AGLI Recortes de Prensa   Jeves 26  Julio 2018

Lo razonable
Ignacio Camacho ABC 26 Julio 2018

El Gobierno bonito de Sánchez puede acabar como empezó, por sorpresa. Ningún político responsable, por atrevido que sea, puede ir muy lejos en compañía de unos fanáticos de la independencia. Tal vez haya un separatismo posibilista, partidario de rebajar la tensión para que se consolide un poder de izquierdas siempre más favorable a sus objetivos y a su estrategia; pero incluso si tal cosa existe, depende de Puigdemont aunque no quiera. Simplemente porque ellos mismos lo han convertido en un tótem, a base de reverenciar su fuga como una epopeya, y ya no hallan modo de controlar a un personaje que se ha creído una leyenda viviente, un mito de la resistencia. Un fantasmón al que el presidente no sólo le otorgó la llave de su ascenso al poder sino la de su permanencia, unciendo así su propio destino a un delirio ajeno de megalomanía aventurera.

El último fin de semana, Puigdemont ha ejecutado en su partido un golpe de mano con el mando a distancia. Se ha cargado el intento de reducir su influencia y ha liquidado cualquier tentación pragmática. El mensaje es nítido: la ruta independentista la marca él desde Alemania y no hay otra legitimidad que su ensoñación de ruptura republicana. A partir de ahí, toda sugestión de pensamiento ilusorio queda evaporada, destruida, y Sánchez ya sabe que sus circunstanciales aliados van a volver en cualquier momento a las barricadas. Es decir, que su mandato tiene fecha de caducidad más bien temprana. Es el problema de gobernar España apoyándose en unos tipos empeñados en desintegrarla.

Todavía puede tomar la iniciativa y convocar las elecciones -acaso junto con las andaluzas- a la vuelta del verano, sin esperar a que el nacionalismo rechace su intento apaciguador con estruendo calculado o Torra se le anticipe y llame a las urnas en Cataluña por orden de su señor y amo. Ahora mismo el PSOE goza de ventaja en las encuestas y sus adversarios no han acabado de adaptarse al nuevo marco; Podemos tiene a su líder de baja, Ciudadanos rumia su desconcierto y el PP está literalmente en cuadro, pendiente de adaptarse a su flamante liderazgo. Sánchez no volverá a encontrar a sus rivales en un estado tan precario. Aún dispone de coartadas porque no ha debido asumir ningún fracaso, pero es imposible sostener mucho tiempo una política de gestos propagandísticos sin hechos de respaldo.

Ayer, la portavoz Celaá dijo que el Gabinete no aguantará «más allá de lo razonable». Un criterio sensato que faltó para tomar el poder de por la puerta trasera, sin mayoría estable y sin otro programa que el de tirar para adelante. No era razonable organizar un Gobierno apoyándose en los golpistas catalanes. No era razonable dinamitar la legislatura para utilizar el Estado como plataforma de intereses electorales. En política, la razón está de parte del que más votos saque y ése todavía no ha sido nunca Pedro Sánchez.

El trabajo de Casado
Enrique de Santiago okdiario 26 Julio 2018

En política, se puede estar diciendo algo durante mucho tiempo y no conseguir nada y que llegue otro, diga lo mismo que tú, y consiga un resultado increíble. Eso, lo que pone de manifiesto es que, para entrar en la competición política, se debe de aprovechar una ventana de oportunidad que haga relevante el discurso; es decir, que, junto con el discurso, se den una serie de condiciones que, vectorizadas en el mismo sentido, rompan la pantalla de ocultación que la sociedad genera en su defensa.

Una vez superado ese muro, el discurso que sirvió de ariete debe de modularse, moverse y recorrer la sociedad de forma transversal alcanzando al mayor número de ciudadanos posibles y, para ello, esas soflamas, además de contenido, deben de sujetar las gotas justas de corazón y la fuerza precisa para ser gobierno.

Casado no dice nada nuevo, no expresa más que el decálogo del centro derecha de siempre, aquél que supo lanzar al estrellato Aznar, que sirvió de ilusionante proyecto que fue el manifiesto fundacional de Vox y que, ahora, en esencia, abandera Casado.

La ventana de oportunidad se abrió, como otras veces ha sucedido en el pasado, como por ejemplo con Vox en la persecución del secesionismo. Ahora, hace falta cumplir inmediatamente con los cambios prometidos para obtener transversalidad, alcanzar el alma de los que se sienten traicionados, despegados, olvidados o, sencillamente, asqueados y, una vez realizado ese trabajo, presentar un programa de gobierno aplicable, creíble, sólido y con suficientes dosis de garra e ilusión que permitan ganar el poder.

El problema de Casado no es su luz, que la tiene, no es la esperanza, que la generó, ni la apertura de la puerta política, que la obtuvo, su problema es trasladar ese cambio, esa ilusión, esa fuerza a las Comunidades Autónomas, a las provincias, donde regenerar será vital para acercar el partido a unos votantes hastiados, desilusionados y que precisan ver cambios, como los producidos en la cúpula superior, con los que dar credibilidad a su discurso, atracción de los que les abandonaron y calidad al producto. Se tienen que producir cambios profundos en las ejecutivas regionales y provinciales, en las que se ponga de manifiesto que el nuevo rumbo del partido es real, que se integren en él las viejas guardias, afiliados perdidos, gente nueva y se resuelva, de nuevo, la ecuación que consiguió Aznar en su día, la unidad de todos los sectores que integran el centro derecha democrático y la ilusión y esperanza de la gran mayoría de los electores, que lo fueron de ese proyecto que luego vieron traicionado unos, incumplido otros, desilusionante o corrupto los más y que ha llevado a la división, la lucha… a la victoria de la izquierda más rancia.

Cuidado Pablo, las “putillas y chaperines” mostrarán su resistencia a ser fumigados, aplicarán su capacidad de transformación para no perder su nicho, que apuñalarán o traicionarán a las novedades, con las que también habrás de tener cuidado pues, ahora, muchos llegarán para intentar pillar cacho.

El nuevo presidente del PP tiene muchos retos, como coser heridas, que será fácil; cambiar en comunidades y provincias, donde encontrará grandes resistencias; ilusionar a las bases con el cambio, desarrollar un programa de gobierno y atraer al electorado y, todo ello, en aproximadamente 6-8 meses, para afrontar las primeras elecciones en las que demostrar que “sí se puede”… ¡Uff! Mucho te espera, pero si quieres algo, debes de ser consciente de que para hacer una tortilla debes romper huevos, los precisos, los justos, pero romper y batir, es necesario.

En primera fila
Ana I. Sánchez ABC 26 Julio 2018

Cualquier ciudadano de a pie entiende que si hay un organismo del Estado que no puede trabajar frustrado es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En el imaginario colectivo persiste la creencia de que su modus operandi es el del famoso 007 -saga odiada por los analistas por su nulo parecido con la realidad-, pero todo hijo de vecino comprende que, en un entorno de amenaza yihadista, cambios de alianzas, guerras híbridas, robo de patentes o escuchas entre países aliados, el CNI es una herramienta fundamental y no puede operar desmotivado. Aznar inició la transformación de este organismo hacia una concepción mucho más avanzada e integral. Zapatero la mantuvo y Rajoy avanzó en ella para convertirlo en el eje de las políticas públicas, bajo liderazgo de Presidencia, como sucede en las grandes potencias occidentales. En esas estábamos cuando llegó Pedro Sánchez y rebajó el CNI desde Vicepresidencia a Defensa, de donde los estrategas pidieron salir hace años. Con esta maniobra, paraliza su transformación y devuelve a la agencia una concepción mucho más paleta, si se me permite el término. Vuelve a la visión centrada en la seguridad, cuando el CNI -y toda su competencia- entra ya en cualquier asunto estratégico: economía, finanzas, telecomunicaciones, infraestructuras, abastecimientos...

Una delicada decisión que Sánchez ha tomado, además, al estilo Trump: de un día para otro y sin consulta ni análisis previos. Solo por motivos pasionales. Ya sea por desconfianza en la vicepresidenta Carmen Calvo o cesión a las exigencias ante la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero violando una premisa fundamental: la despolitización del servicio. Y contraviniendo la Ley que regula el CNI. Una norma hecha para vigilar a los que nos vigilan y que establece en su primer artículo que la agencia reporta al jefe del Ejecutivo. ¿Por qué el presidente de España tiene que tomar decisiones con peor información que los líderes de otros países? En EE.UU., Reino Unido, Francia... el máximo responsable de la Inteligencia depende del líder del país. Le suministra información «traducida» que le ayuda a diagnosticar problemas, anticipar amenazas, reducir incertidumbres y adoptar soluciones, teniendo en cuenta todas las piezas del tablero.

Con Sánchez, sin embargo, ¿cómo se coordinará toda esa información? Cualquier tema será reportado a Robles, pero ella solo decidirá cuestiones de Defensa. Viajará frecuentemente y sus ausencias serán abundantes. Si añadimos los problemas operativos que se pueden derivar del cambio -Defensa tiene su propia unidad de información, al igual que Interior, Exteriores o Economía-, entenderemos la frustración generada en la comunidad de inteligencia en general y en la agencia en particular.

El Ejecutivo socialista debería compensar este tropiezo porque cualquier ciudadano de a pie entiende que si hay un organismo no puede trabajar desmotivado es el que tiene que enfrentar las amenazas y defender los intereses del país: el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Qué hacer con Cataluña? (2)
José García Domínguez  Libertad Digital 26 Julio 2018

Tras la sublevación catalana del 1 de octubre, y transcurridos ya más de cuarenta años desde su puesta en marcha, el Estado de las Autonomías, algo que en puridad fue una creación jurídica sui generis ideada por la II República para tratar de encauzar a los nacionalismos catalán y vasco dentro de un marco constitucional por lo demás unitario, ha demostrado que su principal defecto, el querer parecer en todo un Estado federal pero sin ser de verdad un Estado federal, ha terminado siendo una de las principales causas, si no la principal, de la crisis nacional que arrostra España durante este primer tercio del siglo XXI. Dejando al margen aquel efímero disparate que fue la Primera República, es evidente que España nunca podrá ser un genuino Estado federal, por la simple razón de que cualquier Estado federal fundamenta su propia existencia en la premisa de la lealtad de las partes hacia el todo. Una lealtad que aquí, huelga decirlo, no existirá nunca por culpa de Cataluña. Un lastre crónico, la reiterada deslealtad histórica de Cataluña, que nos ha abocado a la definitiva inviabilidad de la fórmula autonómica en su actual configuración, esa peculiar fórmula hispana de crear un Estado compuesto.

Y es que la idea autonómica, concepto que en principio no estaba concebido para su final extensión a todo el territorio del país, adolece de una carencia básica que no se da ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Canadá, ni en Suiza ni en ningún otro Estado federal conocido. Porque todos los Estados federales, sin excepción alguna, disponen de un amplio abanico de facultades legales coercitivas al alcance del poder central a fin de hacer real y efectivo el sometimiento de las partes a las normas comunes. Justo lo contrario de cuanto sucede en el diseño autonómico español. La muy contrastada impotencia para hacer que se ejecuten en tiempo y forma por las Autonomías las leyes emanadas del Parlamento es una extravagancia solo española. Eso no ocurre en ninguna federación. Porque el hecho de que la competencia para elaborar las normas y la de llevarlas a la práctica recaigan en poderes políticos distintos es algo que forma parte de la normalidad rutinaria en cualquier Estado compuesto. Lo que ya no resulta ni medio normal, sin embargo, es lo que ocurre aquí, a saber, que la autoridad central haya sido desposeída de los mínimos instrumentos que garanticen el acatamiento de sus normas en cualquier rincón del territorio.

Esa carencia hispana sería algo inimaginable en la Federación alemana, pongamos por caso. Completamente inimaginable. Porque allí jamás podría ocurrir que un Land decidiera a su libre albedrío cómo y cuándo llevar a la práctica una norma emanada del Parlamento. Algo que entre nosotros acontece cada dos por tres en cualquier autonomía. Y no hablemos ya de negarse a aplicarla, esa tradición tan catalana. Porque en los Estados federales, en todos ellos, el Gobierno dispone de la potestad para enviar inspectores que en cualquier momento verifiquen sobre el terreno la efectiva aplicación de las leyes comunes a lo largo del país. Y, llegado el caso, el ordenamiento constitucional también faculta al poder central para impartir órdenes de obligado cumplimiento a las autoridades regionales reacias a implementar tal o cual normativa. Ningún policía regional ni ningún profesor de instituto de Baviera se podría reír jamás de Merkel. Jamás.

O España se decide a avanzar por ese camino o dentro de bien poco ya no habrá ningún camino.

Moncloa diseña un plan B para esquivar al Senado y sacar el déficit por decreto
El posible veto del Senado al objetivo de déficit ha obligado a Moncloa a buscar aliados. Y los ha encontrado en constitucionalistas que sostienen que se puede aprobar por decreto
Carlos Sánchez El Confidencial 26 Julio 2018

Primeras fisuras en el Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido a un grupo de constitucionalistas que respalde la posibilidad de aprobar los objetivos de déficit por real decreto-ley en caso de que el Senado —como es algo más que probable— vete el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se fijan tanto el techo de gasto como la nueva senda de reducción del déficit para 2019. Lógicamente, siempre que el Congreso dé luz verde a su tramitación.

La vicepresidenta, de esta manera, quiere evitar una dura derrota en la Cámara Alta, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta.

La estrategia de Calvo, sin embargo, cuenta con la oposición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, partidaria de cumplir de forma rigurosa tanto el espíritu como la letra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que deja bien claro que el Senado tiene autonomía plena para devolver al Gobierno el acuerdo del Consejo de Ministros. Entre otras cosas, porque de esta manera el Partido Popular “tendría que retratarse” y defender que vota contra la tramitación de una norma que supone un aumento del gasto público de unos 6.000 millones de euros (medio punto de PIB), de los que 2.500 millones irían a las comunidades autónomas y una cantidad similar a la Seguridad Social. Los 1.000 millones restantes irían al subsector Estado.

La norma, del año 2012, fue redactada personalmente por el anterior titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y deja bien claro (artículo 15.6) que “si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”.

Es decir, se habilita al Senado a devolver al Gobierno una norma, lo cual es singular en el sistema constitucional español, donde una de las dos cámaras, el Congreso, tiene jerarquía sobre la otra a la hora de aprobar las leyes.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria es, por lo tanto, una excepción. Sin duda, porque la propia Constitución, aunque no ha sido desarrollada, ha pretendido configurar al Senado como una cámara territorial, como se demostró con la aplicación del artículo 155. Y, precisamente, los objetivos de déficit afectan a cada una de las administraciones públicas. Por lo tanto, en este caso, como dice la ley, el Senado no es una cámara de segunda lectura.

Frente a esta evidencia, la vicepresidenta, que es doctora en Derecho Constitucional, ha recabado el apoyo de algunos colegas. Entre ellos, el profesor Javier Pérez Royo, quien sostiene que el Gobierno debería aprobar un real decreto-ley con la fijación de la senda de déficit aprobada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Pérez Royo admite que lo más probable es que el Partido Popular opte por interponer un recurso de inconstitucionalidad, lo que obligaría al TC a decidir quién tiene razón. En su opinión, la senda de déficit no figura entre las materias no susceptibles de ser reguladas por real decreto-ley.

Veto del Senado
El artículo 90 de la Constitución establece que, “en caso de veto”, como muy probablemente ocurrirá por la mayoría absoluta del PP en el Senado, el Congreso tiene la última palabra, ya sea por mayoría simple o absoluta. A ese artículo es al que se agarran como un clavo ardiendo algunos miembros del Gobierno para evitar el veto del Senado. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido desde 2004. Desde entonces, han sido numerosos los proyectos de Ley de Presupuestos remitidos por gobiernos socialistas vetados por el Senado, aunque sin ningún éxito final. En todos los casos, la mayoría del Congreso de los Diputados tumbó los vetos de la Cámara Alta. Si bien la Ley de Estabilidad (que es orgánica) es una excepción.

Es decir, lo que pretenden quienes apoyan la vía del decreto es una especie de 'patada hacia adelante' con el objetivo de ganar tiempo, ya que cuando el TC hiciera su pronunciamiento, la Ley de Presupuestos de 2019 estaría plenamente en vigor. La propia vicepresidenta Calvo admitió ayer que el Gobierno está intentando “encontrar una solución”. Para Calvo, “no es fácil de entender que todas las leyes que se vetan en el Senado vuelven al Congreso” pero no en este caso. Máxime cuando la Ley de Presupuestos vuelve a la Cámara Baja aunque sea vetada por el Senado. Para Calvo, el hecho de que el presidente del Gobierno sea investido de forma exclusiva por el Congreso explica que su criterio prevalece ante la Cámara Alta.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, sin embargo, dice lo que dice, y el grupo socialista nunca ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad a la norma, pese a contar con los parlamentarios suficientes. La ley dice, en concreto, que “tras el correspondiente debate en pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno”. Es decir, sitúa al mismo nivel a ambas cámaras, lo cual se refuerza en el párrafo posterior, en el que se establece que si cualquiera de las dos cámaras rechaza los objetivos de déficit y deuda pública, el Ejecutivo tiene un mes para presentar otra senda.

Lo que debe votarse en ambas cámaras legislativas es el acuerdo del Consejo de Ministros, que incluye tanto los 125.064 millones de euros del techo de gasto —límite de gasto no financiero del Estado— como los objetivos de desequilibrio fiscal. En caso de que estos objetivos no fueran aprobados, seguirían en vigor los actuales. Es decir, un déficit del 1,3% en 2019 y un 0,5% en 2020, por lo tanto, cinco y seis décimas menos, respectivamente, que lo que pretende el Gobierno, lo que le obligaría a aprobar un ajuste de unos 6.000 millones de euros.

España ya sufre un colapso migratorio: fugas, brotes infecciosos y funcionarios al límite
Ya no hay pabellones municipales con plazas para acoger extranjeros llegados en patera, la Policía está desbordada y los abogados de Algeciras atienden a 120 personas cada dos horas
Isabel Morillo. Sevilla El Confidencial 26 Julio 2018

La situación en Andalucía es límite por la llegada masiva de inmigrantes, sobre todo en los puertos de Algeciras (Cádiz) y Motril (Granada). Desde la primera semana de julio, según ha podido saber este periódico, los jueces no están decretando el internamiento de los extranjeros en el CIE de Algeciras por falta de plazas. Se acelera el procedimiento administrativo, se les da la orden de expulsión y se les deja en libertad. Se están habilitando pabellones municipales y trasladando a los inmigrantes a otras provincias porque las comisarías están saturadas. El Colegio de Abogados de Cádiz ultima un turno de oficio específico de extranjería que no existía hasta la fecha. Cruz Roja no da abasto y los efectivos de la Policía Nacional están al límite.

El Gobierno confirma la saturación tanto en el Estrecho como en el Mar de Alborán. Desde el lunes, más de 1.200 personas han sido rescatadas por los servicios de Salvamento Marítimo. El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, confirma que las últimas 48 horas están siendo muy complicadas y ratifica a El Confidencial que la llegada de extranjeros a las costas andaluzas ya está por encima de todos los que fueron rescatados en todo 2017. Las previsiones indican que en agosto la llegada será más masiva. “Hacemos todo lo que está en nuestra mano”, sentencia.

Solo en la mañana del miércoles fueron rescatadas 24 pateras con 308 inmigrantes en el Estrecho, que se suman a los centenares llegados días atrás. Se están tomando medidas de urgencia y en estos momentos en el pabellón deportivo municipal de Algeciras hay unos 300 inmigrantes y otros 105 permanecen en el buque María Zambrano, en el puerto algecireño, porque están completos. También hay unos 96 inmigrantes en el pabellón Mirandilla en Cádiz, a los que se sumarán otros 150 en camino, y en Jerez hay unos 200. Además de Cádiz, se ha implicado a provincias como Córdoba —en el pabellón municipal de Vistalegre hay unos 200—, y fueron también distribuidos en varios puntos de Sevilla algunos extranjeros la semana pasada. Asimismo, en Málaga, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) denuncia "detenciones de dudosa legalidad" en el pabellón municipal José Paterna.

Colapso en varias provincias
El CIE de Motril está también desbordado y se trasladan al pabellón deportivo municipal. Alcaldes de municipios como los de Barbate, Tarifa y Algeciras, todos de la provincia de Cádiz, advierten de que están al límite y se habilitan hasta casetas de obra para dar cabida a los extranjeros mientras que son atendidos por la policía y los abogados del turno de oficio.

En los últimos días hubo un intento de fuga de un grupo de marroquíes que permanecían a la espera de repatriación en un polideportivo en Algeciras. Desde la Delegación del Gobierno aseguran que son “episodios puntuales”, pero miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hablan bajo anonimato y señalan que la situación “es límite”. “No podemos más”, alertan. Hay agentes que exceden todos los turnos de guardia, los inmigrantes huyen despavoridos aunque no puedan ser detenidos si no hay acuerdos de repatriación con sus países de origen. La ley marca que los inmigrantes no pueden estar retenidos más de 72 horas. El juez debe decretar orden de internamiento en los CIE de 10 días prorrogables hasta 60, pero esto no está ocurriendo, confirman letrados del turno de oficio, porque no hay plazas desde principios de julio.

Ante el colapso, varias fuentes de la Policía Nacional confirman que se están acelerando las diligencias y entregando la identificación sobre la marcha, lo que les permite quedar en libertad con la orden de expulsión en el bolsillo. Las ONG aseguran que los albergues y pensiones en ciudades como Algeciras están ya saturados. Allí cobijan a los extranjeros, sobre todo subsaharianos, porque para marroquíes y argelinos sí hay orden de expulsión inmediata, una vez superados todos los trámites legales. De esto se encargan fundamentalmente Cruz Roja y CEAR, que les dan auxilio y techo tres o cuatro días hasta que parten la mayoría hacia Madrid, Barcelona y otras ciudades de Europa, donde se encaminan la gran mayoría.

Turno específico de extranjería
El Colegio de Abogados de Cádiz envió una circular hace unos días para ‘reclutar’ abogados en la provincia en un turno específico de extranjería que hasta la fecha solo existía en provincias como Málaga. Mañana acaba el plazo de inscripción y la semana próxima harán un curso de reciclaje y especialización. Letrados del turno de oficio de Algeciras confirman a este periódico que la media de los últimos días es que en dos horas atiendan a 120 personas, con unos 12 extranjeros atendidos por abogado de oficio en una comisaría “absolutamente atestada y donde no pueden dedicarse a otra cosa”. Se han repartido unos nuevos kits de máscaras y guantes tras detectarse un brote infeccioso que investiga Seguridad e Higiene de Trabajo entre los efectivos de la Policía en Motril (Granada).

La mayoría de inmigrantes que están siendo atendidos sufre brotes de sarna, de ahí que se hayan extremado las cautelas para evitar contagios. Pasan semanas en situación límite antes de embarcar en el norte de África. Las comisarias han empezado a recibir un kit de mascarillas y guantes por encima del codo, y la Delegación del Gobierno asegura que la dotación de emergencia destinada incluirá nuevas ropas de protección para los efectivos policiales.

Andalucía Acoge advierte de que hay una crisis política, no humanitaria, y exige a la UE que deje de lanzar "globos sonda" y actúe de una vez

“Hay una crisis política, no humanitaria”, advierte la presidenta de Andalucía Acoge, Elena Tajuelo. Sus conversaciones con los compañeros de Algeciras le permiten afirmar que “el procedimiento legal no se está llevando a cabo porque no hay recursos humanos para asistir a estas personas”. Las ONG elevan la voz para exigir medidas definitivas por parte de la Unión Europea y que “no se siga parcheando”. “El blindaje de Grecia e Italia empuja a otras puertas de acceso y llegadas a través de otros puertos”, advierte. Las alarmas ya se encendieron el pasado año sin que se tomaran las medidas necesarias. La Comisión Europea lanza propuestas como el pago a cada Estado miembro de 6.000 euros por inmigrante acogido, pero “¿cuánto vale la vida de una persona?, ¿esto qué es, un globo sonda?”, se pregunta la presidenta de Andalucía Acoge, que no duda en señalar una situación “insostenible”.

Rumí, en Andalucía
La asistencia a los inmigrantes que llegan en pateras implica a tres ministerios, Fomento, Interior y Trabajo e Inmigración. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se desplazó este miércoles a Andalucía, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Ahora mismo, el colapso se registra hasta en la primera fase de una asistencia que implica en cadena a Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Policía Nacional y Guardia Civil, abogados del turno de extranjería y de nuevo ONG y responsables del Ministerio de Trabajo. Si hay colapso desde el primer momento, las consecuencias se suceden en cadena.

No hay medios para atender a los extranjeros una vez que son desembarcados. De ahí que en una última decisión, Salvamento Marítimo haya decidido no desembarcar a los inmigrantes rescatados por el buque María Zambrano, que permanece en el puerto de Algeciras y al que han subido voluntarios de Cruz Roja para las primeras asistencias médicas. “No podemos desembarcar más personas porque no se las puede dejar tiradas en el muelle”, admiten desde la Delegación del Gobierno. “Tenemos que ofrecer las mínimas condiciones de atención”.

Intervención de la UME
El atasco ha llevado a tomar medidas de urgencia implicando a Defensa. El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, confirma que se ha aprobado destinar de forma urgente 3,4 millones de euros desde la Secretaría de Estado de Seguridad y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja contrarreloj para habilitar un centro de primera recepción en el puerto de Algeciras, que se situará ya en agosto en las naves de Crinavis, un antiguo centro de formación de la Junta en San Roque. Ahí ya se trabaja, según Rodríguez Gómez de Celis, en limpieza y mantenimiento para superar esta crisis y dar la primera asistencia a partir de unos días. Esos 3,4 millones de euros aprobados de emergencia costearán las obras y después el mantenimiento, comida, ropa, calzado... en este lugar de recepción. Se instalará también una comisaria de Policía.

El delegado del Gobierno muestra sorpresa porque “en siete años no se había tomado ninguna medida, sobre todo porque ya el año pasado las cifras fueron récord”, apuntando al anterior Ejecutivo del PP. Asegura que ya trabajan en un plan de inmigración que permita planificar mejor los recursos el próximo año. Tratarán de habilitar espacios de acogida o albergues en Cádiz.

Desde el Gobierno andaluz, la presidenta Susana Díaz reclama “lealtad institucional” y confía en que el Gobierno español emprenda acciones, llamando a la “solidaridad” de todas las comunidades autónomas. En otro plano, reclaman que la Unión Europea “comprenda la realidad a la que nos estamos enfrentando en Andalucía” y asuma de una vez por todas sus responsabilidades.

Manos Limpias denuncia ante la Agencia Tributaria al Rey Juan Carlos por sus cuentas en Suiza
OKDIARIO 26 Julio 2018

Miguel Bernad, secretario general del Sindicato Manos Limpias, ha enviado un escrito a la Agencia Tributaria en el que solicita que se realice una inspección al Rey Juan Carlos. El motivo no es otro que desvelar qué partes de lo que dijo Corinna en las grabaciones hechas públicas por OKDIARIO son ciertas.

En concreto, Manos Limpias exige ante la gravedad de lo vertido por la princesa alemana –acusando de posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal a Juan Carlos– que los inspectores de Hacienda realicen las pesquisas necesarias para desvelar si el Rey emérito posee cuentas en Suiza, si puso propiedades a nombre de un tercero para escapar del escrutinio del Fisco español y si cobró una comisión por el proyecto del AVE a La Meca, concurso ganado por un consorcio de empresas españolas.

El sindicato asegura que “es obvio que se ha podido producir un fraude fiscal, con notorio perjuicio para la Hacienda pública española” y añade que “Hacienda somos todos, incluidos los miembros de la Casa Real “.

Bernad solicita, por tanto, a la inspección de Hacienda que recabe las pruebas –por ejemplo, las cintas que obran en poder de OKDIARIO y que ya ha remitido a la Audiencia Nacional–, que investigue las posibles cuentas del testaferro del Rey emérito, Álvaro de Orleans Borbón. También solicita las declaraciones de Renta y Patrimonio del Rey Juan Carlos, de su primo Álvaro de Orleans y de la propia Corinna.

Podemos Madrid
El Ayuntamiento de Carmena condenado por tratar de ‘boicotear’ una concentración de Falange
María Jamardo okdiario 26 Julio 2018

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 16 de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Manuela Carmena por denegar arbitrariamente a la formación política Falange Española de las JONS el permiso para instalar el mobiliario necesario para la celebración de un acto de concentración en favor de la unidad de España.

Los hechos se remontan al pasado día 7 de octubre de 2017 cuando los responsables del partido en Madrid comunicaron en tiempo y forma a la Delegación del Gobierno de la capital -quien autorizó la celebración del mismo- el acto programado.

A continuación, se dirigieron al Ayuntamiento para solicitar la instalación de los elementos necesarios para su correcta celebración en la Avenida Felipe II -un pequeño escenario de 200 x 200 cm, sistema de megafonía y grupo electrógeno, 50 sillas y mesa informativa, todo ellos portátil sin necesidad de instalación fija-.

En virtud de la normativa de Régimen Local vigente, del artículo 151 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se concede a los ayuntamientos la potestad de regular el uso de la vía pública y su “ocupación”.

La respuesta denegatoria se notificó a la formación vía Decreto aprobado por el Concejal Presidente del Distrito de Salamanca, Pablo César Carmona Pascual -miembro de Podemos e integrante de la candidatura de Ahora Madrid en la últimas elecciones municipales-.

Querella por prevaricación
En el fallo del tribunal se refleja que pese a los escasos argumentos del Ayuntamiento para rechazar la autorización, el responsable de la decisión alegó que la misma era “consecuencia del equilibrio que se debe mantener entre las autorizaciones por acciones en la vía pública y el disfrute de los espacios públicos por parte de todos los vecinos”.

Como indica el abogado a OKDIARIO, Jorge Garrido, casualmente en el mismo día y franja horaria solicitados para su acto “todos los vecinos estaban en el Parque Eva Perón en otros actos festivos, y la calle solicitada prácticamente vacía”. Garrido añade que la decisión “se toma porque Falange es una formación que no gusta a Podemos, que presumen de demócratas pero no lo son como demuestra esta sentencia”.

Falange Española de las JONS anuncia que se está preparando una querella por presunto delito de prevaricación – tomar una decisión injusta a sabiendas- contra el concejal ya que entiende que su negativa, sin fundamentación alguna, se debe únicamente a la animadversión política de Podemos contra su partido y las ideas que defiende

Por qué financia Irán el terrorismo palestino
Jaled Abu Toameh  Libertad Digital 26 Julio 2018

Teherán usa a los palestinos como carne de cañón en su guerra total contra EEUU e Israel

Mientras Naciones Unidas, Israel y EEUU proponen planes para aliviar el sufrimiento de los habitantes de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, Irán ha prometido seguir ayudando económica y militarmente a los grupos terroristas palestinos.

La injerencia de Irán en los asuntos internos de los palestinos no es nueva. Los iraníes llevan mucho tiempo proporcionando dinero y armas a Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Si no fuese por el apoyo de Teherán, esas dos organizaciones terroristas, que no reconocen el derecho de Israel a existir, no habrían podido mantener posiciones de poder en el enclave costero.

El apoyo de Irán a las organizaciones terroristas palestinas tiene un objetivo doble: socavar a la Autoridad Palestina de Mahmud Abás, a la que Teherán ve como un peón de EEUU e Israel, y promover su misión de destruir a Israel.

Recientemente tuvimos otro recordatorio del verdadero objetivo de Irán. El líder de su revolución islámica, ayatolá Alí Jamenei, dijo que los palestinos se impondrán a sus enemigos, que "veremos el día en que el falsario régimen sionista" desaparezca y que la "maléfica política" del presidente de EEUU, Donald Trump, está condenada al fracaso.

A los ayatolás no les importan las duras condiciones de vida los gazatíes. Lo único que anhelan es que los palestinos vivan para ver el día en que Israel sea eliminado. Por eso siguen apoyando a cualquier organización que pretenda destruir a Israel.

El mismo día en que Jamenei hizo esas declaraciones en Teherán, uno de sus generales,Gholamhosein Gheybparvar, intervino en una conferencia celebrada simultáneamente en Gaza y Teherán. Gheybparvar es un alto mando de la Guardia Revolucionaria y uno de los comandantes de la milicia Basij, la "Fuerza de Movilización para la Resistencia", cuya principal misión es sofocar las protestas contra el régimen islamista.

En su discurso a través de videoconferencia, Gheybparvar dijo a los representantes de Hamás, la Yihad Islámica Palestina y otras organizaciones terroristas que estaba "orgulloso" de su "resistencia" contra Israel. Y que la conferencia, Pólvora mojada. La resistencia no es terrorismo, era una expresión de la unidad árabe e islámica contra los enemigos de los árabes y los musulmanes. Asimismo, aseguró que Irán y el "Eje de la Resistencia" no tenían miedo de las "amenazas" de Trump.

Las organizaciones terroristas palestinas afirmaron después de la conferencia que se sentían alentadas por la promesa del general iraní de apoyarlas en su lucha contra Israel y EEUU.

Jader Habib, dirigente de la Yihad Islámica Palestina en Gaza, dijo que la conferencia tuvo un alto valor simbólico y que fue "gratificante". A su juicio, sirvió como recordatorio de que Irán sigue apoyando la "resistencia" palestina y de que Teherán pondría fin a las operaciones de Israel en la Franja en respuesta a los ataques terroristas contra sus ciudadanos. El discurso del general iraní, añadió, tenía el propósito de enviar un mensaje a los numerosos países que apoyan a los grupos de "resistencia" palestinos en Gaza. "Israel es una amenaza potencial para los árabes y los musulmanes", proclamó.

Alentados por el respaldo iraní, varios ponentes pidieron la formación de un "frente unido arabo-islámico" contra Israel y EEUU. También hicieron hincapié en que los ataques terroristas contra Israel proseguirían y elogiaron a Irán por su pleno apoyo a las facciones de la Franja.

Al comprometerse a seguir ayudando a las organizaciones terroristas palestinas, Irán está ofreciendo a los dos millones de habitantes de Gaza más sangre y violencia. El general iraní no ofreció a los palestinos la construcción de un hospital o una escuela, ni ayuda económica para proyectos que generen trabajos en un territorio devastado por el desempleo. Su mensaje fue: Irán os dará tanto dinero y armas como necesitéis, siempre y cuando estéis comprometidos con layihad (guerra santa) contra Israel y el "Gran Satán", EEUU.

Este mensaje a las organizaciones terroristas palestinas se produce en un momento en que varios actores internacionales están intentando resolver la crisis "humanitaria y económica" que padece la Franja. Estos esfuerzos los está encabezando el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov, que trata así de evitar el desencadenamiento de una nueva guerra en el territorio. Pero es improbable que tengan éxito mientras Irán siga apoyando a las organizaciones terroristas palestinas.

Teherán quiere mantener el control sobre sus satélites palestinos para impedir que haya paz y estabilidad entre los árabes e Israel. Teherán no está ayudando a las organizaciones terroristas por amor a los palestinos, sino para promover su objetivo de eliminar al "falsario régimen sionista".

Si a alguien le preocupa la injerencia iraní en los asuntos internos palestinos es al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y a su facción gobernante, Fatah. "No queremos convertirnos en un peón de Irán", declaró Rafat Elayan, alto cargo de Fatah; y añadió: "Irán está utilizando a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina como comodines contra Israel y EEUU, y esto afectará negativamente a la causa palestina. Hemos prevenido en reiteradas ocasiones a ambas organizaciones de la injerencia iraní en los asuntos palestinos".

Hamás, por su parte, parece quererlo todo. Desea, por un lado, que la comunidad internacional intervenga y ayude a la población de la Franja y, por otro, que Irán siga financiando su terrorismo. La misma Hamás que está diciendo a los representantes de la ONU que quiere mejorar las condiciones de vida de los gazatíes está a la vez tendiendo su mano a Irán para recibir fondos y armas.

Podemos extraer una conclusión de la ansiedad de Abás y Fatah: si están preocupados por el empeño iraní en infiltrarse en la arena palestina, EEUU y el resto del mundo tienen que encontrar una manera de impedir que Teherán utilice a los palestinos como arma en su apuesta por extender su control sobre cada vez más países de Oriente Medio y materializar sus fatídicos planes.

Irán no ha llevado más que catástrofes a Irak, el Yemen, el Líbano y Siria. Alguien tiene que dar un paso al frente e impedirle instalarse en Gaza y usar a los palestinos como carne de cañón en su campaña contra EEUU e Israel. ¿Cómo? No es tan complicado. Cualquier ayuda internacional a Gaza debe estar condicionada al cese de los esfuerzos destructivos de Irán por reclutar a las organizaciones palestinas. Es así de simple.

© Revista El Medio - Gatestone Institute
Jaled Abu Toameh, periodista árabe-israelí.

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Llarena y Puigdemont, el juez y el loco

Javier Caraballo El Confidencial 26 Julio 2018

El juez Llarena no se ha equivocado ni se ha vuelto loco; el que está cada día más desquiciado es Puigdemont, el fugitivo. Pero tenemos el defecto, o la maldita inercia, de quedarnos en la espuma de las cosas, en las batallas fútiles que se plantean desde la política, y ese ha sido siempre el arma estratégica que mejor ha manejado el independentismo para aparentar una continua victoria. Es verdad que el tribunal de la región alemana de Schleswig-Holstein ha propinado un durísimo revés a la instrucción del juez Llarena contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, al no conceder su extradición por el delito de rebelión, pero de ninguna forma puede traducirse ese varapalo como una victoria definitiva del independentismo catalán. Mucho menos puede interpretarse como la demostración palpable de que los jueces españoles, como Llarena, se han vuelto locos, al contrario que los alemanes, que han sabido mantener la cordura y la mesura ante lo sucedido en Cataluña en el otoño de 2017.

Si alguien ha visto alterado su raciocinio tras la sentencia del tribunal alemán no ha sido, precisamente, el juez Llarena, que ha mantenido la lógica procesal que ha sostenido desde el principio. Es Carles Puigdemont el que, cada día que pasa, está más fuera de sí como líder político, ajeno a la realidad. Para lo que le ha servido a Puigdemont la sentencia favorable del tribunal regional alemán es para aumentar su enajenación política; ya se cree presidente de una república catalana que abarca territorios de cuatro comunidades autónomas españolas y una parte del territorio francés. Se dice que un loco es el que pierde el sentido de la realidad, o el que la percibe de forma distorsionada; Llarena puede estar equivocado, pero el que está loco es Puigdemont.

Se trata, además, de un proceso mental curioso, teniendo en cuenta que un fenómeno social como el independentismo en Cataluña no se produce si, previamente, no ha existido una manipulación constante del pasado y del presente. De forma concienzuda, todos los acontecimientos de la historia y de la realidad comienzan a analizarse bajo un prisma egocentrista que hace que todo confluya en un agravio. El último que lo ha remarcado ha sido el hispanista británico John Elliott, hace unos días, aquí mismo: “Decir que Cataluña es una nación y España nada más que una construcción artificial es absurdo, un disparate”. A raíz de los sucesos de la rebelión de octubre, había una oportunidad para que los líderes políticos del independentismo catalán aterrizasen de nuevo en España, en la Europa del siglo XXI, recuperando el principio de realidad gracias al escarmiento que supone un procesamiento penal como al que están sometidos.

La decisión de ese tribunal regional de Alemania no solo ha malogrado esa posibilidad sino que ha provocado que Puigdemont se vea reforzado en su enajenación política. Tanto, que el independentismo ha pasado del victimismo al ensimismamiento: se cree presidente en el exilio de una república con cuatro capitales, Barcelona, Palma, Perpiñán y Valencia. A ver qué dicen en Francia si Carles Puigdemont, en su escalada, se va un día hacia el Rosellón y reivindica esa región como la Cataluña del norte. Entonces, quizá solo entonces, en Europa comiencen a valorar en toda su gravedad lo ocurrido en Alemania con la aplicación de la euroorden.

De todas formas, ¿puede haberse equivocado Llarena? Pues claro que Llarena puede estar equivocado, pero esa no es la cuestión. Pablo Llarena, como juez instructor, considera que ha existido un delito de rebelión en lo ocurrido en Cataluña y esa es su consideración penal, respaldada en este caso por la Fiscalía, pero no pasa de ahí. Como ocurre a diario en la Justicia española, lo que diga el juez instructor tiene que ratificarlo después un tribunal distinto, al término de una vista oral en la que cada parte expone sus pruebas y sus argumentos. A diario, vemos cómo se corrigen, modifican y censuran los planteamientos de jueces instructores en España, pero eso es parte del proceso penal.

Lo que no puede ser de ninguna forma es que un tribunal ajeno, sin participar de ese proceso penal, sin analizar toda la causa y sin practicar las pruebas necesarias en una sala de juicios, se haya pronunciado sobre lo ocurrido en Cataluña. No está claro que lo ocurrido en Cataluña haya sido rebelión, sedición, alteración del orden público o desacato de resoluciones judiciales. Ese es el debate penal que está pendiente y que se resolverá, en el sentido que sea, a pesar de la frívola interferencia de los tribunales europeos hasta los que han llegado los fugados.

Volvamos al principio para no quedarnos en la espuma de las cosas: que Llarena esté equivocado o no es lo de menos en este momento. La cuestión es que la interpretación grosera de la euroorden que han hecho los jueces alemanes para no extraditar a Puigdemont ha mancillado la independencia del poder judicial español, que era el único con competencias y capacidad para decidir si Llarena se equivoca al considerar que existe rebelión o si, por el contrario, acierta.

Lo ocurrido es un ataque frontal a uno de los pilares del Estado de derecho en España y no entenderlo así es entrar en la trampa del independentismo, en la que, por cierto, unos caen sin pretenderlo y otros, porque se mantienen en esa equidistancia exasperante en la que están desde el primer día, cuando la hoja de ruta, cuando el referéndum, cuando los procesamientos, cuando la fugas… Mantener en estos días la cabeza fría de la razón y la legalidad es tan importante como esperanzador. Reconforta. Porque comienzan a verse los acontecimientos en su verdadera dimensión y a los personajes como Puigdemont, en su patética impostura.

Sánchez tensa la cuerda electoral
Jorge Vilches. vozpopuli  26 Julio 2018

Sánchez no convocó elecciones tras el éxito en la rocambolesca moción de censura destructiva porque, en un alarde de egoísmo de partido, quiso convertir el tiempo que durase en el Gobierno en propaganda electoral. Se trataba de emitir un larguísimo spot político salpicado de aviones, gafas de sol y posados robados, con la letanía de promesas de gasto social y el boxeo con el fantasma del dictador. Había que construir al líder e identificar un proyecto, carencias que hasta entonces arrastraba el PSOE.

El nuevo presidente sabía que no podía gobernar pero sí ganar protagonismo, tomar la iniciativa política y convocar elecciones cuando más les conviniera. De esta manera, el nombramiento de ministros se ideó como una gala de los Óscar: una estrella sorprendida por allí, una componenda mediocre por acá. En realidad, no importaba que Josep Borrell y Meritxell Batet fueran incompatibles, sino el impacto inmediato que podía causar su elección.

No echaron cuentas de la seguridad, confianza y garantía que debe dar un Ejecutivo, sino del efecto propagandístico. Por eso no presentó un programa de gobierno hasta 45 días después de la moción, y ni siquiera es posible su cumplimiento. El motivo es evidente: los grupos del Congreso van a trabajar para la caída de Sánchez porque les conviene terminar con la propaganda gubernamental del PSOE y que se convoquen elecciones cuanto antes.

Tres socios de la moción quieren urnas: Podemos para frenar la sangría de votos hacia los socialistas, y ERC y el PDeCAT, ahora de Puigdemont, porque eso alimenta su proyecto en Cataluña, sobre todo cuando el Gobierno de España es tan débil y manejable. Es más; Ciudadanos, con un Rivera desaparecido, necesita una convocatoria electoral para reconstruir su propuesta. A Casado tampoco le viene mal porque aprovecharía la ilusión generada entre su gente por la elección y le serviría para deshacer el grupo parlamentario, hoy 'sorayista'.

Sánchez y sus 84 van a ser derrotados esta semana en el Congreso en la elección de la administradora única interina de RTVE. No sucederá porque Rosa María Mateo, la designada, sea o no adecuada, sino para mostrar la debilidad del Gobierno. Ya dijeron los diputados de ERC y los del PDeCAT que no negociarían nada con el Ejecutivo socialista a menos que se sentaran a hablar de forma bilateral del “derecho de autodeterminación”. Eso no va a pasar porque constitucionalmente es imposible, y porque electoralmente es un suicidio para los socialistas. Por eso, de esa mano tendida por Sánchez a los golpistas solo pueden sacar rédito los independentistas.

Luego vendrá la derrota en los nuevos objetivos de déficit y deuda, que no contarán en el Congreso con el apoyo de Podemos ni de los nacionalistas catalanes, y menos aún del PP. A la vuelta del verano, además, la situación en Cataluña va a estar muy tensa en torno al 11 de septiembre, el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, y “la proclamación de la República” del 27 de ese mes. Entre medias saldrá la Crida Nacional de Puigdemont, que exaltará la oposición parlamentaria en Madrid, intentará absorber a ERC y calentará las calles catalanas.

La sensación es que se acabarán imponiendo las voces socialistas que están pidiendo a Sánchez que no resista más de lo conveniente. Las sucesivas derrotas en el Congreso y en el Senado van a debilitar su imagen como opción de gobierno, tanto como disminuir la confianza de la izquierda moderada, y darán una oportunidad a Podemos, su gran competidor. Además, dicen esas voces, las encuestas de intención de voto vaticinan una remontada que podría satisfacer el plan publicitario de Sánchez.

Sin embargo, los socialistas dudan en la fecha. La solución óptima sería agotar la legislatura, y el plan B aguantar hasta mayo de 2019, y reunir en un solo día todas las elecciones. Pero es mucho riesgo. Susana Díaz presiona para adelantar las elecciones y que no coincidan con las generales, y Torra -léase Puigdemont- amenaza con sacar las urnas legales antes de Navidad.

Si las adelantan en Andalucía antes de que acabe el año y los socialistas de Díaz no suben en votos, o si convoca Torra y el PSC de Iceta no despega, se entenderá como un fracaso de Sánchez. ¿De qué habrían valido entonces la moción y el esfuerzo propagandístico? Esos tiros errados servirían para dar munición a sus competidores y desanimar a los suyos.

A dos meses de la maniobra que sacó al PP de Rajoy de Moncloa, el “Gobierno bonito” y aledaños centran todos sus esfuerzos en interpretar el escenario político para fijar la fecha de elecciones solo cuando convenga al PSOE. Eso es todo.

La ocupación de Cataluña
Cristina Losada  Libertad Digital 26 Julio 2018

"El nacionalismo es un discurso que grita no sólo para ser escuchado, sino para convencerse a sí mismo", escribía Michael Ignatieff en Sangre y pertenencia, señalando la correlación entre el volumen del grito y el calibre de las ficciones históricas, caricaturas absurdas y violentas exageraciones de los nacionalistas. Cuanto más grandes las mentiras, más hay que chillar para que no lo parezcan. Esta regla, norma o pauta la confirma sin excepción el separatismo catalán con pesadísima frecuencia. La confirma, en especial, cuando puede presentarse como víctima de alguna agresión. El volumen del grito sube entonces a niveles ensordecedores, que son los más adecuados para autoconvencerse, para exagerar al máximo los daños y para descalificar sumariamente a quien los sitúe en sus dimensiones reales.

La pauta se siguió tal cual a raíz de la actuación policial del 1 de octubre, con la exageración del número de heridos o la puesta en circulación de imágenes falsas. Y a otra escala, con lo sucedido en Vic, cuando un coche derribó hileras de cruces amarillas plantadas en una plaza. Muchos cruzados independentistas activos en las redes sociales y algunos medios digitales calificaron esos hechos de "atentado" o los llamaron sin más "el atentado de Vic", algo que va más allá de la exageración: el atentado de Vic es el que cometió ETA en 1991 contra la casa cuartel de la Guardia Civil allí, causando diez muertos, cinco de ellos menores de edad. En cuanto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, insertó lo de Vic en una serie de "ataques fascistas" y pidió a la delegada del Gobierno que les haga frente.

La otra cara de la moneda de esta pauta es que nunca los separatistas reconocen un acto de agresión propio. Jamás aceptan que ejercen algún tipo de violencia. Ni siquiera violencia simbólica. Tampoco coacción. Nada de nada. Uno de los mantras más repetidos del procés rezaba: "Somos pacíficos y democráticos". Un mantra que ya establece cómo es la otra parte: violenta, agresiva, antidemocrática. Y que cumple la función, como en la pauta antes reseñada, de cubrir con el manto de la retórica la realidad del proceder separatista en estos años y antes: un proceder coactivo que ha tenido por efecto, y efecto buscado, que el discrepante tuviera miedo incluso a expresar su opinión, dando lugar a la espiral de silencio. La movilización de la parte separatista de la sociedad, apoyada e instigada por los órganos de gobierno regionales, ha tenido como objeto no sólo hacerse oír, sino callar a los que no estén de acuerdo.

La ocupación de espacios públicos por los separatistas, con esteladas o lazos y cruces amarillos, continúa aquel ejercicio de coacción amenazante, pero lo lleva todavía más lejos: es un trágala para los ciudadanos que transitan por esos lugares. Es un trágala para los que no comulgan con lo que representan esos símbolos, para los que no ven bien que los lugares públicos estén colonizados por simbología partidista, para los que no quieren vivir en una escenografía de propaganda como la que es propia de regímenes totalitarios. Todos esos ciudadanos tienen que soportar esa "privatización del espacio público, de uso común", que vulnera "los principios de objetividad y neutralidad institucional", como bien señala la sentencia del TSJC que acaba de confirmar que el Ayuntamiento de Sant Cugat tiene que retirar una estelada que instaló en una plaza. Pero salvo esa sentencia, que ya veremos si se hace cumplir, nada se lleva a cabo para que el espacio público deje de usarse como elemento de coacción en beneficio del independentismo.

Claro que antes de esta ocupación física hubo otra. Lo que ahora sucede, esa proliferación amarilla en calles, plazas, playas, carreteras y en cualquier parte, es continuación. Continúa la ocupación de Cataluña por el nacionalismo. Esa fue su política, su estrategia: ocuparlo todo. Ocupar primero lo público, desde el poder, y a partir de ahí ocupar todo lo demás, incluido lo privado y hasta lo más privado: lo que se piensa. Cuando Pujol escribía en 1965 sobre "el ejército de ocupación" de Cataluña, refiriéndose a los de fuera, ya estaba preparando el suyo. Y es precisamente porque se trata de una continuación, basada en la gran mentira de que el nacionalismo es Cataluña, por lo que los cruzados amarillos ven perfectamente natural y democrático plantar sus cosas amarillas en todas partes. Convencidos de su superioridad en materia de democracia, ni siquiera son capaces de apreciar que esa ocupación es antidemocrática. Porque lo que refleja su actitud en el espacio público es su actitud hacia la democracia y las instituciones que la componen. Los usurpan y los usan contra el otro.

Puigdemont vuelve a casa...en Waterloo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 26 Julio 2018

CARLES PUIGDEMONT REGRESA A SU CASA DE LA REPÚBLICA ESTE FIN DE SEMANA Y DICE QUE NO TARDARÁ 20 AÑOS EN PISAR SUELO CATALÁN.

Tras meses de incertidumbre y ser solo aceptada parcialmente su extradición por el Tribunal del Estado Federal alemán de Schleswig – Holstein exclusivamente por el delito de malversación de fondos públicos, Carles Puigdemont ha decidido volver este fin de semana a su refugio seguro en Waterloo (Bélgica) a su lujosa mansión a la que ha denominado “Espacio Libre de la República”, donde piensa en constituir y lanzar la actividad del órgano de dirección “Consejo de la República”, con él como máximo líder en ese trípode compuesto por la Asamblea Nacional de cargos electos, este Consejo y la figura de Presidente en el exilio que se atribuye tal cual. No está nada mal para un sujeto que ha logrado burlar a la Justicia de España gracias a la complicidad de Estados como Bélgica, Alemania, Escocia o Suiza, con unos sistemas judiciales muy receptivos a torpedear las peticiones de la justicia de España.

Un delincuente que logró convencer a sus socios de Gobierno de ERC de un reparto de papeles en el que él y otros de su Gabinete voluntariamente aceptaban el exilio y defender desde allí la legitimidad del proceso separatista. Una opción que contaba con la permisividad y receptividad de los jueces en Bélgica, tras los antecedentes dados a los asesinos etarras fugados a esa farsa de país refugio de terroristas de todo tipo, incluido el terrorismo de la yihad islamista, siendo cómplices de la impunidad con la que actúan los terroristas. Porque resulta extremadamente vergonzosa la actuación de esos jueces que ponen en duda a la Justicia de España y su más alta Institución, el Tribunal Supremo. Una actitud que requiere no ya una protesta, sino una reconvención al más alto nivel, por la extralimitación de esos jueces en sus funciones en un pacto entre Estados, sean o no de la UE. Su interpretación discrecional del tratamiento de las euroórdenes sobrepasa sus competencias al erigirse en jueces y parte en una injerencia inadmisible en los asuntos de un Estado libre y democrático como es España.

Porque de lo que se trata es el que este despreciable enemigo de España, delincuente fugitivo de la Justicia y responsable de graves delitos como el de rebelión al declarar de modo unilateral e ilegal la independencia de un territorio de España, no puede seguir impunemente en su labor de socavamiento de la legalidad vigente en España, creando unas quimeras de supuestas Instituciones como el de la Asamblea Nacional de la República con solo cargos electos independentistas, el Consejo de la República, con el mismo fugitivo y afines repartiéndose cargos de tipo ejecutivo, y la Presidencia en el exilio, que Carles Puigdemont se auto impone y desde la que dirigirá al títere de Joaquim Torra que ya le ha rendido pleitesía y le ha jurado lealtad.

Se trata de no permitir que esa infamia se llegue a producir y exigir a las autoridades belgas que lo impidan, ya que una residencia privada no puede ser usada como representación de un territorio inexistente jurídica e internacionalmente. La República de Cataluña. Porque una cosa es que sus jueces, como los Shcleswig -Holstein en Alemania, sigan de forma ruin y miserable interfiriendo y boicoteando a la Justicia de España de forma impune y acogiéndose de forma obscena a la independencia de poderes del Estado, y otra muy distinta es que un Estado socio de la UE permita que en su suelo se instalen perseguidos por graves delitos como el de intento de destrucción de la convivencia ciudadana al declarar unilateralmente la independencia de una parte del territorio de un Estado socio de la UE, que comparte el espacio de libre circulación de personas y bienes y la confianza mutua entre sus instituciones juridiciales.

Se trata de no consentir que esa patochada en un chalé en la ciudad belga de Waterloo se convierta en un icono del separatismo en Cataluña, en un centro de peregrinación y en el centro real del poder ilegal e ilegítimo en representación de solo una parte no mayoritaria de la sociedad española que reside en la comunidad autónoma de Cataluña. Baste pensar en qué sucedería si en España se consintiese el establecimiento en su territorio de semejante organismos e individuos representando a la parte flamenca separatista belga. Y es que lo que les falta tanto a esos jueces como a las autoridades de esos Estados es tener un mínimo de decencia, de ética y de respeto por las Instituciones de otros Estados de la UE y no tratarlos como países tercermundistas bananeros.

Las declaraciones del fugitivo Carles Puigdemont no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones de mantener este desafío y el chantaje que ya ha comenzado con el apoyo de los golpistas a la moción de censura presentada por el PSOE y Pedro Sánchez. Su euforia ha llegado al extremo de declarar que “no sé si tardaré 20 años en pisar suelo español. Lo que sé es no tardaré 20 años en pisar suelo catalán”. Una afirmación en la que confía en que el diálogo entre los Gobiernos de España y de la Generalidad fructifique y se respeten los resultados del referéndum del 1 de octubre y la voluntad del pueblo de Cataluña. Porque su percepción es que “El cambio de gobierno en España ha significado un cambio de clima y de lenguaje”.

Y es que Carles Puigdemont sigue con la misma matraca argumental, la de otorgar legalidad a un referéndum declarado inconstitucional e ilegal, tanto por las formas como los medios empleados y que en ningún caso cumplía los mínimos requisitos democráticos, pues era una absoluta farsa y un desafío al Gobierno de España y a los Tribunales. El único cambio de clima es el que afecta al planeta con el calentamiento global, y aquí se está calentando en exceso la olla a presión y puede fallar la válvula de seguridad. Porque el PSOE puede ser más amigable en las formas que el PP, pero debe de ser tremendamente serio y firme en el fondo de la cuestión, porque no le queda otra aunque le pese. Y es que la Soberanía del pueblo español reside solo en él como tal en su conjunto y nadie puede delegarla o limitarla a solamente una parte para decidir sobre el futuro de todos. El PSOE no está legitimado para pactar de modo unilateral lo que es indelegable y debe someterse obligatoriamente en referéndum a todos los españoles. De no hacerlo y ceder al chantaje de los golpistas, estaría prevaricando y cometiendo un delito de alta traición.

El diálogo que pretenden los golpistas es el de siempre, el de imponer sus exigencias, en una suerte de capitulación. Y el PSOE deberá decidir si está dispuesto a traicionar a España y a los españoles para mantener el poder de forma numantina, en una situación ya de por sí anómala tras no convocar elecciones generales e intentar gobernar e imponer un programa de Gobierno sectario sin estar avalado por las urnas.

Creo sinceramente que este Gobierno y su equipo diplomático comandado por Josep Borrell deben evitar que el fugitivo delincuente Carles Puigdemont siga libremente ejerciendo como máximo poder de la Generalidad y que desarrolle Instituciones paralelas a las de la Autonomía, con cobertura mediática y complicidad de miserables como el títere Joaquim Torra o Elsa Artadi. No existe una normalidad Institucional en Cataluña, gracias a una intervención desastrosa de la que el PSOE es cómplice y responsable junto al PP y CIUDADANOS. Por tanto, no puede haber un diálogo normal cuando una de las partes sigue insistiendo en sus inaceptables exigencias de referéndums e independencia. Hay que dejarles meridianamente claro que ese camino está vedado. Así que el sueño de que antes de 20 años Carles Puigdemont pisará tierra catalana, conlleva necesariamente que una vez lo haga será puesto a disposición judicial mientras se mantenga vigente en España la orden de detención contra él. Porque Cataluña seguirá siendo parte de España, siempre que el PSOE no decida traicionarla.

¡Que pasen si pueden un buen día!

Agéndese

Jesús Lillo ABC 26 Julio 2018

Aunque aún no aparezca en el DRAE, la Fundéu considera que el verbo agendar está «bien formado» y que «su uso puede considerarse adecuado». A los significados de «anotar en una agenda datos o informaciones» y «programar en un libro o cuaderno las actividades pendientes para no olvidarlas» -que figuran ya en el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua- habría que añadir el de «hacer pasar por oficial un acto privado», más que nada por españolizar la cosa. Conjugado en imperativo chavista, el verbo quedaría en «agéndese», como el clásico «exprópiese». Eso hizo Carmen Calvo, vicepresidenta y agendadora de La Moncloa. Ayer supimos por Alberto Caparrós que el avión oficial que trasladó a Sánchez y señora a Castellón para ver a los Killers en el FIB de Benicásim se pasó a recogerlos al día siguiente. Más o menos lo mismo que los pasajeros de Ryanair ayer en Barajas y El Prat, igualico. Somos la izquierda, decía Sánchez, pero viajamos que ni la derecha.

Mientras se prueba gafas de sol para su próximo reportaje aeronáutico, el presidente del Gobierno manda a sus ministras para salvarle la cara. La torpe explicación de Carmen Calvo, primero, y la bobalicona salida de Margarita Robles, con lo de que Sánchez es muy mirado con ese dinero público que según la agendadora no era de nadie, no han logrado sino prorrogar el esperpento. Lo más sensato hubiera sido reconocer desde el primer momento la debilidad de un capricho de ida y vuelta cuyo coste, aún por determinar, se puede transformar en inversión a través de la proyección exterior de un festival que desde hace un cuarto de siglo genera empleo y riqueza. Los complejos ideológicos de Sánchez, sin embargo, le impiden reconocer su condición de nuevo rico, como a los que se compran un chalé en la sierra para emprender «un proyecto de vida». Podemos, más callado que en misa, hace aquí el papel de azafata.

De mal en peor, el presidente del Gobierno se lleva a su mujer a un FIB que es al PSOE lo que los tablaos a los señoritos que llevaban de fiesta a sus propias. De «agenda de cultura» -como dice Carmen Calvo que estaba Sánchez en Benicásim- va uno solo o con el ministro del ramo, no con la mujer. A Sánchez le queda incluso machirula la excursión del concierto: si el presidente del Gobierno no se hace acompañar por Begoña en el resto de sus actos institucionales, ya agendados, va a parecer que considera que las mujeres solo están para cambiarle el nombre al Consejo de Ministros y llevarlas del brazo y guapamente a ver cantar a Brandon Flowers, el de los Killers.

Mefistófeles en Berlín
RAÚL DEL POZO El Mundo 26 Julio 2018

Como se sabe, solamente en geometría no hay sectas. En política, las hay y en Cataluña la batalla no se despliega tanto entre el Gobierno y el Govern como entre Puigdemont y Junqueras.

Los de ERC, verdaderos independentistas, se han puesto el traje de la moderación para quitar votos a las familias convergentes. Y Puigdemont apareció ayer en Berlín, como un Mefistófeles de vídeo, flanqueado por cuatro abogados. Vuelve a Flandes, donde seguirá trabajando por la república, pero no soltó tantos delirios dictatoriales como solía. Declaró que la Crida, con 40.000 adheridos, ya supera en militancia a todos los partidos independentistas. No apareció, como otras veces, disfrazado de Ricardo III, aquel lenguaraz, saco de ira y de venganza. Dijo que todo lo que toca Llarena se convierte en caos. Exigió la libertad de los presos, cuando sabe que el Tribunal Supremo los va a juzgar, si no por rebelión, por apoyo a la rebelión, y quizás les van a caer "cuatro añitos de cárcel y 10 de inhabilitación". "El Tribunal Supremo -me informan- tiene que acusarles de algo relacionado con la rebelión porque si no el proceso pasaría a la jurisdicción de Cataluña, ya que ninguno de los procesados está aforado".

Los cínicos menos impostores dicen que habrá juicio, habrá condenas, habrá indultos y, quizás, con el tiempo, la república será el programa máximo de la Crida. Pero mientras Puigdemont no adelgace a Junqueras, irá de perdonavidas. Mandó un mensaje a Moncloa: "Lo normal es que alguien que reciba votos de nuestro grupo corresponda con el apoyo nacionalista". No habló del referéndum que decían haber ganado, sino de uno nuevo a la escocesa. Él mismo cantó: no tienen el apoyo de ningún Estado. El caudillo rebelde y los suyos siguen invocando la república. En una recepción ofrecida a los cónsules, el supremacista Quim Torra declaró que el Govern no renuncia al derecho de autodeterminación: "No nos rendiremos".

Los pronunciamientos del caudillismo autoritario se estrellan ya en el absurdo. Como ha escrito Antón Costas en La Vanguardia, algunos dirigentes independentistas quieren convertir el 1 de octubre en una fecha histórica equivalente al 11 de septiembre. "Para los convocantes esa consulta no legal emitió un mandato popular para avanzar en la independencia unilateral. Pero ni la participación ni los resultados -por otro lado no validados por ningún otro órgano electoral independiente- apoyan ese pretendido mandato".

Los rebeldes rompieron todas la reglas democráticas el 7 de septiembre y dieron un golpe parlamentario. Ahora van a ser juzgados. La teatralidad, los cirios y los quilombos resultan insignificantes.

La verdad del pantumaca
Pablo Planas  Libertad Digital 26 Julio 2018

En Cataluña ya se puede tomar la leche directamente de la ubre, conquista republicana que manifiesta el carácter esencialista y tractoriano del movimiento amarillo.

El Gobierno de la Generalidad catalana ha dictado un decreto mediante el cual se autoriza la venta al detalle de la leche sin pasteurizar, medida que les parece estupenda a los payeses que tanto han contribuido a la construcción de la república catalana con sus tractores colapsando las carreteras. El Onze de Setembre de este año estará dedicado a los presos golpistas, si es que todavía hay presos, y a los bravos tractoristas que representaban a la Cataluña de kilómetro cero en los fastos norcoreanos de los últimos años.

El caso es que en Cataluña ya se puede tomar la leche directamente de la ubre, conquista republicana que manifiesta el carácter esencialista y tractoriano del movimiento amarillo. La consejera del ramo del agro, Teresa Jordà, de la Esquerra, predica con el ejemplo y, ante los reparos científicos y sanitarios, se atizó un vaso de leche cruda para acto seguido declarar:

Beber leche cruda es tan seguro como comer una pata de pollo que lleve cuatro semanas en la nevera.

El pollo a la faisandé, ese es el nivel del Gobierno de Quim Torra, el viajante de ratafía que el día del congreso del PDeCAT llevaba una estampita de Churchill en la solapa, al lado de la cruz de hierro amarillo. El hombre se dice seriamente preocupado por una supuesta oleada de ataques fascistas. Se le vienen a la mente constantemente las imágenes del conductor deprimido de Vich arrollando las cruces amarillas de la plaza de Vich. Está dispuesto Torra a plantar cara al franquismo. No nos rendiremos jamás. Sangre, sudor y lágrimas. Gandhi, Mandela, Lincoln, Moisés, Rosa Parks y ahora Churchill. Es un clásico del nacionalismo. Todos los presidentes de la Generalidad se creen Napoleón. Puigdemont el que más.

La autorización de la venta de leche cruda es un ejercicio de soberanía alimentaria, un acto de autodeterminación radical, la prueba de que la república catalana va en serio. No se trata de una anécdota. El sistema autonómico español es tan abierto que permite que las autonomías decidan lo que se puede beber y comer o no aun a riesgo de la higiene pública. También acepta que los Gobiernos regionales impongan en los colegios que la tierra es plana o que Cataluña es una nación, de momento región en la que las cárceles están administradas por la Generalidad de una manera perfectamente ajustada a la Constitución.

En relación a la producción de Cantabria, Asturias y Galicia, la leche cruda catalana es una cosa bastante relativa como para correr el riesgo de paladearla a pelo. Además, si en el resto de España se pudiera vender leche sin control sanitario, seguro que en Cataluña eso mismo estaría prohibido. El caso es parecer distinto, aunque sea a costa de envenenarse con licores de hierbas o leches infestadas de patógenos, heces mamíferas incluidas.

El nacionalismo tiene acreditada experiencia en cargarse sectores agroalimentarios. Lo han demostrado con el cava. Las grandes bodegas ya son alemanas o americanas. Las han comprado a precio de saldo fondos abstractos después de que el olvidado Carod Rovira desencadenara la guerra del cava diciendo que Madrid era un mierda cuando la capital optaba a organizar unos Juegos Olímpicos.

Ahora van a por la leche y lo que quede del negocio de la ratafía. Quieren arrasarlo todo, pero el pan con tomate resiste. Todo el mundo sabe que es un hallazgo murciano, la manera de adecentar el pan duro que los ancestros de Torra y Jordà tiraban a los trabajadores que construyeron el metro de Barcelona en los años veinte del siglo pasado. Ni siquiera el historiador Cucurull, el que dice que Colón, Cervantes y santa Teresa eran catalanes, tiene una teoría alternativa ante tan irrefutable hecho. ¿Independencia? Se comerían los mocos.

Puigdemont y su camarilla representan el más puro fascismo totalitario
Muchos de los separatistas se reconocerían perfectamente en las distintas características del fascismo
Miguel Massanet SX 26 Julio 2018

Puigdemont ha conseguido hacerse, desde la distancia de su exilio forzoso como prófugo de la Justicia, con el control de lo que fue la antigua Convergencia y de su sucesora, el PDEcat, desbancando de sus puestos a aquellos que intentaban mantener a esta última formación fuera del alcance de “Crida per la Republique Catalana”.

Cuando uno ha vivido muchos años en Cataluña se va acostumbrando a escuchar determinadas expresiones, que se suelen utilizar frecuentemente entre los catalanes, algunas de ellas que tienen un significado ofensivo y que son consideradas como uno de los peores insultos que se le pueden dirigir a cualquier persona. Uno de ellas, sin duda, es la palabra “feixiste” o lo que significa lo mismo en castellano: “fascista”. Otra cuestión sería si se les preguntase por el verdadero significado del vocablo que, con toda seguridad, no sería coincidente en todos los que fueran interrogados al respeto. Para unos, sería equivalente a “franquista” o lo que es lo mismo partidario del general Franco; otros lo identificarían con el fascismo italiano o los nazi alemanes, partidarios del führer alemán Adolf Hitler, jefe supremo de las NSDAP que, más tarde, fue sustituida por la temible SS (Schutzstaffel) que, en realidad, fueron el equivalente alemán del “fascio” italiano, dirigido por Benito Musolini; conocidos como los “nazis” o, lo que es lo mismo, el partido nacional socialista alemán.

Resulta cómico, cuando en Cataluña se sorprenden del “nacionalismo español” o se burlan de los signos que representan a la patria o al Jefe del Estado cuando, ellos mismos, son la expresión elevada a la enésima potencia del nacionalismo intransigente, de la veneración por sus banderas y de la repulsa hacia todo aquello que no sea una manifestación del idioma, la cultura, la industria, las costumbres o las tradiciones propias del pueblo catalán. Han sido manipulados de tal manera por sus líderes independentistas que, cualquiera que se atreva a poner en duda sus orígenes de un reino independiente, se convierte inmediatamente en una persona indeseable. Su tradición basada en la celebración de la derrota de Casanova, en el 11 de Septiembre del 1714, por las tropas de Felipe V, se conmemora como un gran hito del catalanismo cuando, en realidad, debiera ser una efeméride nefasta para todos los catalanistas, porque allí perdieron definitivamente su batalla a favor de los Austrias y, de paso de aspirar a ser una nación independiente.

Veamos algunas de las características del fascismo y comparémoslas con las ideas y los procedimientos usados por los separatistas catalanistas:

Totalitarismo: En el fascismo, el Estado está presente en todos los aspectos de la vida de la gente, sin dejar abierto ningún canal para que puedan escucharse voces disidentes. La ideología todo lo penetra: el trabajo, la escuela, la juventud, los medios de comunicación, etc.

Autoritarismo: En el fascismo no existe espacio alguno para el disenso; el funcionamiento social se sustenta en una rígida disciplina y un apego total a las cadenas de mando. La insubordinación era castigada con dureza.

Propaganda desmedida: La radio y la prensa han significado mucho durante los regímenes fascistas, ya que actuaron como instrumentos de propaganda masiva para difundir los ideales y los supuestos logros, dejando cerrado todo acceso a opiniones diferentes.

Nacionalismo: el concepto de nación es enaltecido en el fascismo, el cual da un valor supremo a la unidad nacional.

Racismo: A partir de ciertas fuentes mitológicas y literarias, el fascismo nazi instaló la aberrante idea de una desigualdad de las razas. En ese contexto ubicaron a la raza aria como “la raza superior”, y por debajo de ella a las demás etnias integradas por seres inferiores, como gitanos y judíos. Esta ideología dio lugar a algo que avergüenza a la humanidad en su conjunto: el holocausto.

Personalismo: la historia demuestra claramente que los gobiernos fascistas siempre se organizaron en torno a la figura de un jefe o caudillo, que partiendo de cierto carisma, supo ir construyendo toda una estructura jerárquica en la que él ocupa la posición central, erigiéndose en la única voz autorizada, la del líder, y quienes lo rodean sostienen esa imagen mediante el culto a la personalidad, que trasciende y llega a toda la población.

Evidentemente que no se trata de todas las características del fascismo o del comunismo, no olvidemos que “polos opuestos se atraen”, pero es evidente que muchos de los separatistas vascos o catalanes se reconocerían perfectamente en las distintas características que se han citado anteriormente, que forman parte del ideario fascista y que encajan a la perfección en el arquetipo del dirigente separatistas catalán con el que es muy fácil identificar a personajes como el propio Puigdemont y otros de los que o permanecen presos en las prisiones del Estado o siguen en libertad. intentando encontrar los medios para rebelarse contra el orden establecidoa la primera ocasión que se les presente.

Evidentemente, como pretenden los separatistas, calificando al nuevo presidente del PP, señor Pablo Casado, de “ultraderechista”, no se trata más que de una pueril demostración de la dificultad de todos estos terroristas cuando se trata de informar o emitir propaganda, cuando se encuentran ante el reto de calificar, de forma que les sea favorable a sus intereses, a sus rivales políticos y, lo poco que se conocen a sí mismos cuando llega el momento de tomar conciencia de sus propios objetivos. La forma impropia con la que usan el lenguaje y la ligereza con la que aplican calificativos a sus “enemigos” les hace que cometan torpezas como la indicada, cuando el nuevo presidente de los populares contrariamente a su desacertada imputación, es una persona que ha sido elegido democráticamente por las bases del partido y, en segunda ronda, por los compromisarios. Todo ello dentro de la más estricta legalidad y limpieza. Algo que algunos de los dirigentes actuales de formaciones de izquierdas no está tan claro que se haya producido con la misma limpieza y garantías de libertad de voto.

Lo que, los interesados en desprestigiar al señor Casado pretenden es describir, aquello que únicamente se trata de conseguir devolver al PP a sus valores y principios originales -retornando al camino del centro derecha del que nunca debieron de apartarse para incursionar por derroteros incorrectos que no han conducido a la formación del señor Fraga más que al desconcierto, el desánimo, la desesperanza, el descontento y, finalmente, el abandono para intentar encontrar apoyo a las ideas conservadoras de la gran mayoría de sus simpatizantes, en otras formaciones lo que ha significado la gran diáspora que ha llevado al PP a la situación actual en la que se encuentra con más de cinco millones de votantes perdidos – en lo que, para ellos significa que se van a mantener, desde ahora, los pronunciamientos propios de un partido de derechas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, creemos que lo que están temiendo todos estos que han comenzado a atacar por todos los medios al nuevo presidente del PP, el señor Casado, es el hecho evidente de que va a haber, Dios mediante, un retorno de un gran número de los que abandonaron el partido por estar disgustados con sus directivos, contentos de poder regresar a su “hogar”, un lugar que no habían encontrado en los refugios temporales en los que se habían cobijado. Es obvio que esta posibilidad no es del agrado del PSOE ni de Ciudadanos y preocupa seriamente que la beligerancia que anuncia el nuevo presidente, en contraste con la tradicional abulia del señor Rajoy, va a poner en mayores apuros a una izquierda que se ha estado valiendo de la debilidad de la directiva del PP para cargar las críticas en su contra. Ahora tenemos la esperanza que, olvidándonos de los responsables directos e indirectos, de la corrupción que ha tenido lugar durante los años pasados, el nuevo equipo pueda ejercer su trabajo sin necesidad de mantenerse continuamente a la defensiva.

Carta desde la República catalana
HENRY KAMEN El Mundo 26 Julio 2018

Están contentos de recibir a los visitantes y el camino hacia el pueblo está bordeado por cientos de lazos amarillos. Lo primero que ves cuando entras en el pueblo es una enorme bandera, la estelada, que mide alrededor de tres por dos metros, ondeando valientemente con el viento del verano. La enseña se ha de renovar de tanto en tanto, porque los fuertes vientos hacen de ella pedazos. Al borde de la carretera hay un pequeño letrero que te informa de que estás entrando en un «municipio de la República Catalana». A partir de ese momento, la misma afirmación nunca cesa. Dentro del pueblo, una pared completa está pintada con el enunciado "Som República". Cada farola de la calle está adornada con una estelada, y cualquier otro poste disponible tiene atada una cinta plástica amarilla en nombre de los "presos políticos". Frente al edificio del Ayuntamiento hay una placa con un largo texto que explica una historia (totalmente ficticia, un falseamiento total de los hechos reales) sobre la resistencia del pueblo en el año 1714 ante el avance del ejército opresor del Rey Borbón Felipe V. En otra pared hay una hoja publicitaria que invita a los residentes a participar en una reunión una vez a la semana para hacer un buen ruido en apoyo de la república.

Para un visitante foráneo, todo esto puede parecer irreal. Sin embargo, desde el otoño de 2017, varios pequeños pueblos de Cataluña se han entregado a la emoción de proclamarse parte de una república independiente que el Gobierno efímero de Carles Puigdemont proclamó que existía. Los episodios de 2017 en realidad no buscaban ser subversivos, a pesar de que eran percibidos así por mucha gente en toda España. Simplemente, hacían realidad al sueño republicano que ha existido entre un puñado de activistas catalanes durante el último siglo, más o menos. El espíritu de intenso localismo, el rechazo a reconocer que puede haber vida fuera de los parámetros del pueblo cerrado, han sido siempre características integrales del regionalismo catalán (obsérvese que no digo nacionalismo, simplemente porque una nación catalana no ha existido nunca realmente, y la mayoría de los catalanistas no son separatistas). El pueblo que hemos estado visitando siente sinceramente que está en la República.

Los que conocen la historia de G. K. Chesterton sobre El Napoleón de Notting Hill recordarán que la pasión por el localismo existe en muchos otros rincones de Europa. En este relato, la pequeña república se declara independiente del resto de Londres, pero los acontecimientos acaban trágicamente. El líder rebelde, el hombre que provocó la tragedia, a costa de cientos de vidas, no se arrepiente de sus acciones. Y protesta: "¿Acaso la gente no sabía que no estaba destinado a ser real?". La república debía de ser puramente simbólica, las personas no debían dar por sentado que era real y que deberían sacrificar sus vidas por ella. Ellos son, dice, los culpables de la tragedia. Veamos el final de la historia, una conversación entre dos hombres.

- Él dijo, muy lentamente...
- "¿Lo hiciste todo sólo como una broma?".
- "Sí", dijo el otro, brevemente.
- "Cuando concebiste la idea", continuó el primer interlocutor, "de un ejército para nosotros y una bandera para Notting Hill, ¿no tenías en mente la intención de que tales cosas pudieran ser reales?".- "No", respondió el otro, volviendo su rostro hacia el amanecer, con una sinceridad sorda y espléndida. "No tenía ninguna intención en absoluto".

El resultado en Notting Hill fue terrible. Uno se estremece al pensar en los paralelismos con Cataluña. El ex presidente que proclamó la república catalana, Carles Puigdemont, dejó en claro casi al instante que la independencia no era real y que la región aún no estaba preparada para ello. Su declaración de independencia, declaró en una entrevista en Bruselas, "tenía una función simbólica y un objetivo político". La ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también declaró ante la Justicia que la república era, de hecho, sólo simbólica, no real. La ex consellera d'Ensenyament, actualmente fugada en Escocia, Clara Ponsatí, admitió el mes pasado en un acto celebrado en Londres que el Govern, con el referéndum del 1-O y la declaración de independencia, estuvo "jugando al póquer" con el Estado español y que la parte catalana "iba de farol".

Cuando el nuevo ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, se enteró de la declaración de Ponsatí, dijo: "El próximo día que jueguen al póquer, que lo hagan con garbanzos. Han estado jugando con el futuro del país". Ponsatí admitió que los conselleres separatistas se habían estado comportando incorrectamente, y agregó: "Hay un límite del ridículo que yo puedo hacer por Cataluña".

Era obvio que estos políticos proclamaban la naturaleza simbólica de la república a fin de evitar el enjuiciamiento por rebelión. Pero el aspecto impactante de este simbolismo es que no tomó en cuenta los deseos y aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos, y reveló el cinismo absoluto de los políticos involucrados. Los políticos separatistas prometieron a sus votantes una verdadera república. En cambio, éstos recibieron una imitación fraudulenta. Miles de ellos, con la esperanza de que la nueva república les traería la salvación total, descubren que ahora tienen que inventarse una república para sí mismos. Y eso es lo que han intentado hacer varios municipios de Cataluña. Es injusto criticarlos por sus acciones; simplemente están realizando lo que se les prometió. "El día de hoy del año que viene" -palabras de un ex conseller que ahora está en la cárcel- "os prometo que tendréis una república". Esa república nunca llegó.

Por extraño que parezca, no ha habido enojo en la ciudadanía en general en Cataluña por el hecho de que la república no tenga funcionarios, ni actividad, ni haya tomado medidas ni haya traído ningún cambio en la vida cotidiana de nadie. La república existe más bien el mismo modo en que Dios existe: no lo ves, pero crees con seguridad que existe. Ésa es la gran fuerza de la creencia en la república: su misma invisibilidad garantiza que está aquí.

Pero es hora de insistir en que los ciudadanos de Cataluña no son parte de un juego de póquer, y que no son juguetes que los políticos puedan manipular. Cataluña se encuentra hoy en una grave crisis social, está sumida en graves conflictos civiles, todos ellos provocados por un movimiento que no se toma en serio y que piensa que tiene derecho a destruir sus vidas como diversión. Tres mil empresas comerciales han trasladado su base social desde Cataluña a otros territorios de España, las aldeas y las mismas familias se han dividido entre sí, ha habido una fractura casi sin precedentes de la población catalana. Uno tiene que volver a 1714 para encontrar tal división dentro del pueblo catalán. La verdad es que toda la construcción de una república catalana ha sido, como la república de Notting Hill, una farsa.

En el pueblo catalán que visitamos hay un gran muro pintado con las palabras optimistas "endavant república", cuando todos los que están fuera del pueblo saben que esa república no avanza, sino que está en retirada total. La enorme estelada continuará volando todos los días en el pueblo, pero el Govern no ha dado ni un solo paso para hacer realidad las promesas hechas a las personas que votaron por ellos.

Henry Kamen es historiador británico;entre sus libros publicados está España y Cataluña. Historia de una pasión (La Esfera de los Libros, 2014).

El PSE vota una moción de los proetarras de Bildu en Guecho para acercar a los presos de ETA
OKDIARIO 26 Julio 2018

El PP de Guecho (Vizcaya) ha denunciado que el PSE ha votado a favor de una moción presentada por los proetarras de Bildu en el Consistorio vizcaíno reclamando el acercamiento de presos terroristas de ETA al País Vasco. La presidenta del PP en la provincia y concejal en la localidad, Raquel González, ha señalado que Bildu “comienza ya a cobrarse sus facturas” por el apoyo a Pedro Sánchez para que éste alcanzase la presidencia del Gobierno.

González ha asegurado que los vascos están “hartos ya de dolor, de sufrimiento, de aislamiento y del retroceso que supuso la banda ETA”. Además, ha señalado que, con mociones como ésta, “una y otra vez se ha intentado blanquear la historia” y ha advertido de que su partido no piensa permitir que esto ocurra.

La concejal popular ha recordado que la Ley Penitenciaria española ya establece un protocolo para cumplir condena cerca de tu domicilio y familia, pero ha especificado que “para ello, hay que cumplir los requisitos. Hay que reconocer que ya no hay una banda, hay que reconocer el dolor y pedir perdón, y hay que alejarse para siempre del entorno dañino de la banda, de sus afines y de sus seguidores“.

González ha aclarado que algunos presos han cumplido ya con los requisitos y que, por ello, en estos momentos se encuentran cerca de sus casas y de sus familias. “Por todo esto, consideramos que esta moción debe retirarse. A no ser que lo que se esté pidiendo es trato de favor. Entonces es cuando tendrán que explicar por qué ellos deberían estar por encima del resto de presos”, ha agregado.

González ha concluido recordando que la banda ha desaparecido, pero ha especificado que los delitos que han cometido estos presos siguen siendo los mismos y ha instado además a Bildu a que aproveche el momento y presenten estas propuestas a Sánchez, “que les debe todo mientras a éste le dejen seguir en el Gobierno, porque cuando el PP vuelva a gobernar, no vais a tener nada de nada”.

Banderas de nuestros socios
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó ayer la sentencia que hace dos años obligó al Ayuntamiento de la localidad barcelonesa a retirar una señera estrellada
Jesús Lillo ABC 26 Julio 2018

Puede estar tranquila la alcaldesa de Sant Cugat del Vallés, que el tema de la bandera se lo arregla y normaliza un día de estos la ministra Meritxell en una reunión bilateral. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó ayer la sentencia que hace dos años obligó al Ayuntamiento de la localidad barcelonesa a retirar una señera estrellada que, según soplaba el viento político y judicial, ha ido cambiando de mástil y de calle. Ni caso. Como en un lienzo histórico y levantisco de Delacroix, la regidora puede seguir guiando al pueblo hacia el enfrentamiento. Mientras dure el Gobierno de Pedro Sánchez hay margen para su Iwo Jima.

Como los lazos y las cruces que sacan los colores de la rebelión en playas y plazas, zonas comunes señalizadas por los insurrectos para marcar territorio y frontera, la estelada que ondea en la fachada de los organismos oficiales y las calles de Cataluña representa una «privatización del espacio público», porque –recuerda el TSJC– las instituciones públicas «no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión». A cara descubierta o a través del voto delegado, por activa o por pasiva, con pompa y circunstancia o de tapadillo, cediendo los espacios municipales a los coros y danzas del separatismo, los ediles tienen la responsabilidad de mantener limpias sus ciudades, no de ensuciarlas y hacerlas inhabitables con la peor mugre urbana, la que tiene naturaleza ideológica y totalitaria.

En la España de Pedro Sánchez, sin embargo, lo que diga un tribunal no va a misa, salvo que sea alemán. En la España normalizada y dialogante de Sánchez, incluso los artículos que suprimió el Tribunal Constitucional de aquel estatuto que sirvió de guión a la tractorada de octubre tienen una segunda oportunidad. El TSJC puede cantar misa, en alemán de Baviera, mientras la ley y las sentencias judiciales sean para Meritxell y compañía un concepto tan discutido y discutible como el de nación.

Independentismo en Cataluña
Torra sigue reconstruyendo las oficinas golpistas: restituye el Diplocat, liquidado con el 155
OKDIARIO 26 Julio 2018

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha confirmado este miércoles “el proceso de restitución” del Consell de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) y ha expuesto que, estudiando caso por caso, tratarán de volver a incorporar a todos los trabajadores que fueron despedidos cuando el Gobierno central ordenó su cierre.

Lo ha dicho en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat después de presidir la primera reunión el organismo, que el Govern ha vuelto a poner en marcha este miércoles después de que el Gobierno central anunciara su liquidación en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Torra ha agradecido la labor que desempeñó durante cinco años el secretario general del Diplocat, Albert Royo —cesado con el 155—, y ha explicado que no continuará por motivos profesionales: le sustituirá temporalmente la secretaria general de Acción Exterior, Natàlia Mas, mientras buscan a un sustituto definitivo.

Ley vasca de torturas
Sánchez permite indemnizar con 390.000 € a los etarras que digan ser “víctimas” de la Policía
L. Sela y M. Jamardo okdiario 26 Julio 2018

Una asociación proetarra firma el informe con 4.113 supuestos casos de tortura que avala Urkullu

La retirada del recurso a la ‘Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política’, la autodenominada por los nacionalistas como ‘Ley de torturas’, abre la puerta a indemnizar con hasta 390.000 euros a los etarras que digan ser “víctimas” de abusos policiales.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, anunció este martes que Pedro Sánchez había alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo de Urkullu para retirar el recurso que en su día interpuso Mariano Rajoy. Previsiblemente, la decisión será anunciada este viernes en el Consejo de Ministros. Se trata de uno de los mayores deseos de los nacionalistas vascos, y también de los proetarras, que desde hace años vienen presentando decenas de reclamaciones por presuntos abusos y torturas de los distintos cuerpos de seguridad, desde Ertzaintza a Policía.

El Ejecutivo vasco tiene un ‘censo’ con más de 4.000 casos de presuntas torturas, solo basado en testimonios y sin juicios

El artículo 9 de esta ley recoge las cuantías que las víctimas de violencia policial tendrán derecho a recibir en un único pago una vez reconocido su “derecho de reparación” por el órgano administrativo correspondiente.

Los importes baremados se fijan en función de la intensidad de los daños causados por la “vulneración de derechos” de los etarras. Y comprenden una horquilla desde los 35.000 euros por incapacidad permanente parcial hasta los 390.000 por gran invalidez.

Para la financiación de las compensaciones económicas previstas se destinarán los correspondientes créditos de pago consignados en los Presupuestos Generales del País Vasco durante cada ejercicio. Cantidades que podrán verse actualizadas en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas en otros programas vía modificación presupuestaria.

Además, y con carácter excepcional, se prevé la aplicación retroactiva de las mismas hasta 1960.

Según el texto de la ley, se considera vulneración de derechos humanos producida en un contexto de violencia de motivación política aquella que se haya producido en las siguientes situaciones: en un contexto de violencia de motivación política, de actuación o actuaciones con fines de motivación política, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones; o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada; que como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas o en aquellas personas que puedan justificar indefensión, debido a que no se hayan investigado las denuncias presentadas por las violaciones de derechos humanos a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho que acredite la indefensión.

“La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo”, se dice textualmente en la ley.

Será una comisión la que determina quién es o no víctima, según el contenido de la ley. Estará formada por diez personas y sus miembros serán designados con criterios políticos.

Asistencia sanitaria ilimitada
La ‘Ley vasca de torturas’ establece además prestaciones sanitarias ilimitadas para los tratamientos de los etarras declarados “víctimas” de abusos policiales de acuerdo a la misma.

Con cargo a los recursos del sistema vasco de salud se atenderán las terapias, prótesis y cuidados que necesiten recibir los afectados en base a los daños físicos o psíquicos que le sean reconocidos por la autoridad competente en la materia.

Si no fuese posible, se atenderán los gastos íntegros que supongan sus tratamientos en aquellos centros privados que dispongan de los recursos necesarios para su correcta atención.

La norma cuantifica en hasta 7.000 euros de honorarios profesionales por asistencia psicológica adicional -a los servicios médico-sanitarios correspondientes- que se atenderán trimestralmente previa presentación de las facturas emitidas.

Sin juicio
Se desconoce la cifra exacta de etarras que podrían beneficiarse de esas prestaciones.

El Gobierno vasco sí dispone de un polémico ‘censo’ sobre torturas, con un total de 4.113 casos-que no especifican perfil- entre 1960 y 2014 . El informe, que se presentó en diciembre pasado y provocó las críticas de la oposición, ha sido elaborado en los últimos tres años por el Instituto Vasco de Criminología y considera que esta cifra podría estar “por debajo de su dimensión real”. Sin embargo, sus conclusiones son del todo cuestionables ya que están basadas únicamente en denuncias y testimonios de los afectados, sin sentencias judiciales.

 


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