AGLI Recortes de Prensa  Sábado 14 Julio 2018

España se juega mucho saltándose el déficit
Daniel Lacalle El Espanol 14 Julio 2018

“So, understand, don't waste your time always searching for those wasted years” Adrian Smith

El gobierno de España incumplirá el objetivo de déficit en 2018 y 2019. Teniendo en cuenta que, además, pretenden aumentar impuestos de manera salvaje en más de 6.500 millones de euros de las empresas y 2.100 millones a los consumidores, el aumento del déficit estructural es de casi 7 décimas del PIB. ¿Qué es el déficit estructural? Aquel que se genera en una economía, aunque crezca y esté en bonanza, el desajuste casi perpetuo. El que nos lleva a caer en shocks de deuda cada cierto tiempo.

Por culpa de las enormes subidas de gasto y subiendo impuestos, el gobierno se saltará el objetivo de déficit. De 2,2 a 2,7% en 2018 y de 1,3 a 1,8% en 2019. Si lo cumplen.

El Gobierno reconoce la ralentización de la economía española que comentábamos aquí hace tiempo, estupendo. ¿Y qué hace ante un crecimiento más moderado? Ponerle la zancadilla.

¿Cuándo se les ocurre la brillante idea de endeudarse aún más, gastar aún más y subir aún más los impuestos? Justo cuando se acaba la peligrosa política de recompras del BCE y suben los tipos, mientras nos enfrentamos a más de 120.000 millones de euros de vencimientos de deuda que hay que refinanciar. Lo explicábamos aquí: España debe ser fiable para refinanciar 120.000 millones en cuatro años.

La decisión de aumentar gastos e impuestos ante una moderación del crecimiento es un error descomunal. Cualquiera entiende que poner escollos al empleo, el consumo y la inversión ante una ralentización, es el camino seguro hacia una fuerte desaceleración económica. Keynesianismo selectivo. Los que exigen gastar más en recesión y gastar mucho más en crecimiento. El pobre Lord Maynard Keynes debe estar revolviéndose en la tumba.

El equivocado gradualismo y la excusa de “la herencia recibida” han sido factores determinantes a la hora de aumentar nuestros desequilibrios, mientras se hablaba de la inexistente austeridad y los presupuestos fiaban toda la consolidación a mayores ingresos y subidas de impuestos.

Ahora vuelven a utilizar la misma excusa para subirnos los impuestos, “la herencia recibida”, pero ya ni para reducir el déficit ni salir de la crisis. Para aumentar la red clientelar y fastidiar la recuperación. Que yo sepa, la herencia recibida ha sido reducir el déficit a menos de un tercio subiendo gasto, facilitando el crecimiento.

Lo que hacen es dinamitar la herencia recibida para aumentar el gasto clientelar. No para pagar las pensiones, que es una falacia. Los nuevos impuestos no reducen el déficit de la Seguridad Social, lo mantienen poniendo escollos al empleo y la inversión.

Pero si la herencia recibida fuera “tan mala”, precisamente la lógica nos debería hacer apoyar mucho más la inversión, el crecimiento y el empleo. La mentira de la excusa de la herencia recibida se descubre en que no buscan mejorar los desequilibrios, sino que los quieren aumentar.

Llevamos años alertando sobre el aumento de la deuda y, recientemente alertábamos sobre el tsunami de deuda que se le presenta a unos países europeos que han abandonado su política reformista para entregarse a la barra libre del BCE.

Y, como explicamos hace más de un año, la deuda importa, y el riesgo acumulado en los tiempos de bonanza siempre -SIEMPRE- implica más recortes y más impuestos cuando cambia el ciclo.

La solución de España es continuar maltratando a los creadores de empleo y las familias cuando hay crisis y cuando no la hay, también. Subir impuestos para mantener redes clientelares que luego me dicen que son “el chocolate del loro”. Más de 28.000 millones de euros anuales solo en dos comunidades autónomas. Se acababa el déficit, el problema de las pensiones y se empezaría a reducir deuda absoluta, no solo el déficit.

Lo más triste es que seguirán haciendo de España un país más frágil que, en cuanto empieza a salir de su desastre, se lanza de nuevo a él como si nada. Una lección para los que sustituyan a este Gobierno no elegido.

El gradualismo solo sirve para que en un mes se reviertan todas las reformas y se borren ocho años de esfuerzos colectivos. Nos van a imponer el hachazo fiscal partiendo de errores pasados. La próxima vez que les digan que hay que hacer reformas “poco a poco”, “cuando se pueda” y “ahora no es momento”, recuerden que los redistribuidores de la nada arrasan con todo en pocos meses. Para gastar y subir impuestos siempre es el momento.

Cuando la combinación de pérdida de credibilidad se sume a los vencimientos y nuevas necesidades de financiación, entonces dirán que la culpa es de los especuladores.

No hay nadie más especulador que el que pone en peligro el país fingiendo que defiende lo público mientras lo hace insostenible.

Incumplir el déficit en pos de un botín electoral
EDITORIAL El Mundo 14 Julio 2018

Pese a que Pedro Sánchez se comprometió a respetar la senda de la consolidación fiscal -artífice de la recuperación económica en España-, el Gobierno ha arrancado su mandato renunciando a cumplir los objetivos de déficit heredados del anterior Ejecutivo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció en Bruselas que se concederá unos objetivos de ajuste presupuestario equivalente a 12.000 millones hasta 2019. Con esta maniobra, y aunque se escude en el pretexto de evitar la exigencia de más recortes en el gasto social, el Gobierno no busca más que acumular un botín que le permita llegar a las próximas elecciones generales con el margen suficiente como para ejecutar la política expansiva del gasto que el propio Sánchez alentó durante la moción de censura, y que le exigen sus socios, empezando por Podemos.

Calviño ha decidido subir medio punto el objetivo de déficit tanto en 2018, hasta el 2,7%, como en 2009, hasta el 1,8%. El Gobierno anterior pactó con las autoridades comunitarias rebajar el déficit al 2,2% este año y al 1,3% en 2019. Sorprende que Calviño, habituada a la corrección fiscal desde el puesto que hasta ahora desarrollaba -directora de Presupuesto de la Comisión Europea- ,se permita inaugurar su etapa relajando el esfuerzo que hasta ahora había acreditado nuestro país en la senda de la reducción del déficit y del saneamiento de nuestras cuentas públicas. Es cierto que España, en teoría, saldrá del procedimiento de déficit excesivo al lograr bajar del 3% máximo fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, esta meta debería ser un acicate no para bajar la guardia sino para mantener la misma política que hasta ahora ha dado sus frutos. El comisario de Asuntos Económicos, el socialista Pierre Moscovici, en significativo contraste con reacciones anteriores, se ha mostrado comprensivo con las excusas formuladas por Calviño para justificar su decisión. Según la titular de Economía, los objetivos marcados por el anterior Ejecutivo no son "realistas" porque son imposibles de alcanzar si no se aplica una batería de medidas que le costarían a la economía medio punto de crecimiento.

En román paladino, significa que el Gobierno no está dispuesto a asumir la impopularidad de seguir aplicando ajustes, pese a que ello ponga en riesgo la recuperación. Tanto Sánchez como Calviño pueden aferrarse a las excusas que consideren oportunas. La realidad es que la indisciplina esgrimida por su Gobierno vuelve a lastrar el crédito de España en el concierto europeo. Nuestro país recupera así la imagen de un socio indisciplinado incapaz de cumplir con las metas acordadas alrededor del Pacto de Estabilidad. Bruselas conoce de sobra los subterfugios empleados por el Ejecutivo, especialmente la herencia recibida, si bien en este caso los argumentos empleados con Calviño chocan con el compromiso adquirido por Sánchez en la reciente cumbre de la OTAN para elevar el gasto militar al 2% del PIB, tal como contemplan los objetivos acordados en el seno de la Alianza Atlántica.

El Gobierno ofrece síntomas de querer recorrer la misma hoja de ruta que ya transitó Pedro Solbes durante el zapaterismo: incumplir el déficit para disparar el gasto público. Oficialmente, los socialistas europeos respaldan las políticas de estabilidad. En el caso del PSOE, falta que demuestre su capacidad para llevarla a cabo sin recurrir a medidas de inconfundible perfume electoralista.

Así se acaba con la recuperación económica
OKDIARIO 14 Julio 2018

El Ejecutivo de Pedro Sánchez acabará con la recuperación económica si se empeña en gobernar a golpe de subida de impuestos. La última medida del Ministerio de Hacienda castigará a los inversores extranjeros, actores fundamentales a la hora de seguir perseverando en una recuperación económica que en los últimos tres años nos ha llevado a crecer a más del 3% de manera consecutiva y que nos ha situado a la cabeza del crecimiento entre las principales economías de Europa. No obstante, si la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se afana en aumentar los gravámenes, no quedará nada de esa mejoría, ya que además de dificultar las inversiones extranjeras, también castigarán a las empresas españolas con el Impuesto de Sociedades.

Algo que puede suponer un efecto de bola de nieve que dispare los gastos de personal y congele la creación de empleo. Han sido precisamente los nuevos puestos de trabajo el principal combustible del motor económico en estos últimos años. Tal ha sido el éxito, que el PSOE se ha encontrado con un contexto protagonizado por cifras previas a la crisis. Sin embargo, de insistir en la senda de los impuestos, esa mejoría puede evaporarse y con ella la prosperidad de los ciudadanos. Por mucho que el Ejecutivo diga que no afecta a los españoles, lo cierto es que tanto el impuesto a los inversores extranjeros, como el Impuesto de Sociedades o el impuesto a la banca nos acabará afectando directamente a todos.

La creación de nuevas figuras tributarias provocará el empobrecimiento de las familias españolas ahora que habían conseguido levantar cabeza tras los perniciosos años de la crisis. La Comisión Europea ya ha advertido esta semana que España sufrirá un severo frenazo en su crecimiento si no propicia las “condiciones adecuadas”. El Gobierno, prisionero de las prebendas económicas a independentistas vascos y catalanes, debería apostar por el control del gasto y dejar de lado la política intervencionista de los impuestos desmesurados. Todo lo demás, nos llevará al fracaso.

Con la recuperación no se juega
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN El Espanol 14 Julio 2018

Pedro Sánchez ha empezado a jugar al pin pon con Bruselas en una materia tan sensible como la economía. Más allá de las estrategias de cada cual en esta partida, lo que cabe pedir al Gobierno es que no ponga en riesgo el camino de la recuperación.

Las discrepancias con la UE están sobre la mesa. El jueves, la ministra de Economía anunciaba que los Presupuestos para 2019 incumplirán los objetivos de déficit exigidos. El viernes por la mañana, el Ecofin daba su lista de recomendaciones a España, entre las que insistía en contener el déficit. Sólo unas horas después, Nadia Calviño daba a conocer un plan de ajuste más flexible del exigido, que permitirá al Gobierno recortar 2.900 millones de euros menos.

Otro gesto de Sánchez
Estamos ante un nuevo gesto político de Sánchez, que cambia de forma unilateral los acuerdos que había cerrado Rajoy con la UE. Así escenifica que llega con voz propia. Para este año, el Gobierno prevé ahora un déficit del 2,7% del PIB, cinco décimas más del 2,2% comprometido en su día; para 2019, el desfase será del 1,8% en lugar del 1,3%.

La ministra Calviño cuenta a su favor con que España ya podrá modificar unilateralmente su senda fiscal el próximo ejercicio, al haber bajado este año el déficit del 3%. Bruselas había venido ejerciendo hasta ahora la "vigilancia reforzada", lo que condicionaba la libertad de movimientos.

Medidas preocupantes
Sánchez debe ser consciente de que no puede jugarse la recuperación del país con medidas populistas. Y hay que tener presente Bruselas ha rebajado esta semana el crecimiento previsto para España; en sólo una décima, es cierto, pero es un aviso.

Lo inquietante es que la UE está marcando un rumbo que era coincidente con el del Gobierno y que, en estos momentos, el nuevo Ejecutivo da síntomas de querer cambiar. La realidad es que el gabinete de Sánchez anuncia medidas como la de ir a un mayor gasto social y a un aumento de la presión fiscal que resultan muy preocupantes.

Sánchez tiene un plan
Luis Herrero ABC 14 Julio 2018

Antes de lanzarse a la piscina de la moción de censura, mientras medía la altura del agua para no dejarse los piños, Sánchez preguntó a los independentistas cuál era el precio que pedían por llevarle a La Moncloa. Según mis espías paraguayos, la consulta dio paso a un plan de acción dividido en dos fases consecutivas.

En la primera, de ejecución inmediata, el objetivo era propiciar un clima de diálogo que disipara los recelos y las desconfianzas surgidos tras la aplicación del 155. En la segunda, prevista para después de las elecciones, se abordaría de una vez por todas lo que algunos llaman la solución política del conflicto y otros, menos amigos de componendas eufemísticas, la rendición definitiva del Estado.

La idea de que es posible celebrar algún tipo de referéndum legal, no vinculante y autorizado por el Gobierno, vuelve a rondar por la cabeza de Sánchez. Miguel Roca, uno de los tres ponentes vivos de la Constitución de 1978, volvió a sugerir esa salida, el martes pasado, en un curso de verano en El Escorial.

De esa forma, el secretario general del PSOE recupera el plan que le llevó a partirse la cara -y a perderla de mala manera- ante el Comité Federal de los cuchillos largos del 1 de octubre de 2016. Ya está claro que el aparente arrepentimiento que después le llevó a escoltar a Rajoy durante la timorata aplicación del 155 no era sincero. Solo estratégico.

Para llegar al poder, cuando él pensaba que el único camino para conseguirlo era el de las urnas, necesitaba darle a su electorado lo que éste le pedía: convicciones nacionales y compromiso firme con la defensa de la unidad de España. Pero ahora no necesita llegar al poder. Ya está allí. Y no es lo mismo asediar una fortaleza que conservarla desde dentro.

Lo único que puede desbaratar sus planes es que las próximas elecciones le salgan tan mal que no pueda reeditar el pacto Frankenstein que le ha hecho presidente y tenga que salir de La Moncloa por la misma puerta trasera por la que entró. De ahí que trate de esquilmar el granero de votos de Podemos izando aquellas banderas que Iglesias reclama como más suyas que de nadie.

Sentencias franquistas, comisión de la verdad, asignatura de religión, escuelas concertadas, lenguaje inclusivo, consentimiento explícito en el sexo, impuestos a la banca, incremento del gasto, contrarreforma laboral… En poco más de un mes, el presidente del Gobierno ha ido haciendo doblar todas las campanas que tocan a rebato en la izquierda. Necesita compensar con ese discurso ideológico la pérdida de votos que pueda ocasionarle su delirio territorial.

La eficacia de esa estrategia la medirán las encuestas. De momento, los números cuadran. El PSOE ha pasado de ser tercera fuerza a colocarse en cabeza gracias a los votos que le llegan de Podemos. No consta, en cambio, que el giro catalanista le haya supuesto merma alguna entre los apoyos que le quedan después de los dos últimos batacazos electorales.

Así que una de tres: o los votantes socialistas se han dado cuenta del cambio de rumbo y han decidido no penalizarlo, o lo han penalizado menos de lo que han premiado los podemitas pródigos el giro social del nuevo Gobierno, o todavía no se lo quieren creer y han suspendido el castigo hasta salir definitivamente de dudas.

En todo caso, a la tropa separatista le da casi igual. Por supuesto, prefieren que Sánchez llegue a la próxima legislatura con fuerza suficiente para ejecutar la segunda parte del plan -y sin duda le ayudarán a conseguirlo-, pero a una mala saben que aún pueden subir el precio de su contribución al clima de diálogo que Sánchez ha elegido como escudo de armas de su mandato.

La última reivindicación, tras la decisión de la justicia alemana de proteger a Puigdemont de males mayores, ha sido la de excarcelar a los políticos presos. Pincho de tortilla y caña a que antes de Navidad la fiscal general lo solicita. Que lo consiga o no depende del Supremo, donde los suspiros de desánimo empiezan a ser estentóreos. Desgraciadamente, un poder del Estado puede poco si tiene enfrente a los otros dos.

La mano que mueve la cuna de Sánchez
Soros defiende que «la UE tiene que aceptar al menos un millón de demandantes de asilo al año en el futuro previsible»
Ramón Pérez-Maura ABC 14 Julio 2018

Últimamente ha visitado el Palacio de La Moncloa uno de los personajes más inquietantes de Occidente, George Soros. Él ha sido una de las primeras personalidades internacionales que ha recibido el presidente del Gobierno tras su asalto al poder. Soros es un especulador multimillonario que obtiene legitimidad mediática para meterse en política, a diferencia de otros millonarios como Donald Trump al que nadie le reconoce el derecho a nada. La diferencia entre ambos radica en que uno, Trump, actúa de frente, casi como una apisonadora, gritando a los cuatro vientos su programa de Gobierno y, lo más increíble, cumpliéndolo con el respaldo del electorado. En cambio Soros nunca se ha presentado a una elección. Él dedica el dinero que ha ganado con la puritita especulación a intentar promover sus ideas políticas. De cuando en vez da una entrevista o escribe un artículo en el que te cuenta a qué está dedicando los cientos de millones que mueve por medio de fundaciones, pero él nunca concurre a una cita electoral. Prefiere poner otros peones sobre el tablero. El mejor ejemplo es su Hungría natal, donde lleva años haciendo oposición al primer ministro, Viktor Orban, y apoyando al Partido Socialista con el resultado de que el partido de Orban cada vez saca más votos y los socialistas menos. Pero tantos menos que ya no son ni el segundo partido del Parlamento. Ese puesto se lo ha arrebatado la ultraderecha de Jobbik. La democracia es un poco más complicada que la especulación financiera.

George Soros distribuye una columna por medio de «Project Syndicate», una agencia de artículos de opinión. Ahí presentó una tribuna el 26 de septiembre de 2015 titulada «Reconstruyendo el sistema de asilo». En ella afirmaba: «La Unión Europea tiene que aceptar al menos un millón de demandantes de asilo al año en el futuro previsible».

Lo de aceptar un millón de demandantes de asilo, ya es una tergiversación del lenguaje. Porque en sus orígenes, el término asilo se refería a «un lugar privilegiado de refugio para los perseguidos» según el DRAE. Con el tiempo se ha ampliado a la inmigración motivada por las necesidades económicas. Que es multitudinaria, muy superior a los que buscan asilo político. Pero es revelador que gentes como Soros y Sánchez prefieren mezclar en lugar de diferenciar.

Promoviendo la apertura de nuestras fronteras a millones de inmigrantes Soros consigue que Europa vaya perdiendo sus raíces culturales. Y en esa estrategia, Pedro Sánchez le ha facilitado el mayor efecto llamada de los últimos tiempos. Los inmigrantes que llevan años intentando llegar a Europa saben ahora que en España hay un Gobierno que facilita el acceso. Y el efecto llamada que se genera así también tiene una enorme responsabilidad en el número de muertos que se producen en el Mediterráneo. Días atrás veía a un directivo de una ONG que denunciaba en televisión que aunque había conseguido rescatar de una zodiac a 60 personas, otras 340 que habían perecido. Lo que nadie le preguntaba era si no se daba cuenta que al decir a los que salen de Libia que hay unos barcos a pocas millas esperando a recogerlos para llevarlos a España, están contribuyendo a la muerte de cientos de personas que, por una u otra razón, no podrán ser recogidos. Porque las mafias del tráfico de indigentes, esas que les dan un celular con el número de teléfono de la ONG que tiene un barco en las inmediaciones, cobran a todos los que suben a las lanchas. Y cuantos más barcos de rescate haya, más inmigrantes intentarán cruzar. Y más muertos provocarán esos supuestos héroes del buenismo.

La izquierda necesita ser atea
Amando de Miguel  Libertad Digital 14 Julio 2018

Un mínimo de lecturas sobre la España contemporánea nos lleva a concluir que la izquierda siempre ha sido anticatólica por encima de cualquiera otra consideración. No es tanto que lo ha sido, sino que lo es.

Hay varias razones para esa querencia de hacer equivaler el progreso o la igualdad con la mentalidad antirreligiosa, de modo más claro anticatólica. La primera es que la izquierda española ha mostrado siempre una radical incapacidad para mostrarse socialdemócrata de verdad. No se trata de una menguada dotación genética, sino la consecuencia de una continua ausencia de intelectuales, de figuras realmente creadoras en el pensamiento o en la ciencia. Entre nosotros siempre se han impuesto los Largo Caballero frente a los Prieto o los Besteiro. En una época más reciente, los Felipe González frente a los Tierno Galván, los Zapatero y los Sánchez frente a los desconocidos teóricos hodiernos. Cuando falta el bagaje cultural o intelectual, lo más socorrido es presumir de laicismo, es decir, de anticatolicismo. Funcionan más recursos negativos: antifranquismo, antiamericanismo, antimonarquismo, etc.

Una segunda razón aparece como una consecuencia de lo anterior. Antes de la II República era tan lacerante la desigualdad que se hacía muy dificultosa una izquierda que propugnara medidas correctoras. Llevaba ventaja el anarquismo, con una idea más totalizadora, más radical, que justificaba incluso la violencia. En la España actual asistimos a la paradoja de que se ha conseguido un notable grado de igualdad en todos los terrenos (ahora se dice "ámbitos"). De ahí que se recurra al viejo anticlericalismo, difícil de justificar ahora, pues ya no existe la alianza de la Iglesia con los ricos. Ahora se funda en que la Iglesia se opone al aborto, la exaltación de los homosexuales, la supresión de la asignatura de Religión en las escuelas. Todas esas facetas ideológicas son las que hay que promover para quitar autoridad a los curas.

Todavía hay una razón más fundamental para declarar la guerra a la Iglesia. La izquierda ha perdido la antigua capacidad de influencia moral a través de la obra de los intelectuales progresistas. Aunque se haya notado una pérdida en la estadística de la práctica religiosa, los curas siguen llegando a millones de conciencias. Nótese que hoy asisten a la misa semanal muchas menos personas que hace un par de generaciones, pero casi todas comulgan. Todavía el conjunto de los asistentes a la misa semanal supera con mucho a los que llenan los estadios de fútbol. En resumidas cuentas, los curas son vistos por la izquierda como formidables competidores. De ahí la obsesión del Gobierno actual por sustituir la enseñanza de la religión en las escuelas por una asignatura de adoctrinamiento laico. Ya se ha conseguido en parte; ahora falta rematar la jugada.

Está visto. La izquierda que manda pretende ahora el monopolio de la influencia. Se ha propuesto el imposible objetivo de que desaparezcan todas las cruces del paisaje español. Lo tiene más difícil con las de los cementerios y los monumentos. En definitiva, la izquierda española necesita ser atea, que quiere decir literalmente "sin Dios". Resulta incómodo un calificativo que sea una negación. Es lástima que haya desaparecido el adjetivo de materialista.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

CONSTITUCIÓN. 40 AÑOS
La LOAPA y el puzzle autonómico
JAVIER REDONDO El Mundo 14 Julio 2018

Solía decir Calvo Sotelo para defender suLOAPA que el Tribunal Constitucional no tumbó su contenido sino el instrumento, esto es, que declaró parcialmente inconstitucional que el objeto de lo regulado se hiciese por Ley Orgánica. Calvo Sotelo pensó que la LOAPA pondría coto al abuso que los nacionalistas pretendían hacer del Título VIII de la Constitución. Por entonces se empezó a emplear la noción de nacionalismo; hasta ese momento era mucho más común hablar de regionalismo.

Tras los pactos autonómicos de 1981, cada comunidad quería hacer de su Estatuto un sayo. Calvo Sotelo pretendía que todos los estatutos tuviesen un tronco común, definir un modelo autonómico coherente. No se trataba de servir café para todos sino de hacerlos armónicamente reconocibles en un Estado Autonómico integral. Creó una comisión, presidida por el prestigioso profesor García de Enterría, que despertó los recelos de Pujol. Cuando el TC declaró inconstitucionales algunos apartados, en agosto de 1983, daba igual. El Estado de las autonomías ya estaba en marcha y ninguna ley estatal iba a interponerse entre la Constitución y los estatutos.

En la segunda ola estatutaria, hace más de una década, el café para todos se remasterizó en la cláusula Camps. Antes el nacionalismo catalán aspiró, con su Estatuto de 2006, a configurar un poder judicial propio en Cataluña -luego supimos por qué- y a fijar unilateralmente las inversiones del Estado en Cataluña. El TC dijo no.

...La Transición terminó... de golpe
RAÚL DEL POZO 14 Julio 2018

En un principio sólo había peticiones de estatuto de las tres nacionalidades que en la República habían accedido a la autonomía. Iñaki Anasagasti escribió después que nadie en su sano juicio hubiera pensado que Murcia y mucho menos Madrid iban a ser autonomías con parlamento, tribunal, televisión, himno y bandera. "Nadie. Absolutamente nadie lo ha había imaginado". Después del café para todos, cada región quiso hacer con sus caciques locales un estadito. El día 23 de febrero de 1981, pocas horas después de que Leopoldo Calvo Sotelo dijera "la Transición ha terminado", un grupo de picoletos armados penetraba en el Congreso. Alfonso Guerra lo vio así: "Entraron en actitud decimonónica, golpista, con atuendo dieciochesco, con afeites del siglo XVII y con un lenguaje inspirado en La Celestina". En aquel momento Calvo Sotelo recordaría su frase añadiendo dos palabras: «La Transición ha terminado... de golpe». Frente a lo que se ha pensado, Calvo Sotelo no ideó la LOAPA por la sombra de las metralletas y el ruido de los caquis; ya tenía pensada una rectificación de los taifas desbocados antes del 23-F.

Años más tarde entrevisté al ya ex presidente en la Ría de Ribadeo, donde era marqués del mismo nombre. Él contó después que como yo soy un hombre de tierra adentro y no tengo, como se dice en francés, el pie marinero, no lo pasé bien cuando me invitó a bordo de un pequeño bote de madera con el que solía navegar por la ría. Me contó la hazaña y el final de Suárez. Según Calvo Sotelo -culto, irónico, aunque tenía nombre de calle-, Suárez fue grande en las turbulencias, un héroe en la adversidad. Con una canoa al hombro, desafió riadas, ventisqueros, tormentas, sin brújula ni mapa; con los frágiles remos protagonizó una hazaña mitológica y, al llegar al mar o a la placidez del palacio, no supo qué hacer.

El café para todos fue una gran cagada que nos aplasta. Calvo Sotelo llegó a Moncloa, y cuando quiso saber los secretos de Estado que dejó Suárez, abrió el armario de los huesos y no encontró ninguno. Se puso a tocar el piano para alejar los malos presagios. Le tocó urdir la LOAPA con la colaboración necesaria de Felipe González. Fue presidente del Gobierno seis meses, y cuando convocó elecciones no salió diputado. El sabio pueblo español menospreció al que enrejó a los golpistas. Se comportaba como un caballero. Cuando no le gustaba lo que publicaba sobre él, me decía: "Hoy ha escrito su negro".

...La gran memez del 'café para todos'
LUIS MARÍA ANSON El Mundo 14 Julio 2018

José Varela Ortega acumula prestigios y sabiduría como catedrático de Historia Contemporánea. Ha sembrado enseñanzas en varias de las principales universidades e instituciones de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, México, España y tantos otros países que se distinguen por el nervio intelectual. Ha escrito libros de especial relieve. Su abuelo José Ortega y Gasset, primera inteligencia del siglo XX español, no hubiera fruncido el ceño al leer los ensayos del nieto, que trabaja ahora en una obra magna sobre la imagen de España. En 1977, José Varela Ortega redactó un informe para la vicepresidencia del Gobierno, en el que descargaba su sagacidad histórica. Entendía el historiador que lo más inteligente para despejar los acosos de los grupos nacionalistas vascos y catalanes era legitimar los Estatutos aprobados durante la República, en lugar de negociar y hacer concesiones desde la debilidad que para Adolfo Suárez suponía haber sido entusiasta franquista y falangista valeroso.

Se trataba de mantener la estructura territorial de España y aceptar la moderada concesión que la II República hizo con los Estatutos catalán y vasco. Suárez se negó a aceptar cualquier legitimidad republicana y puso en marcha el Estado de las Autonomías, diferenciando torpemente unas de otras. Clavero Arévalo reclamó el mismo trato para Andalucía que para Cataluña y la memez del café para todos se impuso. Primero, Fernando Abril y, después, un entusiasta Suárez se sumaron al despropósito. Tanto el presidente como el vicepresidente creían que la larga tradición bovina de la clase política española se mantendría de forma indefinida. No ha sido así. Llevamos ya demasiados años en los que el verbo servir solo tiene para muchos políticos conjugación reflexiva.

Hemos asistido a la construcción de 17 Estados de pitiminí, carísimos y disgregadores. Ciertamente, la Monarquía de todos impulsó un progreso acelerado. Sobre los "reyes melancólicos y sobre el eco azul de sus palacios" cristalizó la democracia plena y la libertad. Nadie puede negar que el Estado de las Autonomías conoció épocas de gran prosperidad. Pero llevaba clavados sobre el lomo dos rejones de muerte: el gasto desmesurado y la voracidad de los partidos secesionistas, que pretenden ahora despedazar a mordiscos la unidad de España, porque han madurado ya las uvas de la ira.

Calvo y las calvinistas
JORGE BUSTOS El Mundo 14 Julio 2018

Lo malo será cuando legislen el arrepentimiento. Me quedé rumiando los ecos distópicos de este tuit de Alemany, que posee la clase de ingenio capaz de simultanear la sonrisa y su congelación. Vivimos en un país cuya ministra de Justicia amenaza la boca con una comisión de la verdad y cuya vicepresidenta amenaza la bragueta con un ERE sexual, un Expediente de Regulación del Erotismo que deje sin trabajo a la seducción, ese elemento subversivo: se empieza aceptando un piropo y se acaba confraternizando con un varón. Boca, bragueta... no importa el órgano sino la función regulatoria que anima a la nueva izquierda, cada día más indistinguible de la vieja derecha. Estamos a tres consejos de ministros de ser informados de que la masturbación causa ceguera. Y estamos a cuatro jueves de RAE de aceptar la reescritura calvinista -por Calvo- de la Constitución, con Reverte en el papel de Servet.

La ingeniería social es un sintagma siniestro que inventó un famoso seminarista secularizado: Stalin. Lo hizo sin necesidad, pues él encarnaba una izquierda que se podía permitir el lujo de prescindir del capitalismo, para lo cual tuvo que prescindir correlativamente de unos cuantos millones de vidas humanas. Pero constatado el genocida fracaso de la economía planificada, privada de misión material, a la izquierda le resta la misión espiritual: erigirse en ingenieros de almas bellas, igualitarias. Y a las que se resistan, se las embellece a golpe de BOE.

Ahora bien, las revoluciones morales nunca se conforman con el presente: necesitan condenar el pasado para legitimar sus abusos diarios en pos de un paraíso propio que a todos los demás les parece un infierno. Por eso el sanchismo, que es una revolución de moralistas con el dedo permanentemente levantado, necesita hablar tanto de Franco: porque si cala que el sistema del 78 es un río turbio que baja de Cuelgamuros contaminado de franquismo, entonces toda depuración estará permitida. Y tras la memoria histórica, la memoria personal: el paso decisivo del yo también (Me too) al yo no... pero ahora sí. Legislemos el arrepentimiento. Mandemos el principio de realidad y el de no retroactividad al cubo de las basuras anacrónicas: la purificación de la sociedad exige algo de imaginación, un chivo expiatorio y mucho deseo de revancha.

También fue Alemany quien entrevistó al artista que ha sembrado Madrid de alegres meninas velazqueñas. Se llama Antonio Azzato y es venezolano:

-Se pasa tan mal con la política en Venezuela que le pedí a Dios vivir en algún lugar en el que pudiese ignorar quién lo gobernaba. El otro día cambió el Gobierno, estuve toda la mañana sin conectar y me di cuenta de que lo había conseguido.

A estas alturas ya se habrá dado cuenta del cambio.

Nuevo Gobierno en España
La ‘Comisión de la Verdad’ del franquismo será un ‘tribunal’ político que sancionará sin juicio
La Ley de Memoria Histórica de Sánchez propone nombrar "inquisidores" políticos para sancionar las infracciones previstas en la misma
María Jamardo okdiario 14 Julio 2018

El PSOE nombrará “inquisidores” políticos para integrar la ‘Comisión de la Verdad’ que prevé crear en la nueva Ley de Memoria Histórica que Sánchez trabaja para aprobar vía “decretazo”.

Dicho comisionado estará integrado por un total de once miembros que serán nombrados por el Parlamento, de los cuales 3 serán a propuesta de ambas cámaras (Congreso y Senado); 2 a instancias del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Consejo General de la Abogacía; 1 designado por el Consejo de Universidades; 3 más a propuesta de las asociaciones de víctimas; y, los dos restantes “expertos internacionales propuestos por el Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

En su conformación habrá de tenerse en cuenta el cumplimiento de la cuota paritaria “siendo necesariamente seis comisionados de un sexo y cinco del otro” y la Presidencia de la Comisión será elegida por consenso de entre todos los miembros políticamente designados.

La ley de Sánchez prevé en su artículo 50 que serán competentes para la incoación y resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones tipificadas en la Ley de Memoria Histórica: “Tratándose de infracciones muy graves, la persona titular del Ministerio competente en materia de memoria democrática; y tratándose de infracciones graves y leves, la persona titular de la Dirección General competente en materia de memoria histórica”.

El texto contempla un régimen de infracciones, de leves a muy graves con sanciones aparejadas que serán aplicadas sin juicio previo.

El anteproyecto de reforma de la Ley de Memoria Histórica que el pasado mes de diciembre registraron los socialistas -y que Ciudadanos y Partido Popular vetaron en el Congreso- amplía considerablemente el campo de acción y los castigos aplicables en virtud de la misma, frente a la vigente Ley 52/2007, de 26 de diciembre -aprobada durante la etapa en que Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno-.

Quienes “justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo” podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 4 años, que se acompañarían de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante hasta 15 años, en el caso de los funcionarios y/o autoridades públicas.

En el caso de los docentes “la pena de inhabilitación especial” prevista para el ejercicio de la “profesión u oficio educativos” asciende a entre tres y diez años a aplicar sobre “la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia”.

La Comisión de la Verdad
El PSOE basa íntegramente su anteproyecto para la reforma de la Ley de Memoria Histórica -que Sánchez se propone aprobar vía “decretazo”- y las correspondientes sanciones que puedan derivarse de su incumplimiento, tras la entrada en vigor de la misma, en una interpretación de la historia que vendrá determinada por la ‘Comisión de la Verdad’.

La comisión será un “órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido” y estará integrada, entre otros, por “profesionales de distintas disciplinas como historiadores, psicólogos, investigadores universitarios, expertos en violencia de género, defensores de derechos humanos o miembros de grupos memorialistas”.

Los resultados de los estudios que les serán encomendados, basarán sus conclusiones en recogida de testimonios y material gráfico entre 1936 y 1978 -desde el comienzo de la Guerra Civil y hasta la aprobación de la Constitución- y contribuirán a la “construcción colectiva de la memoria democrática española”. Todos ellos serán remitidos al Congreso de los Diputados para su aprobación y tendrán carácter vinculante.

La defensa de Puigdemont pide "desactivar" a Vox: "El Gobierno tiene mecanismos para hacerlo"
El secretario general de la formación contesta en esRadio a las presiones desde el separatismo recibidas por el partido y también por la Fiscalía.
/esRadio  Libertad Digital 14 Julio 2018

En medio de la euforia separatista desatada por la decisión del tribunal alemán de extraditar a Puigdemont sólo por malversación, el abogado del ex presidente catalán hizo esta afirmación sobre Vox, que ejerce la acusación popular en el proceso: "El Gobierno tiene mecanismos" para "desactivarlo". En una entrevista en RAC 1, Alonso Cuevillas hizo su propia sugerencia para dicha "desactivación": "Desde el convencimiento es difícil", pero "se podría investigar, ¿no?"

El presidente del partido, Santiago Abascal, ha denunciado "la extraordinaria gravedad" de la petición de Cuevillas, que se une a las presiones sufridas por el partido durante el procedimiento y que ha relatado el abogado Javier Ortega en Es la Tarde de Dieter, de esRadio. El también secretario general de Vox ha confirmado que han sido presionados "de forma directa e indirecta" en todo este tiempo hasta el punto de que ahora se diga sin tapujos y en público, y que también han sufrido presiones fiscales y abogados. En el caso de Vox, ha avisado, el separatismo se topa "frente a un muro": "No damos un paso atrás ni para coger impulso".

En esRadio, Ortega ha hablado de la Fiscalía, que "no ha cedido ni un milímetro", y del instuctor Pablo Llarena: "Confío en la fortaleza del magistrado". El juicio, ha relatado, podría arrancar en torno a noviembre y prolongarse durante dos o tres meses.

El abogado y dirigente de Vox se ha referido, además, a la decisión del tribunal alemán de pedir que se juzgue a Puigdemont sólo por malversación. Según ha dicho, Vox ha presentado un escrito en el que pide la retirada de la euroorden si no se cumple en los términos en que está redactada, es decir, si Puigdemont no es entregado para ser juzgado de todos los delitos de los que se le acusa. Aceptar su entrega sólo por malversación socava, a su juicio, la "soberanía judicial" y "provocaría la impunidad de los delitos más graves". También "crearía un efecto cascada con respecto" a otros golpistas en prisión: "Si al máximo dirigente sólo se le puede imputar malversación, a todos los que siguen en la cadena de mando no se les podría imputar más que delitos de igual rango o inferior".

Ortega ha manifestado su confianza en que la euroorden decaiga tras el primer paso dado por Llarena, que apunta en ese sentido.

Los dos golpes bajos
Eduardo Goligorsky  Libertad Digital 14 Julio 2018

Los mensajeros del odio han dejado escritos en negro sobre blanco -con Torra a la cabeza- sus prejuicios racistas.

No he prestado atención a las controversias que han acompañado a las elecciones primarias del Partido Popular. Ni a las argumentaciones de los candidatos ni a las de los formadores de opinión que se ocuparon exhaustivamente del tema. A lo largo de los años he votado, primeramente, al PSOE, hasta que el PSC se escoró hacia el nacionalismo catalán y hasta que quien entonces era mi favorito, Felipe González, profirió aquel guerracivilista "¡No pasarán!" y su propaganda comparó a los adversarios con dóbermans; luego opté por el PP, porque tanto José María Aznar como Mariano Rajoy me parecieron los candidatos más fiables para salvaguardar la unidad de España; y ahora voto a Ciudadanos porque es el que mejor representa mi afinidad con el liberalismo, el laicismo y el patriotismo cívico, sin que ello vaya en desmedro de los partidos constitucionalistas o de sus candidatos que voté anteriormente. Entre todos construyeron la España civilizada y próspera que hoy una coalición de totalitarios y renegados se propone destruir, yendo de golpe en golpe.

La verdad es la verdad
Este es el quid de la cuestión: España ha sido víctima de un golpe de Estado, un golpe bajo, perpetrado por fuerzas heterogéneas que van desde frentes de extrema izquierda hasta partidos comprometidos en la fundación de una repúblika falazmente amputada del Reino de España. El golpe lo dieron sumando escaños para desalojar del poder al partido que ahora escenifica una contienda interna tanto más bochornosa cuanto que lo distrae de la lucha contra quienes conspiraron para derrocarlo arteramente. José María Aznar ha puesto el dedo en la llaga al denunciar sin eufemismos el golpe de Estado y al exigir que su partido se cohesione para combatirlo. Y a quienes desoyen la admonición porque alimentan prejuicios contra su autor hay que recordarles que "la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero".

Este golpe de Estado está visiblemente entroncado con otro igualmente bajo: el que ejecutaron los renegados de su nacionalidad española para okupar cuatro provincias en las que instalaron una repúblika mostrenca desprovista de los atributos que justifican esta denominación. Dos golpes bajos contra la Constitución y la convivencia.

El golpe ejecutado en España no habría triunfado sin los votos de la minoría supremacista que okupa Cataluña y del conglomerado anticapitalista que se guía por las enseñanzas atrabiliarias del leninismo y el chavismo. El arribista ungido por el golpe ha recompensado a los primeros con las llaves de la caja de caudales de la Generalidad para financiar sus campañas etnocéntricas dentro y fuera de España y con el reagrupamiento de los cerebros presos de la sedición, y a los segundos con puestos de mando en los medios de comunicación públicos.

Desengaño mayúsculo
La suma de los dos golpes no va a inaugurar un periodo de desinflamación ni abre una ventana de oportunidad, como prometen los embaucadores beneficiados por la tramoya. Frente a este timo, es importante destacar el reencuentro con la realidad de los mediadores que propusieron, de buena fe, las alternativas de una tercera vía. Su desengaño es mayúsculo, como se desprende del artículo "Tardes de plomo" (LV, 7/7), del notario Juan-José López Burniol, uno de los líderes de esta iniciativa conciliadora. También él, como Aznar, Agamenón y su porquero, llama "golpe de Estado" al golpe de Estado.

Después de levantar acta de todos los caminos que exploró inútilmente para facilitar un entendimiento entre España y Cataluña, el congénitamente moderado López Burniol sentencia:

Pero, desde septiembre pasado, he tenido que rendirme a la evidencia. Los días 6 y 7 de septiembre los nacionalistas catalanes consumaron un golpe de Estado (no hay "farol" que valga) mediante la aprobación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad, y el día 27 de octubre, tras desdeñar la posibilidad de convocar elecciones y evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, consumaron su desafío al Estado mediante una declaración unilateral de independencia. Pero no es esto lo más grave. Tras las últimas elecciones los nacionalistas radicales que siguen en el poder persisten en su cerrada opción por la vía unilateral, con constantes muestras de rechazo a la Constitución y las leyes, de desprecio a todas las instituciones, y con voluntad de injuriar y desprestigiar a España como nación, al Estado que la articula jurídicamente y a todo lo hispánico.

(…)
Pero, frente a esta predisposición y buenas formas [del Gobierno de España], ¿cuál es la respuesta del presidente Torra y su Gobierno?: la apuesta por la opción maximalista (autodeterminación e independencia) y la agresión verbal y gestual a la otra parte, con pertinaz y fría voluntad de agraviar al Rey.

Reconforta comprobar que ciudadanos con los que a menudo discrepamos porque nos parecían comprensivos con los belicosos y tolerantes con los intolerantes, han fijado un límite a los abusos de los infractores. Concluye López Burniol, después de reafirmarse en su talante moderado:

Pero con toda firmeza en la defensa de la ley, que a todos nos hace libres y a todos nos iguala, y fuera de la cual no hay libertad. Si el Estado no se respeta a sí mismo, ¿quién le respetará?

Ramas del tronco totalitario
Ha llegado la hora de preguntar si el conglomerado supremacista que ha okupado las cuatro provincias de España que componen Cataluña se puede equiparar a los movimientos de ultraderecha xenófoba que compiten por el poder, o lo ejercen ya, en otros países de Europa. Sorprende que sea un simpatizante del secesionismo y de todos los alzamientos contra la "democracia formal" quien, al enumerar algunas características de estos movimientos, a los que califica, además, de nazis, pone al descubierto, sin quererlo, este parentesco entre ramas aparentemente dispares del mismo tronco totalitario, incluidas las que él abraza. Escribe Manuel Castells, en "Vuelve el nazismo (y 2)" , (LV, 7/7):

El punto de convergencia de este nuevo nazismo es la xenofobia (…) la identificación del otro moviliza todos los reflejos defensivos y sirve de plataforma política, como tantas veces en la historia, a demagogos con el cuchillo entre los dientes (…) y donde no llega el Estado, en un ambiente xenófobo, llegan las bandas de energúmenos amenazando a cuantos defienden los derechos humanos.

Es imposible describir con mayor precisión lo que está sucediendo en las cuatro provincias del Reino de España okupadas por una repúblika ficticia, donde imperan la xenofobia en versión cainita, los demagogos con el cuchillo entre los dientes y los energúmenos regimentados. Y si Castells lo define como un nuevo nazismo sus razones tendrá. También podría estar refiriéndose a la aniquilación de la democracia en Cataluña cuando recuerda que:

La Unión Europea ha advertido al Gobierno de Polonia por estar socavando la independencia del poder judicial y controlar cada vez más a los medios de comunicación.

Si la UE reconociera a Cataluña como ente nacional –cosa que no sucede–, ya la habría sancionado cuando la impresentable Ley de Transitoriedad trituró como un rodillo la separación de poderes, convirtiendo al judicial en apéndice del ejecutivo, mientras los medios de comunicación obedecían la voz del amo.

Los mensajeros del odio –con Torra a la cabeza– han dejado escritos negro sobre blanco sus prejuicios racistas. Un golpe bajo ha puesto las cuatro provincias okupadas a merced de estos amotinados que, mediante otro golpe bajo, encumbraron en el Gobierno de España a una camarilla de advenedizos claudicantes que los agasajan en la Moncloa y les ríen las gracias. Estas son las dos plagas depredadoras que debe combatir sin tregua el frente constitucionalista. La Historia marcará muy pronto a fuego a quienes debiliten este frente entreteniéndose en mezquinas riñas personales.

PS: Según Xavier Vidal-Folch (El País, 10/7) "los mitos empiezan a desplomarse" porque el volatinero entreguista de la Moncloa tuitea en catalán. La que debe desplomarse es la repúblika hispanófoba implantada en cuatro provincias españolas, y el primer testimonio de que ello ocurre lo tendremos el día en que el castellano deje de estar proscripto en las aulas, las instituciones y los rótulos comerciales de Cataluña. Ricardo Cayuela, director editorial de Penguin Random House México, advirtió en el Foro Edita ("Lecciones del Foro Edita", LV, 8/7): "¿Barcelona quiere ser un parque temático, una cómoda ciudad burguesa, o quiere ser el corazón vivo de una lengua de 350 millones de hablantes? Si renunciara al español, Barcelona estaría cometiendo un suicidio cultural". ¿Quién piensa en la cultura? Al folklórico Torra y a su tribu les basta con tener a mano la ratafía autóctona, ahora que hasta el cava se ha vuelto multinacional.

Refugiados y migrantes: la nueva trampa<
Jesús Laínz  Libertad Digital 14 Julio 2018

Estas maniobras palabreras, y mil tergiversaciones y ocultaciones más, se dirigen a doblegar la resistencia de Occidente a su propia desaparición.

¿Recuerda usted, bienamado lector, haber oído eso de refugiados antes de la crisis siria? Evidentemente no.

Por supuesto, refugiados los ha habido siempre. El ser humano es mal bicho, y desde que bajó de los árboles no ha parado de incordiar a sus semejantes por todo tipo de motivos: religiosos, raciales, nacionales, políticos y cualquier otro que le haya podido servir para implantar su dominio sobre los demás.

Sólo el siglo XX produjo casos para abarrotar una enciclopedia: los armenios huidos del genocidio turco, los rusos blancos escapados de la revolución bolchevique, los pobres desdichados víctimas del intercambio greco-turco de 1923, los republicanos españoles que cruzaron los Pirineos en 1939, los alemanes expulsados de Europa oriental en 1945, los palestinos desplazados tras la guerra de 1948, etc.

La categoría parece clara: a grandes rasgos, personas que se refugian en otro país para huir de la guerra, la discriminación o la persecución política. La ONU los definió en 1951 con estas palabras:
Cualquier persona que, debido al miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, se encuentra fuera de su país de origen y no puede o, debido a dicho miedo, no quiere someterse a la protección de dicho país.

Sesenta años más tarde, en 2011, se amplió la definición a quienes estén fuera de su país de nacionalidad o residencia habitual y no puedan regresar debido a amenazas serias e indiscriminadas a su vida, su integridad física o su libertad debido a violencia generalizada o acontecimientos que alteren seriamente el orden público.

Bien claro queda que ninguno de los supuestos refugiados que están entrando en estos días a riadas en España y otros países europeos es un refugiado, sino un inmigrante. Un inmigrante ilegal, para ser exactos. Y ahí está el meollo de la cuestión: en que la palabra ilegal queda muy fea. Tan fea que, a pesar de la aplastante ingeniería ideológica desatada sobre Europa en el último medio siglo, hasta podría justificar el rechazo que en muchos ciudadanos siguen despertando esas riadas humanas que sólo pueden acabar provocando el caos. De ahí la recientísima activación del término refugiados. Porque ¿quién va ser tan malvado como para negarse a dar refugio al que lo necesita? No hay excusa para negarse a acoger al necesitado de refugio. El torpedo a la línea de flotación de la moral cristiana y la bondad de los europeos ha demostrado su letal eficacia. Pero eso no impide que se trate de un inmenso engaño. Porque, repitámoslo de nuevo: los del Aquarius y similares, que no huyen de guerra ni persecución alguna, no son refugiados. Y el hecho de que los gobernantes españoles sigan definiéndolos y tratándolos como tales no es más que su enésima vulneración del ordenamiento jurídico que juraron cumplir y hacer cumplir cuando accedieron a sus carteras ministeriales. Pero no hay que sorprenderse. Porque ¿qué violación del Estado de Derecho no perpetrará un gobernante como Pedro Sánchez, capaz de reunirse, con total normalidad y satisfecha sonrisa, con un presidente de la Generalidad que, mediante su lacito amarillo en la solapa, ha proclamado ante las mismísimas narices del presidente del Gobierno de España en la mismísima sede del Gobierno de España que España es un Estado despótico en el que hay personas presas por su ideología?

Pero todavía cabe otra vuelta de tuerca. ¿No se ha fijado, atento lector, en el curioso hecho de que casi todos los medios de comunicación han eliminado de repente la palabra inmigrante de su vocabulario? Porque desde siempre se han empleado los términos emigrante e inmigrante dependiendo del punto de vista, el de salida o el de llegada, desde el que se le considerase. Pero ahora es distinto. Ahora, súbitamente, todos se han convertido en migrantes. ¿Y sabe usted por qué? Porque las personas e instancias que deciden sobre todo esto –situadas por encima de los gobiernos y los representantes populares– han ordenado a sus terminales mediáticas en todo el mundo que comiencen a difundir la idea de que ahora ya no se sale de ningún sitio ni se llega a ningún otro. Recordemos los "No hay más patria que la humanidad", "Ningún ser humano es ilegal", "Todos somos ciudadanos del mundo", "Los seres humanos tenemos piernas, no raíces" y demás mantras de inigualable estupidez. Ya lo decía el divinizado John Lennon, aquel gran impostor: "Imagine there’s no countries". Pero, alucinaciones al margen, resulta que sí hay países, que sí hay diferentes sociedades humanas, que sí hay ordenamientos jurídicos, y que entre el individuo y la común pertenencia a la humanidad hay muchos escalones intermedios que son los que, precisamente, nos hacen humanos: distintas tradiciones, distintas lenguas, distintas historias, distintas creencias, distintas culturas, gracias a las cuales el mundo es maravilloso y sin las cuales sería un inhumano hormiguero de clones.

Estas maniobras palabreras, y mil tergiversaciones y ocultaciones más, se dirigen todas a un mismo fin: doblegar la resistencia del mundo occidental a su propia desaparición. Porque el mundo occidental –es decir, Europa y sus prolongaciones en otros continentes– es la única parte del mundo a la que llegan esos millones de falsos refugiados. La única parte del mundo donde se promueve sin cesar su autodenigración. La única parte del mundo culpable de todos los males de la humanidad, pasados, presentes y futuros. La única parte del mundo donde se celebra que sus pobladores autóctonos no tardarán en desaparecer por aborto, infertilidad y sustitución. La única parte del mundo que ha de esconder, renunciar y renegar de sus tradiciones culturales, creencias religiosas, leyes e incluso costumbres gastronómicas para satisfacer a los recién llegados a los que no les gustan. La única parte del mundo donde se promueve el multiculturalismo, esa fallida receta ideológica que ha demostrado ser la causa de crecientes conflictos, injusticias, aberraciones y violencias.

Probablemente la gran sustitución de poblaciones provocada por la decrepitud de Occidente y la farsa inmigratoria acabará convirtiéndolo en una comunidad humana totalmente distinta de lo que ha sido durante los últimos milenios. Pero que nadie crea que semejante cataclismo social será pacífico. Llevamos ya algunos años viendo los primeros chispazos.

"Imagine all the people living live in peace", cantaba Lennon…
www.jesuslainz.es

ACUSA A LAS INSTITUCIONES
El padre de Ignacio Echeverría denuncia el ‘maltrato’ a las víctimas
La Gaceta  14 Julio 2018

Joaquín, el padre de Ignacio Echeverría, asesinado el año pasado en Londres por yihadistas, ha manifestado que el recuerdo de su hijo le emociona pero que por lo que siente un “profundo dolor” y “preocupación” es por el maltrato y el rechazo social que sufren muchas víctimas del terrorismo.

“Tengo la sensación de que en este momento hay entornos sociales en los que ser víctima del terrorismo te estigmatiza, hay persecución en el País Vasco y Navarra”, ha dicho Echeverria en la último jornada del curso de verano de la Complutense organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Echeverría, que ha participado en una mesa redonda junto con Antonio Miguel Utrera, superviviente de los atentados del 11-M y Raquel Alonso, la mujer que estuvo casada con un yihadista, ha recordado a su hijo como una persona “buena”, “entusiasta”, “inocente” y que “hizo lo que tenía que hacer”.

Muy emocionado al hablar de su hijo, aunque ha dicho que “nunca se seca las lágrimas” cuando le recuerda, Joaquín ha mostrado su sorpresa por el trato que reciben muchas víctimas del terrorismo.

“Conmigo se ha portado todo el mundo muy bien, tengo la sensación de que soy un privilegiado pero por ejemplo las familias de Alsasua que tienen que marcharse de allí no pueden ni vender su casa porque nadie se la compra”.

Ese maltrato a estas víctimas es de “una vileza enorme”, ha denunciado Echeverría, que ha instado a las instituciones a que olviden que cualquier persona en situación de debilidad como es la que sufren las víctimas debe ser protegida.

De hecho, ha asegurado que le preocupa y teme la “atomización” en el tratamiento de las víctimas, que deberían tener el mismo trato en cualquier lugar de España.

Una idea en la que han coincidido las otras dos voces de la mesa. Antonio Miguel Utrera, superviviente del 11-M, ha abogado porque el testimonio de las víctimas se escuche en las aulas de colegios e institutos y Raquel Alonso ha opinado que no hay que politizarlas porque de esa forma se “devalúa” el valor que tienen.

Ambos han contado también sus respectivas historias, muy diferentes, pero con un nexo común, haber sido víctimas del terrorismo yihadista.

Tras estar en coma inducido siete días, numerosas operaciones que ni recuerda y secuelas aún físicas, Utrera ha relatado que aquel 11 de marzo de 2003 los pasajeros deambulaban por los andenes de Atocha como si se tratara de “un baile de sonámbulos”, pero que con el paso del tiempo ha conseguido desvictimizarse.

“Para vivir hay que desprenderse de muchas cosas”, ha asegurado el joven que tenía 18 años cuando los atentados y que tras cumplirse el primer aniversario de la masacre volvió a hacer el recorrido en el tren.

Por último, Raquel Alonso ha destacado que sigue luchando por que se abra un expediente de expulsión para su exmarido, condenado por terrorismo pero que tiene la nacionalidad española, algo que tampoco ha conseguido le sea retirada al igual que la patria potestad que tiene aún sobre sus hijos.

Los familiares de víctimas de las checas que enaltece Carmena: “Acabará poniendo una placa a ETA”
OKDIARIO 14 Julio 2018

CiudadanOK se reúne con Pedro Corral, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, y con los familiares de algunas de las víctimas de los 335 chequistas responsables de asesinatos, violaciones y robos durante la Guerra Civil a los que el Gobierno de Manuela Carmena quiere homenajear con una placa en el Cementerio de la Almudena.

“Las checas eran centros de detención ilegal donde se torturaba y asesinaba al considerado enemigo de la República”, explica Pedro Corral. “No tenía por que serlo, era capricho de las personas que dominaban la checa. Prácticamente todos los partidos y sindicatos tuvieron checas en Madrid, incluso el PNV”.

Además, cuenta como fue el propio historiador contratado por Manuela Carmena para asuntos de Memoria Histórica el que advirtió a su grupo del homenaje que se iba a rendir a los 335 criminales chequistas.

Para el concejal popular, la confluencia de Podemos en el Ayuntamiento “gente que cometió gravísimos crímenes en la Guerra Civil va a ser reconocida con el dinero de todos”.

Hablan las familias de las víctimas
Pilar Ferreras es sobrina del asesinado capitán Cordoncillo, y cuenta como en su familia fueron asesinados varios miembros, uno de ellos, además, por los de sus propio bando: “El que fusilaron era republicano y le mataron los republicanos”. Pilar cree, además, que de seguir así las cosas, con el tiempo “les pondremos una placa a los de ETA”.

Carlos Alberto Vázquez Sanjurjo es nieto del asesinado Joaquín Sanjurjo: “Fue detenido, llevado a la cárcel y luego a la checa de Porlier. De ahí le sacaron la noche del 10 de noviembre, atados de dos en dos, y fueron fusilados en Paracuellos del Jarama directamente”.

Joaquín Arnau es nieto otro asesinado en la checa de Porlier. Su abuelo fue señalado por la portera por ser “un hombre muy católico y muy de derechas”. Para él, lo que hace el Gobierno de Carmena ni siuiqera es negacionismo de los crímenes de los republicanos: “Es darle la vuelta a la tortilla. Es poner como víctimas a los criminales”.

Luis Martín Moreno es sobrino de Salvador Moreno Aceña, asesinado en la checa comunista del Puente de Segovia. Su tío fue secuestrado de casa de sus padres por milicianos y milicianas cuando contaba con tan solo 16 años de edad. Le habían denunciado dos compañeros de instituto por supuestamente ser “fascista”. Este niño fue asesinado y su cuerpo nunca apareció.

Valiente no contesta
Mauricio Valiente, el concejal de Derechos Humanos de Manuela Carmena y responsable directo de este homenaje a delincuentes, se ha negado a contestar a las preguntas de OKDIARIO cuando Cake Minuesa ha tratado de entrevistarle.

Valiente sí ha afirmado que está “escandalizado de tanta tontería” en referencia a las protestas del Grupo popular y las víctimas por la placa a los chequistas.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Un Gobierno desbocado.

Vicente A. C. M. Periodista Digital 14 Julio 2018

EL TRIBUNAL DE SCHLESWIG-HOLSTEIN NIEGA EXTRADITAR A PUIGDEMONT POR REBELIÓN / LA MINISTRA DE EDUCACIÓN APOYA LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA / EL GOBIERNO REVIVE EL GUERRA CIVILISMO.

La verdad es que hoy es uno de esos días en los que parece cumplirse lo de la ley de Murphy de que, si una cosa puede ir mal, seguro que lo hará, y aquello de las desgracias nunca vienen solas. Y es que hoy parecen haberse conjurado los hados para demostrarnos que estamos en un punto extremadamente delicado en el que todo confluye para que España se vaya al garete, o por la cloaca. Y eso si la cosa no va a mas y a alguien se le ocurre lo de “romper la baraja” y que salga el sol por Antequera. Y la verdad es que creo que nunca hemos estado como ahora en una situación de enfrentamiento social entre esas dos Españas que parecen volver a ser irreconciliables y condenadas a no entenderse. Entre aquellos que quieren ir por libre independizándose y la de los que tenemos la idea de mantener el legado histórico de una gran nación. Y lo peor es que se dan todas las circunstancias para que eso llegue, ya que por un lado hay un Gobierno dispuesto a transigir con todo y con todos con tal de permanecer okupando el poder, mientras la oposición se encuentra a la gresca y sin liderazgo.

La primera noticia es la del revés judicial que ha protagonizado el Tribunal Superior regional del Estado alemán de Schleswig-Holstein al no dar curso a la extradición del fugitivo Carles Puigdemont por los delitos que la euroorden contemplaba y limitarla exclusivamente al delito de malversación de fondos públicos, no reconociendo el más grave de rebelión por no apreciar “violencia suficiente” para su comisión. Es decir, este Tribunal, se erige sin tener competencia para ello a cuestionar el orden jurídico y la legislación de un país miembro de la UE y firmante del pacto de cooperación entre sistemas judiciales que representan las euroórdenes. Un Tribunal que se ha atrevido a cuestionar la extensa y detallada documentación adicional que obligó al juez Pablo Llarena a aportar, para finalmente mantenerse en su primera resolución de negar el delito de rebelión por no apreciar violencia suficiente para haber doblegado al Estado. Ni siquiera han tenido en cuenta la opción de limitarlo al de sedición, un delito perfectamente equivalente en la legislación federal alemana. Una apreciación perversamente antijurídica al no contemplar el hecho de que existió un golpe de Estado fallido gracias a la respuesta del Estado de Derecho. Este desprecio inadmisible e insultante, debe ser respondido diplomáticamente y con medidas recíprocas de no cooperación con las euroórdenes que se emitan desde otros países como Bélgica, Suiza, Escocia, etc. donde se refugian los fugitivos de la justicia española.

Esta sentencia tiene como resultado el que el juez Pablo Llarena, que acaba de cerrar la Instrucción declarando en rebeldía a los fugados, deba optar entre aceptar la extradición de Carles Puigdemont condicionada a ese delito menos grave de malversación, o bien rechazarla y suspender la euroorden a la vista de su inutilidad como herramienta de cooperación entre las Justicias de Estados socios de la UE y mantener la orden de detención en España. Claramente si optase por la primera opción, el juicio del resto de subordinados enjuiciados no podría mantenerse con peticiones de pena mayores que la que se estaría obligado a solicitar para el máximo responsable, Carles Puigdemont. El juicio quedaría en una mera caricatura en una especie de falta disciplinaria y delito menor de malversación cuya cuantía exigible de reparación, algo más de 2,5 millones de euros, ya ha sido depositada por la Asociación civil golpista ANC y admitida como "suficiente". Así que creo que el juez Pablo Llarena optará por rechazar ese intento del Tribunal alemán de injerencia en el sistema judicial español, habiéndose convertido en juez y parte sin tener competencia para ello.

La segunda noticia proviene de la deriva guerra civilista y pro-separatista emprendida por este Gobierno okupa e ilegítimo de Pedro Sánchez y un PSOE radicalizado empeñado en revivir el pasado por no tener planes de presente ni de futuro. Se trata en este caso de la Ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa. A esta señora no se le ha ocurrido otra cosa que decir que la inmersión lingüística está demostrando ser una herramienta de “cohesión” y que los niños catalanes demuestran tener un dominio similar del castellano al del resto de españoles. Una falsedad solo argumentada en los datos que fabrican los propios nacionalistas y no en una realidad, Porque la lengua española, que la Constitución reconoce como oficial en igualdad de derechos que la lengua autóctona reconocida en algunas autonomías como cooficial, se trata en el sistema de enseñanza al nivel de una lengua extranjera en cuanto a horas lectivas. De hecho, existen trabas a la educación en la lengua común de todos los españoles intentando que el catalán sea de hecho la única lengua vehicular en todos los niveles educativos y oficiales en las Administraciones de la Generalidad.

Esta segregación lingüística es un claro intento de consolidar un aspecto esencial del argumentario independentista para avanzar en el lento pero seguro camino de adoctrinamiento identitario como pueblo diferente del español. A este PSOE, como antes ha ocurrido con los Gobiernos de la UCD y el PP, les trae sin cuidado la desmembración de España mientras ellos mantuviesen el poder, aunque para ello necesitasen el apoyo bastardo y mercenario de estos enemigos de España. Una complicidad solo calificable como traición al pueblo español, que ha sido engañado de forma mezquina ocultándole las maniobras obscenas y verdadero coste de esos apoyos pagados con los impuestos de todos los españoles. Una factura que no ha dejado de crecer para finalmente desembocar en la ruina de este centenario y gran país que es España.

La mezquindad de este Gobierno no parece tener límite y no solo traiciona los derechos fundamentales de los españoles catalanes, valencianos, y baleares cuya lengua materna es el español, sino que está dispuesto a revivir el guerra civilismo más crudo intentando conseguir una victoria sobre un fantasma al que no pudieron ni quisieron enfrentarse mientras vivió, el dictador General del Ejército español rebelado contra la República y Jefe del Estado durante más de 40 años, Francisco Franco Bahamonde. Su obsesión es destruir cualquier huella de su paso por el poder y por la Historia de España, como si demoliendo monumentos, derribando estatuas, quitando placas conmemorativas y cambiando nombres a calles y plazas públicas e incluso pueblos enteros, quedase borrado de la memoria colectiva y de las hemerotecas. Además de sectarios son tremendamente ridículos.

Entre las “valientes” decisiones está la de obligar a la familia del dictador a exhumar el cadáver de su actual mausoleo ubicado en el altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos. Un monumento grandioso y faraónico excavado en el granito de la sierra norte de Madrid con una gran cruz y las figuras titánicas de los cuatro evangelistas. Un mausoleo que recoge también la fosa del dirigente de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, asesinado por la Republica en la prisión de Alicante tras una farsa de juicio. Y junto a ellos en diferentes criptas yacen otros cientos de combatientes de ambos bandos en contienda, en un politizado intento de falsa conciliación y perdón. La idea inicial era la de demoler el monumento y borrarlo del paisaje, pero ahora solo se pretende quitarle el poso de su significado de exaltación del franquismo y falangismo como lugar de peregrinación de los ya escasos seguidores.

La última intención es la de expulsar a la orden de los Benedictinos de su labor de custodia de la basílica, extraer e identificar los restos reclamados y dejar el monumento como algo simbólico y sin realce político. Algo muy parecido a ese ya casi olvidado monumento en Atocha a las vítimas de los atentados terroristas del 2004. Y asolo les falta aceptar la equiparación de las víctimas de la ETA con sus verdugos fallecidos mientras manipulaban sus bombas, como ya han hecho el PNV y BILDU.

Creo que estamos entrando en una deriva peligrosa por el ansia de este Gobierno okupa de imponer su sectario programa sin tener ninguna legitimidad para hacerlo por no haber pasado por las urnas y ser refrendado por los ciudadanos. Igualmente es preocupante el intento de contentar a los golpistas y separatistas con concesiones de todo tipo que solo aumentan el abismo identitario exacerbado por décadas de adoctrinamiento en el sentimiento anti español. Este PSOE ha dejado de ser un partido nacional para convertirse en un partido pronacionalista cómplice con aquellos que quieren fragmentar y destruir España.

¡NO DEBEMOS CONSENTIRLO! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Qué pasen si pueden un buen día! Y no se inquieten, que si no les preocupa lo que está pasando, quizás es que se merezcan lo que les pase cuando ya sea imposible actuar para revertir la situación. Y solo les recuerdo aquello de que para que el mal prospere solo basta que los hombres buenos no hagan nada.

La Fiscalía no está para «destensar»
 La Razon 14 Julio 2018

Los distintos portavoces del separatismo catalán, tanto los oficiales, como Elsa Artadi, consellera de Presidencia de la Generalitat, como los oficiosos, han dado un nuevo impulso a su campaña de la «distensión» con el Gobierno de Pedro Sánchez, eufemismo, en este caso, de desistimiento, con el objetivo de que la Fiscalía General del Estado, ahora bajo la dirección de una fiscal progresista, María José Segarra, cambie de criterio y retire la acusación por el delito de rebelión que pesa sobre los procesados por la intentona golpista del pasado otoño. Si bien el actual Ejecutivo socialista estaría legitimado para tratar de distender en el plano institucional las relaciones con el actual Gobierno autonómico catalán, ensayo al que no cabe atribuir buenas perspectivas de éxito, otra cosa muy diferente es forzar al Ministerio Público a cambiar de apreciación por razones políticas.

La mera jerarquía reconocida en el estatuto fiscal no puede obviar la independencia y la unidad de actuación de quienes representan la defensa del principio de legalidad, que es una de las bases constitucionales. Nada tenemos contra la distensión, por más que se trate del último artefacto lingüístico inventado por los nacionalistas, pero consideramos que la Fiscalía no está para secundar ese tipo de ejercicios voluntaristas. Todo lo contrario, sería conveniente que la nueva fiscal general enviara un mensaje claro a la sociedad de que la persecución de los graves delitos cometidos en Cataluña contra la Constitución y contra su propio Estatuto de autonomía no va a quedar solamente en manos de la acusación popular. En este sentido, es de esperar que la Fiscalía actúe con la mayor celeridad si, como parece, la Cámara catalana, apoyada en la mayoría independentista, se niega a cumplimentar la resolución del juez Pablo Llarena por la que suspende de sus funciones a los diputados acusados del delito de rebelión, y que ayer fue notificada oficialmente al presidente del Parlament, Roger Torrent. Esta medida, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, afecta tanto a los cinco parlamentarios autonómicos que están en prisión preventiva –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez– como al ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pese a que se encuentra fugado de la Justicia, y no debería estar sujeta a interpretación alternativa alguna, que es lo que pretende Roger Torrent con su consulta a los letrados de la Cámara.

A nadie se le escapa que la nueva estrategia de los partidos separatistas se centra en trasladar a la opinión pública la idea de que el cambio de gobierno supone un nuevo tiempo político y que, por lo tanto, deberían quedar periclitados los procesos judiciales abiertos por el «procés», como si el Poder Ejecutivo pudiera interrumpir a su capricho el trabajo de los jueces. En este objetivo hay que incluir los reiterados esfuerzos de los consejeros de la Generalitat de traer a colación la situación procesal cada vez que se entrevistan con un miembro del Gobierno socialista. Pero si ya el mero traslado a cárceles de Cataluña de los diferentes procesados por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha intentado vender por los nacionalistas como un primer fruto de la «distensión», cualquier cambio en la postura de la Fiscalía tendría como consecuencia el refuerzo de la permanente cantinela de que nos hallamos ante un procedimiento judicial condicionado por razones políticas y, por lo tanto, alejado de los estándares democráticos que rigen en la Unión Europea. Nadie está en contra de negociar con la Generalitat todo aquello que contribuya a la normalización democrática de Cataluña y a la restauración del principio de legalidad. Pero el proceso judicial tiene sus propios cauces.

El obsceno mercado de la Moncloa

José Antonio Zarzalejos El Confidencial 14 Julio 2018

¿En qué momento de la política española la Moncloa dejó de ser un zoco de obscenas transacciones políticas? Solo cuando el PSOE y el PP obtuvieron mayorías absolutas. Cuando no las lograron, la sede de la presidencia del Gobierno de España se convirtió en un mercado. Que nadie —como se está haciendo ahora— se rasgue las vestiduras porque Torra se haya comportado como Pujol o Arzalluz. El bipartidismo insuficiente ha otorgado a los ahora independentistas catalanes y a los nacionalistas vascos un poder extraordinario sobre la política española con la que, sin embargo, no se han comprometido pese a que dos presidentes —González y Aznar— les ofrecieron gobiernos de coalición. Nunca los aceptaron porque deseaban condicionar al Ejecutivo, pero no contaminarse con el poder de un Estado que siempre les fue ajeno. Su objetivo, del PNV y de CDC, fue a largo plazo: la nacionalización de Euskadi y Cataluña. Los resultados han sido, de momento, el plan Ibarretxe en 2005 y el proceso independentista de otoño de 2017.

Torra acudió el lunes a la Moncloa sabiendo que contaba con una inercia favorable. En 1993 Felipe González fue investido por los escaños de un Jordi Pujol que escribió descripciones sobre el "hombre andaluz" a la altura de las barbaridades xenófobas del ahora 'president' de la Generalitat. El periódico que dirigí durante años le nombró "español del año" en 1984, aquel en el que Mena y Villarejo, los fiscales de Barcelona, impulsaron la querella contra él por el asunto de Banca Catalana, y cuando el hombre que dirigió Cataluña durante 23 años defraudaba al fisco y algunos de sus hijos, después, perpetraban comportamientos delictivos. Por supuesto, ya entonces el 3% en comisiones ilegales nutría las arcas de los convergentes.

Los resultados de este mercadeo han sido, de momento, el plan Ibarretxe en 2005 y el proceso independentista de otoño de 2017

Lo mismo hizo José María Aznar en 1996, suscribiendo en Barcelona el Pacto del Mayéstic. Los votos de CiU le auparon a la presidencia del Gobierno como tres años antes a González. No solo: Aznar quiso también la colaboración del PNV. Por primera y única vez en la historia, Xabier Arzalluz (otro xenófobo que envió a los vascos españoles a la diáspora con la frase: "ancha es Castilla") pisó la sede del PP en la calle Génova y afirmó que se fiaba de "un castellano viejo como Aznar". Tanto en 1993 como en 1996, nacionalistas catalanes y vascos obtuvieron porciones extraordinarias de poder en forma de financiación y de nuevas competencias, mientras en el País Vasco y Cataluña se gestaban las peores deslealtades al Estado que los gobiernos centrales silenciaron. González y Aznar miraron a otro lado exactamente igual que Sánchez con Torra, salvando las distancias de contexto.

Zapatero y Rajoy tampoco fueron ajenos al mercadeo. El presidente socialista lo fue en las dos legislaturas (2004 y 2008) sin mayorías absolutas, pero con el apoyo —en forma activa o con abstenciones— de los nacionalistas vascos y los ahora independentistas catalanes. Uno de los orígenes del llamado proceso soberanista hay que situarlo en el tripartito catalán que presidió primero el socialista Maragall y luego el también miembro del PSC, Montilla. En ambos gobiernos estuvo ERC. Y fueron los que impulsaron primero el Estatuto (2006) y luego echaron a la gente a la calle tras la sentencia del Tribunal Constitucional (2010).

Entre 2010 y 2012, el aliado de Artur Mas fue ¡el Partido Popular! Y Rajoy: en la actual legislatura pactó la Mesa del Congreso con los que hoy son exconvergentes y se apoyó decisivamente en el PNV que, desde hace muchos meses tramita un borrador de nuevo estatuto que lleva camino de convertirse en la segunda parte del Plan Ibarretxe. Por supuesto, todos, socialistas y populares, aprobaron los cupos con el País Vasco y Navarra. Tuvieron que llegar al Congreso UPyD y, sobre todo, Ciudadanos, para que se pusiera negro sobre blanco la intolerabilidad de privilegios incompatibles con el principio de solidaridad.

Torra ha venido a Madrid y Sánchez le ha recibido reiterando una escena política —con un índice glucémico tóxico— propia de las mejoras épocas autonomistas. El catalán ha practicado el "peix al cove" ("pájaro en mano") con el más depurado estilo pujolista, y Sánchez se ha comportado —muy autonómicamente también— como el presidente que depende del voto de los que sostienen a su interlocutor en la Generalitat de Cataluña. ¿Dónde la novedad? ¿Por qué el escándalo? ¡Cuánto hipócrita! Torra sabe que el 'procés' es inviable —aunque jamás lo reconocerá— y Sánchez que sin los votos de ERC y de JxCAT en el Congreso se quedaría sin presidencia. Se trata del ayuntamiento de necesidades, de debilidades y de conveniencias. Insisto: nada nuevo, pero empeorando.

El 'procés' fracasado —al que le queda la retórica de la resistencia y la dialéctica del desafío—, como en su momento el también fracasado Plan Ibarretxe (ya se gesta el segundo) han sido brotes que podrían repetirse porque los factores de incentivación de la deslealtad nacionalista están instalados en el modelo electoral y de partidos. El bipartidismo insuficiente ha creado y alimentado la amenaza segregacionista y sigue haciéndolo, hasta que un vuelco electoral —ahí está Ciudadanos— cambie la rasante del sistema. Sánchez tragó el lunes lo mismo o muy parecido que González, que Aznar, que Zapatero o que Rajoy. Y Torra se comportó como Pujol o como Arzalluz solo que con una dosis de tosquedad mayor. O sea, que fariseísmos los justos. Por fortuna, ya se ha visto que, si se pasa del dicho al hecho, aplicar con oportunidad el 155 no es ninguna catástrofe.

Quede clara, sin embargo, la discriminación de responsabilidades, a partes iguales entre Madrid, Barcelona y Bilbao. Padecemos, en consecuencia, una crisis endógena del actual sistema que solo se superará con gobiernos de mayorías mediante coaliciones en los que los nacionalistas no dispongan del poder arbitral que ahora detentan y que utilizan contra el propio Estado.

Una sociedad herida
Gregorio MoránCronica Global 14 Julio 2018

Conviene no decir la verdad y hacer como si no nos diéramos cuenta del lío en que estamos metidos. Demasiados años admitiendo las mentiras que nos decían y sin apenas posibilidad de denunciarlas, porque eso hubiera significado atentar contra “el oasis”, y ahora resulta que hemos de cargar con el fardo. La Generalitat está dirigida --es un decir-- por un fascista. ¡Nosotros que nos escandalizábamos, y con razón, porque en Madrid el presidente era un reaccionario! La paz social se había convertido en una sabia fórmula que lo impregnaba todo y te cerraba la boca, porque si bien nos habíamos disfrazado de países nórdicos, la realidad tenía visos de mafia siciliana. ¿Pero qué dice este tío?, salió gritando un plumilla, un tonto solemne como Enric Juliana después de desgranar el filibusterismo ideológico de menor cuantía sobre “el catalán enfadado”, o emprenyat para la parroquia. Eso, tras una pausa para redactar el editorial colectivo de los periódicos de Cataluña, doce, todos subvencionados por la Generalitat según sus méritos. La dignidad de Cataluña, se titulaba el exordio, y apareció un día de noviembre de 2009, amenazando la tormenta y sin despeinarse luego por todo lo que trajo consigo.

¿Cuántos hicieron caja con el procés? ¡Ay, la generación de Bandera Roja y sus herederos! Consiguieron asesorar a Convergència, a Esquerra, a Podemos y hasta a la CUP. Y no me digan que no tiene mérito, porque eran los mismos, y hasta lo son ahora agazapados tras ese divertimento para cerebrinos patrimoniales que es la CUP y sus felices cofradías que emulan a sus papás. ¿Quién no fue rojo mientras era joven? Ya llegará el tiempo del seny y poner a los currantes en el lugar que les corresponde para que sirvan al imperio de la ratafía y los Países Catalanes. Ni una palabra sobre el supremacista y meapilas en la presidencia de la Generalitat. Es uno de los nuestros, que edita libros subvencionados y promueve homenajes a sus antecesores parafascistas que tenían ocultos detrás de la cortina.

No vivimos buenos tiempos para la lírica aunque excelentes para los trepas, ejerzan o no de poetas. El oficio periodístico se ha cubierto de mierda pero con la particularidad de ser inodora, incolora e insípida porque, te guste o no, has de tragarla durante un tiempo tan largo que estamos todos estragados, incluso los que no han dicho nada y miran para otro lado, o los que desdeñan esa vulgaridad que emerge de la calle y que se llama linchamiento.

Había un país y ahora hay dos; uno que constituye la mayoría de la población catalana y otro que asume la representación política del conjunto, y éste es el meollo de la cuestión. Mientras no tengamos claro que la ciudadanía está formada por esa sociedad desequilibrada, cualquier intento de abordar las heridas, de airearlas para que se cautericen, está condenado al ejercicio de los filósofos de ocasión, ágrafos pero tertulianos, abundantes de palabras y cortos de coherencia intelectual.
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No conozco otro lugar donde se hable tanto de hacer política y donde no se sepa qué carajo quieren decir, como si volviéramos a las charlas inanes de hace muchas décadas. La política es tratar de millones de ciudadanos pero parece que se refieren a negociar entre media docena de indocumentados sobre cómo seguir hablando de lo mismo. La charlatanería tertuliana parece haberse convertido en el referente de lo que es hacer política, de ahí que los políticos profesionales se hayan asilvestrado para hacerse aprobar por la caja idiota o la alcachofa de madera, y que los periodistas se coloquen en los medios como plataforma de lanzamiento para una eventual carrera hacia el poder.

Vivimos otra transmutación de valores, esta sí que de muy baja estofa. La coherencia intelectual, que es el único patrimonio que debe cuidar un político, ha devenido en lo contrario. El president Torra, representante genuino de esta deriva hacia la sublime estupidez, ha amenazado a Pedro Sánchez con un argumento al que no me hubiera atrevido a dar crédito si no estuviera explicado por él. “Tengo a los hijos colocados, una edad madura y el patrimonio asegurado, no hay nada que me dé miedo”. Es decir que, de no ser así, lo mejor es que no se hubiera metido en política. ¿Hay prueba más contundente de que estamos ante la gran oportunidad de un simple de espíritu?

La gente así debería seguir haciendo las mismas simplezas que le llevaron a hacerse mayor, tener hijos asentados y un patrimonio asegurado. Quizá sea la sociedad la que menos haya cambiado y habremos de acostumbrarnos a soportar la trivialidad de los cambios de unos políticos con envoltorio desechable.

Así financia el independentismo de la Generalitat a sus homólogos valencianos
Ciudadanos pide explicaciones a Presidencia por el dinero destinado a fomentar el pancatalanismo, más de 1,4 millones al año, siendo el empresario Eliseu Climent el más beneficiado
María Jesús Cañizares El Espanol 14 Julio 2018

Es la estrategia win-win. El Gobierno catalán financia las asociaciones valencianas vinculadas a Eliseu Climent y, a cambio, este editor fleta autocares para acudir a las concentraciones secesionistas. Así ha sido desde los tiempos del Ejecutivo tripartito, aunque fue con el mandato de Artur Mas cuando esas ayudas incluyeron incluso el pago de la hipoteca del edificio El Siglo, sede de Acció Cultural del País Valencià/Institució Joan Fuster. Todo ello mediante adjudicaciones a dedo, es decir, fuera de concurrencia pública. Climent es el empresario más beneficiado de las ayudas del Govern al pancatalanismo, que incluye también Baleares y el sur de Francia. En total, unos 1,4 millones anuales concedidos por la Consejería de Presidencia.

El diputado de Ciudadanos, Matías Alonso, ha presentado una pregunta parlamentaria dirigida al Govern con la finalidad de recabar información sobre los diferentes convenios firmados entre el Departamento de Presidencia y las entidades de la Comunidad Valenciana Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster para la financiación de la cuota anual del préstamo hipotecario para la compra del edificio El Siglo.

Copia de la memoria explicativa obligatoria
En concreto, la formación naranja quiere copia de la memoria explicativa obligatoria correspondiente al período 2013-2017. “Estas entidades han recibido una lluvia constante de dinero público desde la época del Gobierno tripartito a costa del contribuyente”, explica Alonso, quien tilda a Climent como “el conseguidor” de dinero destinado a fomentar el pancatalanismo. “Es un colaborador necesario del independentismo catalán, que siembra la semilla del separatismo en los llamados países catalanes”. A cambio de esas subvenciones, Climent garantiza el envío de autocares a las manifestaciones secesionistas que se celebran en Cataluña”.

Denuncia que el goteo de subvenciones se han seguido otorgando a pesar de la irrupción de fuerzas soberanistas en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat valenciana, administraciones que también conceden ayudas a Climent.
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Sin embargo, las subvenciones otorgadas por el Ejecutivo catalán van más allá de la generosa aportación destinada a la hipoteca del edificio El Siglo.

Baleares y Perpignan
En julio de 2017 se renovó el convenio para pagar ese inmueble, por un coste de 654.582 euros. El año anterior, 2016, Presidencia destinó 659.602 euros a esa finalidad. Unas cifras algo inferior a la de años anteriores, cuando el Govern pagó 670.073 euros y 714.411 euros. Pero es que, además, Presidencia concedió hace dos años 280.000 euros a ACPV para diversas actividades culturales y 120.000 euros a la Fundació Escola Valenciana para la promoción del valenciano en la enseñanza y el uso social.

La financiación del pancatalanismo se hizo extensiva en 2016 a Baleares –60.000 euros para Obra Cultural Balear por actividades de promoción de la lengua catalana en las Islas Baleares— y Associació d’Amics de La Bressola –400.000 euros para el personal docentes de las escuelas La Bressola de Perpignan, en la Catalunya Nord, según la terminología secesionista--. Finalmente, el Govern dio 8.000 euros a la Fundació Videoteca del Països Catalans para producir un DVD sobre el 50 aniversario de Víctor Català. En total, 1,4 millones de euros en un año.

Karl Jacobi, alcaldable de Barcelona: "El nacionalismo está destruyendo la ciudad"
El empresario alemán azote del independentismo se presentará a las elecciones municipales con dos premisas: "Que vuelvan las empresas y acabar con el 'procés"
Karl Jacobi, el empresario alemán que se presentará a las elecciones municipales
Ignasi Jorro Cronica Global 14 Julio 2018

Habla Karl Jacobi, el empresario alemán que vapuleó a Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, en el Círculo Ecuestre de Barcelona y que ahora busca ser alcalde de la ciudad. "El nacionalismo está destruyendo la ciudad". El directivo anunció esta semana que busca presentarse a las elecciones municipales de 2019 con un objetivo: recuperar comba económica y barrer al independentismo.

Lo de querer ser alcalde, ¿fue un calentón? "No. Hace tiempo que gente influyente me viene diciendo que les gusta lo que digo, pero que por qué no hago nada. Pues bien, ha llegado el momento de actuar", ha explicado en conversación con este medio. Asegura que busca "ayudar a remediar la situación en Cataluña", que ve muy grave "tras la fuga de más de 3.000 empresas y el daño a la imagen de la ciudad". Agrega que esa decadencia está permeando en la segunda mayor ciudad española, que ve "perdida". Ejemplo de ello, indica, son los ataques al turismo que está llevando a cabo Arran, el grupo juvenil radical vinculado a la CUP.

"Admiro a Manuel Valls"
El ejecutivo de origen teutón, afincado en Cataluña desde hace 35 años, ya cuenta con mimbres para ser candidato, algo que avanzó en RAC1 esta semana. "Tengo una base de datos de 20.000 fans que me han escrito para felicitarme por mis intervenciones públicas", subraya. ¿Qué más precisa? "Registrar un nuevo partido es lento y costoso. Prefiero integrarme en las formaciones que concurrirán a los comicios. Creo que los partidos deben abrirse e integrar a los activos que consideren más valiosos", valora. De este modo, descarta crear una plataforma independiente en el espectro constitucionalista, como la que planea el filósofo independentista Jordi Graupera en el otro polo político.

Además de al también profesor en la New York University, Jacobi se enfrentará a otros candidatos, como la propia Ada Colau (Barcelona en Comú) --de la que desea no opinar, pues "no la conoce"--, actual alcaldesa de la capital catalana, y, posiblemente, a Manuel Valls. ¿Podría compartir lista con el ex primer ministro francés? "Valoro al señor Valls como una persona muy válida. En política hace falta talento, y él lo tiene. Pero tiene un defecto: que es político. Y la gente está hastiada de la clase política. Fenómenos en todo el mundo están mostrando ese hartazgo", analiza.

"Propaganda independentista"
Es en esta carencia que Jacobi quiere abrir brecha y alcanzar, en el seno de un partido --asegura que tiene ofertas de formaciones "pequeñas y alguna muy grande"-- el gobierno municipal de Barcelona. "Mire, mis premisas son muy simples. Yo quiero aportar transparencia. Que los políticos sirvan al pueblo y no al revés. Si ganara mi candidatura, publicaría en internet cada factura con un proveedor. Que la gente vea que no robamos, como hacen otros", apostilla. Además de lo que él llama transparencia total, quiere trabajar con otra premisa. "Barcelona tiene que ser la punta de lanza del Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes".

A este respecto, no titubea en señalar la casa consistorial como un puente para cruzar la plaza de Sant Jaume, lugar en el que se alzan, una a cada lado, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. "Barcelona es el primer paso. Luego, hay que ganar el gobierno autonómico", avanza. ¿Con qué fin? "Desmontar 30 años de mentiras del nacionalismo. Cerrar los aparatos de propaganda que emponzoñan la mente de muchos y les dicen que saltarse las leyes están bien. Acabar con los fundamentos de una ideología que bebe de las raíces de la intolerancia de los años 30", enumera, en referencia al independentismo catalán.

"Barcelona no puede quedar en manos del nacionalismo"
Es por ello que Jacobi teme que una lista única del secesionismo pueda ganar las elecciones municipales en la urbe. "Sería terrorífico. Si ya han provocado inestabilidad política y han atacado el turismo, ¿qué harían con la capital de la región en sus manos?", se pregunta el empresario. Insiste en que la economía debe ser la prioridad y el nacionalismo, dice, la hunde. "No quieren nada, solo lo suyo. Hay que hacer una labor de volver a atraer inversiones extranjeras a Barcelona. De lo contrario, ¿de qué viviremos? De la arena de la playa? No nos queda mucho más tras la marcha de 3.000 empresas", advierte.

Afincado en Alella, un pueblo a 19 kilómetros de Barcelona, no tiene reparos en admitir que, si resulta elegido, no cambiaría de hogar. "Esta es mi casa. Pero se puede gobernar una gran ciudad como Barcelona sin vivir físicamente en ella", señala. Lo importante, bajo su punto de vista, es que la ciudad recupere dinamismo económico. "Si paseas por la capital catalana, el 50% son turistas. Pues hay que cuidarlos con mimo. Es lo que genera puestos de trabajo y bienestar", alecciona. Sin haberse dedicado nunca a la política, Jacobi, que asegura tener "35 años, los que siente por su energía" busca crear algo más. "Las municipales deben ser un trampolín. Después de esas elecciones, hay que dejar germinar la idea de renovación para acabar de una vez por todas con el nacionalismo", remacha.

Deuda de las CCAA
El Gobierno autoriza a Cataluña la mayor operación de deuda en 2018: negociará 4.113 millones fuera del FLA
María Vega okdiario 14 Julio 2018

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy que Cataluña formalice nuevas operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 4.113 millones de euros. Se trata de la operación más importante por cuantía de las aprobadas en 2018. La decisión se enmarca en la dinámica del Ejecutivo de abrir la mano con las comunidades autónomas, según ha adelantado este viernes OKDIARIO.

Con esta nueva autorización, el volumen de operaciones que han recibido el visto bueno de Hacienda este año supera los 12.353 millones de euros. De esa cantidad, más del 50% ha sido autorizada en el poco más de un mes que el PSOE lleva en el poder.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que “servirá” para refinanciar los vencimientos de las líneas de crédito que vencen en julio y agosto.

Según los datos recopilados por este periódico, Cataluña es la comunidad autónoma que más autorizaciones de este tipo ha recibido en 2018 no sólo para la Generalitat, también para otros organismos públicos.

Cataluña no puede emitir deuda nueva en los mercados, pero sí mantiene operaciones de crédito abiertas con entidades para movimientos de tesorería fuera del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

De los más de 77.700 millones de euros que adeuda la Generalitat, 54.400 millones se los debe al Estado. El resto se reparte entre créditos a los bancos españoles (unos 7.582 millones), entidades extranjeras (cerca de 5.860 millones) y bonos que emitió en el pasado -cuando conservaba autonomía financiera- y todavía están circulando en el mercado con un capital que ronda los 5.500 millones de euros.

Además de la operación de Cataluña, el Consejo de Ministros ha aprobado otras ejecuciones para otras comunidades autónomas. A Baleares se le ha autorizado a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 150 millones y a Aragón, avales por un importe máximo de 225.000 euros.

Montero ha recordado que estas autorizaciones por el Consejo de Ministros son necesarias por la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

España no se puede dejar humillar por una decisión infame de un tribunal local
ESdiario 14 Julio 2018

España ha de responder al abuso en favor de Puigdemont, que pone en cuarentena la idea de Europa y será utilizada por el independentismo como excusa para considerarse definitivamente legal.

La insólita decisión de un tribunal regional de Alemania de limitar la extradición de Puigdemont a España por un delito de malversación, liberándole de otros como sedición o rebelión por los que sus compañeros de asonada deberán rendir cuentas; pone en solfa la idea de Justicia compartida en Europa, descalifica el sentido de las euroórdenes y genera un conflicto político de primera magnitud entre dos Estados miembros y, por extensión, entre todos ellos.

La propaganda soberanista ya se ha encargado de presentar la resolución como una enmienda a la totalidad del Estado de Derecho español y como una prueba de la legitimidad del procés y de la propia independencia de Cataluña: que el fallo alemán no diga eso y se haya limitado a descartar el encaje del delito de rebelión en su ordenamiento jurídico, precepto necesario para proceder a cualquier extradición en los términos del reclamante, le es indiferente a un movimiento que ha hecho de la mentira y la publicidad su principal estrategia.

Sánchez debe alinearse con el Supremo y elevar el debate a Europa, que no puede ser refugio de fugados ni de golpistas

Para rematar el desasosegante panorama, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido por única reacción una rutinaria aceptación de la decisión que ha sonado a aceptar, sin más, el retorno a España del cabecilla catalán para someterse a un juicio menor con pocas consecuencias. Sólo el Tribunal Supremo, con el siempre sólido juez Llarena al frente, ha tenido una reacción a la altura al deslizar que, en esas condiciones, no aceptará la extradición.

¿Justicia Universal?
Y haría muy bien. Ningún tribunal europeo está habilitado, ni técnica ni legal ni políticamente, para enmendar al Supremo comportándose como una instancia superior con capacidad de decidir qué delitos se han cometido en un Estado y cuál es el precio a pagar por los infractores. No es ése el sentido de las euroórdenes, un mecanismo para garantizar la Justicia Universal en el espacio europeo y no una triquiñuela para proteger a fugados.

La gravedad es tal que traspasa el terreno jurídico para adentrarse en el político y afecta a la misma concepción de Europa como espacio de socios solidarios con unos mismos valores que refuerzan un proyecto común en todos los órdenes. Y por eso, a la vez que el Supremo cumple su función, las instituciones españolas han de hacer el suyo.

Empezando por el nuevo Gobierno, cuyo presidente ha pasado en un mes de exigir el endurecimiento del delito de rebelión en el Código Penal a contentarse con una resolución infame de un tribunal provincial que refuerza el victimismo nacionalista y ataca a la integridad del Estado de Derecho y de la democracia españoles.

Ningún tribunal menor puede enmendar a la Justicia española y las euroórdenes nunca fueron diseñadas para eso

Elevar una queja del máximo rango, trasladar a la instituciones europeas el debate sobre el fracaso de las euroórdenes y alinearse con el Supremo son tres obligaciones básicas del Ejecutivo que, sin embargo, parece dispuesto a incumplir.

¿Quién responde?
Con un PP enredado en un cansino debate interno que ha facilitado la consolidación de un presidente sin votos apoyado precisamente en el soberanismo, nada ni nadie parece preparado para liderar la imprescindible respuesta a la caprichosa decisión alemana ni a la tibia complacencia del Gobierno español. Pero alguien tendrá que hacerlo o esta derrota judicial se convertirá en el preámbulo de otra peor, política, institucional y ciudadana: el independentismo se siente ahora legal y obrará en consecuencia.

El catalán errante
ANDRÉS BETANCOR El Mundo 14 Julio 2018

Entre los juristas, la dogmática alemana ha sido tradicionalmente un referente. Sin embargo, también en Alemania hay malos, incluso, muy malos juristas. El mejor ejemplo es el Auto de 12 de julio de 2018, de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig Holstein.

Rudolf von Ihering (1818-1892), el gran jurista alemán, publicó un opúsculo titulado La lucha por el Derecho. Su tesis conclusiva fue "la lucha es el trabajo eterno del Derecho. Si es una verdad decir 'ganarás tu pan con el sudor de tu frente', no lo es menos añadir también que 'solamente luchando alcanzarás tu derecho'. Desde el momento en que el Derecho no está dispuesto a luchar, se sacrifica".

Es la lucha por hacer cumplir el Derecho; que gane frente a la arbitrariedad y los abusos. En esa tarea, también, moral, tiene que toparse con los obstáculos, incluso, de jueces ignorantes y prejuiciados. La lucha no puede decaer; el empeño es, además, un deber, del que habla Ihering.

En la lucha, el Derecho progresa. El caso Schleswig-Holstein será muy positivo. Ayudará, decisivamente, al avance de la Unión Europea en hacer realidad uno de sus objetivos: ofrecer a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores (artículo 3 Tratado de la Unión Europea). A tal fin, se han aprobado las Decisiones marco de 13 de junio de 2002 (orden de detención), y la de 27 de noviembre de 2008 (reconocimiento mutuo de sentencias).

La piedra angular de la cooperación judicial en materia penal es el principio del reconocimiento mutuo, en un contexto de "confianza elevado entre los Estados miembros". En consecuencia, "los Estados miembros ejecutarán toda orden de detención europea, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la presente Decisión marco" (art. 1 Decisión Marco de 2002).

La Decisión distingue entre delitos que no están sometidos al "control de la doble tipificación", por lo que la ejecución de la orden de detención y entrega será automática; y otros que deben superar dicho control.

El error del Tribunal es cómo ha interpretado ese control. En flagrante contradicción con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, primero estableció una equivalencia entre delitos (españoles y alemanes) y luego determinó si los alemanes son aplicables. Como el Tribunal Supremo le imputa a Puigdemont los de rebelión o sedición, el Tribunal alemán primero fijó la paridad entre los delitos españoles (de rebelión y sedición) y los alemanes (de alta traición y de desórdenes). A continuación, concluyó que los delitos alemanes equivalentes no son aplicables al ex president. Por lo tanto, no cabe la extradición.

El razonamiento del Derecho de la Unión es otro. Tanto la Decisión marco (art. 2.4) como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE siguen otra lógica. Como la expresara la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 11 de enero de 2017 (asunto Grundza): 1) el control es una excepción a la regla general por lo que debe ser aplicado de manera estricta; 2) se ha de limitar a comprobar si los hechos, de haberse producido en el Estado de ejecución, "tal como fueron plasmados en la sentencia", también serían merecedores de reproche penal en el Estado de ejecución, sin entrar, 3) en cuestiones relativas a si el tipo penal es o no equivalente a alguno de los existentes en su código. Así, "habrá de comprobar, si tales hechos..., habrían estado sujetos a una sanción penal si se hubieran producido en el territorio del Estado miembro al que pertenece dicho órgano jurisdiccional, con arreglo a su legislación nacional. Si tal fuera el caso, habría de considerar que se cumple el requisito de la doble tipificación".

No es razonable pensar que, en Alemania, al margen de equivalencias o no entre figuras delictivas -donde está penado, por ejemplo, el desprecio a la República, la denigración a la bandera o al himno nacional, con pena de prisión de hasta tres años (art. 90 a del Código penal); la difamación a los órganos constitucionales, con pena de prisión de hasta cinco años (art. 90 b); los partidos que atenten contra el orden constitucional, con pena de hasta cinco años (art. 85); la propaganda nacionalsocialista, con pena de hasta tres años (art. 86), entre otros- no se castiguen hechos como los acaecidos en Cataluña.

No es creíble, insisto, que en Alemania no sea objeto de castigo la ejecución, según el relato del Tribunal Supremo, de "un plan que pretendía sustituir por otro el ordenamiento democráticamente aprobado, actuando fuera de las normas vigentes sobre el particular, con la finalidad última de declarar unilateralmente la independencia del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, asumiendo la causación de episodios violentos en la calle, que efectivamente tuvieron lugar, para obligar al Estado a claudicar, imponiendo así sus designios por la fuerza" (Auto de 26 de junio).

La Corte alemana no sólo no se sujeta al relato del Tribunal Supremo, sino que construye el suyo propio. Por ejemplo, nos enteramos, según el Tribunal alemán, convertido en tribunal de instancia e instructor de la causa, de que la voluntad de Puigdemont era que el referéndum sólo fuese "el preludio de futuras negociaciones" y que no era el «líder espiritual» de violencia alguna; que no fue el "patrocinador" de las mismas.

Para el Estado democrático de Derecho es un jarro de agua fría. Esperado, pero, siempre, sorprendente e indignante. No nos sirve de consuelo el arrogante comentario del Tribunal sobre la ausencia en España de persecución política. Ya puestos, habría preferido que nos calificase como una democracia a la turca; hubiera sido coherente con su prejuiciado Auto.

El Auto pone de relieve que el relato secesionista ha calado entre ciertas audiencias europeas. Es capital la tarea que tiene por delante el ministro Borrell, perfecto conocedor del secesionismo catalán. Frente al abandono del Gobierno Rajoy, es imprescindible recuperar la iniciativa y presentar el secesionismo como una fuerza política, como lo ha mostrado Torra y sus artículos, antidemocrática con objetivos racistas.

Esta tarea requiere tiempo y audacia, en la que el acomplejamiento no tiene cabida. Las urgencias del presidente Sánchez en -como lo denomina- "normalizar" el conflicto catalán, "politizándolo", reduciéndolo, con omisión del Estado de derecho, "a un conflicto político que requiere una solución política", pueden ser un obstáculo. No se deberían sacrificar los principios, los valores y las reglas del Estado democrático de Derecho en el altar de los apremios electorales. De nada sirve apagar un incendio sobre la base de acrecentar la pira para que arda, aún con más fuerza, en un futuro inmediato. Ése no es el papel de un presidente del Gobierno de España, salvo que le sobre esto último.

¿Qué sucederá? Es razonable suponer que el magistrado Llarenaretirará la euroorden e, incluso, elevará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión en relación a la equivocada interpretación que el Tribunal alemán hace de las exigencias del Derecho de la Unión. Mientras tanto, Puigdemont vagará por la Unión sin posibilidad de regresar a España, así hasta que prescriba el delito, lo que, en el caso del de rebelión, es de 20 años. Un castigo que, incluso, sería superior, probablemente, al que recibiría de apreciarse por los tribunales españoles su responsabilidad. Y un castigo aún mayor, es el cómo se va apagando su influencia; su liderazgo se irá extinguiendo en el mar del olvido.

Richard Wagner (1813-1883) estrenaba en 1843 la famosa ópera El holandés errante. Una recreación de la leyenda, común entre los marineros, del barco fantasmal, condenado a vagar por los océanos del mundo. Wagner ofrece la esperanza de la redención por el amor. No parece que ésa sea la vía liberadora para nuestro errante. El Derecho y su lucha, lo condenan a deambular hasta que responda ante la justicia española por todos los delitos que ha cometido. En el libreto de Wagner se le describe como un hombre pálido, con cara enmarcada por una barba negra, perseguido por una maldición; en nuestro caso, también, por el Derecho.

Andrés Betancor es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra.

VOX pide que el Supremo anule las euroórdenes y así juzgar “sin limitaciones” a los golpistas
OKDIARIO 14 Julio 2018

La acusación popular ejercida por VOX en la causa abierta en el Tribunal Supremo por los hechos relacionados con el denominado ‘procés’ que culminó en el referéndum ilegal del 1-O, ha pedido este viernes al juez instructor, Pablo Llarena, que retire las ordenes de detención y entrega internacionales que afectan a los líderes golpistas fugados en el extranjero entre ellos Carles Puigdemont.

Con ello, el partido político busca que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y otros seis ex consellers de su Gobierno fugados sean juzgados por los delitos de rebelión, malversación y/o desobediencia por los que han sido procesados sean juzgados “sin limitaciones”, según ha informado en un comunicado.

Esta petición de VOX a Llarena llega un día después de que el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein haya rechazado entregar a Puigdemont solo por el delito de malversación de caudales públicos y no por el rebelión. De este modo, la acusación popular insta al magistrado del Supremo a que retire estas euroórdenes cuando los tribunales extranjeros dicten sus resoluciones y “acuerden la restricción de imputabilidad de los procesados”.

La justicia belga también rechazó el pasado mes de mayo extraditar a los ex consejeros fugados Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret por un defecto de forma en la orden de detención. Vox también se refiere a la ex consejera Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la ex portavoz de la CUP Anna Gabriel, ambas fugadas en Suiza, donde Gabriel ha conseguido incluso permiso de residencia para varios años.

Llarena rechaza la entrega
El juez Llarena rechazaba tras conocerse la decisión de la Justicia alemana de que Puigdemont sea juzgado sólo por malversación, lo que conlleva penas de cárcel de hasta 12 años en lugar de los 30 que puede suponer el delito de rebelión.

OBITUARIO
Muere Gerardo Fernández Albor, palanca de la Galicia autonómica
DAVID LEMA El Mundo 14 Julio 2018

Protagonista del nacimiento del autogobierno gallego, fue el primer presidente de la Comunidad Autónoma. Se presentó a las elecciones democráticas con Alianza Popular a petición de Manuel Fraga y acabó fundando el PP de Galicia, donde fue exponente del 'sentidiño', el 'seny' galaico

"Rindo sentido homenaje a cuantos gallegos contribuyeron a la defensa de la identidad de Galicia y a crear las condiciones jurídicas, políticas, económicas y sociales para que accedamos al autogobierno (...) Nuestra tierra fue siempre sobranceira [Que destaca por su calidad y superioridad] (...) Galicia constituye la comunidad autónoma de más claros contornos (...) Que la hoguera del espíritu siga calentando vuestras vidas y que la hoguera del fuego nunca deje de calentar vuestros hogares". Bien podrían estos electrizantes extractos, con coda de Castelao incluida, salir de la boca de un líder nacionalista en su época dorada. Nada más lejos: las verbas forman parte de la Historia de Galicia y pertenecen a Gerardo Fernández Albor, primer presidente de la Comunidad Autónoma y fundador del PP gallego. Ha fallecido a la sempiterna emblemática edad de los 100 años.

El intencionado discurso, repleto de orgullo y sentimiento galleguista, fue pronunciado el 7 de enero de 1982. Rezan las crónicas que acabó aplaudido por el entonces su partido, Alianza Popular, por varios miembros de UCD y por parlamentarios socialistas. No sorprendió la carga: su compromiso galleguista -que heredaría el PP- no era un secreto. Nace en los años 50, de su íntimo contacto con intelectuales de la talla de Ramón Piñeiro (que en dichos comicios iría con el PSOE). Ambos formarían parte del grupo de galleguistas históricos agrupados bajo Realidade Galega, cuyo objetivo pasaba por "despertar una conciencia viva de la ciudadanía gallega por encima de toda divergencia ideológica superando resentimientos derivados de nuestro minifundismo espiritual".

Stricto sensu, Albor (Santiago de Compostela, 1919) fue el tercer presidente de Galicia. Antes -entre el 77 y el 82- ostentarían el cargo Antonio Rosón y José Quiroga. Indiscutible es que su nombre fue el primero en salir de las urnas tras aprobarse el Estatuto de Autonomía. Por entonces, en 1981, el presidente de Alianza Popular en España, Manuel Fraga Iribarne, le encomendó la tarea de encabezar las listas de las primeras autonómicas. Albor se incorporó a sus filas como independiente y aceptó un reto que parecía destinado a la ruina. Dados los antecedentes electorales, se preveía que UCD vencería. Pero el candidato aliancista dio el puñetazo encima de la mesa y se adueñó de 26 de los 71 escaños. "No teníamos dinero ni posibilidades de ganar. Y ganamos. Y con sólo dos escaños más que la UCD, nos dejaron gobernar. ¡Imagine esto hoy!", contestaba recientemente en las páginas de La Voz de Galicia, "entonces había mucha gente que solo pensaba en la política, en construir una autonomía que no existía. No en ellos mismos". "Fue nuestra particular transición y no podíamos equivocarnos", explicaría a El Correo Gallego. A Albor se le atribuye, entre otras, la construcción del armazón administrativo, la promoción de la normalización lingüística, la consagración del propio Parlamento y la fundación de la televisión autonómica: "La TVG fue una idea mía. Y el edificio de la Xunta", repetía orgulloso.

El doctor Albor, como le agradaba que lo tratasen, se licenció en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela. Pese a que la política fue su profesión, también ejerció la carrera médica, pública y privada. Sus estudios se interrumpieron por la Guerra Civil: desde el bando nacional, pasó la mayor parte del periodo bélico en la Luftwaffe alemana, donde se graduaría como teniente de aviación. Antes, embarcaría en el buque Baleares, mas cuando el navío se hundió por los torpedos republicanos él estaba de permiso.

El Albor político sería reelegido en el cargo en 1985 por Coalición Popular. Eso sí: necesitaría cuatro votaciones para ser investido, en 1986, preludio de la tormenta que se desencadenaría tras una traición que él nunca definió como tal. A su vicepresidente, Xosé Luis Barreiro, procesado por prevaricación en el 89, se le atribuye la orquesta de una minuciosa estrategia para arramplarlo del poder que comenzaría con la dimisión colectiva de sus consejeros. Albor no quiso o no supo ver lo que le venía encima y sorteó las anticipadas formando un gabinete de salvación con Mariano Rajoy de mano derecha. [El discípulo acabaría entregándole al mentor la Medalla al Mérito del Trabajo en 2017]. Mas no sirvió para evitar que un año más tarde muriese su carrera en la Xunta tras una moción de censura que acabaría con Fernando González Laxe de presidente (y Barreiro de vice). Tras ello, fundó el PP de Galicia, aunque sus días políticos los agotaría con una década en el Parlamento Europeo.

Exponente del sentidiño, el seny galaico, guarda un capítulo oscuro popular: su reunión en 1984 en Portugal con los mayores narcotraficantes gallegos de la historia. A xuntanza, fruto según el político de la casualidad de pernoctar en el mismo lugar, llevaría a Albor a dar explicaciones en el Parlamento: "No me tengo que avergonzar de hablar con unos señores que podían ser o no delincuentes (...) Yo hablo con todo el mundo", recogería el diario de sesiones de la Cámara autonómica.

*Gerardo Fernández Albor, político y médico, nació en Santiago de Compostela el 7 de septiembre de 1917 y murió en el mismo lugar el 12 de julio de 2018.

La normalización lingüística o el absurdo destrozo de los derechos de los español hablantes
Nota del Editor 14 Julio 2018.

Todos los que viven del cuento de las lenguas regionales a costa de los español hablantes podrán dedicar alguna melodía al personaje responsable del atropello de la razón, de los derechos humanos y constitucionales de los españoles. Hace unos años visitó La Coruña Mayor Oreja y sentada a su lado estaba el responsable del atropello. Se lo hice saber y después se lo oyó decir a sus cofrades del PP  "que "carajal" habeís montado (con la imposición, con el atropello lingüístico).

La ministra de Educación miente
José García Domínguez  Libertad Digital 14 Julio 2018

No hay manera humana de saber algo en apariencia tan sencillo como cuál es el grado de conocimiento de la lengua española que poseen los escolares en Cataluña.

Asegura estos días a quien quiera oírla la muy bisoña ministra del ramo de la educación que los escolares catalanes acreditan un nivel medio de conocimiento de la lengua común española equiparable al del resto de sus iguales en el conjunto del país. Y, sin entrar en el fondo del asunto, honduras a las que se puede acceder tan solo escuchando un rato al portavoz oficial de Junts per Catalunya, un treintañero de Valls que no logra hablar en castellano durante las ruedas de prensa porque simplemente no sabe, la pregunta que procede formular a la ministra es la de cómo puede acreditar tal aserto. ¿Cómo puede disponer la señora ministra de información objetiva sobre el grado de conocimiento del idioma español de los escolares catalanes si esa información no existe? No, no existe. Así de simple. Y no existe porque en las pruebas PISA, el test estandarizado europeo que sirve para certificar el grado de pericia de los alumnos en las distintas materias que integran su currículo, la lengua española está expresamente excluida de las evaluaciones que se realizan en territorio catalán.

Una decisión de la Consejería de Educación de la Generalitat adoptada en su día, huelga decirlo, con la indisimulada intención de que nadie pudiera disponer de datos numéricos que facilitaran incómodas comparaciones. En consecuencia, la señora ministra sí puede disponer de datos sobre el nivel del español de los escolares andaluces, aragoneses, gallegos, canarios o madrileños. Pero no del de los catalanes. Porque cuando la señora ministra asegura lo que asegura, simplemente, se lo está inventando. O se lo está inventando o, en su defecto, anda dando pábulo a otro invento de la Generalitat pergeñado con idéntica mala fe intelectual. Me refiero a la única fuente empírica que podría servir de fundamento a su afirmación: las pruebas de Selectividad que se realizan cada año en las universidades catalanas. Unas pruebas en las que por norma ya rutinaria la exigencia en el caso del castellano está muy por debajo del rigor y el grado de dificultad que caracteriza a los exámenes de catalán. Añádase además la agravante de que esos exámenes son distintos en cada autonomía, por tanto no comparables, y al lector curioso no le quedará más remedio que volver al interrogante que ha dado pie a este artículo.

Porque no hay manera humana de saber algo en apariencia tan sencillo como cuál es el grado de conocimiento de la lengua española que poseen los escolares en Cataluña. Es completamente imposible. Nadie lo sabe. Y la ministra tampoco. Como también es completamente imposible averiguar cuál resulta ser el nivel de fracaso escolar de los alumnos procedentes de familias castellanohablantes sometidos a la inmersión obligatoria. Ese otro dato, tan inocuo en falsa apariencia, constituye todo un secreto de Estado en la Cataluña contemporánea. Por eso tampoco nadie lo sabe. Y nadie lo sabe porque la Generalitat se ha cuidado muy mucho a lo largo de los últimos cuarenta años de evitar que hubiese información estadística sobre ese particular. Aunque parezca increíble, la Generalitat, igual con Gobiernos convergentes que en tiempos de los dos tripartitos, ha impedido que la lengua materna de los escolares catalanes, tanto la de los que acuden a centros estatales como la de los que estudian en los privados concertados, figure registrada en sus bases estadísticas. En consecuencia, no se puede saber cuántos castellanohablantes hay en la red de instrucción pública. Resulta por lo demás evidente cuál es el afán que se esconde tras ese insólito desinterés de los nacionalistas por materia tan obsesiva para ellos como la de la lengua.

Ministra, mejor calle la próxima vez. Al menos, no hará el ridículo.

"El problema de España son sus complejos: se avergüenza de sí misma"
LOS INTELECTUALES Y ESPAÑA. SANDRINE MOREL
SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL El Mundo 14 Julio 2018

Igual que la oposición democrática recurrió a José Antonio Novais, corresponsal de Le Monde en Madrid durante la dictadura, para enterarse de lo que pasaba en España, quien desee conocer lo que ha ocurrido en Cataluña debe leer 'En el huracán catalán' (Planeta), de Sandrine Morel (Bourg-la-Reine, París, 1979). La

¿Cómo hubiera reaccionado el Elíseo ante una situación similar a la de Cataluña en octubre?
En Francia nunca ocurriría algo así. Para una francesa lo primero que sorprende al llegar a España es el poder de las autonomías. En Francia, la descentralización es muy limitada. Es un Estado centralista que destruyó los sentimientos regionalistas y aplastó las lenguas minoritarias. Y los procesos de autodeterminación que se han acordado en Francia, como los de Nueva Caledonia o Argelia, siempre fueron en departamentos fuera de la metrópoli y, además, votaron todos los franceses.

Península ha recopilado los artículos que Agustí Calvet, 'Gaziel', publicó en la prensa de Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera. El periodista catalán se quejaba de la falta de sensibilidad del Estado para atender la identidad propia de Cataluña. La democracia de 1978 sí recogió esa sensibilidad. El problema, en cambio, sigue ahí. Intacto. Quizá agravado.
Lo que ha pasado en Cataluña es una revolución sentimental. El problema, más que la cesión de competencias de los últimos 40 años, es la percepción, es decir, cómo usa el independentismo sus reivindicaciones para crear un sentimiento de opresión y un relato de agravio. Me sorprendió que en 1978, cuando se produce la descentralización, se eligiera el 11 de septiembre como fecha para la Diada. No tiene sentido. Si tú construyes una nueva relación del Estado con tu comunidad, la obligación es construir un relato para esa España plurinacional. Muchas veces se habla de la España plurinacional desde Madrid, pero esa España tiene que defenderse desde Cataluña. ¿Y cómo la vas a hacer si te remontas a símbolos de hace 300 años? Los políticos catalanes crearon un enemigo, que es España. Aún siguen incidiendo en el agravio de 1714, que se presenta como origen de todos los males.

El Estado tampoco hizo este trabajo de pedagogía política durante todo ese tiempo.
sí es. El problema es que el Estado no ha defendido España como un país que no se avergüenza de sí mismo. Alfonso Guerra me dijo que no entendía los complejos que aún arrastran muchos españoles con los símbolos nacionales. Muchos creyeron que bastaba con concebir España como una unión de ciudadanos alrededor de una Constitución y que, por tanto, no hacía falta una identificación nacional. Por complejos históricos o recientes, como la crisis institucional o la crítica a la Transición, España ha dejado que en una parte de la población catalana calara la idea de que solo se podía ser moderno, europeo y progresista siendo independentista. Paradójicamente, la crisis catalana ha hecho surgir un nuevo patriotismo. Sánchez ha entendido este sentimiento. Sus decisiones reflejan la voluntad de que España parezca moderna, feminista, solidaria y antifranquista. Busca elevar la autoestima.

¿Después de la entrevista entre Sánchez y Torra se ha abierto un periodo de distensión o el independentismo solo quiere ganar tiempo para rearmarse?
Las dos cosas. Fuera de la exaltación verbal, la realidad apunta a un periodo de distensión, quizás frágil o precario, seguramente interesado. Para los independentistas, es la única forma de conseguir algo concreto que justifique, frente a su ala más pragmática, el teatro que montaron el año pasado. Por su parte, Sánchez demuestra que puede hacer volver a Cataluña a una cierta normalidad institucional, aunque sea precaria. Esta distensión no significa que los independentistas renuncien a su objetivo. En general, hay una cierta unanimidad allí en que hace falta ampliar la base porque será mucho más difícil que Madrid se oponga a un referéndum de autodeterminación si el secesionismo representa más del 50% de los votos.

¿Cómo debe actuar el Gobierno mientras la Generalitat continúe en la gesticulación?
Dado que el problema es simbólico, me parece positivo el cambio de Gobierno. No solo porque el PP apenas dispone del 4% de los votos en Cataluña, sino por relevar a quien estaba al mando cuando se produjo el referéndum ilegal del 1 de octubre. Por otro lado, no creo que Sánchez tenga que conseguir necesariamente ningún resultado tangible en sus contactos con la Generalitat. Da igual. El problema no son los hechos, sino los sentimientos. Lo único que tiene que conseguir el Gobierno es evitar aparecer como el culpable de la frustración de los objetivos del independentismo. El Gobierno debe entrar en el cuerpo a cuerpo de la lucha dialéctica, que es lo que no hizo Rajoy.

¿La decisión de la Corte de Schleswig-Holstein sobre Puigdemont desacredita la causa de la Justicia española a los líderes del 'procés'?
Es un golpe duro: traduce una falta de confianza hacia la Justicia española. Pero no diría que la desacredita. De hecho, la Fiscalía alemana pedía la extradición. Que pueda haber discrepancia con el tipo delictivo de rebelión no es sorprendente. La hay también entre jueces españoles. Seguramente, el Código Penal no estaba preparado por lo que ocurrió allí.

Junqueras dijo por carta en la última conferencia de ERC que «el nacionalismo excluyente es la vía segura para volver al autonomismo». Parte del secesionismo se ha revuelto contra él. ¿La división en estas filas es estratégica?
Desde el Gobierno de Rajoy nos decían que no se iba a producir el referéndum porque Oriol Junqueras quería ser el próximo presidente de la Generalitat. Creían que no iba a firmar el decreto de convocatoria del 1-O. Y al final lo firmó, de la misma manera que accedió a integrarse en la lista de Junts pel Sí. Siempre se ha bajado los pantalones por la presión del independentismo. Chapeau al PDeCAT o a la antigua Convergència. Ante una situación de pérdida electoral han conseguido conservar el poder real a costa de ERC. La corrupción y los recortes han tumbado a Rajoy, pero no a la vieja CDC. El desprecio de los convergentes hacia ERC es descomunal, nunca había visto algo así. Por tanto, tengo poca confianza en el discurso de Junqueras. Al final siempre se acaba plegando.
Macron y otros políticos franceses, como Valls, se han posicionado en favor de la unidad de España.

Macron ha sido clave para el Gobierno, sobre todo, en un momento en el que había muchas dudas porque los independentistas manejan bien el vocabulario, pidiendo un referéndum o invocando la democracia. La crisis de Cataluña se inscribe en el contexto de la crisis de las democracias representativas en Europa. No sale de la nada ni tampoco se reduce al sentimiento nacional catalán.
Jordi Amat sostiene en 'La Vanguardia' que el mayor problema ahora para el independentismo es optar por la salida más "tentadora y peligrosa", que es la del nacionalpopulismo eurófobo. ¿Lo comparte?
Es una buena reflexión. El hecho de haber convertido a tu adversario político en tu enemigo, y además en enemigo de la democracia, hace que se haya desatado el odio hacia lo español. Si piensas que Europa es un espacio en el que se comparte la soberanía, no tiene sentido la lucha catalana por la independencia a no ser que, una vez consumada la secesión, no quieras compartir la soberanía con Europa. Y si eso es así, efectivamente, te pones al lado de la ola populista y xenófoba. El independentismo dice que quiere un Estado nuevo abierto y solidario, pero cuando profundizas te das cuenta de que existe un sentimiento de superioridad y un componente de rechazo al otro.

¿Cree que la sociedad catalana está fracturada?
Sí. Puede parecer una conclusión fuerte, pero lo que he visto es que la mitad de la sociedad catalana puede expresarse con total libertad y mostrarse orgullosa de lo que defiende, que es la secesión, mientras el grueso de la otra mitad prefiere evitar el tema porque le sitúa en una posición incómoda. Los símbolos colgados por todas partes, ya sea la estelada o el lazo amarillo, crean un ambiente opresivo. Se creó una fractura, se clasificó a la gente entre buenos y malos catalanes y luego se habló en nombre del pueblo catalán como si fuese homogéneo.

¿Qué pasó el 1 de octubre?
Tristemente, ocurrió algo esperado. Se veía venir. Enric Millo, entonces delegado del Gobierno en Cataluña, me dijo que unos días antes del referéndum, durante una reunión de la Junta de Seguridad, propuso que el independentismo articulara una votación en las plazas públicas, y así se evitaba la intervención de la Policía: "tú podrás decir que has votado y yo podré decir que no ha sido un referéndum", les dijo Millo a las autoridades catalanes.

Hubiese sido una salida muy propia de Mariano Rajoy: contemporizadora y gaseosa.
Sí, pero hubiera evitado las imágenes de violencia. Puigdemont rechazó la sugerencia.

¿Qué tipo de presiones recibió del soberanismo?
Hubo un interés constante sobre lo que publicábamos, hilos de contacto vía Whastapp que permitía a la Generalitat mandarnos todo tipo de propaganda. Si no gustaba un artículo, te lo decían. Y, sobre todo, había muchos trolls en las redes sociales. A mí me llegó a decir un responsable de prensa de la Generalitat que si compraba dos páginas de publicidad en Le Monde, mis jefes me dirían qué escribir. Cuando me enfadé, se disculpó diciendo: "las cosas funcionan así aquí". Se veía el poco respeto a los medios y la obsesión por controlarlos, aunque no les salga bien siempre. La presión que sufren los periodistas políticos es habitual, pero en este tema era más fuerte que nunca. Seguramente porque la lucha por la independencia se ha convertido no en un conflicto político sino en una especie de lucha del bien contra el mal.

¿Qué contactos mantuvo el Gobierno de Rajoy con los corresponsales extranjeros?
Entre 2012 y 2016 solo conseguí una reunión con la Presidencia del Gobierno, y no fue con Rajoy sino con Jorge Moragas, que entonces era su jefe de Gabinete. Solo logré entrevistar a Rajoy en calidad de periodista de un medio integrado en un grupo con otros diarios, como El País. Sáenz de Santamaría, tampoco accedió a ninguna entrevista, ni siquiera cuando impulsó la operación diálogo. En 2017 sí nos convocaron para algún off the record, pero lograron cabrearnos porque nos decían en privado lo mismo que en rueda de prensa. El Gobierno no tenía ninguna estrategia. Un día nos citaron con la ministra de Sanidad, según dijeron, porque era catalana...

Si le sirve de consuelo le diré que el jefe del centroderecha, durante sus siete años al frente del Gobierno, solo concedió una entrevista a EL MUNDO.
La personalidad de Rajoy no ayudó a defender la posición de España. Es un líder demasiado discreto. Por otro lado, la corrupción restó legitimidad a la respuesta del Gobierno del PP al desafío soberanista.

En su libro 'En el huracán catalán' (Planeta) cuenta que la indiferencia de Rajoy hacia el asunto catalán sacaba de sus casillas al independentismo.
Recuerdo que un jefe de prensa de la Generalitat me dijo que Rajoy era lo peor que les podía tocar. No por su fortaleza, sino porque no hacía nada.

¿Ha habido cambio con el nuevo Gobierno?
Sí. Pedro Sánchez ya me ha concedido una entrevista y Josep Borrell también concedió otra una semana después de tomar posesión. Ahora existe una voluntad de comunicar. Eso solo puede ser positivo.

¿Cómo califica el papel de TV3?
La televisión pública se convirtió en un instrumento más para la independencia. Cuando entrevisto al director de TV3, Vicent Sanchis, me recuerda que en un Estado hay tres pilares y Cataluña dispone de ellos: la televisión pública, la policía y la escuela. Existe una conciencia muy fuerte de que la tele no es una mera herramienta de información sino que es parte de la construcción de la identidad política catalana. Y, sinceramente, creo que esto no sería problema si no fuera contra España. Hay mucha gente que cree que parte de la solución es cerrar o intervenir TV3. No estoy de acuerdo y, además, creo que es imposible porque una vez que has dado algo es muy difícil recuperarlo. Puede provocar el efecto contrario. Puede elevar el porcentaje de independentistas al 70% y, si esto pasa, la independencia puede que no fuera evitable.

¿El discurso del Rey del 3-O fue beligerante?
Fue firme y decidido. No podía hacer otro. Todavía me sorprende la poca idea que tienen algunos en Cataluña de lo que es un Estado. El Rey actuó el 3-O como un Jefe del Estado defendiendo el Estado. Muchos independentistas me dicen: "no nos entienden". Yo les pregunto si han entendido lo que es un Estado.

Pau Luque, profesor de Filosofía del Derecho, llama "golpe postmoderno" a lo que pasó en otoño en 'La secesión en los dominios del lobo' (Catarata).
Lo de golpe postmoderno también lo defiende Daniel Gascón. No fue un golpe de Estado porque no estaba tan planificado como el del 23-F. Y no porque no se usaran armas de fuego, sino porque cuando el independentismo da todos los pasos que da, no renuncia al mismo tiempo a un referéndum pactado.

corresponsal de Le Monde en España desde 2010 ni juzga ni alecciona. Cuenta lo que vio. Y lo que vio fue un Gobierno "sin estrategia" ante una intentona secesionista fruto de "intensas" presiones.
 


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