AGLI Recortes de Prensa   Jueves 19  Julio 2018

Montero, digna de Montoro
EDITORIAL  Libertad Digital 19 Julio 2018

Teniendo presente que jamás los impuestos y la deuda pública se elevaron tanto en tan poco tiempo en nuestro país como lo han hecho bajo el mandato de Cristóbal Montoro, es harto difícil que su sucesora al frente del Ministerio de Hacienda pueda superar tan lamentable listón.

Está visto, sin embargo, que la no menos manirrota y voraz María Jesús Montero está firmemente decidida a conseguirlo, como bien ilustra su ocurrencia de relajar todavía más los objetivos de reducción del déficit, lo que supondrá un incremento de la deuda pública equivalente a 23. 400 millones de euros, o su no menos nefasta y demagógica pretensión de subir todavía más los impuestos a las empresas y a la banca, pretensión que lejos de equilibrar la relación entre gastos e ingresos del Estado, lo que hará es penalizar al consumidor y lastrar la recuperación económica.

Así se lo ha puesto de manifiesto la CEOE, que ha advertido que subir impuestos a las empresas lastrará la creación de empleo, o prestigiosos analistas financieros que han señalado cómo el impuesto a la banca aplicado en otros países se ha trasladado siempre a los consumidores.

Aun así, nada ilustra mejor la voluntad de Montero de superar la voracidad fiscal de su antecesor en el cargo que su delirante e injusta ocurrencia de implantar un elevado impuesto de Sucesiones, fijo para toda España, acabando así con la sana competencia a la baja que se estaba produciendo entre las distintas administraciones autonomías.

El impuesto de Sucesiones (como el de Donaciones o el de Patrimonio) es especialmente perjudicial e injusto por cuanto va dirigido contra lo que le queda al ciudadano una vez que ya ha pagado sus impuestos. El viejo principio jurídico, non bis in idem, que proscribe castigar dos veces un mismo delito, es perfectamente aplicable en el ámbito fiscal donde también resulta injusto que un mismo bien sea sometido dos veces a la mordida de Hacienda.

Se ha dicho muchas veces que el impuesto de Sucesiones no es una forma de enriquecer a los pobres sino de empobrecer a los ricos, pero lo cierto es que, en la mayoría de ocasiones, es una forma de empobrecer a las clases medias que, a diferencia de los verdaderamente ricos, no pueden eludir el pago de tan injusto tributo trasladando su capital o utilizando ingeniería financiera, por lo que muchas veces sus herederos tienen sencillamente que renunciar a su herencia por no poder pagar el impuesto.

La voracidad fiscal de Montero le lleva a invadir, además, competencias que le son ajenas pues el impuesto de sucesiones lo gestionan al 100% las comunidades autónomas, que deciden si exprimen a sus ciudadanos con elevados gravámenes, tal y como sucede por ejemplo en Asturias, o si por el contrario, la presión fiscal tras la muerte de un familiar es casi inexistente, como Madrid o Canarias.

A este respecto, resulta lamentablemente paradójico que formaciones que defienden nuestro demencial modelo autonómico, tal y como está diseñado, sean, sin embargo partidarias de una eufemística "armonización fiscal" que no viene sino a acabar con el escaso margen de libertad, de autonomía y de competencia fiscal entre las distintas administraciones autonómicas que se da en nuestro país. Su declarada voluntad de acabar con los "paraísos fiscales" no es más que una inconfesable deseo de someter a todos a un mismo "infierno fiscal" que haga imposible una competencia entre autonomías que pueda beneficiar al sufrido contribuyente.

Está por ver, sin embargo, que la ministra logre ese imprescindible y nefasto consenso en el próximo Consejo de Política Fiscal. Pero no olvidemos que socialistas los hay, desgraciadamente, en todos los partidos, como bien ilustra lo parecidos que son Montero y Montoro.

Pujol, cuatro años después
Pablo Planas  Libertad Digital 19 Julio 2018

El club de fans de Puigdemont, ERC, lo que queda de Convergencia y la CUP arrastran profundas discrepancias desde que comenzara la fase final del proceso catalán. Sólo les une el odio a España y la constitución de una república identitaria. Eso les ha valido y les vale para erigirse en un bloque que maneja a golpes las instituciones de autogobierno que pretenden convertir en Estado.

Cuando más se han agudizado las tensiones internas en ese frente, más han avanzado en la desconexión con el resto de España. Las diferencias de criterio se traducen en giros maximalistas. La división no es un factor puntual que se pueda explotar para debilitar a los golpistas, sino uno de los rasgos esenciales del separatismo desde que la mafia del tres por ciento diera rienda suelta a sus instintos para hacer frente al cerco judicial contra Pujol, de cuya confesión se cumple el 25 de julio, la próxima semana, cuatro años.

En todo ese tiempo, el separatismo ha roto la sociedad catalana, se ha llevado por delante la convivencia y el futuro económico de la región. Miles de empresas, empezando por los dos bancos de bandera, se han largado de Cataluña por si acaso y lo que era un referéndum que no había existido según Rajoy en noviembre de 2014 ha degenerado en un Ejecutivo de Sánchez cuya única función es complacer a los separatistas. ¿Y Pujol? A Pujol le hacen homenajes los jerarcas del lazo amarillo.

Los resultados del proceso en Cataluña animan a los promotores del proceso en España, un golpe de Estado de cocción lenta, a baja temperatura, con minorías de conveniencia y cómplices o tontos útiles como el PSC en Cataluña. El plan de Pedro Sánchez para contentar a los separatistas es implantar el proceso en toda España, el golpe catalán en versión "estatal" con el objetivo de cargarse la Constitución y proclamar la república de la nación de naciones con el nombre de Puigdemont en las plazas de cada rincón de España. Pobres jueces los que investigan el 1-O, el 3% en general y a los Pujol en particular. Están tan solos como Felipe VI.

Llarena retira la euroorden: rechaza la entrega de Puigdemont sólo por malversación
Fernando Lorente  Libertad Digital 19 Julio 2018

El juez Pablo Llarena ha desactivado todas las órdenes internacionales de detención. No solo la de Carles Puigdemont, también las del resto de los fugados: Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira. El magistrado ha dictado un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente catalán en las condiciones que acordó el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, es decir, para ser juzgado sólo por un delito de malversación, pero no por rebelión ni sedición.

Llarena es extremadamente crítico con los magistrados alemanes. Destaca "la falta de compromiso" del Tribunal de Schleswig-Holstein con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español. Estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, fuera de los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Manual sobre la euroorden.

El magistrado explica que el control de la doble tipificación por parte del Estado de ejecución debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por España están contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que aquí se sospechan, se impulsaría una investigación penal semejante a la que aquí se sigue.

"Abordan el definitivo juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales", dice el auto, además "desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o las intenciones que pudieron guiar a los partícipes. Al actuar así, el Tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación desde un posicionamiento desacertado".

El Tribunal alemán, con Puigdemont
Según el auto, el Tribunal de Schleswig-Holstein llega a valorar en algunos extremos, a efectos de fondo, la declaración del encausado. Y esa ponderación de su relato entraña, para el juez Llarena, "conferir un valor probatorio definitivo a su versión, pese a que la declaración no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas en una extensa instrucción que el Tribunal de ejecución desconoce y sin que puedan someterse esas manifestaciones a contradicción con unas acusaciones que están privadas de la posibilidad de intervenir en el expediente de entrega".

Llarena resalta que el tribunal alemán denuncia que no se aprecian en los hechos algunas de las exigencias típicas identificadas por su propia jurisprudencia, "pero silencia que no ha reclamado a este instructor que le ilustre sobre aquellos extremos de la investigación que pudieran reflejar que sí concurren esos elementos".

"Cortocircuitada" la operatividad de la euroorden
Llarena señala que todas esas circunstancias "no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento".

El juez sostiene que el Tribunal alemán debió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: cuando existen dudas de interpretación de una norma de la UE, en este caso la aplicación de la euroorden, en un asunto ante un órgano cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso debido a su derecho interno, dicho órgano está obligado a formular la cuestión prejudicial al TJUE. Así, se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma garantizando el principio de igualdad en su aplicación en toda la UE.

"Falta de compromiso"
El juez destaca "la falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español", que "no sólo se refleja en no haber planteado una cuestión prejudicial cuando se estaba obligado a ello, sino por no haberlo hecho conociendo que el Tribunal Supremo español, como órgano judicial de emisión de la euroorden, no puede dirigirse al TJUE para plantear una cuestión prejudicial que intente suplir o colmar el déficit de colaboración padecido".

Llarena realiza un extenso análisis de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros aprobada por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea el 13 de junio de 2002. Destaca que se concibió como un instrumento de agilización de la cooperación judicial basado en los principios de reconocimiento y confianza mutuas entre los países miembros, y donde la autoridad judicial de ejecución sólo puede negarse a llevarlo a cabo en supuestos excepcionales.

El resto de las órdenes
En ese sentido, también hace referencia a la denegación de entrega acordada en Bélgica respecto a otros tres procesados en la misma causa, los exconsejeros Luis Puig, Antonio Comin y Meritxell Serret). Recuerda que las autoridades belgas no aceptaron que el auto de procesamiento contra los tres tuviese la naturaleza ejecutiva que el ordenamiento jurídico español le atribuye, entendiendo así que no había una orden de detención nacional subyacente a la orden de detención europea.

"La valoración sobre el alcance del auto de procesamiento desprecia el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento, además de desconfiar de sus aclaraciones. Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga", reitera Llarena, que en su auto retira también las órdenes de detención europeas e internacionales contra Comin, Puig y Serret, reclamados a Bélgica, así como las de Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia, y Marta Rovira.

Sánchez y Franco, pareja de hecho
Jorge Vilches. vozpopuli  19 Julio 2018

La obsesión de Sánchez con Franco no responde a una demanda social abrumadora, ni a un vacío legal intolerable en una democracia, ni siquiera a una cuestión personal. Es una vuelta de tuerca en el zapaterismo; es decir, la continuación de aquel desastre en lo económico y territorial que levantó el engendro de la “memoria histórica” como sustento ideológico de un socialismo que necesitaba absorber a la extrema izquierda.

La exhumación de los restos del dictador y su traslado a donde quiera su familia, si es que esto se produce, debería ser una política de Estado, silenciosa, y, si se quiere, hasta humanitaria. Basta recordar que Franco no pidió ser enterrado allí, sino que lo perpetró su último jefe de Gobierno, Arias Navarro, improvisando una tumba en dos días para hacer propaganda.

Pero Sánchez necesita a Franco. Se aferra al fantasma para resucitar una identidad guerracivilista en la izquierda que había desaparecido gracias a Felipe González. Por eso quiere crear una “Comisión de la Verdad”, epítome del estalinismo, un perfecto sueño mussoliniano que imponga un relato único para adoctrinar. Detrás está la pretensión de reinventar la idea de la España democrática, la de la Transición, vincular la democracia con el PSOE, las izquierdas y los nacionalistas, y arrinconar al resto. Es un nuevo “Pacto del Tinell”, pero con fotos de posados robados.

Ese antifranquismo de mesa camilla y tuit, barbilampiño y telegénico, empeñado en cambiar nombres de calles y plazas, difícilmente puede ser un programa de gobierno. Mes y medio ha necesitado Pedro Sánchez para presentar uno. No lo hizo en la moción de censura, que era el momento preceptivo y marcado por la norma ya que “constructiva” significa presentar una alternativa gubernamental completa para que el Congreso la examine y vote. El resto, lo otro, la suma para derribar, es el gol con el codo, es aprovechar la letra para violentar el espíritu.

Pero Sánchez no defraudó. Fue un socialista de libro: más impuestos, más gasto público para el clientelismo y el estatismo que les da sentido, y la conllevancia con la oligarquía golpista catalana proponiendo un nuevo Estatuto. El plan es sencillo. Por un lado Sánchez promete gasto social para comprar el voto de la gente. De esta manera se hace con un discurso que hasta ahora estaba en boca de Podemos, el de la “reparación de las heridas” que dejó el paso de la derecha por el gobierno de España. Es de manual: ya dijo Margaret Thatcher que el socialismo dura lo que tarda en gastar el dinero de los demás.

La trampa de un Estatuto nuevo, por otro lado, ya fue utilizada por Zapatero. La promesa de un texto que pusiera fin al deseo de autogobierno de la oligarquía nacionalista catalana fue un fracaso entonces, y lo será ahora. La genialidad zapateresca solo sirvió para profundizar aún más en el desbarajuste autonómico, cargar de razón al independentismo y dividir a los constitucionalistas. Ahora, Sánchez pretende ganar tiempo hasta las elecciones y conseguir la imagen de encarnar en solitario la solución democrática para Cataluña.

El asunto es que Sánchez quiere telediarios con más cortes y canutazos sobre gasto social y menos con Cataluña. El binomio es inseparable de las dos cargas ideológicas fundamentales del zapaterismo que Sánchez ha tomado para dar una vuelta de tuerca: el feminismo izquierdista y el antifranquismo. Lo primero se ha convertido ya en una religión, con un dogmatismo intolerante y excluyente, basado en el lenguaje inclusivo, la reeducación sexual, y la feminidad como símbolo exclusivo de modernidad.

Pero lo llamativo es el empeño de Pedro Sánchez en lo que Alfonso Guerra ha denominado “boxear con un fantasma”. Incluso su primera intervención a la hora de explicar su programa de gobierno fue insistir en que sacaría del Valle de los Caídos los restos del dictador. Las razones de ese empecinamiento siguen el modelo de Zapatero: abanderar el antifranquismo para adueñarse del voto emocional de la izquierda radical, ahora Podemos, cada día más menguada, y tratar de resucitar una extrema derecha que legitime su apuesta por la polarización política. Mal asunto.

El submarino
Ignacio Camacho ABC 19 Julio 2018

En la compleja semántica de la matraca nacionalista, a los moderados y partidarios de la tercera vía les encanta el término «encaje», con el que aluden a un estatus que permita a Cataluña acoplarse en España bajo un sistema de privilegios políticos, financieros y legales que convertirían el modelo territorial en un traje a medida diseñado a base de franquicias regulares. El independentismo pasó hace tiempo esa página y ya no acepta condiciones para quedarse; cualquier oferta que soslaye la autodeterminación la considera humillante. Pero aún quedan terceristas complacientes, convencidos de poder encontrar una solución equidistante, y a ellos se acaba de sumar el Gobierno de Pedro Sánchez con su propuesta de recuperar los artículos del Estatuto que fueron declarados inconstitucionales. Se trata de un compromiso voluntarista, próximo al disparate, que pretende construirle al separatismo una pista de aterrizaje; algo así como esa esperpéntica pretensión de ampliar el puerto de Cartagena para que entre en él un submarino que no cabe. Sólo que en este caso los que no quieren atracar son los propios tripulantes; Artur Mas admitía hace poco en Madrid que esa clase de propuestas ya no les satisfacen.

Sin embargo el Gabinete insiste en su optimismo. Las ministras Batet -profesora de Derecho Constitucional- y Robles -magistrada- van por ahí proclamando con entusiasmo su convicción en esta especie de cuadratura del círculo sin explicar cómo demonios pretenden constitucionalizar un texto que ha sido declarado incompatible con la Constitución por el TC, su máximo intérprete jurídico. El Alto Tribunal desmochó el preámbulo estatutario, se cargó directamente catorce enunciados que afectaban sobre todo al poder judicial y al sistema crediticio, y sometió a interpretación cautelar otros veintisiete artículos. Por muchas leyes orgánicas que alumbre el Consejo de Ministros, validar todo ese delirio soberanista sin violentar la legalidad parece demasiado artificio incluso para la pretenciosa fantasía del Gobierno bonito.

Sucede, además, que a los secesionistas no les preocupa ese debate. No están en el ajuste fino sino en el desparrame; no quieren maniobras de ensamblaje sino de ruptura, de desenganche. Como sentenció Pujol, y demostró la revuelta de octubre, España ha dejado de interesarles y su única estrategia de fondo es la de la independencia más pronto o más tarde. Incluso aunque los más prudentes quisieran replanteársela, no se lo permitiría la presión de la calle. La oferta de contemporización biempensante le puede servir al presidente para una demostración de talante que le ayude a captar votos catalanes, pero el tiempo de la ingeniería política ha pasado; ya no hay margen. El submarino de la mitología separatista ha soltado todos los anclajes y ni su marinería ni sus oficiales van a admitir ningún compromiso que no conduzca al desamarre.

Habló Aristóteles
Luis Ventoso ABC 19 Julio 2018

Es cierto que algo bueno le debemos: acabó con las nubes de humo tabaquero en bares, oficinas y restaurantes e instauró el carnet de puntos y otras reformas de tráfico, que redujeron drásticamente las muertes en carretera. Pero cuesta rascar más legado de valor en los ocho años de Zapatero, al que los estudiosos convienen en evaluar como el peor presidente de nuestra democracia. La suya era una personalidad política extraña, mezcla de tres compuestos: afabilidad, sectarismo e irresponsabilidad. Como fachada, un trato siempre cordial, lo que se dio en llamar «el talante», con su mirada glauca, su sonrisa fácil y una hermosa voz, serena y grave. Tras tan grata puerta de entrada, un profundo rencor ideológico y una intransigencia militante contra las ideas contrarias (léase las conservadoras/católicas). Por último, gobernaba con una ligereza impropia de un estadista, que le impedía prever las consecuencias de sus palabras y actos. De esa resbaladiza relación con la realidad proviene su temeridad ante la crisis de 2007, que lo llevó a proclamar que estábamos a punto de superar en renta a los alemanes cuando el agua ya nos llegaba a las ingles. Sus raptos de atolondramiento propiciaron también otro de sus errores capitales, reabrir el melón territorial innecesariamente, proclamando siendo presidente de España que el concepto de nación era «discutido y discutible». Fuera del poder, sigue en su línea de no medir sus actos, como con su apoyo a Maduro, inexplicable de no mediar cuestiones que se nos escapan.

El perfil del personaje queda bien resumido por el hecho de que con semejante currículo se atreva a seguir ofreciendo consejos y valoraciones públicas. La última ha sido apoyar a Soraya, a la que en realidad propina un puntapié en la espinilla, pues con su espaldarazo señala el punto débil de la ex vicepresidenta: su ideología semi-desnatada.

Pero todavía no hemos citado el que probablemente es el peor punto del legado de Zapatero: el guerracivilismo y la anulación del adversario ideológico. Nunca se me olvidará. Corría la década de los ochenta, teníamos veinte años y estábamos en la terraza de un bar de un pequeño puerto del Barbanza. Pasó frente a nosotros un marinero anciano, enjuto y bajito, pero todavía fibroso. Uno de mis amigos lo señaló y comentó: «Ahí va el que mató a nuestro abuelo. Lo molió a golpes con un remo al comienzo de la Guerra Civil». Pero lo notable es que lo dijo como quien consigna un dato, sin atisbo de odio o revancha, sabedor de que era un hecho irreversible del pasado del que tocaba pasar página. Aquel día entendí la inmensa obra de la Transición, el milagro de perdón y concordia que se había operado en España. Esa es la herida cauterizada que Zapatero reabrió y a la que Sánchez quiere echar ahora sal.

«Un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado». Excelente frase. La soltó ayer Sánchez en el Congreso. Lástima que él la entiende justo al revés de como debería.

Más déficit en peores momentos
MANUEL LAGARES El Mundo 19 Julio 2018

Antes de que se produjesen los cambios políticos recientes analizaba desde estas páginas la situación económica española y me hacía eco del conjunto de factores negativos que podían acabar con nuestro elevado potencial de crecimiento: importante crisis territorial, complejo panorama judicial, cambios relevantes en el Gobierno de ciertas regiones, comportamientos inesperados de países socios -y aparentemente amigos- fuera de suficiente fundamentación jurídica... En fin, un panorama en el que no faltaba casi nada para que nos hundiéramos en el pesimismo respecto al futuro inmediato. Pero, pese a esas negativas perspectivas y sin atisbar todavía el sorprendente cambio político, mantuve una visión relativamente optimista de nuestra economía porque estábamos superando en tasa de crecimiento del PIB a los mayores países de nuestro entorno; porque creábamos la mayor parte del nuevo empleo de Europa; porque exportábamos mercancías y servicios como nunca, con el concurso de empresas de todas las dimensiones y de casi todos los sectores y porque cumplíamos por primera vez con nuestros compromisos internacionales sobre déficit público y habíamos adelantado a Italia en PIB por habitante en términos homogéneos de poder de compra. Grandes éxitos que reforzaban una visión moderadamente optimista del inmediato futuro siempre que continuasen en vigor las grandes líneas de nuestra política económica.

Es importante resaltar que los datos de la Contabilidad Nacional del primer trimestre de este año, últimos conocidos, confirmaban esa visión moderadamente optimista de nuestra economía, al validar una tasa de crecimiento real del PIB del 0,7% respecto al trimestre anterior, prácticamente igual que la del último trimestre de 2017. De seguir así en los trimestres restantes de 2018, la tasa real de crecimiento del PIB se situaría en términos anuales en un 2,9%, aunque el Banco de España, en sus previsiones de junio, estimaba que nuestro PIB crecería tan solo un 2,7% este año, suponiendo una cierta desaceleración en su segunda mitad.

Respecto al comportamiento del conjunto de las administraciones públicas, el primer trimestre resulta también positivo. En ese periodo, el déficit público se situaba en un 1,3% del PIB mientras que en el primer trimestre de 2017 alcanzó el 1,9%; el gasto público en ese primer trimestre mantenía un nivel del 37,6% del PIB, casi igual al del mismo periodo del año anterior (37,7%) y el conjunto de los ingresos públicos se elevaban al 36,3%, frente al 35,8% del mismo periodo de 2017, con un aumento debido al crecimiento de los impuestos y cotizaciones. En definitiva, la reducción del déficit se estaba alcanzando casi sin reducciones relativas en los gastos públicos sino mediante una recaudación mayor de los impuestos y cotizaciones debido al crecimiento del PIB. Teniendo en cuenta nuestro nivel anual de gasto público (41% del PIB en 2017) y nuestra elevada tasa de crecimiento anual de la producción en términos monetarios (4,2%), ese crecimiento de la recaudación en impuestos y cotizaciones parecía razonable. De mantenerse las tendencias anteriores a lo largo de 2018, el PIB podría crecer en términos monetarios en las proximidades de un 4,1 o 4,2%; los gastos públicos reducirse en el año hasta valores próximos al 40,5% del PIB; los ingresos situarse en el entorno del 38,3% y el déficit público, por tanto, en las proximidades del 2,2%, que son las cifras de la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España comunicada por el anterior Gobierno a las autoridades de la UE. Pero una previsión algo más realista quizá llevaría el total de los gastos al 40,7%, los ingresos hasta un nivel próximo al 38,1% del PIB y el déficit público al 2,6% en lugar de al 2,2% del PIB. La caída del gasto público desde el 41% del PIB en 2017 al 40,7% realísticamente previsible en 2018 sería consecuencia del rápido aumento del PIB en términos monetarios y no de una disminución del gasto, que en valores absolutos crecería incluso por encima de la inflación esperada. Un panorama bastante confortable.

Sin embargo el actual Gobierno ha solicitado ya a la UE autorización para aumentar la cifra de déficit para 2018 en un 0,5% del PIB -es decir, en cifras próximas a 6.000 millones de euros- para financiar los aumentos de gasto público que pretende. Pero, teniendo en cuenta sus desconocidos compromisos con Cataluña, que se sospechan elevados, las inevitables demandas de las restantes comunidades autónomas, que no se van a conformar con menos, y el aumento de las pensiones y de otros muchos gastos ya anunciados, esa cifra posiblemente se quedará muy corta. El resultado puede ser un déficit público apreciablemente superior al de 2017, porque las anunciadas subidas de impuestos probablemente no llegarán a tiempo de aumentar mucho la recaudación en este ejercicio.

¿Se trata de una política fiscal sensata? Francamente, no. Tenemos una deuda pública cuyo valor está muy próximo al del PIB -concretamente, del 98,3% del PIB en 2017 y del 98,8% en el primer trimestre de este año- y unos déficits que incrementan anualmente la cuantía de esa deuda. Como es conocido, la deuda pública en su conjunto casi nunca se paga, sino que se refinancia mediante la emisión de nuevos títulos. Pero si los tipos de interés crecen, como pueden hacerlo más pronto que tarde, tanto la nueva deuda que sustituya a la amortizada como la que se genere por el déficit público del año supondrá una carga mayor por intereses que la antigua, aumentando el déficit y, consecuentemente, generando más deuda. Ese proceso de crecimiento puede hacerse explosivo en poco tiempo, absorbiendo incluso el crecimiento nominal del PIB. Muchos son los análisis y recomendaciones de organismos internacionales que advierten del grave riesgo de una deuda en rápido crecimiento. Por eso, la UE ha venido exigiendo que la deuda pública no sobrepase el 60% del PIB, lo que incumplimos hoy. La solución en estos casos es fácil de entender, pero difícil de aplicar: sólo cabe reducir los gastos y aumentar los impuestos. La misma que hubo de aplicarse dolorosamente cuando el déficit público se elevó por encima del 11% del PIB en 2009, debido a la crisis pero, sobre todo, a las desafortunadas políticas de gasto del Gobierno Zapatero.

HAY QUE señalar que, en 2007, las administraciones públicas lograron un superávit del 1,9% del PIB y que, sorprendentemente, en 2009 el déficit se situaba ya por encima del 11%, el más elevado de los últimos siglos de nuestra historia financiera. La transición desde un superávit de casi un 2% del PIB hacia el desastre del 11% de déficit fue, por tanto, rapidísima, de sólo dos años. Igual podría ocurrir ahora si relajásemos alegremente la política fiscal. Eso terminaría por conducirnos, como entonces, a un obligado y durísimo proceso de estabilización, a tasas negativas de crecimiento de la producción y a mayores cifras de paro, con el agravante de que en 2009 nuestra deuda pública era tan solo del 52,8% del PIB y hoy se sitúa en casi el 100%, lo que significa un importante motor adicional para el crecimiento del gasto por la vía de sus intereses.

La solución de aumentar los impuestos, tentación declarada del Gobierno, sólo tendría resultados recaudatorios a más largo plazo, salvo por el aumento inmediato del precio del gasoil, y sólo si ese aumento incluyese a las dos grandes figuras del sistema tributario: el IRPF y el IVA. Todo lo demás casi no sería más que fuegos de artificio y ganas de molestar. Pero, para que el IRPF recaude más, su aumento no puede ceñirse sólo a los más ricos, que no son muchos, sino extenderse a toda la cuantiosa zona media de contribuyentes, con efectos muy negativos sobre el trabajo, el ahorro y la asunción de riesgos, es decir, sobre el crecimiento de la producción. Y si lo que se aumenta es el IVA, sus efectos sobre el consumo familiar -y consecuentemente, sobre la demanda global- pueden ser también muy negativos para la producción y el empleo. Por eso, lo más seguro es mantener una línea responsable de contención del gasto público y no dedicarse alegremente a sembrar expectativas de aumento que, antes de que nos descuidemos, pueden conducirnos al mismo desastre de 2009. Aprendamos de tan negativa lección.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

18 de julio
Vivir de las heridas es propio de miserables. Hay que saber perdonar y olvidar
Francisco Robles ABC 19 Julio 2018

Era sábado y hacía calor. Mucho calor. Un calor avivado por el rencor que latía en las sienes de la mala sangre. Un calor de pavesas y de espanto. España se asomó al precipicio que la partía en dos y se hundió en la ciénaga de una guerra que la dejaría maltrecha. Medio muerta. O muerta del todo. Europa la veía como un teatro de ensayo para lo que vendría después, al cabo de tres años. Aquel sábado, un general encendió la mecha en la ciudad del sur. Ardieron los fusibles y los retablos barrocos que acogían las imágenes de madera y devoción. Ahora quieren exhumarlo, sacarlo de la Basílica de la Macarena donde está enterrado. En el Valle de los Caídos pretenden hacer lo mismo con el otro general: eran del mismo bando y se odiaban a muerte.

Nadie en su sano juicio podría haber pensado hace treinta o cuarenta años que el franquismo volvería a las páginas de los periódicos gracias a sus teóricos enemigos. Quieren ir de progresistas y son unos reaccionarios. Pretenden ganar la guerra que ganaron o perdieron sus abuelos –hay de todo– al cabo de 82 años. Una locura. Sacar a Franco y a Queipo de Llano de sus respectivas tumbas es abrir la caja de Pandora para hacer caja electoral. Que todo un presidente del Gobierno anuncie eso desde el ambón del Congreso de los Diputados nos da una idea del nivelito. Como si no hubiera problemas más importantes que resolver. Como si el pasado pudiera cambiarse de un plumazo o con un traslado cadavérico.

Aquel 18 de julio amaneció espeso, la noche había sido de fuego. Sangre y fuego explotaron durante el día, como en las páginas de Chaves Nogales que buscaban la tercera España. A partir de aquella fecha se rompió todo. Ardieron los Cristos y los hombres, fueron profanadas las Virgenes y las mujeres. Como para sentirse orgullosos de lo que habríamos hecho si hubiéramos estado allí. Porque esa es la clave de todo esto. La que no manejan los sectarios que quieren vampirizar a las víctimas de aquello para nutrirse con su sangre. Habríamos hecho lo mismo que nuestros antepasados. Exactamente lo mismo. Y eso debería avergonzarnos. El motivo de orgullo es bien distinto: las calles que recorrió el general aquel 18 de julio y calor están llenas de franquicias, de tiendas donde el personal compra en las rebajas, de cuerpos bronceados y vestidos de colorines. Afortunadamente.

Yekaterimburgo, 17 de julio
Los defensores de los peores genocidios se erigen en España en autoridad moral
Hermann Tertsch ABC 19 Julio 2018

Esta noche se han cumplido los cien años de la matanza de Yekaterimburgo. En las primeras horas de la madrugada hizo un siglo exacto del momento en que un grupo de bolcheviques despertaba en sus dormitorios de la casa del comerciante Ipatiev al depuesto zar Nicolás II, a su mujer, la zarina Alejandra, al heredero Alexei y a sus hermanas Olga, Tatiana, María y Anastasia. Les ordenaron vestirse para ser trasladados y los condujeron a un pequeño cuarto en el que Yakov Yurokvski, el comandante, leyó la sentencia. "Nikolái Aleksándrovich, en vista del hecho de que tus parientes continúan con sus ataques a la Rusia Soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarte". Los guardias dispararon sin darles tiempo ni a santiguarse. Fue una carnicería. Dos hijas seguían vivas pese a los disparos a quemarropa. Las balas rebotaban en joyas cosidas a la ropa para portar un valor si llegaba el ansiado rescate. Se usaron las bayonetas.

Cien años hace de aquella matanza que marcó definitivamente la senda del terror y el crimen de la revolución bolchevique y el comunismo. Se izó la bandera del exterminio como principal enseña de la ideología. Asesinado el Zar con toda su familia, ya era fácil matar a cualquiera. Cien años y más de cien millones de muertos ha causado esta ideología de la igualdad y la redención terrenal. Y sigue sumando esa cuenta interminable hoy mismo con los estudiantes que caen bajo las balas de los sicarios de Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela. En el magnífico libro de Federico Jiménez Losantos, "Memoria del comunismo; de Lenin a Podemos" tiene el lector español hoy un amplio y documentado recorrido de este siglo de brutalidad total. En español no había obra tan ambiciosa sobre el comunismo. Los libros imprescindibles para entender la mayor ideología criminal jamás habida como el "Archipiélago Gulag" de Alexander Soljenitsin o "El cero y el infinito" de Arthur Koestler o tantos otros son poco conocidos y menos leídos, porque la hegemonía cultural izquierdista evita que la verdad sobre los comunistas se abra paso.

En España es especialmente grotesco esa falta de alerta ante el comunismo. Que no sufren, por supuesto, los europeos orientales. Hace veinte años, el gran Vaclav Havel quiso acabar con esa absurda diferencia de trato entre nazismo y comunismo. La Declaración de Praga que firmaron relevantes intelectuales y políticos exigía la equiparación de las dos ideologías criminales. La socialdemocracia europea neutralizó aquella justa iniciativa. Esa perversión tiene hoy en España efectos obscenos: dirigentes comunistas ofician de autoridad moral en casi la totalidad de los medios. Son políticos que aplauden a los verdugos de Ekaterimburgo. También a sus émulos en España. Cargos oficiales homenajean, por el hecho de ser comunistas, a asesinos y torturadores fusilados cuando perdieron la guerra. Gobiernan en ciudades y regiones, son socios del Gobierno de España y justifican cien millones de asesinatos de inocentes. Imaginen a un gobernante justificando Auschwitz. Desaparecería en minutos de cargo y vida pública. Pues en España gobierna gente que justifica exterminios veinte veces mayores. Son los comunistas y sus compañeros de viaje. Su sueño del mundo feliz siempre fracasa. Bajo montañas de cadáveres. Pero siempre surgen nuevos convencidos de que el comunismo solo fracasaba antes porque no estaban ellos. Rodeados por quienes medran de esas redes de ideología y resentimiento compartido. Ahora los defensores de los peores genocidios pretenden en España ilegalizar organizaciones constitucionales y prohibir por ley verdades históricas. A la ilegalización de una "fundaciones franquista" seguirá otra que lo sea menos. Después les tocará a los partidos. Y de repente verán los españoles que somos franquistas todos los que no seamos ellos.

Examen de Estado
Hay hogueras políticas ante las que un presidente, en razón de sin cargo, sólo puede ejercer de bombero o de incendiario
Ignacio Camacho ABC 17 Julio 2018

La miel del poder, que Sánchez paladea con fruición patente, ofrece a veces la contrapartida de algún cáliz de acíbar en forma de problemas de Estado; está escrito que la dieta de toda autoridad consiste en desayunarse todos los días un sapo. El sapo inaugural de este presidente es el «caso Corinna», un asunto vidrioso y delicado que abre un conflicto entre su condición de primer ministro de una monarquía constitucional y su alma de republicano. Con el añadido de que sus socios de investidura quieren sin disimulo sacar tajada del escándalo. Los ingredientes tienen indiscutible morbo mediático: tejemanejes del CNI, grabaciones de policías de turbio pasado, traficantes de comisiones, damas de alto copete y un Rey en pleno declive con el periscopio moral bajo. Pero un gobernante que no respalde a sus servicios de inteligencia pone en peligro su propio cargo. No se trata de réditos electorales sino de que en la cúspide del mando existen ciertos armarios que no se pueden abrir sin riesgo de que se escapen demonios incontrolados.

Los separatistas y Podemos tienen desde hace tiempo a la Corona clavada en el centro de una diana. En concreto desde la insurrección de octubre, cuando ante un Ejecutivo que flaqueaba Felipe VI levantó un dique en defensa de la unidad de España. Enemigos declarados del «régimen del 78», como despectivamente lo llaman, saben que la monarquía es la viga maestra que sostiene el sistema y consideran su desguace una cuestión prioritaria. Como de momento no encuentran flanco débil por el que atacar al Monarca pretenden usar como ariete los presuntos negocios de su padre aireados por una amante despechada.

Y ahí empieza el aprieto de Sánchez, que cuenta incluso en su Gobierno con partidarios -o más bien partidarias- de echar leña a ese fuego y aprovechar que la abdicación retiró la inviolabilidad penal al emérito para sentarlo ante el Tribunal Supremo. Sus aliados parlamentarios también intentan criminalizar la institución organizando una pasarela de chismes en el Congreso. Toda una papeleta para un presidente emparedado entre la tradición estabilizadora del PSOE y su vocación diletante de agitador posmoderno. Eso no se soluciona con el habitual postureo ni parapetándose detrás del jefe de los servicios secretos. En esta gatera se va a tener que dejar algunos pelos.

Porque el lance no trata de la ejemplaridad, por desgracia muy relajada, de Don Juan Carlos. Trata de un asalto extremista a la cúpula del Estado utilizando los dosieres de un comisario fisgón para prender una hoguera a los pies del actual soberano. De minar la arquitectura básica de la Constitución en su cuadragésimo aniversario. Y ante eso el líder político de la nación no puede mirar para otro lado, ni eludir su responsabilidad, ni lavarse las manos. Cuando se ocupa una posición de su rango sólo se tiene una opción: ejercer de bombero o de incendiario.

Guerras civiles
El PP está partido en dos mitades mientras Sánchez se entretiene y nos distrae reabriendo la tragedia del 36
Isabel San Sebastián ABC  19 Julio 2018

Nadie ha retratado a España como don Francisco de Goya, que reflejó en su «Duelo a Garrotazos» el espíritu cainita que la habita mejor de lo que cualquier ensayo habría definido con palabras. Nuestra nación no consigue superar esa tendencia natural irrefrenable a hundirse en el barro de las disputas entre hermanos. No sale del enfrentamiento suicida. Y cuando por un feliz azar logra cauterizar sus heridas con el fin de avanzar unida hacia un futuro mejor, como ocurrió a la muerte de Franco gracias a la Transición democrática, no tardan en rebrotar las rencillas ni falta un traidor resentido empeñado en desandar lo andado y devolvernos a la casilla de salida, que es hacia donde vamos ahora.

La división es el pan nuestro de cada casa. Hay guerra civil en el PP, partido en dos mitades irreconciliables por un eje invisible de principios que marca la sutil diferencia existente entre ambicionar el poder por el poder y buscar alcanzar el poder para llevar a cabo una ambición. Bajo la apariencia de unas inocentes elecciones primarias se dirime, entre engaños y golpes bajos, el futuro de la fuerza que durante casi treinta años ha representado al centro-derecha español, hoy vencido, desarticulado ideológicamente y carente de identidad reconocible. La poderosa Soraya Sáenz de Santamaría, vencedora de la primera vuelta, cuenta con el apoyo expreso de José Luis Rodríguez Zapatero y Javier Arenas, entre otros políticos «de reconocido prestigio», así como con el respaldo oculto, aunque no menos contundente, de Mariano Rajoy. El aspirante Pablo Casado, a su vez, convence a Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre o María San Gil. Las espadas están en alto, pero casi todo el mundo coincide en augurar que la mayoría de los compromisarios no votarán a quien les plantee una oferta más atractiva, sino a quien vean con más posibilidades de vencer. No en vano se juegan sus habichuelas, conscientes de que apostar a caballo perdedor equivale a sufrir las consiguientes represalias.

Guerra civil es también lo que se vive en Cataluña, no solo entre la mitad de la sociedad leal a la Constitución y la otra mitad secesionista, sino dentro del separatismo mismo, abierto en canal en torno a la figura de ese individuo infausto llamado Carles Puigdemont. Si la contienda interna del PP se caracteriza por el juego sucio, la que se libra en dicha región amenaza con tomar muy pronto formas violentas imparables. Inés Arrimadas, la valerosa lideresa de Ciudadanos, sufre insultos y vejaciones cotidianos, que, por cierto, no parecen incomodar a las feministas de guardia, siempre atentas a denunciar cualquier comentario machista procedente de un alcalde o diputado alineado en la derecha. El parlamento autonómico es una burla de sí mismo, sujeto a la arbitrariedad de su presidente. La tensión crece en las calles, con conatos de enfrentamiento tremendamente inquietantes. La situación se parece cada vez más a la del País Vasco de las treguas terroristas, cuando ETA no mataba pero sus secuaces no dejaban vivir al discrepante con la doctrina oficial sabiniana.

Y mientras todo eso ocurre a su alrededor, el presidente Pedro Sánchez se entretiene y nos distrae reabriendo la Guerra Civil con mayúsculas, la tragedia del 36, que ingenuamente creímos definitivamente enterrada. A falta de pan, de medidas concretas y útiles, bueno es el circo del Valle de los Caídos y demás trampantojos destinados a dar carnaza a sus socios podemitas. ¿Arriesgado? Desde luego. ¿Irresponsable? Aún más. Claro que a él le da igual. Él ya ha cumplido su sueño de llegar a La Moncloa. Todo lo que sea resistir equivale por tanto a ganar.

Con la (des)Memoria no se juega
Enrique de Santiago okdiario 19 Julio 2018

Comprendo que cuando un fiscal pierde la vestimenta de la toga y las puñetas, con ello, desaparece su potestad y siente la desnudez del común de los mortales; pero, cuando esa exposición carnal lleva aparejada una exposición solar, a la que sus blancas lorzas no están acostumbrada, como sucede cuando en una pirueta se pasa de la cobertura jurídica a la estulticia política, esas palideces se enrojecen y las neuronas se perturban. Así, nuestra fiscal, amiga del delincuente Garzón —aún nadie me ha explicado cómo puede ejercer de letrado con antecedentes penales—, se descuelga con sandeces como las de la memoria desmemoriada histórica y la comisión de la buena reescritura… ¡Uff qué tropa! ¡Cómo se destruye la solvencia profesional y el rigor jurídico cuando una persona busca el colorín y el poder político!

¿Alguien puede explicarme cómo solo una cara de la misma ponzoñosa moneda es delictiva y la otra no? ¿Cuál es la razón de que la dictadura marxista y sus derivados sean aceptables y la dictadura fascista y sus emanaciones un delito? ¿No es el hecho punible, idéntica mierda asesina y la crueldad que de ellas se destilan?, podemos decir que son iguales para no entrar en el tú más o el cómputo necrófilo de muertos. ¿Por qué decir que eres de extrema izquierda es un punto positivo y afirmar una posición de extrema derecha un motivo de detención? ¿Por qué valen más los muertos de izquierdas que los de derechas? ¿En qué apartado o momento me he perdido para no ser capaz de entender que un muerto en democracia, un tiro en la nuca, un niño durmiendo, una bomba en un coche, es un daño colateral de la lucha armada de una izquierda radical que busca la dictadura marxista para el pueblo vascongado, mientras un muerto en territorio republicano en la lucha fratricida, un niño víctima de una bomba en una guerra entre iguales son víctimas de un régimen represor que hay que enaltecer?

Quien desprecia a las víctimas del terrorismo, no está legitimado para pedir aprecio al muerto en la lucha fratricida de hace 80 años en uno sólo de los bandos en contienda. Sólo recordar que el número de muertos en la monstruosa Guerra Civil fue similar en un bando y otro, así como que la guerra fue deseada, buscada, propiciada y animada por los dos bandos enfrentados de forma fratricida; que el PSOE, en boca de Largo Caballero, buscaba y anhelaba la confrontación y la violencia; que fue la izquierda la que pretendió un golpe de Estado mucho antes que el alzamiento que provocó la Guerra (in)Civil, que fue utilizada por los fascistas y los marxistas para hacer las pruebas de lo que luego harían en la Guerra Mundial y que, en nuestra tierra, la sangre corrió de los dos bandos, que en los dos hubieron cunetas, tiros en la nuca y barbaries de ese tipo, antes, durante y después de la contienda; que, como era sabido, quien venciera, fuera el que fuera, haría purgas crueles que hoy hay que resarcir, pero no utilizar, y menos reescribir con “tribunalillos de la verdad” que decidan lo que se puede decir o no.

Por ello, el que no respeta a un inocente, víctima de la radicalidad de unos pocos que desean imponer su criterio, no puede pedir respeto para quien murió en un acto de violencia bilateral o consecuencia de actos de guerra, engrasada y deseada por todos los contendientes. Como siempre, antes y ahora, los políticos jodiendo la vida de los “perritos sin alma”.

Vuelve la Europa de las fronteras
 La Razon 19 Julio 2018

No es posible dejar al albur de los cambios políticos nacionales la regulación de unos flujos migratorios que afectan al conjunto de la Unión Europea. Ayer, los gobiernos de Alemania y Austria, forzados por un cambio de mayorías electorales, restablecieron los controles interfronterizos, poniendo fin de hecho al libre tránsito de personas y mercancías que garantizaba el Tratado de Schengen. Hoy, Roma abre negociaciones con Berlín y Viena para ampliar los controles a todas las fronteras alpinas.

Tal vez mañana, ante la nueva oleada de emigración irregular que llega a través de España, sean las autoridades francesas las que exijan medidas similares en los Pirineos. No en vano, la llegada en junio de cerca de 6.500 inmigrantes irregulares a las costas españolas supone un 166 por ciento más de desembarcos que en el mismo mes del año anterior, y hace de España el principal puerto de arribo, por delante de Italia o Grecia, de unas personas que, en su mayor parte, quieren instalarse en Francia, Bélgica o la propia Alemania. Así, los hechos, tozudos, demuestran que las cancillerías europeas tratan la cuestión migratoria como una patata caliente, más atentos a los intereses electorales de los distintos actores políticos que a abordar estratégicamente, en el medio y largo plazo, uno de los fenómenos más trascendentales del presente siglo, con unos desplazamientos de población mucho más acusados en el tiempo, incluso, que los producidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Se trata, hay que insistir en ello, de una realidad que no admite soluciones ad hoc, como son los repartos puntuales de emigrantes entre los países del sur de Europa, tal y como ha reconocido la propia Comisión Europea, porque esos flujos humanos responden a una multiplicidad de factores y, por el momento, nadie está en disposición de calcular cuál va a ser su evolución en el futuro.

La emigración, además, es sujeto propicio de todas las demagogias y está causando un impacto negativo en amplios sectores de las poblaciones autóctonas, hasta el punto de que el «miedo al extranjero» –arraigado en el imaginario popular y reactivado entre las clases más desfavorecidas, que, en mayor medida, tienen que compartir con los recién llegados las prestaciones del Estado de bienestar y los trabajos más precarios del mercado laboral–, produce efectos políticos indeseables como el Brexit, en el Reino Unido, o el ascenso electoral de movimientos nacionalistas, como los registrados, precisamente, en Alemania y Austria.

De hecho, la política de puertas abierta de la canciller Ángela Merkel, adoptada en un momento de emergencia migratoria por la guerra civil de Siria y la ofensiva yihadista en Irak, llevó al crecimiento de la extrema derecha alemana y, como consecuencia, a que los conservadores de Baviera, socios en el Gobierno germano, hayan forzado un endurecimiento de la política migratoria. No es sólo el cierre de fronteras, es la adopción de medidas preventivas contra posibles demandas de asilo, como declarar «países seguros» a Marruecos, Túnez y Argelia, en los que, pese a los loables esfuerzos democratizadores, todavía existen minorías con los derechos humanos limitados. De igual manera, tampoco parece acertada la propuesta de Bruselas de crear «campos de confinamiento» de emigrantes en algunos países del norte de África, entre otras cuestiones, porque éstos ya existen de facto y son donde las mafias obtienen sus clientes. Ni es posible cerrar herméticamente las fronteras ni parece que, a la larga, sea conveniente. Pero, en cualquier caso, o Europa aborda de una vez por todas el problema migratorio desde la corresponsabilidad de todos los socios, o se pondrán en peligro las bases de la integración comunitaria.

Gestionar pateras siempre será un fracaso
Ni las fronteras podrán detener el flujo migratorio ni el problema se solucionará permitiendo la libre circulación de personas y trayendo África a Europa
Javier Caraballo El Confidencial 19 Julio 2018

Un racista xenófobo europeo y un idealista utópico de un mundo sin fronteras caminan, sin saberlo, hacia el mismo lugar, el mismo fracaso les espera al final del trayecto aunque sus objetivos, sus intenciones y sus pensamientos sean antagónicos. La certeza histórica de que los extremos acaban tocándose se refuerza mucho más cuando se habla de inmigración y se comprueba que, incluso, el desenlace de ambos planteamientos será el mismo, aunque los primeros planteen la construcción de un muro elevado en todas las fronteras europeas, coronado con alambres de espino, y los segundos aboguen por la eliminación de todas las barreras y la libre circulación de todas las personas del mundo.

Los dos, el racista y el utópico, se verán, al final, desbordados por la misma realidad, porque ninguno de ellos habrá sabido afrontarla, y cuando pretendan hacerlo ya será demasiado tarde. Solo es cuestión de tiempo. Hablamos de África y de la importancia crucial que tiene para el destino de Europa lo que suceda en ese continente en los próximos años.

Un problema mal planteado
El laberinto en el que estamos metidos, el error de los planteamientos europeos al hablar de la inmigración, es que todo se reduce a un debate sobre cómo gestionar las pateras que van llegando, y no hay posibilidad alguna de que ese tipo de políticas pueda acabar bien. Gestionar pateras siempre será un fracaso, no existe otro final posible. Los que abogan por el cierre de fronteras ignoran que es imposible, históricamente imposible, contener un flujo migratorio como el subsahariano, sobre todo si se tiene en cuenta, como decía aquí el otro día el diplomático Bernardino León Gross, que en este mismo siglo en que vivimos se producirá una explosión demográfica en África y que países tan cercanos como Nigeria se convertirán en los más poblados del planeta.

¿Qué ciudadano europeo es consciente en la actualidad de que la explosión demográfica de África está aún por llegar? Justo al contrario, la impresión que genera la llegada de cada patera es que, a diferencia de Europa, en África existen niveles elevados de natalidad. Cada semana, cada día del verano, llegan a las costas andaluzas decenas de inmigrantes y, tras cada desembarco o rescate, las noticias siempre repiten lo mismo: “Salvamento Marítimo ha rescatado a medio centenar de inmigrantes subsaharianos, entre los que se encontraban 15 mujeres embarazadas y varios niños”. Ante esas fotografías diarias, ¿quién puede imaginarse que el flujo de inmigrantes subsaharianos irá creciendo de forma exponencial a medida que los avances sanitarios vayan reduciendo la mortalidad infantil?

Pensar que las fronteras pueden contener esa presión migratoria es, sencillamente, un delirio insostenible. Pero ocurre exactamente lo mismo si se piensa que la solución del problema migratorio tiene que ser la libre circulación y entrada de personas en Europa, por la sencilla razón de que el problema de África no se puede solucionar trayendo África a Europa: es imposible.

1.500 millones de personas
En la actualidad, la población europea es de, aproximadamente, 515 millones de personas. Compárese esa realidad con la previsión de que, en unos años, en África vivan 1.500 millones de personas. Eso es lo que no alcanzan a valorar muchas de la ONG de la actualidad que, con el mejor de los propósitos, se dedican a rescatar pateras en alta mar, hasta completar barcos enteros con 500 o 600 personas, y conducirlos luego a algún puerto europeo. ¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo puede estar España, por ejemplo, acogiendo buques como el Aquarius?

Nadie puede pensar en serio que esa política se debe sostener a lo largo del tiempo porque, como queda dicho, es imposible. Ni siquiera la creación de una red de ‘centros de desembarco’ por toda Europa, como la que ha propuesto el presidente español, Pedro Sánchez, tiene la más mínima consistencia a medio plazo. ¿Dónde se pondría el límite para esos ‘centros de desembarco’, en cuántos cientos de miles o millones de inmigrantes? Una vez más: el problema de África no se puede solucionar trayendo África a Europa.

Sin discurso a la altura
En esta tesitura, si coincidimos que ni el cierre de fronteras ni la política de puertas abiertas van a solucionar el problema de la inmigración, el panorama que se presenta es desolador porque caminamos inexorablemente hacia el desastre. Nadie en Europa tiene un discurso a la altura del problema y, lo que es peor, ningún ciudadano europeo parece ser consciente de esta realidad y de las repercusiones para el futuro inmediato.

Ni pesimistas ni optimistas; se trata solo de lanzar mentalmente una proyección hacia el futuro y pensar en las repercusiones. Si en los próximos años se mantiene la tendencia actual, con la proliferación de bandas criminales y organizaciones terroristas extendiéndose por todo el territorio africano, es la supervivencia de Europa la que se va a ver seriamente amenazada. A veces, cuando se habla de inmigración, es frecuente oír decir que Europa no tiene por qué sentirse culpable y responsable del subdesarrollo africano, de su terrible realidad de hambruna, de miseria, de gobiernos corruptos, de explotación… También ese es un debate estéril porque no conduce a ninguna parte.

Tan solo hay una solución
Se piense bien o mal del papel jugado por las potencias europeas en África, lo que no va a cambiar es el futuro que se nos viene encima. Solo existe una salida: una operación a gran escala de desarrollo de África. De la misma forma que a finales del siglo XIX se celebró una conferencia europea para pactar el reparto de África, ahora debe repetirse la misma implicación para distribuir entre todos los países europeos la responsabilidad del desarrollo. De la misma forma que hubo un protectorado europeo, se trataría de reproducir ahora un ‘protectorado solidario’.

¿Que se trata de una idea descabellada, irrealizable, utópica? La Organización de Naciones Unidas (ONU) no solo piensa que es posible sino que ya ha elaborado algunas propuestas más concretas, pero, en cualquier caso, tampoco hay muchas posibilidades de elección. Lo de ahora, esto de gestionar pateras, ya sabemos adónde nos va a conducir: solo al fracaso. Así que quedan pocas opciones, a no ser que se opte por la ceguera, que es también una actitud muy europea.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

¡Ya basta de payasadas!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 19 Julio 2018

PEDRO SÁNCHEZ DICE QUE PREVARICARÍA SI PUBLICASE LA LISTA DE AMNISTIADOS FISCALES.

Resulta patético el que Pedro Sánchez caiga una y otra vez en “renuncios” e incumplimientos de las promesas que lanzaba desde la oposición una vez ha conseguido su objetivo de asaltar el poder gracias al apoyo de los enemigos de España. La transparencia prometida se ha transformado en grandes reuniones del oscurantismo más absoluto. Una política de ocultación, de reuniones opacas como la mantenida con el Presidente de la Generalidad Joaquim Torra, o las reuniones de reparto de poder para el control de RTVE. En este caso ha sido durante la primera reunión de control al Gobierno donde Pedro Sánchez ha aprovechado para lanzar su programa de gobierno y sus recetas para terminar con los problemas de la secesión en Cataluña, el fraude fiscal, la injusticia social y la victoria póstuma del bando republicano (mejor decir la banda) con la culminación de la guerra civil, tras 40 años de la muerte del dictador, desterrando de una vez los últimos vestigios del franquismo y su dictadura.

Una sesión que evidenció la debilidad de un Gobierno por el voluble y condicionado apoyo de aquellos que le auparon al poder tras una moción de censura de pactos bastardos y concesiones miserables inaceptables. Porque no deja de tener cinismo su ocurrencia de retrotraerse al momento en que se modificó el Estatuto de autonomía de Cataluña, en una pirueta circense en la que reconoce que la solución del problema del desafío secesionista en Cataluña pasa por que voten los catalanes un nuevo Estatuto, ya que el actual no fue el que votaron y aceptaron. Una propuesta que, como dije ayer, sabemos que parte de aquel texto que fue recurrido por inconstitucional en muchos de sus artículos. Y es que si volvemos al original sería inconstitucional y además no es el tipo de votación que estén reclamando los golpistas. Para ERC y el PDeCAT se trata de que los catalanes opinen sobre su independencia y que esa votación sea vinculante y aceptada por el Estado. Se trata de robar al resto de los españoles su soberanía y decirnos donde deben estar las nuevas fronteras.

Es evidente que la propuesta es una quimera y que solo sirve para mostrar una imagen de un diálogo imposible, el de besugos, ese de “peras traigo, manzanas quiero”. Y aquí Pedro Sánchez supera a José Luís Rodríguez Zapatero en el trilerismo político, queriendo vender humo como medio de distracción para mantenerse el mayor tiempo posible en el poder. Una estrategia que desde luego los golpistas ya han avisado de que no van a permitir y que, de no ver propuestas concretas de avance hacia ese referéndum pactado, retirarán su apoyo al Gobierno del PSOE.

En cuanto al fraude fiscal, ayer Pedro Sánchez confirmó su primer renuncio al negarse a publicar la lista de amnistiados en la última sinvergonzonada fiscal de perdón de los evasores de capitales. Una vergüenza que deja impunes delitos contra todos los españoles que cumplimos con nuestras obligaciones con el fisco, aunque he de reconocer que es por aquello de la “imposición legal” y no disponer de semejante patrimonio, ni de los medios de evasión que esos grandes capitalistas usan, compartiendo testaferros, bufetes de abogados y toda la parafernalia que rodea a este mercado persa de la evasión fiscal y ocultamiento de bienes a la Hacienda pública. Pedro Sánchez se acoge a una supuesta ley que le impide publicar los datos de esos no contribuyentes que se acogieron a la amnistía, y que de lo contrario prevaricaría. Una ley que ha sido puesta en duda por Albert Rivera y que ya ha pedido que se indique cual es. Porque la realidad es que los españoles tenemos el derecho a saber quienes son esos evasores anónimos y cuales fueron las cuantías de dinero ocultadas al fisco y blanqueadas gracias a una medida injusta, antidemocrática y entiendo que prevaricadora, esta sí, por parte del Ministro de Hacienda que la aplicó.

Y ahora es cuando Pedro Sánchez intenta capear su incumplimiento de transparencia anunciando una ley por la que se prohibirá decretar amnistías fiscales a futuro. Una medida de gracia que lleva aplicándose de forma reiterada por los diferentes Gobiernos del PSOE y del PP con la excusa de obtener un beneficio al producirse ese afloramiento de capitales evadidos por los que se reciben impuestos. Pero se obvia que esa evasión es un delito y que ningún supuesto beneficio de recaudación debe servir como atenuante y menos como eximente total como para condonar las condenas penales que corresponderían y que se vayan “de rositas” y con el capital evadido intacto. Es una absoluta vergüenza y sinvergonzonada que demuestra la connivencia entre el poder y el capital. ¡Va a resultar ahora que Karl Marx tenía razón!

La justicia social, tal y como la entiende Pedro Sánchez y este PSOE va a costarle a los españoles un incremento brutal de impuestos estimado en unos 1.500 euros de media al año para cada uno de los sufridos trabajadores, una cantidad algo menor para los autónomos y una pérdida real de poder adquisitivo para los pensionistas con el límite del 1,6% de incremento por IPC. Porque, si no se hace así, las cuentas no salen con la demagogia de que serán las empresas privadas del IBEX y las tecnológicas las que soporten el peso del gravamen y sufran un incremento del impuesto de sociedades estableciendo un mínimo del 15%. Y es que poner en marcha el "cuerno de la abundancia" tiene el inconveniente de que el dinero no nace de forma espontánea y para aumentar el gasto público solo caben dos posibilidades: o se incrementa la deuda, o se aumentan los impuestos a los ciudadanos para que sufraguemos la generosidad de los gobernantes con nuestro dinero, como lo de la sanidad universal, el salario mínimo social, las generosas subvenciones y mecenazgos a asociaciones y ONG’s afines, etc., etc.

Y por último, pero no por ello menos sectario, populista y demagógico, tenemos el anuncio estrella de que “pronto” se exhumarán los restos del odiado dictador Francisco Franco Bahamonde que reposan desde su óbito natural en el altar mayor de la Basílica del monumento religioso -funerario del Valle de los Caídos en la sierra norte de Madrid. Una decisión que ha ido posponiéndose por las dificultades legales de todo tipo puestas por la propia Iglesia Católica y la familia del dictador que se niega en redondo a permitir esa extracción. Y es que este PSOE sigue empeñado en darse una póstuma victoria sobre una de las etapas más negras de nuestra historia que tuvo sus inicios en la deriva bolchevique de la segunda República y los abusos del poder con determinados sectores de la sociedad, como contra la misma Iglesia católica, que provocaron un levantamiento militar, del que tal día como hoy, 18 de julio, se cumple la friolera de 82 años (1936 a 2018). Un alzamiento militar llamado impropiamente “nacional” que mantuvo una guerra civil fratricida durante casi tres años, que concluyó con la victoria de los alzados contra a República y la instauración de un régimen dictatorial personalista en la figura de Francisco Franco vigente hasta que tras su muerte se consensuó entre formaciones políticas y sectores de la sociedad española el paso a la democracia.

La llamada Memoria Histórica se ha transformado en una especie de revancha postrera sin sentido y que cae muchas veces en el mayor de los ridículos. Como es el caso de la obsesión por la eliminación de supuestos símbolos del régimen franquista y de eliminar del callejero patrio a todos los personajes que sean o parezcan remotamente pertenecer al régimen de la dictadura. Porque a las víctimas se las debe resarcir del dolor y agravios sufridos, pero resulta paradójico, por no decir hipócrita, que no se tenga la misma consideración con esas otras víctimas como las del terrorismo de la ETA, a las que se les sigue insultando, vejando y despreciando con los homenajes a sus asesinos de la ETA cuando vuelven a sus pueblos como héroes tras cumplir su condena o haber sido liberados por “razones humanitarias” o por "imposición legal" de tribunales extranjeros.

Pero lo principal es que Pedro Sánchez, su equipo y el PSOE actúan como si hubieran ganado las elecciones cuando no es así en absoluto. No están legitimados para nada de lo que pretenden realizar porque simplemente solo deberían haber actuado como Gobierno provisional en funciones durante el corto plazo mínimo necesario para convocar y celebrar unas elecciones generales y que seamos los españoles los que decidamos democráticamente a quienes confiamos ese Gobierno. Se trata solo de hacer una gestión de mero trámite y no aprovecharse para agotar la legislatura durante dos años e imponer un programa de Gobierno que no está avalado por las urnas. Es por ello que considero a este Gobierno como un “okupa” y totalmente deslegitimado para adoptar cualquier decisión de signo político programático, y mucho menos lo de la subida indiscriminada de impuestos y aumento del déficit para pagar los favores a terceros por su apoyo en la moción de censura.

La última payasada es que Pedro Sánchez ofrece a los golpistas una nueva ley policial en la que se aumenten las competencias de los Mossos. Eso simplemente suicida sería armar al enemigo y favorecer el que, esta vez sí, haya "violencia suficiente" para una nada improbable nueva declaración unilateral de independencia y el lógico enfrentamiento subsiguiente entre las FFyCCSE y esa policía autónoma convertida en fuerzas de choque de los golpistas que incluso podrían armar unas milicias como los CDR ya organizados en fuerzas de presión violenta.

Hay que detener a este nuevo Zapatero que nos quiere llevar al desastre.
¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden un buen día!

En Cataluña hemos creado un monstruo
José García Domínguez  Libertad Digital 19 Julio 2018

El presidente Sánchez anda estos días tratando de apaciguar a los separatistas catalanes con vagas promesas de una reforma constitucional que quedarán en nada, pues a nada que vaya más allá de jugar con los emoticones de la web de La Moncloa se puede aspirar con sus 84 diputados pelados. Pero Sánchez pasará y los racistas seguirán ahí, en los despachos del poder en Barcelona, planeando más golpes de Estado en cuanto vuelva a aparecer la primera ocasión propicia para ello. Que será más pronto que tarde, por cierto. Por eso procede ir obviando la efímera anécdota Sánchez para ir pensando en serio qué se puede hacer con Cataluña. Si es que algo se puede hacer aún. Un algo que, guste o no, vendrá limitado por tres restricciones que van a hacer en extremo difícil que las políticas que se adopten desde el poder central, ese día que el poder central se plantee por fin meter en vereda a los separatistas, resulten eficaces. Un de esos impedimentos estructurales, la imposibilidad efectiva de retirar competencias críticas a la Generalitat, tales como la educación o el orden público, ya lo traíamos sabido de casa antes de la sublevación del 1 de octubre. Ni PSOE, ni Podemos, ni posiblemente Ciudadanos consentirían plantear siquiera esa hipótesis de trabajo.

De las otras dos, en cambio, tuvimos conocimiento preciso en los días posteriores a la asonada, en especial durante el efímero lapso de la aplicación de ese sucedáneo descafeinado del 155 que pactaron Rajoy, Rivera y Sanchez. Porque si algo sabemos ahora con certeza absoluta, indubitada, es que, primero, la lealtad al Estado de los más de doscientos mil funcionarios de carrera que prestan sus servicios en las plantillas adscritas a la Generalitat de Cataluña, simplemente, no existe. Basta visitar hoy mismo cualquier dependencia oficial en cualquiera de las cuatro provincias de la demarcación para toparse de inmediato con decenas de carteles reclamando la excarcelación de Junqueras y el resto de los delincuentes comunes que colaboraron con él durante las jornadas del golpe. Porque la Generalitat ya no es solo un Estado dentro del Estado, tal como ocurría en tiempos de Pujol. Aquí y ahora, bien al contrario, la Generalitat es un Estado que actúa de forma activa, constante y deliberada contra el Estado. Todas las horas. Todos los días. Todas las semanas. Todos los meses. Todos los años.

El segundo descubrimiento, mucho más crítico aún que el anterior, es que ese Estado reactivo no se puede controlar desde el poder central. Ya no. Porque no es controlable un monstruo burocrático integrado por doscientas mil personas y pico que, lejos de conducirse conforme a las pautas convencionales y reglamentistas propias de la obediencia administrativa, actúan de acuerdo a la lógica militante del activista de una causa política. Porque el problema no fue que Madrid aplicara por blandenguería pusilánime un 155 pasado por agua. El aterrador problema real es que hay una muy alta probabilidad de que quizá no hubiera podido hacer otra cosa. Y ello por la constatada evidencia de que, durante el periodo de vigencia del 155, la administración de la Generalitat estuvo actuando en todo momento con una actitud apenas disimulada de resistencia pasiva. Un proceder generalizado que hubiese desembocado en abierta rebeldía en caso de extenderse por más tiempo la intervención de la autonomía. Hemos creado un monstruo.

Sánchez: recaudar para dilapidar. Cataluña: más dinero para el independentismo
Pronto han quedado evidenciadas las intenciones de Sánchez para sangrar a los españoles a impuestos y para mantener el apoyo de los independentistas a su gobierno
Miguel Massanet diariosigloxxi 19 Julio 2018

Nadie podrá negar que, el actual presidente del Gobierno de España, no haya hablado claro. Es posible que muchos españoles hayamos quedado estupefactos ante tamaña batería de gasto y muchos se sigan preguntando de dónde van a salir los medios para poder atender, pero de lo que no hay duda alguna de que este nuevo presidente del gobierno sigue manteniendo el rencor hacia el anterior gobierno, especialmente, ante el señor Rajoy del que no pasa momento sin que lo aluda ni declaración sin que le cite en un par de ocasiones y, precisamente, refiriéndose a temas en los que el señor Rajoy tuvo éxito, como es el de la buena situación económica de España que nada tiene que ver, ni de lejos, con aquella a punto de caer en la quiebra soberana, que dejaron los socialistas del señor Rodríguez Zapatero, cuando abandonaron el gobierno a fines del año 2011.

Si algún iluso hubiera pensado que la llegada de este resentido socialista al poder, aparte de inclinar a su partido más a la izquierda y de depender del resto de la oposición de izquierdas para intentar sobrevivir en unas Cortes, en las que está situado en franca minoría, iba a salir de gratis al pueblo español; hoy, en las declaraciones que ha hecho en el Parlamento de la nación, habrá tenido ocasión de rectificar y tomar conciencia de que, lo que se nos viene encima a los españoles con un gobierno socialista que tiene la intención (después de haber mentido a los españoles cuando presentó la moción de censura en contra del señor Mariano Rajoy, afirmando que en unos pocos meses convocaría nuevas elecciones para que “ el pueblo español”, de dar el cambiazo y utilizar una jugada sucia, maquinada con el sólo objeto de expulsar del poder a un señor, don Mariano Rajoy que, con todos sus fallos y contradicciones, todavía intentaba que España no cayera en manos de los filocomunistas de Podemos, al tiempo que intentaba que las mejoras económicas que habían conseguido llevar a cabo durante su gobierno, se mantuvieran el mayor tiempo posible) de implantar un régimen de acoso recaudatorio que, pese a las afirmaciones hechas por los secuaces del PSOE de que no afectarán a los ciudadanos, es evidente de que, finalmente, como ha venido ocurriendo siempre que se implantan nuevas tasas o impuestos, van a acabar cayendo sobre los ciudadanos y, si quisiéramos precisar más, sobre la castigada clase media española.

No piensen que lo que intentan conseguir, el señor Sánchez y su equipo, aparte de algunos fracasos en las votaciones del Parlamento (en el Senado no tiene posibilidad alguna de salir triunfante) que demuestran la precariedad del PSOE en la cámara baja a causa de la minoría con la que se desenvuelve en el mismo que lo condiciona a que, o todos los mismos que votaron a favor de la moción de censura, voten en apoyo de sus propuestas o, basta que haya alguno enfermo o que vote distraídamente, para que se produzca lo que acaba de suceder con la convalidación del decreto en el que se nombraba en nuevo Consejo de la RTV1 que acabe derrotada su propuesta. En realidad, la valoración que se ha venido haciendo del conjunto de medidas para conseguir financiación para sus proyectos de subvenciones, mejoras de colectivos, aumento de las pensiones, restablecimiento de la sanidad universal, eliminación del copago farmacéutico, la nacionalización de las autopistas de peaje y el resto de proyectos de gastos que sería prolijo enumerar, va a suponer una carga financiera que difícilmente va a poder ser absorbida por el sistema.

Ya comentamos, en otras ocasiones, que cualquier subida de impuestos y, en este caso hablamos de unas recaudaciones conjuntas que pueden rondar los 40.000 millones de euros, suponen menos dinero en poder de los ciudadanos y, en consecuencia menor capacidad de gasto y, en ocasiones, cuando existe incertidumbre respecto a los resultados de determinadas opciones estales, un retraimiento de la confianza de los inversores en el futuro del país. Si, como es fácil de deducir de lo dicho por el señor P.Sánchez, se hablan de medidas sociales que, sin duda, van a representar un mayor coste para las empresas (más días de permiso para los futuros padres, elevación del Salario Mínimo interprofesional, mayores cotizaciones derivadas de la supresión del límite existente en la actualidad y que afectarían a salarios de más de 45 mil euros anuales lo que supondría un pago medio de 2.2000 euros anuales por trabajador. Todo ello acompañado de una mayor intervención de los Sindicatos cuando se les van a dar prioridad a los convenios sectoriales respecto a los de empresa, un tema que no es mínimo cuando se trata de evitar huelgas sobredimensionadas.

No se ha quedado corto nuestro nuevo presidente del Gobierno en cuanto a poner, en la primera línea de sus propuestas, por haberla citado en primer lugar, la intención prioritaria de exhumar los restos del anterior Jefe de Estado, don Francisco Franco, de su sepultura en el Valle de los Caídos, una medida absolutamente inoportuna, de carácter vengativo, capaz de abrir viejas heridas y rencores, aparte de las posibles dificultades de orden administrativo y legal que puedan interferir en semejante decisión. Puede que hayan pasado ya muchos años del fin de aquella Guerra Civil y, es evidente que, las últimas generaciones, aparte de lo que les hayan trasmitidos de aquella guerra sus abuelos o bisabuelos, poco van a saber de lo que verdaderamente sucedió entre los españoles que se enfrentaron en aquella contienda, salvo el virus de la inquina en contra a lo que supone orden, el respeto por los muertos o la Justicia.

En cualquier caso, hablar en estos momentos de franquistas y republicanos refiriéndose a aquellos años, no tiene más objetivo que hacer que se reproduzcan viejos antagonismos, enfrentamientos o rencillas sobre temas de hace 80 años, con el único deseo de los comunistas y republicanos de revivir odios, resentimientos y desencuentro forzosamente deformados por el transcurso del tiempo y ridículos cuando, en otros países como los que se enfrentaron en las dos Guerras Europeas que tuvieron lugar el siglo pasado, los ciudadanos de todos ellos hace años que ya firmaron la reconciliación, de modo que, en la actualidad, ya no se mantienen aquellos rencores generados durante el tiempo de hostilidades entre ellos.

Y, volviendo al tema de los impuestos, de la oportunidad de aumentarlos cuando todavía no hemos acabado de recuperarnos de la crisis, precisamente cuando algunos de ellos van a repercutir en las empresas y las industrias con la modificación de algunos puntos de la Ley de Sociedades y en las mismas condiciones laborales de sus empleados, en el sentido de aumentar el coste de personal y, en consecuencia, va a quedar afectada la futura contratación de nuevos trabajadores, lo mismo que su competitividad respecto al resto de la competencia de fuera de España. Todo ello es la consecuencia de aplicar políticas a corto plazo, de buscar el efecto propagandístico de hacer promesas que, a largo plazo se harán insostenibles, así como de anteponer la demagogia del engaño y el fraude al pueblo a la futura estabilidad del país que, estando dentro de la CE, se va a ver precisado a atenerse a las normas comunitarias si es que queremos permanecer en ella algo que, en el caso de Podemos, es evidente que no entra en sus planes futuros.

Pero hay algo que todavía nos debería preocupar más. El señor Sánchez no ocultó que está dispuesto a negociar de varios temas con los separatistas catalanes ( que en realidad van a repercutir en el caso del nacionalismo vasco) entre los cuales es evidente que estará el tema de la financiación autonómica y otras posibles ayudas que se pudieran acordar bajo mano para evitar que, el resto de las comunidades de España, se pudieran considerar discriminadas ( algo que viene sucediendo desde hace tiempo, precisamente por todos los partidos de derechas e izquierdas que han estado e los gobiernos de la democracia para conseguir que, los catalanistas, los apoyaran cuando no han dispuesto, rara avis, de mayorías absolutas). Diferimos totalmente de que, los temas económicos que no sean fiscalizados directamente desde el Gobierno Central, después de que una de las primeras medidas del ejecutivo del PSOE, fuera la de quitar la vigilancia que, en virtud del 155, estaba establecida sobre los gastos de la comunidad catalana y la Generalitat; puedan formar parte de las conversaciones (diálogos) entre el Estado y los separatistas; debido a que cualquier cantidad extra que se pudiera acordar incrementar a la Generalitat, es obvio que, conocidas las intenciones abiertamente declaradas por el señor Torra y su camarilla del Parlament Catalá, de seguir luchando para conseguir el referéndum sobre el derecho a decidir, seguir ayudando y pagando sus salarios a los prófugos de la justicia en el extranjero y mantener todas las embajadas y resto de instituciones del gobierno paralelo, que han ido creando para estar preparados para el momento, que ellos esperan que llegará, en el que puedan declarar la ansiada República Catalana, a la que sigue aspirando el señor Puigdemont; nadie, en su sano juicio, puede pensar que no se desvíe parte de ellas a tales fines.

¿Cómo se puede hablar, en un estado tan evidente de rebeldía como sigue siendo el de la comunidad catalana, en un momento en el que las muestras de apoyo a los presos separatistas está a la orden del día o en el que se declara la persona del Jefe del Estado como “non grata” en determinadas regiones de Cataluña, de seguir incrementando la deuda que la autonomía catalana tiene con España?, ¿Qué clase de locura se ha apoderado de este PSOE, un partido constitucionalista que apoyó la aplicación del 155 en Cataluña y las actuaciones del Gobierno para intentar impedir el 1.O para que ahora quiera hablar con ellos? No podemos entender cómo, estos socialistas, parecen haberse olvidado de lo ocurrido y se muestran tan insensatamente dispuestos a irles cediendo gabelas al soberanismo sin importarles en lo que se las van a gastar, cuando la más probable es que lo dediquen a seguir alimentando su voluntad separatista.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, pueda darse la sinrazón de que, por meras cuestiones electorales, de revanchismo y de ansias de poder, los señores del PSOE hayan permitido que, el señor P.Sánchez, haya continuado en su empecinamiento de acabar con el PP, cuando debiera de ser consciente de que si la derecha se queda sin un partido que la represente, pudiera ser que en un momento determinado escorara hacia la extrema derecha, en cuyo momento, todo lo que ha quedado contenido dentro del pecho de los patriotas no se conforme en seguir enclaustrado en el corazón y decidieran que España, debiera recobrar sus libertades democráticas. Hay muchos españoles que temen que, nuestra vieja y amada España, acabe convertida en un país como Venezuela o Nicaragua. Esto no puede suceder otra vez.

Vivienda, lengua, taxi… Puig pide a Sánchez liquidar la batalla legal Moncloa-Valencia
El Gobierno de Rajoy tenía en el punto de mira una decena de leyes valencianas. El varapalo del Constitucional a la ley de vivienda acelera el deseo de Puig y Oltra de finiquitar el pulso
Víctor Romero. Valencia El Confidencial 19 Julio 2018

El Tribunal Constitucional acaba de dar un varapalo importante a una de las leyes estrella del Consell del Botánico. El Gobierno valenciano integrado por el PSPV-PSOE y Compromís quiso mostrar su compromiso con las políticas de vivienda y contra la especulación aprobando una ley de función social de la vivienda antes de terminar la legislatura. La norma incorporaba en su articulado la posibilidad de expropiar el usufructo temporal de pisos en procedimientos de desahucio para evitar la expulsión de familias en situación de emergencia económica o establecía sanciones a bancos con inmuebles vacíos que comprendían desde multas económicas a la incautación temporal del activo para incorporarlo a la oferta de alquiler social.

Esta ley se aprobó en enero de 2017 en las Cortes Valencianas casi al mismo tiempo que otra contra la pobreza energética impulsada desde la Cámara autonómica por Podemos. Muy pocos meses después y tras la incapacidad para acercar posiciones en las comisiones bilaterales convocadas al efecto, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió presentar sendos recursos de inconstitucionalidad contra las dos normas valencianas por considerar que eran contrarias a la legislación estatal e invadían sus competencias. El pasado 5 de julio, poco más de un mes después de la toma de posesión de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, el pleno del Tribunal Constitucional anulaba los artículos en discordia de la ley valenciana y dejaba noqueados a Ximo Puig y Mónica Oltra. Nadie en el nuevo Ejecutivo había caído en la cuenta de que el recurso podía resolverse en breve y se había planteado su retirada.

La sentencia del Constitucional contra la ley de vivienda valenciana ha sido un varapalo para el Consell de Puig. El Gobierno no retiró el recurso

La interposición de recursos por parte del Gobierno contra leyes autonómicas no es ninguna excepción en el caso valenciano. El Ejecutivo mantiene más de medio centenar de conflictos contra norma territoriales, según reveló en su comparecencia en el Congreso la nueva ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, que se comprometió a revisar los incidentes. La mayor parte corresponden a Cataluña, pero la Comunidad Valenciana ha acumulado también un buen número de choques legislativos desde que en 2015 se produjo el cambio político y el Partido Popular abandonó la Generalitat.

El Constitucional ya ha anulado parcialmente dos normas del Consell de izquierdas. La primera, la de sanidad universal, que contempla la extensión de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares y fue mutilada el pasado mes de diciembre tras un recurso del Ejecutivo de Rajoy. La llegada de Sánchez a La Moncloa ha revertido esa situación, porque una de las primeras medidas de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha sido recuperar la universalidad para el conjunto del territorio español. Curiosamente, Montón ha rescatado para el Gobierno del PSOE la medida que el Constitucional le había tumbado en Valencia. Es la mejor prueba de la naturaleza política de este tipo de recursos de inconstitucionalidad, que no suelen cuestionar el fondo, sino el choque de competencias entre la norma estatal y la autonómica.

Esta es la razón por la que la Generalitat aspira a no encontrarse más sorpresas. La próxima que se está cocinando es la posible anulación de parte del articulado de la ley de pobreza energética. La norma valenciana corrige la estatal, al ser mucho más exigente a la hora de permitir a compañías energéticas los cortes en el servicio de electricidad o gas en caso de impagos. El Gobierno justificó su recurso en una posible intromisión en la legislación del Estado y solicitó su anulación. Por ahora, el nuevo Ejecutivo socialista no se ha pronunciado sobre una posible retirada del recurso y en Valencia temen que no llegue a hacerlo por la complejidad de tirar hacia atrás el trabajo técnico realizado por los abogados del Estado para argumentar su posición.

Donde Ximo Puig quiere persuadir a los ministros de Sánchez, con quien se reúne este viernes en Castellón, es en la fase previa a la interposición de recursos. Cuando el Gobierno central detecta un posible conflicto competencial, enciende un protocolo administrativo que tiene como primer capítulo la convocatoria de una comisión bilateral de cooperación entre los dos niveles para negociar una posible solución que evite el recurso de inconstitucionalidad. Rajoy tenía abiertos con Puig varios conflictos que están ahora en la comisión de Cooperación Administración general del Estado-Generalitat, y que van desde la ley de horarios comerciales y las restricciones para abrir domingos y festivos para las grandes superficies hasta la ley del taxi, que pone trabas a las personas jurídicas para obtener licencias.

El Consell valenciano quiere convencer a sus colegas socialistas de que renuncien a los recursos ante el Constitucional o que modifiquen las leyes estatales para armonizar su contenido. Ese es el caso de las políticas de vivienda, ya anuladas, pero también de medidas incluidas en la ley de acompañamiento de los Prespuestos de la Generalitat de 2018, como la regulación de los complementos salariales por carrera profesional de los funcionarios autonómicos y de las universidades valencianas. Otro de los conflictos surgió a raíz de la norma lanzada por la Conselleria de Educación en materia de plurilingüismo en las aulas. El Partido Popular valenciano, con Isabel Bonig a la cabeza, presionó mucho al entonces ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para que recurriese la norma, pero este encontró problemas para hacerlo porque realmente no vulnera la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo en materia de mínimos de castellano en horas lectivas.


Recortes de Prensa   Página Inicial