AGLI Recortes de Prensa  Domingo 15 Julio 2018

La inmoral tendencia a aumentar la deuda pública
Carlos Sánchez El Confidencial 15 Julio 2018

Un viejo aserto económico sostiene que la deuda pública nunca se paga. Este razonamiento se basa en un argumento muy simple. Como cada año, salvo en recesión, crecen la economía y la inflación (el llamado PIB nominal), con solo mantener los niveles de endeudamiento en términos absolutos, se produce una reducción de la deuda, ya que esta se mide en términos relativos.

Esto sucedió, sin ir más lejos, en 2017. La ratio deuda/PIB bajó en 0,7 puntos porcentuales (hasta el 98,3% del PIB), pero gracias al efecto combinado del crecimiento y la inflación, que aportaron nada menos que 3,8 puntos de reducción del endeudamiento. Esto significa que de no haber crecido el PIB nominal la deuda hubiera superado ampliamente el 100% del PIB.

Existe otro argumento complementario, igualmente, muy visible. La deuda pública no se devuelve porque realmente nunca se reduce en términos absolutos, puesto que siempre es renovada una y otra vez por parte de los tesoros nacionales. Los datos del Banco de España lo corroboran. El endeudamiento público se situó en 2014 en 1,04 billones de euros, cifra equivalente al 100,4% del PIB. Pero en 2017, con una deuda que ha crecido desde entonces en términos absolutos hasta los 1,16 billones de euros (casi 120.000 millones de euros más que tres años antes) la ratio ha bajado hasta el 98,3% del PIB. Es decir, se ha reducido por arte de magia. Con más deuda, mejora el endeudamiento que se vende a la opinión pública.

Una especia de ilusión monetaria que permite a los gobiernos —este y aquel— presumir de que la deuda se reduce, cuando en realidad no para de crecer. Tan solo en los últimos doce meses la deuda ha aumentado en 34.341 millones de euros, y es probable que, tras la última reducción del déficit, en 2018 habrá que añadir otros 30.000 millones a la buchaca.

Esta ficción aritmética parece estar detrás de la insensibilidad de muchos gobiernos sobre los niveles de endeudamiento público, y que, en realidad, siempre es privado. Las administraciones, de hecho, no pagan impuestos, son los contribuyentes los que lo hacen y, por lo tanto, esa separación entre lo público y lo privado es una entelequia. Medir la deuda en términos relativos, en todo caso, no es irrelevante, ya que permite observar si es sostenible o no lo es. Pero desatender las cifras absolutas es, simplemente, irresponsable.

Insolidaridad intergeneracional
No todos los gobiernos han sido permisivos con los niveles de deuda. Alemania o Suecia son dos ejemplos de libro que reflejan que algunos países no son insensibles. Por el contrario, son conscientes de que elevados niveles de deuda hacen muy vulnerables a las economías. En ambos casos, y con diferente sesgo ideológico, se ha adoptado una misma estrategia de Estado: reducir la deuda pública como una prioridad estratégica. Entre otras cosas, porque hacer lo contrario es de una enorme insolidaridad intergeneracional.

La deuda, de hecho, no es más que un impuesto que se carga a las siguientes generaciones porque quien la ha generado para mantener su nivel de vida (la actual), o bien no ha querido subir los impuestos, o bien ha evitado recortar el gasto público. Claro está, salvo que ese endeudamiento tenga un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico, la inversión en infraestructuras y el capital humano que beneficie a las siguientes generaciones, lo que no siempre sucede por la mala calidad del gasto público.

Una parte significativa es ineficiente, pero ahí sigue —colgado del presupuesto— por inercia (ante la escasa evaluación de las políticas públicas) o por la capacidad de influencia de grupos de presión con acceso al poder político. Mientras que, en paralelo, todavía existen bolsas de pobreza desatendidas por el sector público, lo que explica que una buena parte de la población se encuentre en riesgo de exclusión social. Y lo que es todavía peor, el elevado endeudamiento impide acometer problemas estructurales como la inserción de los parados, la inversión en investigación y desarrollo (con una ejecución del presupuesto verdaderamente ridícula) o la apuesta por el nuevo entorno digital.

Una bomba de relojería
Se desconoce, por el momento, cuál es la estrategia del nuevo Gobierno sobre el endeudamiento público a largo plazo, más allá de la revisión que se ha hecho de la senda de reducción del déficit. Pero resulta al menos preocupante escuchar por parte de la ministra de Hacienda que el enésimo incumplimiento de lo pactado con Bruselas es "una magnífica noticia" (sic), como aseguró María Jesús Montero el pasado viernes. Máxime cuando España continúa siendo el país con más déficit público y el quinto de la zona euro en relación con su endeudamiento. Lo que unido a su imponente deuda externa (940.000 millones de euros, el 80,8% del PIB), es una auténtica bomba de relojería.

Conviene recordar una obviedad. La deuda pública no es más que la suma de los déficits acumulados por España durante años. Es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, y, por lo tanto, cualquier desviación adicional sobre lo previsto incide en el nivel de deuda. Es decir, la suavización de la senda de reducción del déficit no será gratis, aunque se celebre como un maná caído del cielo. Lo que se gaste de más ahora habrá que pagarlo en el futuro, pero con tipos de interés más elevados. Parece evidente que la política monetaria ultraexpansiva tiende a diluirse, y aunque la vuelta a la normalidad tardará todavía en llegar, hay consenso en que la carga financiera crecerá en los próximos años.

Es más. El hecho de que la deuda no vaya a bajar del 90% del PIB (en el mejor de los casos) hasta bien entrada la década de los años 20, lo que indica es que cualquier Gobierno —este o aquel— tendrá escaso margen de maniobra para realizar políticas anticíclicas, que es lo mínimo que se puede exigir a los poderes públicos cuando vienen mal dadas. Es decir, que cuando cambie el ciclo —y cambiará— la munición contra la crisis se habrá gastado. Algo que es más relevante, si cabe, si se tiene en cuenta que al haber cedido la política monetaria al BCE el único instrumento propio que tienen los gobiernos para hacer política económica es, precisamente, la fiscal, además de las reformas para ensanchar el potencial de crecimiento.

Habrá quien piense que España ha hecho bastante en el recorte del déficit. Y, de hecho, llegó a representar el 11% del PIB en 2009, pero hay que recordar que la reducción se ha apoyado, principalmente, en la recuperación cíclica de la economía. Bastante menos en una política fiscal rigurosa respaldada en una reducción del gasto público ineficiente y, sobre todo, en un aumento de la recaudación coherente con lo que sucede en Europa, donde se recaudan seis puntos de PIB más que en España con unos tipos impositivos similares. Algo que solo indica que las bases imponibles son erosionadas de forma sistemática por todo tipo de deducciones y desgravaciones que favorecen a colectivos con enorme capacidad de presión frente a los gobiernos. Conviene recordar que, en los últimos cuatro años, con un crecimiento medio del 3%, el nivel de deuda ha bajado apenas dos puntos de PIB, lo que da idea del tamaño del colesterol malo que se ha colado en las arterias del sistema económico.

Razones ideológicas
Se suele olvidar, por razones ideológicas, que el desequilibrio fiscal depende de dos variables: los gastos y los ingresos. Y, como ha recordado la Comisión Europea en sus últimas recomendaciones sobre España, el saldo estructural del déficit (el que no tiene en cuenta el ciclo) se deteriorará este año en un 0,3% del PIB, lo que no parece muy riguroso ni coherente en una economía que va a acumular un cuatrienio con un robusto crecimiento. Sobre todo, cuando el gasto en dos de las principales partidas del presupuesto: servicio de la deuda y desempleo se han desplomado, y que en realidad es lo que explica la reducción del déficit, además del hundimiento de la inversión pública.

Con la nueva revisión acordada con Bruselas, y en el mejor de los casos, España habrá tardado 15 años en volver a equilibrar sus cuentas públicas, lo que pone de relieve las dificultades de este país para enderezar su política fiscal. Probablemente, porque sus gobernantes siguen sin dar una respuesta a la gran pregunta en términos económicos: ¿Cuál es el nivel de Estado de bienestar que los españoles quieren tener sin generar cuantiosos déficits fiscales? O expresado con palabras del profesor Santiago Lago Peñas, "debemos resolver una incoherencia". Los españoles quieren tener acceso a prestaciones públicas de calidad: pensiones, educación, justicia, sanidad, dependencia…, pero poco se debate sobre cómo financiarlas, ya sea elevando los recursos o rebajando las expectativas. "Esa es la decisión política que debemos tomar entre todos", sostiene Lago Peñas.

Esa discusión, sin embargo, no se ha hecho. Y es probable que nunca vea la luz habida cuenta de la incapacidad de los partidos para pactar cuestiones estratégicas mientras se enredan en memeces políticas que no van a ningún lado. Pero hay algo evidente. Con una recaudación que ni siquiera en los años de fuerte expansión se ha situado de manera sostenible por encima del 40% del PIB, la financiación del actual Estado de bienestar es simplemente inviable.

Claro está, salvo que se quiera seguir acumulando cuantiosos déficits, que engordarán la deuda, y que no pagarán sus señorías, sino las próximas generaciones. Y mal haría este Gobierno en aumentar los impuestos para gastar más sin atender al problema de fondo, que es el endeudamiento público (que es privado). Algo que exige un gran pacto de Estado con ese objetivo y así evitar obscenas rebajas de impuestos por razones electorales mientras crece la deuda. Todos los aumentos de recaudación deben ir a reducir el endeudamiento y no a regar el clientelismo político.

Los inconbustibles del PP.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 15 Julio 2018

SORAYA SÁENZ DENUNCIA GUERRA SUCIA EN CAMPAÑA / LAS DEFENSAS DE LOS GOLPISTAS ENVALENTONADAS TRAS EL BLUFF DE LA JUSTICIA ALEMANA.

Resulta cuanto menos surrealista el que sea precisamente la muñidora exvicepresidenta Soraya Sáenz, máxima responsable del CNI y símbolo del poder en el Gobierno de Mariano Rajoy con sus enfrentamientos indisimulados contra sus rivales políticos, sobre todo mujeres como María Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre o su última pieza cobrada, Cristina Cifuentes, la que se rasgue las vestiduras y pida amparo al partido por lo que considera “guerra sucia” en la campaña decisiva donde en el próximo Congreso del partido los compromisarios elegirán al nuevo Presidente o Presidenta. Se trata este ataque de un ocurrente vídeo sobre tres de los valedores y componentes destacados del equipo de Soraya, como Javier Arenas, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos. El vídeo en cuestión hace una mofa y befa de lo más irónica sobre estos tres personajes criticando que representen esa “regeneración” que pretenden hacer en el PP.

Y es que no cabe ninguna duda de que analizados cada uno de ellos, la imagen que transmiten es la de un continuismo rancio y negativo. Empezando por el incombustible Arenas, el único candidato que ha ido perdiendo batalla electoral tras batalla hasta la derrota final, pero que pese a todo ha sabido mantenerse en lo más alto del poder en el partido y vivir como un rajá ocupando una de las suites del hotel de lujo Palace en Madrid cercano al Congreso de los Diputados y a la estación de Renfe de Atocha. Algo muy oportuno como usuario asiduo del AVE en primera clase y beneficiario de dietas como Diputado desplazado de su circunscripción en Sevilla . Un icono de lo que todo el mundo puede identificar como el típico “señorito andaluz”.

En cuanto Cristóbal Montoro, no creo necesario ahondar mucho sobre el papel determinante que ha venido representando como Ministro de Hacienda y sus polémicas e intranquilizantes declaraciones con amenazas de inspecciones a diferentes colectivos. Ni tampoco su desproporcionado reajuste de gastos sociales con el mayor incremento de impuestos de la democracia, mientras repartía de forma discrecional miles de millones de euros a los golpistas y nacionalistas admitiendo las cuentas del Gran Capitán a la hora de fijar el cupo Vasco. Un personaje que tuvo su lado oscuro con aquella historia del bufete en activo donde era socio. O el papelón en el caso de la no imputación por delito fiscal a la Infanta Cristina de Borbón en el caso Noós, en un informe vergonzoso donde se admitían facturas falsas como deducibles.

Y luego tenemos a la “jugona” Celia Villalobos y su paso por la Presidencia del Congreso de los Diputados, esposa del máximo gurú del partido, Arriola, que al igual que Arenas, está llevando al PP hacia la inanidad tras haber perdido toda su identidad como referente de la derecha liberal desde el Congreso de Valencia. Una mujer que ha dado titulares de enjundia para regocijo de la prensa parlamentaria. Un ejemplo de permanencia en cargos de responsabilidad y vivir del erario durante décadas. Una imagen que representa cualquier cosa menos el espíritu de regeneración del partido. En definitiva, tres personajes a los que el video que circula por las redes sociales en Internet hace en menos de dos minutos y medio una caricatura bestial relatando sus momentos estelares en política.

Puede ser todo menos guerra sucia ya que la crítica política diciendo verdades no deberían ofender. Así que cada uno que aguante su palo y su vela y se deje de pedir amparos a la “seño”. Hay que saber defenderse con argumentos. Y lo peor es que lo haga quien además no duda en hacer uso de su condición de mujer para reclamar el cargo y olvidarse de hacer valer sus propios méritos personales como aspirante. Ser mujer no debe ser un hándicap, pero tampoco es un plus y menos quien ha ostentado ya el segundo cargo más importante del Gobierno de España durante cerca de seis años y medio.

Y mientras en el PP andan a la gresca y el PSOE se derrite por agradar a los golpistas y nacionalistas que le apoyaron en su espeluznante ascenso al poder vía moción de censura, las defensas de esos golpistas, tanto presos como fugados de la Justicia de España, aprovechan el fallo del Tribunal Superior del Estado Federal de Schleswig-Holstein en Alemania, sobre el fugitivo Carles Puigdemont, para reivindicar la petición de libertad para todos por no reconocer la comisión de ningún delito, ni el de rebelión, ni el de malversación. Además, en su delirio solicitan al Gobierno del PSOE que exija a la Fiscalía que “investigue” a VOX con el objetivo de desactivarlo como acusación particular y dejar todo en manos del Gobierno para una futura amnistía o suelta de presos si el Tribunal Supremo se empeña en seguir adelante con el juicio.

Y es que tras la primera concesión de Pedro Sánchez de trasladar a todos los presos golpistas a cárceles ubicadas en Cataluña dependientes del Gobierno de la Generalidad, lo que esperan ahora es un reconocimiento de la ilegitimidad de las medidas de intervención, con el cese del Gobierno de la Generalidad, el exilio voluntario de algunos de sus miembros y la prisión de otros. Su objetivo es simple, no hubo delito y todas las actuaciones posteriores del Estado fueron ilegítimas. La solución ha de ser tratar la independencia como un asunto político y debe hacerse en un marco bilateral. Unas reuniones que Pedro Sánchez ya ha iniciado al recibir en la Moncloa al xenófobo y radical Presidente del Gobierno de la Generalidad, Joaquim Torra admitiendo como tema de reunión la realización de un referéndum pactado.

Pedro Sánchez ha iniciado un camino intransitable que además termina al borde de un precipicio. Y es nuestro deber evitar que lleve a España a precipitarse. Su ascenso a la Presidencia fue gracias al apoyo bastardo de los golpistas catalanes y nacionalistas mercenarios vascos en una moción de censura que por primera vez en nuestra democracia triunfó para dar un vuelco y constituir un Gobierno con tan solo 84 diputados no legitimado por los ciudadanos en las urnas. Un Gobierno al que yo considero “okupa” y que se aferra al poder de una forma sectaria y ruin robando a los españoles pronunciarse en unas elecciones generales, como sería lo ético y democrático. Pero en vez de eso, se aprovecha para impulsar la demolición de todo lo realizado por el Gobierno del PP en sus últimas legislaturas e imponer su programa ideológico y guerra civilista, además de aplicar una estrategia de distensión en la lucha contra el separatismo y los golpistas. Una actuación que yo califico directamente como traición a España y a los españoles.

¡¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!! ¡¡OKUPAS FUERA DE LA MONCLOA!!
¡Que pasen si pueden un buen día!

La euforia no debe llevar a Sánchez a hacer más cesiones
EDITORIAL El Mundo 15 Julio 2018

Desde el punto de vista táctico y electoral, la moción de censura ha sido una operación de éxito para el Partido Socialista. Aunque disponga de una base parlamentaria escuálida y aunque las presiones de los independentistas supongan una espada de Damocles permanente, Pedro Sánchez puede decir que ha resucitado al PSOE. Así se desprende de la encuesta que publica hoy EL MUNDO, en la que los socialistas se colocan como primera fuerza con un 26,3% -3,6 puntos más que en las elecciones generales de junio de 2016, seguido de Ciudadanos, con un 24,2%; el PP, que se queda en el 22,3%; y Podemos apenas sumaría el 16%, cinco puntos por debajo del porcentaje obtenido en los últimos comicios.

Sánchez se ve claramente beneficiado por dos factores. El primero es el impulso obtenido a raíz de su inesperada llegada a la Moncloa. El líder socialista se vio aupado a la Presidencia del Gobierno gracias al respaldo de una heterogénea mezcolanza de formaciones que tenían el denominador común de su deseo de echar al PP del poder. El segundo factor que impulsa a Sánchez es el desgaste del Partido Popular, enfangado en un proceso interno para elegir al sucesor de Rajoy. Sánchez está aprovechando este contexto para materializar una política de gestos orientada no solo a reactivar a su propio electorado sino a achicar el espacio por la izquierda sin renunciar al centro. El sondeo de Sigma Dos que publicamos hoy acredita que el PSOE no solo está ocupando el espacio electoral de lo que tiene a su izquierda, sino que, en menor medida, también está atrayendo a votantes de Ciudadanos. El incremento del gasto, la ley de memoria histórica o gestos como el del Aquarius revelan el propósito propagandístico de un Gobierno consciente de su debilidad política y parlamentaria.

El secretario general del PSOE ha lanzado una OPA a Podemos y, por el momento, la operación le está saliendo bien. No solo por la erosión que arrastra Pablo Iglesias, sino por el sofoco interno en el PP y por la mala gestión que ha hecho Ciudadanos tras la moción de censura. En todo caso, la euforia que rodea a Sánchez y al PSOE en su conjunto no debería ser un acicate para renunciar a la exigencia de forjar consensos en materias clave, como las pensiones o la educación, ni mucho menos para entregarse a una carrera de concesiones a quienes no han mostrado más propósito que el de romper España.

El presidente no puede ser rehén del independentismo, máxime cuando las autoridades catalanes siguen sin renunciar a la unilateralidad. "El Gobierno no va a renunciar a ningún recurso constitucional, incluido el 155, y va a ser siempre garante del cumplimiento de la legalidad". Las palabras de José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, en la entrevista que publicamos hoy marcan el camino del que Sánchez no debería apartarse. Ello exigiría renunciar al oportunismo y la gestualidad.

Un impuestazo que lastra el futuro
 La Razon  15 Julio 2018

La mayoría de los expertos coinciden al señalar que, llegados a un punto, el aumento de la presión fiscal provoca el efecto contrario al deseado, es decir, una disminución de los ingresos del Estado debido a la erosión del Producto Interno Bruto.

Las series históricas, que hoy publica LA RAZÓN, reflejan con exactitud ese axioma económico, como se demuestra al comparar los años de bonanza de la «burbuja inmobiliaria», cuando Hacienda, en 2007, llegó a ingresar de media hasta 11.207 euros de impuestos por cada ciudadano español, y los años de la crisis, cuando, pese a la mayor presión fiscal, en 2012 se rebajó la cifra a 8.579 euros de media por español.

El hecho, sin embargo, es que los ingresos públicos venían recuperándose –se alcanzaron los 9.598 euros de media en 2017– merced al mayor empuje de la economía productiva, a las buenas condiciones internacionales, con sucesivas marcas del sector exterior, y a la recuperación del consumo interno, factores que se tradujeron en la recuperación del mercado de trabajo. Todo ello, además, en un escenario de control del gasto, auspiciado por la Unión Europea, que debería habernos conducido a un superávit público para 2021.

Pues bien, y en la ya larga tradición de los gobiernos socialistas, el actual Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha anunciado su propósito de elevar el gasto público para los dos próximos años en una cuantía cercana a los 25.000 millones de euros, mediante el recurso habitual de incrementar la presión fiscal, por un lado, y recurrir al endeudamiento, por otro. Son las mismas fórmulas de siempre, pero aplicadas en un contexto muy delicado de la economía mundial, con lo que incrementa el riesgo de provocar una crisis de graves consecuencias. En efecto, y sin querer llevar a cabo un juicio de intenciones, la mayor disponibilidad inmediata de fondos públicos favorece la labor del Gobierno y, en teoría, favorece las magras expectativas electorales del partido que lo sustenta.

El problema, sin embargo, es que puede frenar la actividad productiva, retraer el consumo interno, reducir nuestros niveles de competitividad y acabar con las expectativas de mejora del mercado laboral. Podría aducirse que el actual modelo económico español no es el mismo que el de antes de la crisis, ése que se convertía en una máquina de destrucción de empleo en cuanto cambiaban las circunstancias, pero habría que advertir de que el modelo impositivo que plantea el Gobierno de Sánchez incide fundamentalmente en unas clases medias que apenas se están recuperando de las pérdidas sufridas, en un sistema bancario que aún está digiriendo el estallido de la burbuja inmobiliaria y en un sector empresarial que ya soporta una carga fiscal de las mayores de la UE.

Porque, no nos engañemos, no va a ser Google quien pague los impuestos que deben cubrir los nuevos gastos ministeriales ni van a ser las «grandes fortunas» o los bancos quienes solucionen la recaudación. Al contrario, el peso recaerá, como siempre, sobre los trabajadores medios –que ya pagan el 45 por ciento de sus ingresos a las arcas públicas– y sobre unas empresas que sólo pueden repercutir en los precios y en los salarios el incremento de la fiscalidad. Por no hablar de la batería de nuevos impuestos verdes o tecnológicos, que trasladarán su impacto al coste de la vida, con el problema añadido de que se pretende mantener la indexación de salarios y pensiones de acuerdo al IPC. Nos faltan en el cuadro, sombrío ciertamente, aquellos elementos imprevisibles que pueden alterar gravemente cualquier predicción. No nos referimos al incremento de las tasas de interés, ya anunciadas por el BCE, que encarecerá el crédito, sino a la guerra arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que, junto al desarrollo final del Brexit, es una auténtica bomba de tiempo económica.

Díaz y el despilfarro electoralista
EDITORIAL El Mundo 15 Julio 2018

Aunque las elecciones autonómicas andaluzas están fijadas para marzo, todo apunta a un adelanto este otoño. Susana Díaz quiere aprovechar el efecto rebote en intención de voto para los socialistas que genera la llegada de Sánchez a La Moncloa. Y, además, distanciar los comicios de la sentencia del caso de los ERE que ya se está juzgando -con Chaves y Griñán, entre otros, en el banquillo- y de varios procesos que se avecinan por tramas de corrupción.

Así, en clave electoral, la presidenta se ha puesto ya el casco populista y ha empezado a repartir regalos como la ampliación a cinco meses de baja maternal y paternal para todos los funcionarios de la Junta, a la vez que les ha concedido la implantación de forma efectiva de las 35 horas de trabajo semanales. El problema es que las medidas suponen un coste para las arcas públicas andaluzas, pero la presidenta las aprueba, frívolamente, sin cuantificarlo ni explicar cómo se va a pagar. Es fácil disparar con pólvora del rey para sumar votos.

Andalucía, una de las regiones con más paro de toda la UE, y la tercera con mayor volumen de deuda de España, no puede permitirse despilfarros de sus políticos. Díaz saca pecho porque lleva tres ejercicios cumpliendo los objetivos de déficit. Pero no dice que eso ha sido a cambio de ejecutar recortes -culpando siempre al Estado, claro- en servicios básicos como la sanidad, sin tocar nada de la ingente red clientelar en torno al Gobierno regional. Así, lo de la paternidad suena a escarnio.

La videoteca de Soraya
Federico Jiménez Losantos  Libertad Digital 15 Julio 2018

Más importante aún sería hacer un par de vídeos sobre lo que ha hecho Soraya en el Gobierno y contra el partido en esta década de privanza a la sombra de Mariano Rajoy.

Sólo a una déspota muy nerviosa, incompatible con la democracia y alérgica a la libertad, podía ocurrírsele pedir airadamente, en plan acusica, que De Grandes investigue un vídeo que critica los añosos y ruinosos apoyos a su candidatura para presidir un partido político, si cabe llamar así al PP. Hay que ver ese vídeo para entender no sólo lo que le ha pasado a la que fue primera fuerza política española sino lo que le pasará si elige a esta inquisidorcilla, marisabidilla y tontuela para dirigir sus pasos…. a la fosa.

Ni debates ni videos, ni oposición
En la recta final de las primarias secundarias del PP, la candidata oficial del defenestrado Gobierno de Rajoy intentó comprar al candidato rival ofreciéndole la Secretaría general del partido; después se ha negado, escudándose en la organización del partido, corrompida a su servicio, a debatir con él, y ahora denuncia que un grupo opositor haya subido a la red un vídeo en el que de forma amable, suave, blanquísima, satiriza sin saña a esos jóvenes valores que sustentan la dizque renovación que ella acaudilla. O sea, que ha querido corromper a la oposición, rehúye el debate y ahora quiere castigar la propaganda. Pero, ¿qué clase de tiranuela consentida, qué dictadorceja mimada, que matoncilla tronada es esta candidata que quiere acabar con cualquier otra candidatura, esta vocecilla que sólo pide chitón?

El vídeo refleja muy bien lo que significan sus tres apoyos básicos: Arenas en el aparato del partido y la trata de compromisarios, Montoro en las cuentas pasadas y futuras del terror fiscal, que es su política económica, y Celia Villalobos, la ideología de saldo progre que se pretende centrista. Sobre los tres falta otro vídeo, al que animo a los creadores del primero: la ruinosa elección, contra el propio partido, de Moreno Bonilla por Soraya y Arenas y las ruinosas expectativas de voto en las encuestas de Andalucía; los negocios de Arriola a la sombra del PP y Telefónica, en lo que coincide con Soraya y su marido; y la vil corrupción de Montoro y Asociados, luego Equipo Económico, amén de las campañas de terror fiscal del 'Murciégalo'.

Soraya, Presidenta de la Generalidad
Pero más importante aún sería hacer un par de vídeos sobre lo que ha hecho Soraya en el Gobierno y contra el partido en esta década de privanza a la sombra de Mariano Rajoy. Lo primero es de risa; lo segundo, de pavor.

En el Gobierno, el vídeo debería centrarse en su actuación como gran responsable política de la gestión del conflicto con el separatismo catalán, al que cogió antes del referéndum de Artur Mas, y tanto y tan duramente lo combatió que lo convenció de su impunidad si proclamaba la República. Habría que recuperar sus declaraciones asegurando que el diálogo y sólo el diálogo con los separatistas era el camino para reconducirlos a la legalidad. Habría que esmaltarlas con sus infinitas reuniones con los medios golpistas, desde La Vanguardia y otros medios de Godó a El Periódico y los digitales ferozmente antiespañoles y golpistas, que subvencionó sin tasa ni control, antes, durante y después del Golpe. Debería incluirse su política de ataque o desprecio a Ciudadanos y a las asociaciones cívicas antinacionalistas. Y sus apariciones estelares tras los dos referendos: en el primero diciendo que no se había celebrado; en el segundo, que se había respetado la legalidad.

El segundo vídeo sobre el mismo asunto debería centrarse en el antes y el después de su actuación como presidenta de la Generalidad. Cómo se negó a que barcos de la Armada llevaran a los policías y los embarcó en el Piolín, cómo se negó a controlar a los Mozos de Escuadra, cómo, en la noche del 1 de octubre, ordenó que Interior no diera las imágenes de los policías descalabrados por los golpistas; cómo, a los cuatro días del 1 de octubre, dio diez millones de euros a los medios de papel e internet más rabiosamente antiespañoles; cómo Millo, su hombre de confianza, insultó a la Policía por el 1-O; y una y otra vez, en bucle, para unir los fragmentos, a ella licuándose bajo las manazas de Junqueras. Como remate, presumiendo de haber "descabezado" el Golpe pero aceptando a Torra como su sucesor.

El vídeo sobre los medios ashishinos
Vídeo aparte merecería su actuación en los medios, clave para ver lo que ha sido su política de destrucción de todos los personajes, facciones o símbolos ideológicos que le molestaban dentro del Partido Popular. Desde la presentación de elpais.cat, con Sánchez y Cebrián, a la creación por ella misma de Atresmedia/La Sexta, prohibida en el informe de competencia. Y sobre todo su política de filtración y delación sistemática de datos para la liquidación de personas importantes en la época del PP de Aznar, cuando ella no era nada, o sea, como ahora, pero sin poder. Ahí había que sacar la filtración de Montoro sobre Aguirre a cuatro días de las municipales de Madrid, que dieron la mayoría a Carmena, o lo de Soria y su condena por el propio Montoro, o lo de los Aznar, o las detenciones de Rato y González, siempre a través de La Sexta, su escudo personal y letal verdugo del PP.

Sería importante un tercer vídeo, para explicar el futuro que le espera al PP y a cuantos dentro del PP quieran hacer algo que no sea cosechar derrotas a la andaluza pero obedeciendo a Soraya. Habría que montar tres pasajes sobre su manejo del CNI: desde las fotos de Feijóo con Dorado al vídeo de Cristina Cifuentes, que nadie ha investigado, no fueran a toparse con la 'Ashishina 1', pasando por la destrucción del llamado G-8, los ocho ministros que se oponían a su ascenso y fueron, uno tras otro, eliminados. Y comparar su éxito en la puñalada por la espalda con el fracaso en la prevención del referéndum del 1 de octubre, las "urnas chinas" de las que se burlaba Montoro y la fuga permitida de Puigdemont y demás golpistas.

Soraya, o el PP que quiere Sánchez
Pero lo esencial del vídeo contra Soraya sería explicar en pocas pero aquilatadas imágenes por qué un PP dirigido por ella sería cómplice del proceso de liquidación del régimen constitucional del 78 acometido por Sánchez y sus socios de Gobierno.

Soraya es clave en el Gobierno que suelta a Bolinaga sin motivo y a los presos de ETA sin necesidad (añadir aquí declaraciones de Alfonso Alonso contra Casado tras recibir el apoyo de María San Gil, mientras Soraya posa, oronda, con Mari Mar Blanco).

Momento en que Soraya pide a Puigdemont que diga que no ha declarado la República, porque "nunca será más fácil evitar la aplicación de la Ley", luego Méndez de Vigo invitándolo a ir a las elecciones (con imágenes del susodicho cantando y bailoteando Azurro con Soraya en Melilla) y, al final, recordándola cuando dijo que se iba a hacer "imprescindible" en Cataluña.

Por supuesto, no pueden faltar las imágenes de elogio al PNV antes de la moción, comparándolo con Ciudadanos. Tampoco al PSOE, antes de defenestrar al Gobierno del PP sin que ella y su CNI se enterasen de nada, también insultando a Rivera. Y seguro que habrá alguna injuria contra Vox. Pero el mejor remate sería su actuación contra la independencia judicial. De las promesas de Rajoy y Gallardón contra el "obsceno espectáculo de unos políticos nombrando a los jueces que pueden juzgar a esos políticos" al pacto con el PSOE e IU para repartirse en su totalidad el CGPJ -al que sólo se niegan UPyD y luego Cs-, pasando por las actuaciones del fiscal general del Estado en favor de los Pujol y el golpista Forn, o los insultos de Catalá al juez que emitió el voto particular en el caso de La Manada.

Y el remate institucional
En fin, el vídeo o los vídeos que en un partido democrático y en una democracia serían normales, terminarían con la frase de Rajoy que, ya que va a ser el Gran Elector de Soraya, merecen ambos: "A la Infanta le irá bien…" (foto de Soraya mostrando el dedito del pie)… "A la infanta le irá bien"… (Soraya bailoteando en El Hormiguero)… "A la infanta le irá bien"… (Soraya ardorosa en la caseta sevillana)… y lo que encontraran de hemeroteca en videoteca y meme a meme. ¿Música? Cifesa… y el No-Do.

La Justicia confirma otro gran foco de corrupción sindical: 25 imputados en la Extremadura del PSOE
Carlos Cuesta okdiario 15 Julio 2018

La Justicia confirma el segundo gran foco de corrupción sindical: 25 imputados en la Extremadura del PSOE. Se trata del escándalo que denunció el Gobierno del popular José Antonio Monago en 2015. Un caso que denuncia el robo masivo de subvenciones con los cursos de formación -exactamente igual a lo ocurrido en Andalucía bajo mandato también del PSOE.

Dos juzgados extremeños han confirmado ya que tramitan una investigación contra ocho entidades y 25 personas vinculadas a la patronal extremeña y los sindicatos UGT y CCOO.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz es el que lleva el procedimiento contra la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Confederación de organizaciones empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba). También analiza las actuaciones de Emilio Doncel Rodríguez, actual presidente de Coeba; Nuria Lavado, del área de formación; Fernando Herrera, expresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz y exdirigente de Coeba; y Juan Manuel Arribas, exsecretario general de la Creex.

En este mismo procedimiento figura como investigado Antonio Masa Godoy, expresidente de Creex y Coeba, aunque el juzgado ha aceptado el sobreseimiento provisional sobre su labor a causa de su estado de salud. En el mismo juzgado se han lanzado las diligencias contra UGT Extremadura y la delegación territorial del Instituto de formación y estudios sociales (Ifes), la fundación de UGT centrada precisamente en los cursos de formación.

Este procedimiento se centra, entre otros, en Francisco Capilla, secretario general del sindicato en la región en el momento de los supuestos delitos; Lorenza Mansilla, exsecretaria de Formación y Cultura de UGT Extremadura; Jacinto Cerezo, exsecretario de Administración; Rosa María García Vidal, técnica de formación; y Teodoro Casares, como delegado territorial de Ifes-Extremadura.

El tercer procedimiento es el que se centra en CCOO, se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida.

El Gobierno del Partido Popular, con José Antonio Monago a la cabeza, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción diversas irregularidades registradas desde 2012 en la facturación de cursos de formación gestionados por sindicatos y patronal (Creex, CCOO, UGT y Cepes), advirtiendo de que podría haber delito contra la Hacienda Pública por falsear las condiciones para cobrar subvenciones públicas.

El 26 de marzo de 2015, la entonces consejera de Empleo del Gobierno extremeño, M.ª Ángeles Muñoz y el director del Servicio Extremeño de Empleo, Miguel Lozano, informaron, de este modo, de un supuesto fraude a gran escala con los cursos de formación de ocupados en Extremadura, con un alcance, sólo en la convocatoria de 2011, de más de 3 millones de euros.

El Gobierno ‘popular’ aseguró que había indicios suficientes que podrían determinar que en Extremadura se creó y alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación a ocupados, afectando a la patronal extremeña, los sindicatos UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y CEPES como entidades beneficiadas y sus administradores, es decir, los secretarios generales de estas organizaciones, así como todos aquellos que la Justicia considere oportunos en el ámbito político o empresarial.

De lo que se hablaba era de un posible delito contra la Hacienda Pública por fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas.

La historia de esta corrupción es incluso más antigua. Desde 2007 existe una Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una fundación nacional conformada por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Mediante convenios con las comunidades autónomas, esa Fundación es la encargada de ofrecer el apoyo técnico en las solicitudes e impartición de los cursos de ocupados, y también es la responsable de valorar y analizar la justificación de estos cursos y hacer las propuestas de liquidación del pago de las subvenciones.

El sistema de la Fundación Tripartita es el que se empleó para la convocatoria de 2011 y fue allí precisamente donde se detectó una evidente falta de control riguroso para verificar si las facturas pagadas correspondían a gastos reales y se ajustaban a valor de mercado. Ahí es donde se detectaron las irregularidades y un presunto fraude a gran escala.

Los golpistas atrasan el juicio del 1-O con diez recursos diarios para negociar en plenas municipales
Carlos Cuesta okdiario 15 Julio 2018

Los golpistas atrasan el juicio del 1-O con diez recursos por día para negociar en plenas elecciones municipales con Pedro Sánchez. La estrategia es más política que judicial. Y está muy clara: conseguir atrasar el juicio oral por el golpe separatista hasta hacerlo coincidir en pleno proceso electoral: el que se celebrará en primavera de 2019 y del que saldrá el signo político de todos los grandes ayuntamientos españoles y de buena parte de las CCAA. Se tratará, además, del primer reto electoral de Pedro Sánchez, que, aunque ha llegado al poder, no lo ha hecho avalado por las urnas, algo que le resta fuerza externa e interna.

Y ese es el momento que buscan los golpistas para forzar una negociación dura: una en la que pedirán avances claros en dirección a una consulta separatista consentida si Sánchez no quiere ver su primer reto electoral como presidente salpicado por la agitación separatista, el descontrol y la negativa a cualquier tipo de alianza municipal en Cataluña.

La acusación popular de Vox ha denunciado ya esta práctica descarada de pretender dilatar el proceso con todo tipo de recursos sin sentido por parte de las defensas de los golpistas. Recursos pensados exclusivamente para alargar los plazos y conseguir poner piedras en el camino del futuro juicio, de forma que los plazos de la sentencia lleguen a la cercanía de las elecciones municipales.

La práctica del retraso intencionado ha llegado al absurdo de estar registrando hasta diez recursos por día por parte de las defensas de los acusados del 1-O.

Y esa práctica, además, se está combinando con mensajes descarados de presión para intentar sacar a Vox de la acusación popular en el juicio. Y es que el objetivo de los separatistas no es otro que dejar al Gobierno y la Fiscalía solos en el tramo final para lograr que la presión social en las calles catalanas -y a través de Podemos en el Congreso y ayuntamientos- engrase la receptividad de Pedro Sánchez y éste, a su vez, incremente la presión sobre la Fiscalía de cara a dulcificar la petición final de penas.

Por eso en los últimos días los equipos jurídicos de Carles Puigdemont han presionado contra Vox: para favorecer un clima de presión sobre la Fiscalía -que mantiene la acusación pública- justo en un momento en el que Pedro Sánchez volverá a necesitar de pactos con los golpistas.

Pérez-Reverte propuso que la RAE hiciera un informe anual del estado de la lengua
Aún no ha sido aprobada la idea, que permitiría a la Real Academia Española ejercer su autoridad en los asuntos y debates lingüísticos
ABC.ES 15 Julio 2018

Entre las propuestas de resistencia a toda injerencia política y que podrían ayudar a la imagen de la Academia Española está la de Arturo Pérez-Reverte. El académico ha elevado repetidamente a la consideración de la dirección de la RAE su petición de que la Docta casa celebre anualmente una sesión pública que dé lugar a un análisis de los asuntos públicos de la lengua española.

«Sería así como un informe anual del estado de la lengua y podría ser un repaso, como el que se hace en los debates del estado de la Nación pero centrado en lo lingüístico», dijo el académico. En ese informe, la RAE podría marcar su criterio y ejercer su autoridad ante los desmanes, injerencias y fallos de las administraciones, así como recomendar usos a los hablantes.

En los últimos años, la Academia se ha visto interpelada para intervenir en debates que tienen más que ver con lo social que con lo lingüístico, pero que han terminado por erosionar su imagen. Abstenerse de intervenir ya no es una opción, según valoran los profesionales de la comunicación, porque las polémicas persiguen a los académicos, acosados desde las redes por no ceder ante peticiones que vienen desde colegiales de la ESO, grupos étnicos, asociaciones que buscan una mayor presencia y activistas que encuentran en la RAE y en su silencio un trampolín para su relevancia y la de sus causas.

Por eso, una sesión pública, según la idea de Pérez-Reverte, sería una oportunidad de acercar la RAE a los ciudadanos en un marco institucional. Serviría también para marcar criterios de una manera clara, así como para ejercer la autoridad lingüística que tiene encomendada en conjunto con la Asociación de Academias de la Lengua. Es de suponer que en un informe como ese quedarían reflejadas muchas de esas polémicas, pero gestionadas de la manera más racional y proactiva.

Breve lección de democracia a un gobierno de maleantes. Carta abierta (I)
Pío Moa GCT 13 Julio 2018

La guerra civil y los problemas de la democracia en España (Nuevo Ensayo)
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Empecemos por la ideologia LGTBI que ustedes profesan como seña de identidad básica. Uds. afirman que hombres y mujeres son iguales o deben serlo (no está claro: ¿son o deben ser?) y que cualquier forma de sexualidad es equiparable a la que siempre se ha considerado normal entre hombre y mujer porque, en definitiva, el acto sexual no tiene otro objeto que la obtención de placer y este puede conseguirse de muchas formas. En particular exaltan uds la homosexualidad como un motivo de orgullo, atribuyéndole las cualidades de libertad, igualdad y amor. Las formas tradicionales de amor sexual serían simplemente unas más, en realidad inferiores al estar contaminadas de lo que uds. llaman “machismo”. Creen también que el aborto no es la liquidación de vidas humanas, sino una manifestación de libertad y derechos de la mujer, derechos que deben ejercerse lo más ampliamente posible, para ser eficaces.

En cambio yo, y muchos otros, creemos –en realidad constatamos porque es la misma evidencia– que hombres y mujeres son notabemente diferentes y complementarios tanto física como psíquicamente; y que ello determina la sexualidad normal. Digo normal no solo porque es la forma más frecuente con mucho, sino porque es la que asegura la reproducción humana, la permanencia de la especie, mientras que la homosexualidad y otras formas son estériles. La reproducción exige además la familia y el compromiso de ambos cónyuges más allá de las conveniencias o placeres pasajeros. Por eso una sociedad donde esta evidencia se niega o denigra es una sociedad que corre a la desintegración. Constatamos, además, que lo que concibe la mujer en su seno es una vida humana, no una especie de tumor; y que el derecho más elemental del niño y su mejor modo de desarrollarse, en principio, es una familia con un padre y una madre reales, y no la parodia de dos “papás” o dos “mamás”. Creemos que la sociedad debe seguir el camino de apoyar la sexualidad y la familia normales, sin equiparar otras formas de relación sexual, aunque sin perseguirlas salvo en sus formas delictivas.

Hasta aquí podríamos decir que se trata de una cuestión de opinión. Todo normal: ustedes tienen sus ideas y nosotros las nuestras, la Constitución y en general la democracia amparan por igual la expresión de unas y otras. Parece que no debería haber ningún problema, pero los hay, y muchos.

Ante todo, aunque las libertades democráticas amparan su libertad de opinión y la nuestra, ello no quiere decir que todas las opiniones valgan lo mismo, pues en definitiva se trata de ver cuál se acerca más a la verdad, única forma de progresar. Y hay al menos dos formas de decidirlo. Una es observar los efectos reales de las ideas, por encima de su retórica justificativa. Estos efectos son mucho menos opinables. Así, su feminismo, su abortismo y su homosexismo tienen consecuencias sociales claras: la eliminación masiva de seres humanos (unos cien mil abortos al año, mientras, curiosamente, se ha dado vía libre a una inmigración en gran parte ilegal, cosas ambas llamativas); el también cada vez más masivo fracaso familiar, cuyas víctimas principales son los niños y adolescentes, criados con graves desequilibrios y deficiencias afectivas. Lo cual se refleja en fenómenos juveniles como el aumento de suicidios, la proliferación de las drogas y el alcoholismo, el sexo en grupo, consumo de ansiolíticos, etc, en todo lo cual España está entre los países más “avanzados” de Europa, gracias a ustedes y a partidos como el suyo. Se refleja en la pérdida de respeto del hombre a la mujer y el rechazo del primero a comprometerse, bien visible en la violencia doméstica (de hombres a mujeres y viceversa, aunque menos a en viceversa, y también de padres y madres a hijos y viceversa, una tendencia en fuerte aumento, pero ignorada en los medios manipulados por ustedes); en las denuncias “de género” falsas, de las que se trata de impedir la defensa al acusado, etc. En cuanto al homosexismo, cualquier persona en sus cabales solo tiene que observar los espectáculos grotescos y obscenos del “orgullo gay” para hacerse un concepto del asunto. Ustedes denuncian a menudo los males que ustedes mismos provocan. Y basta ver las consecuencias sociales de sus ideas para entender lo que siempre se ha dicho: al árbol se le conoce por sus frutos. Ustedes son responsables de las consecuencias de sus teorías, y no podrán eludir esa responsabilidad por mucho que manipulen el lenguaje.

Además de los efectos sociales, otro modo de acercarse al valor y verdad de las ideas es el debate. Pero ustedes lo vician de antemano diciéndose representantes de la mujer, de los homosexuales etc. Claro está que el feminismo representa a la mujer o el homosexismoa a los homosexuales, lo mismo de que el comunismo a los obreros, los separatistas a los catalanes, etc; es decir, nada. Ustedes usurpan una representación irreal. Ustedes se representan a sí mismos e, insisto, son responsables de sus consecuencias, que tratan de eludir con verborrea fraudulenta.

Y no solo vician de antemano el debate, de hecho lo sustituyen por una imposición brutal en los medios y por la amenaza de aplicar la violencia del poder contra quienes no comulgamos con sus teorías ni aceptamos sus usurpaciones. Ustedes empiezan por no respetar el derecho de quienes pensamos de otro modo, y tratan de acallarnos mediante campañas denigratorias de insultos y amenazas, y promueven manifestaciones de jaurías histéricas, que intentan doblegar la ley al griterío callejero. Hasta se atribuyen la idea del amor, en mil consignas., una nueva usurpación. Ustedes han impuesto sus banderas en el espacio público y en las instituciones, de manera abusiva, han llenado los medios de masas con sus lemas y versiones, promueven una retórica cargada de odio hacia la familia normal, a la que tildan de “patriarcal” y “machista”, típicas palabras-policía totalitarias. Odian a la familia de origen cristiano, porque ustedes odian también al cristianismo, raíz de nuestra civilización. Y todo eso, como el “orgullo gay”, lo hacen con dinero que no es suyo, obligándonos a pagarlo a quienes no estamos de acuerdo, es decir, robando, literalmente, un dinero que no es suyo para aplicarlo ilegalmente a un adoctrinamiento indecente, una corrupción más entre aquellas en que tanto han destacado ustedes a lo largo del tiempo: los “Cien años de honradez”.

Ninguna de sus actuaciones políticas responde a los principios de la libertad de opinión y expresión de la democracia, y por el contrario, los vulneran de un modo típico de los partidos y gobiernos totalitarios. Y en ese camino están llegando demasiado lejos. Ustedes pervierten el lenguaje sistemáticamente, cambiando sus significados. Lo que llaman amor es odio; lo que llaman libertad es imposición desde el poder; lo que llaman pluralismo es ataque al disidente. Y han ido más allá: han elaborado leyes “de género” o “de odio”, para castigar la discrepancia. Con ello, ustedes pretenden algo sin precedentes siquiera en los anteriores totalitarismos: regular los sentimientos. Asombra oír en labios de una ministra semianalfabeta y ayudante de un juez delincuente, la pretensión de cambiar la mente de las personas; o a otra determinar la relación sexual más íntima, o perseguir el amor romántico como machista. Personajes despreciables política y personalmente exhiben una escalada de disparates que darían risa si no fueran peligrosos al imponerse desde la violencia del estado, que por eso mismo deja de ser legítima. Un poder, además, no salido de las urnas. Esto no ha ocurrido siquiera en los regímenes soviéticos. Hay que decir que en esta siniestra empresa no están ustedes solos. Los demás partidos, del PP a Podemos y la ETA, creo que con la excepción de VOX, van por la misma senda de destruir la familia y con ella las libertades más elementales. Ustedes no son demócratas, sino la amenaza más grave que ha tenido hasta ahora la democracia. Uds son auténticos maleantes. Y, por supuesto, es preciso pararles los pies si no queremos vernos sujetos a una tiranía que, como decía Tocqueville, amenaza privar al ser humano de sus atributos más propios.

Podría extenderme interminablemente sobre sus fechorías contra la libertad de todos, pero voy a centrarme después en otra cuestión clave, no menos decisiva y definitoria, la que llaman ustedes “memoria histórica”.

Invito a mis lectores y oyentes a difundir esta carta del modo más insistente y masivo.
********** Evolución de al Ándalus desde Abderramán I a Almanzor: https://www.youtube.com/watch?v=l-X0DtS-g00 La Reconquista y España

******************* Sección "bilingüe" ***********************

¡Ay de los príncipes de la paz!
FRANCISCO ROSELL El Mundo 15 Julio 2018

Con el discurrir del tiempo, como los buenos caldos, la figura carismática de Josep Tarradellas, primer presidente de Cataluña tras la restauración democrática, se agiganta comparada con algunos de los pigmeos que le sucedieron en el cargo. A ello contribuyeron sus indudables dotes de estadista -lo demostró a la salida de su crispada entrevista con Suárez en La Moncloa en octubre de 1977-, su sentido institucional y su visión integradora desde la intuición certera de que Pujol emprendería el camino de la ruptura con España.

Ello le granjeó respeto y estima dentro y fuera de Cataluña. Nunca olvidaría el día en el que, acompañado de su mujer, entró en un restaurante de Segovia y los comensales le dispensaron, puestos en pie, una ovación de aúpa a quien tenía bien claro que, en política, se podía hacer todo menos el ridículo. Era, desde luego, un hombre de otro tiempo, con la lección aprendida de haber vivido la Guerra Civil y el exilio.

Queda para los anales la reprimenda que le propinó al senador Xirinachs -el iluminado cura escolapio que transitó del pacifismo al independentismo revolucionario- por presentarse en su despacho como Dios le dio a entender. Al verle con pinta de montañero, Tarradellas le espetó: "Mosén, cuando regrese de la excursión, tendré mucho gusto en recibirle". Era lo que debía haber hecho, y no por un asunto de etiqueta precisamente, sino de más enjundia y fuste, el presidente Sánchez con el de la Generalitat, Joaquim Torra, cuando apareció el lunes en La Moncloa con ese lacerante lazo amarillo que insulta a los españoles y denigra su Estado de derecho. ¿Alguien imagina a algún otro jefe de Gobierno permitiendo que se veje de manera tan infamante al Estado que gobierna y a él mismo como anfitrión?

Habiéndose hecho tantas analogías para la ocasión con el histórico encuentro entre Suárez y Tarradellas, nadie imaginaría a uno atildado de provocador de opereta y al otro transigiendo con fantochadas. Por contra, Sánchez no sólo no se lo afeó sino que desplegó la alfombra roja para dar la bienvenida a aquél al que tenía por el "Le Pen catalán" y cuyos mendaces escritos supremacistas inhabilitan para el ejercicio de cargo público en cualquier otro lugar de Europa. Empero, dado que debe su cargo al voto favorable del independentismo, a Sánchez sólo le faltó ordenar a la Guardia Civil que le rindiera honores, salvo que temiera un plante por este trágala. Como dice Stathis Kalyvas, autor de La lógica de la violencia en la guerra civil, la conversión de los críticos en apologetas es siempre un fascinante espectáculo

Sea por puro teatro o por deslumbramiento pasajero con Torra, Sánchez parece remedar la confidencia que Chamberlain le participó a su hermana Ida sobre Hitler cavilando que se conformaría con un trozo de Checoslovaquia: "A pesar de la aspereza y el carácter implacable que deduje de su rostro, tuve la impresión de que se trataba de un hombre en quien se podía confiar una vez que había dado su palabra".

Ya se sabe que la condición humana tiende a pensar que lo que acaece a otros no le va a suceder a uno y que los antaño desleales ahora serán fidedignos. Prefieren engañarse sobre la naturaleza traicionera del escorpión y en que los conflictos no se eluden, sino que se aplazan con ventaja para los otros, como subrayó Maquiavelo para aviso de príncipes y gobernantes.

De una atacada, en estos días de julio, el Gobierno ha atendido libramientos a los separatistas por el procedimiento de pronto pago. Así, ha acercado los presos independentistas a cárceles de Cataluña, gobernadas por subordinados de los reclusos; ha municionado su canal de agitación y propaganda (TV3); ha restablecido la red de oficinas en el exterior desde la que se desprestigia a España e incluso la ministra de Educación, Isabel Celaá, niega las denuncias sobre adoctrinamiento en las aulas catalanas y dice que son un modelo a imitar.

En este allanamiento al soberanismo, se entiende que el presidente se refiera elusivamente al golpe contra el Estado del 1 de octubre aludiendo a "los hechos sucedidos en el último trimestre del año pasado", y que le parezca bien que el prófugo Puigdemont sea juzgado por un delito menor -malversación, en vez de rebelión- en España.

Asume la tesis del Tribunal alemán de cuyo nombre mejor no acordarse que, en vez de aplicar la euroorden, burla el principio de reconocimiento mutuo entre instancias judiciales de la Unión Europea y le enmienda la plana al Supremo español hasta extremos rayanos en la humillación.

Si España no se respeta ni se hace respetar -como haría Alemania en caso de que el presidente de Baviera propiciará una asonada y huyera a Mallorca- no puede pretender que lo hagan otros países cuando, además, su presidente confraterniza con un declarado golpista y le da trato de socio preferente. Adaptando el viejo adagio, quod natura non dat, Salmantica non praestat.

Mucho menos cuando parece resuelto a blanquear al independentismo y a despenalizar la rebelión de octubre por medio de maniobras orquestales a las que, por ahora, se resisten los fiscales, alineados con el juez Llarena, en su defensa del Estado de derecho. El problema principal de España no es tanto el secesionismo como que carece de gobernantes que la defiendan. De no ser por el Rey y por los jueces, todo estaría perdido; de ahí que se ponga en jaque a la Corona y a la Justicia. Mientras, el Gobierno se desentiende, cuando no transige con que se las insulte y vilipendie en su cara, como hizo Torra en los salones de La Moncloa, al disponer como un señor feudal si Don Felipe puede viajar o no a Cataluña.

Con relación al golpe del 1-O, y visto lo visto, quizá convenga hacerse una reflexión del tenor de la que, al cabo de los años, efectuó Vernon Walters, ex director de la CIA, sobre uno de los episodios de mayor tensión de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS. "Mucha gente pensó -razonaba el alto funcionario- que Kennedy ganó en la crisis con Cuba. No ganó nada. Jruschev dijo una vez que no puse los misiles en Cuba para atacar a EEUU. Puse los misiles para mantener a Castro en el poder. Si Castro siguió en el poder, ¿quién ganó?". Mutatis mutandis, si nueve meses después del 1-O el independentismo se perpetúa en el poder y supedita la política española a sus impedimentos, la conclusión es palmaria.

Ningún Gobierno de la democracia había sido tan débil -sólo el de Suárez en vísperas del golpe de Estado del 23-F- como el de Sánchez, con sus 84 escaños deudos de los prestamistas. Está sometido a los designios de aquellos que quieren destrozar España como Suárez lo estuvo al albur del tricornio y la guerrera verde quienes querían expropiársela al pueblo soberano.

Cada minuto que Sánchez permanece en el poder en estas circunstancias, el Estado pierde músculo parasitado por garrapatas con derecho a escaño de diputado. Estos sablistas actúan con la imperturbabilidad de saber que al otro lado de la cuerda no tira nadie y arramplan con todo lo que pueden. Con el goce de lo conseguido, crece su insaciable deseo.

En ese brete, Sánchez desvía la atención poniéndolo todo patas arriba y sembrando el desconcierto por medio de globos sondas y titulares de fogueo a cual más sorprendente y disparatado. Al tiempo, descarga toda la responsabilidad del problema catalán en el PP y equipara su conducta a la del radicalismo independentista, tejiendo otro cordón sanitario a su alrededor a modo de versión actualizada del Pacto del Tinell de Zapatero, con Iceta nuevamente de muñidor, a la par que hurga en los complejos adolescentes de Ciudadanos.

No en vano, ambos partidos, si despabilan -víctimas ambos de la moción de censura, uno por incapacidad y el otro por errores de bulto-, podrían capitalizar el descontento. De momento, eso sí, el Gobierno se beneficia del consuelo que muchas veces hallan los pueblos con únicamente variar de manos el poder, al igual que el enfermo de dolencia larga se conforta con sólo mudar de médico.

"Empieza una nueva época en la historia, y ciego será el que no lo vea", observó Goethe tras el desenlace de la batalla de Valmy (1792) en la que los revolucionarios franceses derrotaron a las tropas austroprusianas. En la aurora de Valmy, vislumbró el mundo por venir y que, en el caso español, es un retorno al mundo de ayer. Con frecuencia, tratando de evitar errores pretéritos, se cae de bruces en otros mayores. Mucho más cuando se adopta la ceguera voluntaria de príncipes de la paz como Godoy o Chamberlain, que terminan devorados -y con ellos sus gobernados- por fieras que supusieron poder domeñar.

Como atestigua el cuadro alegórico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando que muestra el momento en que Carlos IV recibe la paz de manos de Godoy, esos supuestos pacificadores ciñen sus sienes con laureles pasajeros que acaban convertidos en sangrientas coronas de espina.

Por eso, a Sánchez no le queda otra que jugárselo a la ruleta rusa de las elecciones y confiar en mantenerse en el poder. ¡Qué razón tenía el poeta cuando proclamaba que el sabio jamás tiene sueños tan bellos como el loco!

Sánchez embarca al PSOE en un proceso que le permita ir a unas elecciones disponiendo de las mejores bazas en el bolsillo, amén de unas repletas alforjas electorales para el camino, para timonear una España con dos sistemas. Uno para Cataluña y el País Vasco de semiindependencia financiada por todos los españoles, y otro en el resto, si estuvieran dispuestos a consentirlo.

De prosperar ese modelo asimétrico, se quebraría la ya de por sí fraccionada igualdad constitucional y dejaría en almoneda la legítima aspiración de todo español de que "aquí no hay nadie que sea más que nadie", como fulge en el escudo en piedra de la villa segoviana de Sepúlveda.

Hoy por hoy, salvo que se sea un fanático de la causa gobernante o un iluso, resulta imposible ser optimista, por más que los gobernantes y sus terminales mediáticas se empleen en mentir como si fueran a engañar a alguien. Ello propicia, no obstante, la felicidad de las abejas que, encerradas en la seguridad de su celdilla del panal, degustan su libertad de vuelo corto.

Todo ello, claro, merced a la gracia de un aspirante a Príncipe de la Paz como Sánchez que obligará a España a tener que exiliarse de sí misma sin que nadie le inquiera su opinión, al igual que al trashumante ganado lanar que recorría las veredas y cañadas reales tampoco le preguntaron sobre la disolución del Concejo de la Mesta en 1836, tras tres siglos de existencia.

Desde luego, los costes de su abrazo con los independentistas pueden ser, a la postre, más altos y perniciosos que los de aquella célebre paz de Amiens. En vez de frenar a Napoleón, le dio alas para invadir España a galope tendido de su caballo favorito hasta que se alzó el pueblo español en defensa de su independencia e integridad territorial.

Seguro que, cuando emerjan los daños irreparables de su inconsciencia, Sánchez se encoge de hombros y exhibe la feliz ignorancia de aquellos que se sorprenden de que una chispa contenga todo el infierno. Es la inconveniencia de que uno se crea sus propias mentiras para sostenerse en el poder.

POLÉMICA LINGÜÍSTICA
"El 70% de los vascos queda excluido de ser funcionario por el euskera; eso debería alarmarnos"
Andoni Unzalu, alto cargo socialista del Gobierno vasco y euskaldún, polemiza en un libro con el nacionalismo, rebate sus mitos y denuncia la discriminación de los castellanohablantes.
Montse Ramírez El Espanol 15 Julio 2018

En el País Vasco sólo algunos partidos no nacionalistas -y no siempre por lo que respecta al PSE-EE- se alzan contra la política lingüística del Gobierno vasco. El debate se recrudece en épocas electorales pero se amansa a lo largo de las legislaturas y las coaliciones de gobierno y la euskaldunización obligatoria va quemando etapas en la Educación y en la Función Pública.

Se cuestionan, en todo caso, las directrices del PNV, el mayor o menor grado de exigencia y nunca “la riqueza cultural” que representa el euskera. Nadie lo hace, al menos públicamente, salvo Andoni Unzalu Garaigordobil (Abadiño, 1956) un alto cargo socialista en el Ejecutivo de Urkullu, que lo ha dejado plasmado en un libro, Ideas y creencias. Conversaciones con un nacionalista (Editorial Catarata), en el que trata de desmontar los principales mitos del nacionalismo.

El autor no sólo rechaza la concepción del pluralismo lingüístico, sino que exige libertad para usar cualquier idioma y alerta del muro de exclusión que se levanta en torno a la lengua vasca y el acceso al funcionariado. Afirma que hoy sólo el 33% de la población sabe euskera, mientras -denuncia categórico- se impide ser funcionario al 70% restante.

Unzalu es euskaldún y se crió y educó en un mundo nacionalista, con el que se identificó pero que progresivamente fue abandonando. Asegura que sintió como un “enorme aldabonazo” el pacto de Estella (1989) y hoy es un “traidor” a ojos de sus antiguos correligionarios, aunque reivindica esa figura: “un traidor es capaz de analizarse a sí mismo y reconocerse equivocado y que tiene que cambiar para avanzar”.

La "esencia de identidad"
Su obra, presentada en Vitoria el lunes pasado, consiste en una charla imaginaria con un nacionalista, resumen de los interminables debates sostenidos por el autor en televisiones y radios vascas. “El debate con el nacionalista es como caminar en un laberinto cerrado y sin salida”, alerta en la introducción. Un aviso al lector con el que comparte su preocupación por la situación en Cataluña, que le ha llevado a escribir el libro, y su “sorpresa” por el comportamiento de “alguna izquierda” y su “habitual condescendencia” hacia el nacionalismo vasco y catalán al que tratan de “apaciguar con cesiones”.

Sólo salva, “como única excepción institucional”, al Gobierno vasco de Patxi López, donde él ocupó la Secretaría general de Comunicación. Fue también la mano derecha del dirigente socialista durante su breve paso por la Presidencia del Congreso y su asesor en las primarias del PSOE. Actualmente es director de gabinete del consejero vasco de Turismo, departamento en manos del PSE-EE, socio de gobierno del PNV.

El conocimiento del contenido de su libro provocó en mayo una minicrisis en el seno del Ejecutivo de Urkullu ante el malestar generado en las filas del partido de Andoni Ortuzar, desde donde se llegó incluso a pedir su destitución.

Los nacionalistas conciben el euskera como “la esencia de identidad de los vascos” y asocian la lengua al concepto de pueblo, nación y Estado propio. Unzalu discrepa y afirma que el gran salto al progreso y la modernización de Europa a finales del XIX y principios del XX exigió grandes masas de población que hablaran el mismo idioma y que, paradójicamente, fueron los nuevos Estados nacionalistas que se crearon después de la Primera Guerra Mundial los que llevaron a cabo la unificación lingüística.

El binomio "responsabilidad o traición"
“¿Por qué es una riqueza cultural tener dos idiomas?”, inquiere y cita las más de trescientas lenguas de Indonesia -“¿riqueza o costosa rémora para el desarrollo humano?”-, para reparar en el pasaje bíblico de la torre de Babel, donde la diversidad idiomática “es un castigo de Dios para confundir a los hombres por sus pecados”.

“El euskera absorbe gran cantidad de recursos económicos, humanos y profesionales. Si hubiéramos hecho los mismos esfuerzos con el inglés a lo mejor tendríamos la generación mejor formada de la historia”, mantuvo en Vitoria. Unzalu defiende, no obstante, la libertad lingüística y deja en manos del hablante su elección. “Yo no estoy en contra del euskera, yo defiendo su uso y fomento, pero lo hago porque defiendo la libertad, no porque me parezca una gran riqueza cultural”, asevera.

Considera que una Administración no puede decir que una lengua minoritaria debe morir, “por muy racional que sea”, pero tampoco que su uso sea obligatorio para todos. Se rebela contra las nacionalistas y progresistas que plantean el euskera o el catalán como “riqueza cultural a preservar”, porque están imponiendo a los ciudadanos “una obligación moral”, el deber de defenderlo, y los sitúan ante el binomio de elegir entre “responsabilidad o traición”.

Sostiene que la pervivencia de los idiomas debe garantizarse por “la decisión libre” de los hablantes, no mediante decretos en boletines oficiales y recuerda que la función esencial de los idiomas es comunicar. “Por eso no es igual una lengua en la que se comunican millones de personas a otra que solo comparten miles, como tampoco son comparables una autopista y un sendero”, concluye.

Las 'mentiras' del euskera
El autor trata de desmontar “las mentiras” fabricadas en torno al euskera, empezando por sus orígenes, y repara en cómo desde que los nacionalismos accedieron al poder han sustituido el derecho, antes reivindicado, de los niños vascos o catalanes a escolarizarse en su lengua materna por la obligación de aprender la lengua de la “nación”.

También combate la afirmación de que el euskera está discriminado, haciendo recaer la carga de la prueba en sus hablantes. Se pregunta si los vascoparlantes tienen más o menos derechos que los castellanoparlantes y se responde a sí mismo con ejemplos de discriminación positiva en favor de los primeros, tanto por el apoyo que reciben en el ámbito cultural como por el acceso a la función pública.

Andoni Unzalu profundiza en la denuncia sobre el uso del euskera en la Administración vasca y es tajante en sus charlas: “Uno de cada cinco puestos de trabajo en Euskadi es público; el que esté vedado a todo ciudadano que no sepa euskera es de una inequidad total”.

Según sus planteamientos la exigencia de la lengua genera “una reserva privilegiada” de plazas en un mercado laboral muy codiciado por su seguridad y por sus sueldos que beneficia a los vascoparlantes. El euskera introduce una doble discriminación: hacia afuera porque en la práctica impide acceder a la Función Pública vasca al resto de ciudadanos españoles, mientras que los vascos sí pueden competir por puestos en otras comunidades autónomas; y hacia adentro, porque únicamente quienes lo conocen pueden llegar a ser funcionarios.

Las 'concertinas vascas'
Sus cuentas son muy sencillas. Si sólo el 33% de la población habla euskera, ¿por qué esos pocos tienen derecho a copar el 100% del empleo público? Dentro de una década, cuando se jubilen los funcionarios que ingresaron en los ochenta “la Administración pública vasca estará en manos del 33% de la población que habla euskera”.

“Que el 70% de la población quede excluida del acceso a la Función Pública debería alarmarnos a todos”, razonó en el acto de la capital alavesa. En la misma presentación del libro su prologuista, el abogado José María Ruiz Soroa, consideró que los obstáculos de la política lingüística son “las concertinas [en alusión a los alambres con cuchillas de Ceuta y Melilla] vascas” porque impiden la entrada de competidores al mercado laboral público y parte del privado.

Unzalu cree que las Administraciones vascas tienen la obligación de atender al ciudadano en euskera, lo que no significa que haya que exigir la lengua vasca a todos los funcionarios y bromea con lo ilógico que resulta que la deba dominar por ejemplo un anestesista con el que el paciente no suele cruzar palabra. Comenta, finalmente, la escasez de solicitudes en euskera que se presentan en los ayuntamientos y mantiene que no se pretende la atención al ciudadano sino “euskaldunizar la Administración”. “Se trata de que ninguna persona que no sepa euskara pueda acceder a los golosos puestos públicos de las Administraciones vascas”, remata.

Las críticas a la euskaldunización del funcionariado constituyeron gran parte de la munición electoral del PSE-EE en los últimos comicios autonómicos, pero el partido de Idoia Mendia relegó sus ansias de reforma en el pacto suscrito por el PNV para conformar el ejecutivo de coalición que preside Urkullu.

Críticas al Cupo
La postura de Unzalu es igualmente crítica frente al Concierto y estima muy escaso el Cupo que el País Vasco paga al Estado por las competencias no transferidas. “Los economistas del Gobierno vasco más que economistas parecen magos”, ironiza. En su libro deja el dato de que Euskadi y Navarra (con un Convenio similar al Concierto) disponen de más de 6.000 euros por persona y año mientras que la media de las comunidades autónomas del territorio común es de 3.000 euros, menos de la mitad.

Sus reflexiones sobre la lucha contra el terrorismo etarra levantan así mismo ampollas en el PNV. “Hubo muchos años que luchamos por la vida; hoy tenemos que luchar por la verdad”, soltó Unzalu en Vitoria. Declara que no fue la sociedad vasca la que derrotó a ETA sino las instituciones democráticas, los jueces y policías y un grupo de resistentes que se enfrentó a la banda armada: “Los nacionalistas y la inmensa mayoría de la sociedad vasca han cerrado los ojos al dolor ajeno y no han tenido humanidad con los asesinados y amenazados” (…) “EL PNV y el Gobierno vasco se han opuesto durante décadas a la lucha del Estado democrático contra ETA (…) y a que Francia entregara a miembros de ETA”, mantiene en su obra.

No todo son acusaciones al nacionalismo, también hay en el pensamiento de Andoni Unzalu reproches para la izquierda a la que pide plantear la batalla de la “igualdad política de la ciudadanía” y reivindicar “la neutralidad” de los espacios públicos. Asegura que sólo la democracia con sus reglas puede minimizar las ideas totalitarias del nacionalismo y poner límites a una ideología política antiliberal que genera inequidad y desigualdad. Alerta a este respecto del texto de bases sobre el nuevo estatuto vasco pactado por PNV y EH Bildu que diferencia entre ciudadanos vascos y con nacionalidad vasca.

Sobre Cataluña reclama el regreso a la legalidad constitucional y sólo después admitiría un referéndum independentista, “de forma controlada y en igualdad de condiciones”, a través de una doble vuelta: la primera para acreditar la secesión y la segunda, para pronunciarse sobre las condiciones materiales de la separación.

El precio de los separatistas: siete mil millones
Miquel Giménez. vozpopuli  15 Julio 2018

Eso dice el Vicepresident del Govern Pere Aragonés que le debe Estado a la Generalitat. Para ser exactos, 7.600 millones. Según ha declarado, el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de ir pagándolos. La compensación por los votos separatistas no iba a salirnos gratis.
Roger Torrent difama a España mientras Pere Aragonés pide dinero

La reciente visita del President del Parlament RogerTorrent a la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía ha sido de traca. A lo largo de su intervención acusó a España de la “Triste situación de los presos políticos”, así como de la “Acción judicial contra cargos electos”, citando a la ex presidenta Carme Forcadell de la que dijo “Ahora está en prisión preventiva por haber permitido el debate libre en un parlamento democrático”. Que un alto cargo se exprese con tamaña mendacidad requería una respuesta enérgica por parte del gobierno socialista. Y ya la tiene. El gobierno de Sánchez se compromete a ir pagando esa hipotética deuda de más de siete mil millones. Viva el rumbo y el poderío, que la casa es grande y no repara en gastos.

Que Torrent, miembro del mismo partido que Aragonés, haya vomitado infamias acerca de la salud democrática española delante de países como Francia, Canadá, Bélgica, Grecia, Luxemburgo, Suiza o Marruecos parece importarle un pimiento a Moncloa. De hecho, al embajador Morenés ya lo ha cesado. Lo importante es que la ministra Carmen Calvo ha causado buena impresión en Aragonés, que se ha referido al clima de su reunión con ella como “de buena sintonía”. Hombre, nos ha jodido mayo con las flores, si tú y los tuyos os pasáis el día acordándoos de la madre que parió a España y a su sistema democrático y lo que recibís a cambio son miles de millones para detener la hemorragia que vosotros mismos habéis causado con vuestro proyecto separatista, ¡cómo no vais a decir que hay buena sintonía!

Parte de esa millonada la precisan urgentemente, porque los amiguetes esperan a ser colocados
Aragonés, persona comprensiva donde las haya, entiende que el nuevo gobierno del PSOE no tiene tiempo para negociar un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Eso sí, le parece de perlas que, mientras se negocia o no se negocia, se van o se quedan, se “hace república” o se hace el payaso, le vayan enviando millones por un tubo porque hay que pagar las facturas y tienen cola de afiliados, amigos, amigas, simpatizantes y demás para que los coloquen.

Además, muy en la línea del separatismo, advierte que su postura no es abandonar el proceso, el mandato democrático del 1-O, la independencia, las Bases de Manresa, el Tratado de Letrán o el Compromiso de Caspe, que, puestos a mezclar, esta gente lo hace con todo. No, no, Aragonés asegura que, y citamos textualmente al gran estadista catalán, “Hemos puesto las luces cortas de cara a los próximos dos meses, porque en tan poco tiempo no van a poderse arreglar los grandes problemas de fondo”, a saber, la autodeterminación y tal. Eso sí, si quieres que estemos más o menos calladitos, paga con una sonrisa que, total, el dinero es de los contribuyentes y a ti qué más te da. Mejor esto que gastárselo en putas o mariscadas.

Hace falta jeta para salir a la palestra y endilgar esa ristra de chapuceros argumentos. Sería muy de agradecer que el hombre dijera “Mire, aquí se trata de trincar pasta e ir pasando los días, porque de república nanay del Paraguay”. Claro que si dice eso lo lapidan, pero esa es la verdad. El Govern de Torra está sometiendo a chantaje al ejecutivo que, por socialista, viene de casa con plomo en el ala.

Por cierto, otra cosa que también estaría muy bien que dijera el vicepresidente catalán es que parte de los siete mil millones y pico la precisan urgentemente por eso que decíamos de los amiguetes que esperan a ser colocados. Al loro, que ya lo han anunciado.

El Conseller Puigneró dice que van a crear 30.000 plazas nuevas
Ni diez, ni veinte, ni veinticinco, treinta mil plazas. Si, señoras y señores, la Generalitat pretende en septiembre ofertar empleo público por esa cifra de puestos de trabajo, oferta que ira desarrollando a lo largo de la legislatura tal y como vayan llegando los kilitos desde Madrid. Desglosemos: 4.323 funcionarios de administración y técnicos; 685 laborales; 15.658 docentes; 9.307 estatuarios del Instituto Català de Salut, y algo más que irá cayendo, porque igual queda el sobrino o la amiga entrañable de alguien. Dice el hombre que la intención es – anda que no lo hemos escuchado miles de veces – reducir la temporalidad, estabilizar la plantilla de la administración pública incrementándola con mayores medios humanos, capacitarla digitalmente, en fin, la leche.

Que nada de eso se haya siquiera hablado con la patronal o los sindicatos da igual, porque en Cataluña la primera está como la segunda: subvencionada, amordazada, capada y contenta de poder emular a Farinelli, aquel célebre castrati que daba un fa natural como el que se come una aceituna.

Hay más. El gobierno de Sánchez ha autorizado este viernes a la Generalitat a formalizar 4.113 millones de deuda pública a corto plazo. A esto, la ministra de Hacienda Montoro – parece que estemos predestinados – lo llama asegurar la estabilidad.

El Govern ha nombrado al que acompañó a Puigdemont a Finlandia director de su oficina con 60.454 euros al año
¿Puede hacerse más el canelo? Se puede, efectivamente. El Govern ha nombrado a Josep Lluís Alay, amiguete y compi yogui del fugado Puigdemont – recuerden: el que le acompañó a Finlandia -, director de la oficina de éste con un sueldo de 60.454,32 euros anuales. Dicha oficina contará con todo lo habido y por haber, porque al chiquillo no debe faltarle nada, lógicamente. Sede oficial - se desconoce si estará en Alemania, Bruselas, Waterloo o las Islas Orcadas -, personal, asesores, policías, en fin, la de Dios. Que nadie se inquiete por lo de la policía, porque fuentes del Govern de Torra han dicho que hablarán con el ministro del Interior Grande-Marlaska para que todo se haga bien. Respiramos más tranquilos.

Resumiendo, y en román paladino: pasta para tener más enchufados, pagar oficinas a prófugos, pagar sueldos a quienes denigran nuestro estado de derecho, pasta para mantener a flote una administración gobernada por unos irresponsables, para, en definitiva, seguir costeando la juerga a aquellos que tildan a sus adversarios de hienas, los conminan a marcharse de su tierra e intimidan y amenazan a los adversarios. De momento, sepan que buena parte de los impuestos que pagamos entre todos y que tanto esfuerzo nos cuesta afrontar porque son terriblemente draconianos con los trabajadores y permisivamente indulgentes con los ricos, van a ir a parar a los bolsillos de los que han permitido que se vayan más de cuatro mil empresas de Cataluña y, encima, están encantados.

Oigan, con este gobierno y estas premisas, no veo yo que puede salir mal.

El Gobierno juega con fuego en Cataluña
Roberto L. Blanco Valdés la voz 15 Julio 2018

La estrategia del Gobierno en relación con la crisis secesionista está guiada por tres principios esenciales: abrir una negociación con la Generalitat que le permita al PSOE perseverar en un engaño de finalidad descaradamente electoral: que la crisis nunca se habría producido si Rajoy hubiera hecho lo que Sánchez hace ahora; confiar en que, ofreciendo más poder a la Generalitat, en forma de dinero y competencias, ésta acabará regresando a la senda constitucional; y no perder los votos en el Congreso del golpismo catalán, indispensables para conservar la mayoría que hizo a Sánchez presidente y sin la cual no podría legislar.

Más allá del obsceno oportunismo electoral que supone convertir en culpable de la rebelión independentista al Gobierno que, con el apoyo del propio PSOE, la frenó, evitando que el golpe de Estado de octubre de 2017 acabase tan trágicamente como el de octubre de 1934, la estrategia del Ejecutivo socialista sería explicable si las señales que envían las instituciones catalanas, y las fuerzas políticas y sociales secesionistas, permitiesen suponer que, tras su derrota estrepitosa, han aprendido la lección y están dispuestas a bajar del monte de la rebelión al llano de la Constitución.

¿Existen tales señales? Ni de lejos. Muy por el contrario, todo lo que llega del secesionismo es su decisión de seguir en rebeldía: sea verdad o sea un engaño, tras la entrevista con el presidente del Gobierno, el de la Generalitat sostuvo que habían dedicado el 90 % de su charla a hablar de la autodeterminación; dictada la suspensión judicial de los diputados catalanes procesados, los partidos golpistas anuncian que no la acatarán; mientras la vicepresidenta del Gobierno se reúne para hablar de transferencias con su homólogo en la Generalitat, ésta nombra al responsable de la oficina que en un palacio barcelonés se le abrirá al ex presidente Puigdemont, procesado por gravísimos delitos y huido de la justicia desde hace varios meses; el presidente Torra se pasea por el mundo anunciando que en España hay presos políticos y exiliados y poniendo a caldo a nuestra democracia.

Aunque quizá, entre otras muchas cosas, Sánchez haya heredado de Zapatero su optimismo berroqueño, la operación Cataluña que ha diseñado -ofrecer más poder sin la previa renuncia de los separatistas a la rebelión- no solo tiene el altísimo riesgo de estallársele al presidente entre las manos y acabar en un fiasco formidable. Aparte de ese peligro para el Gobierno y el PSOE, hay otro, mucho más grave, que afecta al conjunto del país: que la política de mano abierta sin exigir a cambio nada fortalezca al secesionismo para intentar un nuevo golpe.

De producirse, tampoco triunfaría, pero es posible que para abortarlo no llegase entonces ya con aplicar el 155 de la Constitución. Sánchez no debería olvidar que sería a él, en ese caso, al que le tocaría estrangular al mismo monstruo que ahora se muestra dispuesto a alimentar.

La sombra de la traición
Antonio Marchal-Sabater estrelladigital 15 Julio 2018

No le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza, dice un verso de una canción cuyo autor desconozco. Pero la frase es tan cierta como la vida y la muerte. Conociendo el lector, como conoce, mi posición en todo esto que se ha dado en llamar el procés y que no era más que un nuevo intento de robar al noble pueblo español, ya sabrán de qué les voy a escribir.

Estos días mañana me he desayunado con la confirmación de una doble traición: Torra aparcará el referéndum a cambio de 6.000 millones de euros. Doble traición porque si un día una buena parte de catalanes, los separatistas, traicionaron al resto de españoles alegando todo aquello de que les robábamos, que éramos una raza inferior, que en España no había democracia, que éramos una dictadura, etc. Ahora resulta que los mismos que los embaucaron los traicionan a ellos.

Todo esto tenía un precio, al menos por unas décadas. Luego volverán a las andadas, así ha sido desde la noche de los tiempos y así será. Cuando reclamaban diálogo lo hacían en serio, diálogo para volver a esquilmar al resto de españoles. El precio fijado por el momento son 6000 millones de euros. Que a nadie le quepa duda de que a nosotros, al resto de españoles de Andalucía, Murcia o Aragón, también nos habrá traicionado nuestro gobierno si los paga.

¿Hay mayor corrupción que cobrar para dejar de perseguir delitos tan graves como la rebelión, la malversación o la difamación? Yo no voy a contestar, que contesten los defensores de Pedro Sánchez, no su partido que también ha sido traicionado, o él mismo. Aunque ya no hace falta que explique la prisa por subir impuestos: la respuesta está clara, hay que pagarles el peaje a los traidores y hay que hacerlo cuanto antes, a ser posible este mismo verano para que en las elecciones de este otoño/invierno la felonía ya esté consumada.

Vamos a echarle un vistazo a los hechos; y que conste que no es mi intención hacerles vomitar.

Tras la reunión de Quim y Pedro, los mensajeros de la Generalitat han preparado un sinfín de temas de urgente necesidad para el tan solicitado diálogo. Por supuesto son todos temas prioritarios, tan prioritarios que en ninguno de ellos figura la autodeterminación, el referéndum, la declaración de la república ni gaitas mañaneras. El tema prioritario es el precio para olvidarlo todo y pelillos a la mar.

Por supuesto, Moncloa le quita hierro al asunto. Según ellos son los temas normales entre una Comunidad Autónoma y el Gobierno del Estado, no hay nada especial en ello, quizá que todo se fraguará en comisiones bilaterales, o sea, sin luz ni taquígrafos. Vamos, que nos van a robar la cartera sí o sí. Van a ser tan bilaterales que la ministra Calvo ni siquiera piensa comparecer públicamente para explicarlo. Aunque además de la guita, también estén sobre la mesa, aún sin precio -ése lo sabremos después- los siguientes temas: la retirada de los recursos a las leyes aprobadas por el Parlament sobre los mecanismos de control financiero mejora de recursos de la Generalitat, déficit y política tributaria y el aumento del techo de gasto. Por supuesto Sánchez ha dado el visto bueno, eso sí, siempre que sea en Comisión Bilateral, los testigos son molestos, sobre todo cuando se trata de traicionar al Estado de Derecho, a las arcas del Estado y a los paganinis, ustedes y yo que no vivimos en Cataluña.

El tema está tan avanzado que por parte de la Generalitat ya se ha anunciado quiénes serán los miembros de esa comisión. La presidenta del contubernio conspirador será nuestra ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, que hasta ahora es la que ha llevado el peso de las negociaciones secretas auxiliada por la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

Consultas
Urge que la RAE envíe a Moncloa la Gramática de Bosque
Jon Juaristi ABC 15 Julio 2018

Hace varios años, en un juicio por querella interpuesta contra mí por un plumilla abertzale, su abogada requirió la presencia de la RAE para dictaminar sobre el significado de un párrafo de uno de mis libros en el que quería ver una imputación de pederastia a su representado. Testificó finalmente el profesor Humberto López Morales, Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española. La juez, oído el dictamen de este, me dio la razón, desestimó la demanda y condenó al demandante al pago de costas. Pero no me alegró la sentencia. Si haber admitido a trámite la querella había sido ya excesivo (incluso en una juez bisoña, como era el caso), la cesión a la exigencia de testificación pericial de la Real Academia sólo se explicaba por el canguelo que entonces producía en el estamento judicial cualquier asomo de indignación separatista. No fue la única vez en que me llevaron a los tribunales distinguidos perros de presa -o más bien de prensa- de ese color (y perdieron siempre), pero nunca antes se había llegado a una situación tan absurda. Antes de impetrar el testimonio del profesor López Morales en su condición de autoridad en todas las variedades del español, aduje que yo mismo, en mi condición de especialista en Filología Española (soy catedrático de universidad de dicha materia desde hace veinticinco años), podía hacer todos los análisis gramaticales y semánticos que se requirieran de una frase de ocho pajoleras palabras, comprensible por cualquier hablante nativo de nuestra lengua, y si yo no les parecía solvente ni digno de confianza, les invitaba a pedir el dictamen a cualquier otro catedrático o profesor de la misma especialidad en las universidades públicas o privadas del País Vasco. No aceptaron mi propuesta.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 6.4, asigna a la Real Academia de la Lengua Vasca la condición de «institución consultiva oficial en lo referente al euskera», lo que no deja de ser lógico porque es la propia Real Academia de la Lengua Vasca la que ha inventado el euskera, la variedad oficial del euskera, quiero decir. La Constitución Española no confiere a la RAE un papel semejante, ni consultivo ni tutelar, porque no es la RAE la que hace la lengua española, sino los hablantes del español. Ninguna de las Academias de la Lengua Española se atribuye una función preceptiva. No dan normas, sino, a lo sumo, indicaciones. La norma lingüística no es una imposición de los especialistas, sino lo que los hablantes usan en su mayoría, el uso normal, que no es lo mismo que el uso normalizado (y eso distingue al español del euskera). Los abertzales de la querella (y la juez que la aceptó) aplicaron un criterio eusquérico, preceptivo, normalizador, a un contencioso sobre un texto en español. Tal actitud es propia de paletos, de cobardes o de ambas cosas.

La obsesión normalizadora en el ámbito del español, en cambio, tiene más que ver con la cursilería o la mentalidad totalitaria, rasgos que coinciden en los detentadores actuales del gobierno, en su partido, y muy en particular en la personalidad de la vicepresidenta, una enferma de los nervios incapaz de interrumpir su flujo de ocurrencias y su obsesión sexual por la neolengua orwelliana. A su edad, ni el psicoanálisis podría mitigar los síntomas. En fin, resulta que la Muy Hija de Cabra que detenta o detonta el máximo poder femeníspero en este gabinete de chicos y chicas alegres y alegras ha metido a la RAE, como ella diría, en un maldito membrete tomista. Ya veremos lo que hará la docta corporación, en la que hay de todo. Yo la mandaría directamente al de Ciempozuelos o al de Leganés, que elija ella. Como Urdangarín.

A la ministra Celaá: algunos matices sobre el sistema de inmersión lingüística obligatoria
Lista* El Mundo 15 Julio 2018

Hace mucho tiempo que existen en Cataluña voces, sistemáticamente silenciadas, que denuncian, con argumentos muy sólidos, los abusos lingüísticos del nacionalismo, particularmente en el ámbito de la enseñanza.

El pasado miércoles defendía usted en el Congreso el sistema de inmersión lingüística. Siendo más precisos, el sistema de inmersión lingüística obligatoria para los castellanohablantes, que es de lo que realmente se trata. Porque los catalanohablantes, obviamente, estudian en su lengua materna.

Para fundamentar su afirmación, aportaba datos de las calificaciones de las pruebas de acceso a la Universidad de Lengua Española en diversas comunidades, subrayando que los resultados en Cataluña son muy similares a los del resto del país. Se trata de una comparación que carece de validez, sencillamente porque las pruebas son diferentes. A la vez, ¿cree usted que, a efectos de conocimiento de una lengua, puede producir el mismo resultado impartirla dos horas por semana que contar con ella como lengua vehicular? En todo caso, para profundizar en este tema, le recomendamos el excelente artículo del profesor Iván Teruel Falacias y sesgos: el nivel de castellano de los alumnos catalanes.

Pero, al margen del mayor o menor nivel de conocimiento del español que tengan los estudiantes catalanes, queremos pedirle que reflexione sobre otra dimensión de la inmersión: el impacto que en la sensibilidad de un menor y en la percepción social tiene el hecho de que la escuela (toda la Administración en general) margine por completo a una de las lenguas oficiales, convirtiéndola en residual, hasta el punto de que un enorme número de centros educativos en Cataluña están plagados de pancartas que rezan Per un país de tots, l'escola en català (Por un país de todos, la escuela en catalán). ¡Pruebe a teclear esta frase en Google o a visitar el conocido blog de Eduardo González Palomar. ¿Cómo se puede hablar de modelo de cohesión social e invadir el espacio público con un lema tan excluyente? ¡Por un país de todos, Ministra Celaá, la escuela, en las lenguas de todos!

España es el único país de la Unión Europea donde una lengua oficial (en este caso, el español) no es vehicular en los centros educativos de una parte de su territorio. Además, esto sucede en contra de la legislación vigente, como reiteradamente han sostenido los tribunales. Y para colmo, ocurre con la connivencia de partidos como el suyo que dicen ser absolutamente respetuosos con la legalidad. Le recordamos, Ministra, que recientemente la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, atendiendo a una queja de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, ha enviado una carta a la Generalitat preguntando por qué no se respeta el mínimo del 25% de horas lectivas en español que exigen las sentencias judiciales.

Es imposible que los mantras de la inmersión se sostengan por mucho más tiempo. El sistema es aberrante. Los índices de fracaso escolar son mucho mayores entre los castellanohablantes. Las encuestas que se han realizado afirman que los catalanes rechazan ampliamente la enseñanza monolingüe. Los defensores del denominado "derecho a decidir" siempre se han negado a preguntar por esta cuestión en las encuestas oficiales. ¡Por algo será!

Los creadores del Per un país de tots, l'escola en català dicen ahora que "la escuela catalana (en lengua y contenidos) no se toca". ¡No vaya a ser que, al revisar el modelo, se haga demasiado visible el esperpento!

Los que creemos que la escuela, como cualquier otra realidad social, ha de estar expuesta a críticas y revisiones permanentes (¡un requisito imprescindible para la evolución del conocimiento!) le pedimos, Ministra Celaá, que antes de volver a pronunciarse sobre el sistema educativo catalán escuche también a quienes lo viven y lo cuestionan. Le dejamos, para empezar, con el testimonio de tres padres que alzaron su voz en el Parlamento Europeo tras haber sufrido un auténtico acoso por parte de vecinos, centros educativos, entidades sociales, organizaciones políticas nacionalistas y hasta periodistas por reclamar unas horas más de enseñanza en español para sus hijos. Esto está ocurriendo en Cataluña y es responsabilidad del Gobierno de Espña adoptar cuantas medidas sean necesarias para ponerle fin.

Isabel Fernández Alonso
Profesora Titular de Comunicación
Universidad Autónoma de Barcelona

Alfonso Valero
Principal Lecturer
Nottingham Law School

Antonio Hermosa
Profesor Titular de Filosofía
Universidad de Sevilla

Camilo José Cela
Profesor Emérito
Universidad de las Islas Baleares

Antonio Guillamón Fernández
Profesor Emérito de Psicobiología
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mauricio Suárez
Catedrático de Lógica de la Universidad Complutense de Madrid
Research Associate en la London School of Economics

Montserrat Ginés Gibert
Profesora Titular jubilada de Tecnología y Cultura
Universidad Politécnica de Cataluña

José A. Olmeda
Catedrático de Ciencia Política
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mikel Arteta
Doctor en Filosofía Moral y Política

Carlos Vidal Prado
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad Nacional de Educación a Distancia

José J. Jiménez Sánchez
Profesor Titular de Filosofía del Derecho
Universidad de Granada

José María Rosales Jaime
Catedrático de Filosofía Moral y Política
Universidad de Málaga

Pedro Tent Alonso
Profesor Asociado de Derecho Internacional Privado
Universidad de Valencia

Rafael Dobado González
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas
Universidad Complutense de Madrid
Correspondiente de la Real Academia de la Historia

Fernando Vadillo
Profesor Titular de Matemática Aplicada
Universidad del País Vasco

Luis Miguez Macho
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad del País Vasco

José Torné-Dombidau y Jiménez
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Granada
Presidente del Foro para la Concordia Civil

Rafael Arenas
Catedrático de Derecho Internacional Privado
Universidad Autónoma de Barcelona

Julio Carabaña
Catedrático Emérito de Sociología de la Educación
Universidad Complutense de Madrid

Javier Roldán Barbero
Catedrático de Derecho Internacional Público
Universidad de Granada

Alfonso Ruiz Miguel
Catedrático de Filosofía del Derecho
Universidad Autónoma de Madrid

Antonio Peña Freire
Profesor Titular de Filosofía del Derecho
Universidad de Granada

Eduardo Butragueño Cerviño
Profesor Titular jubilado de Historia de la Filosofía
Universidad de Barcelona

Javier Fernández Sebastián
Catedrático de Historia del Pensamiento Político
Universidad del País Vasco

Carlos Martínez Gorriarán
Profesor Titular de Estética y Teoría de las Artes
Universidad del País Vasco

Juan Ramón Fernández Torres
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

Leonor Zozaya Montes
Ayudante Doctor
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Mercè Vilarrubias
Lingüista y escritora

Gorka Maneiro
Portavoz de la Plataforma Ahora

Félix Ovejero
Profesor Titular de Filosofía Política
Universidad de Barcelona

Roberto Villa García
Profesor Titular de Historia Política
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Juan Antonio García Amado
Catedrático de Filosofía del Derecho
Universidad de León

Ángela Herrero
Antropóloga

Rafael Palomino
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad Complutense de Madrid

Carlos Silva
Catedrático de Inglés
Instituto Obispo Berenguer de Hospitalet de Llobregat

Nuria Plaza Carrero
Profesora de Filología Hispánica
en Programas Universitarios Estadounidenses de Study Abroad

José Domingo
Presidente de Impulso Ciudadano

Ana Losada
Presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña

José Javier Olivas Osuna
Investigador postdoctoral en Conflict and Civil Society Research Unit
London School of Economics

Ángel Caminero Gómez
Profesor Titular de Psicobiología
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Miguel Ángel Quintana Pérez
Profesor Titular de Filosofía Moral y Política
Universidad Europea Miguel de Cervantes


 


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