AGLI Recortes de Prensa  Viernes 13 Julio 2018

Preparen los bolsillos, vienen más impuestos
José María Gay de Liébana okdiario 13 Julio 2018

“No hay dinero para poder pagar más pensiones y tendremos que aumentar los impuestos“. Eso nos repiten de forma insistente desde las instancias del Gobierno. La falta de imaginación y creatividad por parte de las mentes pensantes de la clase política —¡Ojalá tuvieran la de aquellos guionistas de las películas de ciencia ficción de años atrás!— no ven más solución que la de aumentar las cotizaciones sociales, crear nuevos impuestos, apretar las clavijas en la dura fiscalidad que soportamos y darle aún más a la imparable máquina de fabricación de más figuras tributarias… Vayamos por partes. Un primer punto que debe conocerse es que las cotizaciones sociales en 2018 reportarán al Estado 150.000 millones de euros según lo establecido en el Programa de Estabilidad y los Presupuestos, mientras que el desembolso total por pensiones ascenderá a unos 145.000 millones de euros incluyendo acá las contributivas de Seguridad Social, las de clases pasivas y otras prestaciones, las pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales, las pensiones de guerra, la gestión y contribuciones complementarias a mínimos, la gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social y la gestión de clases pasivas.

Ergo, otras imputaciones de costes al margen, los guarismos resultantes de ingresos por cotizaciones sociales y pagos por pensiones, arroja superávit según los propios números oficiales. Harina de otro costal es la vertiente financiera de la Seguridad Social y su necesidad, atendiendo a que la famosa hucha de las pensiones está en trance de quedarse seca y al día de hoy, en aras de mantener un simbólico saldo positivo, se tenga que recurrir, por segundo año consecutivo a préstamos del Tesoro… La inquietud empresarial ante cómo financiar la subida de las pensiones y los mayores gastos del Estado ofrece cuatro escenarios que se manejan para implementarlos en dosis combinadas por parte de nuestras autoridades: impuestos a la banca, “tasa Google”, destope —que no destape— de cotizaciones a la Seguridad Social y más impuestos tanto de corte estatal como autonómico.

Destopando e incrementando las cuotas a la Seguridad Social dicen que la mayor recaudación rondaría los 4.500 millones de euros, con unos 700 millones a cargo de los trabajadores con salarios más altos y la cifra restante sufragada por nuestras empresas. Contrapartida de tal propuesta: se dispararán los gastos de personal de nuestras empresas que ya de por sí son la partida más relevante en términos generales y en tanto porcentual sobre los ingresos de cualquier cuenta de resultados y España, desde hace tiempo, es uno de los países del mundo donde se soportan cotizaciones sociales más altas. ¿Adónde conduce ese posible aumento de las cargas sociales empresariales? A reducir el gasto de personal de nuestras empresas, por ejemplo, creando menos empleo, amortizando puestos de trabajo, apostando descaradamente por la robotización y automatización en pos de mejorar la productividad laboral e incluso en promover externalizaciones de trabajos que hoy se prestan internamente para abaratar los costes de las cotizaciones sociales.

¿Fuga de empresas?
No hay que descartar que las empresas que puedan opten, si se aumentan las cotizaciones, por trasladar sus sedes, centros operativos y productivos hacia otros lugares. No se trataría como está sucediendo en Cataluña de desplazar hacia otros lugares de España los domicilios sociales y/o fiscales y centros de trabajo sino de moverlos hacia otros países donde el factor trabajo se vea menos castigado como son otros Estados de la propia Unión Europea o emplazamientos ubicados en terceros países que gocen de tratados comerciales específicos y suaves arancelariamente hablando con Europa. ¡Pues haremos cotizar a los robots que sustituyan a efectivos humanos como factor trabajo!, proclaman con toda solemnidad. ¡Bravo ahí!, respondemos ante tal rotunda aseveración. ¡Los robots no estarán en España sino en otros países que no sean objeto de gravamen, señoría!

Haciendo cotizar más a trabajadores con ingresos elevados se castiga al personal cualificado, se desincentiva su desarrollo profesional e indirectamente se le está invitando a buscar nuevos horizontes en otros lares allende nuestras fronteras. ¡Vulgar manera de seguir destrozando talento en España y al que ya se ha ido se sumaría más talento que emigraría! ¡Olé, pues, por esa inmigración de baja cualificación que llega y por esa emigración talentosa y formada aquí que huye de España! Si nuestro país económicamente va haciendo, más o menos, como la selección española en el Mundial de Rusia, clasificándose gracias a ser el tuerto en el país de los ciegos, ¿qué mañana nos aguarda si el talento y la gente formada se va y aquí nos llegan olas de inmigrantes de bajo perfil? El futuro de España —el próximo Mundial para seguir con los tópicos futbolísticos— se está empezando a jugar ahora mismo y por los derroteros que caminamos algo es ya más que seguro: con este juego, con tanto pase horizontal sin osar apuntar en dirección a la portería contraria, España quedará apeada en las fases clasificatorias del gran acontecimiento que se celebrará en 2022 en Qatar. ¿Qué será de España si su talento la abandona en masa?

La “tasa Google” es otro de los despropósitos que se barajan, consistente en cargar tributariamente al sector tecnológico que se erige en lanzadera de la revolución económica y que constituye arma primordial en cualquier país para conseguir avances significativos tanto en el plano económico con una industria de alto valor añadido como en empleo de elevada calidad. Cualquier proyecto tecnológico en ciernes huirá de España y si en algún momento alguna gran compañía tecnológica ha mirado a nuestro país como posible emplazamiento, automáticamente descartará tal posibilidad. Irlanda, desde luego, ofrece mejores perspectivas…

La irresponsable degradación de la Transición con un 'revival' antifranquista
ESdiario 13 Julio 2018

Todas las víctimas merecen honra y restitución: las de la Dictadura y las de ETA. Obviar a las segundas y usar a las primeras es un acto de irresponsabilidad que afecta a los valores del 78.

Si al Gobierno le preocuparan las víctimas y sólo ellas, sin ningún afán político, comenzaría por escuchar y atender a las más recientes: las que sufrieron la lacra del terrorismo de ETA y aún hoy ven cómo se homenajea a terroristas, se discute sobre su acercamiento al País Vasco, se les rehabilita con cargos en las instituciones y, en fin, se tolera una humillación reiterada que ellas denuncian en balde.

Recurrir a las víctimas del franquismo, que sin duda se merecen toda la rehabilitación al alcance moral y legal de la mano, no es un acto de humanidad, o no sólo, sino un intento político de un Gobierno que debilita así el valor de la conciliación que enterró, desde 1978, el terrible enfrentamiento entre las dos Españas en aras a construir un proyecto fraternal común.

Todas las víctimas merecen recuerdo y restitución. Las de ETA y las de Franco, pero sin romper nada bien cosido

Ese supremo acto de altura social y política no puede incluir el olvido de las personas que sufrieron en la Guerra Civil ni en la Dictadura, sin duda, pero ha de marcar la manera de abordarlo para que la necesaria restitución no comporte la reapertura de dolorosas heridas.

El valor de la conciliación
Y ni Zapatero hace unos años ni Sánchez ahora parecen respetar esa necesidad, propia de democracias maduras y no, como sostienen los furibundos detractores del 'Régimen del 78', de sistema impunes. Transformar el Valle de los Caídos, exhumar a Franco o hacer lo imposible por las víctimas de aquella época es razonable y coronaría el fin definitivo de una etapa de dolor y sufrimiento que el propio Congreso ya zanjó hace años.

Primero con la Constitución y las leyes que acompañaron el salto de la Dictadura a la democracia, con un consenso que incluyó a los partidos de izquierdas; y después con la aprobación por unanimidad de la condena del franquismo y de la compensación a las víctimas, a principios del siglo vigente.

No hay discusión al respecto, pues, pero los dos últimos presidentes socialistas actúan como si quisieran que la hubiera, anteponiendo la generación artificial de bandos ideológicos de nuevo a la consecución de los objetivos recogidos ya en el mismo espíritu de la Transición.

Sánchez y Torra sitúan la Guerra Civil y a Franco en el eje de su política de gestos
Que Sánchez lo haga a la vez que el separatismo, promotor de una Ley de Memoria Histórica adaptada al delirio soberanista, y con el visto bueno solazado de Podemos -autor de una enmienda despectiva y constante a la Transición-; lo dice todo de la intención real de este 'revival' antifranquista que busca más el autohomenaje de sus inductores que la compensación a los acreedores de la historia de España.

El Rey señalado
Y quizá explique también la indolencia del Ejecutivo en la defensa del Rey, despreciado por el independentismo y ninguneado por el populismo: es el mayor símbolo de aquellos valores del 78 y denigrarlo facilita esta irresponsable campaña de reconstrucción de una memoria que requiere sensibilidad y delicadeza pero aquí tiene, habitualmente, sectarismo y revancha. Lamentable.

La Constitución española, a imagen de la bolivariana
El Gobierno ha pedido un informe a la Real Academia Española para estudiar una polémica reforma del género en la Carta Magna, siguiendo así los pasos de la de Venezuela.
G. Pajares / J. O.. Madrid. La Razon 13 Julio 2018

El Gobierno ha decidido que no solo la memoria («histórica») es una cuestión política, también lo es la lengua, y a través de su actual vicepresidenta, Carmen Calvo, se ha encargado un informe a la Real Academia Española sobre la reforma de género en la Constitución. Una decisión que ha levantado una oleada de reacciones distintas. La intención, en un principio, es modificar el género de la Carta Magna. Es decir, en el lugar donde pone «ciudadanos» sustituirlo por «ciudadanos y ciudadanas»; donde se lee «trabajador» duplicarlo por «trabajador y trabajadora» y así hasta el infinito. Esta iniciativa no es para nada nueva. Ya cuenta con un precedente. Uno que tiene bastantes probabilidades de que le agrade por lo menos a uno de los actuales socios del Partido Socialista Obrero Español: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que aprobó Hugo Chávez el 15 de diciembre de 1999. En esas páginas puede observarse con facilidad las consecuencias de esta duplicación. Ahora el PSOE quiere emular este ejemplo y ha implicado a la Real Academia Española con un informe. Para el académico Salvador Gutiérrez, que se encargó de coordinar el volumen dedicado a la Ortografía de esta institución, todo lo que está suciendo «parte de una equivocación conceptual»: «Pensar que porque se diga, por ejemplo, que “el hombre es mortal” solo se piense que se refiere a un varón, cuando, en realidad, también se refiere a las mujeres. Es un recurso de la lengua, y es uno de los mejores de los que dispone el idioma: usar un elemento genérico, en este caso el masculino, para introducir ambos. Lo mismo ocurre con el número. Cuando se dice que “el hombre es mortal” se refiere a todos los hombres, no a uno solo. Se neutralizan los plurales».

Idioma y política
Para Salvador Gutiérrez, es posible duplicar, decir «los padres y las madres», pero «es antieconómico y no se puede sostener ni mantener en una conversación, porque a la tercera frase cometemos un error. Por otra parte –añade–, aparte de parecerme problemático, no me parece bien que esto se imponga contra la lengua. El Parlamento no es propietario de una lengua. El idioma es de los hablantes. Y la lengua española pertenece también a toda Hispanoamérica y no solo a España. Hay una confusión de poder». Santiago Muñoz Machado, académico de la RAE y director del «Diccionario del Español Jurídico», ha comentado que «lo más sencillo, en vez de encargar un informe a la Academia sería recordar el que ya hizo sobre el sexismo lingüístico. Lo que puede decir la RAE sobre la Constitución es lo que señala su propia doctrina. Y no tiene carácter vinculante ninguno. Y creo, además, que ciñéndonos a ella tendría poco que cambiar». Muñoz Machado añade que «otra cosa es en qué medida puede haber en la Constitución fórmulas gramaticales que no sean acordes con la RAE». Después apunta una de las consecuencias directas de una posible reforma de la Carta Magna en este sentido: «Si se modifica la Constitución y se aplica la fórmula de separación entre el masculino y el femenino, después habría que retocar el ordenamiento jurídico entero. Siempre se ha usado en el lenguaje legal ordinario la doctrina de la RAE, como reguladora a través de la gramática y la ortografía. El legislador emplea el lenguaje clásico, doctrinalmente ortodoxo. Si se aplican fórmulas y criterios nuevos habría que cambiar gran parte de las normas, no solo la Constitución».

La pregunta que surge a continuación es el coste en tiempo y dinero de enfrentarse a un cambio tan grande: «Tendría una repercusión económica y habría que establecer comisiones para estas modificaciones. Este proceso duraría años. Es una revolución imposible, si se quiere modificar las normas vigentes, y muy costosa». Santiago Muñoz Machado también comenta que «en nuestra sociedad actual, la mayor parte de hispanohablantes defienden el mantenimiento del lenguaje como la RAE ha dicho». Y concluye: «El español es común a 570 millones de hablantes. Todo lo que sea un retoque de la regulación en el idioma hay que hacerlo con enorme precaución porque repercute en todo ese universo y hay que tener en cuenta que esa lengua también les pertenece a ellos». Salvador Gutiérrez puntualiza y afirma: «Todos estamos de acuerdo, y todos defendemos que la mujer tenga el reconocimiento laboral, económico y social que le corresponde y que no existan diferencias con el hombre. Yo soy el primero en defender esta posición. Pero es un error de perspectiva tratar de poner el acento en el idioma, buscar la solución donde no está el problema. El problema entre los hombres y las mujeres no se soluciona modificando el lenguaje». Salvador Gutiérrez, incluso, va más allá y asegura: «Los mismos políticos no pueden imponerlo. Ellos mismos, que dicen los padres y las madres, los niños y las niñas, cuando bajan del estrado y se van a tomar cañas, y hablan con la familia y los amigos, no hablan así. Y no lo hacen porque es imposible. La lengua es muy sabia y la hemos creado a lo largo de los siglos y esa economía es la que la hace flexible. Considero que es un grave error tratar de imponerlo». De momento, en la RAE, se ha propuesto, para después del verano, la creación de una comisión para estudiar y después redactar un informe en relación a este asunto, ya que como institución está obligada a acometer una petición que proviene del Gobierno central. Ya solo queda esperar.

La patraña de las nacionalidades históricas
Mateo Requeséns. Gaceta.es 13 Julio 2018

Uno de los grandes errores de la Constitución de 1978 fue admitir en su texto el equívoco término de “nacionalidades”, que andando el tiempo, unido al descarriado expansionismo de las Autonomías, nos ha traído a la situación actual en que un gobierno autonómico junto a la mitad de su parlamento se han rebelado contra España.

No había que ser especialmente perspicaz para vaticinar que la descentralización administrativa convertida en descentralización política, cebada por esa bomba de relojería que era la idea de las “nacionalidades”, se traduciría en fuente de conflictos y en una amenaza para la convivencia nacional y la igualdad entre españoles.

Y no será porque en su día no se advirtiese de las consecuencias de constitucionalizar el concepto de “nacionalidades”. Así Licinio de la Fuente afirmaba que “el contexto de nacionalidad es confuso e impreciso, pues se confunde con el de nación. Por otra parte, nos deja en la tremenda indeterminación de conocer cuál será la interpretación que pueda prevalecer en el futuro. El término nacionalidad no puede desvincularse del de nación. Además de confuso, el término nacionalidad rompe la igualdad de los distintos territorios de España, Habrá dos clases de territorios: aquellos que sean nacionalidades y aquellos que sean regiones, y en consecuencia habrá dos tipos de ciudadanos. Por otra parte, la inclusión del término nacionalidades en el texto constitucional implica un riesgo de desintegración nacional”. Incluso algún sector de UCD también se opuso, José Miguel Ortí Bordás decía, parafraseando la Constitución de 1931, que “la Constitución debe reconocer el derecho «a la autonomía de los municipios y regiones» que integran España, pero no es correcto el término nacionalidades, que responde a un momento de efervescencia del nacionalismo”. Y es que la Constitución de 1978 desbordó a la Constitución de la II Republica, que siempre empleó en término “regiones” y nunca el de “nacionalidades”. El caso es que la voluntad del sector oficial de la UCD, encabezado por Rafael Arias Salgado y Miguel Herrero de Miñón, respaldado por Adolfo Suarez, junto a socialistas, comunistas y nacionalistas acabaron colocando el término “nacionalidades”.

El apelativo de “históricas” que acompañaría al oscuro concepto de “nacionalidades” con un imposible fin legitimador, simplemente se basaba en el historial de corto recorrido del nacionalismo en Cataluña, Vascongadas y Galicia. Sus reivindicaciones decimonónicas y su plasmación en los estatutos autonómicos tramitados durante la II República, el catalán aprobado en 1932, el vasco en 1936 y en el caso gallego tan solo redactado su proyecto en 1936, servían para calificar de nacionalidades históricas a aquellas regiones.

Por su puesto, el autentico bagaje histórico de Cataluña, Galicia o Vascongadas no es diferente al de docenas y docenas de regiones y comarcas europeas, ni ofrece peculiaridad relevante alguna que separe su intrahistoria de la común y compartida por todos los españoles. Es más, distinguir su trayectoria histórica frente a Aragón o Castilla no deja de causar cierto rubor. Pero tal distinción les permitía acceder a la autonomía a través del artículo 151 CE, con una mayor cuota de autogobierno, mientras que las demás regiones debían acudir al menos amplio art. 143 CE. Rápidamente Andalucía exigió el mismo trato y se aplicó el llamado “café para todos”, que supuso la autonomía plena para todas las regiones.

Alcanzados y sobrepasados aquellos objetivos, hoy nos encontramos ante la materialización de aquel riesgo de ruptura de la unidad nacional sobre el que nos advertían quienes rechazaban constitucionalizar el concepto “nacionalidades”. Las mismas fuerzas políticas que introdujeron el peligroso concepto en la Constitución del 78, aspiran a su reforma para construir un Estado plurinacional. El parlamento aragonés acaba de aprobar una moción en la que declara que “Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento”. En Valencia, Baleares, incluso en Asturias, Aragón y Cantabria se acude a la lengua como en Vascongadas, Galicia y por supuesto Cataluña, para construir un hecho diferencial que justifique también esta reclamación de “nacionalidad”, más allá de irrelevantes mitos medievales.

No se nos propone una reforma de carácter federalista. Un Estado federal suele basarse en una serie de comunidades políticamente independientes o, al menos, autónomas, que compartiendo lazos comunes deciden ceder parte de su capacidad y poder político a un ente central para progresivamente lograr crear una comunidad nacional. A diferencia de los orígenes del Estado federal en Alemania, en España sucede lo contrario, se trata de un movimiento centrífugo. Contradicción que se quiere camuflar con otro eufemismo igual de fraudulento que el de “nacionalidades”, el federalismo asimétrico.

Lo que verdaderamente se esconde detrás de la patraña de las “nacionalidades” históricas es la idea de que España es una Nación inventada, consecuencia de la hegemonía castellana, y que el Reino de España realmente no es más que una especie de Commonwealth que agrupa un conglomerado de pueblos diversos.

Este es el debate más transcendental sobre nuestro de futuro. Decidir si España es y sigue siendo una Nación, una comunidad nacional y los españoles somos un pueblo soberano, o como pretenden Pedro Sánchez y quienes le apoyan, si España es sólo una carcasa que alberga no se sabe cuántos pueblos soberanos.

A Puigdemont sólo cabe juzgarle por rebelión o sedición
EDITORIAL  Libertad Digital 13 Julio 2018

Bochornosamente, el Tribunal de Schlewsig-Holstein se ha negado a que Carles Puigdemont, máximo dirigente del golpe de Estado en Cataluña, sea juzgado en España por rebelión o sedición y sólo acepta la extradición para que se le encause por malversación apenas. Se trata de un empecinamiento intolerable, pues en lugar de limitarse a tramitar la orden europea de detención en los términos solicitados por la Justicia española, tal y como era su obligación, el tribunal alemán se ha inmiscuido en el fondo del asunto, sin tener competencia para ello ni el menor acierto.

Así las cosas, no es de extrañar que el Tribunal Supremo español haya rechazado la entrega del golpista prófugo, si el precio era renunciar a juzgarlo por los delitos más graves de que está acusado. No le falta razón al juez Llarena al resaltar la contradicción y el disparate jurídico que supondría juzgar unos mismos hechos con dos varas de medir: los acusados que se quedaron en España podrían ser juzgados por los delitos más graves, mientras que quien se fugó tras liderar la rebelión sólo podría ser acusado de un delito de malversación, castigado con mucho menos rigor.

Aunque sea preferible que Puigdemont siga expatriado antes que juzgarlo sólo por malversación, la decisión de la Justicia alemana debe provocar una enérgica protesta por parte del Gobierno español. El consentido disparate de ese tribunal alemán de segunda es una quiebra de facto del sistema de euroórdenes y del propio proyecto comunitario, tal y como oportunamente han denunciado Ciudadanos y el Partido Popular. En este sentido, no le falta razón al portavoz del PP, Esteban González Pons, cuando reclama a Pedro Sánchez la suspensión del Tratado de Schengen "hasta que se aclare si la Euroorden sirve para algo".

Conviene recordar, sin embargo, que ni González Pons ni nadie del Partido Popular elevaron la más mínima queja la primera vez que ese tribunal denegó la extradición de Puigdemont por rebelión o sedición. Por el contrario, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó a calificar de "modélico" el ominoso proceder de Alemania. Ahora, Pedro Sánchez se ha limitado a guardar un no menos lamentable silencio.

En cualquier caso, una cosa debe quedar clara: la unidad de España depende de los españoles, no de Europa. Mientras la clase política que se proclama constitucionalista no se imponga como la primera de sus obligaciones combatir política, judicial, cultural y económicamente la lacra del nacionalismo antiespañol, que pretende dinamitar la Nación y el Estado de Derecho, poco se podrá reprochar a los alemanes, incluidos los descalificables magistrados de Schleswig-Holstein.

Gran Hermana Carmen Calvo
Santiago Navajas  Libertad Digital 13 Julio 2018

En el ámbito anglosajón hiperfeminista se considera equivalente los comentarios sexuales, los tocamientos inapropiados y la violación. Por comentario sexual vale que un hombre le diga a una mujer: "Hola, guapa". Por tocamiento inapropiado se entiende, por ejemplo, que un hombre coja del brazo a una mujer mientras hablan. Por violación puede contar una relación sexual consentida pero tras la cual la mujer se haya arrepentido. En Harvard hay alumnas que no entran en clase si el profesor les ha cedido el paso en la puerta, molestas ante semejante conducta machista.

La izquierda, una vez que ha visto fracasar el marxismo en economía e historia, trata de triunfar en el terreno de las relaciones sexuales, cambiando a su clásico enemigo, el burgués, por el varón heterosexual. De ahí que si antes pretendía destruir a los enemigos de clase, ahora pretende aniquilar al enemigo de género, sea encarcelándolo o, si se resiste, emasculándolo ideológicamente y convirtiéndolo en aliados feminista, como antes toleraba a los burgueses si aceptaban rebajarse a compañeros de viaje.

Este feminismo neurótico, desquiciado, histérico y puritano es el que está detrás de una serie como El cuento de la criada (analizada estupendamente por Nuria Richart), una distopía sobre una dictadura heteropatriarcal que en realidad es una transferencia psicoanalítica de cómo las feministas consideran el sexo: una jerarquía de poder que hay que satanizar porque, como defendió su teórica de referencia, Andrea Dworkin, toda relación heterosexual es en el fondo una violación. Trataba de explicar la máxima expresión del feminismo radical que el sexo no debe poner a las mujeres en una posición subordinada, ya que debe ser recíproco y no un acto de agresión de un hombre en busca sólo de su satisfacción personal. Lo que ha llevado a que sus seguidoras consideren que toda relación heterosexual debe ser empática o, en caso contrario, tenga que ser considerada una violación. La obsesión de las feministas radicales con que todo deba ser considerado violación hubiese satisfecho las delicias del diván de Sigmund Freud.

De Dworkin a Carmen Calvo y su propuesta de cambiar el Derecho Penal para convertir por defecto a todos los hombres heterosexuales en violadores hay un paso. Tras el plan de la vicepresidenta socialista se encuentra el intento de colectivizar incluso las relaciones personales más íntimas, convirtiendo al Estado en el invitado invisible de cualquier encuentro privado a través de la fiscalización de las conciencias.

Siendo mala la vigilancia a la que nos pretende someter el Estado hiperfeminista, peor es la sombra de la sospecha y la desconfianza que la Gran Hermana Carmen Calvo pretende proyectar sobre las relaciones personales. En consonancia con este control de las relaciones personales está el proyecto de adoctrinar a todo el mundo, empezando por los niños y terminando por los jueces. Por eso la ministra de Educación ha anunciado la transformación de la asignatura Educación para la Ciudadanía en Educación para el Socialismo y el Feminismo. Para ello habrá que formar a los jóvenes en, y cito, los "valores de las mujeres". ¿Cuáles son esos valores? Visto desde otra perspectiva, ¿hay unos valores matemáticos femeninos? En Los Simpson se burlaban de la pedagogía del feminismo radical que pretende separar a niños y niñas en las clases de matemáticas porque la típica enseñanza consistente en resolver problemas tiene un sesgo heteropatriarcal, por fomentar la competitividad y tener un enfoque agresivo.

A raíz de la caza de brujas contra el reputado biólogo Francisco J. Ayala (despedido de la Universidad de California por un requiebro, un piropo y un roce), la psicóloga Elizabeth Leftus ha denunciado como la campaña de calumnias contra los hombres desatada por feministas radicales como Carmen Calvo ya que son un peligro tanto para el Estado de Derecho como para las propias mujeres:

El péndulo está ahora en el feminismo radical, pero advierto de que volverá con fuerza al otro lado. Hay miles de chicos que, después de haber sido expulsados por cuestiones de consentimiento sexual, están denunciando a las universidades. Todo esto acabará perjudicando a las mujeres.

A las tres consignas del Partido Socialista en 1984 de Orwell,
LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA,

Carmen Calvo suma ahora una cuarta:
EL AMOR ES VIOLACIÓN.

CON INVESTIGACIONES JUDICIALES
El abogado de Puigdemont, a por todas: pide a Sánchez que ‘desactive’ a VOX
La Gaceta  13 Julio 2018

Es el ‘no va más’ de la presión a la justicia. El abogado de Carlos Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, utiliza los micrófonos de Rac1 para enviar un recado a Sánchez: hay que desactivar a VOX, única acusación particular contra los golpistas catalanes.

Jaume Alonso Cuevillas concedía este miércoles una entrevista a la cadena catalana Rac1. El abogado del prófugo Carles Puigdemont marcaba sin disimulo alguno el recorrido a seguir al Gobierno de Pedro Sánchez: “desactivar” a VOX, el partido presidido por Santiago Abascal y única formación que, como acusación particular, ha conseguido llevar a los golpistas catalanes ante la justicia. El plan para esta desactivación sería abrir “investigaciones” contra el partido porque el Gobierno tiene “mecanismos” para ellos.

“Hay muchas posibilidades para poder desactivar: desde el convencimiento a la gente de Vox (…) Es el Gobierno el que domina los mecanismos del Estado y puede hacer muchas cosas””, ha dicho.

La respuesta de VOX no ha tardado en llegar:
Ante el evidente intento de presión, Santiago Abascal, presidente del partido, ha asegurado que “VOX no cederá ante ningún chantaje ni ante ningún montaje. Cumpliremos con nuestra misión como acusación popular y nuestro objetivo será siempre el mismo: todos los golpistas a prisión”.

Qué España quiere el PSOE
Bieito Rubido ABC 13 Julio 2018

El PSOE tiene una fascinación por el nacionalismo muy difícil de entender. La última ocurrencia de Aragón es una más de las incontables que los socialistas españoles alumbran con un aparente y único objetivo: romper España. Es de difícil explicación, su empeño. Uno se pregunta exactamente qué quieren gobernar los socialistas: ¿Una nueva España de taifas? Es más, si hay alguna doctrina contraria a la historia de la socialdemocracia, esa es el nacionalismo. Pero aquí los tienen, desde Zapatero hasta Pedro Sánchez, pasando por Maragall e Iceta, nadie ha puesto más empeño en dividir la nación más antigua de Europa. La suya y la mía. Es una irrefrenable pasión por el suicidio. Trastorno que va a llevar a Sánchez, al que no eligieron los ciudadanos, a cosechar otra monumental derrota en las próximas generales. Acepto apuestas. Continúa empeñado en debilitar la idea de España para que cada autonomía se interprete a su libre albedrío, con el fin de que nuestro ser histórico se despeñe por el abismo de la ficción, y terminemos siendo un país débil, carente de atractivo y que renuncia a cualquier idea de progreso.

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Golpe y farsa de Puigdemont
Cristina Losada  Libertad Digital 13 Julio 2018

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein no enmienda: mantiene y aumenta su error. La decisión de no extraditar a Puigdemont ni por rebelión ni por sedición sino sólo por malversación se funda en los mismos errores de raciocinio que la primera que tomó. Considera el referéndum ilegal del 1 de octubre como un hecho aislado. No tiene en cuenta un proceso que incluyó la aprobación de leyes para separar a Cataluña de España, la convocatoria de la votación para decidir la separación, la desobediencia de mandatos judiciales, la llamada a la movilización y a la resistencia tumultuaria para impedir que los mandatos de los jueces se cumplieran, las órdenes a la Policía autonómica para entorpecer a las Fuerzas de Seguridad del Estado enviadas para hacerlos cumplir y la proclamación de una República catalana independiente.

Entre otras cosas, que hubo más. Pero toda esa cadena de hechos la vuelven a ignorar los jueces de Schleswig-Holstein y reducen un golpe contra el orden constitucional y la integridad territorial de un Estado a la sola cuestión del grado de violencia que se dio en una jornada. Ese grado lo siguen viendo insuficiente o inadecuado. Persisten en alegar que para el tipo penal de la alta traición, el equivalente alemán de rebelión, la violencia ha de ser capaz de doblegar al Estado. ¿Tendrán un medidor de violencia y otro medidor de la resistencia del Estado para saber quién puede ganar el pulso? Espero que los tengan y que estén finamente ajustados. De lo contrario, corren en Alemania el riesgo de que la alta traición sólo sea delito cuando quienes lo cometan salgan victoriosos, y entonces, claro, ya no será delito.

El criterio sobre el grado de violencia procede de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia alemán, de 1983, relativa al bloqueo por unos ecologistas del aeropuerto de Frankfurt, ocurrido dos años antes. Ese es el precedente que han manejado los jueces regionales para dirimir lo de Puigdemont. Para ellos, la ocupación de un aeropuerto con el fin de exigir que un Gobierno regional paralizara la ampliación de una pista es tan similar al procés que suministra los criterios para valorar los actos de rebelión que realizaron los separatistas catalanes. Los de Schleswig-Holstein también piensan, por lo visto, que la capacidad de coacción de un grupo de manifestantes es igual que la que puede ejercer un Gobierno regional con una fuerza policial armada a su servicio. Vaya vista.

No. La decisión de la Audiencia alemana no deja en ridículo al Supremo español. Son los argumentos de esos magistrados los que resultan ridículos. Aterradoramente ridículos. Al punto de que, en su primera decisión, ponían negro sobre blanco que los actos destinados a separar a Cataluña de España realizados por Puigdemont y el resto no serían delito en Alemania. ¡Menos mal que los separatistas bávaros no son más que cuatro gatos! Menos mal que no hay ningún Land con un Gobierno lo suficientemente perturbado como para lanzar un asalto a la democracia. Menos mal que en Alemania no hay más golpistas reputados que el propio Puigdemont. Hay racistas, sí, pero no están en condiciones de hacer lo que han hecho los racistas en Cataluña.

El cabecilla golpista salió al balcón de Twitter después de la decisión judicial para decir que habían "derrotado la principal mentira sostenida por el Estado". Ya les gustaría, pero no es así. Los jueces alemanes, cito de la nota de prensa que ofrece un resumen de la resolución, dicen que lo del 1 de octubre "no alcanzó el grado requerido de violencia porque no podía conducir a una secesión inmediata de España y tenía el único propósito, por parte de Puigdemont, de iniciar nuevas negociaciones". Dejemos aparte los errores en el razonamiento o en la exposición del razonamiento. Dejemos al margen esa caída en la elucubración política, tan fuera de lugar, impropia y errada. Dejemos a un lado que estos jueces abandonan ahí la claridad de los hechos para entrar en la niebla de las intenciones y prácticamente en la adivinación.

En su literalidad, lo que está diciendo la resolución judicial alemana es que el referéndum de 1 de octubre fue una mentira. Que, en contra de lo que decían y proclamaban los independentistas, no iban a hacer efectiva la separación de España. Que sólo estaban haciendo un teatro-circo para conseguir nuevas negociaciones. Que mintieron como bellacos cuando proclamaron la República independiente de su casa. Y que siguen mintiendo, por tanto, cuando dicen que ya se autodeterminaron el 1 de octubre. Los jueces alemanes han tomado su decisión de no extraditar a Puigdemont por rebelión en el convencimiento de que aquella rebelión fue una gran mentira. Una auténtica farsa. Una coña marinera. Y lo fue. Fue una farsa y fue un golpe. Fue un golpe de farsantes. Pero golpe fue.

Puigdemont, por rebelión o nada

 La Razon 13 Julio 2018

Es evidente que la Justicia española no podía admitir de ninguna manera la decisión del tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein, que concede la extradición del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, sólo por el delito de malversación de fondos públicos y con un límite de pena de 5 años, que es la prevista en su código penal, porque, de aceptar la interpretación germana, contaminaría el resto de la causa y sería tanto como dar por buena la estrategia de defensa de los golpistas.

De ahí que tengamos que discrepar de la intervención, algo apresurada, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que lo importante es que los fugitivos sean juzgados en España. No es cuestión reiterar lo ya dicho sobre la perversión del espíritu de la euroorden que implica la actitud de los jueces alemanes que han entendido del caso y que, sin llegar a las medidas extremas que se proponen desde algunos sectores del PP, debería obligar a las autoridades españolas a plantear un conflicto de intereses en el seno de la UE, pero sí es conveniente insistir en que las condiciones de la entrega son inaceptables y que, en última instancia, sólo quedaba retirar la orden internacional de busca y captura, como ya se hizo en ocasión anterior.

Por supuesto, no se han agotado todas las vías legales, entre otras cuestiones, porque la defensa de los golpistas ha anunciado que planteará un recurso ante el Constitucional alemán, y es perfectamente posible plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, que sirviera para aclarar si un tribunal tercero puede enervar decisiones procedimentales que no le conciernen o, como en este caso, arrogarse la instrucción del proceso y la calificación de los delitos.

Desde luego, impulsar una justicia paralela no es lo que pretendían los legisladores cuando, para dar cobertura al Acuerdo de Schengen de libre tránsito, decidieron poner en marcha un sistema de extradición bajo control judicial (Orden Europea de Detención y Entrega), por entender que todos los países que conforman la UE respetan el derecho de los ciudadanos a un proceso justo e imparcial.

Con todo, la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein tiene un aspecto positivo en el reconocimiento de que Puigdemont debe ser traducido a un tribunal de justicia, como reo de un delito, desdeñando la cantinela de los separatistas catalanes de que estaban siendo sometidos a un proceso de carácter político. El resto de las cuestiones que plantean los jueces alemanes, como la «atipicidad» de la reclamación española, no tienen mayor relevancia que la de poner de manifiesto lo extraordinario, dentro de los estándares democráticos occidentales, de que unos representantes institucionales, obligados a cumplir y hacer cumplir la Ley, lleven a cabo un proceso insurreccional, una rebelión, en suma, utilizando los mismos medios y la posición de autoridad que les concede el propio Estado al que quieren destruir.

Que, como dice el auto, no era probable que la acción de los golpistas hubiera provocado «la separación de Cataluña o la destrucción del Estado español», entra en el terreno de la mera especulación, que se supone, al menos hasta ahora, ajeno a las resoluciones judiciales. En definitiva, el proceso no se ha terminado y el Tribunal Supremo aún dispone de vías legales para tratar de que Carles Puigdemont y el resto de los ex consejeros fugados reciban el mismo trato que los que están en prisión. Pero, en cualquier caso, es preciso que las autoridades españolas emprendan una labor de comunicación e información que contrarreste la que han llevado a cabo durante años los separatistas, con el dinero de todos, fomentando los viejos prejuicios europeos contra España.

El caso 1-O: Ante la Justicia internacional y europea
Carlos Fernández Liesa ABC 13 Julio 2018

Catedrático en Derecho Internacional de la Universidad Carlos III

En 1920 se celebró un referéndum en Schleswig-Holstein, de acuerdo con el cual es parte hoy de Alemania y no de Dinamarca. Si esto se hubiera sabido no se habrían levantado falsas expectativas. La conducta de los jueces belgas y alemanes tiene imposible explicación jurídica. Funciona la política, la propaganda, las leyendas negras y los estereotipos. Pero desde el ángulo del derecho están poniendo a sus Estados ante la Justicia internacional y europea.

Los belgas acuden a un inexistente defecto formal para rechazar la colaboración, y citan al juez Pablo Llarena, en un ejercicio extraterritorial e ilícito de sus competencias, que trasgrede las de España. Tanto es así que el Presidente del Tribunal Supremo pide ayuda al gobierno invocando inmunidad de jurisdicción frente al ejercicio de una competencia extraterritorial. Esto de consumarse constituye un hecho ilícito internacional que podría acabar en una controversia ante el Tribunal internacional de Justicia de la Haya.

Los alemanes han señalado que solo entregarán a Puigdemont por malversación y no por los otros delitos. La orden europea de detención es un mecanismo de cooperación judicial que nunca puede sustituir la labor del juez nacional, menos aún un tribunal inferior a uno superior. Los jueces alemanes entran a valorar si ha habido violencia de una magnitud necesaria y no entran en la cuestión de la sedición. Ninguno de estos dos procederes es adecuado y además deja en total indefensión a España.

La OED, se dice, no es recurrible por España ante los Tribunales alemanes superiores, lo que no concuerda con el principio de agotamiento de los recursos internos. El Tribunal inferior alemán, al valorar la prueba que solo compete al Tribunal español superior vulnera el principio de reconocimiento mutuo, confianza legítima y cooperación judicial. Pero, sobre todo, vulnera las competencias del Tribunal español pues no es quien para hacerlo. El clásico principio de soberanía (par in parem imperium non habet) ha resultado vulnerado pues los jueces alemanes entran a conocer lo que compete a los españoles, lo que además también supone vulnerar el principio de la no intervención.

Plantear una cuestión prejudicial por vulneración por Alemania, en este procedimiento, del art. 4, 2 del tratado de Unión Europea. Eso lo ganaría España pues tanto el espíritu como la lógica no pueden desembocar sino en aceptar el reconocimiento mutuo entre Estados democráticos y de derecho o, en otro caso, supone el fin de la euroorden y de la cooperación judicial. Además la justicia y el gobierno español deberían suspender, sobre la base del principio de reciprocidad, la orden europea de detención. No puede ser que España coopere con aquellos que no cooperan con España. En tercer lugar, España debería pedir la revisión ante el Tribunal constitucional alemán de la decisión del tribunal inferior, para que aquél, que desde luego podrá establecer el criterio definitivo de Alemania adopte una decisión atribuible a ese Estado y, por lo tanto, impugnable ante un Tribunal internacional.

Esta es la hoja de ruta que se debería seguir tanto por la justicia como por el gobierno de España. Confiemos en el Estado de Derecho español. La Unión Europea no es un Estado de derecho. La comunidad internacional menos aún. Chacun pour soi et Dieu pour tous.

Y, al final, si no funciona la cooperación como es debido, Puigdemont será el catalán errante, que envejecerá allende fronteras, visitando la estatua del conde de Egmont, al que a pesar de tener el Toisón de oro ajusticiaron por rebelde y espero que sin cobrar remuneración y honores pues carece de cualquier mérito para denominarse Molt honorable. No podrá tener un gobierno en el exilio pues ha atacado reiteradamente la Constitución. Cataluña merece mejores representantes, respetuosos de la ley y del Derecho, que promocionen el pluralismo, que respeten lo que a todos nos es común, aunque luchen por lo suyo.

Carlos Fernández Liesa es Catedrático en Derecho Internacional de la Universidad Carlos III

¡Ánimo, alemanes independentistas!
Carlos Herrera ABC 13 Julio 2018

Cuesta pensar que si un presidente regional alemán organizara un referéndum ilegal y proclamase una república independiente en cualquiera de los lander de aquél país, los tribunales correspondientes se preocupasen sólo de si tal acción fuera organizada con dinero público. Al fin y al cabo es lo que los miembros del Tribunal de la región en la que fue detenido Puigdemont han venido a decir admitiendo la Euroorden española sólo por delito de malversación de fondos públicos. Si lo que sugieren los campanudos jueces alemanes es que no pasaría nada si la intentona hubiese sido producida con medios privados, es que o bien se han vuelto majaretas o bien nos quieren tomar el pelo. ¡En Alemania!, nada menos que en Alemania, unos togados dan a entender que pretender romper la unidad del Estado alemán sólo tiene responsabilidad penal si eso se hace utilizando el presupuesto del estadito correspondiente, no si se hace con dinero de particulares, como bien apuntó Llarena en su escrito definitivo reclamando el envío del fugado presidente de la generalitat para ser juzgado en España. No cabe en cabeza jurídica alguna.

Europa no puede permanecer ajena al hecho de que, en el seno de la Unión, un país determinadamente severo con quien pretenda hacer en ese territorio algo parecido a lo hecho por Puigdemont en España, se permita ser displicente con la justicia de un país amigo. Europa no se inventó para despreciar olímpicamente los serenos y sensatos argumentos del Supremo de un país sin atisbos de sospecha alguna. Ignoro si hay instancias europeas que puedan corregir dislate semejante, pero visto lo visto, a Llarena le quedan un par de alternativas: aceptarlo o no. Si lo acepta, tragándose la humillación, puede encarcelar al fugado y esperar que la fiscales pidan la máxima pena por el delito de malversación, que oscila entre ocho y doce años. Una cosa es lo que pida la Fiscalía y otra, evidentemente, lo que determine el tribunal que juzgue, pero parece poco probable que pudiera evitar la prisión provisional; aunque también hay quien asegura que podría evitarla sufragando la cantidad presuntamente malversada, cosa que siempre habría quien la proporcionaría. Esa última posibilidad sería la que invitaría a Llarena a renunciar a su entrega, dejando que Puigdemont se convirtiese en un fugado eterno y dando a entender a los alemanes un «ahí os lo quedéis y que os aproveche». El argumento brindado a las defensas del resto de implicados no es baladí, pero los tribunales españoles no habrán de dejarse influenciar por criterios tan peregrinos como los mostrados por los jueces de ese estado tan singular: si en Schlewsig-Holstein no es delito pretender romper la unidad de Alemania es un problema de repercusión en España, pero afecta, en su inmensa contradicción, a los mismos alemanes.

A partir de ya, cualquier líder secesionista germano podrá exhibir esta sentencia como eximente de culpa si pretende la independencia de cualquier land siempre que lo haga sin utilizar fondos públicos: bastará que unos cuantos mecenas proporcionen dinero particular para que ello no sea considerado delito. Lógicamente eso no se lo cree nadie, pero es lo que se desprende de este mamoneo judicial que viene a dictaminar que España es una especie de Estado medio africano al que hay que tratar con paternalismo, desprecio y condescendencia, dándole lecciones elementales de justicia cool. A ver si os dejáis, españolitos, de atavismos dictatoriales y entendéis que un puñado de políticos regionales son sólo responsables, después de disponer diversas actuaciones contrarias a la ley, de haberse gastado dinero de los contribuyentes, no de actuar contra la integridad del Estado. ¿Entenderán Sánchez y su «distensión» que eso es un ataque a la dignidad de su país?. Vaya usted a saber.

El Supremo retirará la Euroorden y condena a Puigdemont al exilio
El juez puede volver a reactivar la OEDE en cualquier país en el que resida o esté de viaje el fugado.
F. Velasco/Rubén G. del Barrio. Madrid/Berlín. La Razon 13 Julio 2018

La Justicia alemana volvió ayer dar un revés a la pretensión del Tribunal Supremo de juzgar por rebelión al prófugo Carles Puigdemont. El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein reiteró que no aceptará la petición española de entregar al expresidente de la Generalitat de Cataluña por el mismo delito, o alternativamente el de sedición, que se sentarán en el banquillo otros nueve de sus más estrechos colaboradores y sólo accede a su extradición por el delito de malversación, penado en su modalidad agravada con penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. La Fiscalía alemana, que ya no puede recurrir esta decisión, reiteró que se cumplían todos los requisitos para la entrega de Puigdemont por rebelión, a quien, además, responsabilizó de forma directa de toda la violencia registrada el 1-O y el 29 de septiembre de 2016 en las inmediaciones de la Consejería de Economía y Hacienda.

Ante esta decisión del tribunal germano, al Supremo se le plantean dos opciones: admitir la entrega y juzgar a Puigdemont sólo por el delito de malversación o, por el contrario, no admitir esa entrega.

Esa decisión la adoptará de forma breve el instructor del procedimiento, Pablo Llarena, quien, previsiblemente, se incline por esa segunda opción, es decir, no aceptar la entrega de Puigdemont sólo por malversación, lo que conllevará la retirada de forma inmediata de la Euroorden existente contra el ex presidente catalán. La Fiscalía tiene intención de presentar hoy mismo una petición en este sentido ante el Tribunal Supremo.

De aceptarse esa extradición, se podría dar la paradoja de ver como quien ocupaba la cúspide de la Generalitat cuando se organizó el ilegal 1-O respondería por un delito muy inferior a de sus principales colaboradores.

De hecho, esta circunstancia ya fue expuesta por el juez Llarena cuando retiró, el pasado mes de diciembre, la Orden Europea de Detención cursada a Bélgica respecto a cinco fugados. Mantener esas órdenes, señalaba al respecto, dificultaría la «respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este tribunal» y situando en «peor derecho» a quienes se han sometido a la Justicia española que «quienes se encuentran fugados».

Junto a ello, el instructor puede igualmente acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear una cuestión prejudicial, para que sea éste quien decida finalmente la interpretación que se debe dar por una país requerido cuando recibe una euroorden cursada por otro país firmante de la Decisión Marco, aprobada por el Consejo de Europa en 2002, relativa a la Orden Europea de Detención. En todo caso, ello no tendría ningún efecto inmediato en el procedimiento del «Procés».

Sin embargo, esta posibilidad quedaría postergada si finalmente se retirara la Euroorden, y ello porque, según aseguraron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, toda cuestión prejudicial que se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «tiene que ir ligada a un procedimiento vivo, porque se trata de unificar sobre el Derecho de la Unión y si no hay cuestiones que analizar, no se puede plantear».

Sí estaría justificado acudir al TJUE si no se retira la euroorden y se busca un pronunciamiento definitivo que aclare todos los pormenores de interpretación de una Euroorden. En este supuesto se sigue un procedimiento de especial urgencia que fija en cuatro meses el tiempo máximo de resolución.

Junto a ello, se daría la «peculiaridad» de que quien plantease una cuestión prejudicial sería la parte requirente, cuando en la práctica totalidad de los supuestos es la autoridad requerida la que la plantea para tener claro los criterios que debe seguir.

Violencia «no suficiente»
El núcleo fundamental de la resolución del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein estriba en considerar que durante las jornadas del 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2016 no se produjo el grado de violencia «suficiente para admitirlo». Según la resolución, añade al respecto, «la cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición (equivalente germano al tipo español de rebelión) no se alcanzó en los enfrentamientos en España».

Tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión, alegando que Puigdemont «no era el líder espiritual de las acciones violentas».

Las claves de la sentencia
Esta última opción busca que sea éste quien decida finalmente la interpretación que se debe dar
Dos opciones: admitir la entrega y juzgar a Puigdemont sólo por malversación o no admitir esa entrega
No aceptar la entrega de Puigdemont conllevará la retirada inmediata de la Euroorden existente contra él
El juez puede también acudir al Tribunal de Justicia de la UE para plantear una cuestión prejudicial
La Fiscalía alemana, que ya no puede recurrir, reitera que se cumplían los requisitos para la entrega por rebelión

De aceptarse esa extradición, se podría dar la paradoja de ver cómo quien ocupaba la cúspide de la Generalitat cuando se organizó el ilegal 1-O respondería por un delito muy inferior a de sus principales colaboradores.

De hecho, esta circunstancia ya fue expuesta por el juez Llarena cuando retiró, el pasado mes de diciembre, la Orden Europea de Detención cursada a Bélgica respecto a cinco fugados. Mantener esas órdenes, señalaba al respecto, dificultaría la «respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este tribunal» y situando en «peor derecho» a quienes se han sometido a la Justicia española que «quienes se encuentran fugados».

Junto a ello, el instructor puede igualmente acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear una cuestión prejudicial, para que sea éste quien decida finalmente la interpretación que se debe dar por una país requerido cuando recibe una euroorden cursada por otro país firmante de la Decisión Marco, aprobada por el Consejo de Europa en 2002, relativa a la Orden Europea de Detención.

El TS considera que el jefe de la rebelión Puigdemont “no puede ser juzgado sólo por malversación”
Miguel Ángel Pérez okdiario 13 Julio 2018

El Tribunal Supremo considera que el jefe de la rebelión investigada en Cataluña, Carles Puigdemont, “no puede ser juzgado en España sólo por un delito de malversación de caudales públicos”. Este jueves la justicia germana anunciaba que sólo entregará al expresidente catalán para ser juzgado en España por un delito de malversación y no de rebelión.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el magistrado Pablo Llarena tomará la decisión final una vez que la resolución anunciada por la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein sea traducida del alemán y le sea notificada en los próximos días. En ese momento, el instructor estudiará las posibles fórmulas que se puedan adoptar.

Estas mismas fuentes apuntan un argumento principal que sopesa el instructor de la causa contra el golpismo catalán: “¿Se puede juzgar al líder que ha motivado el delito de rebelión sólo por un delito de malversación?”. A día de hoy, parece complicado que el expresidente catalán se siente en el banquillo por malversación, mientras que el resto de miembros de su Govern encarcelados que no se han fugado lo hagan por rebelión.

Cabe recordar que el delito de rebelión castiga a quienes se levanten “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, a penas de entre 15 y 25 años de prisión.

La malversación agravada de caudales públicos, por superar los 250.000 euros, es un delito por el que Puigdemont sólo podría ser condenado a una pena máxima de 12 años. En el caso de que el Tribunal Supremo, aceptara la entrega del expresidente catalán por este delito, se podría dar la paradoja de que el líder de la rebelión pudiera ser condenado a 12 años por malversación y el resto de su Govern hasta 30 años por rebelión y malversación.

Todo parece indicar que el Supremo rechazará la entrega de Puigdemont por este delito, lo que dejaría al expresidente catalán en una vida en “el exilio” hasta que volviera a España y fuera detenido. En este contexto, Llarena optaría por retirar la euroorden y cerrar el expediente o bien, acudir tal y como apuntó hace unos meses al Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE, para consultar si la decisión marco que puso en marcha la euroorden permite la actuación de la justicia alemana.

Tal y como avanzó este diario, el Supremo se plantea desde hace meses renunciar a seguir solicitando nuevas Órdenes Europeas de Detención y Entrega OEDE contra los responsables del golpismo catalán fugados si la justicia alemana rechazaba finalmente la entrega del expresidente de la Generalitat por rebelión.

El escepticismo sobre la cooperación y colaboración de la Justicia europea en la entrega de los independentistas procesados se apoderaba del Alto Tribunal, que considera que si persiste en la tramitación de las OEDE y éstas son rechazadas nuevamente lo único que se conseguiría es alimentar el falso discurso propagado por los independentistas fugados de que Europa les da la razón.

La instrucción está cerrada
El juez Pablo Llarena acordaba este martes la conclusión del sumario de la causa del ‘procés’ respecto a los procesados no fugados, y declaraba la rebeldía de los procesados fugados y aplica la suspensión en las funciones y cargos públicos de Carles Puigdemont y de los otros 5 diputados procesados por delitos de rebelión –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez-, salvo en el caso de Antoni Comín, que podrá recurrir en reforma su procesamiento.

En su auto, afirmaba que “la suspensión de sus funciones o cargo público para los procesados por rebeldía que se encuentren en situación de prisión, configura una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria que persigue preservar el orden constitucional impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad”.

El juez rechazaba en esa misma resolución todas las diligencias solicitadas tanto por la acusación popular ejercida por VOX como por las defensas por ser innecesarias o reiterativas.

El fin y los medios
Pedro García Cuartango ABC 13 Julio 2018

Una de las cosas que escuché ayer a Quim Torra y a los independentistas catalanes es que Europa les ha dado la razón. Me parece excesivo identificar el continente con un tribunal de Schleswig-Holstein. Que sepamos, ningún Estado ha reconocido todavía la independencia de Cataluña ni ningún dirigente de peso ha criticado a la Justicia española por iniciar acciones penales contra Puigdemont y sus colaboradores.

Los independentistas son artistas en el uso de la metonimia de suerte que confunden siempre la parte con el todo. Hablan de Cataluña como si todos los catalanes fueran nacionalistas y esgrimen conceptos como democracia, derechos humanos y otros como si fueran suyos. Pero hay que reconocerles una cosa: que están ganando la guerra del lenguaje. Eso se pudo constatar en la reciente entrevista entre Pedro Sánchez y Torra en La Moncloa, en la que el Gobierno asumió palabras como bilateralidad y conflicto que legitiman las reivindicaciones de quienes se burlan de la legalidad constitucional.

El mayor triunfo del independentismo es haber impuesto su agenda política para que todos hablemos de lo que ellos quieren hablar. Pero jamás se pone sobre la mesa de la negociación las ingentes aportaciones de dinero del Estado a Cataluña a través del FLA, el permanente dispendio de recursos de la Generalitat para financiar la demolición del ordenamiento legal, la marginación del castellano en las escuelas o el acoso social a quienes se manifiestan en contra de su sagrada causa.

Si Torra quiere hablar, hablemos también de eso porque él acusa al Estado de rechazar el debate sobre la autodeterminación, pero se niega a aceptar que los que no somos nacionalistas podamos cuestionar los abusos, el sectarismo y la utilización de las instituciones del Gobierno catalán.

En realidad, el movimiento independentista se está transformando en un monstruo de pensamiento único que, como sucede en los regímenes totalitarios, excluye a quienes osan disentir del discurso dominante. Eso se observa perfectamente en los escritos supremacistas de Torra, digno heredero de un personaje como Puigdemont que, por cierto, al día siguiente de proclamar la independencia, huyó de su nueva patria sin la menor consideración a quienes se quedaron.

Como resulta obvio, el independentismo sólo entiende el diálogo como aceptación incondicional de ese derecho a la autodeterminación que ningún país europeo reconoce. Nuevamente amenaza con no respetar las decisiones judiciales y sigue sin renunciar a la vía de la unilateralidad.

En estas condiciones, cualquier negociación se vuelve un chantaje y un signo de debilidad que sólo servirá para alentar a estos aprendices de brujo para los que el fin justifica los medios. La estrategia de Sánchez es equivocada porque el apaciguamiento sólo va a contribuir a que se crezcan en sus exigencias. Si el independentismo no acepta expresamente el respeto a la legalidad vigente, un principio básico irrenunciable, es mejor mantenerse firme y no negociar con quien te insulta y te menosprecia.

Deuda de las CCAA
Hacienda abre la mano con la deuda en año preelectoral: autoriza 8.240 millones fuera del FLA
María Vega okdiario 13 Julio 2018

En lo que va de año, el Gobierno ha autorizado operaciones de crédito y emisión de deuda a las comunidades autónomas por más de 8.242 millones de euros, según los datos recopilados por OKDIARIO con la información publicada por el Ministerio de Hacienda.

Pese a que la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido priorizar la autorización estatal para que Andalucía, Baleares y las comunidades que lo soliciten -y puedan hacerlo- vuelvan a los mercados financieros, lo cierto es que el Estado lleva tiempo abriendo la mano para que las regiones acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) puedan financiarse por vías alternativas a este mecanismo que se ideó en los peores momentos de la crisis económica.

No obstante, la llegada del partido socialista al poder parece haber acelerado esa tendencia. De los más de 8.242 millones de euros autorizados por el Ministerio de Hacienda, un 30% ha sido aprobado en el mes que Montero lleva al frente del Departamento. Así, mientras el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprobó operaciones de endeudamiento a las autonomías por valor de 5.970 millones de euros a través de un goteo de autorizaciones entre enero y junio, Montero ha dado luz verde a operaciones por más de 2.272 millones en poco más de un mes.

Entre esas operaciones, figuran emisiones de comunidades autónomas con fortaleza financiera, como el País Vasco, que recientemente cerró con una gran demanda, que triplicó la oferta, una emisión de bonos verdes en la que captó más de 500 millones de euros. Pero también hay muchas operaciones bancarias para refinanciar vencimientos de deuda o cubrir las necesidades de tesorería de las autonomías.

Cataluña, la que más pide
Llama la atención cómo de las 37 operaciones de deuda aprobadas por Hacienda, Cataluña ha protagonizado 20. Más sorprendente es aún cómo sólo tres de esas autorizaciones fueron directas para la Generalitat. El resto se realizaron para organismos públicos catalanes, algo que no ha ocurrido con el resto de comunidades autónomas.

Por regiones, destacan también las autorizaciones recibidas por Madrid, puesto que superan los 3.600 millones de euros. También Castilla y León con 1.200 millones de euros para un crédito a corto plazo lidera el ranking por volumen.

Otras regiones con mayor dependencia del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), como Valencia, han recibido autorización para cerrar operaciones a corto plazo por valor próximo a 366 millones de euros. En los registros de este año, no figuran peticiones de Andalucía.

Un gasto creciente
Según recuerda el Ministerio de Hacienda, estas autorizaciones “se enmarcan en la relación de normalidad entre el Ministerio y las comunidades para atender a sus necesidades financieras”. Pese a la existencia del FLA, las comunidades autónomas pueden realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año para cubrir sus necesidades transitorias de tesorería.

Sin embargo, según se acerca 2019, año de elecciones autonómicas y municipales, las regiones están reclamando más autonomía para financiarse sin el control estricto del Estado.

En un estudio publicado por Afi esta semana se estimaba que las regiones podrían solicitar a los mercados el próximo año unos 14.000 millones de euros.

Además de las negociaciones de los gobiernos autonómicos con los mercados y los bancos, este año se espera que el FLA reparta unos 29,000 millones de euros entre las comunidades, cifra que en 2019 bajará hasta los 26.000 millones de euros. Pero lejos de estar controlado, el gasto empieza a aumentar a medida que se olvida la crisis financiera pasada y se acercan las elecciones.

La nómina de los 100.000 empleados de la Xunta crece un 1,5 %
Facenda calcula que hasta el 2020 el sueldo bruto de los funcionarios crecerá unos 2.800 euros
Carlos Folgoso. Santiago. La Voz  13 Julio 2018

Los cerca de cien mil empleados públicos que dependen de la Xunta tendrán, por fin, la anunciada y esperada alegría en la nómina que les corresponde para el ejercicio. Este mes de julio cobrarán ya una subida salarial de un 1,5 % y además tendrán un ingreso extra de unos 250 euros de media que se corresponde de enero a junio, debido al efecto retroactivo de la medida.

La Consellería de Facenda calcula que con este incremento y con los que están acordados y previstos hasta el 2020 el sueldo bruto crecerá unos 2.800 euros de media por trabajador en los próximos tres años, que se suman a los 660 euros que ya se aplicaron en las nóminas de los años 2016 y 2017, en las que los empleados públicos empezaron a percibir pequeñas subidas tras años de esfuerzos económicos y recortes en los complementos. Durante estos dos años el avance porcentual fue de un 1 %.

La subida salarial a los funcionarios de la Xunta
El 1,5 % previsto para el 2018 forma parte del acuerdo firmado en el pasado mes de marzo entre el anterior Gobierno central y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras, UGT y CSIF, y en el cómputo total de los tres años la subida será del 8,8 %, un compromiso que está sujeto al cumplimiento de los distintos objetivos de estabilidad presupuestaria y de la evolución económica.

Incrementos consolidados
Para poder hacer efectivos estos pagos, el departamento que dirige Valeriano Martínez va a modificar de forma inmediata la orden por la que se dictan las instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica, lo que permitirá a los funcionarios cobrar con efectos retroactivos desde enero y consolidar las cantidades en el sueldo. Facenda no tendrá que impulsar cambios legislativos, ya que se hizo la previsión de este incremento cuando se diseñaron los presupuestos para el actual ejercicio, medida que va a permitir que los funcionarios gallegos sean de los primeros en percibir la subida.

El acuerdo del Ministerio de Hacienda con los sindicatos firmado en el 2018 establece la subida del 1,5 % de forma fija y un 0,25 % variable, un pellizco a mayores que ya no tendría efectos retroactivos, ya que se ejecutaría a partir del 1 de julio y está condicionado al cumplimiento por parte de España del objetivo de evolución del producto interior bruto (PIB) correspondiente al ejercicio anterior.

La Xunta aplicará ya la parte fija, pero el resto no se puede incorporar a las nóminas hasta que el Gobierno acuerde y dé traslado a las comunidades autónomas el acuerdo, según se establece en el documento firmado por el equipo del exministro Cristóbal Montoro y las organizaciones sindicales.

Los beneficiarios
El Ejecutivo gallego calcula que esta subida salarial afectará a unas cien mil personas, que percibirán mejoras en sus retribuciones desde este mes.

Por otro lado, la Consellería de Educación llevó a la reunión semanal del Gobierno la habilitación de una partida de cerca de dos millones de euros para impulsar la investigación individual y de grupos en las tres universidades. Una parte, 450.000 euros, se destinará a la incorporación a las instituciones gallegas de diez científicos que tendrán contratos en Santiago (seis), Vigo (tres) y A Coruña (uno), en el marco del programa Ramón y Cajal.

El Consello también desbloqueó el crédito necesario para cofinanciar con cuatro millones de euros el 67 % del aparcamiento de la estación intermodal de Ourense, que tendrá que ser ejecutado por el ADIF.

Además, el Ejecutivo autorizó un convenio con la Asociación Galega de Actividades Náuticas para el desarrollo en la comunidad de dos proyectos europeos que promoverán Galicia como destino a través de productos turísticos innovadores y que permitirá desarrollar estudios de mercado para captar visitantes.

REGADO CON SUBVENCIONES
Actúa Baleares alerta: Así es el plan del separatismo para copiar a Cataluña
La Gaceta  13 Julio 2018

ACTUA Baleares alerta sobre el plan separatista, a imagen y semejanza del catalán.

Tras años de subvenciones públicas a las entidades pancatalanistas de Baleares por parte de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE, este último año se ha ultimado el diseño para que en Baleares las instituciones de gobierno junto al entramado asociativo independentista inicien en la próxima legislatura el tramo final del proceso separatista a imitación del catalán.

Es la denuncia de la plataforma presidida por Jorge Campos y que se presenta en coalición con VOX a las distintas citas electorales, que alerta ahora de que las principales entidades que forman parte de este proceso -Obra Cultural Balear (OCB) y la entidad ecologista Grup d´Ornitologia Balear (GOB), de las que dependen un entramado de más de 20 grupusculos independentistas como la Assemblea Sobiranista de Mallorca-, se dedican a intensificar el proceso de ruptura de la convivencia.

El abogado de Valtonyc
Tras años de dirigentes independentistas, la OCB, ya convertida en sucursal de la entidad golpista catalana Omnium Cultural, ha nombrado como presidente al abogado Josep de Luis, conocido por ser el abogado defensor de grupos antisistema separatistas y organizaciones violentas como ARRAN, o del rapero condenado Valtonyc.

En cuanto al GOB, falsa entidad ecologista, convertida ya en organización de agitación independentista, ha nombrado como presidente al docente militante de ERC, y también socio de la OCB, Amadeu Corbera, conocido en Mallorca por su perfil radical y violento, condenado por diversos altercados, amenazas e insultos, como los que profirió en 2013 a Jorge Campos cuando era presidente del Círculo Balear llamándole “asesino”. Ambos, De Luis y Corbera, están relacionados también con el entorno abertzale del País Vasco.

ACTUA Baleares recuerda que ambas entidades están recibiendo actualmente cientos de miles de euros públicos al año para crear el tejido social separatista que, conectado con el sector educativo, coordine el proceso separatista en Baleares. Son las entidades con las que se reúnen Francina Armengol, presidenta del gobierno balear, Miquel Ensenyat, presidente del Consell de Mallorca, y Antoni Noguera, alcalde de Palma. Son las entidades que marcan la acción política separatista a cambio de generosas subvenciones.

Para Jorge Campos, presidente de ACTUA: “El Gobierno va de la mano de las entidades separatistas pancatalanistas en un plan perfectamente diseñado a costa del erario público. El proceso que se inició hace años se está ultimando para encarar su recta final al igual que ha sucedido en Cataluña. Es evidente que en las próximas elecciones hay que enviar al ostracismo del que nunca debieron salir a este tipo de organizaciones y dirigentes políticos que pretenden acabar con Baleares y con España, y llevar a cabo las profundas reformas legislativas que impidan que estos radicales impongan sus políticas de enfrentamiento a una población balear que mayoritariamente quiere seguir conviviendo pacíficamente”.

Homenaje a Miguel Ángel Blanco 21 años después de su asesinato: el espíritu de Ermua sigue vivo
E.E. | Agencias El Espanol 13 Julio 2018

El Gobierno ha recordado este viernes que el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, del que se cumplen 21 años, fue "el comienzo del fin de ETA" por el nacimiento del denominado "espíritu de Ermua", que "todavía sigue vivo".

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha tenido ese recuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha iniciado con una mención al aniversario del asesinato con el que terminó el secuestro de Blanco el 13 de julio de 1997.

Celaá ha rememorado las manifestaciones masivas que hubo la víspera de ese crimen para pedir la libertad del concejal del PP en Ermua y que fue la primera vez que los agentes de la Ertzaintza descubrieron sus rostros.

Ahí estuvo "el comienzo del fin de ETA", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, quien ha trasladado un "recuerdo emocionado" a todas las víctimas del terrorismo, con las que han compartido pancarta, dolor y manifestación durante muchos años.

El alcalde de Ermua dice siguen "enfrente" de quienes tratan de héroes a asesinos

El Ayuntamiento de Ermua ha destacado este viernes que esta localidad continúa "enfrente de quienes tratan como héroes a los asesinos".

Así lo ha manifestado el alcalde de Ermua, el socialista Juan Carlos Abascal, en el homenaje a Blanco, en el que se ha recordado también al peluquero Sotero Mazo, asesinado por esta banda terrorista hace más de 37 años en este municipio.

El homenaje ha contado con la presencia, entre otros, de Jesús Loza, delegado del Gobierno en Euskadi; Aintzane Ezenarro, directora del Instituto de la Memoria Gogora; la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia; el exalcalde de Ermua, Carlos Totorika, así como ediles de los grupos locales del PSE-EE, PP, EH Bildu, PNV, Se Puede Ahal Da e Irabazi.

"Queremos decir que estamos enfrente de todas aquellas personas que, en un momento determinado, nos llaman franquistas y antivascos, por defender la pluralidad de ideas; enfrente de quienes tratan como héroes a los asesinos y de quienes justifican los actos violentos como respuesta lógica por la existencia de un conflicto", ha señalado el alcalde.

El regidor, que ha abogado por huir de convertir el final del terrorismo en una "política partidaria", ha expresado su compromiso por "la convivencia y la unidad de los demócratas".

En un acto organizado frente al monolito que en Ermua recuerda a todas las víctimas del terrorismo, el alcalde ha lamentado que, con la muerte del edil del PP y el peluquero, así como con la del resto de asesinados por la banda terrorista, ETA quiso acabar con "el derecho a la vida, imponer su visión y su patria etnicista".

Antes de que políticos y vecinos participaran en una ofrenda floral en memoria de Blanco y Soto, el alcalde de Ermua ha recalcado que ETA intentó crear con sus asesinatos "un estado paralelo, donde quien no pensaba como ellos era señalado con carteles, amenazas, insultos o pintadas", veía quemado su coche o su casa o arrebatada su vida.

Esta situación, según ha señalado, "dio lugar durante décadas al miedo, al silencio y a la parálisis de la sociedad", hasta que, tras el secuestro y asesinato de Blanco, estos sentimientos se transformaron "en movilización y gritos de libertad".

"La violencia se les volvió en contra y se convirtió en un lastre para los totalitarios, porque en Ermua ETA asesinó a Miguel Ángel y a Sotero pero no consiguió sus objetivos totalitarios y tampoco logró arrebatarnos nuestra dignidad", ha apuntado.

 


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