es raro que el ex President acudiera a dicho país en marzo pasado a dar una conferencia en Helsinki o que visitara a algunos parlamentarios finlandeses. Quien manda, manda. Pero pecaríamos de ingenuos si pensásemos en Soros como en un revolucionario, partidario de las causas perdidas. No se llega a tener su fortuna repartiendo caramelos a los huérfanos.

Siempre es el dinero
En tiempos de Artur Mas Independent Diplomat se llevó en solo dos años 1,6 millones de euros. Otro ejemplo: en el 2016 un solo colaborador de Soros, relacionado con la OSF, cobró 50.000 euros por una conferencia organizada por los separatistas. Nunca se dieron razones. Todo lo que rodea a este personaje, nacido en Budapest en 1930 con el nombre de Gyorgy Schwartz, es, como mínimo, turbio. No es ocasión de explayarse acerca de los rumores acerca de sus comprometedoras relaciones con los ocupantes nazis de su país, rumores que apuntan a que podría haber colaborado con estos antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial y emigrar a Londres. Hagamos tan solo un alto de memoria respecto al casi medio millón de judíos húngaros asesinados en los campos de exterminio de Hitler.

Siguiendo con la relación entre Soros y el separatismo catalán, debemos mencionar el nombre de Jordi Vaquer, a la sazón director regional para Europa de la OSF. Actúa singularmente en Barcelona auxiliando de manera especial al CIDOB, Centro de Estudio y Documentación Internacionales de Barcelona. Dicha entidad se ha distinguido por ser uno de los portavoces más conspicuos del movimiento separatista, elaborando informes en favor de éste que han llegado a emplear la ex Convergencia o Esquerra en el Parlamento Europeo. Esto no debería sorprender a nadie, porque en los miles de informes filtrados por el portal DCLeaks – 2.576, para ser más exactos – había uno relacionado con Soros titulado “Mapeo de aliados de confianza” correspondiente al periodo 2.014/2019, elaborado por Kumquat Consult, en el que constan 226 eurodiputados considerados afines a la OSF. El total de miembros de la cámara europea es de 751, o sea, cerca del treinta por ciento de políticos fieles a Soros.

¿Las contrapartidas? Soros tiene muchos intereses económicos en nuestro país. Iberdrola, FCC, Bankia, Liberbank o Caixa Catalunya – sí, la de Narcís Serra, ahora en los tribunales a causa de su gestión en dicha entidad – son algunas de ellas. Se calcula que ha invertido trescientos cincuenta millones en España.

Soros ha adquirido también numerosas propiedades. Curiosamente, en Barcelona, la anticapitalista y podemita Barcelona de Ada Colau. A través de Inmobiliaria Hispania es propietario de 213 apartamentos y 230 plazas de garaje en Diagonal Mar, aquel barrio que se creó a raíz de los JJOO de Barcelona y que debía ser una barriada modélica para las clases populares. Dicen que ahora se está centrando en comprar edificios de apartamentos turísticos y hoteles. Con la política del actual ayuntamiento, la deceleración en el sector hotelero le permitiría comprar a precio de saldo.

Por cierto, circula por los buzones un folleto que ha denunciado oportunamente el portal Dolça Catalunya, de obligada visita, en el que unos cuantos firmantes denuncian a España como estado antidemocrático. Ahí está Ómnium – más de diez millones recibidos en subvenciones procedentes de fondos públicos -, Irídia – quilombo de Podemos y Colau -, Novact – más del 95% de sus ingresos se obtienen a través de subvenciones de instituciones catalanas y de, tiene tela, la AgenciaEspañola de Cooperación al Desarrollo – y, amén de otros personajes igualmente curiosos, el Institut de Drets Humans deCatalunya, cuyo 59% de ingresos, 88.066 euros, proceden de subvenciones directas, viniendo más de la mitad de los mismos de… si, de George Soros.

Podríamos seguir, pero, para muestra, valen estos botones. No se crean lo que dicen los políticos porque, ¿saben?, todos tienen el culo alquilado. Seguramente, al mismo propietario. Y así se escribe la historia.

Setién, el soberbio que hundió su diócesis
Pedro Fernández Barbadillo  Libertad Digital 12 Julio 2018

Si la mitad o más de los fieles verdaderos de una diócesis está convencida de que un prelado es un canalla, algo hay que hacer. El mismo Juan Pablo II que le nombró, le pidió su renuncia.

Un decreto del Concilio Vaticano II definió el seminario como "el corazón de la diócesis". A la vista de lo ocurrido en los años posteriores, la mayoría de las diócesis católicas del mundo padecen braquicardia, es decir, que el corazón late muy despacio. Ahora bien, las diócesis vascas, navarras y catalanas, antes viveros de curas, están en parada cardiorrespiratoria.

En 1960 los seminaristas mayores en toda España eran 8.021, y en las cuatro diócesis vasconavarras ascendían a 740. En 1975 ya habían caído a 2.371 y 140, respectivamente. Y en 1990 los seminaristas vasconavarros eran sólo 89 de 1.999 en España entera.

Desde su fundación en 1949, quien gobernó la diócesis guipuzcoana durante más tiempo fue José María Setién, obispo auxiliar entre 1972 y 1979 y titular entre este año y 2000; es, por tanto, el mayor responsable de la debacle. A pesar de su alabada cultura, Setién culpaba de la caída de su seminario no al nacionalismo vasco, que, con su colaboración, había tomado el lugar de la religión, sino a la revolución juvenil de Mayo del 68.

¿Cuál era el ambiente entre el clero vasco y navarro en esos años? Pues muy similar al del resto de la sociedad: matonismo de los elementos de izquierda y abertzales y cobardía de las instituciones, ésta presentada como moderación o prudencia.

Obispo espiado por el ‘euskoklero’
En 1968, sesenta sacerdotes se encerraron en el seminario de Derio (hoy convertido en hotel); semejante conducta no implicó ningún castigo a los revoltosos. Al periodista Vicente Talón, el obispo de Bilbao Pablo Gúrpide, fallecido en 1968, le reveló que sus curas nacionalistas le espiaban. El predecesor de Setién, Jacinto Argaya, obispo entre 1968 y 1979, ante las ocupaciones de iglesias por parte de sus curas más levantiscos y de grupos de paisanos solicitaba el desalojo de los templos, pero se echaba para atrás cuando el gobernador civil le exigía la petición por escrito (la reacción de ese gobernador consistía en impedir la entrada de alimentos y bebida, con lo que el encierro se reducía a dos o tres días).

Por si acaso, a Luis Larrea (obispo de Bilbao entre 1979-1995) los fieles no le veían por la calle ni sabían nada de él. Y Argaya recomendó a los hermanos Munilla que se marcharan a estudiar al seminario de Toledo, dirigido por Marcelo González, expulsado del arzobispado de Barcelona por la presión de los sacerdotes y laicos catalanistas (Volem bisbes catalans!).

Como no voy a contar mis experiencias, prefiero recurrir a otros testimonios. José Barrionuevo, ministro de Interior, a quien hay que reconocerle su asistencia a los funerales de las víctimas de ETA, cuenta en sus memorias infectos ejemplos de la falta de comprensión del clero abertzale, como la suspensión de un funeral porque el ataúd del asesinado tenía una bandera nacional o el empeño en pronunciar frases del ritual en euskera, lengua que desconocían casi todos los asistentes y con la que los etarras habían redactado sus condenas de muerte.

El 'Pueblo Vasco' sustituye al Pueblo de Dios
Setién no autorizó que el funeral por el senador socialista Enrique Casas, asesinado por ETA, se celebrase en la catedral del Buen Pastor, porque luego podía pedírselo la familia de un etarra y era mejor evitar conflictos. Cuando ETA asesinó a Gregorio Ordóñez, sin que Setién hubiera salido jamás en defensa de su derecho a hacer política, el obispo presionó a la familia del presidente del PP guipuzcoano para que le permitiera oficiar el funeral; ya al año siguiente, puso trabas a la celebración de misas de aniversario.

Aunque es fácil calificar a Setién de obisparra, la realidad es que los terroristas y su mundo no lo consideraban de los suyos. Desde su estancia en la Universidad Pontifica de Salamanca, era un nacionalista vasco de pies a cabeza, partidario del derecho de autodeterminación, aunque matizaba que no necesariamente con un derecho a la secesión incluido. Por eso, arremetía contra lo español y consideraba a los vascos no nacionalistas como españolistas, de la misma manera que en cualquier batzoki o herriko taberna. Pero condenaba el terrorismo de ETA, más por socialista que por vasquista.

Dentro de su mentalidad, era capital impedir el enfrentamiento dentro del Pueblo Vasco (escrito así, con mayúsculas). Por eso sus condenas a ETA siempre incluían un balanceo con la invocación de los derechos de los presos etarras o la tortura o la reforma de la Constitución. En esto coincidía con el obispo Juan María Uriarte (tío de una dirigente de Herri Batasuna), el jesuita José Ramón Scheifler, profesor en Deusto y columnista en Deia, y muchos sacerdotes más: existe un Pueblo Vasco alterado por lo español, y cuando se reconozcan su existencia y sus derechos políticos el terrorismo desaparecerá; mientras tanto, se repudiaba la violencia con la coletilla de "venga de donde venga".

De ahí su pretendida equidistancia. Una muestra de la cual fue su paso junto a una manifestación de los hijos y empleados del empresario José María Aldaya en favor de la libertad de éste sin dedicarles ni una mirada. No se sabe de ningún etarra que por las palabras de Setién se arrepintiera de sus asesinatos; pero lo importante era que en un futuro próximo los padres y los chicos de la gasolina pudieran sentarse a la mesa familiar en paz. La consecuencia es una diócesis arrasada por el descreimiento, pero eso no le importa a quien considera al Pueblo Vasco la Iglesia de Dios en la Tierra.

Por cobardía, los demás obispos dejaron la cuestión vasca a Setién, rendidos ante sus títulos universitarios y su carácter. Siendo mayoría en la Conferencia Episcopal el tipo de obispo melifluo como José Sánchez o Ramón Echarren, no sorprende que alguien con sus metas claras y con comportamientos de déspota se impusiera. Sólo alguna que otra vez se levantaba otro obispo contra la conducta y las declaraciones de Setién. Igual que ahora, que sobran dedos de una mano para contar los obispos que se hayan opuesto a las pasmosas declaraciones del arzobispo de Madrid implicando a la Virgen María en la huelga feminista del 8 de marzo o favorables a exhumar a Franco del Valle de los Caídos.

Como otros obispos afines a los nacionalismos catalán y vasco, Setién gozó del aprecio de políticos; en su caso, del de Juan José Ibarretxe, que lo tenía como un asesor de confianza. Sin embargo, Setién, al igual que esos otros monseñores (Jubany, Martínez Sistach, Omella), no empleó su influencia para disuadir a los políticos de la aprobación de leyes anticristianas o divisorias de la sociedad, ni para impulsar, por ejemplo, ayudas a las madres que estuvieran en trance de abortar; él prefería la política… y el ordeno y mando.

El pecado de escándalo
Cuando el Vaticano dio un giro a las diócesis vascas, por influencia del cardenal Rouco, al nombrar para la de San Sebastián a Munilla y para la de Bilbao a Mario Iceta, un cura vizcaíno amigo me explicó que, a pesar de las quejas iniciales, Munilla se haría con el control de la diócesis muy pronto, ya que estaba diseñada por Setién para que él pudiera gobernarla como un déspota, mientras que Bilbao sería una plaza más difícil debido al poder cedido a los consejos diocesanos instaurados por los obispos Cirarda y Uriarte. Y así ha sido.

Ciertamente, la opinión popular no debe imponer a Roma los obispos, ya que éstos no se presentan a elecciones. Un obispo puede ser antipático, descortés, tímido, displicente, y llevar la diócesis de manera magnífica; pero si la mitad o más de los fieles verdaderos de una diócesis (los que acuden a misa, hacen donativos, participan en cofradías…) está convencida de que un prelado es un canalla, algo hay que hacer. El mismo Juan Pablo II que le nombró, le pidió su renuncia.

Cuando los obispos vascos emitieron su última declaración sobre ETA incluyeron esta frase: "Somos conscientes de que también se han dado entre nosotros complicidades, ambigüedades, omisiones… por las que pedimos sinceramente perdón". Sin que añadamos críticas a una petición de perdón genérica (¿los pecados no son individuales, al igual que las reparaciones?), todos los que la leyeron pensaron en la misma persona. Y ése ha sido el gran pecado de José María Setién, el de escándalo.

Observatorio de la Radicalización en el País Vasco
Las víctimas del terrorismo denuncian que nunca se deslegitimará a ETA si se lleva a cabo la transformación política e institucional que la banda terrorista quería
Denuncian que el acuerdo de PNV y EH Bildu sobre la reforma del Estatuto convierte en ley los objetivos de ETA
www.latribunadelpaisvasco.com 12 Julio 2018

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) alerta de que el acuerdo de PNV y EH Bildu sobre la reforma de las bases del nuevo Estatuto vasco convierte en ley los objetivos de ETA y, por tanto, ampara la trayectoria criminal de la banda terrorista. “El éxito de sus objetivos es lo que legitima a las bandas terroristas y a los movimientos políticos. Nunca se deslegitimará a ETA si se lleva a cabo la transformación política e institucional que ETA quería”, advierten desde el Colectivo.

El Colectivo denuncia que los objetivos que ETA quería imponer con las armas se defienden ahora desde las instituciones. “Los herederos políticos de ETA, que son también sus ideólogos, están difundiendo un relato manipulado que justifica a ETA y diluye sus responsabilidades para mantenerse en las instituciones y trabajar, desde ellas, por lograr los objetivos de la banda terrorista”.

COVITE hace hincapié en que ETA ejerció una violencia política porque perseguía imponer un proyecto político totalitario y excluyente. “Ese proyecto pasaba por la eliminación de sus opositores, a los que condenaba o bien a una muerte física o bien a una muerte civil que encerraban un trasfondo político”. El Colectivo denuncia que el resultado de la violencia que ejerció ETA es la hiperrepresentación política del nacionalismo en el País Vasco y Navarra.

Asimismo, COVITE alerta de que en el País Vasco y en Navarra se producen de forma sistemática homenajes a terroristas de ETA orgullosos de su pasado, lo cual implica que ETA sigue teniendo un gran apoyo social y político. “Una parte de la sociedad vasca y navarra agradece a ETA su actividad criminal porque ahora se va a imponer su proyecto político totalitario y excluyente desde las instituciones”, aseguran desde COVITE.

Desde el Colectivo advierten que la materialización del nuevo Estatuto servirá a ETA para justificar las 853 víctimas mortales, los casi 2.600 heridos, los 100.000 exiliados y los 10.000 empresarios extorsionados. “Quedará claro que mereció la pena la violencia porque habrá salido adelante el objetivo que los terroristas buscaban, se habrán quedado con las nueces después de agitar el árbol”.

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