AGLI Recortes de Prensa   Lunes 30  Julio 2018

Expolio histórico de Sánchez a trabajadores y clase media
Roberto Centeno El Confidencial 30 Julio 2018

Zapatero y Rajoy son esas dos plagas bíblicas que han asolado esta gran nación, con el mayor desplome de renta y riqueza de las familias en 68 años y la destrucción del 18% de la clase media, y donde Rajoy añadiría un endeudamiento en 625.000 millones de euros, la mayor cifra en términos de PIB de la historia de España en tiempo de paz, el no cumplir ni un solo año los objetivos de déficit, el degradar el trabajo a nivel tercermundista, el haber financiado a los separatistas el golpe de Estado y permitido la vulneración impune de la ley y los derechos humanos, el haber aumentado la brecha social al máximo de Europa, y el haber rendido España a los chantajes de los separatistas del PNV, soltando asesinos y entregando escandalosas cantidades de dinero, que además le traicionarían.

La clase media suele definirse como el conjunto de familias cuya renta se sitúa entre el 75% y el 200% de la mediana, la cual así calculada alcanzaría su máximo de todos los tiempos en 1975 con el 56% de las familias frente al 34% en 1950, y el 44% hoy. Pero hay algo mas, la clase media actual ya no es aquella clase social activa y pujante de los años sesenta, que nos llevaría al mayor periodo de crecimiento de nuestra historia, a ser la octava potencia económica del mundo (hoy la decimosexta), a ser un país fuertemente industrializado con el 36% del PIB, a otro de enchufados públicos, especuladores y 'camareros', con la industria en un 15%, una clase completamente inerte que ha aceptado resignadamente su expolio y su ruina. “Los españoles aguantan lo que les echen”, decía hace unos días un conocido político socialista, y desgraciadamente tiene razón.

A pesar de la cada vez mas dramática situación del déficit público, el desconocimiento sobre el funcionamiento de los mercados de Sánchez es tan pavoroso que el tema le importa una higa, y lo que ocurra cuando el BCE, principal comprador de deuda a interés cero, deje de hacerlo en seis meses, ni se lo plantea. Claro que como Sánchez no hace planes mas que a 15 días, lo que ocurra en seis meses no le supone inquietud alguna, excepto agotar la legislatura como sea, porque está tan enloquecido con el Air Pedro Force One y las prebendas de Moncloa, que para mantenerlas está dispuesto a entregar España a trozos a los sediciosos saltándose la legalidad y la Constitución —donde la posibilidad de hablar de un referéndum sería un caso claro de alta traición—, aparte una espiral incontrolada de gasto electoralista y para satisfacer la extorsión insaciable de los separatistas.

Pero, además, el 'efecto llamada' de Sánchez, ofreciendo primero sanidad gratis a 820.000 sin papeles —que nos costará 2.000 millones al año y multiplicará el 'turismo sanitario'—, algo inexistente en el mundo; aceptando de Merkel convertir España en el gran campo de refugiados de Europa, y la gravísima afrenta a Mohamed VI para salir corriendo para hacerse una foto con Macron y Merkel, más la idea de Marlaska proponiendo desguarnecer las fronteras, han provocado una avalancha migratoria que ya son incapaces de controlar, y por si esto fuera poco lanzan la mayor oferta de empleo público en 10 años, en un país con cientos de miles de enchufados públicos de sindicatos y casta política, que no dan un palo al agua. Un tsunami de gasto e impuestos. De momento, los anunciados supondrán un expolio de 32.000 millones de euros, el mayor de nuestra historia.

Sobre la clase media y trabajadores especializados recaerá la subida del IRPF para rentas superiores a 40.000 euros, un total de 2.000 millones; el grueso del impuesto sobre el gasóleo, por un total de 2.300 millones; la modificación en las cotizaciones sociales para los salarios por encima de 45.000 euros brutos anuales, 4.500 millones, según el Ministerio de Trabajo, para mas de dos millones de asalariados, y los impuestos al ahorro de las familias, aún por definir. Subtotal, 8.800 millones para empezar y por lo derecho.

Luego, los impuestos a la banca, 1.000 millones, más 1.000 transacciones financieras, que trasladarán íntegros a los clientes; tasa Google a las grandes tecnológicas, 700 millones, íntegra a sus clientes; subida de impuestos de sociedades y eliminación de deducciones, 16.000 millones según las cifras del Gobierno, “que no afectan a los trabajadores”, afirman con una mendacidad fuera de lo común, ya que los dos tercios recaeráN sobre los sueldos de los trabajadores reduciéndolos o sobre el precio a los consumidores, dada la situación oligopolista de las grandes empresas que les permite trasladar a sus clientes todos loS aumentos de costes, y el resto de las empresas simplemente lo esquivarán cambiando el domicilio fiscal a otro país. Otro subtotal de 13.200 millones de impuestos trasladados.

Pero si esto es ya un expolio sin precedentes en un país donde la familia media tiene que trabajar 175 días para poder pagar las cotizaciones sociales e impuestos, la tercera carga fiscal sobre la familia de la OCDE —y a ver si aprenden a sumar de una vez los juntaletras que afirman sin comprobarlo que la presión fiscal en España es baja y del 38%—, lo que verdaderamente destruirá a lo que queda de clase media y empobrecerá aún mas a la clase trabajadora no son solo los 22.000 millones mencionados, son los impuestos de sucesiones, transmisiones y patrimonio, que o no existen o no tienen un fin recaudatorio en todo el mundo civilizado, y que Sánchez quiere generalizar a todo el territorio nacional.

Andalucía, la segunda provincia mas beneficiada por la financiación autonómica y las ayudas comunitarias, y con la mayor presión fiscal

La manera mas clara de entender los efectos económicos entre un sistema fiscal y otro mafioso, es comparar lo ocurrido en Andalucía y en Madrid durante los últimos 40 años. Andalucía, la segunda provincia mas beneficiada por la financiación autonómica, la mas beneficiada por las ayudas comunitarias, y con la mayor presión sobre las familias y sobre el ahorro, se ha empobrecido y su renta per cápita es el 74% de la media nacional, mientras que Madrid, el mayor contribuyente a la financiación autonómica, y la que menores impuestos tiene, es la más rica de España, con un 136% de la media. La cuestión es especialmente relevante porque precisamente la ex responsable de Hacienda de esa comunidad rige hoy la Hacienda de España, una experta en extorsión y despilfarro que ha decidido trasladar su 'experiencia' a la totalidad del país.

Empecemos por sucesiones, un robo puramente mafioso, cuya cuantía depende del capricho de cada capo local. Morir en Zaragoza, Oviedo y no digamos en Sevilla, es 100 veces mas caro que en Madrid, Santander o Murcia, aunque el valor de la herencia sea el mismo. El Consejo General de Economistas publicó el año pasado un informe sobre fiscalidad autonómica, que cuantifica la dimensión de este escandaloso robo. En Andalucía, a un soltero de 30 años que herede bienes por valor de 800.000 euros le roban 164.000, en Extremadura, 158.000, Aragón, ídem, 155.000, y en Asturias, 134.000. Solo unos pocos, Madrid con 1.600 euros, Cantabria con 1.500 o Canarias con 150, se salvan del saqueo. Pero esto en caso de parentesco en primer grado, porque si es en segundo o tercero, les pueden robar más de la mitad de su patrimonio, algo que no sucede en ningún otro país.

Si vamos a patrimonio, en Andalucía puede llegar hasta el 3% cada año, por lo que en 30 años han llevado a una familia a la ruina, algo que en Madrid está exento igual que en el 90% del mundo desarrollado. Por cierto, que no solo es la izquierda: Ciudadanos pretende lo mismo. Claro que de quienes aprobaron unos PGE de ficción en lugar de rechazarlos y forzar así la convocatoria de elecciones, en el máximo de su intención de voto, se puede esperar cualquier cosa. Inés Arrimadas, lo mejor de Cs, consiguió la victoria en Cataluña, pero su jefe, que la tiene arrinconada, se va a cargar todo el capital que le proporcionaron el Ibex y la valerosa y capaz catalana. Ahora se abstiene en el tema del Rey emérito, y apoya la exhumación del Franco del guerracivilista Sánchez. El Ibex está estupefacto, “¿pero a que juega este chico?”, se preguntan varios grandes empresarios.

Solo una cifra: el impuesto de patrimonio costará a los madrileños mas de 700 millones de euros, así que ya saben a quién votar. Como resumía el viernes en El Confidencial mi admirado amigo J. C. Barba tratando estos mismos temas, “la culpa real es de los votantes, porque si la valía de los líderes políticos es reflejo de la pujanza o decadencia de una sociedad, hemos de reconocer que entonces nos encontramos en una situación más que preocupante de decadencia”.

NOTA: el sábado, con motivo de un viaje a Jerez, un amigo muy conectado con los servicios de inteligencia norteamericanos me invitó a comer en la base de Rota con dos altos cargos de dichos servicios. Lo que contaron supera lo imaginable, jamás han visto un grado de irresponsabilidad tan suicida en un Gobierno europeo ante la inmigración como el nuestro, porque ya no se trata de unos miles de inmigrantes sino que se está preparando una auténtica invasion. Hay entre 50.000 y 100.000 subsaharianos en Marruecos preparados para entrar en España, y el Gobierno no tiene plan alguno para detenerlos, y de momento la situación en Ceuta es insostenible, y la oleada de pateras llega sin control alguno, pero lo que tampoco entienden es que el pueblo español acepte esta invasión sin rechistar.

La década de la vergüenza fiscal: diez años de déficits presupuestarios
Diego Sánchez de la Cruz  Libertad Digital 30 Julio 2018

Estamos acostumbrados a medir el alcance del déficit público a base de compararlo con el PIB. Sin embargo, esta metodología generalmente aceptada implica que los gobiernos pueden "maquillar" un mal desempeño fiscal si la economía crece lo suficiente. Por tanto, conviene calcular qué porcentaje de gasto se cubre anualmente con cargo al Tesoro, puesto que de esa forma podemos ver cuál es la verdadera diferencia entre ingresos y gastos.

Si retrocedemos a 2008, primer año de la crisis, vemos que el déficit presupuestario era del 10,7%. Esto significa que los ingresos fiscales, de 410.000 millones estaban casi 50.000 millones por debajo de los gastos presupuestarios, cercanos a los 460.000 millones. Aquel descuadre era la antesala de la profunda crisis de deuda que llegó en los años siguientes.

Así, el curso 2009 se cerró con un déficit real del 23,9%, mientras que 2010 y 2011 concluyeron con un saldo negativo del 20,6% y el 21%. Estos porcentajes equivalen a un desfase de 118.000 millones en 2009, 101.000 millones en 2010 y 103.000 millones en 2011. Al final del período socialista, los ingresos de 387.000 millones se quedaban muy lejos de los 490.000 millones de gasto.

La etapa popular arranca con cifras similares, puesto que 2012 arrojó un descuadre real del 21,8%, equivalente a un saldo negativo de 109.000 millones en las cuentas públicas. Tras años de déficits recurrentes, la situación empieza a cambiar a mejor en 2013, cuando el déficit real fue del 15,3%. En 2014 y 2015, este indicador se reduce al 13,3% y al 12,1%. Los dos pasados ejercicios, 2016 y 2017, concluyeron con ratios del 10,7% y el 7,5%. Este 2018, el porcentaje de gasto cubierto con endeudamiento será del 4,5%.

Estos porcentajes implican que, en 2012, el gasto fue superior a los ingresos en casi 109.000 millones, mientras que 2013 se saldó con un descuadre de 72.000 y 2014 cerró con una diferencia negativa de 62.000. En 2015, el déficit presupuestario implicó números rojos de 57.000 millones, mientras que en 2016 supuso 50.000 millones de saldo negativo y en 2017 cerró en el entorno de los 36.000 millones.

La democracia y la calle
Pedro de Tena  Libertad Digital 30 Julio 2018

La referencia continua a la calle, el pueblo, las masas es la manifestación definitiva de que la democracia en España está muy enferma. Recuerdo aquellos primeros conatos de los indignados en las plazas de las ciudades españolas, que fueron suplantados en un santiamén por los comunistas organizados que sí podían. Pero, ojo, sólo aquellos indignados, penetrados por los agentes políticos adecuados, eran la calle, el pueblo y las masas verdaderas y legítimas. Si otros osamos decir que también somos la calle, el pueblo o las masas, pongamos por caso, los millones de votantes que aceptamos las decisiones judiciales, los millones que nos manifestamos contra el blanqueo del terrorismo de ETA, los millones que nos escandalizamos con las relaciones bilaterales con Cataluña o el País Vasco, los millones que vemos con estupor cómo se ataca a la Guardia Civil en la frontera sur tras el reclamo del Aquarius, los millones que observamos cómo, según sea el político de derechas o de izquierdas, por usar el lenguaje al uso, su trato en demasiados medios de comunicación es diferente (a cuenta de un máster, fuego eterno, y a cuenta de una tesis doctoral desaparecida y otros currículos de mentirijilla, ni unas horitas en el purgatorio mediático)… Si otros osamos decir que somos también ciudadanos españoles, entonces los caifases se rasgan las vestiduras y nos flagelan como fascistas, derechistas o lo que sea menester.

La demagogia barata, el simulacro de llevar razón o parecerlo sin que importe un comino la verdad, ni siquiera la civil, la de los hechos (lo del avión de Sánchez para ir a un concierto de un grupo con un nombre significativo, The Killers), es lo único que puede triunfar en la calle, en las masas, en el supuesto pueblo. Pero ¿qué es el pueblo? La parte de los ciudadanos que sigue ciegamente las consignas que se aportan desde las izquierdas y los separatistas para justificarlo todo (lo de la "agenda cultural" será tan memorable como lo del dinero público que no era de nadie). Por eso, la auténtica Cataluña es la quiere separarse de todo; el genuino vasco es quien ampara y comprende a ETA, no a sus víctimas; el andaluz legitimado es quien apoya al régimen instaurado por el PSOE; el ciudadano legítimo es quien truena contra la sentencia de Juana Rivas (si lo que hizo ella lo hubiera hecho un hombre…), y así sucesivamente. Ah, y la gestión pura y noble de la televisión pública es que la administre una periodista afín al PSOE y que La 2 quede en manos de Podemos.

Cuando en una democracia que se precie de liberal, que es que no hay otra, los principios de libertad, igualdad de oportunidades e independencia de la justicia son sustituidos por la amenaza y la coacción, la ocupación y el troceo sectario de las instituciones y organismos estatales (ni el agua es ya algo común en España, y lo era desde Alfonso X el Sabio), y los jueces y profesores, divididos a su vez en buenos si son de una cuerda o perversos retrógrados si son de la otra, son acosados por una calle manipulada por gente que incluso aplaude los crímenes en Venezuela y Nicaragua porque son afines, pero invocan a los espectros de una guerra pasada, estamos al borde de un precipicio.

La democracia, para ser real, tiene que facilitar el libre y ecuánime examen de todos los proyectos e ideas sin excepción, de modo que todos los ciudadanos, en la intimidad de la conciencia y sin presiones de nadie, depositen en secreto sus papeletas de voto en las urnas. El resultado es lo que la verdadera calle, toda la calle y no la que interesa, quiere. Por eso es tan penoso lo que estamos viviendo. Cuando en una democracia no se respetan la razón ni los valores comunes, ni se aceptan con realismo y prudencia los resultados electorales, estamos ante la agonía de una democracia.

Para gran parte de la izquierda española, que cree ser el verdadero y legítimo pueblo español o lo que sea, y que sigue sin ser autocrítica ni escrupulosamente democrática, quien no es de los suyos no es ciudadano español ni tiene derechos ni libertades. La otra mitad de España, o más, es, por principio, moralmente mala, y sólo debe tener como destino acojonarse, esconderse, rendirse o irse. La calle, su calle, es legítima porque es suya y porque va con la Historia (marxista). Como antes, como siempre. Dios nos coja confesados, por lo menos hasta septiembre.

Puigdemont amenaza y Sánchez se deja amenazar
EDITORIAL  Libertad Digital 30 Julio 2018

El esperpento inacabable del supremacismo golpista sumó un nuevo episodio a su historial de bochornos con la rueda de prensa convocada por el golpista Carles Puigdemont en Waterloo. El prófugo montó un show de tercera que pretendía ser un acto institucional con la presencia de su sucesor al frente de la Generalidad, el igualmente indeseable Quim Torra, que contribuyó gustosamente a la astracanada convirtiendo la figura del presidente del Gobierno regional de Cataluña en una figura grotesca objeto de mofa internacional. Los dos cabecillas separatistas simbolizaron un estrafalario traspaso de poderes antes de dar la palabra a otro cobarde, un raperillo acusado de amenazas y enaltecimiento del terrorismo, también él prófugo de la Justicia, como remate de la mamarrachada.

La tremenda debilidad del Gobierno socialista y la total carencia de escrúpulos de Pedro Sánchez permiten a estos miserables amenazar a todos los españoles y seguir dañando la imagen de Cataluña y del resto de España.

Así, Puigdemont ha evacuado una advertencia contra Sánchez para que se someta a sus conocidas y chantajísticas exigencias, a saber: la liberación de los golpistas presos y la convocatoria de un liberticida referéndum de secesión en Cataluña. Si no se avanza en ambos asuntos en los próximos días, los 16 diputados de la partida de Puigdemont abandonarán al PSOE y convertirán en parlamentariamente insostenible la situación del Ejecutivo.

Lo peor es que el Gobierno de la Nación ha recibido la amenaza como si se tratara de una propuesta política normal y se desvive por apaciguar a los golpistas, a ver si así Sánchez consigue acabar la legislatura. No otro es el objetivo de la reunión prevista para el 1 de agosto, con un Ejecutivo intolerablemente dispuesto a seguir haciendo concesiones al separatismo a cambio de sus votos en el Congreso.

Nada bueno puede salir de ahí, ni para Cataluña ni para el resto de España. Este juego de amenazas y cambalaches únicamente sirve para sostener a los pésimos Puigdemont y Sánchez, dos personajes dispuestos a enterrar en el estercolero de la política la dignidad de sus cargos con tal de seguir mangoneando a modo.

PSOE (XI) 1917 (b) ¿Una revolución para entrar en la gran guerra europea?
Pío Moa Gaceta.es 30 Julio 2018

Una hora con la Historia: El Cid, ¿héroe o mercenario? https://www.youtube.com/watch?v=v465-dv-HTI
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Si junio de 1917 fue el mes de las Juntas de Defensa, y julio el de la Asamblea de Parlamentarios, en agosto el país crujió con una gran huelga revolucionaria organizada por socialistas, anarquistas y republicanos. Los organizadores contaban con la pasividad benévola de otros sectores y confiaban, por diversos contactos con las juntas, en la adhesión o al menos la neutralidad del socavado ejército. Desde marzo, socialistas y anarquistas promovían huelgas y acumulaban armas. El PSOE coordinaba el movimiento pero, creyendo prematura una revolución proletaria, aceptaba la primacía provisional de una república burguesa, al modo de la revolución rusa de pocos meses antes, más tarde desbordada por los bolcheviques.

Los jefes socialistas querían aguardar, “nos oponíamos tenazmente a declarar el movimiento sin preparación”, explicará Largo Caballero, dirigente de la UGT, en sus memorias. Pero el ambiente les arrastraba: “Existía gran efervescencia política en España. Se habían constituido las Juntas Militares de Defensa; se anunciaba la asamblea de Diputados en Barcelona para fecha muy próxima; las Agrupaciones socialistas y Sociedades obreras se impacientaban: querían ir al movimiento revolucionario” Anarquistas y republicanos hervían por entrar en acción. Marcelino Domingo, republicano, aseguró a los ferroviarios que la asamblea de diputados sería la señal para la huelga revolucionaria, y los obreros pararon los trenes de Levante. La empresa despidió a varios agitadores y la dirección de UGT, alarmada, trató de zanjar el prematuro conflicto. Pero un dirigente socialista, Anguiano, y los ferroviarios amenazaron con huelga general si no eran readmitidos los expulsados. “Preguntado Anguiano por qué habían tomado semejante acuerdo, contestó que estaba seguro de que el Gobierno se apresuraría a buscar la solución antes de que expirara el plazo legal. Las ejecutivas opinaban lo contrario, temiendo que el Gobierno aprovechase la circunstancia para infligir una derrota a la clase obrera”.

El temor de las ejecutivas resultó justificado, y Dato volvió a acreditar su hábil firmeza, como ante la asamblea de diputados. Dato era el principal valedor, por otra parte, de reformas sociales desde el gobierno, con las que pensaba integrar a los elementos moderados del obrerismo y frenar a los extremistas, como había hecho Bismarck en Alemania. Alertado por los indicios externos, o tal vez conocedor por confidencias, de los planes secretos de los revolucionarios, prohibió la readmisión de los despedidos. Se dijo después que había forzado adrede la revuelta, antes de que estuviese bien preparada. Si fue así, habría demostrado buena información y sangre fría ante el evidente riesgo del momento. Los dirigentes revolucionarios presentaron después los hechos como una provocación del gobierno contra una huelga pacífica. En realidad, la huelga fue planteada con carácter netamente revolucionario, y de haber estallado bien preparada habría resultado mucho más sangrienta y conducido a una guerra civil.

Los ferroviarios lanzaron la huelga general y fueron inútiles los esfuerzos disuasorios de la ejecutiva socialista, que hubo de cargar “con la responsabilidad de un movimiento que ninguno queríamos” en aquel momento. Una comisión revolucionaria improvisada, con Largo, Besteiro, Anguiano y Saborit, declaró la huelga indefinida en pro de unas Cortes constituyentes y un cambio de régimen “para la salvación de la dignidad, del decoro y de la vida nacionales”. Los obreros renuentes debían ser forzados a parar y las ciudades quedar desabastecidas. Por titubeos causados por la impreparación de la lucha, o porque esperaban ayudas militares, las instrucciones decían: “Solo en el caso de que la actitud de la fuerza armada fuese manifiestamente hostil al pueblo, deberán adoptarse las medidas de legítima defensa”.

La huelga empezó el 3 de agosto. Hubo choques sangrientos en Barcelona, Madrid, Asturias, Bilbao y otros lugares, se multiplicaron los sabotajes, y un descasrrilamiento provocado causó numerosos muertos y heridos en Bilbao. Los militares, contra lo esperado por los rebeldes, se pusieron al lado de la legalidad. Suele afirmarse que la represión fue muy dura, y se destacan frases truculentas de algún general, pero los datos indican otra cosa. Oficialmente hubo 80 muertos y 150 heridos, menos que en la Semana Trágica barcelonesa, y Dato subrayó en el Congreso, sin ser desmentido, que el ejército sufrió más bajas que los revolucionarios.

No está claro por qué los revueltos militares defendieron entonces el orden, haciendo fracasar la intentona. Quizá porque sus fines, bajo frases regeneracionistas, eran puramente corporativos. Alcalá-Zamora apunta otra causa de mayor interés: “Mi impresión, confirmada por cuanto después he oído a los caudillos socialistas, es que en aquella huelga entró solo como pretexto el problema social. En el fondo de aquellas oscuras aguas hubo un movimiento intervencionista (en la guerra europea). Precisamente por eso no prevaleció; porque contra sus esperanzas de coincidir con la otra agitación simultánea del ejército, este, que presintió la tendencia, combatió la huelga y ayudó a vencerla a un gobierno al que volvería a mirar con desdeñosa hostilidad tan pronto como pasó aquel peligro”. Muchos, en efecto, creyeron que el objetivo oculto de la revolución era arrastrar a España a la Gran Guerra, deseada por pocos militares y, desde luego, por muy poca gente en general. Pues la impresión prevaleciente es que en ella no se perdía nada a España, ni gustaba la perspectiva de servir de carne de cañón para intereses ajenos y nunca respetuosos con el propio país.

Para entender el contexto debe recordarse que, aunque el PSOE se proclamaba por las buenas representante de los obreros, la gran mayoría de ellos no parecía estar de acuerdo, de modo que el “purismo” obrerista del comienzo había ido dando paso a una táctica más híbrida de alianza con los burgueses republicanos. Los cuales, después de la desastrosa experiencia de la I República y estar próximos a desintegrarse, iban recobrándose, sobre todo en Barcelona, de la mano de Lerroux. Esta alianza socialista-burguesa permitiría al PSOE tomar vuelo. Iglesias, Largo Caballero y García Ormaechea eran ya concejales por Madrid desde 1905, y el primero de ellos lograba el primer escaño parlamentario del PSOE en 1910, poco después de la Semana Trágica de Barcelona, en la que había llamado a la huelga general (sin éxito). Entre republicanos y socialistas alcanzaron en 1914 los 34 escaños (sobre 408), aunque los socialistas propiamente nunca pasaron de siete. Seguía siendo un partido con pocos miles de afiliados, pero su influencia aumentaba considerablemente porque su sindicato, la UGT, pasaba de los 100.000 en 1917, lo que ya suponía una fuerza considerable.

En segundo lugar, la necesidad de reunir el máximo de fuerzas con vistas al derrocamiento de la monarquía empujó al PSOE a entablar negociaciones con la anarquista CNT, con la que, a lo largo de los años, mantendría una rivalidad intensa y a veces sangrienta, ya que también los cenetistas decían representar a los trabajadores y consideraban a los socialistas y su dictadura del proletariado una variante de la opresión ancestral sobre los pueblos. Los anarquistas participarían, en efecto, en la intentona revolucionaria, pero con menor protagonismo que el PSOE-UGT.

Por otra parte, la política socialista varió significativamente en los meses previos a la rebelión. Primariamente se trataba de “una transformación completa de la estructura económica y política del país”, es decir, la toma del poder por “el proletariado”, o sea por el propio PSOE. Creían muy propicia la situación general porque, decía Besteiro. “En el proletariado hay ya una conciencia revolucionaria”. Besteiro era por entonces muy exaltado y se proclamaba “profesional del proletariado revolucionario”, aunque él tenía muy poco de obrero. Sin embargo, en el seno del partido había otras ideas, que se impusieron pronto. Según la doctrina marxista, solo en los países ya muy industrializados, como Alemania, Francia, Inglaterra o Usa podría aplicarse una revolución socialista, pero en España era precisa una fase en la que el papel del partido “proletario” consistiría en colaborar con los republicanos, empujarlos a tomar el poder para que realizaran las reformas conducentes al socialismo en una segunda fase. Con esa escolástica rompió Lenin (a quien faltaban varios meses para llevar a cabo su revolución): utilizando teorías liberales sobre la internacionalización del capital, que supuestamente impediría nuevas guerras, Lenin afirmó que esa internacionalización creaba una “cadena imperialista” susceptible de romperse por su eslabón más débil, que resultaría ser Rusia. Pero la idea no se les ocurría a los marxistas del PSOE, los cuales se lanzaron a la gran huelga con idea de entregar el poder a los republicanos radicales.

Finalmente tiene mucho interés el dato de que esa visión revolucionaria coincidiera con los intereses francoingleses, muy deseosos de arrastrar a España a la guerra. Como vimos, tanto el PSOE como los republicanos eran muy probelicistas, y hay pocas dudas de que todo iba junto y mezclado. La revolución de febrero (o marzo) en Rusia, había tenido vasta repercusión internacional y desde luego había animado e inspirado a los enemigos de la Restauración en España. El zarismo había sido derrocado, y lo mismo debía ocurrir con la monarquía española, pese a ser esta muchísimo más liberal que la rusa (El zar Nicolás II se había mantenido fiel a Francia e Inglaterra por un equivocado sentido del honor, contra los intereses rusos y al final contra los suyos personales: le sería rechazado el asilo en los dos países, lo que abocaría a su asesinato y el de toda su familia por los bolcheviques). La revolución rusa no interrumpió la colaboración con los Aliados, cosa que el PSOE vio con gran simpatía. Cuando la revolución comunista cambió drásticamente la política rusa, el PSOE lo vio como una traición o poco menos. Paradójicamente, sería esa colaboración con los Aliados lo que llevaría a la revolución bolchevique.

La historia habitual de la huelga revolucionaria de 1917 en España pasa casi siempre por alto esta faceta del asunto. Que es posiblemente la más explicativa.
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P. Los personajes de la república… es un libro que ud mismo suele mencionar poco o nada. ¿A qué se debe?
–Es el segundo, y en realidad el primer tomo de la trilogía sobre la república y la guerra. El segundo (primero publicado), es Los orígenes de la Guerra Civil. Lo menciono poco porque posteriormente he publicado otros muchos, pero es uno de los que considero mejores. Entre otras cosas porque introduce una metodología nueva en España y posiblemente fuera: se trata de contrastar las memorias y explicaciones de los principales protagonistas entre ellos y con los datos reales conocidos. Es algo extremadamente revelador. El método tiene el mayor interés, a mi juicio, porque el historiador tiende a menudo incluso de modo inconsciente, a suplantar a los verdaderos protagonistas interpretándolos de acuerdo con sus propio prejuicios o intereses ideológicos. Pero una ventaja de la historia desde hace mucho tiempo, es que los protagonistas suelen dejar sus memorias y otros documentos.

P. Pero es bien sabido que los políticos y no solo ellos, mienten mucho en sus memorias.
–Unos más que otros, pero aquí lo importante es ver cómo juzgan los mismos hechos unos y otros, cómo se contradicen entre sí y a menudo a sí mismos. Porque es verdad que casi todas las memorias son justificativas, pero de todos modos, cuando uno escribe sobre sí mismo dice siempre más de lo que él supone, por mucho que trate de ocultar o modificar a posteriori sus puntos de vista. Es un ejercicio por otra parte apasionante. En todos los libros utilizo en mayor o menor medida el método, pero en este es la investigación misma. Lo que permite vislumbrar algo que en los libros corrientes de historia apenas aparece o no aparece en absoluto: el personaje detrás de sus hechos, y sus juicios a posteriori comparados con los que podía haber hecho y hacía (la prensa es esencial en esto) en el momento mismo de la acción….

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Casado no dice la verdad y está fuera de la realidad

Pablo Sebastián Republica 30 Julio 2018

El discurso se ‘los principios y los valores’ del PP empieza a ser insufrible, máxime en un partido inundado por la corrupción donde están o han estado inmersos muchos de sus recientes y primeros dirigentes y gobernantes.

La fracesita de marras de ‘los principios y los valores’ que ahora enarbola Pablo Casado en declaraciones al diario ABC la repetía hasta la saciedad Esperanza Aguirre desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid y luego ella añadía -alardeando de trabajadora- lo de ‘pico y pala’ y además, la pobrecita, nos decía que con su ‘modesto sueldo’ no llegaba a final de mes.

¿Y qué dijo Casado cuando se destapó el inmenso pozo de la corrupción que Aguirre tenía en su Gobierno de la Puerta del Sol, con sus tres famosos vicepresidentes ahí implicados (Prada, González y Granados) y dos de ellos ya pasados por la cárcel y a la espera de juicios y condenas? O cuando escuchamos a Ricardo Costa cantar las verdades de la inmensa corrupción valenciana, o repasamos las siglas de los sobresueldos de los ‘papeles de Bárcenas sobre las doble contabilidad del PP, que ahora va a juicio.

Cuando vemos ese gigantesco barrizal, lo de ‘los principios y los valores’ sobra y Casado debería reconocer la gravedad de esta situación y no lo hace, y pasa de puntillas y habla de la corrupción de otros partidos. Pues no señor Casado la corrupción del PP de los últimos años es gravísima.

Y la responsabilidad de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría en el fracaso de la crisis catalana es enorme, así como la propia de Casado que era vicesecretario y portavoz del PP y por lo tanto cómplice de que Rajoy no aplicará el 155 cuando pudo y debía el 8 de septiembre de 2017. Dijeran lo que dijeran Cs y el PSOE, porque el PP tenía mayoría en el Senado y Rajoy era el Presidente del Gobierno de España.

Y la gestión del referéndum del 1-O fue otro desastre, el adelanto electoral catalán otro error y el fallo del Gobierno y los servicios de información y la policía frente a los golpistas y la trama mediática y financiera del golpe catalán otra ingente carencia.

Y ello ocurría mientras Pablo Casado estaba sentando en el puente de mando del PP y además como portavoz en un tiempo donde comunicación de la versión oficial española sobre el golpe catalán fracasó de manera estrepitosa dentro y fuera de España y además Rajoy no se atrevió con TV3.

Y ahora nos dice Casado que quiere cambiar el Código Penal, el recurso de inconstitucionalidad, prohibir los indultos (¿y las amnistías fiscales?): etc. Y ¿qué piensa hacer Casado con los más de dos millones de catalanes que están a favor de la independencia, procesarlos y meternos en la cárcel?

Casado calla y tapa la verdad sobre la corrupción del PP y tapa los muy graves errores del Gobierno de Rajoy en Cataluña. Y lo del máster y la carrera en la Complutense de Casado al presidente del PP le parece poca cosa pero si lo imputa un juez tendrá que sacar mayoría absoluta para Gobernar, porque Cs no le apoyará y su imputación repicará como campanas al viento en todos los medios de comunicación.

Y de la mayor imprudencia y frivolidad nos parecen los comentarios del líder del PP (y de la Oposición) sobre los últimos escándalos que afectan a La Corona y especialmente al Rey Juan Carlos I. Y si no explíquenos el señor Casado ¿por qué abdicó el hoy Rey Emérito en 2014, y que hace Urdangarín en la cárcel?

La política española es mucho más compleja de lo que cree Casado y todo apunta a que aún no sabe de verdad lo que quiere ni lo que puede hacer. Pero debería ser más prudente, acoplarse a la realidad y decir la verdad. Y de paso explicar algo que no le preguntó Bieito en ABC: ¿porque no dimitió Rajoy en la moción de censura en vez de regalarle el poder a Sánchez? Porque Sánchez está en la Moncloa, con sus amigos nacionalistas, Bildu y Podemos, gracias a Rajoy y al PP.

Juego de damas.

Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Julio 2018

ISABEL CELÁA INSULTA A PABLO CASADO CALIFICANDOLE DE EXTREMA DERECHA. / REUNIÓN BILATERAL GOBIERNO DE ESPAÑA – GENERALIDAD PARA HABLAR DE LA MAR Y DE LOS PECES.

Se nota que al ejecutivo, y supongo que a todo el PSOE, le ha sentado muy mal el que no haya salido ganadora Soraya Sáenz. Porque Pablo Casado, salvo milagrosa imputación por el culebrón del máster, nada le impedirá erigirse en la imagen de un centro derecha que no renuncia a sus orígenes , ni a sus convicciones, ni abandona a los suyos, ni se sienta avergonzado por las constantes descalificaciones de una izquierda que se considera, sin serlo, superior moralmente a la derecha. Se nota que a estos que se dicen progresistas y solo buscan su propio progreso, resulta inadmisible el que otros defiendan la vida como valor máximo del ser humano desde el momento de su concepción hasta su muerte de la forma más digna posible. Se nota el miedo a que este nuevo joven líder del PP atraiga con su claridad de propuestas a buena parte del electorado perdido en renuncias mezquinas a esos valores, en mensajes ambiguos y demagogias donde conceptos como Patria, Nación, Unidad, solidaridad, son cuestionados o directamente negados por quienes sí que admiten esos conceptos y valores en otros que solo desean su independencia.

Resulta que la neófita y ya desprestigiada Ministra de Educación y portavoz del nuevo Gobierno okupa de Pedro Sánchez, Isabel Celáa ha concedido una entrevista al periódico El Mundo, donde ha dado rienda suelta a toda clase de acusaciones de una vileza inimaginable salvo en alguien tan sectaria y obnubilada por el dogmatismo de izquierda más casposo como ella. Entre las perlas que ha ido soltando se destaca cosas como: “Pablo Casado se ha inclinado hacia posiciones muy de derechas, de derecha extrema”. O su completa distorsión de la realidad al decir que: “pedimos al PP es sentido de Estado y responsabilidad. Sentido de Estado quiere decir que no utilicen la confrontación territorial para asuntos electorales, que no perturben la senda de crecimiento de España. Que estén detrás del Gobierno, como el PSOE lo estuvo ante determinados asuntos de Estado”. Y eso lo dice quien apoya lo de que España es una nación de naciones, quien vetó los presupuestos generales del PP y luego se los apropió para prometer los pagos mercenarios a los nacionalistas si les apoyaban en la moción de censura.

Y ya puestos a divagar y afirmar que tienen la solución para todo y que solo había que abrir puertas y ventanas y mostrarse más receptivos con el desafío secesionista catalán. En este juego de trilerismo político donde dicen querer hablar de todo pero que saben que no pueden acometer cambios ni hacer concesiones que quedan totalmente fuera de su competencia y para la que no están legitimados. Resulta sorprendente el que todo se reduzca a sentarse a hablar a sabiendas de que quedará en lo superfluo y no en lo esencial de las reclamaciones que hace la otra parte de la mesa. Porque de lo que se trata es de, si cuela, hacer como si, pero sin avanzar en nada, una pérdida absoluta de tiempo que conduce al mismo final de desencuentro y de que si persisten en el desafío deba imponerse el imperio de la ley para evitar otra rebelión y la escalada de un conflicto que busca sus mártires a toda costa.

Frases como “Queremos que Cataluña esté dentro de España bien acomodada y reconocida en su diversidad, en su singularidad, en su cultura y en su lengua”, están absolutamente fuera de lugar y supone compartir las exigencias de los golpistas y separatistas catalanes, que ni de lejos representan a toda la sociedad catalana. En primer lugar, porque da por supuesto que la comunidad autónoma de Cataluña ha sido perjudicada de alguna manera y por ello se “encuentra incómoda”, una mentira no apoyada por los datos ni las inversiones y que pone en duda el principal objetivo de la “solidaridad” que impone un sistema autonómico nacido con graves deficiencias y diferencias entre regiones de España. Es como decir que España ahora se encuentra incómoda en la UE porque de receptor de ayudas y subvenciones ha pasado a ser contribuyente neto a las arcas comunes que facilitan el desarrollo homogéneo de todos los Estados miembros.

En segundo lugar, parece quejarse de que no se le reconoce su diversidad, ni su singularidad en su cultura y en su lengua. Otra falsedad gruesa que se desmiente con la realidad impuesta a base de exclusión por los Gobiernos de la Generalidad donde estudiar en español el sistema educativo es misión imposible al consentirse la inmersión lingüística y desobedecer las sentencias de los Tribunales de España. Creo sinceramente que otras autonomías como canarias, Extremadura e incluso Andalucía, se podrían sentir mucho mas incómodas al verse condenadas a ser el furgón de cola de este largo tren donde Madrid y Cataluña son las máquinas motoras y El País Vasco o navarra viajan en primera clase y con servicios exclusivos. Porque no es una cuestión de incomodidad, sino de querer desengancharse del tren y continuar por otra vía en solitario. Esa es la aspiración y la exigencia de los golpistas catalanes y las aspiraciones contenidas de los nacionalistas y proetarras vascos.

Del resto de la entrevista prefiero no caer en la cansina tarea de rebatir cada una de las sectarias declaraciones, salvo la idea principal de que ni Pedro Sánchez ni su Gobierno piensan en salir de la Moncloa, algo comprensible si se tiene en cuenta que gracias a sus manejos y pactos con los enemigos de España han logrado asaltar el poder. Y santa Rita, Rita, lo que se da no se quita y piensan agotar la legislatura gobernando en minoría absoluta y a base de decretazos. Cualquier sentido de Estado y democrático por no acudir a elecciones generales, queda claramente en entredicho.

Por otro lado aunque no sorprenden sí que perturban las declaraciones realizadas al periódico La Vanguardia por la Ministra de “Asuntos catalanes”, Meritxel Batet (persona muy cercana a las tesis independentistas). Lo primero es que habla de conflicto político a lo que ha sido un acto de rebelión, de desobediencia institucional y con una declaración unilateral de independencia lanzada por un Parlamento dominado por las fuerzas separatistas. Al respecto dice que: “si de verdad queremos resolver el problema de fondo desde el punto de vista político, lo que hay que votar es un acuerdo. Los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo previo de ponernos de acuerdo y conseguir una amplia mayoría. No se trata de empatar o de contarnos los unos a los otros, sino de conseguir un consenso amplio que represente al 80% o al 100% de la voluntad de la sociedad. Ese acuerdo es el que se debería someter a una votación”.

A ver, Sra. Batet, lo que hicieron los golpistas, que no olvide siguen mandando en el Parlamento autonómico, gracias al fracaso de la desastrosa e ineficaz intervención del artículo 155, , fue un acto de sedición. Si es que lo de rebelión le parece exagerado como al Tribunal alemán que ha juzgado al fugitivo Carles Puigdemont, porque no llegó la sangre al río. El conflicto no es político sino que ha traspasado ese ámbito para ser un conflicto social en toda regla provocado, eso si, por unos políticos sin escrúpulos que no dudan en envolverse en banderas para tapar sus tropelías de robos consentidos durante décadas por la pasividad y dejación de los diferentes Gobiernos de España del PP y de los suyos, el PSOE. Las mismas décadas que usaron los golpistas para el adoctrinamiento de masas en las tesis separatistas y en el sentimiento anti español. Porque según ustedes, hay que lograr un amplio consenso político del 80 o del 100% en quienes con menos del 50% de votos han impuesto a toda la sociedad catalana su pensamiento único y excluyente, llegando incluso a la coacción y acoso físico a quienes no comparten sus pretensiones. Solo basta ver las reacciones violentas de los CDR y los ataques a sedes de los partidos de la oposición como CIUDADANOS o el PPC o apersonas que intentan quitar lazos y cruces que enfrentan a la sociedad.

Así que no hable de acuerdo político cuando lo que se trata es simplemente de que, se pongan como se pongan, España no va a permitir la secesión de ninguna parte de su territorio, ni tampoco admitir estados de privilegio que no estén consensuados y aceptados por todos los españoles, aunque los existentes como los de El País Vasco o Navarra deberían ser revisados o supervisados con todo el rigor exigible para hacer efectiva la igualdad entre todos los españoles.

Todo lo demás es farfullo ininteligible (¡Gracias Mariano Ozores por haberlo interpretado de forma tan genial!)y demagogia de la más baja calidad que no engaña salvo a ilusos. Y no creo que precisamente los golpistas catalanes lo sean y se presten a este juego de mesa que lleva siete años arrinconado precisamente por la rotunda disparidad de criterios a la hora de interpretar lo esencial de la agenda de las reuniones “bilaterales”, ya de por sí ofensivas con dejar de lado al resto de las autonomías implicadas en los posibles pactos.

¡Que pasen si pueden un buen día!

Sánchez confunde deseos con realidad
EDITORIAL El Mundo 30 Julio 2018

El Gobierno confunde realidad con deseos cuando pretende hacer ver a la ciudadanía que tanto la Generalitat como el independentismo en bloque están virando hacia posiciones que garanticen el cumplimiento de la ley. Ninguna de las señales emitidas por el Govern permiten alentar la esperanza de un restablicimiento completo al marco constitucional y ordinario. El propio Torra continúa reivindicando el mandato del 1 de octubre, hasta el punto de colar encarcelamiento de los políticos presos en la agenda de la comisión bilateral Moncloa-Generalitat que se reunirá este miércoles. Tal como ha afirmado Arrimadas, al hilo del grotesco y amenazador espectáculo que el ex president orquestó el sábado a su regreso a Bélgica, Torra está actuando más como un secretario de Puigdemont que como el presidente de todos los catalanes. Por tanto, el Gobierno no puede ceder un milímetro ante quienes parecen más obsesionados en perpetrar un segundo golpe a la democracia que en rectificar el primero. Sánchez debe abandonar la política de cesiones y marcar distancias mientras no exista un acatamiento estricto de la legalidad por parte de dirigentes que no tienen otro objetivo que romper España. Lo contrario supondría un ejercicio mayúsculo de irresponsabilidad. Un ejercicio, además, estéril.

La portavoz del Gobierno aseguró a EL MUNDO que está encontrando "reciprocidad en el diálogo con Torra". Y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en línea con lo sostenido por el presidente del Gobierno con relación a una eventual reforma del Estatut, afirmó ayer en La Vanguardia: "Lo que los catalanes tienen que votar es un acuerdo político". Causa estupor esta declaración teniendo en cuenta que Torra y sus socios siguen anclados en la exigencia del inexistente e inviable derecho de autodeterminación para Cataluña. Resulta imposible, por mucho que el Gobierno de Sánchez se empecine en hacer ver lo que no existe, entablar una negociación ordinaria entre el Estado y el Ejecutivo catalán en un contexto de chantaje de los independentistas a Sánchez, con los intolerantes de los comités de defensa de la república acosando al juez Llarena, con los ayuntamiento de mayoría separatista empeñados en no cumplir la ley para despejar las calles de símbolos partidistas -especialmente la estelada y el lazo amarillo- y con una Administración catalana que ha reactivado tanto la estructura de embajadas como las cuantiosas subvenciones a la prensa afín.

"El periodo de gracia se acaba", le espetó Puigdemont a Sánchez desde Waterloo. Es una amenaza humillante. El ex presidente catalán sigue decidido a acaudillar un movimiento de tintes populistas que aspira a suplantar las instituciones propias del autogobierno catalán por un entramado ilegal alrededor de una ridícula "Casa de la República" y, por tanto, perpetuar el desafío secesionista. Ésta es la realidad y no la que pretende hacer ver el Gobierno.

Los “gestos” de Sánchez amenazan la estabilidad de España
Separatismo, inmigración y gasto desbocado, el gran aderezo de demagogia e hipocresía del gobierno del PSOE para venderse al pueblo
Miguel Massanet Miguel Massanet 30 Julio 2018

Sí, señores, no ha tardado mucho el nuevo presidente del Gobierno en poner en marcha sus recursos para llevar adelante su plan de intentar, con un partido con sólo 84 escaños en el Parlamento y sin fuerza alguna en el Senado, prepararse lo que ellos piensan que les va a favorecer, si consiguen permanecer en el poder el tiempo que le queda a esta legislatura, de cara a las legislativas del 2020. Nadie, en su sano juicio, pudiera pensar que todo lo que dijo P.Sánchez, cuando promovió la moción de censura que descabalgó al señor Rajoy de su puesto en la Moncloa, en cuanto a sus promesas de celebrar nuevas elecciones en tres meses, iba a ser llevado a cabo una vez conseguido su objetivo de situarse al frente del gobierno. Si hubo algún iluso que se tragó lo de unas elecciones inmediatas para aclarar el panorama político español, tan dislocado y desconcertante después de las últimas legislativas, es que no conocía bien la personalidad de este líder socialista, capaz de las más peregrinas combinaciones para conseguir hacerse con el poder. Claro que, nada más alcanzarlo ya se le ha empezado a conocer los gestos de “nuevo rico” tan propios de aquellos que no se saben encontrar cuando mejoran sus estatus y cometen los errores de bulto que demuestran que aquello de “el pelo de la dehesa” tiene más fundamento de lo que pensábamos.

Un avión oficial para asistir a un concierto, fotografías y grabaciones imitando los ratos de ocio del anterior presidente, cursilerías exponiendo sus manos de las que, al parecer, está muy satisfecho; no han sido sino pequeñas muestras de lo que nos espera al pueblo español en manos de semejante iluminado. Hoy, sin ir más lejos, nos hemos enterado de que lo de saltarse los PGE para aumentar el gasto público no era una amenaza vana, cuando la prensa nos ha revelado que una oferta de empleo público total para 2018 de 30.844 plazas se ha acabado de acordar por el Consejo de Ministros. "La mayor oferta de los últimos diez años", ha destacado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo. Según ha explicado la ministra: “la oferta de este año, además de atención a asilados y refugiados, se destinará a sectores prioritarios, como Seguridad Social y lucha contra el fraude, el refuerzo de la atención al ciudadano, la gestión de prestaciones por desempleo, seguridad y emergencias e Instituciones Penitenciarias, entre otras áreas.”. ¿Cuánto nos van a costar a los españoles en forma de aumento de impuestos o implantación de otros nuevos? Posiblemente los haya tan ingenuos que se crean que sólo van a pagar los ricos o las grandes empresas multinacionales y los bancos.

Empecemos por los resultados de la acogida del barco de inmigrantes “Aquarius” que no permitieron desembarcar los italianos de Salvini en su país ni tampoco fueron aceptados en Malta y, no obstante nuestro Gobierno ( “como un caso único” nos dijo el señor Borrell que, por lo visto no sabe en el avispero en el que se ha metido aceptando el cargo de ministro de AA.EE) les abrió la puerta de par en par, con lo cual les señaló a los sinvergüenzas dedicado al tráfico de personas hacia donde deberían dirigir sus futuras oleadas de migrantes para conseguir que sus remesas tuvieran éxito. Desde entonces, nuestra frontera del Sur, se ha convertido en un verdadero coladero por donde entran de 500 en 500 los inmigrantes que cada día desembarcan en territorio español, de modo que ya han colapsado todos los centros de acogida disponibles y, el Ejército, se ha visto obligado a improvisar lugares donde se puedan acoger a los sobrantes.

Veamos los efectos de la hipocresía solapada de nuestros gobernantes. Acogemos a los que vienen en barcazas, lanchas, botes de goma y toda clase de artilugios navegables para que no se ahoguen en el mar. No obstante muchos otros, atraídos por el efecto llamada, mueren ahogados o deshidratados, algo que no hubiera sucedido si no se los hubiera engañado e impelido a lanzarse a una ventura con todas las posibilidades de resultar un fracaso. Los que son rescatados son internados en centros, apilados porque no caben, se intenta identificarlos y los que pueden ser fichados y localizado su país de procedencia son repatriados, pero ¿qué pasa con el resto? ¡Se les da libertad para que se repartan por toda España o, los que lo consigan, se trasladen al resto de países de la UE!

Y ahora resulta que son necesarios más efectivos, a cargo del gasto público, para cuidar de ellos. Nadie admite lo más lógico y, Europa, mientras las avalanchas se reduzcan a invadir los países del Sur, parece que no está muy interesada en abordar el verdadero problema de la inmigración. Ni España ni Europa están preparadas para recibir las avalanchas de migrantes que nos están asediando, cada día más. ¡602 inmigrantes penetraron en Ceuta salvajemente, lanzando cal viva sobre la Guardia Civil de la frontera y bolsas llenas de heces (27 de ellos tuvieron que ser asistidos en los hospitales a causa de las heridas recibidas)! Y por muy lamentable que nos pueda parecer la situación de estas personas, lo cierto es que ni la ONU, ni Bruselas, ni la OMS ni todas las ONGs juntas, han sido capaces de conseguir que se actúe de forma coercitiva sobre los verdaderos culpables de que exista tanta migración; los dictadores que se han hecho dueños de los países de procedencia, a los que les viene de perillas que se vayan los ciudadanos y, entre tanto, se benefician de las ayudas que unos funcionarios corruptos, ineficaces y caraduras que desde la ONU les siguen enviando, puntualmente, sabedores de que nada de lo que envían llega a sus verdaderos destinatarios.

Pero, de cara a una audiencia, predispuesta a aceptar como bueno todo lo que venga de las izquierdas, esto de hacer el primo acogiendo a todos los inmigrantes que se nos envíen, que se distribuyan sin orden ni concierto por todo el territorio nacional, que se conviertan en delincuentes o que aumenten el lumpen dedicado a ganarse la vida a costa de aquellos comerciantes que pagan sus impuestos, sus alquileres, sus tasas municipales, sufren inspecciones y se les cierran los locales si no reúnen las condiciones establecidas por las leyes municipales para ejercer como comerciantes, mientras los vendedores ambulantes no tienen necesidad de someterse a tales compromisos y, por ende, la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, antes activista antisistema, prohíbe a los mossos y guardias municipales que tomen medidas para impedir que, semejante barbaridad, pueda ocurrir.

Pero Pedro Sánchez es el hombre de los “gestos”. Él sabe que, en el Parlamento de la nación , no va a poder sacar las leyes que le interesan y ha de acudir a cuantas martingalas se le ocurran para hacer ver que hace muchas cosas en favor del “pueblo” y, en especial, “ de los pobres”, aunque que sepa de sobras que va a llegar el momento en el que nuestro endeudamiento público ( ya por el 98% del PIB) va a entrar en aquel punto en el que Europa no nos vaya a consentir que permanezcamos y, entonces, todo lo que se haya pretendido avanzar se va a convertir en retraso, debido a que, como ha ocurrido en Grecia (el pueblo heleno se ha visto obligado a asumir una sacrificios, con un gobierno de izquierdas, que nunca tuvo que padecer cuando gobernaba la derecha) nos vamos a tener que apretar el cinturón cuando, precisamente, ya empezábamos a creer haber salido de lo peor de la crisis.

¡Claro que estos gestos, al menos una parte importante de ellos, no es que le salgan de su propia voluntad, al señor Sánchez, antes bien le vienen impuestos por aquellos que le apoyaron en la moción de censura, a cambio de promesas que, ahora, una vez instalado en el poder, se ve obligado a corresponder por muy cuesta arriba que se le haga! Si no cumple pierde las votaciones, como le ha ocurrido en el día de hoy en el que se ha rechazado su “senda de estabilidad y objetivo de déficit” uno de los fracaso más sonados y humillantes que se ha visto obligado a encajar.

Lo mismo sucede con el tema catalán. El señor Puigdemont, desde su dorado retiro en Alemania y quizá, dentro de poco, en su magnífica residencia en Waterloo, ha conseguido anular al PDEcat, englobándolo en el nuevo partido que denominan como “Crida per la República Catalana” con vistas a establecer una vía directa desde el lugar de Europa en el que decida instalarse, para gobernar cómodamente y sin peligro de ser encarcelado (¡gracias a los tribunales alemanes!), por medio de la cual dirigirá todos los hilos de la política catalana. Naturalmente, aún le va a quedar un hueso duro de roer, el señor Junqueras que, a diferencia de su cómoda situación de exiliado, se encuentra recluido en una cárcel, desde la que le resulta más complicado poder dirigir a sus subordinados que van a ser los que se le enfrenten, en una futuras elecciones (si es que deciden celebrarlas) para dirimir cuál de las dos formaciones nacionalistas se lleva el gato al agua.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, vamos viendo como todos los pronósticos que, como las famosas leyes de Murphy cuando señalan la fatalidad de que, cuando algo puede salir mal, sale mal. En el caso de España mucho nos tememos que, o se consigue neutralizar a este individuo que se ha creído que dirigir una país como España, se puede hacer como quien juega una partida de brisca, o estamos abocados, vistas las primeras medidas con las que se nos han descolgado estos nuevos inquilinos de la Moncloa, a que no tardemos en encontrarnos en una situación que empiece a afectar a nuestra economía que, al menos hasta ahora, no ha empezado todavía a notar los efectos negativos que se desatarán, si el actual gobierno no rectifica a tiempo. Y no parece estar dispuesto a hacerlo.

Derecho a ser libres en Navarra
ANA BELTRÁN VILLALBA El Mundo 30 Julio 2018

Pide la canción de Jarcha, símbolo de la Transición, "libertad sin ira". Rememorando lo que hemos sufrido en Pamplona durante las pasadas fiestas de San Fermín, todavía recientes, es fácil darse cuenta, con temor, de que en Pamplona no existe libertad, y sí mucha ira.

Ira por parte de los radicales abertzales, violentos y amedrentadores, que se creen propietarios de las calles, y que con amenazas, insultos e incluso agresiones, quisieron el pasado 9 de julio impedir que Pablo Casado, entonces candidato a la Presidencia del Partido Popular, y hoy nuestro nuevo presidente, pudiera expresarse libremente en Pamplona. Y quisieron impedir que Pablo, yo misma y otros miembros del PP de Navarra que nos encontrábamos con él aquel día, pudiéramos pasear tranquilamente por las calles de la capital navarra, e incluso que pudiéramos tomarnos un aperitivo para disfrutar de las fiestas.

Estar de pie delante de la fachada del Ayuntamiento y ver las caras de odio de quienes nos rodeaban -que eran cientos-, escuchar los insultos, saber que faltó muy poco para que sufriéramos alguna agresión física -que no me cabe duda de que se hubiera producido si nos hubiésemos quedado allí más tiempo-, aguantar que nos lanzaran por encima vasos de bebida... son cosas que hacía mucho tiempo que no se producían en Pamplona.

Desde hace algún tiempo vengo alertando de que la escalada de violencia existente en Navarra es palpable, y de que ha surgido a raíz del dominio que Bildu-Batasuna ejerce en las principales instituciones, en especial el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Pamplona. Los violentos se sienten a sus anchas en Navarra, pues quienes gobiernan les amparan, e incluso les alientan con sus silencios cómplices, ya que ni Gobierno ni Ayuntamiento condenaron la vulneración de los derechos fundamentales que ocurrió con la visita de Pablo Casado. Para algunos, la calle es suya, y el Partido Popular no tiene derecho a pisarla. Ya vimos hace tiempo cómo el portavoz parlamentario del partido de la presidenta Uxue Barkos afirmaba, en comisión parlamentaria, que quiere que desaparezca el Partido Popular de Navarra. No es algo nuevo.

Y ante estas afirmaciones, y ante otras similares, los batasunos se sienten libres para arrojar su ira contra nosotros. Tachándonos incluso de provocadores por acudir a la plaza del Ayuntamiento a hacer unas declaraciones mediáticas. ¿Es que hay lugares de Pamplona en los que miembros del Partido Popular pueden estar y otros lugares en los que no?

Esta pregunta, que debería ser retórica y cuya respuesta debería ser un no rotundo, algunos la responden afirmativamente. Sí, para algunos, el PP no tiene derecho a existir en una parte de Pamplona, y en buena parte de Navarra. Los abertzales ejercen un cordón sanitario físico mostrando su totalitarismo contra quienes no piensan como ellos. ETA ya no mata, pero la presión abertzale contra los demócratas sigue igual de fuerte, o más, que antes.

En Pamplona no hay libertad. No hay libertad para decir lo que se piensa, no hay libertad para pasear por donde se quiera. No hay libertad para ejercer nuestros derechos fundamentales. Y ocurre lo mismo en Navarra, ya lo vimos con la brutal agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en la localidad de Alsasua. Por pensar diferente, o simplemente por pertenecer a la Guardia Civil, por ejercer una profesión que lo que busca es garantizar la seguridad de todos los españoles, y por tanto de todos los navarros, dos personas y sus parejas fueron pateadas hasta el punto de acabar en el hospital, e incluso con secuelas físicas y psicológicas que aún les duran. Se han tenido que ir de Alsasua, por la presión brutal ejercida contra ellos y sus familias. ¿Es eso libertad? ¿Es eso democracia?
No.

Navarra es una sociedad diversa, rica y plural. En Navarra ha existido la convivencia de civilizaciones, de culturas, de religiones, durante los cientos de años de nuestra historia. Hasta que han llegado quienes ni creen en Navarra, ni creen en sus instituciones, ni creen en su historia, ni creen, sobre todo, en la convivencia. Durante años tuvimos que sufrir la barbarie de ETA, y hoy, quienes siguen sin condenar los asesinatos, secuestros y extorsiones de la banda terrorista, gobiernan en nuestras instituciones, y siguen a pies juntillas la hoja de ruta iniciada por los criminales. Amedrentarnos y aterrorizarnos para echarnos de una tierra que es nuestra, una tierra orgullosa de su pasado y de su historia, y orgullosa de pertenecer a ese gran país que es España. Como bien dijo nuestro presidente Pablo Casado en su discurso ante los miles de compromisarios del PP reunidos en Madrid, Navarra no es anexo de nadie, porque la Navarra foral tiene historia suficiente para seguir como está.

Por eso, a pesar de que lo intenten, a pesar de sus amedrentamientos, a pesar de esa violencia que ejercen incluso contra las mujeres -ellos, a quienes tanto se les llena la boca contra las agresiones sexistas, son capaces de arremeter contra las parejas de los guardias civiles, o contra las mujeres del Partido Popular- no van a conseguir sus propósitos. El Partido Popular está en Navarra para quedarse.

Creemos en la libertad para invitar a Pamplona, en San Fermín o fuera de fiestas, a quienes queramos. Creemos en la libertad de poder convocar a la prensa en la plaza del Ayuntamiento, en Alsasua, o donde lo consideremos. Porque tenemos los mismos derechos que los demás, aunque intenten cercenarlos.

Porque estamos hablando de los derechos de todos los navarros, derechos fundamentales que nadie puede vulnerar. Pamplona y Navarra son de todos, se piense como se piense. Eso es tolerancia, eso es convivencia, y eso es democracia. Las tres palabras que ni Bildu-Batasuna, ni los abertzales, ni quienes les amparan y les cobijan en silencios cómplices, son capaces de entender.

Los navarros tenemos derecho a ser libres. Queremos ser libres.

Ana Beltrán Villalba es presidenta del Partido Popular de Navarra.

El Constitucional destroza la ley de Navarra sobre víctimas de la extrema derecha y la "violencia policial"
Cinco de los ocho artículos de la ley han sido completamente derogados y otro lo ha sido en parte. La norma fue votada por los nacionalistas y el PSN.
Agencias  Libertad Digital 30 Julio 2018

El Tribunal Constitucional ha anulado gran parte de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, norma aprobada por el Parlamento de Navarra en 2015.

El Constitucional rechaza básicamente la creación a través de esta ley de la denominada Comisión de Reconocimiento y Reparación, que, según expone la sentencia, estaría llamada a la "investigación" y "fijación" de hechos o conductas constitutivas de delito, "al margen, por entero, del poder judicial y con potestad, incluso, para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal", lo que es "contrario a la Constitución".

Así, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula por completo cinco de los ocho artículos de la ley y anula parcialmente otro artículo. También anula tres de las cuatro disposiciones adicionales y la única disposición transitoria única. De esta forma, estima parcialmente el recurso presentado por el abogado del Estado contra esta norma.

Cuatro magistrados han emitido sendos votos particulares para mostrar su discrepancia con la sentencia. En términos generales, los cuatro magistrados coinciden en que la ley navarra no pretende "suplantar" al poder judicial en la persecución y castigo de los delitos, sino determinar la condición de víctima mediante la comprobación de los hechos alegados en las solicitudes.

"Funciones propias de la jurisdicción penal"
En su recurso, el abogado del Estado alegaba que, a diferencia de otras normas anteriores en las que el reconocimiento de la condición de víctima exige la tramitación de un procedimiento en el que se verifica una previa actividad judicial, la ley navarra crea la denominada Comisión de Reconocimiento y Reparación a la que se le atribuyen funciones de averiguación y fijación de hechos delictivos a los efectos de reconocer la condición de víctima y las consecuencias asociadas a tal reconocimiento. Según el abogado del Estado, "ello supone la asunción por la citada comisión de funciones propias de la jurisdicción penal, invadiendo por ello la reserva de esta función jurisdiccional".

La sentencia señala que "el objetivo de reconocer y reparar a las víctimas o a determinadas víctimas, no merece reproche constitucional alguno". "Ahora bien, la libertad de configuración del legislador para ordenar tal régimen de asistencia y reparación, en el que prevalece una perspectiva compensadora en favor de quien ha sufrido el daño, tiene, no obstante, un límite constitucional indudable. No pueden confundirse esos cometidos públicos de carácter asistencial con los que son propios y reservados al poder judicial", señala. Así, el TC cuestiona que el reconocimiento de la condición de víctima "se haga a resultas de una investigación y fijación extrajudiciales de hechos que pudieran ser delictivos".

La sentencia señala que "el deslinde entre la tarea administrativa de reconocimiento y compensación respecto a la investigación y persecución de hechos delictivos ha de ser particularmente claro" y sobre la ley navarra señala que "las previsiones orientadas al reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas se articulan a través de un mecanismo, la Comisión instituida en la ley foral, que lleva a cabo una genuina labor de averiguación de hechos calificados como delitos ante la existencia de denuncias o reclamaciones singulares".

"Dicha conmixtión de funciones, identificación y protección de la víctima así como investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delito, hace que la ley foral supere los límites constitucionales y menoscabe con ello la plenitud de la jurisdicción penal al respecto", afirma.

La ley, aprobada en abril de 2015, fue impulsada por Izquierda-Ezkerra y recibió también el voto a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, mientras que UPN y PPN votaron en contra. Pese a que sus promotores aseguraban que su intención no era "equiparar la violencia de la banda terrorista ETA y la de las Fuerzas de Seguridad" resultaba bastante evidente lo contrario y, además, como se ha visto ahora se hacía por mecanismos inconstitucionales.

Sánchez retirará el recurso a la Ley vasca de ‘abusos’ aunque el Constitucional anule la navarra
OKDIARIO 30 Julio 2018

El Gobierno central retirará en el próximo Consejo de Ministros el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vasca de víctimas de abusos policiales, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado la ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, que estaba suspendida cautelarmente por el veto del Gobierno del PP.

Según han informado fuentes del Ejecutivo vasco, este pasado viernes, una vez conocida la sentencia del TC, los gobiernos vasco y central contactaron de nuevo en el seno de la Comisión Técnica Bilateral y revalidaron el doble compromiso alcanzado a comienzos de semana: el Gobierno español retirará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca en el próximo Consejo de Ministros.

Como ya informó OKDIARIO, la retirada de este recurso a la autodenominada por los nacionalistas como ‘Ley de torturas’, abre la puerta a indemnizar con hasta 390.000 euros a los etarras que digan ser “víctimas” de abusos policiales.

El Ejecutivo Urkullu se limitará a promover, como cotrapartida a que Sánchez retire el recurso ante el TC, una reforma en la que se matizará, concretará y acotará la ley para reforzar las garantías jurídicas y constitucionales de esta Ley.

Este doble compromiso será firmado, antes de finalizar este mes de julio, por la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.

Respeto a las resoluciones
El Gobierno vasco ha manifestado sus respeto a las resoluciones de los jueces y tribunales aunque, como en el caso de la ley navarra de abusos policiales anulada, no las comparta.

Asimismo, ha resaltado que en la sentencia del TC ha habido votos particulares que el Gobierno Vasco desea también analizar “con sosiego, porque indicarían que se ha tratado de una decisión que ha suscitado debate interno dentro del propio tribunal”.

El Gobierno autonómico ha querido dejar claro que la ley vasca y la ley navarra, “si bien comparten el objetivo de reconocer y reparar a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, son diferentes“.

“La ley vasca se elaboró en el marco de nuestras competencias de asistencia social y desarrollo comunitario. Está claro y explicitado así en la exposición de motivos, objeto y articulado de la norma. El objetivo del Gobierno Vasco nunca ha sido sustituir a los tribunales o hacer un señalamiento de culpas, sino el derecho al reconocimiento y la reparación estas víctimas como se ha expresado en numerosas ocasiones”, ha argumentado.
 


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