AGLI Recortes de Prensa  Martes 17  Julio 2018

España, Europa y sus cachondeos judiciales
Antonio García Fuentes Periodista Digital 17 Julio 2018

Cualquier español de mediana cultura o conocimiento, está convencido de que en Cataluña se produjo una rebelión y que la misma no se quiso cortar y peor aún, que sigue y mantiene, con una virulencia inexplicable para cualquiera que quiera profundizar en los hechos. Todo lo demás que se mantiene a su alrededor de “síes pero noes”, son actuaciones fuera de la ley y que la ley española por “manos” de los que dicen representarla (“y representarnos al pueblo español”) no cortan como debieran haber hecho hace mucho tiempo, por los motivos (interesados sin la menor duda) que sean y que “cada cual sabrá”, pero que a nosotros no nos convencen con todas esas vueltas que se le da, a, una rebelíón confirmada con pronunciamiento y firmas parlamentarias que fueron retransmitidas con todo lujo de detalles y que están en los archivos oportunos.

A raid de aquellos hechos, se detienen como rebeldes y se encarcelan a algunos de los principales cabecillas de la rebelión, pero el principal (un tal Puigdemónt y algunos más) pueden huir y se refugian en un país “dicen que europeo” y donde por cosas que no son otras que “puros cachondeos o choteos”, no dejan extraditar a los condenados en rebeldía (supongo); lo que a mí me suena, que de “unión europea”, tenemos lo que de “unión africana existe hoy en la mayor parte de ese continente”.

Hemos y seguimos siendo testigos, de que ese “jefe rebelde y los que huyeron con él”, anduvieron y siguen andando, como mejor les viene en gana, y gozando de una tutela de diferentes “gobiernos europeos”, que más que colaborar con España, se dedicaron y dedican a proteger a estos delincuentes, que tribunales españoles han reclamado por vías reglamentarias.

El último “choteo” ha sido el de Alemania, que dice ceder a que sea extraditado “el jefe citado”, pero el que habrá de ser juzgado por lo que dicen los tribunales alemanes, no por lo que lo han condenado los tribunales españoles y que como español natural, tiene que estar sometido a ellos, como cualquier otro.

Por mucho que nos lo quieran explicar, esto no lo entendemos en inmensa mayoría de españoles o de cualquier otro país; y a los que nos agrada que las cosas sean claras y que “el pan es pan y el vino es vino”; lo que me recuerda las calificaciones que en su día diera Pedro Pacheco sobre “los cachondeos judiciales”; que son abundantes en muchos otros países y que de antiguo, ya lo sentenciara un famoso rey de hace veintisiete siglos, el que sentenció lo que sigue… “POLÍTICA Y JUSTICIA: "La ley es como una red que atrapa las moscas y deja pasar a los pájaros". La política se creó para "legalizar" la corrupción”. (Anacarsis. siglo VII a.C.)

Aumentemos a todo ello, las concesiones que el nuevo presidente del Gobierno y tras llegar a sentarse en el sillón que le permitirá disfrutar de rentas y prebendas “principescas” el resto de sus días y que fue la principal victoria que tramó este nuevo vividor, les está concediendo a estos rebeldes y otros de otras latitudes; y en perjuicio de una equidad española, que cada vez está más desequilibrada y encontraremos la desolación que en realidad ya anida profundamente en los que de verdad nos sentimos españoles.

Por todo ello ha resultado muy doloroso pagar el que pagamos impuestos, los cada vez más exigentes que nos cobran a la fuerza, quienes en realidad no se preocupan de nosotros nada más que pasa eso; para empobrecernos cada vez más; y lo ha confirmado el papa, con las siguientes palabras dichas muy recientemente… “A la gente la empobrecen para que luego voten a quienes les hundieron en la pobreza” (Afirmación del Papa Francisco en Julio del 2018)

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

(II)Lección de democracia a un gobierno liberticida: Significación de Franco
Pío Moa Gaceta.es 17 Julio 2018

Como uds saben, muchas personas consideramos a Franco un gran estadista, probablemente el de más altura que ha tenido España en varios siglos. De esa opinión se deduce la capital importancia, moral y política, de respetar y mantener su memoria como una inspiración yorientación permanente, pese a que su régimen no pueda volver. Uds, en cambio opinan que fue un tirano sanguinario que acabó con las libertades, un criminal comparable a Hitler, como repiten a menudo, y cuya memoria debería ser denigrada y sus hechos condenados, a cuyo efecto han impuesto una ley llamada “de memoria histórica”.

No les niego a uds el derecho a sus opiniones, como defendemos el nuestro a las nuestras; derecho otorgado por la ley, no por ustedes. Pues, como en el caso de la ideología LGTBI, ustedes están tratando de aniquilar los derechos y la libertad de quienes discrepamos de sus ideas. A ese fin han impuesto una ley radicalmente antidemocrática: en ninguna democracia se impone por el poder una versión de la historia. De acuerdo con ella pretenden uds. eliminar no solo el derecho a otras opiniones, sino también las libertades de expresión, investigación y cátedra. Es decir, están tratando de destruir la democracia, pues las libertades son indivisibles, y al atacar las de unos se atacan las de todos, utilizando el poder tiránicamente. Cosa que no debemos consentir so pena de degenerar en un país de siervos.

Por otra parte, la libertad de expresar opiniones no convierte a ninguna en veraz, pues la veracidad no depende de derechos, sino de hechos. Y nuestra opinión se sustenta en los siguientes: Franco dio paso a la paz interior más larga en varios siglos, que todavía dura, tras la guerra civil. Ganada esta libró a España de las atrocidades de todos los bandos en la guerra mundial y venció al maquis, una peligrosa guerra de guerrillas comunista. Derrotó asimismo un aislamiento criminal (pues intentaba crear en España una gran hambruna), impuesto conjuntamente por regímenes comunistas, dictaduras varias y democracias. Los odios que habían desgarrado la república desaparecieron pronto, y, por abreviar mucho, el franquismo dejó un país próspero como una de las diez mayores potencias industriales del mundo, sin apenas analfabetismo, con tasas de crecimiento nunca alcanzadas antes o después, con una de las esperanzas de vida mayores del mundo, y la mejor salud social de Europa en términos de delincuencia y población penal, suicidios, droga y alcoholismo, prostitución, fracaso familiar y escolar, etc. Y ya que a ustedes les gusta equiparar a Franco con Hitler, el alemán dejó a su país en ruinas, mientras que el español hizo lo contrario, y solo este dato echa por tierra sus comparaciones. Permítanme añadir que esto no son opiniones, sino hechos bien constatables y constatados, por mucho que ustedes procuren desfigurarlos u ocultarlos. Dicho de otro modo, Franco dejó un país apto para una democracia no convulsa, muy distinta de la república y del Frente Popular, pues las democracias no funcionan en sociedades míseras y plagadas de odios.

No obstante, para ustedes el hecho mismo de ganar la guerra civil sería la máxima culpa, que borraría cualquier otro mérito, porque habría derrocado a un régimen legítimo, democrático y salido de las urnas. ¿Fue así? ¿Salió de las urnas el Frente Popular? Hoy sabemos sin lugar a dudas que aquellas elecciones de febrero de 1936 fueron fraudulentas, destruyendo la legalidad republicana. En otras palabras: si uds llaman democráticas a aquellas urnas, ya sabemos la clase de “democracia” que uds. defienden. Ahora bien, la destrucción de la legalidad es lo más grave, pues con ello se impide la convivencia en paz y libertad entre las distintas orientaciones e intereses existentes en todas las sociedades. Y uds vuelven a intentarlo hoy al introducir solapadamente leyes totalitarias como la LGTBI o esta de memoria histórica. Por lo demás, el fraude electoral del 36 fue seguido de cinco meses de orgía de incendios y crímenes que el propio Azaña consigna, con 300 muertos y ruina económica, culminados en el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo, culpable de denunciar aquella tiránica e intolerable situación. Estos también son hechos indiscutibles y bien documentados, que uds pretenden ocultar despóticamente.

Y contra la censura que quieren implantar uds. conviene recordar qué fue el Frente Popular derrotado por Franco: una alianza de hecho entre separatistas y totalitarios, en la que participaba su partido, el PSOE. Un régimen que amenazaba gravemente la integridad nacional y empujaba hacia un totalitarismo de tipo soviético, uno de cuyos puntos clave era el exterminio de la cultura cristiana y de la propia Iglesia, un verdadero genocidio. Esto tampoco es opinión, porque los documentos de su partido, que he recopilado en varios libros, lo exponen literalmente. Y ese fue el sentido de la guerra: un conflicto, llevado al extremo por el arrasamiento de la legalidad, entre quienes querían tales cosas y quienes trataban de impedir el comunismo, mantener la unidad nacional y la cultura cristiana.

Tal fue la causa y contenido de la guerra. Pero uds. pretenden difuminarlo con un vocerío incesante, subvencionado con dinero que no es suyo, sobre los crímenes que habrían cometido los nacionales. Hasta hablan de fosas comunes como en Camboya equiparando ahora los supuestos crímenes del franquismo con los del comunismo.

Volvamos de nuevo a los hechos. Toda guerra ocasiones por los dos lados víctimas y crímenes, porque la ruptura de la legalidad rompe a su vez todos los frenos. Uds llevan veinte años gastando dinero de todos en excavaciones y sobre todo en propaganda. En tanto tiempo han sacado unos 2.000 restos, entre los que se encuentran personas fusiladas, caídas en batalla enterrados con premura, y hasta huesos de cabras y perros que han intentado hacer pasar por humanos, como en Órgiva. No han dado un informe fidedigno de tantos años de excavaciones ni han hallado una sola fosa masiva como la que uds produjeron en Paracuellos. En cambio se han inventado cien mil restos por descubrir, lo de Camboya, cunetas, etc.,

Por otra parte, presentan uds sistemáticamente a los fusilados como honrados republicanos asesinados por sus ideas. Sus ideas eran precisamente la disgregación de España y la implantación de uno o varios regímenes totalitarios. Y tampoco fueron fusilados por eso, sino por crímenes concretos como el de Paracuellos y tantos otros cometidos por aquellos honrados idealistas, a menudo con sadismo escalofriante. También olvidan uds que aquellos idealistas tenían tal afición a la guerra civil que la practicaron entre ellos mismos, con numerosos asesinatos y torturas. Hechos.

Y, para concluir, olvidan que los jefes socialistas huyeron al exilio llevándose grandes tesoros expoliados y abandonando a su suerte a sus sicarios. Así, cayeron estos en manos de los vencedores, que los juzgaron, ejecutando a unos doce mil. Sin duda caerían algunos inocentes, dada la emocionalidad de la época, pero lo común fue lo contrario. Y estos son los hechos básicos que importa mucho explicar una y otra vez para poner en su lugar la infame e ilegítima propaganda en curso.

Terminaré con otra acusación muy esgrimida por uds., presentándose como apóstoles de la libertad, que habría sido suprimida por el franquismo. Si libertad era y vemos que sigue siendo, la del totalitarismo, mientras que el franquismo mantuvo la libertad personal. Importa discernir entre libertad personal y libertades políticas. En el franquismo hubo amplia libertad personal, como certifica el alto grado de salud social arriba mencionado. En cambio fueron restingidas las libertades políticas, especialmente para comunistas, terroristas y separatistas, cosa inevitable porque ellos habían hecho imposible la convivencia pacífica entre los españoles. La libertad personal en el franquismo, señalada por Julián Marías, explica también que Franco no tuviera oposición democrática, quitando pequeños amagos e intrigas. La oposición fue comunista y/o terrorista. La “libertad” del PSOE era, y como vemos sigue siendo, la del totalitarismo, que anula tanto la personal como las políticas.

Su partido, el PSOE, señoras y señores del gobierno, tampoco hizo oposición reseñable al franquismo (la hace ahora, claro). Y sin embargo fue durante la república más totalitario y guerracivilista que el PCE. Y fue el que puso al Frente Popular en manos de Stalin al entregarle ilegalmente las reservas financieras del país. Hechos, nuevamente. En la guerra, el PSOE perpetró, como lo demás, innumerables asesinatos y torturas, pero se distinguió especialmente por sus corrupciones en la adquisición de armas y por el expolio sistemático de bienes privados, incluso de las pequeñas alhajas de gente humilde depositadas en los montes de piedad, y sobre todo del patrimonio histórico-artístico español. La disputa entre Prieto y Negrín en el exilio por el tesoro del yate Vita resume perfectamente esa realidad. Uds ensalzan mucho a Negrín, y por algo será. Y luego no tuvieron el valor de los comunistas para proseguir la lucha contra Franco.

Uds hablan de juzgar políticamente a quien les derrotó y de montar una “Comisión de la Verdad”, que en sus manos solo puede ser un sarcasmo. Verdaderamente, su descaro y osadía no tienen límites, como cuando invocaban sus imaginarios “cien años de honradez”. La verdad, condensada muy brevemente en esta carta no precisa comisión porque está investigada. Sí convendría una Comisión de la Información, porque es una verdad sistemáticamente ocultada por ustedes y sus subvencionados.

La historia se resume así: totalitarios y separatistas destruyeron la legalidad republicana y causaron la guerra civil. El régimen de Franco superó aquellos males y la miseria y los odios, creando condiciones para una democracia real. Y de nuevo ustedes, junto con los separatistas y con apoyo implícito del PP, están arrasando los fundamentos de la democracia, atacando la libertad de todos y creando condiciones para nuevos conflictos.

Y finalmente, ¿qué revelan sus ataques a la libertad y su imposición violenta de la censura? Revelan precisamente la debilidad de sus propias opiniones, incapaces de sostenerse en un debate abierto y civilizado, por lo que solo podrían apoyarse en el silenciamiento del discrepante.

Les invito a reflexionar sobre estas cosas y, sobre todo, invito a las personas de espíritu democrático y amantes de la libertad y de España, a llevar a cabo la necesaria batalla cultural y por las ideas. Porque de ello depende la continuidad de España y de la democracia.

Vagos, sectarios… y tontos
OKDIARIO 17 Julio 2018

La renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) se ha convertido en un esperpento donde cada nuevo capítulo supera al anterior. A pesar de que Pedro Sánchez ha decidido utilizar la confección del “nuevo” Ente como pago a los partidos que apoyaron su moción de censura —especialmente a Podemos— ni siquiera dichos diputados se toman en serio al presidente del Gobierno. El día que se elegían en el Congreso a los cuatro consejeros propuestos por el PSOE y los podemitas, el ridículo se ha apoderado de la Cámara Baja por partida doble. Primero, porque dos representantes se han equivocado y sus votos han sido declarados nulos en una intervención que destacaba por su sencillez. Después, dos políticos independentistas se han ausentado de las votaciones.

El colmo de dichas ausencias es el caso concreto de la diputada de ERC Ana Surra, que ha faltado porque estaba en Cuba en un foro de fuerzas de izquierda para denunciar la “represión” que hay en España contra los separatistas catalanes. Todo lo que está ocurriendo con RTVE no hace más que ahondar en la extrema debilidad del Ejecutivo socialista y en la perniciosa dependencia que tiene del apoyo de fuerzas y políticos radicales. Sánchez debería reflexionar sobre el daño que todo esto le está haciendo a la imagen de una empresa que pagan todos los españoles con sus impuestos y que está compuesta por extraordinarios profesionales que, así, ven manchadas sus carreras. RTVE no tiene sentido si está manejada como el cortijo particular de cada uno de los partidos que pasan por el Gobierno.

Menos si, encima, están chantajeados por populistas y separatistas. Sin embargo, y lejos de cualquier consideración, los socialistas parecen empeñados en ahondar en el disloque que ha colonizado todo este proceso. El episodio de este lunes sólo ha sido un nuevo paso en un modus operandi demencial. Todo empezó con la propuesta como presidenta de la podemita Ana Pardo de Vera, a sueldo del independentista Jaume Roures como responsable de su libelo. Después, y siempre bajo la exigencia de Podemos y la exasperante permisividad del PSOE, Roures ha intentado meterse hasta la cocina de Televisión Española para hacer negocio. Y, para colmo, el espectáculo en las votaciones. Si esta era la capacidad regenerativa del PSOE, mejor que nos hubiéramos quedado como estábamos.

Preámbulo para la república
Juan Manuel de Prada ABC 17 Julio 2018

¡Nos duele tanto tener razón, cada vez que profetizamos calamidades! Dostoievski nos advertía que los pueblos tradicionales, cuando son infectados por ideologías y costumbres modernas, no reaccionan como vacas pastueñas, al estilo de los pueblos inanes que se uncieron el yugo protestante, sino que se metamorfosean y revuelven furiosos, despedazando aquello que antaño encumbraron. En los países uncidos al yugo protestante es posible mantener monarquías de postal turística, con reyecillos de opereta que se dedican –Gómez Dávila dixit– a «comprar el mayor número de objetos, hacer el mayor número de viajes y copular el mayor número de veces», imitando las aspiraciones de cualquier demócrata. Pero esta pantomima decadente no sirve para los países tradicionales, donde la monarquía sólo es sostenible mientras sea –como afirmaba Pemán en estas mismas páginas, ejerciendo también de profeta de calamidades– «de tipo tradicional, social y representativa»; pues cualquier otra fórmula –advertía el gran escritor gaditano—tendrá inevitablemente «sustancia republicana, incluida la propia monarquía liberal y parlamentaria, que entre nosotros ya ha demostrado ser un principio de República». Y concluía Pemán: «Sospecho que si alguien la defiende hoy en España es con intención –o al menos con riesgo grave– de que sirve de puerta y preámbulo para la República. Es la monarquía de los republicanos».

Pemán sabía que la monarquía, en un país como España, no resulta viable si se somete a «modernizaciones» que no hacen otra cosa sino desnaturalizarla. En una Tercera de 1972 afirmaba sin ambages que, en España, una monarquía «con replanteos dinásticos, forzamientos dialécticos y toisones que sí que no, como la Parrala» estaba tan acabada como una Iglesia «con interpretaciones sexuales de la pureza o el celibato y charlas de sacristía volterianas». No han pasado ni cincuenta años y podemos comprobar que la profecía de Pemán se ha cumplido implacablemente. Los españoles querían una Iglesia con latines y curas trabucaires repartiendo sopapos y excomuniones, no una iglesita de guitarreo bobelas y curánganos fofitos que hacen sociología barata; y antes que tragar con estas bazofias prefieren hacerse ateos furibundos (o, como escribió Foxá, «católicos del revés»). Y lo mismo sucede con la monarquía: los españoles no quieren «replanteos dinásticos» que funden sangres que no pegan ni con cola, ni «forzamientos dialécticos» que tratan de conciliar la monarquía con formas políticas que la repudian; y antes que tragar con un sucedáneo de república coronada se hacen republicanos furibundos.

Los cortesanos aduladores incitan a los reyes a «comprar el mayor número de objetos, hacer el mayor número de viajes y copular el mayor número de veces», para luego poder manejarlos a su antojo; pero, tarde o temprano, estos relajos que los cortesanos fomentan se vuelven contra la institución, al modo de un boomerang (casi siempre lanzado, por cierto, por los mismos que en otro tiempo los adularon). Pues, entretanto, el pueblo antaño monárquico ya se ha tornado republicano. Escribía Castellani (¡otro profeta de calamidades!) que el fundamento último de la monarquía se halla en la necesidad que los pueblos tienen de Justicia (que es uno de los nombres de Dios), ante los atropellos del poder del Dinero. Y, para «meter en pretina» el poder del Dinero, los pueblos «fabrican un hombre casi-como-Dios y lo hacen gobernar en nombre de Dios». Pero, apartadas de Dios, las monarquías pierden su sustento y su norte; y hasta pueden acabar entrampadas en las redes del Dinero. En ese mismo instante nos hallamos ya en el preámbulo para la República; y sus heraldos serán los mismos que ayer fueron cortesanos aduladores.

Franco fue malo, pero ¿y ustedes?
Carlos Dávila okdiario 17 Julio 2018

No les quiero marear con datos, pero lo voy a hacer. La Comisión de la Verdad que perpetran Sánchez y sus corifeos va a utilizar la exhumación de los restos de Franco para una gran revancha: homenajear a todos los mártires “republicanos” de la preguerra, la Guerra incivil, y la posterior represión aherrojando, vapuleando la memoria de los muertos “nacionales” porque éstos, enfatizan, ya tuvieron reconocimiento durante la oprobiosa. Ninguno de los secuaces con mayoría aplastante de los prosoviéticos de Podemos tendrá la menor caridad con estos latosos difuntos. Ya lo verán.
Ninguno de estos individuos guardará tampoco el mínimo interés por siquiera considerar las referencias documentales siguientes. Según las estimaciones más objetivas realizadas por técnicos e historiadores afines a uno o a otro bando, el número total de víctimas de aquella confrontación fue de 233.635 —nada de un millón como escribió Gironella—, 119.960 pertenecientes al bando “nacional”, 95.500 al “republicano”.

Cifras que admiten, con matices numéricos nada escandalosos, desde Payne hasta Preston. Los 120.000 españoles calificados genéricamente de franquistas ¿serán miserablemente marginados, olvidados, también injuriados? Rotundamente, sí: la venidera Comisión de la Verdad y la Asociación de la Memoria, que actúa de muleta de Sánchez y sus barreneros y que ha sido sustanciosamente engrasada durante la gobernación ominosa de Zapatero, no querrán saber nada por ejemplo de los 6.866 obispos, curas, seminaristas, religiosos y religiosas, asesinados por el fanatismo anticatólico de los llamados —a sí mismos recuérdese el dato— “rojos”. La relación está minuciosamente configurada en una cuidada alacena del Santuario de la Gran Promesa de Valladolid gracias a un trabajo de chinos que en su momento realizó el arzobispo García y García. Son álbumes detallados por provincias —faltan cuatro de ellas— como también lo está la lista completa, ¡figúrense!, de los 159 periodistas ejecutados por su hipotética militancia confesional y de derecha. Veinte colegas más murieron en combate. Clérigos y periodistas ¿serán también levantados de sus tumbas como el general?

Más datos: la fosa común de Paracuellos, que naturalmente no será reconocida por la investigación sectaria de Sánchez, encierra los cuerpos de, por menos, 4.000 personas, aunque algún estudio eleva esa cifra, muy discutible desde luego, hasta las 8.000. En Guernica, sobre cuyo bombardeo se ha edificado todo un mito del terror franquista, fueron asesinados en las fechas anteriores a la intervención aérea los sacerdotes Pedro Ondorica Zugazaga y Andrés Asla y otros 15 vecinos adscritos a una asociación católica. La mayoría de sus cadáveres permanecen en destino desconocido. ¿Se les buscará ahora o son sencillamente facciosos bien muertos? En todo caso, ellos ni han merecido, ni van a merecer una sola mención en forma de obligado recuerdo.

Y pregunto: ¿Es tal el complejo de legitimidad de origen que sufre la derecha española que un periodista impecablemente adverso a Franco como el arribafimante tiene que ocuparse de difundir estas realidades? ¿O de recordar que la hórrida estatua de Largo Caballero, pertinaz pregonero de la Guerra Civil y artífice de la sangrienta Revolución de Asturias, aún sigue enhiesta en el Paseo de la Castellana de Madrid? La ultraizquierda de este país en la que claramente actúa como palmero Pedro Sánchez, va a reescribir, o mejor dicho a violar, la historia de una tragedia común cuyos indicios ahora también se entrevén. ¿Seguiremos callados ante tal tropelía? Sinceramente: no encuentro arrojo y sí mucha condescendencia o incluso connivencia en quienes deberían contrarrestar la plaga de una revancha que nos lleva directamente a la desvergüenza y a la venganza.

Los Franco entregan al Abad del Valle el acta notarial en el que se niegan a la exhumación
Carlos Cuesta okdiario 17 Julio 2018

La familia Franco ha entregado ya al Abad responsable de la basílica del Valle de los Caídos un documento notarial donde expresan su oposición a la exhumación de los restos de Francisco Franco. El objetivo, evitar que desentierren los restos de forma exprés en caso de que al Gobierno de Pedro Sánchez le entren las prisas para cumplir su promesa de sacar a Franco de su tumba antes de agosto.

No quieren problemas con lo que consideran una profanación y no una exhumación. Y es que, sin el permiso de la familia, los problemas del Gobierno para llevar a cabo su tan publicitado plan se multiplican.

La escritura notarial –en la que los siete nietos de Francisco Franco han plasmado su rechazo a la exhumación y su negativa a hacerse cargo de los restos de su abuelo en caso de ser sacados del Valle de los Caídos– ya está en manos del Abad del Valle.

Y eso significa que, acuda quien acuda, por el día o por la noche, en una operación con transparencia o con absoluta ocultación, se encontrará con un documento que evitará que nadie pueda argumentar que el posicionamiento de la familia era dudoso y que, por lo tanto, cabía resquicio legal para seguir adelante con el plan de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

En absoluto: la negativa a permitir el plan de Pedro Sánchez es tan expresa que, no sólo figura elevada a fe pública sino que, además, la podrá exhibir el Abad en caso de entrar cualquiera a la cripta.

Los siete nietos acudieron previamente al despacho de un notario de Madrid para dejar constancia de que se oponen a que el cadáver de su abuelo sea exhumado de la basílica del Valle de los Caídos para trasladarlo a un cementerio.

Este documento se convierte, de este modo, en el eje de actuación que los hermanos Martínez-Bordiu Franco piensan seguir para cerrar las vías de actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y frenar, en consecuencia, el traslado de los restos mortales.

Sánchez sin argumentos legales
El presidente del Gobierno empieza a ser consciente de que pueda haberse pasado de frenada legal con este asunto. Así, mientras que hace ya casi un mes que reveló a los periodistas y en un corrillo su prioridad de dar cumplimiento este mismo mes de julio a la moción aprobada por el Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 2017 a propuesta del PSOE, lo cierto es que ahora, las prisas parecen diluirse, según la última versión del ministro Ábalos.

El plan inicial pasaba por “resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.

En consecuencia, el Ejecutivo recordaba que la misma moción urgía a “dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación —en su caso— en un sitio no preeminente del edificio”.

Ahora, esa urgencia parece estar en fase de reflexión. Y es que las dudas legales son más que severas sobre la capacidad de realizar este anuncio por las bravas.

El artículo 26.4 del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid (aprobado mediante el Decreto 124/1997, de 9 de octubre) establece que “la autorización de las exhumaciones se solicitará por algún familiar o allegado del difunto, acompañando la partida de defunción literal de los cadáveres cuya exhumación se pretenda”.

Es decir, que el traslado de los restos sólo puede realizarse a petición, o con la conformidad, de los herederos. Y eso ya está claro que no va a ser así.

Escribir en Andalucía es llorar
Javier Caraballo El Confidencial 17 Julio 2018

Si la calidad democrática de una sociedad se mide por la calidad de sus medios de comunicación, lo mejor será no ponerse a resolver ese silogismo en Andalucía para no caer en una depresión profunda. Podría decirse lo mismo de España, y de forma pormenorizada de otras muchas comunidades autónomas, pero esto debe ser como el gazpacho, que como en Andalucía, en ninguna parte. Si “una prensa cínica, mercenaria y demagógica produce un pueblo cínico, mercenario y demagógico”, como sostenía Joseph Pulitzer, más vale que no le demos mucha importancia a esa reflexión porque, sobre todo el verano, no es tiempo de abatimientos. Mejor será que nos detengamos en lo que decía Larra de que “escribir en Madrid es llorar”, aunque cuando decía Madrid se refería a España.

También en Andalucía, escribir, hablar, presentar… trabajar en un medio de comunicación es llorar. Después de 40 años de autonomía, en la prensa andaluza hay más precariedad, más limitaciones y más dependencia que cuando comenzó esta etapa única en la historia de autogobierno. Nadie a quien se le hubiera dicho entonces que la autonomía andaluza iba a provocar la muerte por esclerosis del periodismo andaluz se lo hubiera creído. Pero eso es lo que está ocurriendo, desde hace mucho tiempo, con la exclusiva novedad de que, como en el pensamiento marxista, cada año que pasa se repite la misma historia pero cada vez más cutre, más grotesca, más dolorosa.

Por supuesto que nada de esto es casual. Lo que ha ocurrido en Andalucía desde que existe la autonomía es que, en vez de mejorar el entorno, en vez de propiciar el arraigo de medios de comunicación potentes, lo que ha procurado siempre el PSOE, partido hegemónico, ha sido fomentar la dependencia y el sectarismo en la prensa andaluza; como si Canal Sur irradiara como patrón empresarial su propio servilismo político. Si ya existía una situación de debilidad por la dejadez de la sociedad andaluza, a la que no parecen preocuparle estos asuntos, y la inexistencia de grandes empresarios de prensa en Andalucía, que siempre ha sido localista, con la autonomía se han potenciado de forma extraordinaria los dos defectos.

Dos ejemplos de estos días que sirven para ilustrar bien una historia de años: subvenciones y licencias para quien se arrima al PSOE, estrangulamientos y vacío para quien se aleja. La primera tiene que ver con la guerra desatada entre dos grupos periodísticos, Vocento y el Grupo Joly, los dos imperios de prensa local más importantes de Andalucía y, por tanto, competidores directos. Durante varios días consecutivos, el diario 'ABC' ha estado sacando las subvenciones con las que la Junta de Andalucía ha estado financiando los proyectos empresariales del Grupo Joly, con titulares como “La Junta aprobó financiar un ERE antes de que lo solicitara” o “El Gobierno andaluz financió la expansión empresarial del Grupo Joly”.

La contestación de Grupo Joly fue inmediata: “Mentiras, insinuaciones y falseades; ABC, como siempre”. En la réplica aseguraba que toda la información se sustentaba en documentos antiguos, “manipulados y sacados de contexto”, con el único objetivo de desprestigiar a un competidor “en una muestra de falta de rigor profesional que debería alarmar a sus lectores y, como mínimo, sonrojar a sus instigadores, promotores y firmantes”. Por ello, anunciaba acciones legales contra el periódico vecino, el 'ABC de Sevilla'. ¿Llegará la disputa a los tribunales? Pues ojalá acabara en un juzgado y le cayera la denuncia a un juez decidido a tirar de la manta y revisar, como se hizo con los ERE, todas las subvenciones de prensa concedidas por la Junta de Andalucía.

La otra gran polémica periodística es el cierre, o la amenaza de cierre, del periódico decano de la prensa andaluza, 'El Correo de Andalucía', fundado en febrero de 1899. Este periódico, que fue grande e influyente en su tiempo, acabó absorbido por el PSOE andaluz en cuanto llegó al poder, a través de aquella empresa clandestina que se llamaba Prensa Sur, un escándalo de época, y desde entonces su declive ha sido imparable. Ahora que estaba iniciando una nueva etapa, la Junta de Andalucía le acaba de asestar un rejón de muerte: le cierra la televisión, con lo que se viene abajo todo el negocio.

La historia del cierre es interesante. La abogada del medio, Eloísa Pérez Andrés, ha explicado que El Correo TV se presentó a un concurso público para que le concedieran la explotación definitiva de la licencia de televisión. En ese concurso, según la abogada, se exigía que la documentación del proyecto televisivo que se presentaba en papel también se adjuntara de forma digitalizada, en un CD. Según esta abogada, en la baremación que se realiza, la oferta de El Correo queda por encima de las demás, pero se encuentran con la sorpresa de que la Junta de Andalucía la rechaza, y la excluye, porque no ha adjuntado el duplicado en formato digital.

El Correo afirma lo contrario, que sí entregó los duplicados correspondientes en formato CD, pero la Junta vuelve a negarlo y, entonces, le pide que, al menos, se le conceda la posibilidad de subsanarlo, ya que la oferta principal, la de papel, no se cuestiona, solo las copias. Pero la Administración andaluza es inflexible y los deja fuera del concurso público. Consecuencia, pues que sin la televisión, el actual propietario de El Correo anuncia que piensa cerrar todo el grupo, también el periódico y la web. Medio centenar de contratos que se extinguen. Seguramente, hasta serán contratos de muy escaso nivel salarial, pero en esas andamos, hasta los contratos precarios son un bien preciado en el erial de la prensa andaluza.

Cualquiera podría sorprenderse de lo ocurrido solo comparándolo con el desastre de los ERE, ese fraude milmillonario en el que ninguno de los controles funcionaba; la misma Administración que concedía subvenciones millonarias con la única documentación de un pósit en la pantalla del ordenador del director general de Empleo, ahora se muestra inflexible por la falta de una copia en un concurso público. ¿Estamos hablando de la misma Administración, el desastre y el rigor, el caos y la formalidad, como si fueran hermanos gemelos?

Evidentemente, no existen demasiados misterios en todo esto, y ni lo de los ERE fue un despiste ni lo de los medios de comunicación es una muestra de eficacia y rigor. Siempre ha habido un interés político detrás y, en el caso de El Correo, lo único que debe esconderse es el afán por allanar el camino a los otros grupos de televisiones locales, como el de Onda Luz, en perfecta sintonía con la Administración socialista, como tantos otros, para que se quede con toda la cuota televisiva de Sevilla. No es que 'El Correo' haya sido un gran dolor de cabeza para el Gobierno socialista, que no era 'The Washington Post' en el Watergate; no, que de eso apenas hay por aquí: se trata, sencillamente, de beneficiar a un grupo amigo excluyendo a los rivales para no tener que repartir la tarta publicitaria.

¿Y dicen algo las asociaciones de la Prensa o los profesionales? Aquí no hay ‘camisetas negras’, no. Todo lo más, algún comunicado de ‘bien queda’ y mucho 'hashtag' lacrimógeno. Ni siquiera los partidos políticos se atreven a poner el dedo en esa llaga, será que es demasiado comprometido y complejo; prefieren el juego conocido de la confrontación y el argumentario. Siempre ha sido así a lo largo de toda la historia de la autonomía andaluza y la tendencia, ya asentada, no iba a cambiar ahora. La única diferencia es que, cuando la historia se repite, lo hace siempre en un peldaño más bajo. Y lo que quedaba por ver en la lucha por la libertad de prensa es que se ofreciera una misa rociera en la que el sacerdote intercedió ante Dios para la salvación de 'El Correo'. Y eso ha ocurrido ya. “Dios nos bendiga con la continuidad de 'El Correo de Andalucía”. Así que nada... Eso, amén.

Nada aprendimos de las guerras yugoslavas
Cristina Losada  Libertad Digital 17 Julio 2018

El ministro Borrell dijo hace días que él no era "ministro de asuntos catalanes". Y es verdad, porque los ministros para esos asuntos son la catalanista Meritxell Batet y el propio presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, le guste o no, Borrell tiene que hacer frente a la gran empresa exportadora de falsificaciones montada por el Gobierno catalán para ganarse apoyos y simpatías en el exterior, e influir en decisiones judiciales en los países europeos donde se han instalado los golpistas prófugos.

Ahora mismo, Borrell ha tenido que hablar con su homólogo belga sobre una denuncia contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, presentada por los abogados de Puigdemont, que fue aceptada por un tribunal de Bruselas, que ha citado allí a Llarena en septiembre. Eso, cuando todavía está fresca la gran frescura de los jueces de Schleswig-Holstein, negándose a entregar al cabecilla del golpe por rebelión y sedición, y aún se oye el gran silencio gubernamental al respecto.

Es sintomático, y muy mal síntoma, que un Gobierno que, según sus aduladores, ha modernizado, democratizado y feminizado la imagen de España en un abrir y cerrar de ojos, no se proponga hacer uso de los poderes que le concedería ese nuevo look español para contrarrestar las falsedades exportadas por los independentistas. Es asombroso. Mucha modernidad, mucho champú anticaspa, pero a la hora de poner en su sitio las graves mentiras sobre España, este Gobierno no parece disponer de ningún plan de actuación. Como si estuviera tan paralizado por el temor, la pereza o la ineficacia como el anterior. Como si, igual que el PP, creyera que todo lo que hay que hacer en el foro internacional es hablar con los gobiernos europeos y asegurarse de que seguirán repitiendo que lo de Cataluña es un "asunto interno" de España.

Qué poca visión política. Cuánta miopía. Cuánta cerrazón. Porque no dude el Gobierno de que el separatismo catalán va a redoblar la presión en la arena internacional. Y será un tremendo error, como lo fue del Gobierno Rajoy, considerar que es una arena secundaria y prácticamente irrelevante. No es por un capricho tonto que Torra sacó a relucir, tergiversada, la resolución del Tribunal de La Haya sobre la declaración de independencia de Kosovo. El racista, que editó un libro sobre el tema, titulado La puerta de la jaula, puso como modelo lo de Kosovo justo antes de su entrevista con Sánchez y habló, en línea con su libro, de "la jaula constitucional española". No es Torra tampoco el único kosovar del independentismo. Ni son de ahora las referencias a Kosovo o a Eslovenia: vienen de atrás

La desmembración de Yugoslavia es fuente de inspiración para el separatismo catalán. Lo es por muchos motivos. No es menor el hecho de que se hiciera caso omiso de los tratados sobre la no modificación de fronteras. La comunidad internacional y la entonces Comunidad Europea, en concreto, aceptaron finalmente su transgresión. Alemania se adelantó a todos en el reconocimiento de la independencia de Eslovenia y Croacia, lo cual, como muchos advirtieron, sólo podía conducir a más guerra y a su extensión a Bosnia-Hercegovina, que es lo que sucedió. Pero todos los Estados europeos, por variadas razones, acabaron admitiendo que la única salida era liquidar Yugoslavia, porque ya era demasiado tarde para evitarla.

La cuestión clave es que las garantías sobre la integridad territorial de los Estados se dejan caer ante la fuerza de los hechos consumados. Este es el primer mensaje esperanzador que el separatismo catalán puede extraer de la desintegración yugoslava. El segundo es que las relaciones públicas mueven montañas. El trabajo de los lobbies políticos esloveno y croata fue fundamental para predisponer en su favor a varios Gobiernos europeos. Los nacionalistas croatas consiguieron, además, el apoyo del Vaticano, en razón de su catolicismo. Las promesas de importantes contratos en las futuras repúblicas independientes, de cooperación económica privilegiada y prebendas similares tuvieron también su papel.

Todos los contendientes principales contrataron a importantes agencias de comunicación internacionales. Lo hicieron los nacionalistas serbios, pero fueron los que menos éxito tuvieron en el intento de influir en la opinión pública internacional. Lo que triunfó fue una imagen falsa y simplista, según la cual los nacionalistas croatas eran claramente los demócratas, los que representaban los valores europeos y las víctimas de la agresión serbia, mientras que los nacionalistas serbios eran los antidemócratas, los no europeos y, además, puesto que acababa de caer el Muro, los comunistas. Hasta hoy mismo se tiene a los serbios por los únicos "malos" de la película. O sea, cuarta lección: fabrica un relato de buenos y malos en el que te adornas con cualidades democráticas y europeas que le niegas a tu adversario y preséntate como víctima de agresiones intolerables. Hasta las operaciones bélicas fueron diseñadas en los Balcanes para fijar ese relato en la opinión pública extranjera.

Quinta lección: no estás separando un territorio de un Estado, sino que abandonas un Estado fallido. Esto es lo que siguen diciendo, aún día de hoy, analistas en teoría académicos y en realidad propagandistas del nacionalismo croata. Los separatistas catalanes lo han incorporado a su repertorio. Cada tanto hablan de España como de Estado fallido. Es un subterfugio para hacer más digerible, en la arena internacional, un intento de secesión. Lo que se propone el separatismo catalán es hacer creer que el Estado del que quiere separarse no es propiamente un Estado, que está lejos de ser una democracia, que carece de Justicia independiente, que incumple los estándares europeos y que no cesa de agredir a los catalanes.

En el caso de Yugoslavia, ese conjunto de falsedades funcionó. Es verdad que con una carnicería espantosa, pero obviando la guerra, ¿por qué no va a funcionar para el independentismo catalán? Los dirigentes separatistas han hecho, están haciendo y harán todo lo posible para que funcione. Han tomado lecciones del último gran conflicto provocado por el nacionalismo en el Viejo Continente, y que se saldó a favor del nacionalismo. Los únicos que, por lo que se ve, no han aprendido ninguna de las terribles lecciones de las guerras yugoslavas son los Gobiernos españoles. Y los europeos.

Anulan una multa de tráfico de Colau porque la señal estaba sólo en catalán
Este fallo, contra el que no cabe recurso, puede desatar un aluvión de demandas contra el Ayuntamiento de Barcelona
Gonzalo Baratech Cronica Global 17 Julio 2018

El Juzgado Contencioso número 8 de Barcelona ha estimado el recurso de un conductor de Barcelona y ha fallado anular la multa de 60 euros que se le impuso en diciembre de 2016, “porque la señal vertical estaba escrita exclusivamente en catalán”.

La magistrada Eila Soteras Garrell, en funciones de sustitución en dicho Juzgado Contencioso, estima así el recurso interpuesto por el ciudadano afectado, que perdió el pleito en primera instancia.

Los argumentos del afectado
En este asunto, el recurrente alegó su disconformidad con la actuación administrativa del Ayuntamiento de Barcelona que encabeza Ada Colau. Sostiene que tal multa contraviene la Ley sobre Tráfico y Seguridad de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación.

Ambos establecen que las "indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía”. Por tal motivo, el recurrente alegó indefensión ante la sanción de 60 euros.

Los argumentos de Colau
En su contestación, el Ayuntamiento de Barcelona, defendido por el abogado Domingo Rivera López, aludió a la normativa constitucional y el estatuto de autonomía. Añadió que la señalización vertical incluía pictogramas y se veía reforzada por las señales horizontales propias de las zonas de carga y descarga destinadas a estacionamientos temporales, indicaciones que son “universales”.

Fallo firme
El Juzgado Contencioso número 8 concluye, una vez practicadas todas las pruebas, que la "leyenda incorporada en la señal vertical se encontraba redactada únicamente en catalán".

Por todo ello, el Juzgado estima el recurso contencioso-admnistrativo y anula y deja sin efecto la sanción de 60 euros, “por contravenir el ordenamiento jurídico”. La resolución es firme y no cabe recurso.

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Inmersión lingüística, fracaso educativo
Ernesto Ladrón de Guevara latribunadelpaisvasco 17 Julio 2018

El coletazo final de mi compromiso político institucional tuvo una guinda al disparate lingüístico: cuestionada por mi parte, por enésima vez, la política lingüística, y tras múltiples mociones e iniciativas para dejar mi testimonio en las Juntas Generales, se me respondía una y otra vez que había que dejar el euskera fuera del debate político. Es decir, que el euskera, así lo interpreto yo, era tabú y un tótem al que había que adorar, como si de ídolo sustitutorio de la religión se tratara.

Si esto es una democracia -cosa que yo, por razones obvias- pongo en cuestión, no sé por qué hay que dejar el euskera fuera del debate político. Si se puede cuestionar la Constitución, la integridad territorial de España, el Código Penal, a los jueces, a la Iglesia Católica, el sentido tradicional de la familia, el derecho de los padres a elegir cómo educar a sus hijos, etc, ¿por qué tiene que tener el euskera patente de corso? ¿O, más bien, por qué no se puede poner en tela de juicio la inmersión lingüística?

No me lo invento yo. Lo tomo literalmente del principal periódico vasco, el más leído: “Suspende el 75 % de los profesores de matemáticas que se presentaron a la OPE”. “956 profesores aprobaron de los 2.608 que completaron la OPE de junio, un 37%, en diferentes especialidades. La asignatura que ha dejado más plazas vacantes ha sido Matemáticas. En Euskera suspendió el 63% de los candidatos y en castellano, el 64 %”. En la especialidad de matemáticas “la parte de problemas solo la superaron diez de los 200 que se presentaron y la nota máxima fue un 5,6”.

No es que ese periódico se caracterice por su oposición al modelo de inmersión vasco ni al uso del euskera. No nos encontramos ante un recalcitrante opositor nacionalista como puedo ser yo mismo. No. Pero la realidad es incontestable, y no se puede ya ocultar. Son tantas las evidencias… Por eso el periódico lo refleja.

Sí. La política educativa y lingüística de los gobiernos vascos, desde el primero hasta este último es un total desatino. Los resultados son obvios, incuestionables. No nos encontramos ante lumpen educativo, ante gente desarraigada, socialmente marginal, no. Son candidatos a profesores, gente supuestamente preparada tras años de recorrido académico.

Finlandia, que tanto nos asombra por sus excelentes resultados en los informes PISA, al igual que Japón, o Corea del Sur, tiene entre sus claves de éxito la excelencia de su profesorado. El profesorado es personal especialmente valorado y seleccionado con criterios de excelencia, y considerado al mismo nivel que otras profesiones de prestigio como puedan ser notarios, médicos o jueces. Por eso se les aplica una criba de especial exigencia. Y ahí está el nudo gordiano de los excelentes resultados. Y ello conlleva un efecto multiplicador de resultados académicos en todo el sistema, que se retroalimenta. A mayores y mejores egresos educativos en todo el sistema, más calidad de quienes tienen encomendada la misión de transmitir el legado cultural, formar, instruir y educar a las nuevas generaciones, que luego dan como efecto los mejores formadores. Es la pescadilla que se muerde la cola. A más… más. A menos… menos.

En la II República, primer bienio, el foco del primer Gobierno republicano se puso en la formación de los maestros y su selección esmerada. Y por ello el llamado Plan de la República fue una referencia en la formación y selección de maestros, que luego el Plan Villar Palasí trató de aplicar en la reforma del 68 de formación y promoción directa de maestros tras una especie de MIR. Aquello quedó en agua de borrajas porque aquellos maestros pensaban demasiado y eran peligrosos para el “sistema”.

El modelo de acceso al profesorado instaurado por la izquierda comecuras y los nacionalistas ha sido el de los PNNs, es decir, crear un porcentaje altísimo de interinidad en el profesorado en lugar de fijar plantillas con los efectos que ello conllevaba en la contingenciación de los equipos docentes de los centros, la ausencia de proyectos educativos, y la precariedad de la escuela pública. Con ello se elevaba hasta el 40%, si no más, las contrataciones temporales, el profesorado sin plaza estable o interinidad, etc. Todo ello para abrir listas interminables de contratación que se renovaban año a año, creando vínculos de clientelismo entre la administración y los contratados, poniendo condiciones de valoración de euskera donde no era necesario y trasladando masas de personal de las zonas más politizadas de las Vascongadas a las menos; de tal manera que un profesor alavés ya podía ir pensando en trasladarse a provincias limítrofes pues era una verdadera colonización la que se producía. Es también evidente por qué y para qué.

El resultado es el que es. El profesorado sabrá mucho euskera -aunque al parecer, por la información de ese periódico, ni eso tan siquiera- pero es muy poco competente en materias donde no se puede hacer ni trampa ni cartón como en las asignaturas científicas o en matemáticas, donde dos mas dos son cuatro y no se puede maquillar como si fueran tres.

Vamos, un verdadero desastre.

Pero nacionalistas y socialistas a lo suyo... Miran para otro lado y a fomentar el borreguismo…, así controlan mejor a la población y no hay capacidad de análisis crítico.

Es más importante la formación del espíritu nacional (como en tiempos de Franco, (¿lo recuerdan?) que formar personas capaces de pensar por sí mismas, a ser autónomas y capaces de labrar su futuro; y con la dignidad suficiente para no mendigar un aprobado.

Anatomía del 'procés
ELISA DE LA NUEZ El Mundo 17 Julio 2018

Hace unos días tuve la oportunidad de coincidir con un conjunto de expertos (sociólogos, politólogos, juristas, economistas, historiadores, diplomáticos, periodistas, empresarios e incluso psicólogos) en el curso que con el nombre Anatomía del procés se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El nivel del curso y la atención que despertó en la audiencia fue altísimo, y no es para menos. Probablemente -como dijo Manuel Valls, también presente en el seminario- en Cataluña nos jugamos muchas cosas a la vez: el futuro de la democracia liberal (o de la única democracia conocida hasta ahora salvando el breve experimento de la Atenas del siglo V antes de Cristo), el del Estado de derecho y hasta el del proyecto europeo. Nos jugamos la modernidad, en suma. Por eso es un fenómeno tan fascinante desde un punto de vista intelectual y moral. Pero, sobre todo, no hay que olvidar a las personas concretas que sufren día a día la ruptura de la convivencia en Cataluña, más acusada en los núcleos de población pequeños y cerrados pero que se va extendiendo también a las grandes ciudades. Muchos de los ponentes catalanes de Santander contaban historias no muy diferentes de las que hemos oído o leído acerca de otros países donde se ha producido una fractura civil: se extiende la espiral del silencio, se señala al que no piensa igual y las instituciones ya no protegen a una parte muy importante de la ciudadanía. Son instituciones de parte, solo de y para los independentistas.

Conviene recordarlo después de los acontecimientos de los últimos días, la reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, y la decisión del Tribunal alemán de Sleschwig-Holstein sobre la extradición de Puigdemont y de su torticera utilización por parte del Gobierno de la Generalitat. Como es lógico, esta decisión no supone nada parecido a una convalidación de las tesis independentistas de los "presos políticos" ni una deslegitimación de la instrucción del juez español ni mucho menos una "humillación" de los españoles en su conjunto. Los juristas sabemos que los jueces discrepan muchas veces y que las decisiones contradictorias abundan. El Estado de derecho tiene sus mecanismos para resolver esos problemas, incluso en el caso de la euroorden, aunque son un poco más complejos que los del Derecho nacional.

Es cierto que las instituciones españolas también han sido tradicionalmente ocupadas por los partidos políticos de turno, lo que ha supuesto un grado de politización importante con las consiguientes ineficiencias. Contar con instituciones neutrales y profesionales es un requisito fundamental de un Estado democrático moderno y una garantía muy importante para la economía de mercado. La profesionalización de la función pública tiene precisamente ese objetivo; los funcionarios sirven con objetividad los intereses generales, que son los de todos los ciudadanos, y que no pueden confundirse con los intereses de un partido. Claro que, en la práctica, hay zonas grises máxime cuando hay demasiados funcionarios que entran en política y cuando las carreras funcionariales dependen más del favor político que del mérito y la capacidad. Pero en Cataluña la ocupación institucional es absoluta y total -quizás porque siempre mandan los mismos-, lo que representa un salto cualitativo, en la medida en que se presupone que la mitad de los catalanes sencillamente no tienen derecho a sus propias instituciones.

Efectivamente, en otras partes de España no es posible la imagen de funcionarios del Estado recibiendo en la puerta de un edificio público a su nuevo ministro del PSOE, agitando banderines con las siglas del partido. O el logo del PP luciendo en la fachada de una Diputación o de una Consejería de Castilla y León. En Cataluña sí es posible. Algo parecido cabe decir de los medios de comunicación públicos; es cierto que a los partidos políticos les cuesta mucho renunciar a controlarlos y ahí tenemos el último ejemplo en RTVE. Ya sabemos que el camino hacia la neutralidad institucional es largo y tortuoso. Pero al menos hay una demanda creciente de neutralidad tanto por parte de los trabajadores como de la ciudadanía. Y es que no es razonable pagar con el dinero de todos las instituciones de unos cuantos. Pero la ocupación de TV3 no se ha discutido hasta hace relativamente poco y solo se empieza a hacer muy tímidamente. Lo mismo cabe decir de todas y cada una de las instituciones catalanas, desde el Síndic de Greuges hasta el Parlament.

El problema que subyace es sencillamente la resistencia a reconocer contrapesos o check and balances (que en democracia son consustanciales al ejercicio de poder) por parte de unas élites muy acostumbradas a hacer y a deshacer a su antojo desde hace muchos años. Como decía Montesquieu, es sabido desde siempre que todo hombre con poder tiende a abusar de él. Con el agravante de que en una sociedad relativamente pequeña, como es la catalana, este ejercicio del poder político prácticamente sin cortapisas y sin rendición de cuentas puede volverse muy asfixiante si se extiende, como ha ocurrido, a prácticamente todos los ámbitos de la vida -económico, cultural y social- y se impulsa desde las instituciones y con dinero público. El que este ejercicio prácticamente incontrolado del poder político (y en gran parte económico y social) se hiciera en clave nacionalista facilitaba que cualquier tipo de oposición se tachase de "anticatalana", lo que coloca en una posición muy incómoda a los ciudadanos que pedían más profesionalidad, más transparencia, menos corrupción y menos impunidad.

Durante muchos años el discurso ideológico dominante prometía que la cesión de este enorme poder Cataluña a sus élites tradicionales era lo que aseguraba la inclusión y el progreso económico y social de todos los ciudadanos, tanto de los catalanes de origen, es decir, descendientes de padre y madre catalanes que tenían el catalán como lengua materna, como de los catalanes de residencia, es decir, los descendientes de los inmigrantes de otras regiones españolas cuya lengua materna era el español. Indudablemente el segundo grupo contaba, al menos inicialmente, con menos recursos económicos y educativos que el primero, y además se movilizaba mucho menos en las elecciones autonómicas. El abandono por parte de las instituciones españoles del espacio público en Cataluña gracias a una serie de pactos con los nacionalistas catalanes para asegurarse la mayoría en el Parlamento nacional completó el panorama.

Este es el discurso y este es el modelo que ha enterrado el procés definitivamente. La exclusión del poder político, social y económico que sufría una buena parte de los catalanes no nacionalistas se ha manifestado de forma muy evidente, lo mismo que el componente xenófobo e identitario del independentismo. En ese sentido, la elección del presidente Torra visibiliza perfectamente esa ruptura. En definitiva, lo que estamos viendo en el independentismo es la nostalgia por un pasado donde el sol poble -o, para ser más exactos, sus élites- hacían y deshacían sin que nadie protestase demasiado y menos que nadie los catalanes venidos de fuera. En ese sentido, la añoranza de una pequeña patria identitaria recuerda a la de los brexiteers por el imperio perdido o a la de los votantes de Trump por una América fuerte, masculina y blanca. Nada de eso va a volver porque la historia avanza en una dirección distinta. Afortunadamente, la nueva sociedad catalana es más abierta y más diversa y los catalanes de diversas procedencias reclaman el espacio político que les corresponde. En eso, al menos, el nacionalismo sí ha tenido éxito aunque quizás no de la forma en que lo imaginó.

El problema, claro está, es que el hecho de que el pasado no pueda volver no garantiza que el futuro vaya a ser mejor. En sociedades diversas, plurales y abiertas como son ya las nuestras en Occidente, la única forma de resolver los conflictos entre ciudadanos que consideran -sin muchas razones objetivas, para qué nos vamos a engañar- que tienen pocas cosas en común es a través de los mecanismos de las viejas democracias liberales, más necesarios hoy que nunca. Si una comunidad intenta imponer su voluntad a la otra (y más, si como ocurre en Cataluña, las dos representan más o menos la mitad de la población) la única posibilidad de hacerlo es recurriendo al modelo de las llamadas democracia iliberales eufemismo para referirnos a autocracias con elecciones, del tipo de Hungría, Turquía, Polonia y otros discípulos aventajados. En estos modelos la pluralidad y la diversidad real de sus sociedades tienen que ser eliminadas o, al menos, silenciadas porque no se ajustan al modelo ideal que les gustaría a sus gobernantes. Cabría también renunciar a la imposición de las preferencias de una comunidad sobre la otra y optar por el modelo de dos comunidades diferenciadas cada una con sus propias instituciones al que tienden -más o menos explícitamente- países como Bélgica.

Lo que está claro es que cualquiera de esos dos modelos es infinitamente peor que el que todavía tenemos hoy en unos cuantos países afortunados, incluida España. Nuestras democracias y las instituciones que las acompañan pueden ser imperfectas y mejorables pero son también enormemente valiosas. Representan la mejor fórmula que los seres humanos hemos podido diseñar para no confundir los errores intelectuales con errores morales ni a los adversarios políticos con los enemigos. Y es que, parafraseando a David Rieff, siempre será preferible una diversidad desmoralizadora que una falsedad unificadora.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora de ¿Hay derecho? y miembro del consejo editorial de EL MUNDO.

Continúa el circo de los golpistas.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Julio 2018

LOS GOLPISTAS INUNDAN DE RECURSOS AL TRIBUNAL SUPREMO PARA DILATAR EL COMIENZO DEL JUICIO / ERC DESCARTA SUMARSE AL NUEVO PROYECTO POLÍICO DE CENTRO DERECHA DE PUIGDEMONT.

Los golpistas siguen en su estrategia de presionar en todos los frentes para lograr en primer término su liberación y en segundo lugar llevar el juicio a unas fechas donde se puedan negociar condiciones ventajosas para las condenas. Tras el acercamiento a cárceles ubicadas en Cataluña cercana a sus domicilios, ahora los abogados de los golpistas vuelven a solicitar por enésima vez su liberación aduciendo el “nuevo clima político de normalización” tras la reunión entre Pedro Sánchez y Joaquim Torra, al hecho de imposibilidad de reincidencia en la comisión de delitos y a la no existencia de huida al proponer como aval todos sus bienes. Pero no contentos con eso, se han lanzado a una campaña de dilación para el inicio del juico presentando una caterva de recursos (diez de media diarios) a fin de retrasarlo de modo que las sentencias coincidan en tiempo con los más que favorables resultados en las elecciones municipales del 2019 que prevén y poder usarlos como instrumento de fuerza en una negociación.

Todo en estas actuaciones no deja de ser una vulgar estratagema que quiere obviar y falsear la realidad aduciendo una normalidad que está lejos de darse. En primer lugar, la reunión entre Sánchez y Torra es solo una primera toma de contacto casi protocolario donde las posiciones de los golpistas siguen inamovibles, algo que el Ministro de Exteriores Josep Borrell reconoció al declarar que “yo no he visto ningún cambio en el Govern”. De hecho, la posición de Joaquim Torra sigue siendo la de apostar por la vía de la unilateralidad, caso de que el Estado no le permita realizar un referéndum pactado. En cuanto al Parlamento de Cataluña, dominado por las mismas fuerzas golpistas que no dudaron en declarar la independencia, con un Roger Torrent dispuesto a no obedecer al Tribunal Supremo y no admitir las inhabilitaciones de los diputados electos golpistas, no puede considerarse como normalidad política, ni muchos menos institucional que garantice la no reincidencia en la desobediencia ni en la sedición, lo de la rebelión tampoco es descartable vista la creación de los CDR, la recuperación de todas las instituciones derogadas durante la intervención y la designación en el mando de los Mossos a un radical independentista y la persecución de aquellos agentes que no comparten los ideales independentistas.

Por último, resulta grotesco el decir ahora que ponen a disposición del Tribunal todos sus bienes, cuando la realidad es que antes de su detención ya habían tomado las medidas de vaciamiento patrimonial haciendo donaciones de urgencia a sus parejas y dejando su patrimonio a cero. Así que se trata de una falacia más, además de que la ANC, siempre tan generosa y actuando como sublime mecenas, no ha dudado en aportar el aval de más de 2,5 millones de euros solicitado por el Tribunal para resarcir del daño económico imputado por los gastos relativos al “proceso” y del que los acusados deben de responder de forma alícuota. Así que en resumen se trata solo de rellenar de mentiras una petición que saben que será rechazada también por enésima vez. Porque los delitos imputados no son de naturaleza política, como pretenden machaconamente difundir, sino de naturaleza penal cuya gravedad alcanza condenas de hasta 20 o 25 años de prisión. Y eso son palabras mayores a la hora de creer que si se ven en libertad no aprovecharán para emular a los fugitivos camaradas como Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, y resto de “valientes” que decidieron huir a países donde sabían que serían protegidos de la pérfida justicia de España.

Y el ejemplo lo tenemos en la humillante y vergonzosa libertad de movimientos de la que disfruta el gran muñidor de Carles Puigdemont que, en unas horas y mediante video conferencia, presentará junto a Joaquim Torra la propuesta de una nueva formación (¡Será por nombres que este sujeto tiene ya patentados!), que pretende que sea una reedición de la que Artur Mas logró formar con Oriol Junqueras en esa coalición electoral de “Junts pel Sí”. En este caso el nombre propuesto para la nueva formación podría ser el de “Junts per la República” o algo que suene a esa unidad que dicen que es la que les reclama la sociedad catalana (la independentista, claro). Una especie de banderín de enganche donde el protagonismo lo tendría Carles Puigdemont, mientras su principal adversario por la supremacía en el independentismo, Oriol Junqueras, sigue en prisión provisional y sin visos de que esa situación revierta, gracias al ejemplo nada ejemplar de los fugitivos como el mismo Carles Puigdemont que se resisten a volver a España y ser entregados al juez Pablo Llarena.

Por lo pronto, ERC ha manifestado que no conoce nada de este nuevo proyecto, que no ha sido invitado al acto y que piensa solo acudir para escuchar lo que se propone. No obstante, cree que se trata de un nuevo intento de fortalecer el centro derecha independentista. Un error, ya que de lo que se trata realmente es que Carles Puigdemont sea entronado como el máximo representante del movimiento independentista y legitimarse por encima del Govern de Joaquim Torra (que está encantado de hacer de fiel lacayo). Solo basta saber si ERC está otra vez dispuesta a ser el chivo expiatorio y dejar todo en manos de quien “astutamente” supo ponerse a salvo y eludir, por ahora, a la Justicia de España en ese supuesto reparto de papeles pactado. ¡Habría que ser un auténtico imbécil para volver a tropezar en la misma piedra!

La única incógnita es si el Tribunal Supremo está dispuesto a admitir esta burla de la ley en la lluvia de recursos planteados por los acusados y si Pedro Sánchez querrá seguir transitando por ese camino que le marcan los golpistas y que lleva a España hacia el abismo. Si a pesar de todo lo sigue transitando, habrá en algún momento que reaccionar.

¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden un buen día!

"¿Los españoles en Euskadi? Pues como los alemanes en Mallorca"
En las bases del nuevo Estatuto vasco se distingue entre ciudadanía y nacionalidad. Los socialistas vascos dicen, con razón, que se categoriza a los vascos
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 17 Julio 2018

Corría noviembre del año 2000. Xabier Arzalluz, a la sazón presidente del EBB del PNV, hacía unas llamativas declaraciones al semanario alemán 'Der Spiegel'. En ellas se explayaba sobre el nacionalismo vasco y su coincidencia con ETA sobre la independencia del País Vasco. Preguntado por los "españoles en Euskadi”, el líder nacionalista respondió con rapidez: “Serán tratados como los alemanes en Mallorca”. Y es que el PNV y el 'abertzalismo' de siempre han querido un país en el que quedase claro quiénes eran vascos y quiénes no. Y 18 años después de aquellas declaraciones, los 'moderados' Ortuzar —sucesor de Arzalluz al frente del PNV— y Urkullu —sucesor también de Ibarretxe— acaban de suscribir un acuerdo con Bildu para lograr, justamente, que los españoles sean en Euskadi como extranjeros en cualquier zona turística española.

Tras el fracaso del Plan Ibarretxe en 2005, PNV y Bildu acaban de consensuar unas bases para la reforma del autogobierno vasco. En ellas —que luego se plasmarían en un Estatuto— se recoge la “identidad nacional” del pueblo vasco; se proclama el “derecho a decidir”, aduciendo que el principio de legalidad no puede vulnerar los deseos sociales; se prevé una vinculación confederal con España (“de igual a igual”); se establece la potestad de las instituciones vascas para convocar consultas y referéndums, y se distingue entre la ciudadanía, ligada a la vecindad administrativa, y la nacionalidad vasca. Unos, por tanto, serían ciudadanos con residencia y otros nacionales vascos. Por fin, y además de recabar para la comunidad autónoma la Seguridad Social, se reclama un referéndum habilitante del borrador de Estatuto que el Gobierno ya ha dicho que “no cabe en nuestra legislación”. Con esa consulta previa se trataría de impedir que las Cortes Generales alterasen tanto la letra como el espíritu separatista de ese nuevo Estatuto.

Este planteamiento no lo aceptan ni los podemitas en Euskadi, que son de la cuerda de Íñigo Errejón. Por supuesto, tampoco el PP ni el PSE. Los socialistas, alarmados, han presentado un voto particular a esta ponencia calificando todo lo anterior como inconstitucional. Dicen los socios del PNV en su escrito que “a todo ello se suma una cuestión extraordinariamente preocupante, que ni siquiera estaba en las propuestas originales de los grupos y que se incorpora en esta fase con una ambigüedad deliberada, como es el capítulo 2.8 sobre 'Ciudadanía y nacionalidad'. Con apariencia inocua, dado que se reconoce a toda la vecindad administrativa la condición ciudadana con preservación de sus derechos, se prevé que se distinga esta condición de 'nacionalidad'. Esto, de forma incuestionable, plantea una categorización de quienes residen en Euskadi, entre quienes tienen derecho a disponer de todos los servicios públicos y lo que se determinará en ese futuro texto” (en referencia al nuevo Estatuto).

Este planteamiento del nacionalismo llamado 'moderado' y la izquierda 'abertzale' es netamente supremacista y pretende una Euskadi con dos clases de ciudadanos: los nacionales vascos y los que no lo son. Tenemos que ver ahora cómo se desarrolla esta impresentable dicotomía que remite a las sociedades medievales. El asunto es gravísimo, pero es que el PNV las mata callando. Que se lo pregunten a Aznar y a Rajoy. Con aquel firmaron un pacto en 1996 y lo traicionaron firmando con ETA el llamado de Estella el año siguiente. Y con el expresidente Rajoy hicieron algo parecido: le aprobaron los Presupuestos a cambio de concesiones extraordinarias y luego —pocos días después— le censuraron. Los nacionalismos son como las mareas: suben y bajan, pero jamás se mantienen en el mismo nivel. O sea, se moderan o radicalizan de manera cíclica. Y, como se ve, el nacionalismo vasco no es tan distinto al catalán.

La diferencia estriba en la sociedad vasca que, tras casi 50 años de terrorismo etarra (terrorismo nacionalista), no está por recorrer caminos de incertidumbre. En el último Euskobarómetro (13 de julio), solo el 28% de los consultados percibía una necesidad de reformar el actual Estatuto, y no llegaban a una décima parte quienes deseaban una ruptura soberanista con España. El movimiento independentista, que ya se percibió en la cadena humana que unió las tres capitales vascas el pasado 10 de junio con la participación de toda la dirigencia del PNV (partido y cargos institucionales), imitando las iniciativas del 'procés' catalán, sería en Euskadi una iniciativa de las élites nacionalistas como lo fue el plan Ibarretxe. La demanda no existe pero se crea. Como ha ocurrido en Cataluña. De nuevo el Gobierno tiene la palabra ante otro proceso que comienza clandestinamente fuera de Euskadi y que puede provocar un problema de gran dimensión si no se ataja con prontitud. No vayamos a repetir los errores que se cometieron en Cataluña.

El Estado avergonzado
Salvador Sostres ABC 17 Julio 2018

El independentismo es algo menos de la mitad de la sociedad catalana y Puigdemont, Torra y sus adherentes son bastante menos de la mitad del independentismo. Además, el presidente Rajoy dejó al independentismo en general sin estrategia ni oxígeno, arrinconado en sus contradicciones, en su división y puesto ante sus responsabilidades penales.

El movimiento que explicó ayer Puigdemont por videoconferencia, además de confuso y desnortado, representa a una minoría de catalanes. Y también a la minoría de un independentismo que, de la mano de ERC y del PDECat, está virando hacia posiciones más pragmáticas, basando su estrategia en buscar un nuevo pacto con el Estado que si bien les dejaría sin la independencia, les permitiría llevar a cabo las políticas e inversiones para las que que se supone que quieren separarse de España.

Tiene poco sentido, por lo tanto, que el Gobierno asuma que Quim Torra es el interlocutor de los catalanes. Ni siquiera el Govern, dividido y sin rumbo cierto, lo es. Ha sido un error de concepto desde los años de Felipe González que España dejara de dirigirse a los catalanes, para interactuar sólo con la Generalitat. Independentistas o no, los catalanes hemos dejado de sentirnos interpelados por los sucesivos gobiernos de la nación, y el Estado ha ido reduciendo su presencia en Cataluña.

Ha dado la sensación, desde la recuperación de la democracia, de que los distintos presidentes del Gobierno pensaban que tenían que pedir permiso a la Generalitat para invertir en Cataluña o para dirigirse a los catalanes, como si asumieran la propaganda nacionalista –que al final, por acción y por omisión se ha acabado imponiendo– de que España es un cuerpo extraño entre los catalanes, y que el Gobierno «son ellos» y «nos atacan»; y la Generalitat son «los nuestros» que «nos defienden».

En condiciones normales, y según la Constitución, la Generalitat es el Estado en Cataluña, pero estas condiciones normales no se han dado prácticamente nunca. El presidente Pujol dijo siempre que no era independentista, pero creó la sensación de agravio y la de la extranjería de España en Cataluña. A partir de Artur Mas, abiertamente la Generalitat ha pretendido sustituir al Estado, expulsarlo, y convertirse ella misma en la única autoridad política. Es muy poco probable que España recupere el terreno perdido entre los catalanes tratando de pactar con quien minuciosamente les ha ido arrancando de esta tierra.

Hay una mayoría de ciudadanos de Cataluña que esperan algo del Gobierno, algo creíble. Una interlocución directa y la sensación de que España se interesa por ellos y tiene algún proyecto para mejorar sus vidas. Hay una mayoría incluso de independentistas que está cansada de la tensión permanente que no lleva a ninguna parte, y a los que el Gobierno tiene no sólo la oportunidad sino el deber de hacerles ver que continuar siendo español es algo más que renuncia a ser independentista. Y que España cuenta con ellos, les quiere, les ayuda y les necesita.

El proceso independentista ha fracasado. Pero hay algo que permanece y que si no se remedia acabará a la larga con el Estado, y es que por complejo y por torpeza, España ha acabado reducida en Cataluña a la caricatura que de ella han hecho los nacionalistas.
 


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