AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 25  Julio 2018

Un Gobierno inviable abocado a las urnas
EDITORIAL El Mundo 25 Julio 2018

El Gobierno está sufriendo en tiempo récord el efecto suflé. Presa de la euforia, al verse en Moncloa Sánchez se vino arriba y empezó su mandato incumpliendo su promesa de convocar elecciones en un tiempo razonable. "Quiero agotar la legislatura", declaró. Pero apenas un mes después, la ministra portavoz admitió ayer que ya contemplan un adelanto de los comicios, en vista no sólo de la posición de debilidad absoluta -con apenas 84 diputados-, sino de que están también totalmente maniatados.

Con el asalto de Puigdemont al PDeCAT, la ensoñación de que el grupo convergente en el Congreso iba a mantener una actitud posibilista se ha esfumado. Y no hay día que pase sin que el político fugado amenace a Sánchez con dejarle en la estacada si no hay contrapartidas políticas para avanzar en la independencia catalana, que no puede haberlas. Ya todo se suma que, los escaños son los que son, y los populares, en su legítimo derecho, harán valer su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la senda del déficit. La inviabilidad de este Gobierno es absoluta. Y se confirma que lo único razonable para salir del atolladero político sigue siendo, como antes de la moción de censura a Rajoy, dar la voz a los españoles en las urnas.

La izquierda y el lenguaje exclusivo
Fran Carrillo okdiario 25 Julio 2018

La izquierda, desde que Marx viera la sombra de sus demonios recorriendo Europa, ha venido adueñándose del universo gramatical y conceptual que rodea a las palabras. El lenguaje siempre fue su verdadera arma política de destrucción masiva, porque sabían del efecto que éste tenía en la adulteración de conciencias ajenas. Los grandes códigos de la corrección política en el siglo XX lo escribieron siniestros escribas del relativismo. Ahora, a falta de un Derrida, Foucault, Althusser, Adorno o Gramsci con el que justificar la sinrazón populista que nos rodea, tenemos a la Vicepresidenta Calvo Pixie, antes ministra Dixie. Ya sabemos para qué la rescató Sánchez del ostracismo de la cátedra cordobesa. Para dar fuste y lustre a una gramática oxidada por la caverna machista de Revertes y cierra España. Ella fue ministra sorora con Zapatero y ahora hace de alguacil sonoro de un gobierno memécrata, igual de inútil que al anterior pero más adicto al gesto y al gasto.

Mientras que con nuestros impuestos baja los del PNV, sigue pagando a los golpistas catalanes y coloca a sus amiguetes en los chiringuitos de siempre, Sánchez se va de conciertos como un grupie cualquiera. Pero en avión oficial. Con el dinero de todos, que ya sabemos que la pasta pública no es de nadie, como ya nos recordó una vez Calvo Pixie. La vice, compositora de sintagmas y ocurrencias, defendió al presidente fotopolítico argumentando que su viaje privado con fondos públicos se debió a un tema de “agenda cultural”. Como no se deben a los españoles, sino a quienes quieren destrozar España, no les importa pitorrearse en al diccionario ni en la decencia. No creen en nada salvo en el poder. Los derechos convertidos en significantes de una ideología cuya desinencia siempre acaba en condicional.

Cuando algo no entra en sus cánones ideológicos, arman el jaleo conveniente para que la tropa tuitera, reunida en ágora inquisitorial, dicte sentencia de condena. Y a recibir la pertinente subvención. Así ha sido siempre. Y no nos damos cuenta. No les importa ni las mujeres, ni la inclusión, ni la corrección, ni la verdad. Sólo el control, el dominio de las mentes, la sumisión de toda conciencia y crítica. Porque sólo así garantizan su permanencia. Disfrutan de ese totalitarismo perpetuo, de ese estatus de semi esclavitud en el que convierten al ciudadano-volante. Véase Andalucía. Hacen pasar por derechos lo que en otro país decente serían memeces dignas de un late-night barato. En su obsesión por adueñarse de la realidad, adulteran la propia sintaxis lógica que componen el español correcto. No hay RAE que resista tanto alcornoque intelectual.

Resumiendo, el PSOE de la intelectual Calvo es el nuevo garante del lenguaje exclusivo. Exclusivo de mentes ignorantes como la suya, que nada saben y nada conocen. Ni la historia de España, ni las necesidades de los españoles, ni cómo gobernar sin dejar un poco de vergüenza en cada acción política. Nada. Por eso el efecto es un síntoma de acusada debilidad que tratan de esconder con la sibilina estrategia del foco alternativo de despiste. Vivir a golpe de coyuntura, de suceso creativo, de sonrisa impostada. La hiprogresía de siempre.

Ni siquiera la debilidad numérica de sus diputados ejerce de presión disuasoria contra la mediocridad. Ha sido okupar Moncloa y quitarse la careta que siempre ha vestido sus intenciones. La moqueta como metáfora de la decadencia de un sistema que hace presidente de un gobierno a un tipo que ha cosechado el peor resultado parlamentario de la historia de su partido y convierte en dueños del país a unos golpistas que lo odian y a unos populistas que lo desprecian. Hace tiempo que superamos a Italia en esto del esperpento.

¿Dará tiempo a desenterrar a Franco?
Pablo Molina  Libertad Digital 25 Julio 2018

El panorama no es nada halagüeño para Pedro Sánchez, que contaba con afrontar en 2020 unas elecciones tranquilas desde el Palacio de la Moncloa haciendo campaña en el avión oficial.

Pedro Sánchez afirmó en la sesión de investidura que estaría en la Moncloa únicamente el tiempo indispensable para convocar nuevas elecciones y que el pueblo soberano decidiera con su voto. Fue una promesa solemne, formulada desde la tribuna del Hemiciclo y en presencia de los representantes de la soberanía nacional. En consecuencia, fue convertirse en presidente y hacer exactamente lo contrario. Al fin y al cabo, su señora ya había encargado reformas por valor de medio millón de euros, ¡qué menos que disfrutarlas, aunque sea un par de años de nada! Pero las dificultades parlamentarias de un Gobierno que solo cuenta con el apoyo de una cuarta parte del Congreso pueden dar al traste con los planes de la flamante pareja presidencial.

De momento, esta semana puede recibir otro soplamocos si los separatistas de Puigdemont deciden no apoyar el nombramiento de Rosa María Mateo, el Rostro de la Transición, para administrar RTVE hasta que lleguen los podemitas y arrasen con todo. La bofetada puede ser importante, no ya por que los socialistas teman que en Televisión Española vayan a trabajar para el PP (siempre lo han hecho para el PSOE gracias a sus infiltrados, que los peperos han mantenido a cuerpo de rey), sino por lo que representa una negativa del Congreso a la primera medida de fuste propuesta por el Ejecutivo.

Pero es en la modificación de la senda de déficit donde Pedro Sánchez puede cavar su tumba política y verse obligado a enfrentarse con el Marqués de Galapagar antes de lo previsto. Los socialistas, como corresponde a su tradición ruinosa, quieren aumentar el gasto público en 5.000 millones de euros solo este año. Hasta ahí, bien. El problema es que a los podemitas les parece muy poco ese incremento de la presión fiscal, porque lo suyo es devastar países enteros en tiempo récord y la propuesta de Sánchez no acabará con la prosperidad de los españoles a la debida velocidad. Al no de los chavistas se unirá el del PP, que con Pablo Casado al frente ha recuperado el sano (¡y santo!) dogma de la moderación en el gasto público como principio irrenunciable. Los dirigentes de Ciudadanos, la última vez que opinaron sobre el tema estaban en contra; no hay que descartar que lo sigan estando el viernes, cuando se produzca la votación. Y en cuanto a los separatistas, los catalanes solo votarán a favor si se les promete un nuevo butifarréndum y los vascos solo si se les permite trucar a su favor el cupo un poco más. O sea, fatal.

El panorama no es nada halagüeño para Pedro Sánchez, que contaba con afrontar en 2020 unas elecciones tranquilas desde el Palacio de la Moncloa haciendo campaña en el avión oficial. Lo peor para sus votantes es que una convocatoria anticipada puede impedir la exhumación de los huesos de Franco y la voladura de Cuelgamuros. Si los socialistas ya no pueden confiar en sus líderes para llevar a cabo algo tan necesario, ¿a quién narices van entonces a votar?

Carmen lo explica
SANTIAGO GONZÁLEZ El Mundo 25 Julio 2018

La vicepresidenta Calvo es mujer que se expresa en tuits, unidad infinitesimal del pensamiento que prodiga en toda entrevista, declaración o canutazo y cuyo requisito mínimo es ser capaz de sustentar un titular. El periodismo de hoy está a su altura y se expresa en titulares. Hay en ella una cierta cualidad de aquel personaje caótico que encarnaba Katharine Hepburn en La fiera de mi niña, tal como explicaba su abogado: "Nunca entenderemos nada mientras ella se empeñe en explicarlo todo".

Sucedió que el mindundi que funge (gracias, Juan Luis) de presidente del Gobierno, es un especialista en ahorcarse con sus propias palabras. De ahí que se le afeara el nombramiento de un ministro de Agricultura imputado. Se esperaba su desimputación y no habría debido ser problema para un dirigente normal, pero Pedro no lo es. Con lo del Falcon ha vuelto a pasar: el lío entre lo público y lo privado. Lo malo no es el hecho en sí, sino que después lo razone Calvo, claro: "Tuvo una agenda institucional todo el día y por la noche se acercó a un evento cultural. Es decir, tuvo agenda de cultura por la noche". "Como si se hubiese sentado en un teatro", añadió y en esto hay que destacar su coherencia. En los tiempos en que fue ministra de Cultura y telefoneaba por las mañanas a "alcaldes en bragas" (en bragas, ella, no los alcaldes) declaró con mucha prosapia que "Un concierto de rock en español en el extranjero hace más por el castellano que el Instituto Cervantes". Sobre todo ahora que han puesto de director al marido de Almudena para impulsar las "lenguas y culturas que se integran en la nación española". Pero Calvo mintió, claro. El concierto no estaba en la agenda del presi.

Aceptemos que Pedro tenía una actividad cultural nocturna, no una agenda. Dostoievski y el par de botas, que decía Finkielkraut. Para actividad nocturna la de los compañeros que se fundieron 15.000 euros públicos en el puticlub Don Ángelo con una tarjeta de la Junta. Seguramente lo tenían en la agenda. Puede que cultural no fuese, pero quizá sí de convivencia y de solidaridad con aquellas pobres migrantes. Y si el dinero no era de nadie, ¿qué de malo había en ello?

Pero ¿qué justicia tenemos?
Tomás Epeldegui. ABC 25 Julio 2018

Yo aprendí en su día que en democracia existen tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres poderes son independientes y su única correlación estriba en que el ejecutivo propone leyes al legislativo y este, si procede, acaba por promulgarlas

Finalmente, el poder judicial es el que ejecuta las leyes que ha aprobado el Parlamento. Para ser miembro del Gobierno no se precisan más méritos que los que decida el presidente del Gobierno y para serlo de las Cortes Generales no se exige tampoco más requisito que el que decida el partido político que le incluya en sus listas.

Para ser juez, en cambio, es preciso terminar la carrera de Derecho y, posteriormente, realizar una dura oposición, salvo que con el reconocimiento de unos méritos acreditados pueda incluirse en este estamento por un procedimiento paralelo (cuarto turno).

Existe otro estamento que es el Tribunal Constitucional, en el que sus miembros lo son a propuesta de los partidos políticos y del Gobierno. Su misión es garantizar el cumplimiento del orden constitucional.

Ahora, en España, estamos apreciando desde mi perplejidad, quizá por desconocimiento, que cualquier crítica está permitida ante la resolución de los jueces. Para ejercer esa crítica, en ocasiones cruel, no se muestran ni méritos ni reconocimiento de autoridad académica o profesional alguna por parte de los críticos.

Todavía más llamativo es cuando se utilizan las denuncias como amenazas. No es raro que un partido político acuda al Tribunal Constitucional para bloquear alguna decisión administrativa y ese ejercicio se practica también a la inversa.

En estos días hemos escuchado que el Gobierno del señor Sánchez amenaza con retirar del Tribunal Constitucional las denuncias del anterior Gobierno sobre el Estatuto de Cataluña. Desde mi mentalidad de ciudadano, es muy difícil entender que se pueda aceptar que la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional de un gobierno quede descartada por la decisión de otro gobierno de retirar la reclamación.

¿Eso quiere decir que la ley solo lo es a ratos? Es posible que un gobierno pueda no considerar que hay que esperar a saber si el precepto impugnado es constitucional o no para atenerse al orden de la Carta Magna. Entonces, vivimos en la incertidumbre de si es o no preceptivo el acto recurrido y, por tanto, no sabemos si es o no constitucional. ¿No importa la seguridad de si es o no constitucional un precepto?

Parece que lo razonable es que todos deseemos ajustarnos a la ley y saber si el hecho recurrido es constitucional o no, sea procedente del partido que sea porque la Constitución no es para los partidos, sino para España.

Siguiendo con el mismo argumento, ¿cómo se puede entender que cualquier tertuliano se permita ridiculizar o menospreciar las decisiones de un magistrado del Tribunal Supremo sin ninguna formación académica que acredite que tenga fundamento su comentario?

¿Cómo podemos dar por buena la ligereza de las «opiniones» como que un juez se puede equivocar para justificar el desacuerdo con una sentencia, o, aún más lejos, para rebatir su decisión?¿Cómo se pide apelar a la Fiscalía General del Estado para retirar los cargos contra unos políticos catalanes cuya instrucción se ha completado y argumentado documentalmente?

¿Es que la Fiscalía General puede cambiar de criterio jurídico según el gobierno que le nombre? Todas esas cosas producen un gran desamparo y una gran confusión para los ciudadanos, que nos movemos de sorpresa en sorpresa y observamos cómo la presión política puede tergiversar la verdad hasta el punto de cambiar el sentido de la Justicia.

Y, para mayor perplejidad, los jueces solo aplican las leyes que han aprobado los políticos. Si resultaran injustas habría que cambiarlas, pero en ningún caso parece comprensible que se acuse a un juez en lugar de a aquellos que promulgaron las leyes.

¿Y a los que no somos políticos, quién nos va a amparar?

Tomás Epeldegui es MÉDICO

Se precisa un partido conservador
Amando de Miguel  Libertad Digital 25 Julio 2018

O, si se prefiere, liberal-conservador, como se dijo en su día, aunque sería mejor liberalconservador, pues en castellano el guion separa. Pero debe ser una etiqueta breve. De forma más rotunda, un partido de derechas. En una democracia desarrollada se necesita el juego de un partido de la derecha y otro de la izquierda. El llamado "centro" resulta ficticio, asexuado. Solo hay una mano derecha y otra izquierda. La dimensión izquierda-derecha, tan útil, no existe en el espacio, si no es como analogía del cuerpo humano. Por extensión, en el lenguaje marinero, se dice "babor" y "estribor". Para los marinos el barco es una representación del cuerpo humano. De ahí que, en inglés, donde las cosas no tienen género, los barcos sean siempre femeninos. Nosotros podemos decir "los barcos" o "las naves". También podemos decir "los partidos" y "las partidas".

De momento, contamos con un PP un tanto desarticulado, al que se añaden Ciudadanos y Vox, aunque en sus marbetes no admitan la palabra partido. Conviene registrar el antecedente de que popular se adscribió históricamente en varios países a los partidos católicos. O sea, que lo mejor sería reconstituir la Derecha sumando PP, Ciudadanos y Vox, más alguna otra formación.

Una insignia de los partidos situados a estribor es la pública identificación con la bandera de España. Pues bien, en su discurso inaugural Pablo Casado aludió de pasada a la iniciativa de las banderas de España en los balcones de muchas casas. Fue una cita oportuna. La cuestión es que en la plástica azulona del acto no figuraba ninguna bandera de España. A ninguno de los tres mil asistentes al acontecimiento se le ocurrió mostrar una banderita de España. Extraña ausencia para un partido que quiere ser popular. Me pregunto qué dirán nuestros amigos transpirenaicos ante una escena tan desangelada. Señores del PP: ¿es que todavía no se han percatado de que España se descuajaringa? Ante el aniversario del asesinato de Calvo Sotelo, cabe argumentar que preferimos una España roja a una España rota. El cónclave del PP habría sido una buena ocasión para recordar la famosa cita.

Qué gran ocasión desperdició Casado para proclamar que, a partir de ahora, en los actos todos del PP va a ondear la bandera de España. Claro que todavía habría sido más plausible (digno de aplauso) su anuncio de que, a partir de este momento, ningún dirigente del PP irá en coche oficial. O que se iban a cerrar las rutilantes sedes del partido para pasar a alquilar oficinas volanderas, regentadas fundamentalmente por trabajadores voluntarios con vistas a las elecciones. Frente a una izquierda derrochona (por eso quieren un "presupuesto expansivo") debe levantarse una derecha austera. Es lo que más votos atraería.

Aunque la oración inaugural de Casado fue más bien leída (gran error, pues el hombre habla muy bien), asombró su apelación a "nuestro arbitrio tradicional en el Mediterráneo". Puede que yo entendiera bien la frase, pero no creo que se propusiera aludir a las gestas de los almogávares. Por cierto, fueron ellos los primeros en ostentar el gallardete rojo y amarillo para sus naves, de lo que, andando el tiempo, sería la enseña de la Armada y luego la bandera de España. Convendría que don Pablo nos explicara lo del "arbitrio mediterráneo".

Mucho hablar de unidad y de integración, pero nadie se atreve con la necesidad de un gran partido de la derecha. Contaría con una gran masa de seguidores en toda España, incluyendo el País Vasco, Cataluña y Navarra, donde el PP no pasa ahora de testimonial. La unión de distintas fuerzas siempre es difícil porque los dirigentes de una y otra siempre quieren mandar. Pero alguna vez habrá que pensar en los votantes.

La tontería del lenguaje inclusivo
Amando de Miguel  Libertad Digital 25 Julio 2018

Hasta ahora el término inclusivo era solo de los gramáticos para sus abstrusas clasificaciones. Pero de repente se nos ha colado con un nuevo sentido. Es algo así como la obsesión de que en el discurso oficial se prescinda del masculino genérico. Así, ya no se dirá nunca "los españoles" (naturalmente de ambos sexos), sino "los españoles y las españolas" (cada uno y cada una con su sexo correspondiente). De momento, la manía léxica es una señal de la izquierda cultiparlante, esto es, analfabeta con pretensiones.

Habría que buscar las razones por las que se impone una moda tan estúpida, por mucho que se precie de progresista. No se me ocurre más que una. Al empeñarse en la jerga del lenguaje inclusivo, uno (y sobre todo una) oculta la falta de conocimientos, de experiencia en la dirección de grandes organizaciones. Se recordará la paradoja de que para dirigir los servicios públicos no se suele exigir ningún examen de competencia. Basta con recurrir al lenguaje de conveniencia que digo.

Lo curioso es que los defensores de la nueva secta lenguaraz no suelen ser del todo consecuentes con la fórmula del lenguaje inclusivo. Especialmente al principio (ahora se dice "al inicio" o "en el arranque") de los discursos se prodiga mucho lo de "compañeros y compañeras", "ciudadanos y ciudadanas", "trabajadores y trabajadoras", etc. Pero al cabo del rato el orador (y más aún la oradora) suele relajarse y vuelve al tradicional masculino genérico: "Los alumnos, los parados, los corruptos", etc. En el fondo reconocen que lo del masculino genérico es un admirable recurso para entendernos con cierta economía de medios.

Lo peor del asunto es que hay algunos inmortales de la Real Academia Española favorables a que se diga "miembras" o a que se abandone el masculino genérico. Se supone que en esos casos no es por falta de conocimientos, sino simplemente por tontería.

Tengo para mí que la moda del lenguaje inclusivo no representa una defensa de la dignidad de la mujer (ahora se dice "de las mujeres"), sino a veces lo contrario. ¿En qué cabeza cabe al hablar de "los españoles" no se van a incluir las mujeres, que además son mayoría? Sería tan estúpido como suponer que, al hablar de las "personas", puesto que es un término femenino, no se tuviera en cuenta a los varones. O también que cuando se refiere uno a los "hombres" no incluye a los niños. Por cierto, ahora los niños no son tales, sino "los más pequeños". Ya son ganas de retorcer el lenguaje.

El uso de una u otra palabra tiene más sentido de lo que cabe suponer a primera vista. Por ejemplo, ahora resulta que el Gobierno avala un "presupuesto expansivo". El adjetivo parece encomiable, pero realmente indica que van a subir muchos impuestos, disfrazados de medidas tendentes hacia la igualdad. La política de incrementar el gasto público es común a todos los partidos y gobiernos, pero distingue sobre todo a los de la izquierda. Un objetivo tan general se explica porque supone más poder para los que mandan y, ay, más probabilidades de corrupción. (Nótese que probabilidad es una voz relacionada con prueba, esto es, con pistas o indicios).

El uso del lenguaje público no acaba con estas trivialidades de sustituir unas palabras por otras más halagadoras, que suenan mejor. El arte retórica incluye también la habilidad de los políticos para no contestar a las preguntas que les dirigen los periodistas en las llamadas "ruedas de prensa". ¿Es que no hay un periodista que se atreva a replicar? "Perdón, señor, pero no me ha contestado a la pregunta que le he hecho". Ante esa ausencia, el político se crece y se pierde por los cerros de Úbeda. Viene a ser algo así como el diálogo de los casheros vascos:

-¿Vas a ir al frontón?
-Manzanas traigo.

Ese sí que es un diálogo inclusivo, y que no se me piquen los vascos.
Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Los golpistas preparan un montaje mediático para “desactivar” la acusación de Vox en el 1-O
Carlos Cuesta okdiario 25 Julio 2018

Los golpistas piden “desactivar” la acusación de Vox en el 1-O desacreditándoles públicamente con un montaje mediático. La advertencia le llegó a la acusación popular de Vox de manos de fuentes policiales: “No os creáis que os van a intentar desactivar jurídicamente o en el Juzgado de Instrucción o en la vista oral. Lo quieren hacer por lo otros medios que os imagináis”, les señalaron desde fuentes policiales, según ha podido saber OKDIARIO.

“Los otros medios” son lo que todo el mundo puede imaginar: una filtración, una noticia –real o falsa, es lo de menos– que pueda desacreditar públicamente al partido o a las personas que representan al equipo jurídico que ha presentado, impulsado y mantenido la querella contra los golpistas.

Es decir, por medio de una operación de ‘cloaca’ que dé la peor imagen suya posible. Algo que anule la legitimidad de este partido para seguir actuando contra los separatistas inmersos en delitos de rebelión, sedición y malversación.

La estrategia de fondo viene de un doble intento. Y ambos pedidos por los golpistas al nuevo Gobierno, dentro de los pactos alcanzados a cambio de haber investido a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

El primer paso sería este: apartar, o “desactivar” a la acusación popular de Vox. Porque mientras ellos estén hay una comparativa con la acusación pública de la Fiscalía y, además, el juez puede verse en la tesitura de que, aunque no solicite determinadas actuaciones o posturas la Fiscalía ellos sí lo hagan.

El segundo paso, una vez dividida la acusación, pasaría por presionar a la Fiscalía para que relajase su acusación y su actitud en defensa de la legalidad, que, hoy por hoy, se mantiene estable y firme.

Este es el plan que late detrás de las palabras lanzadas hace una semana por el abogado de Carles Puigdemont –Jaume Alonso Cuevillas-, quien solicitó desactivar a Vox: “El Gobierno tiene mecanismos” para “desactivarlo”, afirmó en una entrevista. Cuevillas lanzo su propia idea de “desactivación”: “Desde el convencimiento es difícil”, pero “se podría investigar, ¿no?”

El presidente del partido, Santiago Abascal denunció ya entonces “la extraordinaria gravedad” de la petición de Cuevillas, que se une a las presiones sufridas por Vox durante el proceso judicial. Presiones que se han ejercido “de forma directa e indirecta” en todo este tiempo hasta el punto de que ahora se plantee abiertamente esta “desactivación”.

De hecho, desde que Pedro Sánchez es aspirante en la moción de censura o presidente, los separatistas han pedido una rebaja de las penas con reforma del Código Penal, el traslado de la causa al TSJ de Cataluña, la sustitución de los fiscales por resultarles incómodos y hasta el indulto pactado posterior. Todo ello en un corto periodo de tiempo.

Y el primero que recordó estas peticiones en una reunión oficial fue el propio Quim Torra aprovechando el encuentro en Moncloa reciente con Pedro Sánchez ya como presidentes regional y nacional respectivamente.

Ley de Memoria Histórica
Zapatero otorgó 4 millones de euros a fundaciones antifranquistas en un solo año

María Jamardo okdiario 25 Julio 2018

Sólo en 2009 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó cerca de 4 millones de euros a fundaciones antifranquistas de diverso signo. Entidades comunistas, leninistas, marxistas o dedicadas al proselitismo sobre el Frente Popular fueron grandes beneficiadas bajo la presidencia del socialista, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Desde la aprobación de la norma, en 2007, el gasto de fondos públicos durante la primera legislatura de Zapatero alcanzó la nada desdeñable cifra de 20 millones de euros.

Entidades como la Fundación Largo Caballero percibió solo en 2009 ayudas por importe de más de 250.000 €. Entre ellas una de 125.000 euros concedida por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la ejecución de “proyectos de investigación”, otra del Ministerio de Cultura con 47.370 euros para la publicación y realización de un seminario titulado “Correos en la España de Franco (1936-1975). Depuración de Funcionarios” o 50.000 euros procedentes del Ministerio de Presidencia.

En el mismo año, la Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels sería adjudicataria de 25.000 euros para su proyecto “Crisis Política y Revolución Social en la España Republicana entre 1936 y 1939” y la Fundación Domingo Malagón dispondría de 45.565,00 de euros públicos para los “recuperados represaliados y lugares de represión”.

Concesiones que se materializaron gracias a la Ley de Memoria Histórica incluso antes de que ésta resultase de aplicación. El BOE recoge que la dotación presupuestaria emanada de las arcas públicas disponía recursos para estos conceptos desde el año 2006 -en que la cuantía rondó los 2 millones de euros- pese a que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica no sería aprobada hasta un año después.

La financiación pública derivada de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica se incrementó exponencialmente entre 2007 y 2011 según consta en los datos oficiales disponibles sobre subvenciones aprobadas para el período.

Concesión flexible
Si bien el objetivo fundamental de la misma era que el Estado aportase ayudas económicas para la “indagación, localización, exhumación, identificación y reinhumación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o durante la represión política posterior” la propia ley hace una concesión flexible de los recursos que permite utilizar discrecionalmente el sobrante del crédito percibido a “la financiación de cualquier otro proyecto subvencionable” sin especificar los criterios objetivos requeridos.

Así, por ejemplo, la Fundación Largo Caballero, creada para la difusión y enaltecimiento del conocido como el Lenin español, recibió en 2011 una partida a fondo perdido por importe de 4.700 € para “adquisición de mobiliario”.

Mientras que la Fundación Domingo Malagón recibió entre 2006 y 2010 un total de 421.342,56 euros, de los que tan sólo una cuarta parte -193.165 euros- se destinaron a la recuperación de fosas. La cantidad restante se destinó a placas, estudios y monolitos conmemorativos.

Memoria Histórica
El Gobierno dice ahora que el Valle de los Caídos no perjudica a la imagen de España
Luz Sela okdiario 25 Julio 2018

Pese a la intención de reformular el Valle de los Caídos como un ‘espacio de reconciliación’, y a las numerosas críticas, el Gobierno de Pedro Sánchez admite que la existencia de este espacio no tiene efectos sobre la imagen de España.

Así consta en la respuesta escrita del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria del diputado Jordi Xuclá (PDeCAT). En ella, Xuclá se hace eco de declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acerca de los planes para revertir la imagen exterior del país seriamente deteriorada como consecuencia de la crisis con Cataluña.

“¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia proyectada por la incapacidad de cerrar la etapa negra del franquismo y de su símbolo más notorio que es el Valle de los Caídos?“, se pregunta a continuación el diputado independentista.

En su respuesta, el Gobierno señala que “la imagen exterior de España es sólida, consolidada y homologable a la de los países más avanzados de su entorno político, económico y social”, y expone varios “indicadores e informes internacionales”, que así lo atestiguan.

Entre ellos, se cita el índice ‘Freedom in te World’, que otorga a España 94 puntos sobre 100, cinco más que Italia, cuatro más que Francia, los mismos que Alemania y Reino Unido y tres menos que Dinamarca, “en un contexto global marcado por un retroceso de las libertades a escala internacional”. En otros indicadores, nuestro país ocupa puestos igualmente destacados.

“Además, entre 1959 y 2017, una organización internacional tan relevante para la vigilancia de los derechos humanos en el continente europeo como es el Consejo de Europa ha visto solo 157 casos contra España, 160 contra los Países Bajos, 182 contra Suiza, 242 contra Bélgica, 341 contra Portugal, 545 contra el Reino Unido, 997 contra Francia y 2.382 contra Italia”, se añade.

“Resignificación integral”
El plan del Gobierno socialista para el Valle de los Caídos se basa en el informe del Comité de Expertos, realizado en 2011 y presentado por Ramón Jáuregui, entonces ministro de presidencia en funciones.

En él, se daban indicaciones para la “resignificación” del monumento, como trasladar los restos de Franco “al lugar que designe la familia o al lugar que sea considerado más adecuado”.

La propuesta apostaba por convertir el Valle de los Caídos en “un lugar para la memoria de víctimas y muertos en la Guerra Civil”.

“Se precisa una tarea de resignificación del conjunto que será sumamente compleja habida cuenta de las contrapuestas emociones e imágenes que del Valle tienen hoy en día los ciudadanos españoles”, observaban estos expertos.

En ese “resignificación integral” se apostaba por una remodelación de todo el conjunto monumental, incluyendo además un “Centro de Interpretación” para explicar “el sentido original por la dictadura y el que tiene en el marco de nuestra democracia”.

Dinero público
Los ‘jefes’ del ministerio de Trabajo: una media de 20 años en cargos públicos
Luz Sela okdiario 25 Julio 2018

Los principales ‘cabezas’ del ministerio de Trabajo suman decenas de años ocupando cargos públicos por el partido, y mucha menor experiencia en la empresa privada.

Empezando por la propia ministra, Magdalena Valerio, que apenas trabajó cuatro años por cuenta ajena, pero lleva casi veinte como política, desde concejal a diputada nacional, pasando por consejera de la Junta de Castilla-La Mancha.

Una carrera que comenzó en 1999, cuando fue elegida concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara (1999-2005 y 2011-2014). Ese mismo año, fue nombrada también delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara (1999-2003 y 2010-2011).

En 2005 fue nombrada consejera de Trabajo y Empleo de Castilla-La Mancha (2005-07), un cargo al que sucedió el de Consejera de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha (2007-08) y finalmente, de Justicia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (2008-10). Entre 2007 y 2010 fue diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha, y entre 2011 hasta 2016, diputada en el Congreso. Además, era actualmente secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Su empleo en la empresa privada fue como preparadora de oposiciones, entre 1986 y 1990, un empleo que consiguió un año después de acabar su licenciatura de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Octavio Granado, actual secretario de Estado de Seguridad Social, fue, entre otros, senador desde 1983 a 2001, en representación de Castilla y León. Hasta 2000, fue miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de Castilla y León. Desde 2004 a 2011, desempeñó el cargo de secretario de Estado de la Seguridad Social, el mismo puesto que ahora ocupa. En total, 25 años cobrando sueldos públicos.

Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones, lleva 18 años de trayectoria en cargos públicos, como diputada por Almería en varias legislaturas y concejal en el ayuntamiento de Almería, un puesto que desempeñó hasta que fue nombrada en el actual Gobierno.

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Editorial ABC: Elecciones ya

Los españoles no podemos seguir con un Gobierno que no hemos elegido, paralizado y rehén del separatismo
ABC 25 Julio 2018

El Gobierno en minoría de Sánchez está maniatado y es rehén de los peores socios imaginables, los separatistas, que ya amenazan a las claras con dejar caer al Ejecutivo socialista. La capacidad legislativa es nula. El gasto público se dispara para sufragar lo que no es más que la precampaña de Sánchez a costa del dinero de todos los españoles. Con solo 84 diputados, el PSOE intenta imponer desde el Gobierno una agresiva agenda social y de revisionismo revanchista, que reabre gratuitamente heridas que la Transición había cerrado con éxito. España está parada y amenazada por el aventurerismo de un presidente débil e irresponsable, que no ha sido elegido por los españoles y que ha situado su egoísmo narcisista por encima del interés nacional. Es la hora de la democracia, de permitir que el pueblo español hable libremente en las urnas.

Un Gobierno legal, pero nada democrático. Desde la restauración de la democracia en España, imperaba una norma no escrita por la que todos los partidos admitían que correspondía gobernar a la formación más votada. Siempre fue así, hasta que el PSOE de Sánchez rompió con ese principio democrático. Lo ha hecho además de la peor manera posible, con el apoyo de los partidos de los golpistas Puigdemont y Junqueras y con el de Bildu, los sucesores políticos de ETA. Cuando pudieron votar, los españoles dijeron «no» por dos veces a Sánchez. Obtuvo un pésimo resultado en las elecciones de 2015, con solo 90 diputados. Un año después, lo empeoró y se quedó en sus 84 escaños actuales, con 2,5 millones de votos menos que el PP, el partido ganador de los comicios. El PSOE había reiterado en los últimos dos años que jamás aceptaría apoyos independentistas para alcanzar el poder. José Luis Ábalos, hoy ministro de Fomento, lo enfatizó el 22 de enero de este mismo año: «Los independentistas no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura». A la vista está que el PSOE ha mentido y engañado a los españoles. Por su parte, el presidente Sánchez también mintió cuando aseguró en su investidura que pronto convocaría elecciones, pues una vez instalado en el poder se desdijo y ahora pretende agotar la legislatura.

Ofrendas a los separatistas a cambio de nada. La desalentadora experiencia de la democracia española ha probado que las concesiones a los nacionalismos solo sirven para que se envalentonen y construyan estructuras de poder orientadas a la ruptura. Con enorme deslealtad, Sánchez ha roto unilateralmente el pacto de los partidos constitucionalistas, con los que rubricó la aplicación del 155, y ha pasado a invocar un diálogo imposible con quienes solo aceptan la fractura de España. Para sostenerse en el poder ha hecho ofertas tan disparatadas como poner en solfa las sentencias del Tribunal Constitucional, o establecer un diálogo bilateral con Cataluña que discrimina al resto de las regiones. Pero todo ese entreguismo no ha dado fruto. Su oferta de reponer el Estatut y sus guiños al nacionalismo a costa de la Constitución han sido airadamente desdeñados por los separatistas. El PDECat, dominado ya al completo por Puigdemont, lo amenazó el lunes a las claras con retirarle su apoyo parlamentario. Los aliados de Sánchez solo se conformarían con un referéndum para romper España, algo que un presidente no puede conceder sin cometer un delito.

Un Gobierno abusivo. Es inadmisible que un Gobierno tan débil como el de Sánchez intente asaltar la televisión pública para someterla a su dictado y el de Podemos; que lance un programa de ingeniería social que atenta contra el 68% de españoles que se declaran católicos; que comprometa el equilibrio presupuestario; que suba los impuestos; que rompa frívolamente la unidad de los partidos constitucionalistas. Su ocupación abusiva del poder se ha reflejado muy simbólicamente en su uso picaresco del avión oficial para disfrutar de un concierto de rock con su mujer. La manera en que lo ha justificado la vicepresidenta Calvo, afirmando que se trataba de un acto cultural institucional, supone, una vez más, engañar los españoles, pues como hoy publica ABC el pasatiempo musical no figuraba en la agenda oficial.

No es razonable seguir así. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, afirmó ayer que el Gobierno no piensa en elecciones, pero acto seguido añadió que el Ejecutivo «no va a resistir más allá de lo razonable». Lo razonable era no haber gobernado jamás con los separatistas, comprometiendo la unidad y necesidades de la nación española. Lo razonable es no mantener ni un día más la ficción de un Gobierno cosmético, instalado en la gestualidad sectaria y que en realidad no gobierna. Padecemos un Ejecutivo estéril, cuya única función es servir de maquinaria de propaganda para los intereses personalistas de Sánchez. Los españoles tienen derecho a expresar en las urnas si quieren o no que les gobierne un presidente no electo en coalición con separatistas y proetarras. Es inadmisible comprometer la unidad nacional y la progresión económica que legó el PP al capricho de un presidente no votado. No hay salida al final del túnel de Sánchez. ABC demanda elecciones.

Del chantaje a la amenaza.

Vicente A. C. M. Periodista Digital 25 Julio 2018

UN PARTIDO QUE EN SUS ESTATUTOS CONTEMPLA LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA DEBE SER ILEGALIZADO.

Carles Puigdemont está desaforado, envalentonado y con la misma chulería que exhibía en los meses previos que culminaron con la declaración unilateral de independencia a finales de octubre 2017. Y no es para menos. Sigue con total libertad de movimientos gracias a la cooperación inadmisible de jueces alemanes y belgas que se han auto proclamado competentes para entrar a valorar el fondo del asunto de los delitos imputados en las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo de España. Goza de apoyos de partidos y organizaciones afines que le procuraron una vida cómoda y de lujo en una residencia en Waterloo a la que ha denominado “espacio libre de la República de Cataluña”. Se presento con una nueva formación: Junts per Cataluña que fue la más votada dentro de los partidos independentistas. Ha jugado con las Instituciones dilatando los plazos de investidura del Presidente y Gobierno de la Generalidad y designando finamente a un títere fiel y leal con sus dictados, Joaquim Torra. Y como colofón, ha visto como su verdugo, Mariano Rajoy y el PP, han sido barridos del Gobierno de España gracias a una moción de censura donde los votos de los partidos golpistas catalanes fueron decisivos en el triunfo. ¿No es para estar exultante?

Pero no ha quedado ahí su indiscutible triunfo sobre todos aquellos que le daban ya por amortizado, ahora su venganza va más allá y acaba de fracturar su antiguo partido, PDeCAT, y obtenido la cabeza de su crítica Marta Pascal, obligada a abandonar y donde ha terminado por imponer a otro títere al mando de los restos de ese partido para que termine la faena y lo integre en ese nuevo movimiento transversal y de unidad “Crida per la República” donde él se erigirá en el único Führer. Lo único que no ha conseguido, aunque tiempo al tiempo, es anular a ERC y eso que sus principales líderes Oriol Junqueras y “la Marta Rovira” o están presos o huidos de la Justicia. Un panorama que dejaría en Cataluña el partido único en el entorno independentista como fuerza hegemónica contra la que nada podrá hacer el resto de partidos no independentistas.

Es por todo lo anterior por lo que no puede extrañar que Carles Puigdemont quiera sacr provecho de esa posición de ventaja evidente donde mantiene de forma férrea e indiscutible el control total sobre los movimientos independentistas. Tal es así, que ya ha amenazado al panoli de Sánchez que cree que basta con ejercer de trilero con un verdadero tahúr. Bajo la amenaza de retirar el apoyo de los golpistas si no se avanza en hechos concretos hacia la independencia mediante un referéndum pactado, exige comenzar reuniones bilaterales entre el Gobierno de la Generalidad y el Gobierno de España. Supongo que incluso aquí no descarta participar desde su seguro refugio en Waterloo de forma telemática por videoconferencia. Aunque ya se atreve a exigir también que Pedro Sánchez haga lo posible por resolver con la Justicia esta situación.

No sé si será por despiste, por torpeza o por ingenuidad el que de nuevo la Ministra portavoz del Gobierno okupa de Pedro Sánchez, Isabel Celáa, haya declarado que “nadie va a resistir más allá de lo razonable" aunque diga que en el Gobierno no se está planteado un adelanto electoral ante las amenazas recibidas. Lo malo es que evidencia la debilidad de unos apoyos que ya eran bastardos en su origen y que, como suele pasar con los chantajistas, nunca cesan hasta que consiguen arruinar al chantajeado. EL Gobierno no ha tardado ni horas en desmentir a su portavoz y asegurar que habla por sí misma y que “El Gobierno mantiene su rumbo y sigue manteniendo su voluntad de agotar la legislatura pese a los acontecimientos de los últimos días”. Y si me preguntan, les diré que estoy por creer a quine precisamente por su bisoñez en el cargo, sus antecedentes y educación, parece incapaz de mentir porque se le notaría demasiado. Y por otro lado, la versión de la portavoz es mucho más creíble y lógica.

Así que o bien Pedro Sánchez persiste en mantenerse en el poder “como sea y a costa de lo que sea” y se lanza de forma suicida en los brazos de Carles Puigdemont rindiendo armas y bagajes, o bien reconoce su extrema debilidad agravada por varios frentes y consecuencia solo de contar con unos escuálidos 85 escaños y opta por sacar rédito a estos meses de okupa monclovita y confiar en las encuestas para dar por finalizada su etapa y jugárselo todo en unas nuevas elecciones generales, antes de que se termine por asentar el fenómeno Pablo Casado y fracasen sus enemigos del bando Sorayista -Arenista. La verdad es que no tengo ninguna confianza en que Pedro Sánchez renuncie a nada de lo que ya ha conseguido y que intentará mantenerse en el poder, aunque el precio sea ceder al chantaje de los golpistas liderados de nuevo por Carles Puigdemont.

Debemos estar preparados para asistir a una vergonzosa etapa de traición a España y estar dispuestos para evitarlo. Los enemigos de España ya están organizados y preparados para dar la batalla y no nos deben coger de sorpresa, porque lo están anunciando.

¡Que pasen si pueden un buen día!

Sánchez y la dependencia absoluta

El Gobierno afronta en cada votación una prueba. Debe además contar con la oposición del PP, las restricciones de Bruselas y las exigencias de Podemos y Puigdemont
Víctor Ruiz de Almirón ABC 25 Julio 2018

Nunca hubo en España un Gobierno que lo fuese sin haber ganado las elecciones, con el peor resultado de su historia, a través de una moción de censura y sustentado por tan solo 84 diputados. Los tiempos de la mayoría absoluta se han terminado. El Gobierno de Sánchez ha inaugurado un nuevo registro: la dependencia absoluta.

Sin pasar por las urnas
La moción de censura es una herramienta constitucional. Un mecanismo del que Sánchez se ha valido para alcanzar el poder. Pero siempre arrastrará un déficit de legitimidad por no haber llegado a La Moncloa tras unas elecciones. Además de que los actuales 84 diputados son el peor resultado del PSOE, con Sánchez como cabeza de cartel.

Depender siempre de Podemos
Con la base de los 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno necesita siempre de los 67 escaños de Unidos Podemos, que son 71 si se suman los de Compromís, para tener una suma que se acerque a la mayoría absoluta. Solo una colaboración con el PP, que ninguno de los dos actores desea, haría que Pedro Sánchez no dependiese de Pablo Iglesias.

Puigdemont calienta la vía de los independentistas
La vía de la moción de censura es el camino que inicialmente ha optado por transitar el Gobierno. Con el acuerdo con Podemos cerrado Sánchez necesita tanto a ERC como a PDECat y el PNV. Con ellos alcanza los 177 votos. Pero ninguno de los tres puede fallar o la mayoría se resquebraja.

Con Bildu y Pedro Quevedo se llega a los 180. En ese caso la salida del PNV dejaría al Ejecutivo en unos exiguos 175 escaños. Pero que de la ecuación salgan ERC (9 escaños) o PDECat (8 escaños) es letal. Y tras el golpe de mano de Puigdemont sobre el PDECat, que promete poner caro su apoyo, deja al Gobierno, literalmente, en manos de Puigdemont.

La mayoría del PP en el Senado
El escollo principal que el Gobierno se va a encontrar es que el PP cuenta con una mayoría absoluta en el Senado que, como mínimo, dilatará las tramitaciones que lleguen del Congreso. Pero en casos como los de la nueva senda de déficit, el voto en contra el Senado la frenará sin posibilidad de enmienda en el Congreso.

Ruptura con Ciudadanos
Solo con los 32 diputados de Albert Rivera, en coalición con Podemos, Sánchez podría evitar tener que depender de los independentistas. Pero ese pacto a tres que Sánchez siempre deseó nunca ha sido posible. Además, las relaciones entre PSOE y Ciudadanos atraviesan el peor momento.

No salen las cuentas
Si no desiste antes, la prueba definitiva será la elaboración de los Presupuestos. Pedro Sánchez tendrá que conjugar los compromisos con Europa con las posiciones de Podemos, que demanda un importante incremento de gasto. Además de las demandas que plantearán catalanes y vascos.

Mejor urnas que gobernar en precario
 La Razon 25 Julio 2018

La portavoz del gobierno autónomo de Cataluña, Elsa Artadi, describió ayer sin rodeos ni adornos dialécticos la precariedad política en la que se mantiene el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. Explicó Artadi que, a diferencia de lo que ocurría con el Gobierno de Mariano Rajoy, los votos de los partidos separatistas catalanes en el Congreso sí son decisivos para la estabilidad gubernamental, y que su apoyo va a depender de la progresión de las negociaciones «bilaterales» para resolver el problema catalán. Cómo es sabido, la agenda nacionalista plantea a Sánchez dos cuestiones –la puesta en libertad de los presos independentistas y el derecho a la autodeterminación– que, a la larga, llevan a un callejón sin salida.

Y aunque no es posible descartar ningún escenario, incluso el de una Generalitat que retorne a la racionalidad, los últimos movimientos del expresidente Carles Puigdemont, que han acabado con cualquier atisbo de moderación de la vieja Convergencia, no auguran lo mejor. Nos encontramos, pues, ante una probable crisis parlamentaria a medio plazo, con un Gobierno abocado a prorrogar los Presupuestos, una vez que la nueva dirección del Partido Popular ha decidido rechazar la propuesta de techo de gasto en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y con un aliado como Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, no ha renunciado ni mucho menos a convertirse en el principal referente de la izquierda.

El Gobierno, por lo menos, es muy consciente de su situación, ejemplificada en el esperpento de la renovación del Consejo de RTVE, y su portavoz, Isabel Celaá, reconocía ayer que la precariedad puede llevar a un adelanto electoral al advertir de que «sería absurdo resistir más allá de lo razonable». Si bien desde LA RAZÓN hemos sido partidarios de que las legislaturas agoten los tiempos marcados siempre que sea posible –caso del último Gobierno de Mariano Rajoy, que, aunque en minoría, había conseguido aprobar los PGE–, el criterio debe cambiar ante la amenaza, nada despreciable, de que España se deslice en un plano de inestabilidad, con un Gobierno forzado a improvisar ingenierías políticas y presupuestarias, de dudosa legalidad y nula eficacia, para contentar a unos socios que tienen proyectos poco compatibles con lo que cabe esperar de un partido que se reclama socialdemócrata y constitucionalista.

Más aun, cuando desde las distintas instituciones financieras internacionales se viene alertando de un próximo período de turbulencias económicas, que, según el último análisis de situación del FMI, pueden provocar un brusco parón del crecimiento. Si ya es un error por sí mismo abandonar la senda de la reducción del déficit y llevar a cabo el previsto incremento de la presión fiscal sobre empresas y trabajadores medios, la situación puede agravarse en un panorama que aúne la debilidad política interna con una depresión externa. A menos que el presidente Sánchez explore nuevas alianzas en el arco parlamentario, incluso, abriendo negociaciones de fondo con el Partido Popular, que es el mayoritario en ambas Cámaras, parece que lo más razonable es no prolongar en demasía la situación de precariedad y asumir que un adelanto electoral puede ser la mejor salida. Aunque en fuentes gubernamentales se afirma la intención de Pedro Sánchez de mantener la legislatura hasta el primer semestre de 2019, la señal para una convocatoria a las urnas debería ser la incapacidad de aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Al menos, así se acostumbra en las democracias occidentales. Lo demás sólo sirve para prolongar un estado de cosas que en nada beneficia a los intereses generales y que puede lastrar la recuperación económica. Por eso, nadie había intentado gobernar con tan exigua representación parlamentaria.

Sánchez convierte las Elecciones en una amenaza y no en un derecho
ESdiario 25 Julio 2018

El presidente que olvidó la obligación de convocar Elecciones Generales amenaza ahora a sus socios con ellas, obviando que son un derecho innegociable de los ciudadanos.

La ministra portavoz, Isabel Celáa, ha amenazado con una convocatoria anticipada de Elecciones Generales que, en realidad, debía de haber sido automática nada más prosperar la moción de censura que desalojó a Rajoy de La Moncloa y se la entregó, con el respaldo de Podemos y los independentistas, a un Pedro Sánchez rechazado por los ciudadanos en dos recientes citas con las urnas.

El propio Sánchez, consciente de lo anómalo de alcanzar así la presidencia, anunció nada más llegar a ella que convocaría comicios de inmediato, un compromiso olvidado a continuación y sustituido por una manera de gestionar y decidir impropia de un Ejecutivo sin legitimidad electoral a pesar de su incuestionable legalidad.

La precaria "mayoría" de Sánchez se desmorona y le empuja al abismo electoral
En pocas semanas, el PSOE ha colonizado o intenta colonizar todos los ámbitos posibles de poder institucional, nombrando por ejemplo para RTVE, Correos o el Instituto Cervantes a personas próximas o directamente afiliadas; ha anunciado subidas de impuestos; ha coqueteado con cambios constitucionales para agradar al nacionalismo o ha presentado reformas educativas propias de un Gobierno fuerte y de amplio respaldo electoral y no de uno improvisado, débil y sin el plácet de los votos directos de los españoles.

La factura
Que en ese contexto Celáa recupere ahora la idea del adelanto electoral ahonda en el carácter instrumental, y no conceptual, que Sánchez le da a todo, adaptando siempre las decisiones a sus intereses y no a las necesidades del país ni a las responsabilidades de un presidente serio. Lo hace para presionar al independentismo y a Podemos, como si fuera una sorpresa que ahora, tras brindarle su respaldo, le pase la factura correspondiente.

Todo lo que hacen y piden Puigdemont, Junqueras u Otegi es lamentable e imposible, pero nunca se podrá decir que además imprevisible: lo llevan reclamando desde hace años y todo lo que pactan o conceden tiene por único fin facilitarles el objetivo deseado y expuesto sin ambages.

Sánchez sabía cómo iba a ser su presidencia hipotecada y lo aceptó. Convocar Elecciones no es una opción, es su obligación

Sánchez lo sabía cuando estimuló su respaldo para llegar a La Moncloa, y aún así no se resistió a dar el irresponsable paso de alcanzar la presidencia con la inmensa hipoteca que supone hacerlo en esas condiciones deplorables que sólo han servido para otorgar una pátina de legitimidad a un movimiento tan perverso como el nacionalismo catalán y a otro tan deleznable como el abertzalismo vasco.

La convocatoria de Elecciones Generales antes de que termine una legislatura natural son potestad única del presidente del Gobierno, pero ese precepto legal obedece a la manera que encontró la Constitución para proteger la estabilidad del país y no a una prebenda en beneficio táctico del inquilino provisional del cargo.

Cuanto antes
Que los españoles puedan decidir quién y cómo les gobierna es un derecho innegociable que Sánchez se ha saltado, improvisando una mayoría parlamentaria endeble que ningún candidato, en la historia de la democracia española, había buscado sin tener antes la mayoría en las urnas. Si ése es el pecado, la única penitencia razonable es convocar a las urnas. Y cuanto antes mejor, le venga bien, mal o regular a cualquiera de los partidos.

Elecciones, deprisa deprisa
RAÚL DEL POZO El Mundo 25 Julio 2018

"No hay números para el Gobierno de Pedro Sánchez", me dicen los de Podemos, desdibujados, como los de Ciudadanos, ante un PSOE renacido y un PP bronco, con el bipartidismo rehabilitado.

Ven como hipótesis plausible un adelanto electoral. La raposería de la geometría variable -pactando con las derechas la economía y con las izquierdas, el diálogo inútil con los separatistas- se ha derrumbado ante la mano larga de Puigdemont votando en el palacio de San Jerónimo. Váyanse al mar a no pensar en nada con el Gobierno de Sánchez en los 100 días de gracia.

Era un spot brillante que puede ser fugaz. Después de su apoteosis inicial conocerá el sabor amargo de lo imposible. Porque lo que tenía de bonito no era lo que tenía de real, sino lo que tenía de promesa. Agotar la legislatura parecía imposible; luego, probable y ahora otra vez, casi inverosímil. Pero hay una esperanza. La nueva política ha perdido brillo y los viejos partidos se han rearmado.

Este tiempo es una riada que arrastra en 24 horas partidos políticos y gobiernos. Se cumple la paradoja según la cual lo urgente ya es demasiado tarde. A la gente, los dos 'Pablos' les parecen cortos o fugaces; Albert, efímero y Pedro Sánchez, Pedro el Breve.

Convergència, la del acento ladeado, que tanto sirvió para enjuagues y corrupciones, ya no existe y al carlista fugitivo Puigdemont, que es el que manda, le parece tan abominable Pedro Sánchez como Mariano Rajoy -o quizás más el primero- y va a someter al Gobierno a la venganza catalana en forma de tortura china: una gota fría cada cinco segundos en la frente de los del banco azul.

La conversación con los de la DUI es imposible porque si Sánchez pronuncia la palabra referéndum sus días estarían contados. Por eso, los augures anuncian la gran gresca electoral que comenzaría con la llamada a las urnas de la Diada electoral de Quim Torra y el adelanto de los comicios en Andalucía, donde Ciudadanos quiere competir, no apoyar al Gobierno de Susana Díaz. Los ocho votos de Puigdemont amenazan como la sombra de una soga al Gobierno de Pedro Sánchez, cuando Podemos habla de "la lepenización y de los guiños neofranquistas de la derecha española".

Van a presionar al Gobierno para que publique la lista de los evasores y para que deje de defender la ley del silencio que rodea a la Monarquía. El tirón del PSOE en las encuestas, la dificultad de aprobar los Presupuestos, llevarían a Pedro Sánchez a convocar elecciones antes de que su Gobierno quede a merced de sus aliados y sus enemigos. Algunos áulicos le dicen al oído: "Deprisa, deprisa, Pedro, que viene la tormenta".

Estamos incomunicados
Enrique Arias Vega Periodista Digital 25 Julio 2018

Tras el vuelo de Bilbao a Valencia, el otro día, un pasajero comentó: “Me despide el Botxo con un letrero más grande en euskera que los de inglés y español y me encuentro a mi llegada con un rótulo en valenciano mayor que los de los otros dos idiomas”. “Seguro que es para que todo el mundo se entere de lo que ponen en ellos”, ironizó.

“Pues ya verá aquí —apostillé—, el alcalde, Joan Ribó, hace todas las alocuciones institucionales solo en la lengua regional; a no ser que se trate de sanciones u otra cosa especial que le interese que nadie pueda ignorar”.

Al parecer, lo menos importante en nuestra política lingüística es que los ciudadanos nos comuniquemos cabalmente unos con otros; lo contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no existe idioma oficial alguno, pero todo el mundo trata de hablar inglés para entenderse con los demás. Luego, si quiere puede hasta pedir clases gratuitas en búlgaro o en la lengua familiar que le venga en gana.

Llevado entre nosotros ese sinsentido hasta el extremo —como se lleva—, nos encontramos con que a los médicos de Baleares se les exige que hablen catalán y no español o que a un infractor de tráfico se le quite una multa por argüir que no entendió una señal que estaba escrita en lengua vernácula en vez de en la común de todos los ciudadanos.

Nos hemos pasado pues cuatro pueblos, como creo, al fomentar las lenguas diferenciadas, en vez de las comunes. Y no lo digo yo, sino el Tribunal Superior de Valencia, al anular 11 artículos de la reciente ley que prima el uso del valenciano por parte de la Generalitat.

En esta política de favorecer el plurilingüismo autóctono, hemos llegado a pervertir la lógica de las instituciones, como acaba de hacer el nuevo director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, al decir que “impulsará las distintas lenguas españolas”, algo que, en su ámbito respectivo, no hacen con sus idiomas particulares, por ejemplo, el British Council o el Instituto Confucio, pese a que en el país de Xi Jinping, además del chino, existen otras 55 lenguas.

Aquí, si de verdad se quisiera favorecer la promoción de las distintas lenguas nacionales, podría hacerse ayudando desde al Institut d’Estudis Catalans hasta a la Real Academia Galega y nadie se rasgaría las vestiduras por ello. Pero no.

El deterioro de la democracia en Cataluña
Joaquim Coll Cronica Global 25 Julio 2018

Contra lo que sostienen algunos, el problema de Cataluña no es la falta de reconocimiento o desarrollo de su personalidad lingüística y cultural en el Estado español. La prueba es que desde los poderes públicos catalanes se ha llevado a cabo en las últimas cuatro décadas una descarada política de nacionalización de masas mediante la escuela, la administración y los medios de comunicación públicos o concertados. Tampoco los catalanes sufrimos un expolio económico, sino que hechas bien las cuentas pagamos por renta y recibimos por población, como reconoció el propio Andreu Mas-Colell en la London School of Economics en febrero de este año. Y así podríamos seguir enunciando un sinfín de “problemas imaginarios” frente a los cuales, como tan acertadamente afirma el ministro de Exteriores, Josep Borrell, nada se puede hacer porque son afrentas inventadas. Lo único que tiene sentido es articular una respuesta sólida y persistente a todos esos “disparates” (como diría John Elliot) desde el Gobierno español junto a una estrategia de comunicación de largo recorrido con el objetivo de romper la burbuja de propaganda en la que habitan muchísimos catalanes y que los ha llevado al secesionismo fanático.

El verdadero problema que sufrimos es el deterioro de la democracia en Cataluña a manos de una pasión política que pretende imponerse con tics totalitarios y que dice hablar en nombre de todos. Ayer mismo, dos importantes sentencias judiciales venían a ratificar lo que durante mucho tiempo algunos hemos ido denunciado: la falta de neutralidad política de las instituciones y la vulneración en muchos casos de derechos fundamentales. El TSJC ratificó de forma firme e irrecurrible, a propósito del contencioso sobre la estelada en Sant Cugat que presentó Societat Civil Catalana, que la ocupación permanente de un símbolo partidista en el espacio público supone una privatización del mismo y vulnera los principios de objetividad y neutralidad institucional. El paso siguiente sería la retirada inmediata de todos los elementos ideológicos (lazos amarillos y cruces, banderas estelades, pancartas sobre los “presos políticos”, etc.) del espacio público, incluyendo los balcones o las fachadas de los ayuntamientos, las consejerías del Govern y el propio Palau de la Generalitat. En pura lógica serían esas administraciones las que de manera automática deberían a hacerlo. Pero todos sabemos que no será así y, por tanto, ahora tocaría a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, exigirlo de forma general y recurrir para cada caso concreto ante los tribunales si hiciera falta.

La segunda sentencia es también muy relevante y hace referencia a los valientes jóvenes de Societat Civil Catalana en la Universitat Autònoma de Barcelona, contra los que se orquestó desde el Rectorado una sucia maniobra burocrática para excluirlos del directorio de entidades de estudiantes. Es la primera vez que una universidad en España es condenada por vulnerar derechos constitucionales básicos, entre los cuales la no discriminación por razón de opinión, el derecho a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y a la educación. Lo que ocurre en la UAB es un reflejo de la actitud contemporizadora con el separatismo que practica una parte de las elites universitarias, supuestamente progresistas, como la rectora Margarita Arboix, cuya dimisión debería ser reclamada por todos los demócratas. No solo jamás se puso del lado de las víctimas del fascismo de izquierdas que se ha adueñado de dicho campus universitario (los cachorros de la CUP), sino que intentó acallar las críticas de los jóvenes de SCC mediante su expulsión. Una actitud camuflada de supuesta equidistancia pero que ha resultado encubridora de unos hechos muy graves, nada menos que de vulnerar derechos fundamentales, concluye la justicia.

Podemos estar de acuerdo en que la calidad de la democracia en España es perfectible, aunque en los estándares internacionales nuestro país figura en una posición muy sólida, por encima de Bélgica, Francia o Estados Unidos. Pero si en alguna parte del territorio español se está produciendo un grave deterioro democrático es en Cataluña. A lo dicho antes, añadan por ejemplo el espectáculo que está protagonizando la presidencia del Parlament contra los diputados de la oposición, o el deplorable acto institucional de entrega de las Creus de Sant Jordi convertido en un mitin de Carles Puigdemont. Los independentistas saben que la secesión unilateral no es posible, como tampoco un referéndum sin antes reformar la Constitución, pero no les importa cargarse la democracia y la convivencia. Descansen en agosto, recobren fuerzas, a la vuelta el caldero catalán va a entrar nuevamente en ebullición. Hasta pronto.

El TSJC obliga a retirar símbolos independentistas

Falla contra el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por colocar una estelada
Javier Gallego. Barcelona. La Razon 25 Julio 2018

La presencia de simbología independentista en los espacios públicos podría tener los días contados. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ayer dio la razón a la entidad contraria a la independencia Societat Civil Catalana tras haber interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por colocar en la vía pública una «estelada». El TSJC fundamentó su fallo en el principio de neutralidad institucional, que «debe mantenerse en todo momento» más allá de los periodos electorales –se remite a una decisión de la Junta Electoral Central–. De esta manera, este caso abre un resquicio para que pueda aplicarse a la ingente cantidad de símbolos con que el independentismo ha embadurnado los espacios públicos en los últimos meses –ya sean «esteladas» o lazos amarillos en solidaridad con los políticos presos–. Como mínimo, Societat Civil Catalana así lo va a intentar y se ha planteado desde ayer acogerse a esta sentencia para que la Justicia actúe en la misma dirección y acabe con toda la simbología separatista, según aseguraron fuentes de la entidad. El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès había colocado la «estelada» en 2014 en la plaza Lluís Millet del municipio, y ya el 22 de julio de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Barcelona dictó una sentencia que reclamaba la retirada del emblema secesionista. Ahora, el TSJC ha resuelto el recurso del consistorio, al que también condena a pagar las costas del proceso hasta el límite de 2.000 euros.

En la sentencia, la sección quinta de la sala contenciosa del TSJC señala que la actividad impugnada supone «la privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista, con vulneración de los principios de objetividad y neutralidad institucional». En este sentido, recuerda que la exigencia de «neutralidad» es «incompatible» con la «estelada» porque, a pesar de que constituye un «símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes», carece de «reconocimiento legal válido como símbolo oficial de ninguna administración territorial». «Su uso y exhibición por un poder público solo puede ser calificado de partidista en cuanto asociado a una parte –por importante o relevante que sea– de la ciudadanía identificada con una determinada opción ideológica», precisa. Asimismo, apunta que los símbolos oficiales los regula la Ley por lo que la «neutralidad de dicho uso no depende de la voluntad o de las decisiones particulares de las Administraciones», sino de su «deber genérico» de someterse a la legalidad existente configurada por cauces democráticos.

Por tanto, el Ayuntamiento de Sant Cugat tendrá la opción de interponer un recurso de casación contra la sentencia o acatarla. En caso de ignorarla, la alcaldesa del PDeCAT, Carmela Fortuny, podría seguir los derroteros de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, quien está condenada a seis meses de inhbailitación por no descolgar una «estelada» durante la campaña electoral.

Sánchez da al PNV un pasado 'a medida'
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN El Espanol 25 Julio 2018

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco, anunció este martes que Pedro Sánchez está dispuesto a retirar de forma inmediata el recurso de inconstitucionalidad que el PP interpuso en 2017 contra la conocida como "Ley de Víctimas de Abusos Policiales". Una ley nacida para resarcir a los damnificados por la violencia policial en el País Vasco entre 1978 y 1999.

Evidentemente, tanto las asociaciones de víctimas del terrorismo como las organizaciones policiales han puesto el grito en el cielo. Y con razón. Arguyen que de esta manera se confiere al Ejecutivo vasco la capacidad de decidir en un asunto que compete directamente a los tribunales.

Relato a la medida
Es evidente qué es lo que busca el nacionalismo: favorecer el relato tendencioso que sobre la violencia en País Vasco ha defendido reiteradamente el mundo abertzale. Estamos ante la vía directa para acabar con la distinción entre víctimas y verdugos; o sea, el clásico argumentario de los proetarras sobre "el conflicto".

El Ejecutivo vasco quedó totalmente desacreditado en este asunto cuando, el año pasado, la Secretaría de Paz y Convivencia cifró en 4.113 los presuntos casos de tortura... Un número que coincidía con el de denuncias, de las que sólo 202 fueron objeto de investigación judicial.
 
Pago por la investidura
La gravedad es máxima, y no sólo porque un asunto como el esclarecimiento de la violencia policial lo despache una comisión política. O porque sea el propio Erkoreka quien adelante los próximos pasos del Gobierno central.

Parece claro que asistimos al pago, por parte de Sánchez, de la deuda contraída con el PNV por el apoyo a su investidura. En este caso, a costa de regalar al nacionalismo la herramienta para moldear a su antojo la memoria histórica más dolorosa. Y aunque al hacerlo se ataquen la verdad y la justicia.

Universidad Autónoma de Barcelona
Condena a la Autónoma de Barcelona por vulnerar derechos de estudiantes no independentistas
OKDIARIO 25 Julio 2018

El Juzgado Contencioso Administrativo 7 de Barcelona ha sentenciado que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha vulnerado los derechos fundamentales de los estudiantes de Joves de Societat Civil Catalana de la UAB y obliga al centro universitario a inscribir a esta agrupación en el directorio de colectivos del Campus de Bellaterra de que fue expulsado.

La sentencia ratifica la medida cautelar adoptada por el mismo Juzgado en el mes de abril de este año, ya que considera que la universidad ha vulnerado los derechos de no discriminación por razón de opinión, de libertad ideológica, de expresión y a la educación, ha informado la asociación en un comunicado.

La magistrada ha condenado a la UAB al pago de las costas procesales, hasta un máximo de 600 euros, porque la exclusión de Joves SCC-UAB del directorio de colectivos de la universidad vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de no discriminación por razón de opinión , de libertad ideológica , de libertad de expresión y del derecho a la educación.

Los jóvenes, que ya habían denunciado en múltiples ocasiones el desprecio de la universidad hacia ellos han visto así cumplida la misión en la que llevaban trabajando los últimos meses: poder volver a formar parte de la Universidad como cualquier otro alumno con ideología independentista.

La UAB justificó la no inscripción del colectivo al registro de entidades porque no cumplía los requisitos establecidos por la normativa y negó cualquier ataque a los derechos fundamentales, asegurando que le faltaba el requisito de respeto institucional al centro universitario por comentarios en contra vertidos en redes sociales.

La asociación de estudiantes critica “la inexistencia de comunicados de condena de la UAB ante las continuas y probadas agresiones que han sufrido por parte de los separatistas radicales y de los grupos autodenominados antifascistas en el campus”; y las peticiones de neutralidad institucional a los órganos de gobierno de la universidad por sus pronunciamientos, siempre con sesgo pro nacionalista, ante la situación política que vive Cataluña, afirman en el comunicado.

Entrevista Jóvenes Sociedad Civil Catalana
“La universidad catalana es parte del engranaje independentista y la sentencia lo demuestra”
Entrevista a Josep Lago y María Domingo de Jóvenes Societat Civil Catalana.
Raquel Tejero okdiario 25 Julio 2018

Josep Lago, coordinador de los Jóvenes de Sociedad Catalana y María Domingo, vice coordinadora hablan, en una entrevista a OKDIARIO, de la condena que una juez ha impuesto a la Universidad Autónoma de Barcelona por vulnerar los derechos de los estudiantes no independentistas.

“Ayer recibimos la sentencia después de iniciar un proceso judicial en el que se pone en evidencia la persecución a los estudiantes constitucionalistas hemos sufrido en la Universidad Autónoma de Barcelona”, comienza Josep. El joven afirma que esto no es algo nuevo, sino que es algo que han “denunciado desde hace tiempo”.

“Cuando una asociación hace algo contrario a las tesis independentistas es atacado y señalado”, asegura.

Una de las críticas la dirigen al rectorado de la Universidad. Los jóvenes no separatistas han sufrido varios ataques físicos y verbales en los últimos años, ante la pasividad del rector: “No se nos ha defendido cuando se nos ha atacado, sino todo lo contrario. Por decir en medios de comunicación todo lo que estaba pasando, el rectorado decidió expulsarnos”.

La jueza ha dictaminado ahora que la Universidad ha incumplido los derechos a la libertad de expresión, libertad ideológica, no discriminación por razón de opinión y el derecho a la educación.

Sentencia inédita
María Domingo destaca que “esta sentencia es algo inédito porque desde la instauración de la democracia no se había condenado a ninguna universidad española por vulneración de derechos fundamentales a sus estudiantes”.

“¿Estamos dispuestos a tener un rectorado que expulsa y abusa de su poder para expulsar a personas que no piensan como ellos? ¿Estamos dispuestos a tener un rectorado que acalle a la mitad de sus estudiantes, por no ser independentistas?, pregunta Lago.

Ambos aseguran que no ha sido fácil llevar a cabo esta iniciativa puesto que “es muy duro tener que iniciar un proceso judicial contra nuestra universidad y nuestra rectora y contra algunos profesores“ pero dicen “no haber tenido otra posibilidad si querían seguir teniendo voz”.

Con la sentencia, según los jóvenes, “se reconoce la persecución que ha habido hacia personas no independentistas” y por eso esperan que “otras personas se den cuenta de la realidad”.

“Cuando te expones públicamente haciendo todo esto y señalas a un equipo de gobierno, como alumnos, siempre puedes tener consecuencias negativas”, afirman.

No obstante, están “satisfechos con el trabajo”. “Decimos que estamos aquí y nuestra voz es necesaria en la Autónoma”


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